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Etiqueta: pospandemia

UCR: La seguridad alimentaria y nutricional, el norte que debe perseguir el sector agroalimentario

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Mayor apoyo a los pequeños productores, inserción del país en la bioeconomía y estimular la inversión extranjera en zonas rurales figuran entre las propuestas

La pandemia por COVID-19 provocó que sectores agroexportadores muy dinámicos disminuyeran su volumen de ventas al exterior. Una de las propuestas de la UCR tiene que ver con el impulso a nuevas actividades de exportación. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El cierre de fronteras y la disminución abrupta del comercio internacional que provocó la pandemia por COVID-19 le recordó al mundo la importancia de que cada país produzca los alimentos que consume, para que una situación de emergencia no genere desabastecimiento, sino que se cuente con una producción sostenida y garantizada en el tiempo, respaldada por una sólida cadena de industrialización y distribución.

Costa Rica no experimentó la ausencia de productos en el mercado, gracias a un sector agroalimentario que no paró de trabajar en ningún momento ni pudo optar por el teletrabajo porque, sencillamente, las vacas deben ser ordeñadas todos los días y las cosechas hay que recogerlas en el momento oportuno. No obstante, muchos productores agropecuarios vieron disminuidas sus ventas por el cese de la actividad turística y el decrecimiento del consumo en restaurantes y sodas.

Por otro lado, la pandemia también recordó la fragilidad de la actividad exportadora, cuando se basa en bienes no esenciales para la dieta de los países importadores. Es el caso de sectores muy dinámicos como la piña, el melón y las plantas ornamentales, que han visto disminuido su volumen de exportación desde que inició la cuarentena y el cierre de fronteras.

De acuerdo con Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, el país tiene un sistema agroalimentario frágil porque, aunque produce cerca del 70% de la canasta básica alimentaria, todavía no es autosuficiente en la producción de arroz y frijoles. “Con la pandemia todos los países están reforzando su sistema productivo para garantizar, a partir de su propia producción, el suministro de alimentos de la población. Entonces, el sistema agroalimentario se vuelve muy estratégico. De ahí importancia de resolver esa fragilidad”, resaltó.

Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país ante este tipo de situaciones, reducir el impacto de la pandemia en las zonas rurales e iniciar el proceso de reactivación del sector agropecuario y pesquero, el área de Ciencias Agrolimentarias de la Universidad de Costa Rica presentó al Gobierno de la República un conjunto de propuestas que buscan fortalecer el sistema agroalimentario.

El documento empieza señalando que el sistema agroalimentario costarricense requiere cambios urgentes para que genere ingresos dignos a los productores y sea responsable en materia ambiental y socialmente justo. En esta línea se debe trabajar en el mejoramiento de la productividad, en la reducción de costos, en darle valor agregado a la producción y en reducir el margen de comercialización.

A partir de este señalamiento, se presentan propuestas de política pública para llevarlas a cabo de forma inmediata, así como en el corto y mediano plazos. A continuación se detallan las principales sugerencias:

Medidas inmediatas

Para los primeros 6 meses se propone desarrollar acciones que apoyen o complementen las medidas que elaboró el sector agroalimentario en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) plasmadas en el documento “57 medidas Agro COVID-19”.

Entre ellas se destaca el apoyo a todas las medidas tendientes a la flexibilización del cobro del crédito con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de los pequeños productores y pequeñas empresas, a fin de que las situaciones de poca solvencia causadas por la pandemia no les impida ser sujetos de nuevos créditos.

En este sentido también se apoyan las gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de créditos para la agricultura, por medio de la reducción de las tasas de interés y el incremento en los plazos de pago tanto en el Sistema Bancario Nacional como en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

También se subraya la necesidad de contar con sistemas de rastreo que le permitan al consumidor identificar la procedencia de los productos pesqueros y agropecuarios y las condiciones ambientales y laborales en las que se produjeron, con el fin de promocionar la producción de origen nacional. Asimismo, se sugiere fortalecer y modernizar el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción (CNP) e implementar mecanismos innovadores de comercio solidario de productos agropecuarios y pesqueros con base en las organizaciones asociativas.

Adicionalmente, se propone garantizar la alimentación de la población mediante acciones específicas en materia de producción de alimentos, almacenamiento y empleo. Entre ellas resalta la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esta medida contribuiría a evitar el despido de trabajadores o el cese temporal de los contratos laborales. Por ejemplo, en fincas piñeras, dependiendo de la zona y de la época, se podría incluir un ciclo de rotación de maíz o frijol en áreas de renovación. En áreas de invernaderos que estaban dedicadas a flores, se podrían introducir pequeñas modificaciones para producir hortalizas o semilla de papa, aprovechando la infraestructura existente.

Una de las propuestas de la UCR es la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esto contribuiría con el empleo en las zonas rurales y con una mayor disponibilidad de granos producidos localmente. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Paralelamente, se propone generar un proyecto para mejorar la infraestructura de almacenamiento de granos que incluya las necesidades de inversión y la identificación de posibles fuentes de financiamiento.

En materia de empleo se apela a utilizar todas las medidas legales para proteger al productor nacional, así como no criminalizar al sector de pescadores artesanales confundiendo la informalidad con la ilegalidad, sobre todo cuando han perdido su licencia por condiciones de pobreza.

Asimismo, se remarca la necesidad de ofrecer alternativas para el combate de problemas fitosanitarios con el fin de que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para producir eficientemente, sin riesgos para la salud y el ambiente.

Además, se puntualiza la urgencia de fortalecer tecnológicamente la producción de café para aumentar la productividad, disminuir los costos y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de esta actividad, tomando en consideración que es un sector que genera más de cien mil empleos.

Entre las medidas inmediatas se incluyen acciones tendientes a fomentar la innovación productiva. Una de ellas es generar un mecanismo de financiamiento específico utilizando la banca, fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y seguros de cosecha, con apoyo técnico de las universidades, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por ejemplo, se menciona la incorporación de nuevas variedades de café y el uso de agricultura de precisión en el cultivo del arroz como formas de aumentar la productividad de ambos sectores. Por otro lado, se apoya la aprobación del proyecto de ley para la modificación de la Ley de Biodiversidad, con el fin de facilitar y promover la inserción del país en la bioeconomía.

Medidas a corto plazo

Este período va de seis meses a un año, en el que se propone mejorar la productividad de los actuales sistemas por medio de 11 acciones, entre las que destacan actividades demostrativas de sistemas productivos exitosos. Por ejemplo, fincas que han aumentado su productividad y resiliencia ante el cambio climático a partir de buenas prácticas agrícolas y áreas de pesca responsable que incluyen la trazabilidad del pescado proveniente de pesquerías artesanales.

Por otra parte, también se sugiere habilitar nuevas épocas de cultivo de productos de alta demanda de mano de obra, como las hortalizas. El aumento de esta producción debe ir de la mano con una campaña para promocionar su consumo con el fin de evitar una sobreoferta. Esta medida contribuiría a generar más puestos de trabajo y mejoraría la nutrición de las personas, reduciendo los gastos en los que tiene que incurrir la CCSS en la atención de enfermedades cardiovasculares prevenibles.

Para el sector pesquero se propone desarrollar un modelo de organización de pesquerías de pequeña escala para la gestión ambiental y el comercio justo, así como formalizar a los pescadores artesanales para garantizar el mantenimiento digno de su actividad.

Otra de las propuestas de la UCR se relaciona con la organización de pesquerías de pequeña escala que le den trazabilidad a sus productos para una gestión sostenible de los recursos marinos y la obtención de un mejor precio en el mercado. Foto: Dennis Castro

En el tema exportador se sugiere impulsar nuevas actividades a partir de los estudios desarrollados por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). En esta misma línea se recomienda facilitar todos los procesos para que el sector agroexportador siga generando empleo. Entre otros, se mencionan la tramitología, las tarifas portuarias, los escáneres y el registro de agroquímicos de última generación.

También se enfatiza en la necesidad de reactivar el empleo rural más allá de la producción agroalimentaria, ya sea estimulando el turismo rural comunitario, impulsando la agroindustria asociativa o promoviendo la inversión extranjera en las zonas rurales. Con todo ello se pretende dinamizar la economía de estas regiones y generar empleos atractivos que provoquen la migración de la ciudad al campo.

Medidas a mediano plazo

Las propuestas de la UCR para desarrollarse en un plazo de uno a dos años se centran en generar emprendimientos en zonas rurales con base en actividades y tecnologías nuevas, entre los que destacan procesos de valor agregado para la alimentación humana y animal a partir de productos agrícolas y pesqueros.

También se recomienda insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía y descarbonización para generar nuevos emprendimientos de alto valor en zonas rurales y comunidades costeras, en concordancia con el Plan Estratégico de Banca para el Desarrollo, el Programa Nacional de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, medicamentos, plásticos biodegradables, energía y fibras.

Asimismo, se propone facilitar el acceso a la biodiversidad para generar conocimiento y tecnología para el desarrollo de controladores biológicos de plagas, biofertilizantes, biorremediadores de suelos y otros microorganismos útiles, así como el apoyo financiero para estos bioemprendimientos.

La UCR propone y actúa

Las propuestas formuladas por la UCR para la reactivación socioeconómica del sector agropecuario y pesquero del país van acompañadas de acciones concretas que la Facultad de Ciencias Agroalimentarias puede desarrollar para contribuir con este objetivo.

La primera de ellas es diseñar un programa para la transformación agroproductiva de Costa Rica con base en la modernización de los sistemas productivos, que incluya sistemas de producción resilientes y sostenibles, agricultura automatizada y de precisión, ambientes protegidos, valorización de la biomasa, valor agregado y comercio electrónico.

El uso de sensores remotos y de la agricultura de precisión liberarían a los productores de muchas labores manuales y mejoraría el rendimiento de los cultivos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Por otro lado, la Universidad se compromete a acompañar técnicamente programas específicos de su propuesta, como la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído, el incremento de semilla de buena calidad para arroz y frijoles para futuras siembras y todas las acciones para aumentar la productividad, disminuir el costo y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de la actividad cafetalera, entre otros.

Otra de las acciones tiene que ver con la implementación de un programa de capacitación y transferencia de tecnología en torno a la modernización de los sistemas productivos y a la creación de nuevos emprendimientos rurales basados en valor agregado alimentario y no alimentario. Adicionalmente, la UCR estaría apoyando todas las acciones para insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía.

“Creo que la Universidad puede hacer un aporte importantísimo en el tema de la bioeconomía. Por ejemplo, la valorización de la biomasa agrícola residual. De ahí se puede obtener energía, productos industriales y una serie de valores agregados que pueden generar nuevos emprendimientos en las zonas rurales”, destacó Arauz.

De acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, es imperativo el uso de la tecnología en la agricultura para mejorar la productividad. Sin embargo, su utilización debe hacerse desde un enfoque humanista. Es decir, que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo, sino que esté función de mejorar la calidad de vida de las personas.

Puede consultar el documento de las propuestas en el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/X11e

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Fortalecer la construcción de obra pública y de viviendas de interés social son soluciones para la crisis

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Las alianzas Público-Privadas deben incrementarse ante la carencia de recursos estatales

De acuerdo con los expertos de la UCR, el sector de la construcción es clave en la reactivación de la economía porque genera empleos, incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de las personas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Con el fin de contribuir con la reactivación económica del país ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un grupo de estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica elaboró un documento con más de 20 propuestas para el sector de la construcción y de la ingeniería civil.

De acuerdo con los expertos, este sector representa casi el 7% del empleo en el país, tomando en cuenta solo puestos directos de trabajo. Esto lo convierte en una actividad clave para desarrollar estrategias de recuperación económica con efectos positivos a corto plazo, tomando en consideración su capacidad de emplear personas de todos los estratos sociales.

Sin embargo, la misma crisis económica aunada a la compleja situación fiscal que atraviesa el país y a los recortes que aplicó la Asamblea Legislativa al Presupuesto de la República para el 2021, obligan a pensar en Alianzas Público-Privadas (APP) para que el sector de la construcción siga desarrollándose y generando puestos de trabajo.

En este sentido, Germán Valverde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, considera imprescindible este tipo de convenios. “Queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de la infraestructura en general va a ser necesario el uso de capitales privados y el apoyo de las APP para los próximos años. Es muy importante no parar la continuidad del desarrollo de proyectos”, enfatizó.

En esta misma línea, Rosendo Pujol Mesalles, catedrático de esta misma Escuela, advierte sobre la urgencia de bajar la incertidumbre económica y territorial por medio de un diálogo en el que se discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados y quitarles las trabas que los están bloqueando.

Las propuestas están organizadas en 7 grandes ejes que van desde la construcción en general hasta el desarrollo de infraestructura relacionada con la telemática. También se incluye un apartado más extenso sobre la construcción de obras de infraestructura vial y la edificación de viviendas bajo un novedoso sistema.

Eje de la construcción en general

En vista de que las obras de infraestructura de gran envergadura suelen mejorar la competitividad del país, el grupo de estudio sugiere mantenerlas activas y agilizar su desarrollo, de la mano de la promoción de proyectos de corto plazo que requieran gran cantidad de mano de obra, que sean ejecutados por muchas empresas constructoras y que, a su vez, satisfagan necesidades inmediatas de la sociedad, como vivienda, acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales e infraestructura hospitalaria, entre otros.

Subraya el documento que estas medidas deben acompañarse de una revisión de los procesos de contratación y de la tramitología actual, en aras de fomentar la transparencia y abrir las oportunidades a la mayor cantidad de oferentes en todo el territorio nacional.

En este apartado las propuestas son las siguientes:

  1. Continuar el financiamiento del programa de vivienda para las personas de menores recursos.
  2. Mantener el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos hospitalarios, de alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales.
  3. Adaptar infraestructura existente para hacerla más apropiada a la situación de la pandemia.
  4. Dotar de nueva infraestructura a escuelas y colegios que hayan sido declarados inhabitables por situaciones sanitarias o estructurales.
  5. Tomar en cuenta el cambio climático en todas las obras para mitigar los daños que puedan ocasionar condiciones climáticas más adversas.
  6. No paralizar el diseño y planificación de obras y proyectos, pero sí adaptarlos a las nuevas necesidades.
  7. Mejorar el ordenamiento territorial que promueva una mayor productividad y un mejoramiento en la calidad de vida.
De acuerdo con el criterio de los analistas de la UCR, la inversión en obra pública debe incrementarse. La foto corresponde a la reconstrucción del edificio de Correos de Costa Rica en Limón. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Eje de la construcción de vivienda

En este apartado, la propuesta se enfoca en fortalecer y acelerar la iniciativa del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) denominada “Vivienda Inclusiva Sostenible 4×1”.

Esta consiste en la identificación de lotes pequeños y casas que hayan cumplido su vida útil dentro de los cascos urbanos de las ciudades, donde pequeñas y medianas empresas diseñen y desarrollen proyectos residenciales de condominio vertical de pequeña escala.

Este proyecto ya cuenta con el apoyo de la Presidencia de la República, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y de varias entidades financieras del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV). Sus objetivos principales son los siguientes:

1) Presentar una alternativa que permita aprovechar mejor la infraestructura y repoblar la ciudad.

2) Dar mayor accesibilidad a las familias de escasos recursos a terrenos con buena ubicación.

3) Generar opciones de empleo para trabajadores de la industria de la construcción, así como para profesionales y empresas de ingeniería y arquitectura.

4) Contribuir con los esfuerzos del plan de reactivación económica del país.

Eje de la construcción de obras de infraestructura vial

Los analistas de la UCR consideran que este eje es estratégico para ampliar mercados, incrementar la inversión privada y reducir los costos de producción, entre otros beneficios. Sin embargo, llaman la atención sobre la importancia de enfocar estas acciones en los sectores más rezagados.

“Los mayores rendimientos e impactos se consiguen cuando las inversiones se realizan en lugares donde la infraestructura es más escasa y deficiente. Por lo tanto, si se desean conseguir los mayores impactos en el crecimiento económico, es necesario volver los ojos a las zonas del país con mayores rezagos de desarrollo y que presentan mayores carencias de infraestructura”, puntualiza el documento.

En términos generales, las sugerencias en esta materia se centran en retomar y fortalecer el Plan Nacional de Transporte (PNT) y que cada gobierno dé continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores e inicie los procesos de nuevas obras de infraestructura que heredará al siguiente gobierno.

Las propuestas de esta sección se resumen en los siguientes puntos:

  1. Aumentar la inversión en obras de infraestructura vial en el orden del 3.66% de Producto Interno Bruto, en promedio, cada año, e incrementar la inversión privada en este ámbito.
  2. Retomar el PNT como la hoja de ruta de inversión pública en infraestructura de transporte.
  3. Acelerar las etapas de preinversión, diseño y gestión de derechos de vías de nuevos proyectos contemplados en el PNT y su inscripción ante el CFIA, para no paralizar el desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
  4. Priorizar aquellos proyectos del PNT que corresponden a la mejora de corredores estratégicos desde el punto de vista logístico y a la mejora de vías que forman parte de la red vial complementaria, particularmente aquellas localizadas en zonas rurales de alto potencial productivo, turístico y de atracción de nuevas inversiones, en lugar de concentrar inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana.
  5. Convertir las rutas de lastre que pertenecen a la red complementaria establecida en el PNT en vías pavimentadas o mejorar su condición por medio de sellos asfálticos no estructurales. “Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. Cada año se invierten cerca de 8 mil millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la Red Estratégica de Alta Velocidad, también una Red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas”, detalló Valverde.
  6. Incrementar la participación del sector privado a través de diversas figuras de APP para la inversión y como responsables del mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte.
  7. No utilizar más recursos del Fondo Vial del Conavi para financiar obras del proyecto San José-San Ramón, sino que el Fideicomiso del Banco de Costa Rica gestione la obtención de recursos frescos para el desarrollo de ese proyecto.
  8. Fomentar la creación de microempresas de conservación vial.
Mejorar la Red Estratégica de Alta Velocidad y la Red Complementaria compuesta, en su mayoría, por caminos de lastre son parte de las propuestas en materia de infraestructura vial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Otras medidas

El análisis desarrollado por el equipo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil no se limitó a la llamada “obra gris” sino que contempló otros aspectos de vital importancia para la convivencia y el desarrollo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura telemática en todo el territorio nacional, especialmente en escuelas, colegios y áreas públicas.

“La crisis del COVID-19 es una crisis que se gesta sobre otra ya existente: la de la desigualdad de conectividad para el acceso a servicios o a fuentes de información y conocimiento. Bajo la nueva realidad, con las clases virtuales, la conectividad de estudiantes y docentes que habitan a todo lo largo y ancho del país, se vuelve una necesidad tan imperiosa como en su momento fue la construcción de escuelas”, reza el documento.

Por otra parte, también se considera que muchos centros educativos urgen una reconversión para ajustarse a la denominada “nueva normalidad”. Esto incluye aspectos como mejoramiento en servicios sanitarios y estaciones de lavado de manos, habilitación de espacios para atender personas con afecciones respiratorias, colocación de mamparas de acrílico en sitios de atención al público y señalización en general.

El documento también propone fortalecer, acelerar y difundir un programa de inversión que incluya la construcción de acueductos nuevos y la reparación de los ya existentes, en vista de que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la enorme importancia de contar con un suministro permanente de agua potable para garantizar la higiene básica personal y la limpieza frecuente del hogar.

Finalmente, se propone simplificar los trámites para obtener los permisos de construcción como un eje transversal que contribuya con la materialización y aceleración de todas las propuestas, así como rendir cuentas a la ciudadanía en relación con todas las acciones desarrolladas.

Puede consultar el documento de las propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/uhIH

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR: Una política fiscal que minimice su efecto entre los más pobres

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Bajar el Impuesto al Valor Agregado y modificaciones en los tramos del impuesto de renta podrían generar montos significativos de recaudación

Según el IICE de la UCR, una reducción de la Canasta Básica Tributaria acompañada de la disminución del Impuesto al Valor Agregado puede generar una significativa recaudación adicional que aliviaría las finazas públicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

La pandemia por COVID-19 ha obligado a todo el mundo a someterse a períodos de cuarentena en los que la actividad económica disminuye significativamente, con sus efectos directos en el empleo y en la recaudación de impuestos. Costa Rica debe sumar a esta situación global su propia historia reciente en relación con los tributos. Luego de muchos años de intentos infructuosos para contar con una reforma tributaria, el actual Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a criterio de propios y extraños, no alcanza para llenar las crecientes necesidades del Presupuesto Nacional de la República.

Con vacunas o sin ellas, la pandemia parece que se quedará por mucho más tiempo con la humanidad y, con ello, las consecuencias adversas en la actividad productiva y en el erario público. Es por ello que el Gobierno de la República realizó una propuesta de financiamiento mediante el Fondo Monetario Internacional y la instauración de nuevos impuestos que, en primera instancia, fue rechazada por diversos sectores sociales. A partir de ahí, se propusieron mesas de diálogo para explorar vías alternas al endeudamiento externo para sobrellevar la crisis fiscal.

Ante esta coyuntura, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dio a la tarea de valorar escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, con la finalidad de realizar un aporte a la discusión nacional sobre el tema tributario. Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos fundamentales: progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.

Bajar el IVA, no aumentarlo

En torno al IVA se analizó el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, y de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, dado que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.

De acuerdo con el documento generado por el IICE, “la modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso”. De esta manera, quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello. Además, en todos los escenarios estudiados, la educación privada pagaría la totalidad del IVA y los productos y servicios que se mantienen dentro de la Canasta Básica Reducida siguen pagando el 1% del IVA.

Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.

A simple vista, pareciera que el mejor camino es mantener el IVA en 13% reduciendo la canasta básica tributaria e incluyendo a la educación privada en el pago completo de este gravamen. Sin embargo, el análisis realizado por el IICE se inclina más por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.

“La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)”, destaca el documento.

Esto queda más claro al observar el siguiente gráfico, donde la población está distribuida en 5 grandes grupos de acuerdo con sus niveles de ingreso. Estos grupos se denominan quintiles. Si bien en todos los casos los quintiles con mayores ingresos (azul y amarillo) aportan más a la recaudación adicional, el efecto sobre los quintiles con menores ingresos (rojo y naranja) es menor al aplicar un IVA del 11%.

Cortesía de Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Impuesto sobre la renta

De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas para el impuesto sobre la renta buscan un mayor nivel de progresividad, de forma que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.

Es así como se propusieron dos escenarios: uno donde se aplica una tasa de 30% a los ingresos por encima de los 5.5 millones de colones y donde se agrega un tramo para ingresos en exceso de 7 millones de colones, sobre los que se cobraría una tasa del 35%. Esta modificación generaría una recaudación adicional de más de 19 mil millones de colones.

El otro escenario aplica una tasa de 25% a ingresos superiores a 3 244 001 colones y hasta un total de 4 325 000 colones. Ingresos superiores a este último monto y hasta 5.5 millones de colones pagarían un 30%. A ingresos superiores a 5.5 millones de colones se les aplicaría una tasa del 35%. Esto generaría una recaudación adicional anual de más de 35 mil millones de colones.

Cortesía del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

De esta manera, al combinar un IVA del 11% con una Canasta Básica Reducida y el segundo escenario del impuesto de renta, el Estado obtendría más de 94 mil millones de colones de recaudación adicional. Esa cifra podría duplicarse si se mantiene la segunda propuesta del impuesto sobre la renta unida con un IVA del 12%.

“El IICE comprende que la tarea de manejar un país en las actuales condiciones de pandemia constituye una labor totalmente inédita y que acarrea dificultades de enormes proporciones. También el IICE tiene claro que el proceso actual ha generado consecuencias lamentables para una parte importante de la población y que el establecimiento de nuevos impuestos puede afectar a algunos sectores de la población. Sin embargo, la opción de reducir el IVA genera un beneficio considerable para un sector amplio de la población”, concluye el documento.

Puede consultar el documento de propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/INYu

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información