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Etiqueta: precarización laboral

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

Las mujeres no están solas: llamamos a la alianza institucional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Enid Cruz Ramírez

En estos días, muchas organizaciones de mujeres, colectivos feministas y comunidades a lo largo del país estamos alzando la voz contra el proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días (la llamada jornada 4×3), sin pago de horas extra y con impactos graves en la salud, la vida cotidiana y los derechos adquiridos por las personas trabajadoras, especialmente las mujeres.

Que la institucionalidad camine con nosotras

En Costa Rica, durante décadas se ha levantado un entramado institucional robusto en materia de igualdad y equidad de género: comisiones de género en instituciones públicas, redes interinstitucionales de atención y prevención a la violencia contra las mujeres, políticas públicas específicas como el Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia (PLANOVI), Comisiones Municipales de la Mujer, y una Comisión Permanente de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

Todas estas instancias existen, en teoría, para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias estructurales y promover condiciones de vida dignas y equitativas.

Sin embargo, ante el actual debate sobre la propuesta legislativa para instaurar la jornada 4×3, una medida que implica trabajar 12 horas diarias durante cuatro días, sin reconocimiento de horas extra y con efectos negativos en la salud, la vida familiar, el tiempo de cuidado y la calidad de vida, el silencio institucional es ensordecedor.

El país ha invertido recursos humanos, económicos y políticos para crear un marco institucional que vele por la igualdad sustantiva. Pero la institucionalidad no puede ser solo ornamental ni técnica. Debe ser política. Debe alzar la voz cuando los derechos de las mujeres se ven amenazados por reformas regresivas que profundizan las desigualdades de género.

Cuando las mujeres luchan, las instituciones deben responder

Hoy no escribo solamente para denunciar la ausencia, sino para invitar a actuar. Este no es un llamado solo a la ministra o al INAMU, sino a todas las personas e instancias que alguna vez se han declarado aliadas de los derechos de las mujeres.

Es hora de pasar del discurso a la acción. De entender que la defensa de nuestros derechos no puede depender únicamente de las organizaciones sociales o del activismo de base: debe ser una responsabilidad compartida entre quienes habitamos las comunidades y quienes ocupan espacios institucionales.

La jornada 4×3 no es solo una propuesta técnica o económica. Es una amenaza que profundiza

desigualdades estructurales y precariza la vida, sobre todo de quienes históricamente han sostenido el país desde los márgenes: mujeres rurales, trabajadoras del sector informal, cuidadoras, migrantes, madres solas.

Si no logramos que el Estado escuche a estas voces, si no logramos que la institucionalidad responda, entonces estaremos fallando colectivamente.

Que el entramado institucional no le falle a las mujeres

Hoy hacemos un llamado firme y fraterno: necesitamos que cada comisión, cada red, cada oficina de género, cada voz con poder dentro del Estado se coloque del lado correcto de la historia. Que se sumen a esta defensa legítima, no desde la formalidad, sino desde la convicción.

Porque cuando los derechos de las mujeres están en riesgo, el silencio no es neutral: es cómplice.

Lo personal es político, y el trabajo también lo es.

El papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en tiempos de caos (2)

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Gerardo Castillo Hernández / Frank Ulloa Royo
Instituto Sindical de Formación Política

Introducción

Hace días venimos hablando de esto, pero nadie parece reaccionar. Vivimos tiempos de caos. Las guerras abiertas y las guerras económicas redefinen el mapa del poder global, mientras las democracias se tambalean, las izquierdas se fragmentan y la derecha se radicaliza (Bauman, 2017). Todo esto ocurre en un mundo donde millones de personas huyen de la miseria y la violencia, encontrando fronteras cerradas y sociedades crispadas (Sassen, 2014). En este contexto turbulento, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones adquiere una relevancia especial y se hace necesario un nuevo pensamiento para problemas realmente nuevos, donde las viejas recetas no operan (Hyman, 2001).

Guerras abiertas y guerras económicas

El planeta está en llamas. Ucrania sigue siendo un campo de batalla donde se miden Rusia y la OTAN, con una guerra de desgaste que amenaza con extenderse (Mearsheimer, 2014). Medio Oriente arde con las masacres y la violencia en Gaza, mientras en el Líbano, Siria e Irak persisten conflictos olvidados y sin aparentes soluciones. África sigue siendo un escenario de muerte y desplazamiento de grandes poblaciones originarias por el cambio climático, el hambre y las luchas resultado de los espacios de poder dejados por Francia y otras potencias colonialistas europeas que expoliaron estos países hasta la miseria (Mbembe, 2017).

Pero la guerra no es solo con balas y misiles. Estados Unidos y China libran una batalla económica feroz por el control de la tecnología, las materias primas y los mercados globales. Sanciones, bloqueos, guerra de chips y manipulación de divisas son las armas de esta nueva guerra fría, donde los aliados se reacomodan y la multipolaridad es ya un hecho (Allison, 2017).

Reacomodo de bloques: El fin del mundo unipolar

El dominio absoluto de Occidente se desmorona. China, Rusia, Irán y otras potencias emergentes desafían el orden establecido (Kissinger, 2014). Los BRICS se consolidan como un bloque alternativo, mientras Medio Oriente busca autonomía del control estadounidense. América Latina, siempre oscilante, trata de encontrar un equilibrio en medio de presiones externas y crisis internas (Dussel Peters, 2016).

Europa, mientras tanto, se encuentra atrapada en su dependencia de EE.UU., con economías debilitadas y una crisis política que alimenta el auge de la extrema derecha. La Unión Europea, lejos de consolidarse, se fractura con el auge del euroescepticismo y la desconfianza entre sus propios miembros (Judt, 2011).

Derrumbe de las democracias y el desconcierto de las izquierdas

Las democracias se resquebrajan. El desencanto con los sistemas políticos es evidente: abstencionismo récord, gobiernos débiles, corrupción desenfrenada y una creciente polarización que convierte el debate público en una guerra de trincheras (Levitsky y Ziblatt, 2018). Las instituciones pierden legitimidad y los discursos autoritarios ganan terreno (Mudde, 2019).

Las izquierdas, que en otros tiempos canalizaron el malestar social, hoy parecen perdidas entre discursos identitarios, falta de estrategia y desconexión con las bases populares. Sin un proyecto claro, quedan a la deriva, permitiendo que la derecha radical capitalice el descontento y lo transforme en una reacción violenta contra el statu quo (Mouffe, 2005).

Radicalización de la derecha y los nuevos fascismos

La extrema derecha avanza en todo el mundo. Su estrategia es clara: explotar el miedo, la crisis económica y el fracaso de las élites políticas. Con discursos nacionalistas, xenófobos y autoritarios, líderes como Trump, Le Pen, Milei y otros prometen orden en medio del caos, aunque ese orden signifique la erosión de derechos y libertades (Stanley, 2018). Las elecciones en Alemania parece que nuevamente será la puerta de entrada del fascismo a uno de los principales países europeos donde se consideraba superado (Kagan, 2017).

Este fenómeno no es casualidad. Es el resultado de años de desigualdad, precarización laboral y crisis de identidad en sociedades que sienten que han perdido el control sobre su destino. Con un enemigo común –migrantes, élites globalistas, feministas, izquierdistas, etc.–, logran aglutinar a sectores descontentos en una ofensiva reaccionaria (Piketty, 2014).

El rol de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones

En este panorama caótico, los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones enfrentan un desafío formidable: mantener la cohesión social, proteger los derechos laborales y promover la justicia social en un contexto de creciente desigualdad y polarización (Hyman, 2001).

  1. Defensa de los derechos laborales y ciudadanos: Los sindicatos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar condiciones laborales dignas, salarios justos y la protección social de todos los trabajadores, independientemente de su origen o situación migratoria y asegurar espacios de poder político en las comunidades y la sociedad (Freeman y Medoff, 1984).

  2. Lucha contra la precarización laboral: La tendencia hacia la precarización del trabajo y la economía de colaboración entre empresas y personas (economía gig), obviando o neutralizando a los sindicatos, requiere una respuesta robusta de los sindicatos para asegurar la estabilidad laboral y la seguridad económica de los trabajadores (Standing, 2011).

  3. Inclusión y diversidad: Es esencial que los sindicatos promuevan la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo, protegiendo a las mujeres, migrantes y otros grupos vulnerables frente a la discriminación y la explotación (Freeman y Medof, 1984).

  4. Educación y formación: Fomentar la formación política para que los trabajadores puedan entender la nueva sociedad y sus estructuras de poder, así como la mejora de la educación y el reciclaje profesional, será clave para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, y mantenerse con alguna vigencia en el mercado laboral, antes que la robótica avance más y sustituya a los humanos (Brynjolfsson y McAfee, 2014).

  5. Participación política y social: Los sindicatos deben involucrarse activamente en la vida política y social, defendiendo los valores democráticos y luchando contra el avance de los discursos autoritarios y xenófobos (Hyman, 2001).

  6. Solidaridad internacional: En un mundo globalizado, será necesario que los sindicatos pongan su barba a remojar, mejoren las propuestas solidarias a nivel internacional, construyendo redes de solidaridad global que no respondan con exclusividad a los intereses de los trabajadores de las naciones en donde se concentran los centros del nuevo poder mundial (Castells, 2010).

A manera de inicio de un debate:

En un mundo marcado por el caos y la incertidumbre, el papel de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones es más importante que nunca. Al defender los derechos laborales, luchar contra la precarización en las calles, promoviendo el nuevo pensamiento político, la inclusión y la diversidad, y participar activamente en la vida política y social, los sindicatos pueden ser un faro de esperanza y justicia en tiempos oscuros. Su capacidad para adaptarse y evolucionar será clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construir un futuro más justo y equitativo para todos (Hyman, 2001).

Bibliografía

  • Allison, G. (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? Houghton Mifflin Harcourt.

  • Bauman, Z. (2017). Retrotopia. Polity Press.

  • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

  • Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.

  • Dussel Peters, E. (2016). América Latina y el Caribe: Lidiando con la Trampa del Ingreso Medio. CEPAL.

  • Freeman, R. B., & Medoff, J. L. (1984). What Do Unions Do? Basic Books.

  • Hyman, R. (2001). Understanding European Trade Unionism: Between Market, Class and Society. SAGE Publications.

  • Judt, T. (2011). Postwar: A History of Europe Since 1945. Penguin Books.

  • Kagan, R. (2017). The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World. Knopf.

  • Kissinger, H. (2014). World Order. Penguin Books.

  • Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown.

  • Mbembe, A. (2017). Critique of Black Reason. Duke University Press.

  • Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.

  • Mouffe, C. (2005). On the Political. Routledge.

  • Mudde, C. (2019). The Far Right Today. Polity Press.

  • Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

  • Sassen, S. (2014). Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Belknap Press.

El desmantelamiento del sector público profundiza la crisis social en Costa Rica y conduce a la violencia

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Manifiesto del BUSSCO

Desde el gobierno neoliberal anterior se viene impulsando una durísima política de austeridad presupuestaria, que ha sido profundizada por el gobierno de Rodrigo Chaves, dicha política es el nefasto resultado de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI.

Los resultados de estos acuerdos provocan un crecimiento acelerado de la exorbitante deuda del Estado con la CCSS de ¢4 billones (¢4.000 millones de millones); mientras que el pago de intereses de la deuda en 2024 fue del 4,83% del PIB, el más alto en 19 años; una deuda agudizada por la actual administración que sabotea la institución y le impide cumplir plenamente con sus funciones, la reducción de presupuesto a la educación pública, el más bajo en 25 años; afectando comedores escolares, inversión en infraestructuras educativas colapsadas, suspensión de becas, subsidios de transporte y otros, el desmantelamiento de los programas de ayuda social del IMAS y desaparición de programas especiales, disminución de recursos en programas para jefas de hogar y más.

Las duras restricciones presupuestarias a los ministerios e instituciones autónomas que obliga la Regla Fiscal establecida en la Ley 9635, están provocando un grave deterioro por un lado en la calidad y cobertura de los servicios públicos y por otro, en el rol y papel del Estado en cuanto a su función social Constitucional.

El interés de los grupos de poder económico es la reducción del Estado a su mínima expresión, la privatización de servicios fundamentales como la educación, la salud pública, la electricidad y telecomunicaciones, los seguros, entre otros, y la venta de activos estatales, para hacer negocios privados con la totalidad de nuestra institucionalidad pública.

Las Leyes de Finanzas Públicas y Empleo Público han empeorado las condiciones laborales en el sector público, generando precarización salarial y laboral para miles de trabajadores y sus familias, incluso con un retroceso en el ingreso real del 20%, en relación con los niveles prepandémicos. En el sector privado se profundizan no sólo los niveles de explotación laboral, sino los paupérrimos salarios.

El ejercicio de la actividad sindical, pese a ser un Derecho Humano Fundamental y estar establecido en la legislación y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido severamente violentado, se acentúa la persecución sindical y el irrespeto a la libertad de sindicalización, se limita el derecho a la negociación colectiva de los y las trabajadoras de los sectores público y privado.

El actual gobierno en lugar de buscar solucionar los grandes problemas que afectan al pueblo costarricense ataca y agrede las voces de sectores populares pretendiendo acallarlas; lo anterior en un contexto de aumento de costo de vida, de la violencia e inseguridad, objeto de los preceptos del capitalismo salvaje.

El escenario preelectoral 2026 ya entró en acción, con partidos políticos que quieren profundizar la línea neoliberal de desmantelamiento del Estado y de peores condiciones para el pueblo. El PLN, el PUSC, el PAC los libertarios, los neopentecostales y el gobierno de Rodrigo Chaves no tienen diferencias ideológicas.

Se requiere un cambio radical de alternativas políticas, que realmente ponga en primer lugar las necesidades de los sectores populares, recupere el rol del Estado como redistribuidor de riqueza, garantice seguridad y paz a la ciudadanía, defienda la soberanía nacional y actúe realmente en proteger los intereses nacionales por encima de los privados.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense llama a impulsar un gran encuentro nacional de sectores sociales populares y sindicales, para el diseño de una estrategia de lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, por condiciones de vida dignas para nuestro pueblo, por una educación y salud públicas de calidad, por políticas públicas que den respaldo efectivo a nuestros agricultores, que les permita conservar su derecho a la tierra y apoyo mediante condiciones crediticias y subsidios que garanticen nuestra soberanía alimentaria, por políticas de respaldo a los pequeños y medianos empresarios entre otras grandes necesidades que han sido desatendidas, pese a las demagógicas promesas de campaña.

Es importante unir esfuerzos por políticas efectivas de protección del medio ambiente, contra la privatización del agua, de nuestras playas y zonas costeras y contra la gentrificación en nuestras comunidades, por un verdadero combate a la corrupción político-empresarial, contra las políticas que favorecen la evasión y el fraude fiscal que según el último dato del Ministerio de Hacienda del 2021 representa el 5.66% del PIB (2.94% IVA y 2.72% Renta) en Renta el 63% de ese fraude es empresarial, las personas físicas con actividad lucrativa representan el 30% y los asalariados y pensionados sólo representan el 6.25%, cada uno de estos puntos del PIB representa aproximadamente 350.000 millones de colones al año, por lo este porcentaje 5.6% del PIB, son 2 billones de colones (2 mil millones de millones de colones de impuestos que se dejan los evasores).

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

Para enfrentar a las actuales élites que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se requiere de la más amplia y diversa unidad social y popular, que nos permita construir un camino diferente que garantice inclusión, la justicia social, la distribución de la riqueza, la equidad social en beneficio y bienestar de las familias costarricenses.

P/ Comisión Política de BUSSCO

Luis Chavarría Vega

Kendy Chacón Víquez

San José, 18 de febrero de 2025

Tres sindicatos presentan denuncia contra la empresa Chiquita Brands

Escrito en . Publicado en Portada, Trabajo.

Las organizaciones sindicales SINTRAPYBCR, SITRACHIRI y SINTRACOBAL, representadas por sus secretarios generales, han presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo contra la multinacional Chiquita Brands y sus subsidiarias en Costa Rica.

Denuncian que la empresa utiliza contratos temporales en puestos de trabajo permanentes como parte de una estrategia antisindical. Esta práctica precariza las condiciones laborales, limitando el acceso a derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la cesantía y la protección social.

Además, las trabajadoras enfrentan discriminación por embarazo, siendo despedidas al término de contratos temporales para evitar las garantías legales.

Las tres organizaciones exigen que se respeten las leyes laborales costarricenses y los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos humanos.

Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia? Resumen del foro

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Alianza por una Vida Digna

Resumen del foro “Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia?”, celebrado el miércoles 24 de abril del 2024 y transmitido por el Facebook Live de SURCOS.

Participantes en el foro:

María Leonela Artavia Jiménez, Profesora e Investigadora, Escuela de Economía, Universidad Nacional.

Mauricio Castro Méndez, Docente e investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Sandra Cartín Herrera, Socióloga, docente jubilada Universidad de Costa Rica, integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica.

Moderador: José María Gutiérrez Gutiérrez, Alianza por una Vida Digna.

María Leonela Artavia presentó el concepto de precariedad laboral, el cual altera simultáneamente y en grados variados diferentes dimensiones laborales. Incluye, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad de ingresos, la desprotección social y la desregulación de la jornada. En Costa Rica el fenómeno es más prevalente en regiones periféricas, aunque ocurre en todo el país y en actividades económicas diversas, siendo muy fuerte en el trabajo doméstico.

Presentó los resultados de un estudio, efectuado en la Universidad Nacional en la gran área metropolitana (GAM), sobre las condiciones de las personas que laboran en las plataformas de reparto, quienes sufren de alta precarización. Esta actividad involucra sobre todo a jóvenes varones, muchos de ellos migrantes, con niveles de especialización bajos. Este sector se caracteriza por un alto nivel de desprotección, ya que el 60% de estas personas no están aseguradas y el 78% no cotizan para pensión.

Estas personas trabajadoras tienen una alta inseguridad de ingresos, ya que el 40% devenga menos de un salario mínimo y el 54% devenga entre uno y dos y 2 salarios mínimos. Por otra parte, sufren de la desregulación de la jornada laboral, pues se trabaja mucho y no se contempla el pago de horas extra. Con frecuencia se trabaja más de 60 horas por semana. Sufren también de una alta vulnerabilidad a accidentes ya que la mayoría trabaja en motocicletas, bicicletas o bicimotos. Y se han reportado casos de personas que, al sufrir un accidente, son luego excluidos de las plataformas.

Por otra parte, es común que se niegue la condición de relación laboral en este trabajo, ya que se habla de que son ‘socios repartidores’, desde una perspectiva de ‘emprendedurismo’ y este imaginario afecta los procesos de organización colectiva, los cuales son esenciales para las luchas por contar con condiciones laborales dignas.

Mauricio Castro comentó que si bien existe legislación que regula las relaciones laborales, mencionó que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, en el sentido de que, en términos generales, estas normas se cumplen muy poco. La ley permite dos mecanismos para enfrentar el incumplimiento de las leyes laborales: la inspección del trabajo y los procesos judiciales. Pero considera que estos mecanismos son ineficientes. En cuanto a la inspección del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta únicamente con 100 inspectores para todo el país, lo cual es insuficiente y hace que estas inspecciones sean, en gran medida, inefectivas y de poco impacto. En cuanto a los procesos judiciales, estos llegan tarde y lo que se puede lograr es la imposición de algunas sanciones e indemnizaciones.

Mencionó que actualmente existen dos instrumentos que sí permiten impactar en las relaciones laborales:

  • El principal mecanismo es la organización colectiva de las personas trabajadoras. Hay una cultura anti-sindical en el país y existen mecanismos jurídicos para limitar las organizaciones sindicales. Por ello se requiere llevar adelante procesos de organización colectiva de las personas trabajadoras, en diversos ámbitos, para fortalecer este instrumento. Y, además, se requiere enlazar estos procesos a nivel nacional con formas de organización internacional.
  • El otro instrumento tiene que ver con la aprobación en Europa y otras regiones de leyes de diligencia debida, las cuales tutelan la violación de los derechos laborales a través de toda la cadena de valor. Estas leyes tienen impacto en actividades productivas vinculadas con exportaciones a Europa y velan por el cumplimiento de derechos humanos y normas de mitigación del cambio climático a todo lo largo de la cadena de valor. El incumplimiento de estas normas puede ser objeto de sanciones millonarias. Esta es una ventana de oportunidad para sindicatos y otros grupos de personas trabajadoras organizadas, para que presionen por el cumplimiento de derechos laborales esenciales. Actualmente sectores sindicales de América Latina, África y Asia trabajan en el aprovechamiento de este mecanismo en sus luchas por los derechos laborales.

Sandra Cartín enfocó su presentación en el tema de la inseguridad laboral para las mujeres, quienes sufren en mayor medida este problema. Presentó datos estadísticos sobre esta faceta a partir de documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación.

La tasa neta de participación laboral es menor en mujeres que en hombres. Con frecuencia no se labora con contratos de trabajo, lo cual ocurre a menudo en ocupaciones de empresas agrícolas, textiles y en el trabajo doméstico. Muchas veces predomina el contrato oral. En el caso de las trabajadoras domésticas esto es particularmente frecuente. Otra variante es el empleo temporal, donde se contrata por estaciones de cosechas (caso de la zafra, el café, la naranja), actividades donde hay una alta participación de mujeres y personas migrantes. Con los procesos de desregulación de las relaciones laborales, las empresas han aplicado estrategias de flexibilización laboral, que es un mecanismo del capital a escala global que busca disminuir regulaciones y reducir derechos.

Existe una importante brecha salarial por género, ya que las mujeres reciben menor salario por el mismo trabajo; se estima que el salario de las mujeres es un 15-20% menor que el de los hombres. Por otra parte, el uso del tiempo semanal para trabajo doméstico es mayor en las mujeres, con mucha dedicación al cuido de sus familias, lo cual limita la disponibilidad de tiempo para trabajo remunerado y desarrollo personal. Las mujeres a menudo tienen empleos informales precarios.  

El desempleo es también más alto en mujeres, y se ven más afectadas por el subempleo.  Las mujeres también sufren por falta de aseguramiento, lo cual las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad. Este problema conlleva al no disfrute de licencia por maternidad y también tienen mayor desprotección a la hora de ser despedidas. En muchas empresas hay una discriminación hacia las mujeres por el embarazo, la atención a hijos pequeños y la lactancia

También las mujeres son afectadas por las dificultades para lograr la sindicalización y participar en procesos de organización y negociación colectivas para exigir sus derechos.

A manera de conclusión, y retomando varios de los aspectos presentados en el foro y en la sesión de comentarios y preguntas que siguió a las exposiciones de las panelistas y el panelista, José María Gutiérrez mencionó los siguientes puntos: (1) La importancia de estudiar y conocer los fenómenos que se relacionan con la precariedad laboral, tarea en la que juegan un papel clave los grupos de investigación de las universidades públicas, en estrecha relación con las organizaciones laborales y la población trabajadora. (2) La tarea fundamental de promover la organización de los diversos sectores laborales, incluyendo la organización sindical, y el impulso de luchas lideradas por estos entornos colectivos organizados. (3) El fomento que se le debe dar a la lucha cultural, a la batalla por las ideas, que enfrente la hegemonía ideológica que alimenta el individualismo y el mercantilismo, para fortalecer los valores de solidaridad y lucha colectiva en procura de condiciones laborales dignas. (4) Promover la creatividad en la construcción permanente de formas de organización novedosas que busquen condiciones laborales dignas, enlazando procesos nacionales e internacionales. (5) Crear espacios de confluencia entre los sectores laborales organizados y otros sectores sociales, comunitarios, culturales, ambientalistas, feministas e institucionales, para encontrar avenidas de lucha comunes con miras la construcción de una vida digna para todas y todos.  

El video de este foro está accesible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Puede verlo aquí:

CTRN 1º de Mayo: “País con serios retrocesos en materia de democracia, empleo, precarización laboral y justicia salarial”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) expresamos la enorme preocupación por el grave retroceso que experimenta Costa Rica en materia laboral, con problemas en cuanto al empleo, la precarización laboral, la enorme salida de personas de la fuerza laboral y las desigualdades que genera la informalidad.

Este 1º de Mayo, la CTRN reafirma su compromiso de lucha contra las graves situaciones que amenazan el bienestar, los derechos y las libertades de la clase trabajadora, así como los principios de solidaridad y justicia social que dan sustento a nuestra democracia.

Unimos nuestra voz a la del resto del movimiento sindical para denunciar los intentos del gobierno y del sector patronal de anular históricas conquistas de los trabajadores y trabajadoras, como la jornada de ocho horas, que fue el punto álgido de las luchas libradas por los obreros de Chicago hace 138 años y que hoy conmemoramos, como todos los primeros de mayo.

El proyecto de ley 4×3, para alargar hasta doce horas las jornadas laborales es una iniciativa que en nada favorece a los trabajadores y trabajadoras, solo beneficiaría los intereses del sector empresarial y violenta el Convenio 1 de la OIT.

“Urgimos de una voluntad política firme de reinversión productiva para ampliar las fuentes de empleo decente, cada vez más limitadas, abriendo perspectivas para nuevos sectores en el marco de la economía circular, la economía verde, la economía digital, así como en la trascendental economía del cuidado”, manifestó Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN.

Además, exigimos que cese el arbitrario intervencionismo del gobierno en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y los intentos de falsear la realidad financiera de la institución mediante estudios actuariales espurios y se proceda de inmediato al desarrollo de obras de infraestructura que son urgentes; que se fortalezca el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; que se dé un trato digno al personal médico especialista. Y sobre todo, que se cancele la billonaria deuda con la CCSS que este gobierno ha aumentado irresponsablemente.

Proclamamos nuestro compromiso de luchar para que se reviertan las tres leyes anti obreras que han estancado los salarios y deteriorado injustamente el nivel de vida de cientos de miles de personas trabajadoras y sus familias. La ley anti huelgas, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Deben ser suprimidas, al tiempo que se promuevan nuevas leyes para prevenir y sancionar los delitos de evasión y elusión, que son la verdadera causa del déficit fiscal”.

Urge una reforma al sistema tributario para asegurar la progresividad de los tributos, y es imprescindible hacer auditorías sociales de la deuda interna y la deuda externa, la cual estrangula nuestra economía con el pago brutal y desaforado de intereses.

No permitiremos que continúe el retroceso en materia de democracia, de derechos y de cohesión social. Reafirmamos nuestra lucha por el trabajo decente, contra el trabajo precario y la vida precaria, y por los derechos humanos y laborales, porque esa es la única forma de que nadie se quede atrás. Necesitamos un nuevo Contrato Social, ya que el que teníamos ha sido abandonado por la política dominante, como lo señalan los últimos informes del Estado de la Nación.

Llamamos al pueblo a ponerse en pie de lucha para evitar que se siga rematando a precio de quiebra las empresas públicas de propiedad estatal, con la excusa de hacer frente a la deuda.

Precarización laboral y derechos laborales ¿dónde queda la justicia? – Foro

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

La Alianza por una Vida Digna le invita:

El 24 de abril a las 6 pm.

Con la participación de María Leonela Artavia Jiménez, profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional; Mauricio Castro Méndez, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Sandra Cartín Herrera, socióloga y docente jubilada de Universidad de Costa Rica.

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UNDECA condena el congelamiento salarial y la precarización laboral

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

  • Trabajadores de la CCSS en las peores condiciones de la historia

La situación de los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social se ha visto gravemente afectada, debido a una serie de leyes, entre ellas, el combo fiscal y de Empleo público, que han dejado a las familias de los trabajadores de la salud y de todo el sector público en una situación de absoluta indefensión y precarización.

Estas medidas no solo han congelado los salarios, sino que han provocado una disminución significativa de sus ingresos, llegando a perder hasta un 50% de su salario, generando condiciones laborales insostenibles y una alarmante fuga de profesionales, entre ellos trabajadores médicos, enfermeras, profesionales de diversas disciplinas, y otros funcionarios.

La experiencia de los profesionales en ciencias médicas  de la institución es solo una muestra de la situación general de los trabajadores: un sentimiento de desmotivación y descontento, lo que afectar negativamente su rendimiento laboral .

“Esta precarización salarial y deterioro laboral es producto de continuos gobiernos neoliberales, que han impuesto políticas restrictivas y anti laborales, con la falsa premisa de que las remuneraciones eran la principal causa de la crisis fiscal, cuando ha quedado demostrado que es producto de la corrupción, la evasión y el fraude de los grupos de poder económico”, recordó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Estas medidas fiscalistas y de austeridad, además han causado, una astronómica disminución de la inversión social, salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura pública, generando además, un significativo menoscabo en los servicios públicos esenciales.

UNDECA exige a la Junta Directiva de la CCSS que disponga remuneraciones salariales justas y competitivas para todos los trabajadores, con criterios objetivos que eviten disparidades, de forma transparente y equitativa.

La postura patronal está exacerbando un conflicto que altere la paz social y laboral de la institución. UNDECA exige la apertura inmediata de diálogo y negociación, con los actores sociales que representan legítimamente a todos los trabajadores y trabajadoras.

¡NEGOCIACION SALARIAL O CONFLICTO LABORAL!!!

La UAS manifiesta su respaldo al paro general en Argentina

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Rel UITA

La Confederación Unión para la Acción Sindical (UAS) de Costa Rica se sumó a las manifestaciones de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras argentinos que se movilizarán masivamente el próximo 24 de enero en protesta a las medidas regresivas del gobierno de Javier Milei.

En la nota, la UAS recuerda que para el mandatario argentino “el Estado es un estorbo para el libre engorde de las corporaciones y que lo único que se debe garantizar son los intereses del sector privado precarizando al extremo las relaciones laborales”.

Lea la nota completa AQUÍ.

 

Fuente: https://www.rel-uita.org/