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Etiqueta: Poder Judicial

Presentación del voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por absolución al asesino confeso de Jerhy Rivera

Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón. 

En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera. 

Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.

María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.

Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.

Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.

Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?

Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.

¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo! 

¡Justicia para Jerhy Rivera!

Contundente voto de censura pública al Tribunal de Pérez Zeledón por absolutoria a asesino confeso de Jerhy Rivera

Más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se unen al voto de censura pública al Tribunal de Pérez Zeledón por absolutoria a asesino confeso de Jerhy Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, Costa Rica

18 de octubre, 2024

Comunicado

Este 18 de octubre el Colectivo de Apoyo Doña Digna Rivera entregó a Sala I de la Corte de Suprema de Justicia, el Voto de Censura al Tribunal Pérez Zeledón, en espera de confirmación de reunión por parte de la magistrada Damaris María Vargas.

Seguidamente nos trasladamos a la conferencia de prensa en la Sala de conferencias, piso N° 3 de la Asamblea Legislativa, donde se contó con la participación de Fanny Reyes Ortiz, indígena bröran de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica; Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra, indígena ngöbe del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y María Trejos Montero, del Colectivo de Apoyo a Doña Digna, con la moderación de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina. En tanto, la licda. Nathalia Ulloa Castillo, abogada, feminista y activista de derechos humanos, por motivos de fuerza mayor no pudo hacerse presente.

El día jueves 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón declaró absuelto al asesino confeso de Jerhy Rivera Rivera. Ante esta decisión más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se adhieren al presente voto de censura, siendo medular el siguiente cuestionamiento:

¿Qué entienden por justicia los jueces José Pablo Matarrita, Richard Mena y Alexander Chavarría  al declarar al asesino confeso de Jerhy Rivera absuelto del homicidio?. Quienes niegan las pruebas que un tribunal anterior había descrito así:

 

“…el encartado Juan Eduardo Varela Rojas, aprovechando esa circunstancia, actuando sobre seguro y sin ningún riesgo para sí, con evidente intención homicida y en represalia porque el ofendido anteriormente había herido a su hermano Juan Luis, se colocó detrás del ofendido Yehry y accionó en tres ocasiones contra este, el arma de fuego que portaba, tipo pistola, marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9 mm, serie 07895, esto mientras exclamaba “hasta aquí llegó este indio hijuetal, sosténgamelo”, impactando dos de los disparos en el cuerpo del ofendido… 3- Acto seguido, el imputado Juan Eduardo Varela Rojas aun portando en sus manos el arma de fuego, y apuntando la misma hacia la ofendida Melisa Gutiérrez Garbanzo, amenazó injusta y gravemente a esta, a quien le dijo “usted es la que sigue, india hijuetal y su familia».

(Expediente: 20-000108-0990-PE contra: Juan Eduardo Varela – Sentencia No. 033-2023).

Denunciamos que dichos jueces desconocen y desestiman con total impunidad la Ley Indígena (N.° 6172). Artículo 3 y Artículo 5; la ratificación de la Sala IV de las sentencias sobre la ilegalidad de los propietarios no indígenas en los territorios; y el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007. A su vez, esta sentencia complace, legitima clara y directamente a los ocupantes ilegales, llamados finqueros, para que continúen violentando los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que defienden su derecho al territorio, a su cultura y a su espiritualidad. Víctimas de esta violencia han sido Sergio Rojas y Jerhy Rivera, vilmente asesinados por defender sus legítimos derechos.

Agradecemos a cada organización y persona, comprometidas con los Derechos Humanos de los pueblos originarios en Costa Rica y el mundo, el haberse sumado al presente voto de censura. De igual manera, agradecemos la anuencia y solidaridad de la Fracción del Frente Amplio, en la persona de la diputada Rocío Alfaro Molina, quienes hicieron posible este evento.

 

¡No más impunidad a los asesinatos y otras agresiones a los pueblos y territorios indígenas!
¡Repudio al racismo! ¡Nuestra lucha sigue y sigue!

¡Justicia para Jerhy Rivera R.! ¡Justicia para Sergio!

 Síntesis de adhesiones:

Total: 902

  • Costa Rica: 730
  • A nivel internacional: 72

Alemania 13. Argentina 2. Australia 1. Bolivia 1. Canadá 3. Colombia 5. Ecuador 2. El Salvador 2. España 8. País Vasco 2. Estados Unidos 4. Francia 1. Guatemala 3. Honduras 8. Inglaterra 1. México 11. Nicaragua 2. Panamá 2. República Dominicana 1. Venezuela 1.

  • Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:

Organizaciones: 57

A nivel personal: 40

Cineforo de lucha indígena: En el marco del juicio por el asesinato de Jerhy Rivera

Este 17 de octubre del 2024, a las 5:00 pm en el auditorio 609 de Ciencias Sociales, UCR, se estará proyectando la película “La Princesa Mononoke”. Esta es una fábula animada que ilustra la lucha indígena por sus tierras, ante fuerzas extractivistas que buscan destruirlas, al igual que la importancia de la ecología. Esto, para generar reflexión alrededor de la lucha indígena, y el contexto actual del juicio por el asesinato del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera. 

Después, contará con un panel, conformado por los panelistas Zeidy Bruwä, indígena Ngäbe de Conte Burica, y coordinadora del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Fanny Reyes Ortiz, indígena Bröran del territorio indígena de Térraba, parte del equipo directivo de la Red de Mujeres Rurales, y finalmente Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público y derecho ambiental internacional de la UCR.

Este evento está organizado por la Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el Caribe, y apoyado por varias entidades como Kioscos Socioambientales, y la Federación Ecologista.

Les invitamos a asistir a este enriquecedor evento para informarse y mantenerse al tanto con  la situación crítica de los pueblos originarios en Costa Rica.

Instancias locales de Térraba rechazan fallo judicial en caso Jehry Rivera: Mujeres Mano de Tigre convocan conversatorio

Las organizaciones y la comunidad de Térraba se unen para alzar su voz en rechazo al reciente fallo de los Tribunales de Justicia del Circuito de Pérez Zeledón en el caso del asesinato del líder indígena Jehry Rivera Rivera. A través de la organización Mujeres Mano de Tigre,  ha convocado a un conversatorio público para el 19 de octubre de 2024, que tendrá lugar en la Casa de Mayores Ü Tla´la´ (Blöràn) en Térraba, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

El conversatorio busca abordar tres temas clave: la contextualización del caso de Jehry y su estado actual dentro del sistema judicial, los desafíos que enfrentan los derechos humanos de los pueblos indígenas en la actualidad, y el rechazo generalizado a la decisión judicial emitida el 19 de septiembre. 

Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado en el marco de la lucha por la defensa de los territorios ancestrales en la región de Térraba, ya que personas ajenas querían apropiarse del territorio. La comunidad indígena y sus aliados consideran que el reciente fallo no solo ignora el contexto de violencia y represión sistemática contra los pueblos originarios, sino que también sienta un precedente peligroso para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. 

La actividad contará con la participación de Natalia Ulloa, representante legal del pueblo de Térraba, quien ofrecerá una explicación detallada de las posibles acciones judiciales que podrían seguirse.

El pronunciamiento oficial de rechazo al fallo será emitido al final del evento, con la esperanza de movilizar tanto a la comunidad local. 

Para más información, los interesados pueden informarse un poco sobre el caso o seguir los canales de comunicación de la organización Mujeres Mano de Tigre.

Federación Latinoamericana de Magistrados expresa “profunda preocupación” por las declaraciones del presidente en las que alude a la Fiscalía y al juez del caso Barrenador

PRONUNCIAMIENTO – La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS – FLAM-1 

I) EXPRESA su profunda preocupación por el contenido de las recientes declaraciones del Sr. Presidente de la República de Costa Rica, en las que alude a la Fiscalía General como así también al juez encargado de conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público, en un proceso judicial que involucra a funcionarios públicos y directivos de una institución pública. 

La función del Poder Judicial es la de asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.

Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional. Por otra parte, no resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones. 

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes. 

En esa misma línea argumental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado “tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el Sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.” (párrafo 55) (CIDH., en el caso “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, sentencia del 5 de agosto de 2008)

II) RECORDAMOS que conforme lo prescripto en el estatuto del Juez Iberoamericano, entre otros ordenamientos normativos semejantes:

a) el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos/as y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

b) Que como garantía para los y las justiciables, quienes ejercen la magistratura son independientes en sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a las leyes con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

Como consecuencia de ello, los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y juezas tampoco se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones de los casos a través de los recursos legalmente establecidos y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes y Tribunales Supremos.

III) Es por todo ello que esta Federación EXHORTA a las autoridades del Poder Ejecutivo de Costa Rica a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.

El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno. 

1 FLAM, es una entidad representativa de los jueces y juezas de 18 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2024. 

Firmado por MARCELO GALLO TAGLE Presidente Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM

Para firmar – Organizaciones llaman a respetar la independencia del Poder Judicial

SURCOS comparte esta invitación a firmar que fue enviada a nuestra redacción:

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo en el marco de la investigación emprendida por la Fiscalía General de la República por el “caso Barrenador”, y hacemos un llamado urgente al respeto de la división de poderes y a la protección de los principios democráticos fundamentales consagrados en el artículo 9 constitucional. 

El principio de independencia judicial se encuentra contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye uno de los pilares básicos del sistema democrático por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado en numerosas ocasiones la obligación de los Estados de garantizar la autonomía del Poder Judicial y evitar interferencias indebidas por parte de otros poderes públicos o fácticos.   

La reacción del Poder Ejecutivo ante la investigación de un eventual caso de corrupción, fomenta la violencia política y la polarización social, erosiona la confianza en las instituciones públicas y pone en riesgo la convivencia pacífica.  De considerar el Poder Ejecutivo que las instancias judiciales han actuado de forma irregular, deberá acudir a presentar la respectiva denuncia para ser investigada mediante los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico. 

En Centroamérica, hemos sido testigos de preocupantes retrocesos en la garantía de  independencia judicial, iniciando este ciclo con la persecución de operadores de justicia -fiscales y jueces- que investigan y juzgan eventuales casos de corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”. 

Es crucial que los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad dejando de lado las retóricas polarizantes y promuevan un ambiente de respeto entre los poderes públicos y un diálogo constructivo que permita avanzar en las metas de desarrollo del país. 

Instamos a la población a monitorear y a defender activamente la independencia de sus instituciones, entendiendo que un Poder Judicial robusto, imparcial y libre de presiones es esencial para la protección efectiva de sus derechos. Las organizaciones firmantes reiteramos su compromiso con la defensa de la independencia judicial y de la autonomía de la fiscalía como piedra angular de la democracia.

El formulario se cierra el domingo 29 de setiembre del 2024 a las 11:59pm y es únicamente para organizaciones, debe firmar una persona como responsable de la organización (el nombre de la persona no se publicará solo el de la organización).

Formulario para firmar – clic aquí.

Grupo Puentes llama a respetar la democracia

SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.

UN LLAMADO AL RESPETO A LA DEMOCRACIA

Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:

1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.

2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.

3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.

4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.

5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.

En apoyo a lo anteriormente expuesto firmamos:

Rolando González Ulloa 2-0274-0540

Alexánder Rodríguez Chaves 1-0967-0546

Clemencia Rodríguez Alpízar 6-0118-0392

María Rosa Angulo Angulo 5-0216-0076

Luis Fernando Acuña Loaiza 1-0599-0123

Bernardo Aguilar González 1-0566-0270

Sergio Alfaro Salas 2-0464-0884

Felipe Arauz Cavallini 1-0486-0636

Fernando Berrocal Soto 1-0337-0722

María Gabriela Campos Méndez 1-0510-0893

Manuel Carballo Quintana 1-0300-0515

Anabelle Castillo López 3-0313-0976

José Martín Chacón Chacón 1-0670-0597

Jeannette Cordero Gamboa 4-0119-0233

Marinela Córdoba Zamora 3-0297-0351

Leda García Pérez 1-0487-0511

Ángel Jiménez Segura 6-0359-0767

Rodrigo Jiménez Sandoval 1-0537-0978

Guido Mora Mora 3-0257-0217

Jorge Mora Portuguez 1-0690-0544

Carmen Muñoz Quesada 1-0619-0272

Welmer Ramos González 5-0191-0924

Eduardo Robert Ureña 1-0964-0187

Omar Rojas Donato 1-0460-0740

Melvin Sáenz Biolley 1-0412-0634

Erick Sojo Marín 3-0351-0353

Federico Tinoco Carmona 1-0386-0600

Yayo Vicente Salazar 1-0435-0724

Y 59 nombres más.

Racismo de jueces del Tribunal de Pérez Zeledón queda retratado en sentencia por el asesinato de líder indígena

FECON

Causa indignación y disconformidad la absolutoria otorgada al asesino confeso Juan Eduardo Varela, quien, con dos disparos por la espalda, acabó con la vida de Jehry Rivera la noche del 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba. Los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo absolvieron de la pena de homicidio calificado a Varela, quien el 17 de agosto de 2022 en una actividad pública, exclamó orgulloso haber matado a Jehry.

El Semanario Universidad reportó que el juez de apellido Mena enfatizó “el tribunal no comparte el tema de las recuperaciones y que debe haber un respeto al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos que han invadido los territorios indígenas, por lo tanto, ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia. Porque hay que recordar que las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de “finqueros” blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional.

Recordemos que la Sala Constitucional, en octubre de 2022, ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo después de la ley de 1977. Tal y como indica la resolución del expediente 21-017138-0007-CO “todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”.

Así también, es importante recordar que el asesinato de Jerhy Rivera Rivera se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Además, remarcar que este homicidio se dio puntualmente, durante la llegada de una turba de más de cien personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo recuperaciones de sus tierras ancestrales. Esto tal y como lo narró en su declaración el testigo del abogado defensor, Orlando Enrique Mata Jiménez, “ya estábamos armados con garrotes, piedras, cuchillos, los defensores de la propiedades”, dijo al referirse a la turba que llegó el día del homicidio a atacar a quienes se mantenían sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.

Además, según Maleza Barrantes, quién asistió a varias de las audiencias como parte del Movimiento Ríos Vivos, indicó que durante el juicio vio con preocupación varias actitudes del tribunal “por ejemplo, solicitaron al abogado querellante acortar sus conclusiones, quien las finalizó en aprox. dos horas, mientras a los abogados del asesino les permitieron extenderse por aprox. 9 horas para desarrollar sus conclusiones, lo cual nos pareció una medida totalmente parcializada”. Así también indicó que “es cuestionable el hecho de que aceptaron como prueba, una captación de una llamada telefónica que la misma fiscalía tacho de ilegal que aportó el abogado del asesino, por la cual de hecho la fiscalía había solicitado días atrás, que se abriera un proceso legal contra la persona que la grabó.”

Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y quién además también sufrió agresiones por parte de los finqueros el día del asesinato de Jehry, señaló: “Jueves 19 de septiembre, un día en el que el territorio Bröran recordará que aunque llevamos más 534 años de lo que llamaron un ¨descubrimiento¨ y donde masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siendo exactamente igual de racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen. Yo le pregunto a estos jueces ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza?”

Sibar añadió: “los finqueros están claros que solo pueden con la violencia seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores. Pero con estas resoluciones sólo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”. Así también: “Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz. Pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios, esa paz no llegará (…) mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado, creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestro territorio”, puntualizó finalmente Pablo Sibar referente de FRENAPI.

La absolutoria al asesino confeso de Jehry Rivera es un ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Estos jueces, como servidores públicos deberían ser separados de su cargo por aplicar criterios racistas y discriminatorios en su deber de impartir justicia.


Bibliografía:

Pomareda, Fabiola. “Sala IV ratifica nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo despúes de la ley de 1977”. Semanario Universidad, 20 de octubre de 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-ratifica-que-compra-de-tierras-indigenas-por-parte-de-no-indigenas-es-nula-si-se-hizo-despues-de-promulgada-la-ley-indigena

Coordinadora de Lucha Sur Sur (Diciembre 2022). III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica” https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/CLSS-Informe-ENE_DIC2022-DIGITAL.pdf

Jerhy Rivera

Voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por la absolutoria del asesino confeso de Jerhy Rivera, indígena Bröran de Térraba, Costa Rica

Urge su adhesión al voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por la absolutoria del asesino confeso de Jerhy Rivera, indígena Bröran de Térraba, Costa Rica.

Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera R.

Le invitamos a seguir este enlace, leer el pronunciamiento, firmar si está de acuerdo y compartir.

A más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento” seguimos sufriendo el racismo – ante la absolución del asesino confeso de Jerhy

Pablo Sibar

Jueves 19 de septiembre un día que el territorio Brörán recordará

Aunque llevamos más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento”, en el cual masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siento exactamente racistas al dejar libre a un asesino confeso. A pesar de no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras, ya está totalmente definido que los territorio nos pertenecen.

Yo le pregunto a estos jueces, ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza? Los finqueros saben que sólo con la violencia pueden seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores, pero con estas resoluciones solo los empodera ya que nos pueden matar y nada pasa.

Miro que si un ciudadano mata a un animal puede ser severamente castigado, pienso entonces, que valemos menos que un animal. Lo que quiero decir es que si un animalito tiene derechos, ¿dónde están nuestros derechos? Nosotros también tenemos derecho, pero no logro mirar esos derechos.

Han asesinado a Sergio, caso archivado por no dar con los responsables; el caso de Jerhy: a su asesino confeso los jueces lo dejan libre.

¿Cuál será el destino de nuestros territorios? Siempre he dicho: todas y todos los costarricense son culpables de estas muertes. Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz, pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios esa paz no llegará. Mientras los gobiernos no reconozcan nuestras organizaciones propias seguiremos en manos del Estado que se ha convertido en un Estado criminal.

Escribo esto desde mi recuperación, que de milagro sigo vivo, y que con este caso mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado. Creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestros territorios.

Como recuperador me siento orgulloso de tener hoy un pedacito de tierra dónde vivir y producir, aunque un abogado diga burlonamente que Pablo habló de un paraíso y me trató de usurpador en mi propia tierra. Le invito a él y a los jueces para que miren los cambios y la alegría que existe en Crun Shurín. Tenemos lo que los indígenas decimos un buen vivir. Para vivir bien seguiremos en nuestras luchas para que se reconozcan nuestros derechos y que, algún día no muy lejano, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo nos den los derechos que nos pertenecen.

La lucha sigue y sigue el pueblo Brörán vive y vive