Etiqueta: Presupuesto Nacional

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en 15/08/2025. Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Escrito en 09/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

Contraloría encuentra inconsistencias en metas indicadas por el Gobierno

Escrito en 03/06/2025. Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.

El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.

La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.

En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.

En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.

El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.

En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.

Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.

Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025

Intentona dictatorial

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».

Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.

De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!

Desnutrición educativa y presupuesto

Escrito en 16/10/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña

Con suma preocupación por la desnutrición de nuestro sistema educativo, nos dirigimos a la ciudadanía comprometida con el bienestar de las generaciones que nos sucederán.

La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos. De este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. ¿Cómo lo sabemos? Porque los síntomas se exacerban y son muy evidentes debido a la falta de los nutrientes esenciales en la salud educativa: pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura.

Pero es que además sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente sufre cortes constantes.

Todos estos síntomas han resultado en que, el índice de desarrollo humano de Costa Rica en 2024 haya bajado 8 posiciones en relación con la década de los años 90, ubicándonos ahora en el puesto 64.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Por eso es que hacemos un llamado para que, de manera urgente, se le asigne una fuerte dosis presupuestaria al organismo educativo del país.

Aunque algunos piensan que la educación está nutrida presupuestariamente, vamos a evidenciar que no es así. El plan presupuesto para el 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda, y es evidente que se mantienen las reducciones a los programas de equidad.

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Y si nos comparamos con otros países, la situación no se ve bien. Veamos a continuación.

Presupuesto 2025

Según el análisis presupuestario del consultor Ricardo Vindas, publicado recientemente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), la inversión pública en educación enfrenta una evidente tendencia a la baja, teniendo como referencia que el máximo histórico fue de ₵2.670.018 millones en el 2020 y para el 2025 será de ₵2.580.414 millones.

En ese contexto, vemos como seis de las ocho subpartidas de remuneraciones vienen sufriendo rebajos desde el 2023: sueldos para cargos fijos, dedicación exclusiva, seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aporte patronal a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (JUPEMA). Las únicas subpartidas que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstas corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.

El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa. Además, para agosto del 2024 sólo se había ejecutado el 21% del presupuesto, muy por debajo de lo ejecutado con la Fundación Omar Dengo.

Las Juntas de Educación y Administración tienen un papel importantísimo en la administración y el mantenimiento de la infraestructura educativa. Requieren además de los presupuesto necesarios para cumplir con su tarea, un gran apoyo de manera que puedan adquirir los conocimientos más recientes en temas de la gestión de recursos. Y en ese rubro vemos con preocupación como a dichas Juntas se les recortan aproximadamente ₵555 millones para el próximo ejercicio fiscal.

Realmente inaceptable es la condición en las que se dejan a los Comedores Escolares que se ven reducidos en su capacidad de compra: aunque se observa un leve aumento para el 2025, y que según el MEP, es el monto más alto presupuestado en los últimos 13 años, cuando se suprime el efecto de la inflación, se reduce la capacidad de compra en un 12% con respecto a los montos presupuestados pre-pandemia (2018 y 2019). Es una obligación indiscutible dotar de una alimentación balanceada y nutritiva a los niños y niñas que asisten a los Comedores Escolares; además de que sabemos que, para muchos de ellos, provenientes de hogares en pobreza y pobreza extrema, los alimentos que reciben en los Comedores Escolares son su único alimento al día. Dejar de alimentar, literalmente, a los niños y niñas del país, es inadmisible.

De acuerdo con el análisis de Vindas, publicado por COLYPRO, se pasó de un máximo histórico de 7.4 % del PIB, a un mínimo histórico de 4,92% en cuestión de 4 años, y el más bajo en décadas. Esta situación no es solo un claro incumplimiento sistemático de la Constitución Política, sino un irrespeto a la dignidad e integridad de la sociedad costarricense.

Inversión en educación y por estudiante: una comparación

Si nos comparamos con América Latina. Un estudio de McKinsey & Company llamado “¿Cómo pueden mejorar los sistemas escolares el aprendizaje a escala?” (2024), establece cinco categorías de desempeño educativo alrededor del mundo: excelente, bueno, justo, pobre y muy pobre. Según el estudio, ningún país de América Latina alcanza la categoría de buen o excelente desempeño educativo. Costa Rica, con una inversión anual de $6000 dólares por estudiante, se coloca en la categoría de desempeño justo (mediocre), muy cerca de la categoría de pobreza educativa.

Si nos comparamos con los países de la OECD, donde si hay países con desempeños altos, el panorama se recrudece. Según el informe Education at a Glance 2023, entre 2020 y 2021, de los países de la OECD, Costa Rica reporta la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%). Mientras que en países como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria.

Este mismo informe señala que el costo medio por estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica llega a los $5.700. En primaria, secundaria académica y técnica, el país invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad

Frente a tales graves síntomas de desnutrición educativa, el argumento dado por el MEP para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría. Primero, el argumento de la baja en la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de baja en la natalidad no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue, en general, absolutamente comprometida. Es una falacia sugerir que la reducción del presupuesto responde a la baja demográfica.

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

Silvia Chacón Ramírez
Eleonora Badilla Saxe
Karla Salguero Moya
Yalile Chan Jiménez
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

Sala Constitucional da plazo a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda para responder sobre mandato constitucional del 8% para la Educación Pública

Escrito en 11/09/2024. Publicado en Derechos, Educación.

El pasado 29 de julio Daniela Chaves Matamoros, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Raquel Loría Quesada, presidenta de la FEUNA; Valentina Palacio Mora, presidenta de la FEUCR; María Ortega Zamora, presidenta de la FEUNED; Allison Vargas Molina, representante de la UTN y Francini Mora Chacón, presidenta de la FEITEC, presentaron un recurso de amparo contra el Estado de Costa Rica por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, específicamente por el presupuesto asignado a educación y la vulneración a los derechos fundamentales y humanos que ello implica al no respetar el artículo 78 de nuestra Constitución Política.

Un mes después de la interposición del recurso, 28 de agosto del 2024, la Sala Constitucional emite una resolución sobre el caso presentado. La Sala ordena que se notifique a la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de los hechos alegados por las estudiantes. Se les otorga un plazo de tres días hábiles para dirigirse a lo expresado en el recurso, dejando claro que de no hacerlo y recurrir a un acto de omisión, los mismos serán tomados como ciertos y por ende, dándose con lugar el recurso.

El movimiento estudiantil que presentó el recurso de amparo manifiesta su satisfacción al ver que la Sala Constitucional ya ha emitido una primera resolución donde solicita este pronunciamiento de la ministra de Educación y el ministro de Hacienda. Esto implica que la Sala, en un primer análisis, ha identificado un posible roce entre las acciones del gobierno y lo establecido en la Constitución Política, lo que justifica la necesidad de que las jerarquías de Hacienda y Educación se pronuncien al respecto.

El papel de la educación en el desarrollo nacional.

La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Nuestra nación ha apostado por la educación como la herramienta más poderosa para romper las barreras de la desigualdad y promover el crecimiento económico y social. Invertir en educación no solo es cumplir con un mandato constitucional, sino también asegurar que Costa Rica continúe siendo un referente en la región por su alto nivel de desarrollo humano.

Desfinanciar la educación pública no solo es un ataque contra un derecho constitucional, sino también contra el futuro del país. La historia nos muestra que el progreso de Costa Rica ha estado directamente relacionado con su capacidad de ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Es la inversión en educación la que ha permitido que nuestra sociedad avance y se consolide como una de las más equitativas de América Latina.

Preocupación por la falta de pronunciamiento de los ministros.

La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles a los ministros para que rindieran sus informes, plazo que vence el día 2 de septiembre, a la medianoche. Hasta el momento, hemos estado monitoreando el expediente en línea y no hemos recibido ninguna notificación de que los ministros hayan presentado sus respuestas. Esta falta de pronunciamiento genera incertidumbre y preocupación, pues si los ministros no responden, los hechos alegados podrían considerarse ciertos y la Sala podría resolver el recurso en consecuencia.

El objetivo principal de este comunicado es subrayar que el recurso de amparo ha superado el primer filtro de la Sala Constitucional, lo cual es un paso significativo en la defensa de la educación pública en Costa Rica. Esta admisión indica que la Sala reconoce la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de derechos constitucionales, lo que tiene con necesidad de escuchar las justificaciones del gobierno antes de emitir una resolución final, pero si estas no son presentadas la Sala tomará esta acción como un reconocimiento de aceptación a los hechos denunciados por parte de los ministros.

Presupuesto 2025 y la amenaza a la educación pública

El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó recientemente el proyecto de ley del Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario para el año 2025, en el cual el presupuesto destinado a la educación pública es nuevamente inferior al 8% del PIB, situándose en un 4,9%. Aún más alarmante es que este presupuesto propuesto no contempla un ajuste por inflación, lo que en términos reales podría representar una disminución aún mayor en la inversión en educación. Esto no solo contraviene el mandato constitucional que exige un mínimo del 8% del PIB para la educación pública, sino que también pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación para millones de costarricenses.

En declaraciones que nos generan gran preocupación, el Ministro Acosta afirmó que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto diferente, él no ejecutará ningún otro presupuesto que no sea el que presentó en su proyecto de ley. Además, sugirió que aumentar el presupuesto para la educación obligaría al gobierno a recortar fondos de otros sectores esenciales, como seguridad, o programas para adultos mayores. Estas declaraciones son altamente problemáticas y cuestionables desde una perspectiva constitucional y de administración pública.

Las afirmaciones del Ministro Acosta pueden ser interpretadas como una interferencia en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual podría constituir una violación del principio de división de poderes. La Constitución Política de Costa Rica establece claramente la separación de poderes, donde el Poder Legislativo tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional, mientras que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Cualquier intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar o limitar las decisiones del Legislativo puede ser visto como una intromisión indebida en sus funciones y una violación de la autonomía legislativa.

Al declarar que no ejecutará un presupuesto diferente al que él presentó, el Ministro Acosta no solo está desafiando la autoridad del Poder Legislativo, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad del orden constitucional al socavar el proceso democrático de debate y aprobación del presupuesto. Estas declaraciones sugieren una falta de disposición para dialogar y llegar a consensos, lo cual es esencial en una democracia sana.

Más allá de las implicaciones constitucionales, las declaraciones del Ministro revelan una preocupante falta de compromiso con la educación pública, un sector que ha sido clave para el desarrollo de Costa Rica durante más de dos siglos. La educación pública no es un gasto que se pueda reducir sin consecuencias graves; es una inversión esencial en el futuro del país. Al reducir los fondos para la educación, especialmente sin ajustarse por inflación, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y limitar las oportunidades de millones de costarricenses, perpetuando desigualdades y frenando el progreso social y económico.

Un llamado a la acción

Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. La educación ha sido nuestro motor del desarrollo y el principal instrumento para asegurar una sociedad más justa y equitativa. No podemos olvidar que el peor error de una sociedad es dar su democracia por sentado; la democracia nunca puede darse por sentado, porque se construye día a día. Las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y el presupuesto propuesto para el 2025 representan no solo una amenaza a la educación pública, sino también un potencial atentado contra la división de poderes que sustenta nuestra democracia, y por ende, un atentado directo a nuestro sistema democrático.

Como Movimiento Estudiantil, estamos vigilantes de todas las acciones que el gobierno lleve a cabo en relación con este tema tan crucial. Sabemos que la educación no es solo un derecho; es un legado que hemos recibido gracias a las luchas del pasado, luchas que en su momento costaron sangre y vidas. Hoy, defender ese derecho no nos exige sacrificios tan extremos; lo único que requiere es nuestra voluntad firme y decidida. Es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo, para que, al igual que nos fue heredado, podamos entregarlo a las futuras generaciones aún más fortalecido.

Nos comprometemos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro margen de acción, tanto en el sentido de oportunidades como en el legal, siempre respetando los procedimientos constitucionales, para proteger este derecho. No aceptaremos nada que sea inferior al 8% del PIB destinado a la educación pública, a menos que exista una garantía clara y firme de que se alcanzará ese 8% y que no se volverá a reducir en el futuro. Esta es una línea que no estamos dispuestos a cruzar, porque el futuro de nuestra educación y de nuestro país depende de ello.

Hacemos un llamado a toda la población para que se una a esta vigilancia activa. Invitamos a todos los costarricenses a mantenerse informados, a seguir de cerca cada paso que se dé en relación con el presupuesto de educación, y a exigir transparencia y respeto por los principios constitucionales. La defensa de una educación pública de calidad es una causa que nos concierne a todos, porque está en juego no solo el futuro de nuestra juventud, sino el desarrollo y bienestar de toda la nación.

Este es un momento para la acción y el compromiso. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan nuestra democracia y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Necesitamos, como sociedad, estar unidos y alertas, porque la educación y la democracia no son dádivas; son derechos que debemos proteger y fortalecer continuamente.

“Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer; los derechos de mañana serán el fruto de las luchas que demos hoy.”

8 % ya

Escrito en 08/09/2024. Publicado en Educación.

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Desafíos y perspectivas de la inversión social pública en Costa Rica

Escrito en 07/09/2024. Publicado en Análisis.

Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.

La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.

Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.

El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.

Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.

En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.

Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.

Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema

La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.

*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

Colegios Humanísticos ejecutan 97% del presupuesto; aseguran que recorte del Gobierno es injustificado

Escrito en 05/09/2024. Publicado en Derechos, Educación.

Ante el recorte económico propuesto por el Gobierno de la República en el Presupuesto Ordinario 2025, el Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses realiza el siguiente pronunciamiento:

El Sistema de Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC), hace de conocimiento público que para el Curso Lectivo 2025, el Gobierno recortó considerablemente el presupuesto institucional con respecto al asignado en el año 2024. Valorando que la ejecución presupuestaria de los cuatro colegios supera el 97% anual, no se justifica el rebajo en el presupuesto para el año 2025, que representa una reducción de ₡ 100 711 322.00.

Los Colegios Humanísticos Costarricenses, año a año, se nutren de estudiantes que buscan oportunidades para mejorar su crecimiento académico de forma integral. Cada alumno asume una carga académica con un alto nivel de calidad educativa, la cual se desarrolla mediante proyectos, actividades y participaciones, cuyo objetivo es incentivar el pensamiento crítico, la reflexión y el compromiso para construir un mejor país. Además, se favorece la excelencia en todas las áreas del conocimiento contempladas en los planes de estudio nacionales.

Estos colegios brindan oportunidades de educación con los mejores estándares, principalmente en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde abundan opciones educativas. La afectación presupuestaria a los cuatro colegios (Coto, Heredia, Nicoya y Sarapiquí), arriesga su operatividad normal, limitando el acceso y debilitando los servicios.

A este recorte arbitrario, se suma nuestra preocupación por la calidad de la educación costarricense. Hoy más que nunca, el país requiere fortalecer los espacios de formación integral de la población adolescente. De acuerdo con el Decreto 26436-MEP, Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo en los Colegios Humanísticos Costarricenses: “Los Colegios Humanísticos Costarricenses (CHC) son por definición instituciones preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar y adquirir habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional. Estos colegios estimularán la capacidad analítica, crítica, creativa y relacional del ser humano con su realidad cultural y natural”.

El propio MEP reconoce los elementos diferenciadores que sustentan el Sistema de Colegios Humanísticos, abocado a procurar una movilidad social ascendente, a partir de del desarrollo integral del potencial de la población adolescente, formando seres humanos orientados a generar cambios significativos para construir una mejor Costa Rica.

El sistema educativo costarricense, en su conjunto, no resiste más precarización y debilitamiento. Alzamos la voz para que se revierta el desmantelamiento de la educación pública en todos los niveles. Las y los jóvenes de este país urgimos servicios educativos de calidad, basta de afectar a las poblaciones más vulnerables, aumentando la brecha social y la desigualdad.

¡Somos el CHC, transformando la formación de nuestra comunidad aprendiente!

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Etiqueta: Presupuesto Nacional

Vladimir de la Cruz

Carta AbiertaMovimiento Mauro Fernández Acuña

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña