Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
La reunión se realizó en el Liceo de Isla Chira este miércoles 6 de marzo.
Como parte de las acciones destinadas para acercar el Poder Judicial a la gente, el próximo miércoles 6 de marzo de 2024, autoridades judiciales se trasladaron a Isla Chira para sostener un diálogo abierto con los vecinos de esta comunidad.
Este encuentro ciudadano inició a las 9:30 a.m., bajo la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y se llevó a cabo en el marco de la reunión del sector Justicia de Costa Rica, con el objetivo de acercar y mejorar los servicios en la Isla Chira.
La ciudadanía tuvo la posibilidad de dialogar con personal judicial, realizar trámites, acceder a información, recibir capacitación, conocer propuestas de mejora de servicios y dar sus puntos de vista.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que visitas como esta evidencian la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente. “Para mejorar los servicios de justicia, es esencial escuchar a las personas usuarias, tener empatía con ellas, buscar siempre mejorar; por ello es por lo que dejamos nuestras oficinas en San José para conocer otras realidades de primera mano”, manifestó.
La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de justicia, direcciones administrativas y personal judicial. Además de representación de la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.
Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR
No queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo
En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.
Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.
No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”. Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho? Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.
En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.
No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica.
Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.
Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo. No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado: “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.
Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.
Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo, sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud. Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica. Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.
Manuel Rojas Salas Docente en la Facultad de Derecho, UCR
El Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak, ocurrido en el año 2019. Asimismo, expresa su solidaridad con su familia, su comunidad, los pueblos indígenas del país y con toda la sociedad costarricense.
Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato.
Por tal razón, ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente.
Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos. También se ha comprometido a asegurar la justicia pronta y cumplida cuando se den violaciones a dichos principios.
En específico, destacamos lo indicado por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai en el informe de su visita al país en el que refiere la urgencia de “establecer un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, así como profundizar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, y con ello evitar la tensión social en los distintos territorios, lo cual constantemente hemos reiterado.
La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.
En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:
Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.
El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.
El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.
La información completa se encuentra en el PDF adjunto.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha emitido un contundente rechazo a las políticas públicas que han desencadenado una alarmante ola de renuncias en el Poder Judicial. Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva, expresó su indignación ante la situación actual, catalogándola como inadmisible en tiempos de crisis nacional.
El presidente del Colegio hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para abordar de inmediato la crisis que afecta al Poder Judicial. En un país que enfrenta crecientes índices de crímenes y violencia, la precarización de la labor de quienes imparten justicia se vuelve aún más preocupante.
Según datos oficiales, entre 2021 y 2023, 151 jueces y juezas, 199 personas del Organismo de Investigación Judicial, 76 funcionarios de Dirección y Administración, 62 del Ministerio Público y 28 de la Defensa Pública han renunciado. Las razones principales incluyen recortes presupuestarios, reducciones salariales, debilitamiento del régimen de pensiones, falta de formación exclusiva y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) realizó una encuesta entre las 400 personas funcionarias que renunciaron, revelando las siguientes razones:
Baja remuneración económica: 47.06%
Ambiente de trabajo insatisfactorio: 55.88%
Cambio en el Régimen de Pensiones: 52.94%
Desmotivación: 76.47%
Expectativa laboral distinta a cuando ingresaron: 52.94%
Falta de reconocimiento a su labor: 44.12%
Búsqueda de nuevas aspiraciones personales: 52.94%
En respuesta a esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas, junto a su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, anunció la evaluación de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el Poder Judicial y evitar la pérdida de más profesionales. Además, instaron a los Poderes de la República a agilizar la aprobación de leyes necesarias para abordar la crisis, evitando consecuencias aún más graves. La comunidad legal espera que estas acciones contribuyan a restablecer la estabilidad y eficiencia en el sistema judicial del país.
El tema de la impunidad se vuelve a presentar ante todos nosotros a pesar de que en este caso se da con la imposición de una pena a una persona, cuyos delitos se comprobaron hace más de cuatro años y hasta ahora se le imponen los años de prisión, aunque no los que debían ser.
Muy lamentable las manifestaciones dadas por esa persona en el sentido de que “NO SE ARREPIENTE DE NADA” es decir, que volvería a cometer esos 32 delitos que le fueron comprobados. Y también lamentable que indique que “ella jamás irá a la cárcel” apoyándose en las palabras del Juez al justificar la pena.
Su paso por la función pública no la sensibilizó en nada y lo peor es que hace alarde de ello.
Dios quiera que la justicia logre sus propósitos en el futuro, porque en este caso no lo logró. Que sea pronta y cumplida, es decir, que no suceda que se condena en un momento y tengan que pasar más de cuatro años para que se imponga la sanción, y que, además, sea ejemplarizante para que quienes deseen delinquir sepan lo que les sucederá. Tampoco ha sido ejemplarizante esta pena.
El Bicentenario de Costa Rica, se tiñe de sangre e impunidad, profundizando así la discriminación, violencia y violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La invisibilización, el desconocimiento y la omisión por parte del Estado, lo hace responsable por no garantizar los derechos que poseen consuetudinariamente nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico.
La violencia materializada mediante las instituciones, involucra a los 4 poderes de la república, el poder legislativo, por no adecuar las leyes, según las realidades culturales, espirituales de los pueblos indígenas, el poder ejecutivo, por omitir la garantía de la protección de los derechos de los pueblos, en las políticas que se implementa desde sus ministerios, por otra parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que no incide, en la construcción de propuestas más inclusivas, con participación y representación política de los pueblos indígenas.
Se suma, el poder judicial, con impunidad, desatención en la investigación, del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, más aún que mediante la fiscalía se ha solicitado el desistimiento definitivo, dando así la posibilidad de liberar a los responsables directos e indirectos del cobarde asesinato. Este proceso se lleva a cabo en los tribunales de Buenos Aires, de manera privado, los días 7 y 8 de diciembre.
Sergio en vida, recibió reiteradas amenazas, intentos de asesinato y la injusta cárcel contra los DDHH, con participación del Estado, que ha sido el principal gestor de la violencia sistemática y estructural.
Exigimos al Estado, asumir su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos, la vida e integridad de los pueblos y sus miembros y una justicia, pronto y cumplida.
El Estado debe desalojar a los poseedores de mala fe y presupuestar para indemnizar a los poseedores de buena fe.
Continuamos en la reafirmación y autonomía de los pueblos sobre sus Tierra/Territorio: Espiritualidad propia, Cultura, Gobernanza tradicional o Identidad, Educación propia y Soberanía alimentaria.
El luchador social Célimo Guido anuncia que se prepara junto a su abogado para apelar el resultado de una resolución del Tribunal de Juicio, donde se tramitaba una denuncia por difamación del exministro de seguridad Michael Soto.
Le invitamos a escuchar la explicación de Célimo Guido y su abogado en este breve video:
Este 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia en el caso de nuestro hermano Sergio Rojas del clan Uniwak y en el cual la Fiscalía pedirá el sobreseimiento definitivo del asesinato político de nuestro hermano.
Rechazamos de plano dichas intenciones y CULPAMOS al ESTADO COSTARRICENSE por este asesinato y por la enorme mancha de IMPUNIDAD existente que impera en el Pueblo Bribri de Salitre a raíz de la nula acción de parte del Poder Judicial por investigar este caso.
Además, recordamos que este panorama solo aumentaría la violencia en la que se encuentra nuestro pueblo y que sería un grave retroceso por parte del Estado en aras de cumplir con el marco jurídico existente en el país en cuanto a derechos indígenas.
Esto es una muestra más de lo discriminatorio y racista que es este sistema judicial, y que ha sido un actor principal en contra de los procesos de recuperación los cuales impulsaba nuestro hermano Sergio y quien en vida sufrió la persecución, el acoso, la violencia del sistema judicial que incluso lo llevo a estar en prisión sin causa justificada.
El CODIAW como parte beneficiaria de las Medidas Cautelares en favor del Pueblo Bribri censura con su más enérgica voz todas las acciones, que a luz del marco jurídico que tutela nuestros derechos, el Estado ha ejecutado en contra nuestra culminando negativamente con la no investigación del asesinato de nuestro hermano.
El bicentenario del Estado costarricense se vio manchado con la sagrada sangre de nuestro hermano Bribri Sergio Rojas Ortiz que después de 4 años la fiscalía no encuentra culpables por el simple hecho que Sergio era un Bribri, caso contrario sería si hubieran asesinado a un político o un millonario, que en el peor panorama y bajo todo pronóstico ya hubieran sentado culpables. Pero esta es la verdadera Costa Rica que todo el mundo proclama como un país de paz.
Desde nuestra organización extendemos nuestra voz a todas las personas y organizaciones aliadas y les invitamos a unirse para continuar exigiendo que los culpables sean llevados ante los tribunales.
Además, hacemos un llamado a todas aquellas personas, organizaciones que defienden los derechos de los Pueblos Originarios a manifestarse de distintas formas en contra de esta nefasta intención de la Fiscalía.
¡SERGIO VIVE!
“EL ESTADO ASESINA A LOS LIDERES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”
La Defensa Pública, fiel a su compromiso por llevar los servicios institucionales a las zonas más alejadas del país, inauguró el pasado 30 de noviembre, los servicios que ofrecerá de manera virtual y presencial, a las personas que viven en el cantón de Rio Cuarto.
De esta manera, las personas que viven en esta localidad tendrán acceso a los servicios que ofrece esta institución en materia penal, laboral, derecho agrario, familia, penal juvenil, contravenciones, ejecución de la pena, justicia restaurativa, pensiones alimentarias, contencioso administrativo y atención de personas indígenas.
“La apertura de servicios que estamos inaugurando, es una gestión que se realizó entre la asociación de desarrollo y las fuerzas vivas del cantón de Río Cuarto, quienes nos facilitaron un espacio físico y equipo de cómputo, el cual nos permitirá brindar el servicio de asesoría y representación legal de manera presencial y virtual, lo que demuestra cómo, la Defensa Pública y el Poder Judicial, se están acercando cada vez más a la ciudadanía que demanda sus servicios” afirmó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública.
En la actividad también participó Karen Valverde Chaves, fiscala subrrogante del Ministerio Público, quien manifestó que la entidad que ella representa también aprovechará este acercamiento para brindar una atención integral a las personas que requieran los servicios de la fiscalía.
La atención presencial por parte de la Defensa Pública, se brindará los primeros y terceros viernes de cada mes, iniciando el próximo 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Si usted requiere tener acceso a estos servicios, también puede llamar al número de teléfono 2401-0314 de la Defensa Pública de San Carlos o al correo electrónico defensa-sca@poder-judicial.go.cr
Información de Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
