Por Ihann Paniagua Porras
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha emitido un contundente rechazo a las políticas públicas que han desencadenado una alarmante ola de renuncias en el Poder Judicial. Francisco Eiter Cruz Marchena, presidente de la Junta Directiva, expresó su indignación ante la situación actual, catalogándola como inadmisible en tiempos de crisis nacional.
El presidente del Colegio hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para abordar de inmediato la crisis que afecta al Poder Judicial. En un país que enfrenta crecientes índices de crímenes y violencia, la precarización de la labor de quienes imparten justicia se vuelve aún más preocupante.
Según datos oficiales, entre 2021 y 2023, 151 jueces y juezas, 199 personas del Organismo de Investigación Judicial, 76 funcionarios de Dirección y Administración, 62 del Ministerio Público y 28 de la Defensa Pública han renunciado. Las razones principales incluyen recortes presupuestarios, reducciones salariales, debilitamiento del régimen de pensiones, falta de formación exclusiva y la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) realizó una encuesta entre las 400 personas funcionarias que renunciaron, revelando las siguientes razones:
Baja remuneración económica: 47.06%
Ambiente de trabajo insatisfactorio: 55.88%
Cambio en el Régimen de Pensiones: 52.94%
Desmotivación: 76.47%
Expectativa laboral distinta a cuando ingresaron: 52.94%
Falta de reconocimiento a su labor: 44.12%
Búsqueda de nuevas aspiraciones personales: 52.94%
En respuesta a esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas, junto a su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad, anunció la evaluación de propuestas legislativas destinadas a fortalecer el Poder Judicial y evitar la pérdida de más profesionales. Además, instaron a los Poderes de la República a agilizar la aprobación de leyes necesarias para abordar la crisis, evitando consecuencias aún más graves. La comunidad legal espera que estas acciones contribuyan a restablecer la estabilidad y eficiencia en el sistema judicial del país.
