Skip to main content

Etiqueta: politiquería

Historia del El Jobo implica recordar la lucha campesina, no hacer politiquería

Renier Canales Medina
23/07/2024, Zona Sur, Costa Rica.

Es necesario retrotraer el tema de la recuperación de tierras de El Jobo en el cantón de La Cruz, en Guanacaste, ahora que este gobierno está tratando de utilizarlo para hacer politiquería al servicio de un sector de la burguesía criolla sin hablar seriamente de la histórica batalla por la tenencia de la tierra en ese lugar, dónde perdió la vida el compañero Gil Tablada Corea. También hay que recordar el papel destacado de la Federación Nacional Campesina (FENAC), y del compañero Rodrigo Ureña Quirós.

Rodrigo Chávez Robles habla de denuncia ante los tribunales de parte del INDER en estos momentos. Dice que fue el ITCO el que les dio tierra a las campesinas y los campesinos en ese asentamiento. Y no le cuenta al pueblo costarricense quiénes fueron los protagonistas de esa lucha por la tierra y la justicia social y a qué costo lograron esas personas luchadoras obtener esa tierra pagando con su vida el compañero Gil Tablada Corea, quien fuera asesinado por el terrateniente Luis Morice, pero que los Tribunales de Justicia de este país nunca condenaron por ese crimen mientras estuvo viviendo en el país, y luego huyó a Nicaragua para evadir las acciones justicieras que ejecutaba la FENAC bajo la dirección del camarada licenciado Rodrigo Ureña Quirós.

Recordemos que Luis Morice (terrateniente) y Anastasio Somoza Debayle (presidente de Nicaragua) eran compadres porque Somoza era padrino de uno de los hijos de Morice.

Creo que llegó la hora de que entremos en acción para rescatar la memoria histórica de esa lucha en El Jobo, pedir cuentas sobre el asesinato de Gil Tablada Corea, denunciar la corrupción de los gobiernos anteriores del PLN – PUSC y no permitir que este gobierno oculte o invisibilice a los actores y protagonistas de esa gesta campesina y sea utilizada para hacer politiquería burguesa en una lucha entre dos bandos de la burguesía vende patria y anti pueblo.

Este comentario es una propuesta para actuar ya camaradas.

La politiquería destructiva alcanzó a la Orquesta Sinfónica Nacional

Freddy Pacheco León

No solo la ministra de Cultura movió y revolcó cosas de su despacho, para con la obvia venia de Rodrigo Chaves, remover de su puesto de DIRECTOR TITULAR de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), al maestro Carl St. Clair, cual si se tratara de un mediocre advenedizo, y no un prestigioso músico con amplia experiencia y reconocimiento internacional, sino que, además, no le importó dejar en manos de funcionarios incompetentes, el aparato burocrático, encargado de cuestiones básicas de la Orquesta. Al oponerse el Poder Ejecutivo a la petición lógica, que hicieran llegar los que sí conocen del tema, para que la sustitución del maestro St. Clair se hiciera en forma planificada, y no atropellada como la ejecutaron, en lugar de tomarse un tiempo prudencial de, al menos un año, para que esa gran Orquesta Sinfónica no sufriera las consecuencias de actos impensados, la ministra y el presidente, simplemente le cortaron la cabeza, dejándola sin la razonable guía y dirección que hoy padece.

Resulta que la burocracia del «Centro Nacional de la Música», con constantes cambios en su dirección, consecuencia de su inestabilidad administrativa, está erosionando dolorosamente, la calidad de la agrupación musical. Si no fuese porque sus músicos han levantado su voz en pro de la legalidad, las decisiones amañadas «de los que en su mediocridad mandan», habrían sido más dañinas, pues los hechos son insólitos. Un director general del Centro Nacional hubo de renunciar por tratar irrespetuosamente a una reconocida violista, y otro, el actual, omite aclarar que un acta de una Comisión Técnica, incluía un acuerdo… que no había sido tomado, y sobre el cual se han emitido decisiones, ¡en contra del exdirector St.Clair!, para que no se le invite siquiera, como director invitado, a uno de los conciertos de junio de la temporada del 2024. Es claro pues, que ni la ministra Guadamuz ni su jefe Rodrigo Chaves, quieren a St. Clair ni a un kilómetro de distancia, aunque no lo reconozcan.

En La Nación (digital principalmente) del 28 de diciembre, se consigna ampliamente la información sobre la denuncia de la ANEP, en defensa de la Sinfónica, sobre la cual no ahondaremos. Nuestra preocupación, y la de todos los costarricenses que valoramos en lo que vale la Sinfónica, aplaudimos el que en la Constitución Política se establezca, que el Estado tiene el deber de velar por ella como uno de los preciados bienes culturales. Momento de pensar en aquella semilla sembrada por don Pepe y don Guido Sáenz, que germinara con éxito a través del tiempo, y que no debemos permitir que se vaya a marchitar irreversiblemente. ¡Para qué tractores sin violines!, clamó el estadista, y sus palabras adquieren ahora mayor relevancia.

La OSN, por sus características especialísimas, no debería ser vista cual si fuese una oficina cualquiera de un ministerio. Sus integrantes, son, indiscutiblemente, fuera de lo común, por lo cual, debería existir una legislación que la cobije, que le garantice contrataciones con requisitos específicos, para que goce de estabilidad, continuidad, y no se vea afectada por un aparato burocrático que no la valora, como dolorosamente está sucediendo ahora.

Estos infelices nunca se han montado a un autobús

Martín Rodríguez E.

Titula la noticia hoy: «Sala IV no encontró vicios de procedimiento o de fondo en proyecto para ampliar vida útil de autobuses.»

Lamentable noticia para los millones de personas que utilizamos el servicio de transporte público, autobuses.

Es un hecho que la politiquería, la corrupción y los favores electoreros intervienen en la intención de los concesionarios del servicio público de autobuses para alargar «la vida» de los autobuses y acortar la de los usuarios.

Tanto los magistrados que votaron en contra de la Consulta de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el proyecto de Ley 23.782 con el pomposo título de «Ley para garantizar el Servicio de Autobús a los usuarios», como los diputados y diputadas que tramitan este en la Asamblea Legislativa, nunca sufren las consecuencias de viajar TODOS LOS DÍAS en unidades en deplorables condiciones.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió «por mayoría que no encontró vicios de fondo o de procedimiento en la iniciativa», sin contemplar las condiciones reales de las unidades que afectan, no solo a las personas con discapacidades varias, sino al resto de las personas que utilizamos el peor servicio, en las peores condiciones posibles.

¿A quién le deben «favores» magistrados y diputados?, a los empresarios que trasladan votantes a las urnas.

La consulta que se tramitó bajo el expediente judicial 23-026217-0007-CO, y presentada por la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de ley 23.782 «Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios», pretende agregar el Transitorio Nº 25 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dicen que para ampliar «temporalmente» la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por una única vez, pero ya tienen 10 o 15 años, en donde todos los gobiernos anteriores extendieron esa vida útil.

Indica la Sala IV que «la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses», pero por supuesto, afecta todas las personas usuarias.

Los magistrados señalaron que el Transitorio 25 que se pretende incluir no tiene como fin disminuir los estándares establecidos en la Ley 7600, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma «temporal» de las unidades para todas las personas, «esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.», esto demuestra que NUNCA se han montado a un autobús en su vida, no uno de lujo por supuesto.

La magistrada Anamari Garro Vargas emitió un voto separado en el que, «en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria, no porque la propuesta fuera intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta.» Por su parte el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo.

En Costa Rica, las unidades de autobuses quemadas por año son:

2020: 16

2021: 17

2022: 19

2023: 6… por ahora.

Reitero lo que desde hace años vengo diciendo, y como solo es un desahogo personal y a nadie le importa lo que piense, ni siquiera a mis vecinos que utilizan el servicio, son los gobiernos, los corruptos politiqueros de turno, diputados y diputadas, magistrados, autoridades como el Consejo de Transporte Público, COSEVI, ARESEP, serán los responsables por la pérdida de vidas por las condiciones de los autobuses.

La solución SIEMPRE estará en manos del pueblo, de la ciudadanía que se organice, se manifieste y se lance a las calles a EXIGIR que esta desfachatez se termine.

Por lo pronto, la recomendación de siempre, “Apenas vea humo o se sienta ese olor, llame al 911 y «rece» por su vida», luego de las gracias a los magistrados, diputados y presidente.

Sobre la politiquería

Luis Ángel Salazar Oses

Luis Ángel Salazar Oses

La politiquería es la Política trucada, prostituida, degradada, esto es, manipulada y preparada con toda clase de ardides y trampas; para convertirla en uno de los instrumentos más perversamente eficientes, empleados en la defensa, fortalecimiento y ampliación de los más nefastos intereses de las minoritarias argollas y sus secuaces que, a través de los siglos han explotado a los Pueblos del mundo. Aunque en sus manifestaciones más elementales cualquier persona puede emplearla y, de hecho lo hacen muy frecuentemente con más o menos éxitos, la politiquería se ha ido convirtiendo en una práctica, muy lucrativa por cierto, que requiere para el logro de sus malvados propósitos del concurso de auténticos especialistas, con amplios y profundos conocimientos de la Política, esa Ciencia que hemos calificado de enciclopédica en sus saberes y noble en sus quehaceres, a los que agregan un esmerado perfeccionamiento en las diferentes ramas de las artes teatrales. A esta variada y robusta panoplia agregan, no olvidarlo, toda la protección, apoyo y financiamiento de sus amos, los grandes ricos y poderosos de todos los tiempos.

Así armados, se lanzan omnipotentes por las buenas y las malas a conservar esclavos a los ya menguados y, ante todo a convertir en vasallos totalmente enajenados a las nuevas generaciones, a la niñez y la adolescencia de cada época. Para lograr estos infames propósitos invaden, sin consideración alguna, actividades fundamentales e ineludibles para la convivencia y el progreso humano como la educación -pública y privada-, a la que, robándole su esencia liberadora, la convierten en su antítesis, esto es, en domesticadora, cuya función otrora redentora, la convierten en esclavizadora; a la comunicación social, mediante el manejo de los grandes medios de comunicación, la tergiversan de tal forma que termina siendo una cadena de mentiras tan perfectamente engarzadas que consiguen, por ejemplo, que el Pueblo que somos terminemos odiando a nuestros auténticos amigos y amando a nuestros peores enemigos, defendiendo a muerte, por ejemplo, a la «democracia» costarricense, cuando se sabe que en nuestra Patria nunca hemos tenido democracia sino plutocracia esto es, gobierno de los grades ricos; a la religión la trocan en fuente de todo tipo de temores y complejos que nos convierten, por un lado en los únicos e individuales culpables de todas nuestras desgracias, siendo nuestra única salida la de sufrir, a modo de expiación acá en la tierra, toda clase de vejaciones, explotaciones y humillaciones, con tal de que, como premio, podamos disfrutar, después de nuestra muerte, del reino de Dios y, por otro lado, en mantenedores con nuestros diezmos, de las más criminal casta de vividores, de fuente fundamental de convivencia humana la convierten en mortal opio para el Pueblo. Otro de sus campos de acción predilectos es el jurídico en su doble función de proveedor de paz, mediante la impartición de justicia y de castigo. A la Justicia la convierten en defensora de los explotadores y represora de los explotados. Al sindicalismo, uno de los pocos campos de acción que poseen las y los trabajadores para la defensa y ampliación de sus legítimos derechos, lo penetran y lo convierten en su antítesis, en una teoría y práctica cuyo único fin es neutralizar toda acción realmente válida para el logro de sus justos propósitos originales y, en nido de dirigentes vividores que se ganan su mullida vida aparentando pretender cambiarlo todo, precisamente para que nada cambie.

Sin agotar el campo de acción de por sí casi infinito, de esta plaga politiquera, nos referiremos como último ejemplo, a la familia como institución. Conscientes de que precisamente en los primeros años del ser humano, en él se fijan los conocimientos y mitos más difíciles de borrar luego, la plaga politiquera sistemáticamente acomete por todos sus flancos a la familia, vía medios de comunicación, religión, etc, etc, inculcándole toda clase de prejuicios, de falsas concepciones que la familia fácilmente e, incluso muchas veces con la mejor intención, inyecta en la mente y costumbres de su descendencia.

Uno de los peores resultados de todo este proceso es que el politiquero y su politiquería, hacen que el Pueblo que somos, terminemos odiando a la Política y a quienes noblemente la practican, de manera tal que esta actividad literalmente vital para el auténtico e integral progreso de nuestra especie, se vea como un venenoso terreno y una cueva de ladrones en la que las personas decentes jamás deben siquiera poner sus plantas y mucho menos su esfuerzo. Justamente lo que la plutocracia hegemónica y sus secuaces politiqueros desean pues, de inmediato, pasan a convertirse en los amos y señores del motor político de nuestro país, de la dirección a su antojo de nuestra Patria, eso es lo que hoy sufrimos.

¿Cómo detectar al politiquero y a la politiquería? No es difícil hacerlo pero sí requiere de quien ejecute esta tarea, tarea por cierto que ineludiblemente todas y todos debemos asumir, primero, una mentalidad bien informada, analítica, crítica, creativa y libre; segundo, armados con estos fundamentales instrumentos de observación y estudio, sumergirnos de lleno en nuestra realidad política local, regional, nacional y mundial, teniendo como guía tres premisas a saber, a la o al politiquero solo le interesa en última instancia su bienestar y el de sus amos, Con ese propósito emplean la politiquería como simple instrumento de acción; la o el politiquero propone grandes cambios siendo que realmente emplea a la teoría y la práctica politiquera para que todo siga favoreciendo sus intereses y los de su mafiosa casta; finalmente, la o el politiquero, aunque demagógicamente siempre predican lo contrario, no tienen más valores que los que le dicta su egoísmo en su irrefrenable búsqueda de riquezas. Así, convierten a la Humanidad y a Naturaleza en materia prima para crear riquezas especialmente pecuniarias y, aunque predican democracia, en su cotidiano quehacer practican y defienden la plutocracia y especialmente la cleptocracia, es decir, el gobierno de las y los ladrones. En fin, las y los politiqueros hoy te abrazan y, mañana te dan la puñalada por la espalda. ¿Qué hacer? ¡Política!

La Defensoría, el Ombudsman y los Principios de París

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, la Defensoría de los Habitantes gozaba de una amplia y positiva popularidad. Aparecía entre las instituciones públicas con mayor respaldo y credibilidad ciudadana. En esa época, se decía cuando algún ciudadano era víctima de alguna violación de los derechos, lo voy a acusar a la Defensoría. Aun cuando quizás se sobre-dimensionaba el alcance de su accionar concreto, en el imaginario social se le visualizaba de esta manera.

Sin embargo, poco a poco, la entidad se ha ido erosionando al compás de elecciones de jerarcas marcadas por las componendas politiqueras en la Asamblea Legislativa, y no por el dominio solvente de la temática de los derechos humanos, la probada independencia, los atestados y propuestas programáticas de quienes se postulan a ese cargo.

Podríamos decir que la Defensoría se ha ido debilitando, de manera tristemente paralela, al deterioro progresivo de nuestro Estado Social de Derecho. Una entidad que debía de defender y promover los derechos humanos, particularmente, los derechos sociales de los habitantes, ha dejado de jugar un rol activo en este ámbito. Se ha convertido en una institución con una incidencia marginal en temas cruciales de derechos humanos y ha estado sumergida en una crisis interna perenne, en la cual los funcionarios de la institución se han venido enfrentando a conductas arbitrarias y autoritarias de jerarcas, quienes deberían ser abanderados del derecho, del diálogo y la justicia.

En su creación, la Defensoría se inspiró en el Ombudsman sueco. En Suecia nace como una instancia caracterizada por la independencia ante los poderes políticos y administrativos instituidos. La independencia es entonces un principio clave e imprescindible en la razón de ser de ese Ombudsman. Sin tal independencia la institución pierde su rumbo y sentido.

En el caso nuestro, no por casualidad el artículo 2 de la Ley 7319, mediante la cual de crea la Defensoría de los Habitantes en 1992, está centrado en ese principio. El artículo indica lo siguiente: «La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.»

Sin esa independencia, su atribución principal de ser «el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes» (definida en el artículo 1 de la mencionada ley), se quedará vacío.

En 1991, en París, al finalizar un seminario internacional sobre derechos humanos, las entidades participantes, institucionales y de sociedad civil, aprobaron «los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos». Tales son lo desde entonces se conocen como «Los Principios de París», que posteriormente fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, en 1992 y 1993, respectivamente.

El corazón de los “Principios de París” es la independencia de la que deben gozar instituciones nacionales de derechos humanos, como es la Defensoría. La construcción práctica de esa deseada independencia política, administrativa y funcional, empieza con la elección de la persona que encabeza la institución.

Desafortunadamente, lo que estamos observando en la Asamblea Legislativa en el proceso para elegir a quien lidere la institución en los próximos cuatro años, podría no sentar las bases que aseguren la independencia de la Defensoría. Se han estado impulsando candidaturas que no cumplen con los requisitos de idoneidad, dominio técnico en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito de la imprescindible independencia.

Se impulsa a candidatas y candidatos que de ser electos, es muy probable que empujen a la Defensoría a una agenda cada vez más restrictiva en derechos humanos. Malas perspectivas cuando, por la gravedad de la crisis económica y, particularmente, la social, lo que se requiere es un liderazgo que trabaje fuerte en la defensa, protección y promoción de los derechos de los habitantes, especialmente, los que enfrentan más duras condiciones de vida.

Por lo que se ha dado en los últimos tiempos y por el comportamiento de algunos partidos y diputados, que tienen una visión muy limitada de los derechos humanos, pareciera que se quiere llevar a esta institución a un papel tan irrelevante, que termine siendo prescindible.

Ante el grave deterioro de nuestro Estado Social de Derecho, que se traduce en restricciones y violaciones de derechos sociales, nunca ha hecho más falta una Defensoría encabezada por una Defensora o Defensor, que, con la mayor independencia, defienda y promueva los derechos humanos, haga que la entidad recobre credibilidad entre la ciudadanía, labore en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y resuelva, en forma constructiva, los conflictos internos que debilitan la acción unitaria de la institución.

(17 de febrero, 2023)

Saquen sus sucias manos de la Defensoría

Luis Paulino Vargas Solís

He escuchado decir a algunas personas: “¿La Defensoría? Eso no sirve para nada. Mejor la cerraran”. Obviamente no comparto ese punto de vista, pero creo comprender dónde se origina esa percepción: es el fruto de la irresponsabilidad de las élites políticas, que han convertido el nombramiento del defensor o defensora en una piñata a merced de la politiquería y de las estrecheces de ideologías retrógradas, contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos.

¿Cuál trayectoria en la defensa de los derechos humanos respaldaba a Sandra Piszk, José Manuel Echandi y Ofelia Tailtelbaum al momento que se les nombró en la Defensoría? En realidad, ninguna ¿Qué antecedentes sustentaron la elección de Catalina Crespo, la última defensora? Parece que su único, y dudosísimo mérito, era su identificación con la ideología conservadora y antiderechos de ciertos grupos políticos.

Lo cierto es que, bajo el liderazgo de Crespo, y teniendo a Mario Zamora como su hombre de confianza, la Defensoría tocó fondo. Nunca se vivió un ambiente interno tan convulso y enrarecido, manchado por decisiones arbitrarias e innumerables denuncias de persecución laboral. Nunca la Defensoría fue tan omisa e ineficaz en la defensa de los derechos de la población, en especial algunos sectores muy vulnerabilizados.

Recientemente nos propusieron el nombre de Erick Ulate, un tipo muy hábil si de ganar visibilidad mediática se trata, que ha hecho de la bandera de “el consumidor” un arma muy poderosa para promover una ideología libremercadista recalcitrante, muy del agrado de los oligopolios que dominan la economía costarricense. Su “compromiso” con los derechos humanos quedó bien retratado cuando, desde su silla en el Consejo de Transporte Público (CTP), apoyó a los autobuseros, en perjuicio de los derechos de las personas usuarias.

Luego ha saltado el nombre del ya mencionado Mario Zamora. Vean que ya esto es sumar desfachatez a cinismo. Por si no fuera suficiente el importante papel que Zamora jugó durante la desastrosa gestión de Crespo, el hombre acumula un palmarés de cuestionamientos que fácilmente llenaría enciclopedias: desde acusaciones penales e investigaciones a cargo de la Procuraduría de la Ética, a sanciones por parte de la Contraloría y actuaciones abiertamente adversas a los derechos humanos.

Necesitamos un defensor o una defensora que sea una persona seria, estudiosa, honesta y realmente identificada con los derechos humanos. Hay diputadas y diputados comprometidos en la búsqueda de alguien que cumpla con esos criterios, pero también hay una barra brava legislativa que intenta imponer su ideología antiderechos, aun si eso significa terminar de hundir a la Defensoría.

La ciudadanía debe hacerse respetar e impedir que ocurra tal barbaridad.

 

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

El circo legislativo del 10 de febrero

Vladimir de la Cruz

Primer acto:

El pasado miércoles el Presidente de la República se presentó al recinto parlamentario, obligado bajo amenaza de ser llevado con la Fuerza Pública, de la cual el Presidente es su máximo jerarca, pero convencido de que lo que estaba sucediendo no era constitucional, ni podía ser conminado de esa manera por un grupo de diputados, donde parecían más una recua política, en la cual uno tras otro rebuznaba, más que razonaba, procurando ver cómo encontraban algún resquicio que les permitiera aprovechar algo para solucionar el problema que se ha creado, más artificial y políticamente, que de la realidad real de la Casa Presidencial, alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Entró el Presidente, al Palacio Parlamentario, con la entereza y la dignidad de su cargo, portando la Constitución Política bajo su brazo izquierdo, llevándola muy cerca de su corazón, y en conciencia, sabiendo y teniendo en su mente que había jurado defenderla y, convencido, de que su presencia de esa forma era inconstitucional, pero que en esa inconstitucionalidad provocada por los diputados que le obligaron a presentarse de esa manera, él estaba defendiendo la Constitución Política que juró defender y cumplir, y se las estaba enrostrando en su cara, y la defendía de cara a la ciudadanía que seguía el show circense, montado con ese propósito, en el escenario que habían montado alrededor de esa llegada, y en el Teatro que convirtieron el Plenario Legislativo.

No tuvo gran sorpresa, en esa entrada, de lo que parecía, viéndolo en la televisión, un ring de boxeo o de lucha libre, cuando era la plataforma, la pista de circo, donde iban a operar el grupillo de presentes, con voz y voto, y algunos solo con voz, que como no tenían nada que decir, pasaban la voz, como en el viejo teatro griego donde se ponían la máscara para representar otro personaje, o para hacerse representar por otro, en cierta forma, o hablar por otro, en este caso, de una manera cobarde y escapista.

En el aparato de televisión se distinguía bien cuando los actores de ese circo se ponían la máscara de la comedia, la de la tragedia, o la del drama. Era una mezcla de llanto y de risa, símbolos de las máscaras, ahí en ese escenario, para los espectadores serios a la distancia, que veían aquella escena, que parecía una farsa, en este caso, no tan breve, de 8 horas, de teatro cómico y satírico que exhibe aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos, entre ellos el comportamiento de legisladores.

Entre los actores del circo había orgásmicamente felicidad y tristeza, emoción y depresión al enfrentar al Presidente, que parecía más un convidado de piedra, que no le permitían explicar y dar respuesta ampliamente a lo que se le preguntaba, le interrumpían o le pedían que no siguiera explicando. Probablemente, para el Presidente quienes ante él actuaban, de esa manera, y usaban esas máscaras, de conformidad a la tradición teatral árabe seguramente se le mostraban como bufones, payazos, y personas risibles.

La acrobacia, el contorsionismo, la cuerda floja, la cama elástica, el balancín, el equilibrismo, el escapismo, la magia, el malabarismo, el trapecismo, el forzudismo, y las otras artes circenses estaban dispuestas para que el gran público apreciara por donde se iban a mover los actores del circo y por donde querían llevar al invitado a esa actividad teatral. Faltaron tragafuegos, que sí había quienes escupían fuego, tragasables que al menos los exhibían, al estilo de los tribunales religiosos medievales e inquisitoriales.

No se sorprendió el Presidente cuando vio que los presentes, con ropa de diputados, actuando como diputados, en ese circo político que se había montado, mientras él llevaba su Constitución en su corazón y en su mente, los veía de pie y sentados, poniéndoles sus zapatos encima a esa Constitución Política. Bastaba ver cuando le preguntaban tontamente si él, el Presidente, estaba convencido de que el acto en que participaba era inconstitucional, cuando ellos, con la Constitución, bajo sus zapatos, estaban ensuciándola y pateándola, y le conminaban con esa pregunta.

Uno de los presentes al menos tuvo la gallardía de decir y reconocer que se trataba de un verdadero juicio político, que de eso trataba porque esa era la labor que ellos hacían en el llamado control político legislativo. Un personaje circense que quiere llegar a ser Presidente de Costa Rica defendiendo los juicios políticos, al estilo de cualquiera de los grandes, medianos o pequeños déspotas, dictadores, tiranos, sátrapas, de todos los continentes, de todos los que han existido usando su poder político sobre el judicial.

Segundo Acto:

El escenario, la pista del circo. El Presidente fue llamado por una Comisión Investigadora del caso UPAD. Las Comisiones tienen recintos o espacios en el nuevo Edificio Legislativo para trabajar y llevar a cabo sus funciones. Están también los escenarios de los Mini Plenarios, donde se reúnen con capacidad legislativa grupos de 19 diputados. Son espacios abiertos a la prensa y al público que puede asistir a ver las sesiones.

En ocasiones se puede solicitar a los diputados que una situación de una Comisión se trate y se conozca en el Plenario legislativo, actuando todos los diputados como Comisión al efecto, y así se sesiona en el recinto del Plenario Legislativo.

En esta ocasión no se acudió a pedir al Plenario de los Diputados que actuaran como Comisión todos y hacer del Plenario el escenario de la Comisión Investigativa de la UPAD.

Para esta oportunidad, obviamente, por el magnicidio que se pretendía montar se solicitó el Salón Plenario, donde se reúnen los 57 diputados, para que allí se realizara el teatro, o el circo, donde se esperaba que se llenaran los palcos con los restantes 57 diputados que no son miembros de la Comisión, actuando como palcos del circo que se montaba. Los de la gradería se sol, o del último piso de ese circo, estábamos a la distancia, siguiendo el show desde las casas o desde la radio, en casas o en autos.

La sorpresa fue que esa gradería de los 57 palcos estaba literalmente vacía. Solo estaban, en la pista del circo que se montó, los diputados de la Comisión, y unos pocos, poquísimos, que llegaron a pedir la palabra para cederla, y unos para hablar por ellos mismos. Para el resto de diputados, para los ausentes al Plenario, parecía que eso no tenía ninguna importancia ni trascendencia.

Si se esperaba por los organizadores del circo que aquello iba a ser apoteósico, fue un verdadero desastre, eso sí político. Fue una función circense que no provocó el aplauso, ni el compromiso del resto de los diputados, ni del gran público a la distancia, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con UPAD. Pero sí evidencian el repudio a la forma teatral con que se montó ese acto inquisitorio.

Si podía o no actuar la Comisión en el Plenario legislativo es una discusión de poca monta. Perfectamente podían hacerlo siguiendo los rigores de los trámites administrativos y políticos para hacerlos. Los trámites políticos, porque tiene que haber habido acuerdo político de los Jefes de las Fracciones parlamentarias para proceder de esa manera, con acuerdo también del Directorio Legislativo.

La Asamblea Legislativa a todos los efectos es su Edificio, es la representación genuina de la máxima Casa del Pueblo. El Plenario es su símbolo supremo, donde se reúnen los 57 diputados, los representantes populares, los diputados que expresan de la forma más amplia la voluntad política, electoral y soberana del pueblo costarricense.

Si la Asamblea Legislativa puede cambiar su recinto de sesiones plenarias, y trasladarlo fuera de San José, como a veces ocurre, obvio es que el recinto de comisiones pueda cambiarse dentro del mismo edificio legislativo, incluso usando el Salón Plenario si así se dispone por acuerdos legislativos de carácter administrativo. Lo han hecho en el pasado para ir a la Casa Presidencial también.

Tercer Acto:

La inconstitucionalidad del acto circense. Que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Asamblea Legislativa puedan hacer comparecer a cualquier persona, para interrogarla, no quiere decir que puedan hacer eso con quien ejerce la Presidencia de la República, en su condición de Presidente. Esa es la única persona que está excluida constitucionalmente de ese llamado, ni por la fuerza. No existe la figura constitucional, ni legislativa, ni del reglamento legislativo, que tiene fuerza de ley, para llamar al Presidente a estos interrogatorios, interpelaciones y conminaciones.

El único acto al que el Presidente está obligado ante la Asamblea Legislativa, ante sus Diputados, es a presentar en forma escrita el 1 de mayo de cada año su Informe sobre la Buena Marcha de la República. Ni siquiera está obligado a irlo a leer. Bien podría enviarlo y que el Secretario del Congreso lo lea.

La tradición ha establecido que el Presidente se presente a leerlo, en un acto de la mayor solemnidad establecida. Este Informe sobre el Estado de la Nación ni siquiera se discute con el Presidente. Se le recibe y luego, en los siguientes tres días, por un corto espacio de tiempo, los diputados y sus fracciones tienen unos minutos para referirse a este Informe. Esa sería la gran oportunidad de discutir a fondo, y con sesiones de ocho horas, como la del miércoles pasado, ese Informe, que a todas luces es más importante.

La discusión del Informe Presidencial que hacen los diputados es en mucho ridícula, vacía, y no deja nada de resultado, es un canto a la luna.

Los Ministros, que sí pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa, y hasta sancionados, están igualmente obligados a entregar anualmente, un Informe similar al del Presidente, ante los diputados, antes del 15 de mayo de cada año. ¿Cuándo han sido llamados los Ministros o interpelados sobre sus informes a la Asamblea Legislativa? Nunca, que yo recuerde, han llamado a algún Ministro, que además tienen asiento legislativo, con voz, que pueden asistir o concurrir en cualquier momento, si así quisieran, a las sesiones.

Ni siquiera sobre parcialidad política del Presidente podría ser llevado a la Asamblea Legislativa. En este caso tan solo se tramitaría ante la Asamblea Legislativa la acción respectiva para “dar cuenta del resultado de la investigación”. Ni siquiera se señala en la Constitución que sea para levantarle la inmunidad y someterlo a los Tribunales de Justicia.

La Asamblea Legislativa puede admitir acusaciones, en trámite judicial, contra el Presidente, que no es el caso de esta situación de la UPAD, para levantarle su inmunidad.

Cuando en la Constitución se habla de que a la Asamblea se puede hacer comparecer a cualquier persona, a renglón seguido se menciona que se puede interpelar a los Ministros, pero se excluye al Presidente, por el rango de la investidura y representación que tiene. Y esto tiene que respetarse, lo que no se hizo, violentando la Constitución Política con el acto bochornoso del pasado miércoles 10 de febrero, y con los actos envalentonados, al estilo de Trump, de algunos diputados, que provocadoramente le solicitan al Presidente que acuda a la Sala IV para reclamar su inconstitucionalidad, y poner a chocar a los tres Supremos Poderes de la Republica. ¿Qué quieren con esto? ¿Más circo en el período pre electoral?

La Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que asesora en materia jurídica a todos los diputados y a sus respectivas fracciones partidarias había establecido que era inconstitucional lo que se pretendía con el Presidente. ¿Por qué el grupillo de diputados de esta Comisión se empeñó en actuar contra la Constitución Política? ¿Fue solo por hacer un montaje politiquero, en este momento que está en marcha la campaña electoral?

Enseñar de esta forma, por parte de los diputados, a irrespetar la Constitución Política es introducir la violación de la Constitución como una práctica cotidiana por cualquier persona o grupo de personas, es debilitar el sistema jurídico nacional y las bases del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos construido en estos 200 años de vida Independiente, es llamar a ejercer el autoritarismo en cualquiera de las formas que pueda manifestarse.

La inconstitucionalidad realizada es también un acto de ilegalidad contra el Estado de Derecho existente, que pone en entredicho la relación jerárquica de los Poderes Públicos, haciendo del Legislativo un órgano autoritario que, con este comportamiento, no se aleja mucho de las formas fascistas de gobernar.

En Costa Rica al Presidente de la República no se le puede parlamentaria o legislativamente interpelar, censurar ni darle aplausos, menos conminar, como se hizo con él.

Cuarto Acto:

Cuando el diputado Dragos Dolanescu, luciéndose de payazo en la arena del circo, manifestó que conocía, y le hizo recordar al Presidente la clave de su teléfono, que estaba en el expediente que se tiene en el Ministerio Público, en la Fiscalía, cometió la estupidez más grande que se puede haber hecho ese día. Sencillamente dio los instrumentos legales para invalidar toda la prueba, que se quiera montar, contra el Presidente, de todos los objetos personales que le fueron decomisados, asociados al teléfono confiscado. Ese era más que un dato sensible, era una situación sensible de trámite judicial.

Que la Fiscalía investigue cómo Dolanescu obtuvo esa, y quien sabe qué otra información logró, tan solo un trámite interno de la Fiscalía de investigación de cómo se le suministró, o si él mismo Drago se la robó. Lo que es obvio es que se inutilizó una prueba y toda la que esté ligada a ese dato. ¿Será imbécil o tonto?

La violación de datos que se le imputa la Presidente con su UPAD quien la realizó fue el payazo principal de este circo, Dolanescu, cuando él si violó la confidencialidad, la privacidad de datos del Presidente y de un Expediente en tramite de investigación judicial, cuando con su acto irresponsable creó la condiciones para que todo esto se anule.

¿Oh, estaré pensando a lo Dolanescu? ¿Será que Dolanescu en todo este espectáculo le hizo el juego al Presidente para anular su expediente investigativo? Esto sería como el Premio Mayor de la Lotería de diciembre.

Dragos Dolanescu sí cometió un acto ilícito, de manera pública, con cámaras de televisión y micrófonos de radio, que consta en actas legislativas, al declarar que conocía la clave del teléfono del Presidente y además decirla con luces y altoparlantes. Además, seguramente se la robó del expediente que se tiene en la Fiscalía, si no dice quién se la dio.

Su exhibicionismo político no dista mucho de los exhibicionistas sexuales, solo le faltó salir corriendo en esa pista legislativa desnudo, al estilo de los viejos sátiros de barrio que mostraban tan solo sus menudencias…

Quinto Acto:

Por más tonto que pudiéramos pensar que es el Presidente, que no lo es, bien sabe que no puede hacer nada, incluso en Decretos, que no esté facultado para realizarlos, ni pueden esos Decretos ser ilegales, estar contra una Ley o inconstitucionales porque violen la Constitución. En la jerarquía del ordenamiento jurídico del país los Decretos están debajo de las Leyes y la Constitución Política. Es un principio de legalidad básico, que nos permite disfrutar el Estado de Derecho que tenemos, y de confiar en él. Si se produjera abuso de poder se puede castigar.

El Control Político de los diputados es irrenunciable para investigar cualquier actuación de cualquier funcionario público, sobre actos políticos y morales, sancionables o reprochables, o inconstitucionales o ilegales que afecten los intereses públicos.

Sexto Acto:

Nunca en el país, al menos durante la Segunda República, en estos 72 años, se había visto tal bochorno contra un Presidente, allanarle la Casa Presidencial, decomisarle objetos personales, teléfonos y computadoras, revisarle sus comunicaciones oficiales y personales…

Sétimo Acto:

La discusión sobre la UPAD debió haber sido sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Esta sí es una policía política, directamente dependiente del Despacho del Ministerio de la Presidencia. Aquí sí se recaba constantemente datos de costarricenses y se llevan expedientes con todo lo que se pueda saber de ellos, por sus militancias políticas, sus actuaciones públicas, sus viajes a países socialistas, cuando existían esos países, seguramente se siguen llevando sobre quienes simpatizan con Venezuela, Cuba, Nicaragua, la China Comunista, Corea del Norte, Vietnam, o con algunos dirigentes políticos de izquierda de Suramérica, o de los países árabes. En época del Presidente Rodrigo Carazo se dio orden de llevar información de miembros del Movimiento Costa Rica Libre. Se llegó a decir que la DIS tenía capacidad de ubicación de una persona que estuviera en sus archivos y datos en 8 minutos.

Todavía se sigue llevando información política, y también bancaria, asociada a los nuevos delitos de blanqueo de capitales, y otros. Todas las personas que participan en partidos políticos como candidatos, o en puestos de elección popular están clasificados, para efectos bancarios, como “sospechosos” de blanqueo de capitales. Así operan los bancos hoy, y tienen que rendir declaraciones de sus ingresos o movimientos bancarios cuando pasan de 10.000 dólares

A todos los que participan en política y en partidos políticos les tienen un expediente personal. Me consta. La DIS solicita esta información al Tribunal Supremo de Elecciones, que la entrega sin discusión.

La DIS no solo hacía expedientes sino que decomisaba libros, hojas sueltas, periódicos de izquierda, detenía arbitrariamente, en casas y en el aeropuerto, donde tenían agentes destacados, amenazaban con detener y hasta con torturar.

Todo disidente, contestatario, opositor al sistema político ahí se le anotaba, y se le sigue anotando. Lo hemos visto en las últimas marchas y movilizaciones ciudadanas.

De la DIS salía información clasificada hacia los diputados para evitar nombramientos como los de magistrados y magistradas, por sus vinculaciones de izquierda o por sus amistades de izquierda. Fui testigo de un caso hace pocos años, en que se hizo circular una información pidiendo a los diputados que no votaran por una candidata a Magistrada.

Por ello, si se trata de discutir de DATOS, debió haberse empezado a discutir de los datos que maneja la DIS. Los de la UPAD pareciera menos politizados, son una pulga comparados.

La información de todos los costarricenses está bien documentada públicamente, en el Registro Civil y en el Tribunal Supremo de Elecciones, en todo el Sistema Bancario Nacional, en el ICE, en el SNAA, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en Migración, en todo el sistema escolar, secundario y universitario, en la Dirección General de Tránsito, en el Registro Nacional, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en las Encuestas de Hogares, en la Caja Costarricense del Seguro Social y de todos los EBAIS, incluso se han abierto los expedientes médicos, en todos los Tribunales de Justicia, en todas sus instancias y regiones, en todas las empresas que venden a crédito, y en otras instituciones, así como en Waze, y en todas las redes informáticas, en todas las cableras…hasta hay empresas privadas que venden información de personas a empresas y a quien la pague…

Todo esto lo accesa la DIS. ¿Por qué entonces tanto alboroto con la UPAD que pareciera más para la toma de decisiones de políticas públicas, de ejercicio de gobierno, de este y de los que vengan, como herramientas estadísticas, así como seguirá existiendo la DIS con el próximo gobierno sea cual sea?

Si de datos personales, sensibles se trata, esta es la discusión nacional que se debe llevar, la de todas las bases de datos que existen de los costarricenses.

Octavo Acto:

El Presidente no salió mal parado de la función circense. Los actores de ese circo del miércoles no dieron la talla, fueron ellos los que perdieron. Los que estábamos de público a la distancia y en la virtualidad quedamos decepcionados por los hechos pero sobre todo por la pésima función, por la mala actuación, por payazos que daban lástima de su papel y actuación, por el mal circo que se montó y ejecutó, por la mala imagen que le ocasionaron estos actores de vodevil barato, de enredo y poca trascendencia. Salió desmejorada la imagen del Poder Legislativo.

Para los que pensaban politiqueramente que el Presidente y el Partido Acción Ciudadana iban a quedar en el suelo, preocúpense, porque el Presidente no salió más débil de cómo llegó, y su Partido no fue objeto de discusión en esa pista circense.

Siendo un Partido en el Gobierno no hay que descartar la posibilidad de un tercer gobierno del PAC, considerando el descalabro que tienen todos los otros partidos políticos. Así vi el espectáculo del circo del miércoles pasado.