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Etiqueta: política migratoria

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.

  • Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional (Informe de hallazgos: visita de organizaciones de sociedad civil al CATEM-EMISUR, 2025).

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas

American Friends Service Committee (AFSC)

Arrecife

Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas- AMUMRA, Argentina

Bloque Latinoamericano sobre Migración

Buen Vivir Costa Rica

Canadian Centre Universal for Human Rights Society

CAREF

Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)

Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)

Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CISAS

Consejo Global de Litigio Estratégico

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Corporación Alianza Migrante

Feministas Picos Rojos, Costa Rica

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Justicia y Género

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Grupo de trabajo Agenda CEDAW

Hope Border Institute

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras- IDESMULH

Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)

Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community

Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia

Observatorio de Medios de Comunicación y Género -GEMA-

OTRANS-RN

Plataforma Social Moraviana

Red CLAMOR

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Red Jesuita con Migrantes (RJM)

Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México

Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales- RESAMA

Refugees International

Remunic

Servicio Jesuita para Migrantes- Costa Rica

Unitarian Universalist Service Committee

Universidad Bíblica Latinoamericana

Mayor información para prensa

Carolina Dueñas Orozco

American Friends Service Committee (AFSC)

+57 315 ​​8281256

cduenas@afsc.org

Natasha Pérez

Global Council on Strategic Litigation

+506 8681-4470

natasha@global-council.org

Laura Karan

Global Council on Strategic Litigation

laura@global-council.org

Adam Álvarez Calderón

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

a.alvarez@serviciojesuitacr.org

Rachel Schmidtke

Refugees International

+1 919 491 5328

rschmidtke@refugeesinternational.org

Etant Dupain

edupain@refugeesinternational.org

Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Una deriva peligrosa

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En menos de un mes, las fuerzas federales del orden en materia migratoria comandadas por el gobierno del Republicano Donald Trump han asesinado a tiros a dos ciudadanos de aquel país, que interponían sus cuerpos en sendos operativos antiinmigrantes en la convulsa ciudad de Minneapolis.

La indignación es evidente y miles de personas de todas las edades han protagonizado desde hace ya varias semanas, acciones de protesta para solicitar que el gobierno de Donald Trump retire a sus subordinados dados los acontecimientos. El segundo fallecido recién el sábado anterior, fue desarmado antes de ser abatido a tiros en otra acción desmesurada y autoritaria.

De nuevo y una vez más, la administración republicana ha salido al paso y en defensa de sus funcionarios policiales. Esta vez las palabras iniciales de la Administración Trump enfatizaban en que Alex Pretti, el hombre asesinado, constituía un peligro, era un terrorista local y tenía como objetivo derramar sangre.

Los materiales audiovisuales que abundan como testigos de este hecho demuestran lo contrario: una jauría de policías migratorios se abalanza sobre el hombre que en ese momento defiende una mujer a la que segundos antes esas mismas fuerzas le había rociado gas pimienta para inmovilizarla. El forcejeo, la lucha de Pretty contra la policía migratoria y los tiros, todo, todo quedó evidenciado y socializado miles de veces en las distintas redes sociales.

La deriva autoritaria sigue su curso en Estados Unidos y su resonancia en otros contextos no deja de preocupar. Concretamente en el caso costarricense, en el que en medio de su convulso clima electoral algunos candidatos presidenciales y legislativos han aceptado a viva voz su deseo de limitar las libertades individuales en una pretendida lucha contra la violencia que se ha instalado en el país desde hace tres años de forma consecutiva.

Esa expresión de interés debe ser leída con cuidado en un momento en el que el lenguaje populista pareciera ganar la partida al diálogo y la sensatez. No más hace pocas horas, una persona candidata presidencial invitó al principal financista de la campaña republicana Elon Musk a invertir en el país. No es poca cosa ni es un acto fortuito. El personaje de marras, multimillonario, es fiel suscriptor de las tesis republicanas en varios temas.

De la misma forma en el tema migratorio, el grueso de las propuestas de los partidos en la contienda electoral apunta mayoritariamente a un enfoque basado en el control y la securitización, abandonando la tradición del país basada en una observancia a la hospitalidad, los derechos humanos y el reconocimiento del papel que la población migrante ha desempeñado en materia económica, social y cultural.

El próximo domingo 1 de febrero Costa Rica se presenta ante las elecciones más importantes en muchas décadas. Se define una vía que potencie el diálogo y la discusión de ideas para sacar al país de su crisis o por el contrario una peligrosa deriva autoritaria podría instalarse como gestión gubernamental. La decisión es ciertamente difícil pero la sensatez podría ser ese vehículo moral que saque a la sociedad costarricense del problema en que ella misma se ha metido.

Organizaciones rechazan recortes al presupuesto de Migración para financiar la construcción de mega-cárcel

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

San José, 26 de agosto de 2025

Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes

“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”

Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).

El proyecto implica:

  • ₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.

  • Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.

El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.

Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:

  • El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).

  • El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.

  • El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.

  • El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.

  • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.

Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:

  • Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.

  • El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.

  • La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.

Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.

Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:

  • Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.

  • Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.

  • No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.

Nuestra posición

No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.

Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.

Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.

Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.

En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.

Suscriben este comunicado,

  • Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)

  • Asociación Alianza Vencer

  • Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)

  • Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)

  • Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica

  • Fundación Popol Na

  • Instituto de la Memoria

  • IRCA Casa Abierta

  • Liga Feminista de Refugiadas Políticas

  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Poder y resistencia: una nueva versión de las luchas migrantes en Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No ha sido un junio bueno para la humanidad. El recrudecimiento de las acciones bélicas contra el pueblo palestino, la tensión a gran escala entre Israel e Irán, son tan solo algunas de las muestras que este junio oscuro nos trae y nos devela. Nos desvela también.

En el contexto más cercano el escenario no es para nada optimista. En Estados Unidos, la política migratoria se ensaña un día sí y otro también contra las personas migrantes en condición migratoria irregular. Escuelas, fábricas, iglesias, barrios enteros han sido desolados por la acción despiada de un organismo policial dispuesto a las más atroces de las barbaridades.

Llevamos ya varios días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de Trump y cientos, miles de migrantes, ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano y miembros de organizaciones civiles, que decidieron decir basta a las acciones intimidatorias contenidas en redadas masivas.

La caza de seres humanos en Estados Unidos es una realidad. El perfilamiento racial, el terror, la incertidumbre son consignas de una administración que debe congraciarse con un electorado que la llevó al poder bajo la promesa de “limpiar al país de indeseables”.

Mientras esto ocurre y muestra la tensión entre el poder gubernamental y la resistencia como acto de respuesta, en el plano más doméstico el tema ha empezado a ser instrumentalizado de forma populista por algunos actores inmersos en la carrera hacia las elecciones en Costa Rica en 2026.

El peligro de la demagogia y el uso maniqueo de un tema sensible para despertar simpatías electorales está a la vuelta de la esquina.

Lo anticipo y deploro cualquier discurso o acto en esa dirección.

La integración suspendida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Intercambiaba con mi buen amigo hondureño, el escritor Fabricio Estrada, sobre las irracionalidades de las élites de nuestros países. En un sin sentido palaciego, casi que, de apostilla, las diplomacias migratorias de Costa Rica y Honduras decidieron poner obstáculos a la movilidad entre ambos países.

En una medida desesperada para, supuestamente detener la escalada de violencia en Costa Rica atribuida en forma mayoritaria al funcionamiento de grupos criminales organizados, el gobierno costarricense adujo que buena parte de estos grupos contaban con ciudadanos hondureños en sus filas y por tal razón había que limitar su entrada.

Bajo esa premisa, y argumentando razones de seguridad nacional, impuso restricciones y condiciones para el ingreso y permanencia de personas provenientes de aquel país. Entre las solicitudes, se encuentran la visa consular y aportar un comprobante de medios económicos, que garanticen la subsistencia en el país.

En correspondencia recíproca, el gobierno hondureño también prefijó varios criterios que deberán cumplir los costarricenses para entrar en aquel país. Entre estos una certificación médica y una constancia de Interpol.

La relación entre seguridad y movilidad humana explica una tensión a escala global no resuelta aún, desde que se instaló como premisa de gestión migratoria luego de setiembre 11 de 2001 y se intensificó en la época de la pandemia.

En la región resulta recurrente la aplicación de ese esquema, que a todas luces suspende la premisa de la integración regional y la supedita a los entuertos y reacciones temperamentales de los actores y sectores que toman decisiones a los más altos niveles.

Al tiempo que esta reacción visceral ocurre y varias formas de movilidad quedan supeditadas entre ambos países, el corredor del tránsito para las migraciones venezolanas sigue produciéndose en Costa Rica, aún con sospechas de muchas acciones irregulares en el ámbito gubernamental que deberán ser aclaradas en el corto plazo.

La época de los chivos expiatorios está lejos de desaparecer. Hoy son los hondureños. Ayer los nicaragüenses, hace un siglo los armenios y gitanos. Convendría entonces repensar las categorías con las que nos imaginamos en el concierto global de los derechos humanos. Tenemos mucho que aprender todavía, como enunciar las causas estructurales del fenómeno de la violencia e identificar a sus reales actores causantes responsables, por ejemplo.

Imagen ilustrativa.

Una industria de muerte en Costa Rica

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Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Con apenas algunas horas de diferencia se conoció de dos incidentes que involucraron personas migrantes en zonas alejadas del centro del país.

En el primer caso, un transporte irregular se accidentó dejando varias personas heridas y tres fallecidas (2 mujeres y 1 hombre), todas de nacionalidad venezolana.

En el segundo incidente, un autobús de una empresa privada contratado y costeado por las mismas personas migrantes para trasladarlos a zona de frontera, volcó dejando varias personas en estado delicado.

Ambos casos exponen las condiciones en que las personas migrantes realizan el tránsito, particularmente en zonas alejadas al centro del país.

Sin embargo, el incidente donde fallecieron tres personas debería llamar la atención sobre el funcionamiento en el país de una industria migratoria (Nyberg Sorensen y Gammeltoft, 2012; López Sala, 2020) impulsada por actores privados.

Fuera de la lógica del estado, actores, procesos y actividades de esa industria buscan el lucro a partir de las necesidades de las personas migrantes. Es conocido como la actuación de esta industria en el eje migratorio norte de la región produce acciones de riesgo y vulnerabilidad constantes para las migraciones centroamericanas.

El fallecimiento de una sola persona en contextos migratorios nos debe alertar respecto al valor de la vida y aquellos que se proponen el dejarlos morir desde sus espurios intereses.

El estado costarricense, que prepara una nueva política migratoria para implementar a partir de 2024 debe accionar fuertemente sobre estos actores que un día sí y otro también comprometen la vida de los migrantes en tránsito.

Un país que se pasea en estrados internacionales hablando sobre derechos humanos, debería empezar a reconocer sus fallas en materia migratoria. Que ni una persona migrante más fallezca ni sea vulnerabilizada en nuestro territorio.

Ese es el desafío.

Denuncian crimen de Estado: La muerte de 39 migrantes en México

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Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador del Grupo Plural, indica que la política migratoria mexicana no solo mata, sino que también viola los derechos humanos y genera un trato profundamente indignante con las personas migrantes. 

Según el Senador, el incendio sucedido en Ciudad Juárez que mató a 39 personas en un centro de detención de migrantes es una consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación: no se trata de un caso aislado o una terrible casualidad, sino que responde a una violación sistemática a las personas migrantes y, por ende, a un crimen de Estado. 

El estado mexicano recibe a 130 mil migrantes al mes, los cuales no tienen dónde comer ni dónde dormir y, encima de todo, sufren de persecución y criminalización a cada lugar donde van. 

Por ello, Álvarez exige a la tribuna que se dejen de minimizar los hechos y se cambie la política migratoria de inmediato.

 

Imagen: Semanario Universidad.

DE TODAS LAS FLORES

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Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No conozco a Tanisha. Personalmente quiero decir. Se que es una mujer joven, negra, activista por los derechos de las personas afrodescendientes y migrantes. Particularmente he seguido, por Twitter, sus comentarios y reflexiones acerca de los procesos de racismo y discriminación a los que un día sí y otro igual se enfrentan ella y su comunidad.

En twitter, valga decirlo, los ataques que experimenta son feroces, particularmente por hombres que a toda costa y a base de insultos y recuerdos constantes de que es “mujer, negra, activista” tratan de cancelar su voz y su agenda.

En los últimos días los insultos y las provocaciones han subido de tono. Pero ella no se inmuta y sigue adelante con su lucha diaria por hacer visible lo que discurso y prácticas sociales desarrollan con las minorías, las personas extranjeras, las etnias.

Una de las cosas que le cobran seguramente con odio nacionalista, rancio y pestilente, es su constante cuestionamiento a la identidad homogénea y hegemónica, “blanca” y vallecentralina. Nada que Chavela Vargas no haya dicho ya y por eso también en su momento fuera enjuiciada por la moral decimonónica que recorre las fibras de esta nación imaginada que creemos ser.

No conozco a Tanisha pero respeto su agenda, comparto sus luchas, la escucho.

Personas como ellas son necesarias en un mundo que hoy pareciera no haber entendido absolutamente nada acerca de la necesidad de vivir distinto, vivir bonito al decir de mi querida amiga psicóloga colombiana Rosita Suárez, entendernos como colectivo, procurarnos espacio todos y todas con nuestras diferencias.

En pocos días hemos tenido ejemplos de sobra acerca de cómo nos cuesta la convivencia, vivir juntos y juntas.

El club de futbol español Atlético de Madrid fue multado por UEFA con 5.000 lugares menos para su partido de vuelta en el marco de la Champions League. ¿El motivo? Durante el partido de ida jugado en Inglaterra, algunos de sus Ultra fueron captados en vídeos haciendo el saludo nazi.

Una apelación y suspensión cautelar de última hora logró refrenar la multa, pero los videos siguen su curso viral, al tiempo que se desarrolla una investigación para determinar la responsabilidad de quienes provocaron el acto racista.

En Costa Rica, hace unos días, un hombre irrumpió en un comercio al detalle administrado por personas de origen oriental. De nuevo el video como herramienta de denuncia, captó improperios de corte xenofóbico que el hombre profirió contra la mujer encargada del negocio.

No es de recibo pensar que sus disculpas posteriores en medios de comunicación atenúen la matriz histórica, colonial, xenofóbica, que esconden sus insultos y su idea de que Costa Rica es para los nacionales. Con esa idea se ha cimentado una comunidad imaginada basada en una superioridad biológica y social inexistente.

Esa acción de tirar la piedra y luego disculparse, no resulta válida en un mundo como hoy. Se debe más bien restituir una conducta colectiva basada en la aceptación y la convivencia, que deben ser instrumentos de política pública y currícula educativa de forma inmediata.

Preocupa el hecho en el supermercado, por supuesto. Pero preocupa aún más la ausencia de una visión amplia en materia migratoria y de integración de las autoridades gubernamentales costarricenses electas para el periodo 2022-2026. Es urgente trabajar desde ya para contar con la continuidad, evaluada por supuesto, de una política migratoria integral cuya implementación de 10 años termina en 2023.

En este instrumento es necesario fortalecer las herramientas para abordar con perspectiva constructiva y formativa el tema del racismo y la xenofobia.

En lo que esta posibilidad encuentra interlocutores válidos y sensibilizados, acciones restitutivas y reparadoras aparecen para mediar el dolor y la pesadumbre de una persona expuesta a través del insulto infundado, la exclusión y la discriminación.

Justamente una campaña aparecida en el mismo twitter, llamó a llenar de flores, de todas las flores, el negocio de la mujer agraviada con insultos xenofóbicos. Pienso en cuantas cuarterías, comunidades, espacios de habitabilidad de poblaciones migrantes en Costa Rica merecen ser adornadas con esos mismos colores, esa misma actitud de restitución de la dignidad.

La reparación no debería quitar el dedo del renglón de lo urgente por hacer, pero al menos llena de color y luz un alma que un buen día salió de su país para recalar en este otro, construido también con su esfuerzo.

LUZ PARA EL VIAJE

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche empezábamos una amena conversación con el poeta y diseñador visual Julio Cúmez, originario de San Juan Comalapa, una comunidad de artistas y artesanos de la palabra, ubicada en las cercanías a Quetzaltenango.

Una de las personas de la audiencia a nuestro programa informaba sobre lo ocurrido recién: un accidente en el sur de México, en el que habían fallecido varías personas migrantes, muchas de ellas, la mayoría, provenientes de Guatemala.

La noche del 9 de diciembre, mientras nos aprestábamos a conversar de arte y vida con Julio en nuestro espacio dedicado a esos temas, supimos que una herida más se le había abierto a la región centroamericana.

En un año que cierra con la imposición de Estados Unidos hacia México para contener los flujos migratorios y activar el programa “Quédate en México” como política migratoria disuasiva, los hechos recientes colocan de nuevo el pesado lastre de la acción securitaria e institucional sobre los cuerpos de las personas en contextos de movilidad.

Hacinados casi hasta la asfixia, cerca de 250 personas migrantes habían pagado entre 2.500 y 3.000 dólares para ser transportados en un camión cuyo contenedor les ofrecía una distribución inhumana, por decir lo menos.

De hecho, las hasta ahora contabilizadas 55 personas fallecidas, estaban colocadas en la pared que volcó haciendo contacto con un puente peatonal de hierro. Quienes salvaron su vida se apretujaban casi sin aliento, en el centro del contenedor.

Dimensionar la magnitud de una tragedia como ésta en un año en que la cifra de personas fallecidas en contextos de movilidad en tránsito ya alcanza más del millar, según cifras aportadas por OIM, implica necesariamente tener claras las dimensiones antihumanitarias de una política migratoria que un día sí y otro también se ensañan contra las personas migrantes.

En el sur de la región centroamericana quizá la narrativa no alcanza a avisorar lo que ocurre desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde los efectos de la imposición de una política migratoria dura se dejan sentir con toda su furia sobre las personas migrantes. Por eso lo verbalizamos e insistimos.

Quienes sobrevivieron al accidente del 9N en Chiapas refieren escenas de terror al observar la muerte desperdigada por entre las latas retorcidas del camión volcado y en la propia calle. Algunos de ellos serán repatriados a sus países de origen quizá con alguna fractura producto del percance. Muchos, pese al evento, lo intentarán de nuevo.

Y entonces volverán a engrosar las estadísticas del riesgo y el horror en un ciclo que no se detendrá hasta que la inclusión, el cese de la violencia y la igualdad vuelvan a existir en todos los países desde donde se origina la migración.

Al tiempo que terminamos de escribir estas notas se conoce de acciones de violencia contra grupos de migrantes que llegaron al centro de México en medio de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Muchos de ellos han sido llevados a la propia basílica: mujeres con sus niños pequeños que funcionaron como primer escudo ante las arremetidas de la seguridad mexicana, personas jóvenes, personas con alguna discapacidad.

Esto seguirá repitiéndose indefinidamente hasta que el modelo no cambie y la industria migratoria deje de lucrar con el dolor y la necesidad de la gente.

En Guatemala decretaron tres días de duelo. Esa noche Julio y yo hablamos de poesía, de arte. También encendimos nuestra luz interior para acompañar en su viaje definitivo a quienes lo emprendieron por última vez. Luz para ellos y ellas.

Imagen de cabecera: https://www.latimes.com (Lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes en Chiapas.)