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Etiqueta: Poder Judicial

Sistema de las Naciones Unidas: “Costa Rica no merece que el asesinato de Sergio Rojas quede impune”

Danilo Mora Díaz

OCR

Oficial de Comunicaciones y Advocacy

Pronunciamiento de Naciones Unidas.

19 de enero de 2024

El Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak, ocurrido en el año 2019.  Asimismo, expresa su solidaridad con su familia, su comunidad, los pueblos indígenas del país y con toda la sociedad costarricense.

Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato. 

Por tal razón, ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen  los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente.

Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos. También se ha comprometido a asegurar la justicia pronta y cumplida cuando se den violaciones a dichos principios. 

Al respecto, Naciones Unidas recuerda el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU  en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia, de acuerdo con la ley”. 

En específico, destacamos lo indicado por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai  en el informe de su visita al país en el que refiere la urgencia de “establecer un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, así como profundizar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, y con ello evitar la tensión social en los distintos territorios, lo cual constantemente hemos reiterado. 

La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia.

Sindicato del Poder Judicial manifiesta preocupación y rechazo a medidas sanitarias y tratados internacionales

Imagen: https://www.sitrajud.com/

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.

En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:

  1. Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
  2. Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
  3. Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
  4. Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
  5. Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
  6. Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
  7. Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
  8. Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.

El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.

El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.

La información completa se encuentra en el PDF adjunto.

Colegio de Abogadas y Abogados denuncia crisis en el Poder Judicial y urge acciones inmediatas

Por Ihann Paniagua Porras

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha emitido un contundente rechazo a las políticas públicas que han desencadenado una alarmante ola de renuncias en el Poder Judicial. Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva, expresó su indignación ante la situación actual, catalogándola como inadmisible en tiempos de crisis nacional.

El presidente del Colegio hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para abordar de inmediato la crisis que afecta al Poder Judicial. En un país que enfrenta crecientes índices de crímenes y violencia, la precarización de la labor de quienes imparten justicia se vuelve aún más preocupante.

Según datos oficiales, entre 2021 y 2023, 151 jueces y juezas, 199 personas del Organismo de Investigación Judicial, 76 funcionarios de Dirección y Administración, 62 del Ministerio Público y 28 de la Defensa Pública han renunciado. Las razones principales incluyen recortes presupuestarios, reducciones salariales, debilitamiento del régimen de pensiones, falta de formación exclusiva y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.

La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) realizó una encuesta entre las 400 personas funcionarias que renunciaron, revelando las siguientes razones:

Baja remuneración económica: 47.06%

Ambiente de trabajo insatisfactorio: 55.88%

Cambio en el Régimen de Pensiones: 52.94%

Desmotivación: 76.47%

Expectativa laboral distinta a cuando ingresaron: 52.94%

Falta de reconocimiento a su labor: 44.12%

Búsqueda de nuevas aspiraciones personales: 52.94%

En respuesta a esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas, junto a su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, anunció la evaluación de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el Poder Judicial y evitar la pérdida de más profesionales. Además, instaron a los Poderes de la República a agilizar la aprobación de leyes necesarias para abordar la crisis, evitando consecuencias aún más graves. La comunidad legal espera que estas acciones contribuyan a restablecer la estabilidad y eficiencia en el sistema judicial del país.

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada, y lo peor, es que hace alarde de ello

José Luis Pacheco Murillo

El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.

Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.

Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.

Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.

Repudiamos el desistimiento del caso del asesinato impune del líder indígena bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz

El Bicentenario de Costa Rica, se tiñe de sangre e impunidad, profundizando así la discriminación, violencia y violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La invisibilización, el desconocimiento y la omisión por parte del Estado, lo hace responsable por no garantizar los derechos que poseen consuetudinariamente nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico.

La violencia materializada mediante las instituciones, involucra a los 4 poderes de la república, el poder legislativo, por no adecuar las leyes, según las realidades culturales, espirituales de los pueblos indígenas, el poder ejecutivo, por omitir la garantía de la protección de los derechos de los pueblos, en las políticas que se implementa desde sus ministerios, por otra parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que no incide, en la construcción de propuestas más inclusivas, con participación y representación política de los pueblos indígenas.

Se suma, el poder judicial, con impunidad, desatención en la investigación, del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, más aún que mediante la fiscalía se ha solicitado el desistimiento definitivo, dando así la posibilidad de liberar a los responsables directos e indirectos del cobarde asesinato. Este proceso se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, de manera privado, los días 7 y 8 de diciembre.

Sergio en vida, recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural.

Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida.

El Estado debe desalojar a los poseedores de mala fe y presupuestar para indemnizar a los poseedores de buena fe.

Continuamos en la reafirmación y autonomía de los pueblos sobre sus Tierra/Territorio: Espiritualidad propia, Cultura, Gobernanza tradicional o Identidad, Educación propia y Soberanía alimentaria.

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Acompaña:

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

Con voto dividido en Tribunal, Célimo Guido se prepara para apelar

El luchador social Célimo Guido anuncia que se prepara junto a su abogado para apelar el resultado de una resolución del Tribunal de Juicio, donde se tramitaba una denuncia por difamación del exministro de seguridad Michael Soto.

Le invitamos a escuchar la explicación de Célimo Guido y su abogado en este breve video:

Repudio total a intenciones del Estado y llamado a pronunciarse

Pronunciamiento público

Este 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en el caso de nuestro hermano Sergio Rojas del clan Uniwak y en el cual la Fiscalía pedirá el sobreseimiento definitivo del asesinato político de nuestro hermano.

Rechazamos de plano dichas intenciones y CULPAMOS al ESTADO COSTARRICENSE por este asesinato y por la enorme mancha de IMPUNIDAD existente que impera en el Pueblo Bribri de Salitre a raíz de la nula acción de parte del Poder Judicial por investigar este caso.

Además, recordamos que este panorama solo aumentaría la violencia en la que se encuentra nuestro pueblo y que sería un grave retroceso por parte del Estado en aras de cumplir con el marco jurídico existente en el país en cuanto a derechos indígenas.

Esto es una muestra más de lo discriminatorio y racista que es este sistema judicial, y que ha sido un actor principal en contra de los procesos de recuperación los cuales impulsaba nuestro hermano Sergio y quien en vida sufrió la persecución, el acoso, la violencia del sistema judicial que incluso lo llevo a estar en prisión sin causa justificada.

El CODIAW como parte beneficiaria de las Medidas Cautelares en favor del Pueblo Bribri censura con su más enérgica voz todas las acciones, que a luz del marco jurídico que tutela nuestros derechos, el Estado ha ejecutado en contra nuestra culminando negativamente con la no investigación del asesinato de nuestro hermano.

El bicentenario del Estado costarricense se vio manchado con la sagrada sangre de nuestro hermano Bribri Sergio Rojas Ortiz que después de 4 años la fiscalía no encuentra culpables por el simple hecho que Sergio era un Bribri, caso contrario sería si hubieran asesinado a un político o un millonario, que en el peor panorama y bajo todo pronóstico ya hubieran sentado culpables.  Pero esta es la verdadera Costa Rica que todo el mundo proclama como un país de paz. 

Desde nuestra organización extendemos nuestra voz a todas las personas y organizaciones aliadas y les invitamos a unirse para continuar exigiendo que los culpables sean llevados ante los tribunales.

Además, hacemos un llamado a todas aquellas personas, organizaciones que defienden los derechos de los Pueblos Originarios a manifestarse de distintas formas en contra de esta nefasta intención de la Fiscalía.

¡SERGIO VIVE!

“EL ESTADO ASESINA A LOS LIDERES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

Defensa Pública brinda sus servicios en el cantón de Río Cuarto

La Defensa Pública, fiel a su compromiso por llevar los servicios institucionales a las zonas más alejadas del país, inauguró el pasado 30 de noviembre, los servicios que ofrecerá de manera virtual y presencial, a las personas que viven en el cantón de Rio Cuarto.

De esta manera, las personas que viven en esta localidad tendrán acceso a los servicios que ofrece esta institución en materia penal, laboral, derecho agrario, familia, penal juvenil, contravenciones, ejecución de la pena, justicia restaurativa, pensiones alimentarias, contencioso administrativo y atención de personas indígenas.

“La apertura de servicios que estamos inaugurando, es una gestión que se realizó entre la asociación de desarrollo y las fuerzas vivas del cantón de Río Cuarto, quienes nos facilitaron un espacio físico y equipo de cómputo, el cual nos permitirá brindar el servicio de asesoría y representación legal de manera presencial y virtual, lo que demuestra cómo, la Defensa Pública y el Poder Judicial, se están acercando cada vez más a la ciudadanía que demanda sus servicios” afirmó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.

En la actividad también participó Karen Valverde Chaves, fiscala subrrogante del Ministerio Público, quien manifestó que la entidad que ella representa también aprovechará este acercamiento para brindar una atención integral a las personas que requieran los servicios de la fiscalía.

La atención presencial por parte de la Defensa Pública, se brindará los primeros y terceros viernes de cada mes, iniciando el próximo 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Si usted requiere tener acceso a estos servicios, también puede llamar al número de teléfono 2401-0314 de la Defensa Pública de San Carlos o al correo electrónico defensa-sca@poder-judicial.go.cr

Información de Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

En audiencia privada la Fiscalía solicitaría sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato político de Sergio Rojas Ortiz

Comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur

URGENTE: Este 7 y 8 de diciembre del 2023 se llevará a cabo una audiencia oral y privada para conocer una solicitud de la Fiscalía para el sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato político del Uniwak, Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz.

La alerta es emitida por Oscar Retana, abogado querellante de la familia de Sergio. De ser aprobada la solicitud, los imputados y otros responsables serian absueltos de toda pena y responsabilidad. Es decir, se mantendría la impunidad para Sergio, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre.

Se necesita urgentemente que se escriba a:

Fiscalía General fgeneral@poder-judicial.go.cr

Damaris Vargas Vásquez dvargas@poder-judicial.go.cr

Solicitar para que no se tramite el sobreseimiento definitivo. Pueden adjuntar este comunicado de la CLSS.

Compartimos el comunicado de Oscar Retana M.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

4 de diciembre del 2023.

COMUNICADO.

Los días jueves 7 y viernes 8 diciembre, a partir de las 8:30 am, se llevará a cabo audiencia oral y privada para conocer sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo (archivo) por parte de la Fiscalía; y la querella (acusación privada) presentada por los hijos e hijas de Sergio Rojas, quien fuera asesinado cobardemente la noche del 18 de marzo del 2019 en razón de una vida dedicada a la recuperación de las tierras en el territorio indígena bribri de Salitre.

La audiencia se realizará en el edificio Anexo B de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires (contiguo al Restaurante Mau’s Pizza), pero al ser privada no se admite la entrada de público.

Este caso no tuvo testigos presenciales del homicidio, sin embargo fue tramitado sin que se tomaran en cuenta las características sociales y culturales, como lo es la discriminación estructural hacia la población indígena; las fundadas y demostradas violaciones al acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas; y el conflicto subyacente por la recuperación de las tierras indígenas que ha tenido a 33 personas indígenas amenazadas de muerte en el periodo 2020 a 2022 en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, además del homicidio de Jhery Rivera el 23 de febrero del 2020.

Exhortamos al Estado de Costa Rica que cese la impunidad y se encuentren a los culpables de tan atroz crimen, que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte y que se cumpla, mediante mecanismos céleres y eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes.

Oscar Retana M
Abogado querellante

Juicios por política o lo que significa mancillar la libertad

Mario Rodríguez Bonilla
Central General de Trabajadores, Costa Rica

La población de nuestro país puede tener niveles importantes de desconfianza del Poder Judicial, por razones como la lentitud de los procesos, la influencia de los poderosos en el resultado, poca objetividad de los jueces y fiscales, pero poco o nada saben sobre qué es un juicio político o “lawfare”.

También es conocida como “guerra jurídica”, la combinación de ‘law’ y ‘warfare’ hace referencia al uso de procesos legales como arma política, lo vimos en caso en América del Sur contra figuras políticas como los expresidentes Lugo en Paraguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma y Lula da Silva en Brasil, en España contra Pablo Iglesias, en nuestro país tenemos uno que está empezando.

La activista pro Palestina Tatiana Gamboa está enfrentándose no solo al poder judicial, sino a las presiones de la embajada de Israel por el desarrollo de su actividad en el marco de la protesta social y la libertad, que se supone garantiza la constitución política a todos sus habitantes, aunque en esta situación parece que “aplican restricciones”.

Tatiana fue detenida por las autoridades policiales en medio de una protesta enfrente a la embajada israelí, pues se atrevió a quemar una bandera de ese país, comete un extraño delito de “irrespetar los símbolos nacionales de Estados extranjeros”, un tema que da para una discusión sobre la libertad de protesta cercenada por las leyes.

En otra protesta en la embajada (afueras del edificio Colon) mancha con pintura de agua roja la pared de Edificio Colón, como simbolismo de la sangre de la masacre en Palestina, la detiene la policía y al ser una contravención la dejaron libre.

Nuevamente protestan los activista en frente a la embajada y manchan otra vez de pintura de agua con rojo la pared y esta vez la policía detiene a Tatiana la “pasea” de manera sospechosa en la “perrera” más tiempo de lo razonable, sin que se conociera su destino por mucho tiempo, la llevan frente a otro fiscal que considera un delito lo realizado en la embajada, sacándose, cuál mago de la manga, que “se dañó la propiedad y que esto siendo un segundo delito (aunque el primer juicio está por empezar de nuevo, con lo que no hay ninguna condena) en opinión del fiscal ameritaba la cárcel preventiva.

Mientras Tatiana está detenida escucha a los policías conversar entre ellos sobre la “majadera vieja de la embajada de Israel que quiere que la encarcelen a como dé lugar”, los agentes planteaban que eso no era ningún delito, pero el fiscal en su vergonzoso papel que parece ser una extraña cruzada no opinó lo mismo.

El fiscal consideró a Tatiana una “peligrosa criminal” que no podía vivir en sociedad, dentro de un pensamiento cavernario despojado de criterios de objetividad de los hechos, imponiendo una restricción de que no podía acercarse a la embajada de Israel, nos da pena el papel sesgado y de defensor del sionismo que pareceré estar jugando.

El jueves antepasado fue el inicio del juicio contra Tatiana procesada por su forma de pensar y de protestar, por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento e incomodar con sus acciones, no solo al Poder Judicial sino también al Estado costarricense por su papel de cómplice en la masacre contra civiles palestinos al bombardear escuelas, iglesias hospitales y edificios con habitantes no armados, solo por el crimen de nacer en una tierra ocupada y arrebatada.

Notamos que este proceso montado con una intencionalidad más allá de lo racional parece estar pasando desapercibido por los grandes medios nacionales y gran parte del movimiento popular, que no comprende que si Tatiana es condenada será el inicio de la jurisprudencia para condenar la protesta ante las injusticias.

¡Exigimos el retiro de los cargos de inmediato y respeto a la libertad y a la protesta en lo que debe ser un país en democracia!