Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Con apenas algunas horas de diferencia se conoció de dos incidentes que involucraron personas migrantes en zonas alejadas del centro del país.

En el primer caso, un transporte irregular se accidentó dejando varias personas heridas y tres fallecidas (2 mujeres y 1 hombre), todas de nacionalidad venezolana.

En el segundo incidente, un autobús de una empresa privada contratado y costeado por las mismas personas migrantes para trasladarlos a zona de frontera, volcó dejando varias personas en estado delicado.

Ambos casos exponen las condiciones en que las personas migrantes realizan el tránsito, particularmente en zonas alejadas al centro del país.

Sin embargo, el incidente donde fallecieron tres personas debería llamar la atención sobre el funcionamiento en el país de una industria migratoria (Nyberg Sorensen y Gammeltoft, 2012; López Sala, 2020) impulsada por actores privados.

Fuera de la lógica del estado, actores, procesos y actividades de esa industria buscan el lucro a partir de las necesidades de las personas migrantes. Es conocido como la actuación de esta industria en el eje migratorio norte de la región produce acciones de riesgo y vulnerabilidad constantes para las migraciones centroamericanas.

El fallecimiento de una sola persona en contextos migratorios nos debe alertar respecto al valor de la vida y aquellos que se proponen el dejarlos morir desde sus espurios intereses.

El estado costarricense, que prepara una nueva política migratoria para implementar a partir de 2024 debe accionar fuertemente sobre estos actores que un día sí y otro también comprometen la vida de los migrantes en tránsito.

Un país que se pasea en estrados internacionales hablando sobre derechos humanos, debería empezar a reconocer sus fallas en materia migratoria. Que ni una persona migrante más fallezca ni sea vulnerabilizada en nuestro territorio.

Ese es el desafío.