Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.
Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.
Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.
Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.
Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.
Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.
Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Imagen tomada de http://derech0sindigenas.blogspot.com
El día 16 de marzo de 2024 el señor Marco Levy Virgo escribe al Consejo Superior Poder Judicial en su calidad de ciudadano Afro costarricense y amparado en el Convenio 169 de la OIT, solicita respetuosamente una respuesta antes de la creación Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y El Poder Judicial ha creado la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y emite lineamientos que permiten implementar las reglas prácticas para facilitar el Acceso a la Justicia de esa Población, y también crea por aparte una subcomisión de afrodescendientes. Por ello solicitó dar respuesta a los siguientes puntos:
Indicar cual es la razón jurídica y administrativa para que exista una división creada por el Poder Judicial en relación con las dos poblaciones, Tribales e Indígenas de Costa Rica, pues se han creado dos comisiones diferentes, con representantes diferentes, con una tutela diferente, para dos pueblos tribales cubiertos por una misma Ley y por un mismo Tratado Internacional y que por ende tienen los mismos derechos, mismas obligaciones y que no pueden ser discriminados por parte del Estado.
Indicar cual es la razón jurídica y administrativa tomada por el Poder Judicial para decidir, por un lado, que los representantes de del Poder Judicial en la Sub-Comisión de Asuntos indígenas sean en su mayoría personas de la alta jerarquía de la Corte, pues la conforman personas que en su mayoría pueden tomar decisiones tanto a nivel administrativo como judicial, dado que está conformada por las siguientes personas:
Sr. Jorge Olaso Álvarez, MAGISTRADO, COORDINADOR COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA
Sra. Damaris Vargas Vásquez, MAGISTRADA, COORDINADORA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE POBLACIÓN INDÍGENA.
Sr. Paul Rueda Leal, MAGISTRADO SALA CONSTITUCIONAL.
Sr. Gerardo Rubén Alfaro Vargas, MAGISTRADO SALA TERCERA.
Suplente: SRA. JOVANNA CALDERÓN ALTAMIRANO.
Sra. Melissa Benavides Víquez, UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA
Sra. Angie Calderón Chaves, SUPLENTE: UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA.
Sra. Kattia Morales Navarro, DIRECTORA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Sra. Rebeca Guardia Morales, DIRECTORA A.Í. ESCUELA JUDICIAL.
Suplentes: SRA. MAGDALENA AGUILAR ÁLVAREZ.
Sra. Maricruz Chacón Cubillo, CENTRO DE APOYO, COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
Suplentes: SR. CRISTIAN ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, SRA. PAULA CAMPOS VALVERDE.
Sr. Erick Alfaro Romero, CONTRALOR DE SERVICIOS.
Suplentes: SRA. YANORY OLAYA DELGADO.
Sr. Hugo Vega Castro, DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Suplente: SRA. STEPHANNIE PHILLIPS ASCH.
Sr. José Pablo Rodríguez Alpízar, DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.
Sr. Alí García, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
Todas estas personas tienen poder de decisión administrativo sobre asuntos indígenas, e inclusive toman decisiones judiciales en expedientes en tramite y deben resolver en definitiva en conflictos judiciales a favor de un indígena y en contra de un particular o de otro pueblo tribal. Mientras tanto en relación con el pueblo Tribal Afrodescendiente, también protegido por el convenio 169 de la ONU, el Poder Judicial crea una subcomisión solo para ese pueblo Tribal y nombra representantes a personas sin don de mando y que no tienen la posibilidad de tomar decisiones administrativas ni judiciales relacionadas con la población afro, pues esa comisión la conforman
SONGHAY WHITE CURLING, COORDINADORA, Juzgado VD Desamparados
AIDA CRISTINA SINCLARE MYERS, Escuela Judicial
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CRUZ, OIJ
ENRIQUE JOSEPH JACKSON, Municipalidad Talamanca
JAZMÍN OROZCO ARIAS, Dirección de Gestión Humana
PRISCILA ELIZONDO HERNÁNDEZ, Ministerio Público
DIANA SENIOR ANGULO, Universidad de Costa Rica
MELISSA BENAVIDES VÍQUEZ, Unidad de Acceso a la Justicia
ANGIE CALDERÓN CHAVES, Unidad de Acceso a la Justicia
JOSELYN BRIGHT CAMPOS, Defensa Pública
EDWIN PATTERSON, Sociedad Civil
LUCETT WATLER ELLIS, JUAN ÁVILA LESLIE WILSON SHIMPSON, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Analizadas ambas listas de representantes se desprende con claridad discriminación en perjuicio de las personas afrodescendientes por los siguientes motivos:
1.- El Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es claro y no hace distinción alguna entre pruebo indígena y pueblo tribal (afrodescendiente) y el Poder Judicial está creando una discriminación en perjuicio de la población Afro, una división no autorizada en materia de derechos humanos, ello pues con el simple hecho de formar dos comisiones por separado, está generando división, pues el Convenio no hace dicha división.
2.- El Poder Judicial al crear dos comisiones por separado está incumpliendo con la obligación de emitir medidas especiales y acciones afirmativas, para asegurar la protección y avance de la igualdad de los pueblos protegidos por el convenio de la OIT 169. Esas medidas son las que reclamó para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente, que sufre desigualdades estructurales que han llevado a esa población a ser víctimas de procesos históricos de exclusión.
3.- En materia de derechos humanos, existe la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.
4.- La lista de personas encargadas por el Poder Judicial para formar parte de una Comisión de acceso a la justicia de indígenas y Afros, es totalmente desproporcional en cuanto a temas como la autoridad del representante a lo interno del Poder Judicial, el rango, currículo, preparación académica, y la posibilidad de toma de decisiones de ese representante, pues se crean dos comisiones cuyos representantes para efectos de los indígenas son funcionarios del más alto nivel administrativo y judicial y por otro para los Afrodescendientes, se enlistan a personas que no tienen poder de decisión ni administrativo ni judicial y que a lo interno del Poder Judicial son funcionarios valiosos pero que ocupan cargos rasos y normales. Por lo anterior, tomando como fundamento las atribuciones, deberes y obligaciones legales que le corresponden al Poder Judicial, solicita respetuosamente remitir la siguiente información:
a) Cuando fue nombrada la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes y cuando la de indígenas.
b) Quien ostenta la dirección o coordinación de ambas comisiones.
c) Indicar cuál es la razón jurídica para que se tenga la regulación en dos comisiones diferentes para una sola población que es Tribal y que abarca a indígenas y afrodescendientes.
d) Quién fue la entidad o persona encargada de seleccionar y nombrar a cada uno de los participantes en la sub comisión de indígenas y afrodescendientes y qué puntos fueron analizados para calificar a cada uno de los elegidos como personas aptas para formar parte de la comisión.
e) Indicar en ambas comisiones, desde la fecha de creación de cada una de ellas, cuál ha sido el calendario de las reuniones que han realizado, cuántas reuniones han tenido y quienes son los funcionarios que han acudido a las reuniones.
f) Indicar cuales son los acuerdos o recomendaciones, directrices o circulares emitidos por cada comisión a favor de los afrocostarricenses y a favor de indígenas. Favor adjuntarlas.
g) Informar cuáles han sido las gestiones, actuaciones, solicitudes, directrices, circulares, que históricamente ha emitido el Poder Judicial a favor de la Población Indigena y a favor de la Población Afro.
h) Informar si las circulares o directrices que emite el Poder Judicial para tutelar derechos de esta población protegida por el Convenio 169 de la OIT, se dirigen directamente solo a la población indígena o si por el contrario se dirigen de manera general a la tutela de protección de poblaciones Tribales.
i) Indicar cuál fue el fundamento jurídico, administrativo y técnico utilizado por el Poder Judicial, para nombrar los representantes de las subcomisiones de indígenas y afrodescendientes.
j) Informar cuales son los cursos de capacitación emitidos por el Poder Judicial, Escuela Judicial, sobre temas indígenas y sobre temas de derechos de los afrodescendientes, con indicación expresa de cuál fue la población judicial a la que se invitó a cada uno de esos cursos y los temas a tratar.
Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
La reunión se realizó en el Liceo de Isla Chira este miércoles 6 de marzo.
Como parte de las acciones destinadas para acercar el Poder Judicial a la gente, el próximo miércoles 6 de marzo de 2024, autoridades judiciales se trasladaron a Isla Chira para sostener un diálogo abierto con los vecinos de esta comunidad.
Este encuentro ciudadano inició a las 9:30 a.m., bajo la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y se llevó a cabo en el marco de la reunión del sector Justicia de Costa Rica, con el objetivo de acercar y mejorar los servicios en la Isla Chira.
La ciudadanía tuvo la posibilidad de dialogar con personal judicial, realizar trámites, acceder a información, recibir capacitación, conocer propuestas de mejora de servicios y dar sus puntos de vista.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que visitas como esta evidencian la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente. “Para mejorar los servicios de justicia, es esencial escuchar a las personas usuarias, tener empatía con ellas, buscar siempre mejorar; por ello es por lo que dejamos nuestras oficinas en San José para conocer otras realidades de primera mano”, manifestó.
La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de justicia, direcciones administrativas y personal judicial. Además de representación de la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.
Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR
No queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo
En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.
Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.
No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”. Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho? Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.
En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.
No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica.
Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.
Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo. No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado: “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.
Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.
Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo, sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud. Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica. Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.
Manuel Rojas Salas Docente en la Facultad de Derecho, UCR
El Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak, ocurrido en el año 2019. Asimismo, expresa su solidaridad con su familia, su comunidad, los pueblos indígenas del país y con toda la sociedad costarricense.
Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato.
Por tal razón, ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente.
Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos. También se ha comprometido a asegurar la justicia pronta y cumplida cuando se den violaciones a dichos principios.
En específico, destacamos lo indicado por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai en el informe de su visita al país en el que refiere la urgencia de “establecer un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, así como profundizar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, y con ello evitar la tensión social en los distintos territorios, lo cual constantemente hemos reiterado.
La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.
En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:
Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.
El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.
El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.
La información completa se encuentra en el PDF adjunto.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha emitido un contundente rechazo a las políticas públicas que han desencadenado una alarmante ola de renuncias en el Poder Judicial. Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva, expresó su indignación ante la situación actual, catalogándola como inadmisible en tiempos de crisis nacional.
El presidente del Colegio hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para abordar de inmediato la crisis que afecta al Poder Judicial. En un país que enfrenta crecientes índices de crímenes y violencia, la precarización de la labor de quienes imparten justicia se vuelve aún más preocupante.
Según datos oficiales, entre 2021 y 2023, 151 jueces y juezas, 199 personas del Organismo de Investigación Judicial, 76 funcionarios de Dirección y Administración, 62 del Ministerio Público y 28 de la Defensa Pública han renunciado. Las razones principales incluyen recortes presupuestarios, reducciones salariales, debilitamiento del régimen de pensiones, falta de formación exclusiva y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) realizó una encuesta entre las 400 personas funcionarias que renunciaron, revelando las siguientes razones:
Baja remuneración económica: 47.06%
Ambiente de trabajo insatisfactorio: 55.88%
Cambio en el Régimen de Pensiones: 52.94%
Desmotivación: 76.47%
Expectativa laboral distinta a cuando ingresaron: 52.94%
Falta de reconocimiento a su labor: 44.12%
Búsqueda de nuevas aspiraciones personales: 52.94%
En respuesta a esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas, junto a su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, anunció la evaluación de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el Poder Judicial y evitar la pérdida de más profesionales. Además, instaron a los Poderes de la República a agilizar la aprobación de leyes necesarias para abordar la crisis, evitando consecuencias aún más graves. La comunidad legal espera que estas acciones contribuyan a restablecer la estabilidad y eficiencia en el sistema judicial del país.
El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.
Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.
Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.
Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.
El Bicentenario de Costa Rica, se tiñe de sangre e impunidad, profundizando así la discriminación, violencia y violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La invisibilización, el desconocimiento y la omisión por parte del Estado, lo hace responsable por no garantizar los derechos que poseen consuetudinariamente nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico.
La violencia materializada mediante las instituciones, involucra a los 4 poderes de la república, el poder legislativo, por no adecuar las leyes, según las realidades culturales, espirituales de los pueblos indígenas, el poder ejecutivo, por omitir la garantía de la protección de los derechos de los pueblos, en las políticas que se implementa desde sus ministerios, por otra parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que no incide, en la construcción de propuestas más inclusivas, con participación y representación política de los pueblos indígenas.
Se suma, el poder judicial, con impunidad, desatención en la investigación, del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, más aún que mediante la fiscalía se ha solicitado el desistimiento definitivo, dando así la posibilidad de liberar a los responsables directos e indirectos del cobarde asesinato. Este proceso se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, de manera privado, los días 7 y 8 de diciembre.
Sergio en vida, recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural.
Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida.
El Estado debe desalojar a los poseedores de mala fe y presupuestar para indemnizar a los poseedores de buena fe.
Continuamos en la reafirmación y autonomía de los pueblos sobre sus Tierra/Territorio: Espiritualidad propia, Cultura, Gobernanza tradicional o Identidad, Educación propia y Soberanía alimentaria.
El luchador social Célimo Guido anuncia que se prepara junto a su abogado para apelar el resultado de una resolución del Tribunal de Juicio, donde se tramitaba una denuncia por difamación del exministro de seguridad Michael Soto.
Le invitamos a escuchar la explicación de Célimo Guido y su abogado en este breve video:
