Ante absolutoria del Tribunal de Apelación en el caso del líder indígena Jerhy Rivera
Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes
La Defensoría de los Habitantes había manifestado en diciembre del 2024 cómo la “Justicia Pronta y Cumplida” continuaba siendo una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas. Lo anterior, como parte del seguimiento dado al proceso nacional efectuado ante la muerte del líder indígena Teribe Jerhy Rivera, y considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso.
Recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria en dicho caso; por ello la Defensoría de los Habitantes hace eco de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.
En dicho espacio de diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, concretamente, en materia de acceso de los pueblos indígenas a la justicia puntualizaron: “… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.
Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales.
Durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar.
Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes.
Comunicación
Defensoria de los Habitantes
