Ir al contenido principal

Etiqueta: Poder Judicial

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Tenemos un gobierno-fallido… pero aún puede, al menos, intentar hacer algo”

El doctor Óscar Aguilar Bulgarelli hizo un llamado al presidente Chaves para que, en poco más de un año que le queda de mandato, intente hacer algo para que deje de ser un gobierno fallido.

Compartimos un resumen de las ideas del historiador y analista y le invitamos a escuchar sus palabras en el video adjunto.

“En el último show presidencial del pasado miércoles el presidente de la República rechazó la invitación que le hizo don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa, para que ellos dos junto con ministros y funcionarios del Poder Judicial, con el presidente del Poder Judicial, se sienten a buscar la manera de mejorar las condiciones para combatir el narcotráfico y la violencia.

La respuesta del presidente fue desabrida, don Rodrigo Chávez dijo que no iba a esa reunión porque eso era hablar paja, que eso eran habladas y que lo más que podía hacer era darle a don Rodrigo Arias el rojo por la hablada que se estaba pegando. Esos fueron los términos del presidente de la República, qué lamentable, qué lamentable porque están tratando un tema fundamental, y, además, dijo que podían dar por terminadas cualquier relación de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo en el tema de la violencia y del narcotráfico, que no contaran con él, así lo dijo textualmente.

Ay costarricenses, nunca habíamos llegado a tal grado de un gobierno fallido, y vea don Rodrigo Chávez, yo sé que usted no sabe lo que es un gobierno fallido, pero voy a tratar de definirlo facilito: Un gobierno fallido se caracteriza en primer lugar por la corrupción política y usted es un signo inmenso de esa corrupción; se caracteriza por la ineficiencia policial, ¿hay que demostrárselo o simplemente leemos los periódicos todos los días?; resulta que es fallido por los altos niveles de criminalidad, ¿lo vuelvo a mandar a las páginas de sucesos de los periódicos?; se caracteriza un gobierno fallido por la delincuencia organizada y la inseguridad ciudadana.

Usted don Rodrigo Chávez encabeza un gobierno absolutamente fallido y empezando porque no hay autoridad, usted puede ser gritón, puede presentarse los miércoles e insultarnos a todos y mandar a sus troles a que insulten y nos denigren a todos los que le decimos que este es un gobierno fallido, que le ha fallado al pueblo de Costa Rica, pero especialmente le ha fallado porque hay vacío de autoridad, ¿y sabe qué es eso?, es que está vacante, que el poder está vacante, que está acéfalo, o sea que no tiene cabeza, porque hay una ausencia del gobernante, así de fácil y eso nos puede llevar a la anarquía.

Don Rodrigo, usted es un peligro para el país, sí ya es hora que alguien se lo diga con todo respeto, sin gritar como hace usted, sin insultar, sin agredir, al contrario, con respeto, con consideración, recordando que usted es el presidente de la república y su investidura merece ser respetada por usted y por todos.

Cambie, le queda un año escaso, pase de un gobierno fallido a un gobierno que lo intente por lo menos. Hay tantas cosas: la educación, la cultura, la economía, tantas y tantas cosas… la vivienda. Tantas cosas reclaman de un gobierno que, en vez de pensar en pelearse con la Asamblea Legislativa y los Poderes, piense en el pueblo que le dio el voto, ya no lo engañe más, ni con jaguares, ni con gatos que ni uñas tiene”.

Comunicado oficial del Poder Judicial ante los recientes casos de femicidio

El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.

En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:

  1. Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.

  2. Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le  dio muerte,  el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.

  3. Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido  por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023.  Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la  Fuerza Pública.

  4. Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.

Poder Judicial de Costa Rica
28 de enero de 2025

Ante absolutoria del Tribunal de Apelación en el caso del líder indígena Jerhy Rivera

Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes

La Defensoría de los Habitantes había manifestado en diciembre del 2024 cómo la “Justicia Pronta y Cumplida” continuaba siendo una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas. Lo anterior, como parte del seguimiento dado al proceso nacional efectuado ante la muerte del líder indígena Teribe Jerhy Rivera, y considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso.

Recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria en dicho caso; por ello la Defensoría de los Habitantes hace eco de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.

En dicho espacio de diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, concretamente, en materia de acceso de los pueblos indígenas a la justicia puntualizaron: “… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.

Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales.

Durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar.

Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes.

Comunicación
Defensoria de los Habitantes

Carta al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago para firmar – caso de Jerhy Rivera

Carta apelación al Tribunal de Cartago

Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.

El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.

Enlace para firmar

Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera Navas

Recurso de Amparo por amenaza al principio de legalidad, el Estado de Derecho, y la democracia de Costa Rica

El pasado 22 de noviembre del 2024 Albino Vargas presentó un recurso de amparo para defender el derecho lesionado del principio de legalidad constitucional, y otros. Entre estos derechos están el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Artículo 193 del Código Procesal Penal, y el Articulo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esto, debido a que el 21 de noviembre anterior, el Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y Laura Fernandez respectivamente, firman un decreto denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, el cual modifica el vigente del 2005, y faculta a los recurridos a designar y remover a su discreción, al director, subdirector, jefe de operaciones, y jefe del cuerpo de protección presidencial de la Unidad Especial de Intervención. Asimismo, le asigna a esa unidad funciones que ya corresponden a órganos del Poder Judicial.

Esa acción del Poder Ejecutivo vulnera el principio de legalidad al generar dudas sobre si se está estableciendo una jerarquía de mando, lo cual podría contravenir normas superiores, al igual que la naturaleza de las órdenes, ya que si se estuvieran implicando actos ilegales o derechos fundamentales su cumplimiento podría constituir un delito.

También, se infringe lo dispuesto en la Constitución Política sobre la separación de poderes, intromisión en funciones, control político sobre órganos de seguridad, al igual que derechos fundamentales como las garantías individuales y abusos como el uso desproporcionado de la fuerza.

Según se indica, “La modificación grosera que vía reglamentaria (Decreto Nº 44637 MP) el Poder Ejecutivo extiende a esas atribuciones legales, riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas a la normativa legal señalada, sin establecer en el decreto cuestionado, que esas atribuciones estarían supeditadas, como en efecto lo están, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes; todo lo cual resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución y la ley como vemos, toda vez que, en virtud de esta circunstancia, esta transgresión de la ley y la Constitución, genera un agravio que consiste, no solo en la violación per sé indicada, sino también en una transgresión al artículo 149 de la Constitución Política.”

Le invitamos a descargar y revisar la compilación de todo el proceso tramitado en la Sala Constitucional compartido por ANEP.

Anteproyecto de ley para disminuir duración del proceso penal y fortalecer la calidad de la justicia penal y penal juvenil

Rosaura Chinchilla Calderón presentó ante la Oficina de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea Legislativa un texto para propiciar un proyecto de ley y una discusión nacional sobre el tema de los ajustes necesarios a la casación y revisión penal, con el afán de disminuir los tiempos del proceso penal sin disminuir garantías.

Esto debido a que la casación penal es altamente discrecional, y según informes de rendición de cuentas, más del 75% de los asuntos se declaran inadmisibles. Es también importante considerar el costo económico de tener una oficina dedicada a inadmisibilidades, el cual es muy elevado debido a el personal de personas cualificadas para esta labor, y por otra parte la calidad de los asuntos, la cual no es la mejor. Esta iniciativa busca “liberar” a la Sala Tercera de esa carga para organizar mejor su tiempo, y mejorar la calidad de sus pronunciamientos. 

Por lo tanto, según Rosaura Chinchilla Calderón, estas son las cuatro líneas básicas de este proyecto:

1.- Crear criterios objetivos de admisibilidad para unos asuntos (por monto de pena, por tipos de delito, por tipos de tramitación, por omisión de decisión de algunos extremos) y que el resto de las decisiones queden firmes una vez agotada la apelación. Con esto se reduce hasta un año de tiempo en la tramitación de las causas teniendo en cuenta la duración promedio actual de la Sala, de casi 5 meses para rechazar, más lo correspondiente al mes para plantear el recurso, los dos meses para tramitarlo, etc.

2.- Volver a una casación tradicional y fortalecer la apelación y su posibilidad de que revalore la prueba.

3.- Dado que la Sala III ya no tendrá a su cargo temas de admisibilidad, se abre la revisión por debido proceso para que se detecten y corrijan yerros en sentencias firmes, pero limitada esta posibilidad a la presentación en una sola vez, de todas las causales y luego de transcurrido cierto tiempo desde la firmeza de la decisión, con lo que se busca evitar las distorsiones anteriores.Es ahí en donde se traslada el escrutinio de criterios encontrados.

4.- Estabilizar y profesionalizar el cuerpo de letrados, eliminando la discrecionalidad en sus nombramientos, sometiéndoles a concursos de idoneidad con estabilidad en su puesto También se limita a dos profesionales asistentes por cada magistratura y se exige que deban tener aprobado el examen correspondiente al grado de la sentencia que revisan. Además, el actual cuerpo de letrados de admisibilidad, que se encarga de rechazar el grueso de los recursos, se trasladaría a apoyar las labores jurisdiccionales de admisibilidad en sede de apelación. Esto denota que el cambio no tendrá implicaciones económicas adicionales para el PJ.

(Haga clic en la imagen para ampliarla).

Les invitamos a descargar los PDF adjuntos, para conocer los detalles de esta propuesta.

Haz clic para acceder a 3929-con-sello.pdf

Haz clic para acceder a 7-Rendicin-de-Cuentas-2023.pdf

Información compartida con SURCOS.

Conversatorio en Térraba: Justicia y derechos indígenas en defensa del legado de Jehry Rivera Rivera

El pasado 19 de octubre de 2024, la Casa de Mayores Blöràn (Ù Tla’la) en Térraba se convirtió en un espacio de profundo diálogo y reflexión durante el conversatorio centrado en el fallo del caso de Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos indígenas. Este evento fue convocado por la organización Mujeres Mano de Tigre, con el propósito de visibilizar las problemáticas en torno al fallo judicial que absolvió al homicida confeso de Jehry Rivera, un caso que ha causado gran indignación en la comunidad indígena y sus aliados.

Durante el conversatorio, se discutieron tres temas clave:

  1. Contextualización del caso de Jehry Rivera Rivera : Se repasaron las acciones judiciales en curso y la lucha por la justicia en un panorama legal que, según los participantes, parece ser insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Jehry fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en el marco de la defensa de territorios ancestrales de su comunidad Brörán en Térraba, frente a las pretensiones de personas ajenas de apropiarse de esos territorios.
  2. Retos y desafíos actuales para los derechos de los pueblos indígenas: Diversos líderes y participantes compartieron sus experiencias, fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre las comunidades indígenas. Estos retos incluyen no sólo la violencia física, sino también las trabas judiciales y la impunidad que, según los asistentes, perpetúan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores de los derechos humanos.
  3. Rechazo a la decisión judicial del Tribunal de Pérez Zeledón : Los participantes coincidieron en rechazar la absolución del responsable del asesinato de Jehry Rivera. Señalaron que esta decisión ignora el contexto de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica y sienta un precedente peligroso para la protección de sus derechos. Al final del evento, se emitió un pronunciamiento colectivo, que enfatizó la necesidad de aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas.

La actividad no solo permitió intercambiar ideas y fortalecer la cohesión entre las comunidades participantes, sino que también consolidó el rechazo al fallo judicial y renovó el compromiso de seguir luchando por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. En palabras de los organizadores, el conversatorio fue un éxito, tanto por la participación como por el impacto en la comunidad local.

Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y Defensa del Pueblo Brörán: Contra la impunidad y el olvido

Ú’tlala, Térraba
19 de octubre de 2024

Considerando:

  1. La conmemoración del asesinato de Jehry Rivera Rivera, líder recuperador de territorios del pueblo Brörán, acontecido el día 24 de febrero de 2020.
  2. El homicidio del líder Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak, acontecido el 18 de marzo de 2019.
  3. Que denunciamos la violencia e impunidad estructural contra defensores de personas de derechos humanos de los pueblos y territorios indígenas, reflejadas en ambos crímenes.
  4. Que se ha cumplido un mes exacto de la absolutoria del homicida confeso de Jehry Rivera Rivera por parte del Juzgado Penal de Pérez Zeledón.
  5. Que la función primordial del Estado es garantizar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, particularmente de aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
  6. Que se tiene por demostrada la incapacidad y negligencia sistemática del Estado para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a las garantías judiciales de los pueblos indígenas.
  7. Queda evidenciada la incapacidad y negligencia del Estado, reflejada en procesos penales viciados, carentes de investigación y juzgamiento exhaustivo y riguroso de los hechos relacionados.

Nosotros pronunciamos:

PRIMERO: Exigimos justicia para Jehry Rivera Rivera, Sergio Rojas Ortiz, y todas las personas defensoras de derechos humanos.
SEGUNDO: Demandamos justicia para Digna Rivera Navas, madre de Jehry, y Lucy Rojas, hija de Sergio, así como las reparaciones correspondientes.
TERCERO: Exhortamos a todas las personas juzgadoras para que apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ya incluidos en el ordenamiento jurídico costarricense en su bloque de constitucionalidad.
CUARTO: Reiteramos la obligación del Estado de garantizar vida digna, integridad física y derechos humanos para todos los pueblos indígenas.
QUINTO: Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y movimientos sociales de Costa Rica para que se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la impunidad y el olvido de Jehry Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz.

Suscribimos :
Digna Rivera Navas
Elides Rivera Navas
Claudia Solano Rivera

María José Cabezas Castro
Nathalia Ulloa Castillo
Asdrúbal Rivera Villanueva
Marilyn Cabrera Delgado
Carmen Mena Mat
Melanie Quesada Molina
Andrea Sequeira Avilés
Eunice Hidalgo Gutiérrez
Ana Lía Ortiz N

Elizabeth Mayorga Ortiz
Patricia Villanueva
Isabel Cabrera Bolaños
Alexis Quesada Rivera
Saory Rivera Navas
Kiran Samira Sibaja Rivera
Mario Leiva Rojas
María Galiana Figueroa Lázaro
Andalesio Pereira López
Yannett Rivera Navas
Carlos Onandy Ramírez R
Carlos Cedeño Rivera
Fanny Reyes Ortíz
Carlos G Moreira Álvarez,
Matías Pelz Seyfarth
Daniela María Salas Monge
Allen Cordero Ulate
Cristhian González Gómez
Danny Nájera Díaz
Osvaldo Durán Castro
Amílcar Castañeda Cortéz, docente Universidad Estatal a Distancia.
Wilfrido Montezuma Rodríguez, director del Grupo Cultural Kigaribu Ngäbe.
Marlon Adrián Webb Castillo, Diwö Ambiental.
Francisco Javier Mojica Mendieta, investigador extensionista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Ruth Salgado Guzmán, ONG: Proyecto Ocho.
Lorena Moreira Ramírez, ONG: Proyecto Ocho.
Armando Granados Carvajal, ONG: Proyecto Ocho.
Vania Solano Laclé, Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Olivia Sylvester, Universidad para la Paz.

Organizaciones :
Organización de Mujeres Mano de Tigre.
Consejo de Mayores Brörán.
Red de Mujeres Brörán.
Dbön Orcüo.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Frente Ecologista Universitario, UCR.
Kioscos Socioambientales, UCR.
Teribe Cultural.
DITSÖ.
Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida.
Red Comunitaria de Gestión de Riesgos, Costa Rica.
Representaciones de programas, proyectos, profesores, extensionistas y estudiantes de CONARE.
Profesor y estudiantes del curso Práctica de investigación en Antropología Social, grupo
Escuela de Antropología, UCR.
Movimiento Estudiantil Indígena (MEI) de la Universidad Nacional.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
Red Centroamericana de Resistencia.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional.
ONG: Proyecto Ocho.

Territorios Indígenas presentes :
Yimba Cájc.
Talamanca Bribrí.
Bijagual.
Térraba.

Somos el Movimiento PATRIA PRIMERO

Comunicado 1-2024

Como movimiento nacemos de las preocupaciones del pueblo crítico y en resistencia, ante el ataque de personas ajenas a la idiosincrasia costarricense, que buscan destruir nuestro modelo de desarrollo democrático y sostenible. El país nos convoca a la acción.

A nuestro movimiento y a nuestra comunidad patriótica:

Nos une la preocupación común por los graves problemas que afronta el país, su identidad y la expresión de la democracia que ha sido y está siendo manchada y ultrajada, esto requiere un llamado inmediato a la acción de la sociedad y la organización cívica y sectorial.

Todos los aspectos de la gestión estatal están siendo vulnerados y necesitan la atención especial de toda la ciudadanía.

Si bien nuestro Poder Judicial y algunas instituciones de nuestro sistema democrático están en deuda con la ciudadanía, el camino a seguir es la limpieza, modernización y fortalecimiento y no su destrucción, como plantean algunos irresponsables desde la presidencia de la República y más; no podemos mejorar nuestro sistema dinamitándolo porque después no podremos construir nada sobre las ruinas y eso solo le dejará el espacio libre a una dictadura y la pérdida de nuestros derechos constitucionales.

Somos una agrupación pluralista, sin filiación partidista, que busca unificar lo mejor del pensamiento que históricamente hizo de Costa Rica una gran nación, y nos alimentamos de las múltiples capacidades de nuestros miembros para generar líneas temáticas propositivas para una política pública constructiva, justa, ética, sostenible y visionaria.

Presentación del voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por absolución al asesino confeso de Jerhy Rivera

Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón. 

En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera. 

Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.

María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.

Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.

Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.

Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?

Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.

¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo! 

¡Justicia para Jerhy Rivera!

Contundente voto de censura pública al Tribunal de Pérez Zeledón por absolutoria a asesino confeso de Jerhy Rivera

Más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se unen al voto de censura pública al Tribunal de Pérez Zeledón por absolutoria a asesino confeso de Jerhy Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, Costa Rica

18 de octubre, 2024

Comunicado

Este 18 de octubre el Colectivo de Apoyo Doña Digna Rivera entregó a Sala I de la Corte de Suprema de Justicia, el Voto de Censura al Tribunal Pérez Zeledón, en espera de confirmación de reunión por parte de la magistrada Damaris María Vargas.

Seguidamente nos trasladamos a la conferencia de prensa en la Sala de conferencias, piso N° 3 de la Asamblea Legislativa, donde se contó con la participación de Fanny Reyes Ortiz, indígena bröran de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica; Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra, indígena ngöbe del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y María Trejos Montero, del Colectivo de Apoyo a Doña Digna, con la moderación de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina. En tanto, la licda. Nathalia Ulloa Castillo, abogada, feminista y activista de derechos humanos, por motivos de fuerza mayor no pudo hacerse presente.

El día jueves 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón declaró absuelto al asesino confeso de Jerhy Rivera Rivera. Ante esta decisión más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se adhieren al presente voto de censura, siendo medular el siguiente cuestionamiento:

¿Qué entienden por justicia los jueces José Pablo Matarrita, Richard Mena y Alexander Chavarría  al declarar al asesino confeso de Jerhy Rivera absuelto del homicidio?. Quienes niegan las pruebas que un tribunal anterior había descrito así:

 

“…el encartado Juan Eduardo Varela Rojas, aprovechando esa circunstancia, actuando sobre seguro y sin ningún riesgo para sí, con evidente intención homicida y en represalia porque el ofendido anteriormente había herido a su hermano Juan Luis, se colocó detrás del ofendido Yehry y accionó en tres ocasiones contra este, el arma de fuego que portaba, tipo pistola, marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9 mm, serie 07895, esto mientras exclamaba “hasta aquí llegó este indio hijuetal, sosténgamelo”, impactando dos de los disparos en el cuerpo del ofendido… 3- Acto seguido, el imputado Juan Eduardo Varela Rojas aun portando en sus manos el arma de fuego, y apuntando la misma hacia la ofendida Melisa Gutiérrez Garbanzo, amenazó injusta y gravemente a esta, a quien le dijo “usted es la que sigue, india hijuetal y su familia».

(Expediente: 20-000108-0990-PE contra: Juan Eduardo Varela – Sentencia No. 033-2023).

Denunciamos que dichos jueces desconocen y desestiman con total impunidad la Ley Indígena (N.° 6172). Artículo 3 y Artículo 5; la ratificación de la Sala IV de las sentencias sobre la ilegalidad de los propietarios no indígenas en los territorios; y el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007. A su vez, esta sentencia complace, legitima clara y directamente a los ocupantes ilegales, llamados finqueros, para que continúen violentando los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que defienden su derecho al territorio, a su cultura y a su espiritualidad. Víctimas de esta violencia han sido Sergio Rojas y Jerhy Rivera, vilmente asesinados por defender sus legítimos derechos.

Agradecemos a cada organización y persona, comprometidas con los Derechos Humanos de los pueblos originarios en Costa Rica y el mundo, el haberse sumado al presente voto de censura. De igual manera, agradecemos la anuencia y solidaridad de la Fracción del Frente Amplio, en la persona de la diputada Rocío Alfaro Molina, quienes hicieron posible este evento.

 

¡No más impunidad a los asesinatos y otras agresiones a los pueblos y territorios indígenas!
¡Repudio al racismo! ¡Nuestra lucha sigue y sigue!

¡Justicia para Jerhy Rivera R.! ¡Justicia para Sergio!

 Síntesis de adhesiones:

Total: 902

  • Costa Rica: 730
  • A nivel internacional: 72

Alemania 13. Argentina 2. Australia 1. Bolivia 1. Canadá 3. Colombia 5. Ecuador 2. El Salvador 2. España 8. País Vasco 2. Estados Unidos 4. Francia 1. Guatemala 3. Honduras 8. Inglaterra 1. México 11. Nicaragua 2. Panamá 2. República Dominicana 1. Venezuela 1.

  • Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:

Organizaciones: 57

A nivel personal: 40