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Etiqueta: política monetaria

Dolarización, una vez más

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Hace poco más de 25 años la propuesta de dolarizar la economía nacional irrumpió con fuerza. Años de lidiar con una inflación persistente, no exageradamente alta, pero sí persistente, fue el contexto perfecto para plantear esa posibilidad. Viví el asunto desde las aulas universitarias como estudiante y puedo dar fe que la discusión fue importante. Contar con una inflación igual o similar a la de Estados Unidos, que en los noventa vivía una época de expansión económica y gran estabilidad macro, era sin duda un argumento muy atractivo para valorar seriamente la opción.

La dolarización de Ecuador en 1999 y la de El Salvador en 2001, además de la larga experiencia con el uso de una moneda ajena como medio circulante de Panamá, aderezaron una discusión que, en el caso de nuestro país, se mantuvo por un tiempo más, aunque con menor intensidad, hasta que la inflación cedió y alcanzó niveles bajos luego de la crisis financiera internacional del 2008-2009. Al morir su principal excusa, la discusión de la dolarización sufrió la suerte del famoso anillo de la obra literaria de Tolkien: cayó en el olvido.

Pero al igual que la famosa argolla de la obra literaria y del cine, la dolarización ha vuelto como propuesta, pero esta vez de la mano de otra excusa, en esta ocasión sus defensores aducen que puede curar nuestros males cambiarios. En una situación compleja como la que viven muchos sectores por la actual revaluación cambiaria y los fuertes vaivenes cambiarios de los últimos dos años, desde el inicio de la guerra en Ucrania y en medio de la reseca post pandémica, la propuesta de dolarización vuelve cual fórmula mágica para devolverle a muchos la estabilidad de sus ingresos en dólares.

Pero no, no es una fórmula mágica y, como cualquier otra decisión de política económica, no está exenta de problemas. Lo primero, la dolarización es optar por amarrarse permanentemente a un tipo de cambio fijo en un esquema sumamente rígido, en el que la autoridad monetaria pierde cualquier posibilidad de incidir sobre esta cotización en el futuro. En una región en la que competimos en muchos mercados con países vecinos con monedas propias, que podrían devaluarlas en caso de escenarios adversos, la dolarización nos podría poner en una posición compleja, y encarecer nuestros productos frente a los de otros países, en un país que ya hoy es caro para vivir.

Segundo, hace 25 años cuando se planteó este tema por primera vez no existía el euro, la economía de China no tenía el tamaño que tiene hoy y los BRICS no se habían organizado como bloque. En un mundo que camina a tener múltiples monedas de reserva y aún gravita en una multipolaridad inestable, ¿por qué escoger el dólar como moneda oficial? ¿Si en el proceso de fortalecimiento de otras monedas como activos de reserva el dólar pierde valor, cómo nos va a afectar eso? Súmele a lo anterior que la Reserva Federal de EEUU ha dicho históricamente que no apoyará, explícitamente, ningún proceso de dolarización.

Tercero, la renuncia a una política monetaria propia no es un tema menor. Sin moneda propia perdemos el instrumental económico en poder del Banco Central, entidad que podría dejar de existir o quedar como una institución de análisis y de recopilación de estadísticas económicas. ¿Es tan grande la ventaja que tendríamos de la estabilidad cambiaria frente a la pérdida de la política monetaria propia, como para dar ese paso? Ni tan siquiera hemos tenido una discusión abierta sobre ese tema como para estar discutiendo ya mismo un proyecto de ley en esa línea. Personalmente sí podría adelantar algo: no veo sentido a cortarnos una pierna porque se nos fracturó un hueso de esta. Deberíamos ser capaces de resolver el problema de lidiar con una moneda propia sobrevalorada, antes de tomar una decisión del calibre de un proceso de dolarización.

Cuarto, la dolarización tiene costos, nosotros no tenemos la historia de Panamá como centro logístico global, ni las remesas de El Salvador, ni los ingresos por petróleo de Ecuador. Para dolarizarnos nos tendremos que endeudar, nuestras reservas actuales no nos dan para respaldar el medio circulante, los activos financieros de corto plazo y los activos a plazo mayor que puedan ser vendidos por medio del mercado bursátil. Todo aquello que se constituya eventualmente en demanda de dinero debe tener un respaldo en dólares. ¿Cuánto nos va a costar ese proceso de transición? ¿Quién va a pagar por él? ¿Será deuda del gobierno central? Y la gran pregunta: ¿endeudarnos para eso se justificará con las ventajas que obtengamos de la dolarización, en contraposición con otros usos que podamos darle a esa deuda pública o a los recursos que pagaremos en intereses?

Finalmente, nuestro país debe perder la mala costumbre de aferrarse a supuestas soluciones fáciles para los problemas más complejos que tenemos. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, la dolarización no va a solucionar nada de forma fácil y rápido, mientras más rápido abandonemos ese mito más fácil nos será seguir adelante con los problemas actuales.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo a favor de la economía y producción nacional en Costa Rica

  • Después de la ruta del arroz existen amenazas a la producción nacional y se prevé nuevas rutas arancelarias a favor de las importaciones con afectaciones directas a las economías nacionales y locales.
  • Desde la Mesa Nacional de Diálogo apoyamos la movilización de hoy miércoles 15 de mayo en favor de la economía y producción nacional.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva reitera su respaldo al sector agro productor nacional, tal como lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Este respaldo se evidenció con fuerza durante la gran marcha del 29 de marzo de 2023 en defensa del sistema agroalimentario nacional.

En el caso específico de la ruta del arroz, el sector ha avanzado en su proceso contencioso-administrativo contra las decisiones del Poder Ejecutivo. La política de favorecer arancelariamente las importaciones de arroz ha provocado la ruina de miles de personas involucradas en esta industria. Es por esto que insistimos en la importancia de un Estado Social de Derecho, donde los habitantes puedan recurrir a la institucionalidad para ejercer y defender sus derechos en pro del bien común frente a amenazas directas.

En este contexto legal, el Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífico y Brunca Costarricense ha presentado una impugnación legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA). Esta acción legal está dirigida contra el Decreto 43642 MAG-MEIC-COMEX, conocido como la «Modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación del Arroz en Granza y Pilado», emitido el 3 de agosto de 2022 por el Poder Ejecutivo bajo la administración de Rodrigo Chaves Robles. Este decreto redujo significativamente los aranceles de importación para el arroz, lo que tuvo consecuencias desastrosas para el sector arrocero nacional.

Según CONARROZ, esta medida llevó a la quiebra de 331 productores costarricenses, afectó el empleo de 18,000 trabajadores y empeoró las condiciones económicas de muchas familias vinculadas a la producción nacional del arroz. Además, representó una pérdida de ¢20 mil millones al fisco ($39 millones al tipo de cambio actual) debido a la reducción en los aranceles recaudados, lo que significa menos recursos disponibles para el desarrollo del país.

En este mismo contexto, la política monetaria del gobierno también está impactando negativamente en la producción y la economía nacional. Específicamente, la política relacionada con el tipo de cambio ha experimentado una disminución significativa desde mediados de 2022, pasando de casi 700 colones a alrededor de 520 colones en las últimas semanas.

Es evidente que esta reducción en el valor del dólar (6,7% en 2022, 12,5% en 2023 y 1,1% hasta la fecha en 2024) está teniendo un fuerte impacto en la rentabilidad de las exportaciones, el turismo y las empresas locales que compiten con importaciones extranjeras. Esta situación está generando desigualdades comerciales entre las economías locales y extranjeras representadas en las importaciones, afectando la rentabilidad y la generación de empleo en Costa Rica.

En vista de este panorama, instamos al gobierno y al Banco Central a coordinar políticas con cambios estructurales que aumenten la productividad de los sectores nacionales afectados por el bajo tipo de cambio. Esto ayudaría a generar empleos formales con salarios más altos, fortaleciendo así la economía nacional y la producción interna en lugar de debilitarla.

Nos unimos al llamado de pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, especialmente aquellas que están sufriendo mayores impactos, así como a las empresas de economía social solidaria, medianos agricultores y agroexportadores que son fundamentales para el empleo nacional. Respaldamos la movilización hoy miércoles 15 de mayo, organizada por miles de trabajadores agrícolas y representantes de los principales sectores productivos del país. Esta movilización se llevará a cabo en el marco del Día Nacional de la Persona Agricultora en Costa Rica, comenzando en el Parque La Merced, San José, a las 9:00 am y culminando en la Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa.

El objetivo de esta movilización es defender y evitar la pérdida de empleo de un millón y medio de trabajadores de zonas rurales y costeras de todo el país, cuya subsistencia depende del sector productivo nacional. Esto se realiza en respuesta a las amenazas directas contra la producción nacional, la falta de apoyo a las economías asociativas locales, la inestabilidad en la política monetaria del tipo de cambio y el favorecimiento del sector importador sobre la producción nacional.

Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social

Desde la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Vinicio Sandí Meza y Sharon Recinos Carvajal realizan el análisis “Efectos de la pandemia en Costa Rica: Retos y oportunidades para el desarrollo económico y social”.

El análisis se encuentra dividido en 10 capítulos, que abarcan aspectos de la política monetaria y fiscal de Costa Rica, eficiencia del estado, política social inclusiva, competitividad en los sectores productivos y la generación de empleos por medio de las energías renovables y la descarbonización de la economía.

Los autores realizan su reflexión desde dos premisas: en primer lugar, afirman que las crisis se traducen en una excusa o una oportunidad para quien las sufre y, en segundo lugar, concluyen que la reactivación económica se debe enfocar en una visión dirigida a crear las condiciones para estar una situación mejor que la situación previa a la pandemia.

Esta investigación es un gran aporte a las estrategias de recuperación nacional y regional post pandemia, ya que plantea que será fundamental que las personas encargadas de diseñar política pública, encuentren un balance tridimensional hacia el desarrollo económico y social. Sugieren un equilibrio entre:

  1. El modelo de desarrollo económico (fortalecer y dinamizar la matriz productiva)
  2. Las políticas fiscales (saneamiento de finanzas públicas y reducción de la deuda) y
  3. Las políticas de inversión social (mantener el Estado Social de Derecho y la paz social), bajo los principios de igualdad, equidad de género y sostenibilidad.

Sobre las personas autoras y la Fundación

Vinicio Sandí Meza es: PhD en Economía para el Desarrollo, de la Escuela de Ambiente, Desarrollo y Sociedad de la Universidad Nacional de Malasia y tiene 18 años de experiencia como Académico e Investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Sharon Recinos Carvajal: es investigadora, analista y docente universitaria. Es egresada del Posgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), con anteproyecto de tesis aprobado. Bachiller en Economía de la misma universidad.

Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung: Ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. El Proyecto Transformación Social Ecológica y el Proyecto Juventudes Progresistas, son los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central.

Para más información usted puede ingresar a https://americacentral.fes.de/

Además, puede leer el análisis completo en el archivo adjunto.

Costa Rica: Deuda interna y tasas de interés: La Dogmática del Mercado

(Acerca de la carta de respuesta del presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda a Albino Vargas)

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

Escribo este artículo a solicitud del dirigente sindical don Albino Vargas Barrantes y de la ANEP. Analizo aquí la carta que, con fecha 15 de febrero de 2021 (referencias DM-0113-2021 y PRE 0013/2021), fue dirigida a don Albino, por don Elián Villegas Valverde y don Rodrigo Cubero Brealey, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, respectivamente. A su vez, esta nota de los señores Villegas y Cubero respondía una carta, fechada el 1° de febrero, que don Albino había dirigido a esas dos importantes autoridades económicas. A fin de evitar cualquier malentendido, aclaro que escribo este artículo muy gustosamente, y sin recibir ninguna remuneración a cambio.

1) Aspectos generales

  1. a) Política fiscal restrictiva

Según los señores Cubero y Villegas, un logro notable de la política fiscal del gobierno de Carlos Alvarado, es haber recortado el gasto público y aplicado con rigurosa meticulosidad la regla fiscal. Al parecer, lo consideran aún más meritorio, puesto que ello coincidió con la afectación de la pandemia del Covid-19.

¿Es esta una opción de políticas realmente virtuosa, tal cual se nos quiere hacer creer?

Nótese que estamos hablando de una política de restricción fiscal que se aplicó sobre el telón de fondo de una severa recesión, y, lo que es más grave aún, en un contexto de altísimo, realmente catastrófico, desempleo. Cuando en el mundo entero se opta por aplicar políticas de estímulo que, cuanto menos, alivien parcialmente las duras afectaciones de la crisis, en Costa Rica se exhibe como meritoria condecoración, aplicar políticas fiscales de carácter austeritario, que, como bien lo saben los economistas serios del mundo entero, agravan la crisis. Cierto que los severos desequilibrios fiscales que enfrentamos, limitan nuestros márgenes de maniobra. Pero también es cierto que, con un poco de imaginación y creatividad, pudieron ponerse en marcha programas que, inspirados por el principio teórico del “multiplicador del presupuesto equilibrado”, habrían posibilitado aliviar la recesión, atenuar los severos efectos sociales y humanos derivados de la crisis e impulsar la recuperación de la economía y del empleo y, de esa forma, crear condiciones más propicias desde las cuales resolver, con el menor costo social posible, el problema fiscal.

Lo cierto es que, según enfatizan los señores Villegas y Cubero, el gasto del gobierno, sin incluir intereses, disminuyó un -5,7% en 2020, lo cual pareciera ser prenda de orgullo para estos señores. Se subraya que se logró tal cosa, no obstante que se habrían destinado ₡ 294.172 millones para atención de la pandemia. Sin embargo, se omite indicar que esa reducción fue posible básicamente gracias a un recorte brutal (en el orden del -38,2%) en los gastos de capital. Ello implica menos inversión y menos formación de capital, lo cual compromete el desarrollo futuro de la economía, tanto como agrava, en lo inmediato, la recesión y el desempleo.

  1. b) ¿Se “aceleró” la economía?

Presumen las dos respetables autoridades económicas, que el crecimiento de la economía “se aceleró a partir de mayo de 2019” (p. 1), lo cual, según nos dicen, sería atribuible a la política económica del gobierno de Carlos Alvarado. Y, sin embargo, los datos demuestran que el tal “aceleramiento” tuvo un cariz extremadamente anémico, y particularmente contradictorio.

Al observar los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia ciclo (elaborado por el Banco Central), observamos que, a lo más, se registraron anémicas tasas de crecimiento interanual en el orden del 2%, registradas hacia finales de 2019, las cuales tendían a debilitarse al iniciar 2020, aún antes de sentirse el efecto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Por otra parte, es claro que el dato general, queda artificialmente inflado por las altísimas tasas de crecimiento del llamado “régimen especial” (básicamente zonas francas), con escaso o nulo impacto en el resto de la economía. El IMAE muestra que, para el período indicado, y hasta el inicio de la pandemia, el “régimen especial” crecía a tasas de dos dígitos (de hasta el 14% y 15% en algunos momentos), mientras el resto de la economía (el “régimen definitivo”) apenas lograba emerger de territorio negativo, pero sin alcanzar nunca a crecer ni siquiera al 1%. Y, al mismo tiempo que esto se daba, es decir, en coincidencia con la expansión espectacular del “régimen especial” y el paupérrimo desempeño del “régimen definitivo”, la tasa de desempleo, según los datos de la Encuesta Continua del Empleo (ECE) del INEC, se encumbraba incluso por encima del 12%. En concreto, para los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2019, y el primero de 2020, que coinciden con el período en que, según Villegas y Obando, el “crecimiento se aceleró”, las tasas de desempleo registradas fueron, respectivamente, las siguientes: 11,9%, 11,4%, 12,4% y 12,5%. No olvidemos que, al mismo tiempo, alrededor de un millón de personas penosamente subsistían en situación de informalidad laboral.

Estas deprimentes cifras del empleo -anteriores a la pandemia- ensombrecen cualquier dato sobre crecimiento económico, y deberían ser motivo de gran preocupación (pero no pareciera ser el caso) para las autoridades económicas. Una pregunta se hace obligatoria: ¿cómo entender que una tan penosa situación del empleo conviva con tasas de crecimiento tan espectaculares en los “regímenes especiales”? Esto evidencia severas anomalías estructurales, las cuales ponen en cuestionamiento el proyecto o “modelo” de desarrollo vigente en Costa Rica.

  1. c) Deuda interna versus deuda externa

El señor ministro de Hacienda y el señor presidente del Banco Central, explican que se ha decidido dedicar una parte significativa del endeudamiento externo que se obtenga, a “sustituir deuda cara por deuda barata” (p. 2). Es importante que, como país, reflexionemos acerca de si ese es el mejor uso que se le podría dar a esos recursos.

Se aduce que la deuda interna se coloca a tasas de interés muy altas, y que el mecanismo por el que se ha optado, permite ahorrar “,,,de forma directa un estimado de USD 70,6 millones anuales en intereses” (p. 2. Subrayado y negrita son del original). O sea: se prefiere destinar la deuda que el país está asumiendo en moneda extranjera, para refinanciar deuda preexistente, en vez de destinarla a usos realmente productivos, que modernicen la economía, eleven la productividad, y generen la capacidad de pago futura que será necesario tener para poder cumplir, a su debido momento, con esas obligaciones asumidas en una moneda que Costa Rica no puede emitir. Y, entretanto, como luego habrá oportunidad de ratificar, estas mismas autoridades económicas se declaran absolutamente incapaces -o quizá absolutamente remisas- a tomar medidas más enérgicas que permitan reducir las tasas de interés sobre la deuda interna. ¿Es eso lo más sensato?

Para el país sería mucho más conveniente -socialmente más redituable- utilizar esos recursos externos en el financiamiento de programas de inversión pública, que sean planificados para generar muchos empleos en el corto plazo, y los cuales contribuyan, al mismo tiempo, a elevar la capacidad productiva de la economía, y a construir una sociedad más justa e inclusiva, en el medio y largo plazo. Deberían esos fondos destinarse al fortalecimiento de la infraestructura educativa, de atención sanitaria y de cuido; el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica; la modernización, ampliación y mejora del transporte público; la migración hacia energías limpias y tecnologías verdes; los acueductos y el cuido y protección del agua; el desarrollo de un amplio programa de vivienda para grupos de ingresos medios y bajos; la creación de condiciones que mitiguen los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones igualmente importantes. Frente a los altísimos índices de desempleo que padecemos, esa alternativa cobra todavía más importancia, como también es la vía que debería privilegiarse para crear condiciones económicas sólidas que, a su vez, den sostenibilidad, sobre bases realmente firmes, a las finanzas públicas.

2) Las tasas de interés de la deuda pública y la política monetaria del Banco Central

Los señores Villegas y Cubero ofrecen sobre este tema una discusión, sembrada de numerosas contradicciones, falacias y vacíos.

Primero, procedan a aclarar que, desde su punto de vista “…no procede comparar las tasas de colocación del Ministerio de Hacienda con la TPM, ni tampoco con la Tasa Básica Pasiva (TBP)” (p. 7) (TPM: tasa de política monetaria).

Explican entonces (p. 7) que la TPM es un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. O sea, y según se desprende de lo anterior, su efecto parece agotarse “a un día plazo”. A lo cual agregan, con el lenguaje ambiguo e impreciso que les es característico, que los movimientos “en la TPM y su nivel son indicadores del tono de la política monetaria”. De tal modo, pareciera entonces que la TPM es una tasa de limitadísimo alcance, una especie de gesto simbólico que el Banco Central emite. Vendría a ser algo así como el equivalente al guiño de un ojo que se les hace a los bancos y demás actores participantes en el sistema financiero.

Se comprende entonces que la TPM, que según Cubero y Villegas no sirve para establecer comparaciones con las tasas de interés de la deuda pública, en realidad sirve para muy poco, si es que para algo.

Al referirse a la Tasa Básica Pasiva (TBP), repiten lo que todo el mundo sabe acerca de la correspondiente metodología de cálculo, para terminar recalcando que el “plazo promedio de estas captaciones es menor a un año” (p. 7).

O sea, y según logra deducirse de lo indicado, Villegas y Cubero, consideran que tanto la TPM como la TBP son tasas de corto plazo, la primera es incluso de muy corto plazo, mientras que las colocaciones del Ministerio de Hacienda son “usualmente superiores a los 3 años”, con un promedio de 5,9 años a diciembre de 2020 (p. 7). De ahí que “…no procede compararlas”.

Curiosamente, Cubero y Villegas olvidan que la Tasa Básica Pasiva (TBP) es una tasa de referencia para muchos créditos, incluso créditos de muy largo plazo como los de vivienda. Una nota reciente en El Financiero (¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ¢7.000 por cada millón que le financien) lo ilustra con amplitud. Recordemos que el crédito para vivienda representa cerca del 30% del crédito total, y que las tasas de interés que se aplican sobre ese tipo de crédito, en parte muy significativa, está reguladas por la TBP. O sea, y en contra de lo que afirman estos señores, es una tasa que tiene importantes consecuencias prácticas en el largo plazo, y una muy significativa influencia en el sistema financiero. No obstante lo cual, nos dicen estos señores, “no procede” compararla con las tasas de interés de la deuda pública. Esta última, pues, pareciera estar situada en un “universo paralelo”, ajena por completo a los avatares propios del sistema financiero costarricense.

Aparte lo anterior, y en lo que a la otra tasa de interés en consideración se refiere -la tasa de política monetaria, TPM- de un repente, estos señores le atribuyen efectos muy significativos, por completo insospechados, si nos atuviésemos tan solo al papel, del todo irrelevante, que le atribuyeron anteriormente, y con base en lo cual quisieron descartar que jugase ningún papel en relación con los intereses de los bonos de la deuda pública.

Así, en la página 8 nos hablan del “tono expansivo de la política monetaria”, lo cual se confirmaría en la baja de la TPM a mínimos históricos (0,75% anual). Y agregan que con ello se “buscó propiciar la baja de las tasas de interés en el sistema financiero nacional y, de esa forma, mejorar las condiciones para los nuevos créditos y aliviar la carga financiera de los deudores que formalizaron préstamos con tasa de interés variable y que sus contratos de crédito así lo permitieran”.

Qué interesante. Pareciera entonces que la TPM tiene efectos mucho más amplios de lo que se nos había dicho. No parece agotarse en “un día plazo”. Pero, desde luego, si se trata de la deuda pública, ya sabemos que “no procede compararlas”. Es que la deuda pública -venimos a ratificarlo- levita en un universo paralelo.

Otro ejemplo que nos proporcionan estas dos autoridades económicas, tiene que ver con el papel que le atribuyen a la mencionada TPM, en relación con el así llamado programa de “facilidad de crédito de mediano plazo en moneda nacional”, que puso a disposición de los bancos comerciales ₡700.000 millones (recientemente ampliado a ₡842.887 millones) (pp. 9-10) ¿Cuál es la tasa de interés de referencia que se utiliza en este caso? Pues precisamente la TPM, que presuntamente solo era un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. Pareciera que esto último aplica exclusivamente si hablamos de las colocaciones de deuda del gobierno, a fin de aleccionarnos en el sentido de que “no procede compararlas”. En cualquier otro caso, la definición se vuelve mucho más amplia y flexible. Además, nótese que, según se indica en la carta, la mencionada “facilidad” concede plazos de entre 2 y 4 años ¿y no que la TPM aplicaba solo para “operaciones a un día plazo”?

En conclusión: lo cierto es que las dos tasas de interés en mención -la TBP y la TPM- si son tasas relevantes, contra las cuales es válido comparar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública interna. Intentar proscribir esa comparación, como lo hacen Villegas y Cubero, es una forma de eludir la discusión sobre los factores que subyacen a las tasas irrazonablemente altas que es pagan sobre la deuda pública interna. Veremos enseguida que ese intento de justificación y racionalización, es un rasgo idiosincrásico de estas dos autoridades económicas.

3) La dogmática del mercado y las altas tasas de interés sobre la deuda pública interna

La cuestión es que, según nos dicen, las elevadas tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, son fruto de un fenómeno muy particular: “…su comportamiento pone de manifiesto la trayectoria creciente de la razón de deuda pública a PIB, así como la incertidumbre que existe entre los agentes económicos, locales y externos, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas” (p. 6)

En otra parte, reiteran esa misma idea. Así, nos dicen (p. 11), que si bien las tasas de interés en el sistema financiero han disminuido, las tasas de la deuda pública “no han experimentado movimientos similares”, lo cual atribuyen a la “valoración de riesgo de crédito por parte del acreedor”. De donde resulta que, en el caso de los bonos del gobierno, “los agentes económicos demandan un premio que mitigue ese riesgo” (p. 11).

Hablamos aquí de lo que usualmente llaman “los mercados”, que, a veces, se transfigura como “los inversores”. En cualquiera de los dos casos, es al modo de una fuerza abstracta, anónima e impersonal. Un ente mítico; quizá una fuerza de origen divino. O sea: un poder que escapa al control humano, y, de hecho, se le impone y subyuga a los seres humanos.

Con toda claridad, estamos frente a algo que en la literatura recibe básicamente dos designaciones: algunas veces se le llama “neoliberalismo”, otras veces se le designa como “fundamentalismo de mercado”. Hay autores muy connotados -por ejemplo, Joseph Stiglitz en su libro “El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa” (2017)- que utilizan indistintamente ambos términos. Se trata de una dogmática por la que nuestras autoridades económicas parecen guardar reverencial devoción. Y así lo designaré aquí: la “dogmática del mercado”.

Ya va quedando más claro por qué nos decían que “no procede” comparar la TBP o la TPM con las tasas sobre las colocaciones de deuda pública interna. A fin de cuentas, el mensaje que, de forma más o menos velada o explícita, estos señores repiten una y otra vez, es el siguiente: “tratándose de los intereses de la deuda pública no podemos hacer absolutamente nada”.

Aunque, en realidad, no está claro si no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada. Así, en página 7 nos dicen: “…no es posible pretender que el BCCR reduzca de forma artificial los costos de financiamiento del Ministerio de Hacienda”.

¿Cómo interpretar el “no es posible pretender”?

– Primera posibilidad: leer la frase como: “simplemente es imposible”, en cuyo caso cabría preguntarse: ¿es objetivamente imposible (del mismo modo que es imposible evitar que el sol salga cada mañana) o es “imposible” porque la ley lo prohíbe? Si fuera lo primero, estaríamos ante otra expresión propia de esa dogmática del mercado que mencioné anteriormente, devotamente cultivada por estas autoridades económicas. Si fuera lo segundo, el Banco Central debería estar activamente promoviendo un cambio de la ley, puesto que sería inaceptable, y muy dañina, una ley que obliga al Banco Central a permanecer de brazos cruzados, mientras el país se ve obligado a pagar caprichos por las tasas de interés de la deuda pública.

– Segunda posibilidad: también esa frase podría leerse como: “consideramos incorrecto e inadmisible que alguien pretenda tal cosa”. Si ése fuese el caso, habría que preguntarse: incorrecto o inadmisible ¿para quién y por qué?

En la página 9, las cosas quedan mucho más claras, cuando nos dicen lo siguiente: “Es importante reiterar que la intervención en el mercado secundario de títulos valores emitidos por el MH no tiene como objetivo bajar las tasas de interés de estos títulos, sino inyectar recursos en situaciones de tensión sistémica de liquidez y, de esa forma, asegurar el normal funcionamiento del mercado y la estabilidad del sistema financiero, acorde con las facultades dadas por su Ley Orgánica”.

Traduzcamos lo que se nos dicen: el Banco Central se desentiende de lo que pase con las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública. Lo que le interesa son dos cosas: “el normal funcionamiento del mercado” y la “estabilidad del sistema financiero”, no la estabilidad financiera del sector público ni los posibles episodios de “tensión sistémica” que éste pudiera enfrentar (que, de hecho, en los últimos años se han vivido varios).

En realidad, ese comportamiento, permisivo, pasivo y desentendido, finalmente cómplice, ha sido, a lo largo de los años, la tónica característica del Banco Central. Incluso cuando, hacia finales de septiembre de 2018, escuchábamos a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, hablando de tasas de interés “obscenas”, ni siquiera entonces el Banco Central movió ni un dedo para aliviar la situación.

A decir verdad, toda esta argumentación resulta omisa y, finalmente, inconsistente. Lo cierto es que ante la posibilidad -no muy probable pero sí posible- de que las finanzas del sector público enfrenten un episodio extremo de “tensión sistémica”, ese “sistema financiero”, por cuyo bienestar y estabilidad el Banco Central se desvela, no podrá mantenerse indemne. La crisis en el sector público inevitablemente se contagiaría al sistema financiero en su conjunto y a los mercados cambiarios ¿Qué haría el Banco Central en tal caso? ¿Se mantendría impasible en su actitud de cómplice pasividad?

La discusión anterior nos permite comprender mejor el hecho de que Villegas y Cubero descarten, sin mayor dilación, la existencia de cualquier posible comportamiento colusivo, especulativo o antisocial sobre la deuda pública: “…en su labor de seguimiento de las actividades en los mercados financieros y de valores, las superintendencias del ramo no han detectado comportamientos inusuales o colusivos de los distintos agentes económicos que actúan en el mercado” (p. 11). Todo lo cual es concordante con el anónimo e impersonal automatismo que estos señores atribuyen al comportamiento de las tasas de interés sobre la deuda pública. Son simplemente “las fuerzas del mercado”, al modo de designios del cielo, inevitables, incontrolables e incomprensibles. No nos dicen que se trate de un mercado de “competencia perfecta”, pero poquísimo les falta para hacerlo, aunque, si lo hicieran, sería preciso recordarles las graves inconsistencias que hacen insostenible esa teoría. En fin, es la dogmática del mercado, una vez más.

De ser las cosas como estos señores dicen, las tasas de interés “obscenas” de que en alguna oportunidad nos hablaba la señora Aguilar, son simplemente el fruto -tan sabio como misterioso- de la magia del mercado. Ninguna voluntad humana ha intervenido en ninguno de las reiteradas ocasiones en que esas tasas de interés han exhibido su “obscenidad”.

Ahora bien, supongamos que fuese cierto que no hay “colusión”, si por tal cosa entendemos alguna forma de acuerdo, más o menos abierto o embozado, más o menos implícito o explícito. Incluso en esa optimista hipótesis, resulta innegable que sí hay comportamientos especulativos, que se dan como resultado de la irracionalidad asociada a un rasgo característico de los mercados: el comportamiento de rebaño. Ello introduce graves deformaciones que, en el caso que nos ocupa, dañan a la sociedad en pleno. Es ello lo que, episódicamente, da lugar a tasas de interés “obscenas”. Es ello lo que, asimismo, presiona para que las tasas se mantengan en niveles socialmente inaceptables. Aducir que ello refleja las percepciones de “riesgo” por parte de los “agentes económicos”, es una racionalización ex post, para embellecer lo que, en el mejor de los casos, sería un rasgo de irracionalidad e ineficiencia, con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Resulta entonces obligatorio preguntarse: ¿a quién le conviene este cuento fantasioso y alucinado que Cubero y Villegas nos presentan? Pues a los intereses del mundo financiero que así quedan recubiertos por una humareda ideológica, trajeados de tecnicismos eufemísticos, omisos y contradictorios.

¿En serio Cubero y Villegas pretenden que admitimos como natural e inevitable, que las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, leviten muy por encima de lo que sería razonable y admisible, y que aceptemos que todo ello es simplemente el designio -a la vez sabio, virtuoso e inevitable- de las inexorables e impersonales fuerzas del mercado?

Lejos de esta concepción mitificada, lo cierto es que los mercados no solo son a menudo ineficientes e irracionales, sino que, además, son espacios de ejercicio del poder. Como los movimientos de los precios no solo son, con más frecuencia de la que se suele admitir, el fruto de movimientos acumulativos irracionales e ineficientes, sino que, sobre todo, son mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza. Las altas tasas de interés sobre la deuda pública, reflejan ineficiencias e irracionalidades, pero también relaciones de poder, y muy posiblemente son estas relaciones de poder las que subyacen al discurso apologético y la actuación permisiva, de nuestras autoridades económicas. De hecho, asociada a la anómala situación de las tasas de interés sobre la deuda pública, se están produciendo movimientos de redistribución del ingreso y la riqueza.

Costa Rica tiene derecho a preguntarse, si el abordaje que se hace de este grave problema, se preocupa realmente por proteger los derechos de la ciudadanía y el bien común, o si tan solo es un juego ideológico propicio a ciertos estrechos intereses. También es importante cuestionarnos acerca del riesgo que todo esto pone sobre la estabilidad financiera del sector público, y, en un caso extremo, incluso sobre la prestación de los servicios públicos.

4) Acotaciones finales

  1. a) En relación con la “facilidad crediticia” aprobada (₡700.000 millones en su versión inicial, ampliada luego a ₡842.887 millones) los señores Cubero y Villegas aclaran que “…no es para apoyar al sistema financiero: su objetivo es más bien apoyar a las familias y empresas afectadas por la crisis” (subrayado es del original). Cabe sin embargo preguntarse: ¿no debería hacerlo el sistema financiero motu proprio, sin esperar que el Banco Central le dé este “empujoncito”? ¿Por qué no lo hace? Probablemente porque conlleva riesgos. Si tal fuera el caso, estaríamos entonces en presencia de un ejercicio de socialización de esos riesgos: el objetivo podría ser loable y necesario, pero lo cierto es que, en protección de los bancos, es la sociedad la que asume el riesgo.

Dicen además estos señores que, a partir de esos recursos, los bancos deben conceder créditos a empresas y hogares “afectados por la pandemia”, y que deben ofrecer “condiciones favorables” en cuanto a tasas de interés y plazos ¿Qué se está entendiendo aquí por “condiciones favorables”? ¿Se definieron rangos o parámetros que permitan confirmar que las condiciones son realmente “favorables”? En su carta, Villegas y Cubero son omisos sobre ese particular. No vaya ser que, al cabo, resulten más “favorables” para las entidades financieras que para “las empresas y hogares afectados por la pandemia”.

Y en todo caso, sigue en pie el cuestionamiento: ¿por qué en este caso el Banco Central si se anima a desmarcarse un poco de su tradicional ortodoxia, y en cambio no lo hace tratándose de la estabilidad de las finanzas públicas?

  1. b) En el apartado de “Anotaciones sobre algunos indicadores” (p. 12), aparecen señalamientos que es preciso aclarar, en relación con las tasas de crecimiento de los pagos por intereses a que se hace referencia en la carta de don Albino Vargas. Al respecto, indican los señores Villegas y Cubero: “Se desconoce de dónde proviene la tasa de 28% mencionada en su carta”. Para ilustración del público en general, es importante indicar que esas cifras efectivamente existen, y pueden ser corroboradas en esta dirección: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/601d79cb7e6a2_12%20Diciembre%2020%20Definitivo.xls. Sugiero dirigirse a la parte correspondiente a gastos por intereses, el ítem correspondiente específicamente a la deuda interna, en la parte de “variación porcentual” (que en este caso corresponde a la variación de diciembre a diciembre de cada año). Se observará entonces que los pagos por intereses de la deuda interna, crecieron de la siguiente forma: 19,4% en 2017; 23,6% en 2018 y 28,0% en 2019.

Es lamentable que Cubero y Villegas no tengan noción de estos datos, los cuales una vez más ratifican la necesidad de hacer algo en serio, por bajar las tasas de interés sobre la deuda pública interna, no solo mediante una enérgica acción del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda, sino, asimismo, mediante un inteligente proceso de renegociación de la deuda interna, de forma que se acuerden mejoras significativas tanto en las tasas de interés como en los plazos. Sabemos que ello afectará no solo a los bancos públicos y privados, y no solo a gente muy rica que tiene inversiones en bonos de deuda pública, sino también a fondos de pensiones, cooperativas y otros actores de similar naturaleza. Pero también es necesario poner en la balanza la ganancia que, como país, se obtendría al abrir espacio y ganar márgenes de maniobra, para poner en marcha un programa de política económica de signo progresista, que minimice el costo social asociado a la estabilización de las finanzas públicas, a la vez que impulse un proceso de vigorosa recuperación de la economía y creación de empleos, animado por objetivos de justicia social e inclusión.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED, Alajuela, Costa Rica, 10 de marzo de 2021

 

Publicada en el blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

La vida antes de pagar intereses, la vida antes de la meta inflacionaria

Pablo Abarca. Economista, miembro de Economía Pluralista

Dicen por ahí que es en el terreno de las ideologías donde los seres humanos toman conciencia de los conflictos que se manifiestan en el mundo económico. Sin lugar a dudas, con las ideologías se toma conciencia; pero esta conciencia dependiendo de la ideología no tiene como fundamento de existencia la vida humana en el mundo económico, y es un problema que ideologías como mantener la inflación baja o sostener la autonomía del Banco Central evitando el financiamiento al Gobierno estén por encima de facilitar una vida humana digna a nuestra gente.

De acuerdo a las proyecciones emitidas por el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado de prensa el día 30 de abril; el déficit fiscal interanual que vamos a experimentar en el 2020 será de un 8.6% del PIB y un déficit primario de un 3.4% del PIB, estas son cifras alarmantes, y evidencia la imposibilidad financiera del Estado para poder llegar a las personas que lo necesitan de la forma correcta.

Si bien es cierto con la aprobación del primer presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta el 25 de abril, se asignó 225mil millones de colones de subsidios referentes al bono “Proteger”; de acuerdo a cifras del BCCR en el documento “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021” con esta medida se evitará una contracción del 2% en el consumo de los hogares costarricenses.

La necesidad de poseer recursos para la intervención del Estado en la economía es fundamental; de acuerdo con el último cuatrimestre del 2019 la tasa de desempleo era la más alta desde que se realiza la Encuesta Continua de Empleo por parte del INEC; 12.4% de la PEA, aun no se poseen cifras formales respecto al nivel de desempleo actual, sin embargo, es claro que experimentamos niveles de desempleo no vividos con anterioridad.

Los países como Inglaterra y Japón; están siendo respaldados desde sus respectivos bancos centrales en el financiamiento directo que sus Estados necesitan para proteger y mantener la vida de sus gentes ante la pandemia.

En el caso de Costa Rica el BCCR envió una modificación a su Ley Orgánica articulo 54 específicamente, a la Asamblea Legislativa procurando habilitarle la compra de bonos al Estado en el mercado secundario, petición que fue incorporada en el proyecto de ley 21874, el cual se convirtió en ley el pasado 3 de abril. A pesar de dicha muestra de mediana sensatez por parte del BCCR, el presidente del BCCR el señor Cubero dejo bien claro en una entrevista al Semanario Universidad el 30 abril “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria” de que las expansiones monetarias estarán al servicio de la liquidez, la estabilidad financiera y el crecimiento del producto, pero nunca del lado de la gente, es decir, muy lejos de situar al BCCR y su política monetaria como un elemento fundamental para salvar vidas; el señor Cubero cegado por la ortodoxia económica demuestra que es más importa cumplir con una meta inflacionaria baja que nadie percibe en sus bolsillos, a ayudar al financiamiento responsable del Estado, para salir adelante con el COVID-19.

Sobre la compra de bonos en el mercado secundario, esto implicaría altos costos de intermediación que las entidades bancarias comerciales deberán incorporarlos en las tasas de interés con las cuales se negociaría con el BCCR, es decir mayores costos para el Estado.

El BCCR en su comunicado de prensa el 15 de abril agrega; “La adquisición en el mercado secundario por parte del Banco Central de títulos del Ministerio de Hacienda no constituye financiamiento al Gobierno, pues la compra de los valores se realizaría a un tercero, que sería quien recibe el dinero por la adquisición que hiciere el Banco Centra (…)”.

El financiamiento del BCCR hacia el Estado mediante la compra de bonos es fundamental para seguir adelante, sin embargo, la medida de comprar estos bonos a una entidad bancaria comercial en el denominado mercado secundario incurriendo en mayores costos, no tiene sentido presupuestario claro está.

Lo correcto sería una relación directa (mercado primario) entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para la compra de los bonos sin ningún costo de intermediación y a tasas iguales a cero. Lo correcto sería financiar al Estado al menor costo posible; porque esto sería ayudar a los costarricenses.

El señor presidente en su discurso del 4 de abril sobre informe de labores indica “(…) promovemos una iniciativa global para que el financiamiento relativo a la pandemia para países de renta media sea a tasa fija, ojalá tasa cero, y de largo plazo. Esto para proteger a nuestros países y la cohesión social dentro de la región”.

En este país somos metafóricos por educación y a esto le llamamos “candil en la calle y oscuridad en la casa”, el señor presidente pide un tratamiento financiero internacional justo pero en el país se presupuesta alrededor de un 5.2% del PIB en pago de intereses por concepto de deuda en el presente año. Y para el presupuesto extraordinario se incluyó un apartado para el pago de 273.375 millones de colones por concepto de deuda pública interna.

La situación en que se encuentra el mundo y en particular Costa Rica demanda una negociación con las entidades a las cuales se les adeuda el servicio de intereses, dar a entender que en los momentos actuales el Estado necesita la mayor capacidad de flujo de caja posible, y que por ende el retraso del pago de intereses es fundamental para activar la economía, que los rendimientos de recursos ociosos pueden esperar; porque se necesita salvar vidas primero.

Ejes de una política económica transformadora

Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables

Sergio Reuben Soto
Sergio Reuben Soto.

 

Sergio Reuben Soto

 

Presentación

I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.

Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.

Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.

Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.

II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.

De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.

No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.

Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.

El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.

La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.

Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.

Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.

Propuesta de ejes principales

1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.

2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.

3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)

4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.

5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.

6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.

7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.

8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.

9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.

10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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