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Etiqueta: pozos ilegales

Matar la Ley de Aguas

Asociación Confraternidad Guanacasteca

Costa Rica arrastra hace muchos años problemas con el agua.

AyA no sale de su crisis con el agua potable y no avanza con la solución de alcantarillado.

MINAE como administrador del recurso hídrico en su totalidad, es un desastre. Ríos contaminados, acuíferos costeros salinizados, canon regalado para los amigos, concentración en grandes y negación para los pequeños agricultores, miles de pozos ilegales.

Este ministerio ha fracasado en 4 intentos de cambiar la Ley, y con el gobierno de Rodrigo Chaves decide MATAR LA LEY DE AGUAS.

Si. Aunque usted no lo crea, en Oficio DM-564-2023 del 19 de julio, nos dice MINAE que ellos han “abrogado” la Ley de Aguas.

Abrogado es anulado, suprimido, desaparecido, terminado.

La Ley de Aguas vigente es la N° 276 de 1942 con reformas posteriores que se le han hecho.

Pero MINAE y este gobierno, no la cumple y ante consultas, y presiones para que respete la ley, salieron con domingo 7.

Dice MINAE:

Es imposible obviar esa realidad y pretender extender al presente la aplicación de una norma como el artículo 172 de la Ley de Aguas, que perdió completamente su vigencia en virtud de su abrogación. En el lenguaje jurídico, el término abrogación se refiere a la supresión total de la vigencia y por lo tanto de la obligatoriedad de una norma jurídica, sin necesidad que se haya derogado explícitamente.” (folio 11 DM-564-2023).

Claro, eso viola la Constitución Política de Costa Rica que dice:

“ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario.

Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.” Pero parece que MINAE y este gobierno, están por encima de las leyes y de la Constitución y que a ellos no les toca respetar la legislación vigente.

Por la ley, tienen que entregar dineros a las Municipalidades; tienen que nombrar Inspectores Cantonales de Aguas; tienen que cobrar doble canon a quienes riegan derrochando agua y NO LO HACEN.

Si la ley molesta, la matan. La abrogan. La desaparecen.

Los diputados pueden quedarse en sus casas.

Los jueces quedarse mudos.

MINAE no los necesita.

Hacemos del conocimiento público esta carta recibida desde el MINAE, para documentar, quienes son los responsables de los desmadres con el AGUA en Costa Rica.

El ente administrador del recurso agua, no cumple con las leyes vigentes en la materia.

La ley los nombra a ellos, Ministerio de Ambiente y Energía como responsables de esa importante tarea.

Lean el oficio DM-564-2023, firmado por Ministro a.i., largo, lleno de leguleyadas y a veces confuso, contradictorio, pero resumido en la conclusión de que, LA LEY DE AGUAS ESTÁ MUERTA.

Esta es la respuesta de MINAE.

MAS CLARO QUE EL AGUA.

Desde la Asociación Confraternidad Guanacasteca seguiremos exigiendo el cumplimiento de las leyes vigentes y el castigo para los que no cumplan y violen las normas.

ANEXO – Oficio DM-564-2023 –

Sala IV declara inconstitucional propuesta de Chaves en materia de pozos y desvío ilegal de ríos

Comunicado FECON

El miércoles 29 de marzo la Sala Constitucional echó abajo la posibilidad de legalizar el robo de agua subterránea (por medio de pozos ilegales) y el desvío de ríos sin permisos, ya que contradice directamente nuestra Constitución Política.

Hay que recordar que una de las primeras acciones del gobierno de Rodrigo Chaves en mayo de 2022 fue retomar el proyecto de ley n° 22709, presentado en la legislatura pasada por el entonces diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith del Partido Restauración Nacional. El texto proponía hacer una amnistía a todos los pozos ilegales y a los desvíos de aguas superficiales para complacer al sector agroindustrial, especialmente a los exportadores de frutas tropicales.

Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio público, como el agua superficial y subterránea, es un delito tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho…”

En esos primeros días de la administración Chaves-Robles, el actual presidente dio continuidad a la agenda de su predecesor, Carlos Alvarado. El último gobierno del PAC hizo la intentona mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a nuestro a favor, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua y el decreto de Alvarado quedó sin efecto.

Hoy dichosamente la Sala Constitucional volvió a respaldar la tesis ecologista. Sancionando el proyecto n°22709 como “… inconstitucional por violación a los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto omite la exigencia de estudios técnicos, desprotege áreas ambientalmente frágiles y legitima la explotación del recurso hídrico en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho”.

Es de alegrarse que los y las magistradas decidieron aplicar el Principio Precautorio y no dar rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agronegocio y el megaturismo eran los directos beneficiarios de una propuesta que ponía en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad hídrica.

 

Imagen: UCR.

Confraternidad Guanacasteca: “Gobierno de Rodrigo Chaves condenado por Sala Constitucional”

En Sentencia 2023 – 000483 de las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, de los 7 magistrados.

En el POR TANTO se lee:

“Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”

“Se declara con lugar el recurso.”

“se ordena a Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia y a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, …, que dentro el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde respuesta al recurrente sobre la gestión presentada en fecha 01 agosto 2022.”

“Se le advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, …”

La gestión interpuesta por GADI AMIT presidente de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, reclama la falta de respuesta del señor Presidente de la República a una carta que se le envió y recibió en Casa Presidencial el día 1 de agosto de 2022.

El tema consultado es el agua, pozos ilegales y otros relacionados.

La SENTENCIA fue redactada por el Magistrado Cruz Castro

III.- HECHOS PROBADOS.

1. El día 01 de agosto de 2022, el recurrente remitió al correo electrónico:

despacho.presidente@presidencia.go.cr; un oficio dirigido al presidente de la República, en la que manifestó en lo que interesa: «(…)

Básicamente solicitamos criterio del señor Presidente Chaves

“sobre el proyecto, en la Asamblea Legislativa, expediente 22709, Proyecto «Amnistía para el Ordenamiento de Pozos no Inscritos y Otorgamiento de Concesiones para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico en Actividades de Producción Agropecuaria» (…)

En la Motivación del proyecto 22709, se menciona empresas que exportan productos agrícolas, principalmente frutas, piña, melón, sandía, banano, cuyo principal componente es AGUA. Y lo hacen sin tener derechos al uso legal de este recurso hídrico. Lo roban.

Cometen el delito de Usurpación de agua artículo 226 Código Penal.

Los compradores- de frutas piden – CERTIFICAR el producto y los exportadores no pueden. Están engañando a sus clientes. Por el buen nombre de Costa Rica, la imagen en el exterior, esto es un pecado mayor.

Uno de los puntos esenciales de la promesa electoral de este gobierno fue, terminar con la corrupción.

Entonces solicitamos una clara posición ante esta grave situación.

“Durante el gobierno anterior, se hizo una amnistía similar, pero vía Decreto Ejecutivo No. 41851-MPMINAE-MAG. En realidad, se han hecho 3 amnistías de pozos ilegales vía Decretos. Una en 2002, otra en 2010 y la tercera en 2019.”

Eso no ha solucionado el problema.

“Dice SENARA DIGH- 027-2022 ente técnico competente en este tema. Asunto: Criterio sobre el Expediente Legislativo No. 22.709, «AMNISTÍA PARA ELORDENAMIENTO DE POZOS NO INSCRITOS Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

1. Se continuaría promoviendo e incentivando la perforación ilegal de pozos incumpliendo lo que se establece en la Ley de Aguas, ya que la perforación ilegal es una práctica muy común en el país. 2. Los tres anteriores procesos de amnistía no desincentivaron la perforación ilegal y más bien han colaborado a que se continúe con esta mala práctica, a la espera del siguiente decreto de amnistía que les permita inscribir los pozos ilegales. 3. No se solicita la información técnica del pozo como la profundidad de perforación, armado, diámetro de la tubería, análisis de calidad de agua, por lo que este registro no aporta información para valorar la viabilidad de explotación del pozo perforado y así mismo realizar investigaciones hidrogeológicas. 4. No se justifican cuáles son los caudales a solicitar y concesionar, no existe un estudio técnico que justifique la extracción del agua del acuífero. 5. No se solicita estudios de uso del suelo alrededor del pozo y por lo tanto no se puede evaluar las condiciones de riesgo a la contaminación a la que puede estar expuesto el acuífero debido a la explotación del pozo y por las actividades agropecuarias que se desarrollan en su entorno. 6. Según el artículo 3 el pozo será inscrito y de manera concomitante será concesionado y en el artículo 8 se indica que el solicitante podrá mantener el aprovechamiento del agua en las condiciones en las que viene haciéndolo, por lo que esta amnistía estaría permitiendo el aprovechamiento de pozos que legalmente no cumplen con los lineamientos de ley y/o técnicamente no deberían ser explotados por los riesgos a la afectación de la calidad o cantidad del agua subterránea, condición bajo las cuales fueron denegados pozos presentados en las tres amnistías pasadas. 7. Con las condiciones establecidas en el decreto se corre riesgo que entren a solicitud de inscripción pozos que ya fueron rechazados en las amnistías pasadas, que fueron denegadas las solicitudes de perforación y/o que se encuentran con orden o proceso de cierre. Por lo anterior, la DIGH del SENARA cree que no es conveniente para la sostenibilidad del recurso hídrico que se lleve a cabo el proyecto de ley del Expediente N.º 22.709 que tiene por objeto establecer una amnistía para inscribir los pozos que, a fecha de su entrada en vigencia, no se encuentren registrados ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía.

¿Qué responde el señor Presidente a este pronunciamiento de SENARA?

Le solicitamos al señor Presidente informarnos sobre sus planes y medidas sobre el manejo del agua.

La sostenibilidad del recurso hídrico es esencial para garantizar el futuro del país. Y con el cambio climático no podemos garantizar el régimen de lluvias y las aguas que tendremos disponibles. Solo podemos controlar el volumen de aguas que usamos o extraemos. Si se legalizan esos pozos, hoy perforados y explotados ilegalmente, sin estudios y seguridad de que no afecten acuíferos, otros derechos y servicios públicos, se estaría hipotecando el futuro del país, para entregarlo a manos de quienes violaron las leyes. El agua es el ÚNICO medio de producción, en manos del estado, que puede y debe ser planificado para servir de regulador, para asignarlo en volumen y condiciones determinadas a los diversos sectores económicos y sociales de Costa Rica, según un objetivo del país deseado. Desde el punto de vista social, usarse donde es prioritario (agua potable). Desde el aspecto económico definir o privilegiar en cantidad y costo, los cultivos de canasta básica o pequeños agricultores u otros criterios. Donde está el problema. El problema está y es la Dirección de Aguas de MINAE, que no cumple con sus deberes y obligaciones de controlar la perforación y explotación de pozos ilegales, morosos o con concesiones vencidas. (…)».

Sobre todo esto, preguntamos y ahora debe responder el gobierno.

Nosotros como ambientalistas comprometidos, defendemos el principio de agua para todos los habitantes a un precio justo y equitativo. Queremos sostenibilidad del recurso hídrico.

Como estamos seguros de lo que afirmamos y porque tenemos documentos que confirman que la administración del agua en el MINAE está incumpliendo con las leyes vigentes y entregando la mayoría del agua regalada a unos pocos “amigos”, grandes y poderosos, podemos informar que se están tramitando dos denuncias penales, sobre este problema.

Expediente 22- 000178-1218-PE contra el ex diputado CRUIKSHANK SMITH y otros por APOLOGIA DEL DELITO Y ASOCIACIÓN ILICITA.

Expediente 22- 000018-1955-PE contra JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN director de aguas de MINAE desde hace 34 años, por grave VIOLACIÓN A LEY DE AGUAS.

Está pendiente de sentencia una Acción de Inconstitucionalidad Expediente 22-001372-0007-CO que aportaría al ESTADO recursos frescos por más de 600.000 millones de colones anualmente.

Esperamos que este 2023 nos traiga un poco de justicia y un verdadero ordenamiento en el manejo del agua en Costa Rica.

Daremos a conocer las respuestas, cuando las recibamos.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

ANEXO

  • SENTENCIA SALA IV
  • GACETA da curso ACCION INCONSTITUCIONALIDAD

Agradeceremos mucho toda divulgación y ecos que le den a este comunicado.

Sus muestras de apoyo serán bien recibidas en cuenta BCR Confraternidad Guanacasteca, Sinpe Móvil 8826-8216

SURCOS comparte los documentos aportados por la Asociación Confraternidad Guanacasteca:

Sala IV acoge amparo contra Presidencia y MINAE – pozos de aguas ilegales

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Confraternidad Guanacasteca:

La Sala Constitucional acaba de notificar el debido trámite de un recurso de amparo contra la Presidencia  del MINAE, sobre el robo de agua y la legalización de los pozos ilegales perforados.

En el resumen que hace la Sala en su resolución de aceptar el trámite y ordenar a los funcionarios a rendir cuentas, es suficientemente claro.

El amparo fue acompañado de muchos documentos con pruebas.

Quedamos a las órdenes para más información.

Por motivos de procedimiento se interpuso sólo a mi nombre, siendo yo, presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca

Gadi Amit.

Para conocer más sobre el tema, acceda en el siguiente enlace: https://wp.me/p6rfbZ-jiw

A continuación se adjunta el expediente con el Recurso de Amparo para mayor detalle de la situación expuesta:

 

Información compartida con SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

SE ROBAN EL AGUA NUESTRA

SURCOS comparte la siguiente información:

El gobierno ha convocado a sesiones de la Asamblea Legislativa el proyecto para legalizar pozos ilegales. Expediente 22709.

Los diputados proponentes, todos de RESTAURACIÓN NACIONAL, reconocen en su exposición de motivos, la existencia de miles de pozos perforados ilegalmente.

También, dicen que esta ilegalidad pone en riesgo a los exportadores de frutas, por la reticencia de los clientes en los mercados a ser cómplices de esta situación.

Lo que no dicen los exdiputados, es que estas personas cometen el delito de USURPACIÓN DE AGUAS, penado en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.

Ellos, como diputados, tenían la obligación de denunciar a esos ladrones.

Claro, hay otros cómplices necesarios para que este abuso se dé hace años, con graves daños para la economía del país y el medio ambiente.

En uno de los Decretos Ejecutivos que se han emitido sobre este asunto dice: –

Decreto 35882-MINAE, Artículo 16.-Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Se procederá ordenar el cierre de los pozos que no cumplan con lo estipulado en el presente Reglamento. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección.

Da la casualidad de que hace como 30 años que JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN es DIRECTOR DE AGUAS de MINAE.

Así que no tiene quite.

Si hay pozos ilegales, y claro que los hay, y se estiman en decenas de miles, es total responsabilidad de este funcionario.

Él tramitó y gestionó 3 amnistías en 2002, 2020 y 2019. Allí se perdonó por Decreto y legalizó al menos 1.323 pozos ilegales.

El señor Zeledón ya ha impulsado también 3 proyectos de ley anteriores con el mismo fin. Exp. N° 17.742, N° 17.694 y N° 21.061. Todos fracasaron.

Por los artículos de la ley propuesta, queda claro, que el proyecto es para beneficio de los GRANDES EXPORTADORES.

Recalquemos, los productos agrícolas, principalmente las frutas, tienen un alto porcentaje de agua. Así es que exportamos agua.

Esto queda más claro que el agua. Por ejemplo, el artículo 2 habla de beneficiar a “quienes tengan uno o más pozos no inscriptos”.

No se indica nada de cuantos ya tienen inscriptos y concesionados.

El artículo 4 le otorga la potestad de definir el caudal que quiere explotar. Sin estudios ni criterio técnico alguno.

No se pone ningún requisito de límite al caudal a explotarse en cada cuenca. ES UN SUICIDIO AMBIENTAL.

En el comunicado del GOBIERNO dice la ministra Bonilla. – ´´Se pretende evitar la desaparición de fincas de pequeños y medianos productores, para asegurar el abastecimiento de los alimentos y sostener la actividad agropecuaria en las zonas rurales”.

Las posibilidades son, la ministra no ha leído el proyecto, no lo ha entendido o simplemente miente.

Además, parece que nadie ha leído la OPINION de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA sobre este proyecto.

Con fecha 4 de marzo 2022 se remitió el oficio DFOE – SOS-0109.

Que entre las “pequeñas anormalidades” señala que el artículo 8 les otorga el derecho de concesión sin poner plazo, lo que se interpreta A PERPETUIDAD. Les da, les regala el agua tuya y mía, a los empresarios privados para siempre.

Además, señala que no se toma en cuenta la prioridad del agua para la población, ni los estudios técnicos de caudales disponibles, ni la planificación existente.

La Contraloría enfatiza que “se garantice la mayor satisfacción del interés público, el justo equilibrio entre el mayor bienestar de los habitantes del país, la producción agropecuaria, el derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y el acceso al agua.”

Adjuntamos este documento para que lo lean.

Esto no es lo que prometió el señor RODRIGO CHAVES al pueblo de COSTA RICA.

Para enmendar el horror, propio de inicios de gestión del gobierno, solicitamos el retiro inmediato de tal proyecto de la ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Gadi Amit
Asociación Confraternidad Guanacasteca

 

Imagen ilustrativa.

Marbella: Testimonios de un conflicto turístico en Guanacaste

ARTURO SILVA LUCAS | ALBA SUD

En un caso que al que estamos dando seguimiento desde hace tiempo, en los últimos días miembros del equipo de Alba Sud realizamos una gira por Playa Marbella, ubicada en Guanacaste, Costa Rica, para conocer el estado actual del conflicto entre la comunidad y los desarrollos inmobiliarios.

La apropiación llevada a cabo por grandes inversiones turístico-residenciales en Playa Marbella continua su marcha. En un artículo anterior describimos cómo operan desarrolladores inmobiliarios en destinos prístinos y porqué Playa Marbella es síntesis del conflicto turístico que se produce en estos momentos en Guanacaste. En Marbella se da un acelerado proceso de acaparamiento de tierra por agencias de bienes raíces; gestión privada del agua para abastecer proyectos inmobiliarios; irresolución de instituciones públicas e injerencia en las decisiones de la comunidad.

Ubicada en el cantón de Santa Cruz, Marbella aparece a inicios del siglo XXI como una nueva frontera propicia para la especulación inmobiliaria. Desde el 2016 vecinos y vecinas, organizaciones locales y diversos medios de comunicación han señalado anomalías a la hora de otorgar concesiones, permisos de construcción y gestión de agua potable; así como denuncias por destrucción de manglares. Resultado de esto, grupos inmobiliarios en la comunidad han llevado a cabo campañas de desprestigio y amenazas a voces disidentes con este modelo de desarrollo turístico.

En este contexto, las instituciones públicas han vuelto a fallar en la consecución de una solución rápida, apegada al ordenamiento jurídico costarricense. Se repiten los mismos errores que se han producido en otras playas de la provincia, y que llevaron a que se pusiera en entredicho qué intereses priman en la administración pública en los destinos costeros.

En una gira reciente por la zona, Alba Sud pudo dar seguimiento a la situación. Nos acompañó el M.Sc. Gustavo Jiménez Barboza, consultor e investigador en estudios urbanos. Invitados por la comunidad, estuvimos también presentes en una reunión convocada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la que se trató la carencia de agua potable para los habitantes históricos. También, conocimos qué avances ha habido en las denuncias hechas a la Municipalidad de Santa Cruz sobre construcciones en la Zona Marítima Terrestre (ZMT). Finalmente conversamos con adultos mayores para conocer su perspectiva de cómo ha cambiado Marbella y qué impactos han tenido las inversiones inmobiliarias en la comunidad.

¿Agua para qué y para quién?

En Marbella la gestión del agua ha sido un problema desde que grandes complejos residenciales llegaron a la comunidad. El control privado del agua potable ha sido posible por la administración irregular del acueducto rural (ASADA) por agencias de bienes raíces, al mismo tiempo que se perforan pozos ilegales dentro de proyectos inmobiliarios.

El presidente de la agencia de bienes raíces Marbella Group Developers, Jeffrey Allen, responsable de los residenciales Posada del Sol, Vista Bella, Costa Dorada Ruta del Sol, llegó a presidir al mismo tiempo las dos ASADAS de la comunidad entre los años 2007 y 2019. Esto le permitió otorgar a sus proyectos cartas de disponibilidad hídrica sin ningún estudio técnico de por medio hasta que el AyA tomó el control de las ASADAS. En la denuncia presentada por el AyA, de la cual se dispone de copia, entregada a la Fiscalía en marzo de 2019, se evidencia un conflicto de intereses. En ella se describe cómo operaba Allen a través de redes de sociedades anónimas y testaferros. Los posibles delitos que se señalan son once, entre los más graves enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.

Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

En el mismo sentido, Antonio Marvez, responsable de los residenciales Lomas del Sol y Jardines del Sol es investigado por el delito de usurpación de aguas por la Fiscalía Ambiental de Guanacaste. En el expediente 17-001221-0412-PE se le imputa abastecerse con pozos ilegales dentro de los complejos residenciales mencionados.

Este contexto, junto a la urgencia de vecinos de las barriadas Manzanillo y Veracruz que no cuentan con servicio de agua potable, fue el motivo por el cual la comunidad sostuvo una reunión con el AyA. La cita se realizó el 12 de marzo en el Salón Comunal de Marbella. Por el AyA asistieron Alejandro Contreras, de la Oficina Regional, y Andrea Chacón, de la Dirección Jurídica.

La comunidad, representada por la Asociación de Desarrollo Integral de Marbella (ADIM), fue enfática en señalar cómo a pesar de que en los complejos residenciales hay suministro de agua hasta para piscinas, no haya para uso comunal. La ADIM propuso que, de ser necesario, hay vecinos dispuestos a donar terrenos para pozos y mano de obra para satisfacer la necesidad hídrica. Sin embargo, esta opción no es viable por el momento. Ya que como explicó Andrea Chacón dependen de condiciones hidrológicas idóneas, riesgos de salinización y sobre todo porque “…la gran mayoría de terrenos en Marbella son privados, en algunos casos es gente que no reside en el país y no es como que la gente quiera ceder su terreno para dar agua”. El problema radica en que actualmente los terrenos idóneos son aquellos donde están los desarrollos inmobiliarios, lo que obliga al AyA a tener que negociar y, de ser necesario, comprar terrenos a dueños ausentes.

Así, por ejemplo, en uno de los pozos en el residencial Lomas del Sol, vinculado a Antonio Marvez, el AyA reconoce que es ilegal, pero solo se utiliza para abastecer a ese sector. Chacón explicó que “…nosotros como AyA también tenemos que resolverle a esas personas que tienen casas construidas ahí por una situación que no es nuestra sino de quien construyó…”. Cuando se le preguntó qué iba a suceder con todos los otros pozos ilegales, Chacón respondió: “El AyA no tiene la competencia legal para cerrar pozos, solo la Dirección de Aguas” [1]. Otro ejemplo es un pozo en Posada del Sol, propiedad de Jeffrey Allen, a quien el AyA ha denunciado por manejo irregular de ASADAS comunales durante más de diez años, que, según explicaron en la misma reunión, fue una donación al AyA y es el único pozo que por el momento abastece a la población local.

Imagen de Arturo Silva.

Chacón fue explicita en afirmar que “en este momento el AyA no tiene agua para ampliar el servicio a Manzanillo y Veracruz”, pero están buscando otras fuentes de agua. Mientras el servicio continua en los proyectos residenciales es evidente que construir y substraer agua de manera ilegal en Marbella no tiene mayores consecuencias, hasta puede resultar favorable para el desarrollador, porque puede llegar a vender el terreno al AyA. En la reunión se llegó al acuerdo de conformar una comisión de trabajo entre comunidad y AyA para darle seguimiento al tema.

Otro de los puntos clave en la reunión fue, el papel que juega la Municipalidad de Santa Cruz en esta situación. Alejandro Contreras, de la Oficina Regional del AyA, luego de hacer referencia a la promesa de trabajo que traerá el turismo residencial, sostuvo que “es urgente su participación dada la ausencia de planificación en el cantón”. Contreras mencionó que, para estimar la demanda hídrica de la comunidad, en 2019 el AyA solicitó los permisos de construcción a la municipalidad y asegura que “encontramos un equivalente a 7 veces la población actual de Marbella”. A lo largo de los años a la Municipalidad de Santa Cruz no solo se le han señalado deficiencias en planificación y manejo territorial, también en materia administrativa.

“La muni en su laberinto…”

La sensación de impunidad es perenne en la comunidad. Luego de la reunión algunos vecinos señalaron la ausencia de la Municipalidad de Santa Cruz en la cita. Existe gran inquietud, principalmente porque no se sientan responsabilidades en el manejo del agua, y esto se extiende a la capacidad de reacción del gobierno local. Una de las personas a la cual se omite el nombre para evitar posibles represalias, nos dijo: “Mirá…meter papeles a la muni es como meterlo al Laberinto del Fauno. Qué va a saber uno si lo van a atender hoy, mañana o en un año, o si lo van a engavetar. Hay mucho huevo (dinero), intereses… cosas que uno no sabe bien cómo funciona”.

Tal es el caso del restaurante Tikki Hut, construido por Jeffrey Allen. Por estar ubicado en los primeros 200 metros de costa la concesión municipal debe seguir un protocolo administrativo que certifique el resguardo ambiental y beneficio directo para las comunidades. En respaldo a la comunidad, a quien que desde el 2016 se les ha negado documentos que evidencien el debido proceso para adjudicar la concesión, la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) hizo su aparición en Marbella.

Imagen de Arturo Silva.

Desde el 18 de diciembre del 2020 FECON presentó tres denuncias en relación al restaurante Tikki Hut. Las denuncias hacen referencia al alumbrado eléctrico, la construcción del puente de acceso y el restaurante en sí. En el último pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el tema, expediente 21-003356-0007-CO del 12 de marzo de 2021, señala que las acciones de la municipalidad representan una “violación del derecho a una justicia administrativa pronta, acceso a la información y de petición y pronta respuesta, en perjuicio del ambiente”. Del pronunciamiento de la Sala se desprende que la municipalidad de manera deliberada esconde información detrás de consultas innecesarias a sus departamentos legal, ambiental y de ZMT, como si se trataran de instituciones aparte.

En el documento se indica que la denuncia debía “tramitarse en algún departamento específico en atención al principio de coordinación, debió trasladarse de oficio a lo interno de la propia municipalidad y no simplemente indicarle al denunciante a quien correspondía.” Desde que iniciaron los cuestionamientos, la Sala evidencia que “…no se indica si se ha realizado alguna actuación municipal en áreas de constatar o descartar las supuestas irregularidades denunciadas -construcciones-”. También señala el silencio de la municipalidad “no se pronunciaron en cuanto a la solicitud de orden de clausura y demolición de obras, ni tampoco, si se entregaron los documentos pretendidos.” En el pronunciamiento la Sala da un mes como máximo para que se hagan públicos la documentación solicitada.

En Marbella el control estratégico del agua está ligado a la posesión de la tierra, pero mientras el AyA encuentra fuentes de agua y la municipalidad logra dar con el departamento correcto hay una historia a ras del suelo que merece ser contada. Una historia que cuenta cómo Marbella fue cambiando con los años.

Fiebre por la tierra: #LandForSale

Don Roberto Gómez y don Pablo Gutiérrez son dos marbellanos de cuna. En Costa Rica es costumbre utilizar “don” para referirse a personas mayores como muestra de respeto. Don Roberto, de 63 años, nos advierte que su tez blanca y ojos azules vienen de una cepa española que se resiste a desaparecer. Don Pablo, de 75 años, nos cuenta que su familia lo trajo de Nicoya cuando tenía 7 meses, aunque nunca supo por qué. Con la ayuda de un mapa conversamos con ellos sobre los cambios que han sucedido en Marbella en los últimos veinte años. Cómo era Marbella antes, cómo empezó la fiebre por la tierra y qué relación hay con el sector inmobiliario.

Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Antes de la explosión turístico-inmobiliaria Marbella era tierra de latifundios, propiedad de algunas familias guanacastecas que no residían en el pueblo. Las pocas familias residentes, como las de don Roberto y don Pablo, vivían de pequeñas explotaciones para el autoconsumo: “cuando yo tenía como quince años vivíamos de sembrar maíz, hacer desmonte, volar hacha, sembrar arroz, frijoles y engordar cerdos”, recordó don Pablo. A continuación, Don Roberto explicó su vinculación con el ganado en estas tierras: “nací entre ganado por herencia, tradición, pero terminándome yo, esto del ganado se termina, porque mis hijos ya están en otra cosa.”

Como en el resto de la provincia, en Marbella el boom turístico residencial hizo su aparición a inicios del siglo XXI. Don Roberto recuerda bien ese momento no tan lejano: “como del 2000 para acá fue que ya comenzó…Jeff [Jeffrey Allen] fue el primero, fue el que llegó a explotar la riqueza turística que tenía Marbella. ¿Por qué? Porque Jeff compró por aquí, compro por allá, compró todo”. Más tarde, algunos obreros de la construcción nos comentaron que el terreno donde hoy esta Posada del Sol de Jeffrey Allen es una propiedad de 120 hectáreas comprada a 160 mil dólares, es decir 0.50 dólares el m² [2]. En los albores de siglo, Marbella era una mina si se contaba con acceso a un poco de capital, y don Pablo recuerda que “era una cochinada lo que se les daba por la tierra. Imagínese que una finca él la compraba a 18 mil dólares y luego vendía cada lote al mismo monto”.

Durante la conversación que sostuvimos con estos dos pobladores les preguntamos por la relación que establecen con segundos residentes. Según don Roberto es distante, “ahí dentro de los proyectos hay gente que uno no conoce, ahí pasan echando polvo, si pueden le echan el carro a uno..jaja. Pero el desarrollador si busca como hablar con uno”. Por el tipo de oferta, es común que un número importante de residencias pasen vacías la mayor parte del año, pero eso no significa que el propietario no siga cobrando la manutención y gastos de alquiler. Un monto que puede rondar los 200 y 500 dólares mensuales para cada casa.

Don Roberto y don Pablo han tenido algunas experiencias con extranjeros que querían comprar sus tierras. Pero ellos no han querido vender porque han visto la tragedia que ha supuesto para algunos de sus vecinos que anteriormente vendieron sus terrenos, y que luego no han sabido qué hacer con el dinero. “Entonces uno ve que venden, se van a vivir a otro lado y al tiempito uno los ve volver sin plata, a vivir donde algún familiar”, nos cuenta don Pablo.

Imagen de Arturo Silva.

A juicio de los dos hombres, reconocen que algunas cosas buenas han traído los desarrolladores, como, por ejemplo, donaciones que de tanto en tanto aparecen en la comunidad. Sobre todo, a partir de que la prensa hizo eco de todas las irregularidades ya mencionadas. También la oferta de empleo ha mejorado, en especifico la que tiene que ver con mano de obra para la construcción.

De mitos y mentiras

En Playa Marbella se evidencia el proceso al cual son sometidas numerosas comunidades locales en los primeros estadios de inversión turística residencial. Como en la mayoría de la costa provincial, en Marbella reina la especulación inmobiliaria. Por eso es posible reconocer prácticas monopólicas que contradicen cualquier dogma, basta con reconocer de qué manera desarrolladores inmobiliarios como Jeffrey Allen se han hecho del control de estas comunidades. Al punto que son desarrolladores inmobiliarios cuestionados los que le dictan al AyA si gustan facilitar agua para la comunidad.

¿Qué soluciones tienen las instituciones directamente vinculadas? Ninguna que resuelva un problema que ya es estructural. A falta de una adecuada coordinación y planificación que incentive alguna opción de tejido económico local, lo que surgen son propuestas de comisiones siempre entre comunidad e instituciones, nunca con desarrolladores, para resolver el abastecimiento de agua o la apropiación de espacios públicos como la ZMT. Todo mientras las denuncias se dilatan en consultas y procesos administrativos.

Antes de hablar de turismo, para Marbella debemos hablar de un mercado de la tierra que vende barato y compra caro, de un mercado del agua privado y de un mercado de mano de obra barata. La curva de crecimiento del turismo residencial es corta pues de lo que trata es de una economía rentista concentrada en pocos dueños que no necesita mucha mano de obra para operar, salvo cuando se construyen los proyectos. Lo cierto es que, a falta de alternativas o apoyo para emprendimientos locales, comunidades como Marbella están a merced del mejor postor o, porque no, a merced de las instituciones públicas.

Notas:

[1] En Costa Rica hay más de 13 instituciones públicas que inciden en el manejo del agua. La Dirección de Aguas es la instancia centralizada que corre con los procesos judiciales.

[2] Los montos fueron convertidos del colón costarricense al dólar estadounidense.

Este artículo se publica en el marco del proyecto «Turismo inclusivo, una demanda de justicia global», desarrollado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, convocatoria Justicia Global 2020.

 

Imagen principal: Crédito Fotografía: Desarrollo inmobiliario, Marbella. Imagen de Ernest Cañada | Alba Sud.

Publicado en http://www.albasud.org compartido con SURCOS por Bernardo Bolaños con autorización del autor.

Magistrados de la Sala IV reciben Recurso de Amparo en su contra

•Recurso de Amparo contra la misma Sala Constitucional para defender agua subterránea;

•Sala IV por fin revisará disposición del gobierno que legalizaba el robo del agua subterránea a gran escala.

(FECON, 5/12/2019.) Sala Constitucional recibió, este pasado martes 3 de diciembre, un Recurso de Amparo contra este mismo tribunal (1). La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y el abogado ambientalista Alvaro Sagot en setiembre anterior interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad (2) contra el Decreto Ejecutivo N.º 41851-MP-MINAE-MAG (3), a esta demanda no hubo respuesta por parte de los magistrados en más de dos meses. En reclamo de que acción de incostitucionalidad no había sido procesada, el pasado 3 de diciembre los grupos ambientales presentaron una nueva demanda, un Recurso de Amparo por la violación del derecho a una justicia pronta y cumplida contra los magistrados de la misma Corte Constitucional.

El reclamo principal es que la Acción de Inconstitucionalidad contenida en el expediente 19-017936-0007-CO ha pasado congelada al mismo tiempo que el decreto n.º 41851 legaliza la extracción a gran escala de aguas subterráneas sin concesión, lo cual es un delito en nuestro país. El Recurso de Amparo con número de expediente 19-023042-0007-CO le recordó a los magistrados que el 26 de setiembre de 2019 ingresó un escrito solicitando la inconstitucionalidad del decreto n.º 41851, sin embargo no había sido tramitado hasta ese momento. Consecuentemente un día después de interpuesto el Recurso de Amparo la Acción de Inconstitucionalidad contra el robo de agua subterránea es admitida para estudio por los magistrados y magistradas.

Se sabe que en 2015 en Costa Rica existían unos 40 mil explotaciones ilegales (4), de estos unos 15 mil se encuentran en Guanacaste (5). Por su lado el Estado de la Nación Reporta para el año 2017 hay registrados unos 16.570 pozos legales perforados (6).

Esta disposición firmada por Carlos Alvarado pretende dejar en impunidad el delito ambiental del hurto del agua. La usurpación de un bien público, como lo es el agua subterránea debería ser castigado según el artículo 31 de la Ley de Aguas.

Además se supone que la tutela del agua subterránea es responsabilidad del Estado. Por lo que consideramos que la amnistía es una omisión por parte del Gobierno de Carlos Alvarado de las responsabilidades legales sobre el resguardo de este bien que le pertenece a toda la población costarricense.

  1. Recurso de Amparo 19-023042-0007-CO https://feconcr.com/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-04-21-48.pdf
  2. Acción de Inconstitucionalidad contenida en el expediente 19-017936-0007-CO https://feconcr.com/wp-content/uploads/2019/12/0031-0007-236131533-1651-F.pdf
  3. Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas Nº 41851-MP-MINAE MAG http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89272&nValor3=117126&strTipM=TC
  4. Cantidad de pozos de agua ilegales en el país duplica la de legales, reporta Minae. https://www.ameliarueda.com/nota/cantidad-de-pozos-de-agua-ilegales-en-el-pais-duplica-a-los-legales-minae
  5. “Pozos fantasmas deben ser regulados” http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295721/pozos-fantasmas-deben-ser-regulados
  6. Estado de la Nación 2018. https://estadonacion.or.cr/informes/

Contacto con: Alvaro Sagot +506 8863 2887

Información enviada a SURCOS por Henry Picado.