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Etiqueta: Poder Judicial

UCR, Voz experta: Educación jurídica y comején democrático

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho Foto: Anel Kenjekeeva UCR.

A propósito de los resultados de las Pruebas de Excelencia, del Colegio de Abogados y Abogadas

Si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas, debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica

“…un país bien organizado ‘podría cerrar las Facultades de Derecho durante años, si no para siempre, sin grave daño social’. No sólo porque lo que se enseña en tales espacios se encuentra desfasado de las transformaciones sociales que están sucediendo, sino porque el transcurso por las escuelas de Derecho no ha servido para tener mejores operadores del sistema de justicia”

Garza Onofre, Juan Jesús (2023).

No estudies derecho. Taurus.

En su texto “¿Cómo mueren las democracias?” (2018, Ariel) los profesores Levitsky y Ziblatt proponen, a grandes rasgos, que la recesión democrática actual se da no por vías violentas o militares sino por medio del larvado de las instituciones, las cuales son subvertidas desde el interior para modificar los mecanismos que condujeron al poder a quienes pretenden hacerse permanente con él. Para ello, ejemplifican los autores, se ponen en marcha reformas constitucionales, plebiscitos, cambios legales y procesos y fallos judiciales (lawfare). No pretendo profundizar en esos aspectos pero sí es llamativo que, para todos, se necesitan abogados y abogadas que conozcan los vericuetos y recovecos normativos y que puedan, sin sonrojo, ignorarlos o romperlos a cambio de recompensas económicas o dosis de poder.

González Villalobos (1989) describió, para la Costa Rica decimonónica, una relación entre los primeros centros de estudios jurídicos y la construcción del Estado:

«…El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, pues vinieron a (…) asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción pública, así como la de múltiples empresas privadas (…) De ahí que don Vicente Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados justos, fieles defensores…»

De la misma forma en que los y las juristas fueron determinantes en el diseño y la construcción del Estado Republicano, Democrático y Constitucional de Derecho (sin que con esta afirmación pretenda desconocerse el papel plural de los diversos actores y movimientos sociales), los (y las) abogánsters del presente juegan un rol relevante en su destrucción, máxime cuando en la realidad actual del país se constata la existencia de una masa amorfa de normativas yuxtapuestas, la emisión de leyes repetidas, mal hechas o sin contenido presupuestario, múltiples procesos de corrupción en la función pública y un sistema judicial que es incapaz de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de la ciudadanía y, en particular, a los grupos más vulnerabilizados, todo lo cual —adobado en medio de la inequidad socio-económica imperante— crea el caldo de cultivo para el desarrollo de sistemas populistas y autoritarios.

Basta dar un vistazo a los resultados de las autollamadas “Pruebas de Excelencia” del Colegio de Abogados y Abogadas (en adelante CAA) para comprobarlo. Si se agrupan los datos oficiales divulgados desde que se implementaron[1], se tiene que a esta fecha hay 23 casas de estudios emisoras de títulos de licenciatura en Derecho. De ellas, tres postulan el mayor número de personas (en su orden Universidad Latina, la de San José y la Cristina del Sur, en azul en el cuadro) y la última encabeza, también, la lista de las entidades con mayores porcentajes de reprobaciones, seguida por la Universidad Panamericana y la Universidad San Juan de la Cruz (datos en rojo en el cuadro). Finalmente, los mayores porcentajes de aprobación (ordenadas porcentualmente) son las personas provenientes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Libre de Derecho y quienes equiparan títulos extranjeros (datos en verde) según se muestra enseguida:

Fuente:

Elaboración propia con base en los datos oficiales publicados para cada prueba por el CAA en su página web: https://www.campusvirtualabogados.cr/estadisticas/

Los números absolutos no representan cantidad de personas sino de postulaciones, aprobaciones o reprobaciones.

Según Gómez (2024), el mayor fallo en este tipo de evaluación se produce en las áreas de derecho administrativo y penal, es decir, en la normativa que regula el espacio público, de construcción y mantenimiento de la institucionalidad y la convivencia social. Entonces, surge inevitable la pregunta ¿hay alguna conexión entre esa paupérrima formación jurídica y la debacle democrática e institucional que se vive en Costa Rica?

Aunque no se ha efectuado ningún estudio interdisciplinario para analizar exhaustivamente —tanto desde su metodología como desde su orientación didáctica y contenido— los resultados de esas evaluaciones, a modo de hipótesis se proponen algunas variables que gravitan como causas de esos resultados:

i.- la proliferación de centros privados de enseñanza del derecho como espacios de mero lucro, con ausencia de regulación estatal. Desde 1843[2] hasta 1975, solo una institución impartió estudios jurídicos: la Universidad de Santo Tomás, sucedida por la “Escuela de Derecho” a cargo del Colegio de Abogados y luego absorbida por la UCR. En 1976 abrió las puertas la UACA con 4 colegios habilitados para impartir la disciplina (Académico, Escuela Libre de Derecho, Santo Tomás de Aquino y Stvdiwm General). A partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se produce una explosión de centros de este tipo al punto que en 2017 había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se ofrecía la enseñanza del derecho (Marenco Silvia y Vásquez, 2018). Aparentemente, desde la creación del Conesup, solo la Universidad Cristiana del Sur ha sido cerrada por tal entidad.[3]

Hay centros privados en donde una sola persona imparte todo el pénsum o los docentes son sancionados si reprueban a estudiantes. Al tiempo que disminuyen los contenidos aumentan las pompas y con ceremonias similares a fiestas de disfraces, se conceden doctorados horroris causa (Mora Sánchez, 2023) y emergió una pléyade de másters flash (así, en inglés, porque suena más cool), doctores y postdoctores de la ley, algunos de los cuales cuentan con una cantidad de titulaciones dignas de récords Guinness y cuyo nicho de mercado se ha concentrado en la representación de movimientos de ultraderecha, anticiencia, o antiderechos humanos. Hasta personas expulsadas de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR por pérdida continua de cursos figuran como docentes de centros privados y del propio CAA.[4] 

ii.- hay un negocio instaurado alrededor de la prueba misma, sin ningún tipo de regulación o control, en el cual, además del cobro por hacer el examen, se ofrecen cursos de preparación (en su mayoría no gratuitos) de preparación, aún a cargo del CAA y de quienes integran el Comité designado para formular y vigilar la prueba.[5]

iii.- ha existido un impacto del “apagón educativo” en las competencias mínimas del estudiantado universitario así como en la deficiente formación del profesorado de lo jurídico (Conare, 2023, Noveno Informe Estado de la Educación, págs. 266 y 286). Nótese que en centros como la Universidad de Costa Rica y la Escuela Libre de Derecho[6], que presentan los mejores indicadores, los resultados no son los deseables, pues solo el 72% y el 68% de sus postulantes, respectivamente, aprueban.

iv.- Deficiencias en y alrededor de la evaluación misma: el aplicado no es el mejor instrumento (memorístico) ni los ítems se encuentren correctamente planteados. No se trata de una prueba auditada o testeada por profesionales ajenos a los que la elaboran. Se han localizado ítems mal construidos y respuestas erróneas presentadas como válidas.[7] A eso se suma que los temarios ofrecidos en la página del CAA datan de 2020 (en un país con un activismo legislativo sin precedentes y en cuyo lapso se han efectuado cambios normativos significativos en la codificación) y que hay una negativa del CAA a entregar a los postulantes una copia completa de sus resultados, indicadores todos de una indebida gestión.

Pero, al margen de las causas de esos resultados, conviene pensar en sus consecuencias. Buena parte de las entidades empleadoras de esos profesionales están en la Administración Pública.[8] En el marco del modelo sociopolítico y económico vigente a partir de los años 80 del siglo anterior, el modelo de educación jurídica se orientó hacia lo técnico o tecnocrático, en detrimento de la formación integral humanista. Se hizo predominar la rapidez y lo pragmático por sobre el análisis y la criticidad. Surgieron los profesionales “codigueros” en detrimento de los y las juristas pensantes. Son las personas con estos déficits quienes, desde entonces, atienden las diversas funciones del Estado.

Es claro que si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica, tanto pública como privada, esta última mediante procesos de regulación tanto de la calidad de la oferta como de los precios.

En el caso de la formación jurídica superior pública, la Universidad de Costa Rica tiene importantes desafíos: por un lado, debe ser pionera en la construcción de procesos pedagógicos de lo jurídico que permitan certificar al profesorado de este campo. Ya no basta con formar abogados y abogadas, sino que se requiere formar docentes de lo jurídico que se enfrenten a las necesidades y desafíos concretos de las nuevas generaciones. Pero, además, debe “exportarse” el conocimiento de las nociones jurídicas básicas hacia la educación secundaria. De la misma forma en que los programas de ciencias y matemáticas universitarios se llevaron al ciclo diversificado, es necesario que la Facultad de Derecho de la UCR, ofrezca nociones mínimas de derecho a esa población, las cuales permitan construir una ciudadanía crítica y pensante que, a su vez, contribuya en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Debe hacerse un esfuerzo por llevar una educación jurídica pública de calidad a las zonas rurales y lograr la ampliación y democratización de los cupos de admisión en derecho para poblaciones afrodescendientes, indígenas y de zonas costeras y rurales, porque la juventud del país, en esas localidades, está condenada a no tener contacto con lo jurídico o tenerlo a través de una concepción tecnocrática y de baja calidad que impera en el ámbito privado. En fin,

“…antes de seguir justificando lo injustificable, instalados cómodamente en la inacción o divagando en quimeras, es impostergable pensar mejor sobre cuál es el rol de las personas que ejercen la abogacía en nuestros contextos, sobre la forma como las futuras generaciones de abogados (sic) pueden ayudar a resolver los problemas sociales y así ir conformando un mejor gremio. Un gremio que no esté integrado por autómatas ni holgazanes, que no sea machista ni tampoco ruin y despreciable, que no sea mentiroso y que no viva de las apariencias ni de viejas glorias, que no desatienda su contexto, que no hable raro, que no le tenga miedo al futuro”

Garza Onofre, Juan Jesús (2023).

No estudies derecho. Taurus.

Referencias bibliográficas.

Gómez, Tomás (2024). 95% de aspirantes a abogados fracasó en examen para ejercer carrera: ¿En qué áreas fallan más? El Observador. En: https://observador.cr/95-de-aspirantes-a-abogados-fracaso-en-examen-para-ejercer-carrera-en-que-areas-fallan-mas/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR143TCn6NSeLyUtw_xG1nvw0PNpLa9NlA1328dc1W2Jt6erq4av49qcQAA_aem_Ad-WSYkG0NnpNnGaVQLE69uzSlhT2WRdfK-5b5gcvS0ahFw5mU8Kb0rpCg13X5JQqnT0-i9NvjqcFP0i6-G0GxQa

González Villalobos, Paulino (1989). La Universidad de Santo Tomás. Editorial UCR.

Marenco Silvia, Eduardo y Vásquez, Juan José (2018). Análisis sobre los estudios de derecho en las universidades de Costa Rica. Universidad para la paz. Disponible en: https://www.upeace.org/files/Publications/Analisis%20sobre%20los%20estudios%20de%20Derecho%20en%20las%20Universidades%20de%20CR%20GIZ-UPAZ%202018.pdf

Matul Romero, Daniel (2024). Evaluación y pruebas de excelencia académica. Delfino, Teclado Abierto. En: https://delfino.cr/2024/05/evaluacion-y-pruebas-de-excelencia-academica

Mora Sánchez, Jeffry (2023). Titulaciones “horroris causa” y otra peligrosa fauna de la modernidad. https://delfino.cr/2023/02/titulaciones-horroris-causa-y-otra-peligrosa-fauna-de-la-modernidad

[1] Es decir desde el 31 de agosto de 2015 hasta marzo de 2024. Como es común en ese colegio profesional, en contravención de tratados internacionales de derechos humanos, no hay publicados datos disgregados por sexo, género, población indígena, afrodescendiente o con alguna condición de discapacidad.

[2] En que formalmente inician los estudios de las ciencias jurídicas en el país pues antes la formación se daba en la Universidad —Pontifica—de San Carlos de Guatemala, cuarto centro de estudios superior fundado en América.

[3] Así decisión del CONESUP del 13 de diciembre de 2018. Había sido previamente suspendida un año (del 01 de setiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018) y según el informe el informe CONESUP-AJ-I-060-3018, al 15 de noviembre de “no logró corregir irregularidades relacionadas a matrícula de estudiantes sin Bachillerato en Educación Media, contratación de profesores que incumplen los requisitos necesarios e infraestructura inadecuada para impartir lecciones”. Cfr.: Cordero Parra, Monserrat. CONESUP ordena cierre de Universidad Cristiana del Sur por anomalías en matricula y contratación de profesores. Semanario Universidad, 18 de diciembre de 2018. En: https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/conesup-ordena-cierre-de-universidad-cristiana-del-sur-por-anomalias-en-matricula-y-contratacion-de-profesores/ Pese a ello, sus egresados tienen derecho a efectuar el examen.

[4] Cfr. Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. Acta de la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales No. 10-2017, artículo 1.5 y el sitio del Colegio de Abogados y Abogadas https://www.campusvirtualabogados.cr/especializacion-en-derecho-penal/

[5] El artículo 14 de la ley No. 9266 previó la creación de un Comité para el Examen de Excelencia Académica integrado por el director del Departamento Académico del CAA y seis abogados o abogadas que duran en sus cargos tres años, deben tener un posgrado o experiencia comprobada en diversas áreas y no pueden tener vinculación administrativa o interés directo con universidades públicas o privadas que impartan derecho. Se desconocen los criterios que se siguen para descartar ese vínculo o conflicto de interés porque, tanto en la conformación actual como en las previas de esta entidad —y sin que esto diga nada en contra de la calidad personal y profesional de tales integrantes— hay nombres ligados a los cuerpos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, uno de los integrantes actuales imparte cursos no gratuitos de la materia que regula en el mismo CAA (cfr.: https://www.facebook.com/share/p/AZ8nVWquDF1AJ8D6/?mibextid=oFDknk)

[6] Universidades que lideran el rendimiento en esas pruebas y que poseen instalaciones adecuadas para la enseñanza y la simulación de actividades jurídicas, bibliotecas y centros de documentación amplios y actualizados, un cuerpo docente con sólida formación, una malla curricular que se extiende a lo largo de un quinquenio en promedio, programas de apoyo al estudiantado y, en el primer caso, sin fines de lucro y con orientación social.

[7] El CAA no devuelve integralmente las pruebas, solo permite tener acceso (limitado) a las respuestas calificadas como erróneas, eso para poder utilizar la base de datos posteriormente. Empero, en la página del CAA se muestra un “ejemplo” de examen en donde figura la siguiente pregunta:

La interrogante se encuentra mal formulada y cualquier opción que se pretenda correcta no lo es. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas menos para sí misma (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en adelante LJC) de modo que, aunque una gestión reitere una anterior, la Sala no debe rechazarla, declararla inadmisible o acogerla. Puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no hay norma que la obligue a efectuar alguna en específico.

[8] Por ejemplo, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, asesorías jurídicas de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Registro Público, ministerios y Poder Judicial con su subentramado institucional.

Justicia Restaurativa siembra paz

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  • En 2023 devolvió a la comunidad 2.123 personas restauradas, quienes reconocieron el daño y lo repararon

Dialogando en comunidad, las autoridades del Poder Judicial desde la Rectoría de Justicia Restaurativa, la Fiscalía General, la Dirección de la Defensa Pública y la Jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología, con una amplia participación de entidades públicas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, analizaron los resultados obtenidos en el Informe de Rendición de Cuentas de Justicia Restaurativa 2023.

La respuesta de las y los actores sociales fue muy especial y permitió una sesión de trabajo nutrida de aportes, experiencias y mejoras, que se compartieron a través de mesas de trabajo, que se realizaron este miércoles 20 de junio de 2024, en un salón completamente lleno.

“La rendición de cuentas de Justicia Restaurativa es un esfuerzo colectivo institucional, con el objetivo de brindar respuestas equitativas y reparadoras a los diferentes conflictos que se someten a conocimiento del Poder Judicial.  Resaltamos la profunda reparación del tejido social en la que nosotros estamos contribuyendo, porque esto hace que la democracia costarricense cada vez sea más sólida, haya más confianza en la justicia costarricense, especialmente, con esta forma de resolver los conflictos, reparadora y restaurativa”, destacó la Presidenta de la Corte en ejercicio, Damaris Vargas Vásquez.

Durante el diálogo en las diversas mesas de trabajo, el Rector de Justicia Restaurativa, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, resaltó los resultados obtenidos en el 2023, como el incremento de un 11% en las reuniones restaurativas.  En total se señalaron 2.820 reuniones, de éstas se realizaron efectivamente  2.258 en total, de las cuales 2.123 con acuerdo, lo que se traduce en 2.123 personas devueltas a la comunidad, restauradas al reconocer un daño y repararlo.

Esto llevó a un año 2023 con un nivel de satisfacción de un 98% y un cumplimiento de las reuniones restaurativas de un 94%, en aquellos delitos que permite la Ley, en donde quedan excluidos los delitos sexuales, de violencia grave, de penalización de la violencia contra la mujer, crimen organizado y narcotráfico.

Estos datos, contemplan 77 asuntos cuya sentencia implicó el cumplir con un plan reparador y la resolución restaurativa. Así mismo se tuvieron 76 casos con participación de personas indígenas, a quienes se les consideró su cosmovisión.

“El éxito en los resultados obtenidos en el 2023, se debe a que Justicia Restaurativa es el trabajo articulado, donde no damos un criterio si no se consensua con el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología. Los logros se alcanzan, con el acompañamiento de cada una de las direcciones del Poder Judicial y la comunidad. En medio de la oscuridad de la violencia que hoy priva en Costa Rica, nosotros tenemos que ser sembradores de paz, para cosechar paz”, afirmó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro.

Durante dicha actividad, también se reconoció el trabajo y esfuerzo de los equipos interdisciplinarios de Justicia Juvenil Restaurativa de Nicoya-Santa Cruz, y de Justicia Penal Restaurativa de Alajuela, quienes tuvieron el mayor incremento en la realización de Reuniones Restaurativas durante el año 2023.

En el acto de rendición de cuentas participaron magistradas y magistrados de las Salas de Casación Penal y Sala Segunda, integrantes del Consejo Superior, jerarcas de las Direcciones Administrativas y de los órganos auxiliares de justicia y facilitadores y facilitadoras judiciales.

Participaron además representantes de instituciones públicas, sociedad civil y organismos de cooperación internacional aliados y comprometidos con la Justicia Restaurativa como el Ministerio de Justicia, IAFA, ICD, PANI, ILANUD, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, representantes indígenas, NCSC, la academia, la Unión Europea y la Embajada de España.

En la actividad la Presidenta de la Corte en ejercicio, Damaris Vargas Vásquez, el rector de Justicia Restaurativa, magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas y la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, participando en las mesas de diálogo.
El Informe de Rendición de Cuentas de Justicia Restaurativa 2023 tuvo una amplia participación de todos los sectores involucrados en este modelo de justicia.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional Poder Judicial

Dos años moviditos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

¿Se ha comprado la bronca el presidente Chaves? Desde luego que sí. La tiene con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la prensa, que él llama canalla.

En esa bronca no le ha ido tan mal.

Prueba de ello es que Rodrigo Arias Sánchez, que ahora se rasga las vestiduras, y todo el resto de los candidatos a la presidencia de la Asamblea, corrieron a su despacho en busca de su apoyo. Prueba de ello es que también tiene “comprados” al partido de los neopentecostales de Fabricio y a una parte de la Unidad.

La bronca contra la llamada elite política por lo menos no es desaprobada por un grupo cercano a la mitad de la población; pelear contra los políticos, sus partidos y los jueces y legisladores, tan venidos a menos, no es tan negativo en cuanto a opinión pública.

Chaves, además, se presenta como el adalid contra la corrupción de los políticos y contra los grandes negociados de algunos, lo cual se asienta en una verdad. Sin embargo, lo que él oculta es que lo que propone es eliminar procedimientos para saltarse los procesos de contratación pública y con ello otorgar las contrataciones millonarias con mecanismo poco claros, lo que aumentaría aún más la corrupción. O sea, propone un sistema más corrupto.

Pero Chaves mete gato por liebre, hace que algunos ciudadanos se vayan por la forma, mientras propone liquidar el Estado de Bienestar. La bronca, el escándalo, distraen, oculta y desorienta de lo esencial o fundamental: la aprobación de medidas contra el pueblo.

La agenda que ha propuesto Chaves para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa es el mejor ejemplo: propone vender el Banco de Costa Rica, imponer las jornadas 4×3, quitar la dirección del sector electricidad al ICE, imponer la renta global que es aumentar los impuestos de renta a las micro y pequeñas empresas, a los asalariados y las personas físicas sin toca a las compañías, empresas o personas jurídicas, reformar leyes para reducir los mecanismos de contratación administrativa, así como una serie de proyectos de seguridad encaminados a aumentar penas y reducir garantías.

Esto es lo que este gobierno propone a los diputados. Claramente solo proyectos contra el pueblo. Es un programa del más rancio neoliberalismo.

En esta agenda profundamente regresiva y neoliberal es muy posible que estén de acuerdo, con algunos arreglos y matices, los de Nueva República, los de Eli, los de Pilar, la Unidad y una parte de Liberación Nacional, probablemente comandados por Rodrigo Arias. Ya los amenazó y chantajeó: me aprueban eso o voy a referendo, les dijo Chaves el pasado dos de mayo.

Habrá que movilizarse contra esta agenda de Chaves que está en la Asamblea Legislativa.

Si no prefiero el referéndum. Y a ganarlo.

Lo que sí está claro es que nos esperan dos años bastantes moviditos.

Defensoría: Esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.

Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.

Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.

Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.

Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.

Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.

Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Consulta al Consejo Superior del Poder Superior

Escrito en . Publicado en Derechos.

Imagen tomada de http://derech0sindigenas.blogspot.com

El día 16 de marzo de 2024 el señor Marco Levy Virgo escribe al Consejo Superior Poder Judicial en su calidad de ciudadano Afro costarricense y amparado en el Convenio 169 de la OIT, solicita respetuosamente una respuesta antes de la creación Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y El Poder Judicial ha creado la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y emite lineamientos que permiten implementar las reglas prácticas para facilitar el Acceso a la Justicia de esa Población, y también crea por aparte una subcomisión de afrodescendientes. Por ello solicitó dar respuesta a los siguientes puntos:

  1. Indicar cual es la razón jurídica y administrativa para que exista una división creada por el Poder Judicial en relación con las dos poblaciones, Tribales e Indígenas de Costa Rica, pues se han creado dos comisiones diferentes, con representantes diferentes, con una tutela diferente, para dos pueblos tribales cubiertos por una misma Ley y por un mismo Tratado Internacional y que por ende tienen los mismos derechos, mismas obligaciones y que no pueden ser discriminados por parte del Estado.
  2. Indicar cual es la razón jurídica y administrativa tomada por el Poder Judicial para decidir, por un lado, que los representantes de del Poder Judicial en la Sub-Comisión de Asuntos indígenas sean en su mayoría personas de la alta jerarquía de la Corte, pues la conforman personas que en su mayoría pueden tomar decisiones tanto a nivel administrativo como judicial, dado que está conformada por las siguientes personas:

Sr. Jorge Olaso Álvarez, MAGISTRADO, COORDINADOR COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA

Sra. Damaris Vargas Vásquez, MAGISTRADA, COORDINADORA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE POBLACIÓN INDÍGENA.

Sr. Paul Rueda Leal, MAGISTRADO SALA CONSTITUCIONAL.

Sr. Gerardo Rubén Alfaro Vargas, MAGISTRADO SALA TERCERA.

Suplente: SRA. JOVANNA CALDERÓN ALTAMIRANO.

Sra. Melissa Benavides Víquez, UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA

Sra. Angie Calderón Chaves, SUPLENTE: UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Sra. Sandra Pizarro Gutiérrez, REPRESENTANTE CONSEJO SUPERIOR.

Sr. Carlo Díaz Sánchez, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Suplentes: SR- SAÚL ARAYA MATARRITA.

Sr. Juan Carlos Pérez Murillo, DIRECTOR DEFENSA PÚBLICA.

Suplentes: SRA. LAURA MARCELA ARIAS GUILLEN, SR. ROBERTO MONTERO GARCÍA.

Sr. Randall Zúñiga López, DIRECTOR GENERAL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Suplentes: SRA. YORLENY FERRETO SOLANO. SR. ALLAN EDUARDO MOYA CASTRO, SR. PEDRO ARCE GONZÁLEZ.

Sra. Vanessa Villalobos Montero, DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA.

Sr. Hugo Hernández Alfaro, CONTROL INTERNO.

Suplente: SRA. INDIRA ALFARO CASTILLO.

Sr. Robert García González, AUDITORÍA JUDICIAL.

Suplente: JEREMY EDUARTE ALEMÁN.

Sra. Patricia Bonilla Rodríguez, CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL.

Suplente: SRA. KARLA LEIVA CANALES. 3

Sra. Ana Eugenia Romero Jenkins, DIRECTORA EJECUTIVA 23. Suplente: SR. WILBERT KIDD ALVARADO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO.

Sra. Nacira Valverde Bermúdez, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN.

Suplentes: SR. DIXÓN LI MORALES, SUBDIRECTOR, SR. JORGE BARQUERO UMAÑA.

Sra. Roxana Arrieta Meléndez, DIRECTORA GESTIÓN HUMANA. Suplentes: SRA. CHERYL BOLAÑOS MADRIGAL, SRA. JEANNETTE DURÁN ALEMÁN.

Sra. Kattia Morales Navarro, DIRECTORA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Sra. Rebeca Guardia Morales, DIRECTORA A.Í. ESCUELA JUDICIAL.

Suplentes: SRA. MAGDALENA AGUILAR ÁLVAREZ.

Sra. Maricruz Chacón Cubillo, CENTRO DE APOYO, COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

Suplentes: SR. CRISTIAN ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, SRA. PAULA CAMPOS VALVERDE.

Sr. Erick Alfaro Romero, CONTRALOR DE SERVICIOS.

Suplentes: SRA. YANORY OLAYA DELGADO.

Sr. Hugo Vega Castro, DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Suplente: SRA. STEPHANNIE PHILLIPS ASCH.

Sr. José Pablo Rodríguez Alpízar, DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.

Sr. Alí García, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

Todas estas personas tienen poder de decisión administrativo sobre asuntos indígenas, e inclusive toman decisiones judiciales en expedientes en tramite y deben resolver en definitiva en conflictos judiciales a favor de un indígena y en contra de un particular o de otro pueblo tribal. Mientras tanto en relación con el pueblo Tribal Afrodescendiente, también protegido por el convenio 169 de la ONU, el Poder Judicial crea una subcomisión solo para ese pueblo Tribal y nombra representantes a personas sin don de mando y que no tienen la posibilidad de tomar decisiones administrativas ni judiciales relacionadas con la población afro, pues esa comisión la conforman

SONGHAY WHITE CURLING, COORDINADORA, Juzgado VD Desamparados

AIDA CRISTINA SINCLARE MYERS, Escuela Judicial

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CRUZ, OIJ

ENRIQUE JOSEPH JACKSON, Municipalidad Talamanca

JAZMÍN OROZCO ARIAS, Dirección de Gestión Humana

PRISCILA ELIZONDO HERNÁNDEZ, Ministerio Público

DIANA SENIOR ANGULO, Universidad de Costa Rica

MELISSA BENAVIDES VÍQUEZ, Unidad de Acceso a la Justicia

ANGIE CALDERÓN CHAVES, Unidad de Acceso a la Justicia

JOSELYN BRIGHT CAMPOS, Defensa Pública

EDWIN PATTERSON, Sociedad Civil

LUCETT WATLER ELLIS, JUAN ÁVILA LESLIE WILSON SHIMPSON, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Analizadas ambas listas de representantes se desprende con claridad discriminación en perjuicio de las personas afrodescendientes por los siguientes motivos:

1.- El Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es claro y no hace distinción alguna entre pruebo indígena y pueblo tribal (afrodescendiente) y el Poder Judicial está creando una discriminación en perjuicio de la población Afro, una división no autorizada en materia de derechos humanos, ello pues con el simple hecho de formar dos comisiones por separado, está generando división, pues el Convenio no hace dicha división.

2.- El Poder Judicial al crear dos comisiones por separado está incumpliendo con la obligación de emitir medidas especiales y acciones afirmativas, para asegurar la protección y avance de la igualdad de los pueblos protegidos por el convenio de la OIT 169. Esas medidas son las que reclamó para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente, que sufre desigualdades estructurales que han llevado a esa población a ser víctimas de procesos históricos de exclusión.

3.- En materia de derechos humanos, existe la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.

4.- La lista de personas encargadas por el Poder Judicial para formar parte de una Comisión de acceso a la justicia de indígenas y Afros, es totalmente desproporcional en cuanto a temas como la autoridad del representante a lo interno del Poder Judicial, el rango, currículo, preparación académica, y la posibilidad de toma de decisiones de ese representante, pues se crean dos comisiones cuyos representantes para efectos de los indígenas son funcionarios del más alto nivel administrativo y judicial y por otro para los Afrodescendientes, se enlistan a personas que no tienen poder de decisión ni administrativo ni judicial y que a lo interno del Poder Judicial son funcionarios valiosos pero que ocupan cargos rasos y normales.
Por lo anterior, tomando como fundamento las atribuciones, deberes y obligaciones legales que le corresponden al Poder Judicial, solicita respetuosamente remitir la siguiente información:

  1. a) Cuando fue nombrada la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes y cuando la de indígenas.
  2. b) Quien ostenta la dirección o coordinación de ambas comisiones.
  3. c) Indicar cuál es la razón jurídica para que se tenga la regulación en dos comisiones diferentes para una sola población que es Tribal y que abarca a indígenas y afrodescendientes.
  4. d) Quién fue la entidad o persona encargada de seleccionar y nombrar a cada uno de los participantes en la sub comisión de indígenas y afrodescendientes y qué puntos fueron analizados para calificar a cada uno de los elegidos como personas aptas para formar parte de la comisión.
  5. e) Indicar en ambas comisiones, desde la fecha de creación de cada una de ellas, cuál ha sido el calendario de las reuniones que han realizado, cuántas reuniones han tenido y quienes son los funcionarios que han acudido a las reuniones.
  6. f) Indicar cuales son los acuerdos o recomendaciones, directrices o circulares emitidos por cada comisión a favor de los afrocostarricenses y a favor de indígenas. Favor adjuntarlas.
  7. g) Informar cuáles han sido las gestiones, actuaciones, solicitudes, directrices, circulares, que históricamente ha emitido el Poder Judicial a favor de la Población Indigena y a favor de la Población Afro.
  8. h) Informar si las circulares o directrices que emite el Poder Judicial para tutelar derechos de esta población protegida por el Convenio 169 de la OIT, se dirigen directamente solo a la población indígena o si por el contrario se dirigen de manera general a la tutela de protección de poblaciones Tribales.
  9. i) Indicar cuál fue el fundamento jurídico, administrativo y técnico utilizado por el Poder Judicial, para nombrar los representantes de las subcomisiones de indígenas y afrodescendientes.
  10. j) Informar cuales son los cursos de capacitación emitidos por el Poder Judicial, Escuela Judicial, sobre temas indígenas y sobre temas de derechos de los afrodescendientes, con indicación expresa de cuál fue la población judicial a la que se invitó a cada uno de esos cursos y los temas a tratar.

Poder Judicial visitó Isla Chira para escuchar a la comunidad y mejorar los servicios de justicia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional

  • La reunión se realizó en el Liceo de Isla Chira este miércoles 6 de marzo.

Como parte de las acciones destinadas para acercar el Poder Judicial a la gente, el próximo miércoles 6 de marzo de 2024, autoridades judiciales se trasladaron a Isla Chira para sostener un diálogo abierto con los vecinos de esta comunidad.

Este encuentro ciudadano inició a las 9:30 a.m., bajo la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) y se llevó a cabo en el marco de la reunión del sector Justicia de Costa Rica, con el objetivo de acercar y mejorar los servicios en la Isla Chira.

La ciudadanía tuvo la posibilidad de dialogar con personal judicial, realizar trámites, acceder a información, recibir capacitación, conocer propuestas de mejora de servicios y dar sus puntos de vista.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó que visitas como esta evidencian la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente. “Para mejorar los servicios de justicia, es esencial escuchar a las personas usuarias, tener empatía con ellas, buscar siempre mejorar; por ello es por lo que dejamos nuestras oficinas en San José para conocer otras realidades de primera mano”, manifestó.

La actividad contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de justicia, direcciones administrativas y personal judicial. Además de representación de la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, CONAMAJ, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

UCR. Voz experta: La desbandada en el Poder Judicial es una lamentable situación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Dr. Manuel Rojas Salas, abogado y docente de la Facultad de Derecho, UCR.

Por Manuel Rojas Salas, Facultad de Derecho, UCR

No queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo

En días pasados causó un enorme revuelo mediático, la muy lamentable renuncia a su puesto, por parte del único odontólogo forense con el que contaba el Poder Judicial de nuestro país. En una carta en donde el valiente profesional dijo las cosas por su nombre y sin el más mínimo reparo, señaló lo que podría señalarse como una política regresiva en materia salarial e igualmente una cultura que solo podría considerarse agresiva en relación con las personas empleadas. Mis respetos para el doctor Fernández, aunque me duele por la institución, que debe ser baluarte de equilibrio en un Estado de Derecho y que es en un gran medida la garantía del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

Sin embargo, como dicen mi familia y amigos cercanos, que me acuerdo de cosas que a la gente generalmente se le olvidan, recordé que aun sin tener el don de la profecía, mencioné en el año 2017 e igualmente en 2019 y en 2020, que con los golpes asestados a la institucionalidad del país y particularmente del Poder Judicial (sí, así mismo, la institucionalidad y lo que ese Poder del Estado representa, aunque resulte incómodo para ciertos políticos y políticas), iba a iniciarse una desbandada nunca antes vista, ya que el Poder Judicial iba a dejar de resultar atractivo como opción laboral.

No me equivoqué -lamentablemente para mi país-, pero recuerdo que la reforma que entró en vigencia en el año 2018 en relación con el Régimen de Pensiones del Poder Judicial-autosuficiente y creado con anterioridad al de la CCSS- y que tuvo como resultado la ley 9544, fue calificada por la principal gestora, una diputada oficialista, de “emblemática”.  Ahora me pregunto jugando de abogado del Diablo: ¿lo del calificativo era por constituirse la primera estocada para debilitar nuestro Estado de Derecho?  Señalo esto porque dicha diputada y ex representante popular, junto con su grupo de acólitos, y en clara complicidad con medios de comunicación abiertamente serviles a poderosos intereses neoliberales, se dedicaron a satanizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y a calificar a servidores y servidoras judiciales como una especie de “privilegiados”, llegándose incluso a acuñar el calificativo “de lujo”, en cuanto a merecidas jubilaciones que muchas personas hemos llegado a obtener, no como regalía, sino como producto de una labor digna y honesta.

En esa ocasión, recuerdo con claridad que la representante legislativa de un modo claramente reprochable, ninguneó a la representación del Frente Gremial del Poder Judicial y aunque ciertamente eran necesarios cambios, la propuesta de los trabajadores y trabajadoras-muy adecuada y que contenía cambios óptimos sin perjuicio para la clase trabajadora-, se pasó abiertamente por alto, y en un abrir y cerrar de ojos se aprobó la más “conveniente” para los intereses económicos de una Política neoliberal y dio inicio la precarización del Poder Judicial, en una acción que lamentablemente muchos y muchas aplaudieron.

No me explico cómo no se tuvo (o no se quiso tener) un mínimo de visión para pensar que eso iba a traer consecuencias serias en el personal del Poder Judicial del país, uno de los que pese a todo, sigue siendo de los más confiables de Latinoamérica. 

Ahí no terminó el asunto, pues siguió en el 2019 la implementación de la Regla Fiscal, Ley 9635, que nuevamente disminuyó los salarios, en tanto a fines de ese año, una malhadada “ocurrencia” de otra diputada, instituyó un desatino al promover una denominada “contribución solidaria”, que iba a afectar a jubilaciones “de lujo” (epíteto creado por ciertos medios de comunicación),Ley 9796, que fue aprobada a golpe de tambor y sin que nadie se opusiera, lo que trajo serios perjuicios económicos a personas que habían cumplido su tiempo en la institución y ante ello, debieron muchos y muchas, realizar arreglos de pago con sus deudas o ponerse a trabajar en bufetes u oficinas, ante la merma considerable de ingresos que se disfrazó de “solidaridad. Dicha ley la Administración Alvarado, que fue la más nefasta y agresora con el sector público, la aprobó a toda prisa.

Y para remate, la Ley Marco de Empleo Público que “unifica” a todo el sector público prácticamente en un mismo saco, como decían nuestros abuelos y “congela” (así en frío) los salarios por quien sabe cuánto tiempo.  No hay duda de que el desánimo, la desazón y el escaso o nulo entusiasmo que se percibe en las oficinas judiciales, es absolutamente entendible, como la frase que siempre le dicen a un jubilado:  “Dichoso usted que se pudo ir”. Lo anterior porque el salario no tendrá incrementos, no habrá incentivos y tampoco la esperanza de una jubilación digna.

Es por ello que el panorama en estos momentos es bastante serio, como consecuencia de una primera estocada “emblemática”, pero era lo esperable, al punto que los salarios del personal, que eran precisamente uno de los puntos atractivos, han dejado de serlo y de ahí el número, altamente alarmante de personas que  pese al tiempo de servicio y a la experiencia, han decidido renunciar y que se van no como dijo malévolamente alguien a propósito de la renuncia de un Fiscal, con “pensión juvenil”, sino en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, en vista de que también, la cúpula judicial ha dejado que estas cosas sucedan y como señala el adagio popular, el gato se hizo tigre.

Se requieren acciones urgentes si se pretende permear de alguna forma los efectos de legislaciones regresivas y que afectaron derechos sensibles, de modo abiertamente contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos.  El daño ya está hecho, desde la aprobación de la “emblemática” (y esperaría que quienes aprobaron ese texto y los demás asuman su responsabilidad histórica y política), pero si no queremos un Poder Judicial  “barato”, en donde ingresen aquellas personas que no encuentran cabida en otros sitios y que aspiran a un ingreso exiguo,  sino una institución que se caracterice por su imparcialidad, independencia y por brindar soluciones justas a los diferendos planteados, aunque  no gusten a ciertos sectores, es imperativo actuar con prontitud.  Por eso celebro la iniciativa de la Magistrada Patricia Vargas en cuanto a hacer un recuento de las renuncias y del tiempo servido por quienes renunciaron, para tener un panorama completo del caos actual, ya que el debilitamiento del Poder Judicial solo trae consecuencias negativas para todos y todas quienes vivimos en nuestra querida Costa Rica.  Urge que los cambios se realicen, tal y como se realizaron las afectaciones.

 

Manuel Rojas Salas
Docente en la Facultad de Derecho, UCR

Sistema de las Naciones Unidas: “Costa Rica no merece que el asesinato de Sergio Rojas quede impune”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Danilo Mora Díaz

OCR

Oficial de Comunicaciones y Advocacy

Pronunciamiento de Naciones Unidas.

19 de enero de 2024

El Sistema de las Naciones Unidas lamenta profundamente el archivo judicial definitivo de la causa abierta por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, bribri del clan Uniwak, ocurrido en el año 2019.  Asimismo, expresa su solidaridad con su familia, su comunidad, los pueblos indígenas del país y con toda la sociedad costarricense.

Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato. 

Por tal razón, ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen  los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente.

Costa Rica, como país firmante de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de proteger la vida y la integridad de sus habitantes, así como de resguardar las garantías especiales de los pueblos indígenas y de quienes defienden los derechos humanos. También se ha comprometido a asegurar la justicia pronta y cumplida cuando se den violaciones a dichos principios. 

Al respecto, Naciones Unidas recuerda el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU  en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y llevarlos ante la justicia, de acuerdo con la ley”. 

En específico, destacamos lo indicado por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai  en el informe de su visita al país en el que refiere la urgencia de “establecer un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, así como profundizar la restitución de tierras a los pueblos indígenas, y con ello evitar la tensión social en los distintos territorios, lo cual constantemente hemos reiterado. 

La ONU también pide al Poder Judicial seguir avanzando con la política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, y urge al Estado costarricense y a las autoridades nacionales para establecer y aprobar en Costa Rica la propuesta de un mecanismo de protección de personas defensoras de Derechos Humanos, que fortalezca la senda histórica del país en esta materia.

Sindicato del Poder Judicial manifiesta preocupación y rechazo a medidas sanitarias y tratados internacionales

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Imagen: https://www.sitrajud.com/

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.

En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:

  1. Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
  2. Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
  3. Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
  4. Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
  5. Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
  6. Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
  7. Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
  8. Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.

El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.

El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.

La información completa se encuentra en el PDF adjunto.

Oficio-012-S-2024_240117_154948Descarga

Colegio de Abogadas y Abogados denuncia crisis en el Poder Judicial y urge acciones inmediatas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Ihann Paniagua Porras

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha emitido un contundente rechazo a las políticas públicas que han desencadenado una alarmante ola de renuncias en el Poder Judicial. Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva, expresó su indignación ante la situación actual, catalogándola como inadmisible en tiempos de crisis nacional.

El presidente del Colegio hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para abordar de inmediato la crisis que afecta al Poder Judicial. En un país que enfrenta crecientes índices de crímenes y violencia, la precarización de la labor de quienes imparten justicia se vuelve aún más preocupante.

Según datos oficiales, entre 2021 y 2023, 151 jueces y juezas, 199 personas del Organismo de Investigación Judicial, 76 funcionarios de Dirección y Administración, 62 del Ministerio Público y 28 de la Defensa Pública han renunciado. Las razones principales incluyen recortes presupuestarios, reducciones salariales, debilitamiento del régimen de pensiones, falta de formación exclusiva y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.

La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) realizó una encuesta entre las 400 personas funcionarias que renunciaron, revelando las siguientes razones:

Baja remuneración económica: 47.06%

Ambiente de trabajo insatisfactorio: 55.88%

Cambio en el Régimen de Pensiones: 52.94%

Desmotivación: 76.47%

Expectativa laboral distinta a cuando ingresaron: 52.94%

Falta de reconocimiento a su labor: 44.12%

Búsqueda de nuevas aspiraciones personales: 52.94%

En respuesta a esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas, junto a su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, anunció la evaluación de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el Poder Judicial y evitar la pérdida de más profesionales. Además, instaron a los Poderes de la República a agilizar la aprobación de leyes necesarias para abordar la crisis, evitando consecuencias aún más graves. La comunidad legal espera que estas acciones contribuyan a restablecer la estabilidad y eficiencia en el sistema judicial del país.