Tomaron las calles de Heredia con carteles con “justicia y presupuesto para el Huma” ante los retrasos burocráticos del MEP que tiene al colegio sin presupuesto desde año pasado.
En un comunicado la directora Yanixa Miranda Benavides explicó que “ya se cumple la fecha límite para el depósito de parte de Ministerio de Hacienda, para cumplir con las obligaciones estudiantiles, salariales y gestión operativa del Colegio. Lamentablemente a esta hora no hemos recibido dicha transferencia. De parte del viceministro Leonardo Sánchez Hernández, quien brinda un comunicado a la Junta Administrativa, mencionado que el día de hoy fue firmado el decreto ejecutivo, y que está listo para publicación en la Gaceta. Lo que permite deducir que hoy tampoco estaremos recibiendo el pago de lo adeudado”.
“Es por eso que, desde la dirección, estoy convocando a la población estudiantil, personal docente, administrativo, y personas que deseen apoyarnos; nos estaremos manifestado en las afueras de la Institución evidenciando nuestra inconformidad con esta situación, debido a que se están vulnerando los derechos fundamentales de nuestra comunidad”.
“En caso de no ocurrir la transferencia el día de hoy 1 marzo, el día jueves 2, la manifestación de la protesta se trasladará a las afueras del Ministerio de Hacienda en Heredia”.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) comunica lo siguiente sobre el regreso de estudiantes a las aulas:
“En nombre del pueblo de Costa Rica, deseamos resaltar el esfuerzo de este mega ministerio en dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Transportes, mediante la Policía de Transito; al Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Policía Civil; al Ministerio de Salud, para la salud oportuna de la Población Estudiantil, y a muchos más esfuerzos presupuestarios, para que todo el sistema que se activa con la entrada a clases, o el inicio del Curso Lectivo 2023, sea placentero y se vea como una muestra de la fiesta democrática que vivimos padres, madres, abuelos, y abuelas de esta gran Nación.
Deseamos resaltar la labor del Ministerio de Hacienda para asegurar los fines mismos, en el ejercicio del Control Fiscal, y la recaudación de los tributos.
Esto, señor Ministro, no es sólo encomiable labor, esto es digno de resaltar a todas las naciones, no obstante, le solicitamos públicamente, se sigan gestando actuaciones de este Ministerio, para combatir el fraude y la corrupción fiscal.
Seguimos haciendo votos para que de manera enérgica y ejemplarizante, se sigan denunciando los casos de presunta actuación fraudulenta contra el Estado mismo. Seguimos haciendo votos para tener un Ministerio robusto. Seguimos haciendo votos para tener un ordenamiento jurídico “explosivo” e inmediato en la aplicación de sanciones, al trasiego de mercancías sin declarar, porque el fraude aduanero fue “irresponsablemente derogado”.
Seguimos haciendo votos para que empresas como WALMART y La Nación o sus subsidiarias sean incorporadas en la listas anuales de Fiscalización y hacemos votos para que se revise la reiteración de hasta tres años, año a año, de empresas que se han fiscalizado y que eventualmente parece ser “una sacada de clavo interna”.
Seguimos haciendo votos, para que se fiscalicen de la mejor manera, las actuaciones de índole financiero, dotando de más recurso humano y auditores informáticos, para las actuaciones de control fiscal.
Agradecemos señor Ministro, los esfuerzos de su Despacho en fortalecer al Estado mismo”.
¿Sabía usted -mi estimado y estimada lectora- que…?:
1.- ¿Qué desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?
2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?
3.- Tal vez lo sabe, pero si no, le recuerdo que, en este ejercicio económico, los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones de colones menos que en el año 2021.
4.- ¿Sabía, no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?
5.- Sabía, mucho menos lo dudo, ¿Qué la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de Declaraciones y Pactos Internacionales de Derechos Humanos (DH)?
6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los DH son la causa de las calamidades públicas y la corrupción de los Gobiernos?
7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.
Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?
Publicado en LA VOZ SINDICAL – SINDEU, compartido con SURCOS por el autor.
Luis Paulino Vargas Solís Economista, investigador CICDE-UNED
El artículo 77 de la Constitución es claro: el sistema educativo de Costa Rica está constituido por “sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”. No se incluye el INA, los CEN-CINAI, ni esa extraña jungla de 50 instituciones, que, según la ministra Müller, ha de formar parte del presupuesto de la educación. En relación con el sistema educativo, según éste es definido por la Constitución, el artículo 78 es igualmente contundente, cuando ordena lo siguiente: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto…” (sic).
Pero, en fin, ¿cuánto es realmente el monto que se destina a la educación? Voy a basarme en datos que aparecen en un reportaje de la periodista Sofía Sánchez, publicado en el Semanario Universidad, cuya fuente es el propio Ministerio de Educación (MEP), y voy a combinar esos datos, con los correspondientes el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado (montos nominales). Obtengo así los porcentajes correspondientes a la ratio “presupuesto educación/PIB”, los cuales son como siguen:
Cuatro conclusiones básicas derivan de lo anterior:
Jamás se ha cumplido el mandato constitucional del 8% (un transitorio al artículo 78 de la Constitución ordena que, a partir de 2014, debía darse cumplimiento a esa disposición.
Los porcentajes tienden gradualmente a crecer hasta 2017. De 2018 en adelante vienen en retroceso.
El dato para 2022 nos hace retroceder al menos 10 años.
La Constitución está siendo violentada de modo flagrante.
Pero, consideremos también: ¿cuáles son las cifras que oficialmente se manejan?
Me remito de nuevo al reportaje de Universidad que ya mencioné. Según ahí se indica, y citando fuentes oficiales del MEP, los porcentajes dedicados a educación llegaron al 8,01% en el 2017 y 7,92% en el 2018. Y todavía se habla de 6,9% para 2021 y 6,4% en 2022. Estos datos difieren claramente de los que indiqué.
Si son correctos los datos sobre los presupuestos de la educación, que le fueron suministrados a Universidad por el propio MEP, y si también son correctos los datos sobre el PIB que publica el Banco Central, resulta entonces que los porcentajes que da el MEP son incorrectos.
¿A qué se debe eso? Una razón podría ser que los datos presupuestarios que aportó el MEP a la periodista de Universidad, corresponden estrictamente al sistema educativo, sin incluir las otras instituciones (INA, CEN-CINAI, etc.) que a la brava han metido en educación. Pero el propio reportaje de Universidad descarta esa posibilidad (supongo que lo hace con base en información oficial), al afirmar que el presupuesto reportado incluye las transferencias a las mencionadas instituciones.
En tal caso, el MEP simplemente está reportando porcentajes que son falaces. Y, si no lo son, les corresponde aclararle a la ciudadanía la forma precisa cómo los calcularon.
O sea, no solo se atropella la Constitución, y no solo se está aplicando tijera a lo bestia a la educación, sino que, encima de todo, se aportan datos confusos y contradictorios.
No hemos terminado con la pandemia de COVID-19, y de nuevo arremeten, con todo, contra el sistema público de salud y seguridad social de nuestro país.
Esta vez, el Ministro de Hacienda, Elian Villegas,es el abanderado, quien se lució lanzando sus dardos más venenosos contra la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Ministro de Hacienda, proclamó la más aviesa afrenta contra esta institución. Declaró que su presupuesto erosiona la estabilidad fiscal, criticó las facturas que le pasa la Caja, por el perro tan amarrado y rabioso que le tiene el Gobiemo, y como si lo anterior fuera poco, censuró el costo de la atención médica que se le brinda a la población.
Las declaraciones del Ministro desprestigian esta institución, favoreciendo la privatización de los servicios de salud pública. No tenemos ninguna duda que los mercaderes de la salud estarán aplaudiendo, estas desastrosas manifestaciones, de un fiel escudero de los más opacos intereses.
¡Cuando el ministro hace una frívola comparación entre los presupuestos de Gobiemo Central y el de la Caja, tratando de manipular la verdad, no dice, que desde luego no ignora, que la causa principal del deterioro de las finanzas del Gobierno es producto de la enorme corrupción, de la evasión, elusión y el contrabando fiscal; además,de los privilegios fiscales que disfruta el poderoso sector empresarial y financiero, nacional y transnacional.
Detrás de esa cortina de humo, el Ministro no pretende otra cosa que no sea seguir eludiendo el pago de la deuda que tiene el Gobiemo, que asciende a la cantidad de 2.300.000 millones de colones, incítando públicamente a los diputados y diputadas a violentar el artículo 177 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asumir el pago de la deuda, que el inflamable discurso del ministro pretende que se le escamoteé a los asegurados y a la población en general
Don Elian, en lugar de fustigar a nuestra emblemática institución, constituida por más de 60.000 personas trabajadoras, que le han puesto el pecho a la pandemia, debería honrar esa vergonzosa deuda.
El Ministro de Hacienda lanzó una proclama nada velada, de guerra contra la institución, la cual resulta totalmente inaceptable proviniendo de un Ministro de Estado.
UNDECA exige que se le pague a la Caja, lo que se le debe.
Llamamos a todas las fuerzas sociales a reforzar la lucha en defensa de la Caja y la salud pública
Las organizaciones sindicales y la clase trabajadora debemos cerrar filas en esta defensa.
Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.
El Movimiento Social Pro Vivienda, se ha manifestado durante las últimas semanas en defensa del derecho de una vivienda adecuada para todas las personas con déficit habitacional del país.
Sus protestas se deben a los recortes presupuestarios al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) de aproximadamente 34 mil millones de colones.
Las manifestaciones se dieron en puntos como ruta 32, ruta 27 y frente Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados no aprobar ningún recorte al presupuesto del Banhvi para 2022.
Desde la postura del Bloque, este recorte supone quitar 4500 viviendas a familias pobres, un daño social a las personas pobres y al sector de clase media, así como un golpe a la reactivación económica.
Además, sostienen que los aportes de los empresarios al Programa de Vivienda Social, realmente lo recortan para otros proyectos y no para la vivienda. Durante la manifestación, algunos diputados como Pedro Muñoz, Paola Valladares, Welmer Ramos y José María Villalta expresaron su apoyo a las manifestaciones.
El Bloque considera que del dinero que se le deduce a las empresas privadas fijo todos los meses de sus planillas, son transferidas al Ministerio de Hacienda que a su vez que se le asigna a FODESAF lo que debe transferirse al BAHNVI, o sea, un 18,07% de ese dinero. Sin embargo, considera que el gobierno viene engañando a todos, pues no indica adonde serán re-direccionados esos 34 mil millones de colones que le quieren quitar al BAHNVI, pero según informes, serán destinados al pago de salarios públicos y una buena parte a las pensiones de lujo.
“La cultura y el arte son inversión”, subraya la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), en un pronunciamiento donde denuncia la situación crítica del sector cultural, debido a los recortes presupuestarios al Ministerio de Cultura y Juventud.
Suscrito por la secretaria general, María Clareth Calderón, el pronunciamiento de la FEUNA establece:
“Denunciamos desde la FEUNA la situación crítica en la que se encuentra el Ministerio de Cultura y Juventud de frente al presupuesto del próximo año y tras los recortes que ya atravesó la institución para su presupuesto del 2021 desde la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La crisis sanitaria ha significado afectaciones que ha golpeado a distintos sectores, uno de los más afectado es el sector cultural, el Ministerio de Cultura y Juventud, ente encargado de las distintas políticas del sector cultural desde antes de la pandemia se vio afectado por recortes significativos en su presupuesto anual.
Con presupuestos recortados y una situación que no se recupera y que ha afectado históricamente a las personas artistas del país y al gremio, es importante mantener una posición sobre el presupuesto 2022 presentado en la Asamblea Legislativa.
El presupuesto es de 48 mil cien millones, establecido por Hacienda, ese presupuesto representa el 0.42% del presupuesto total del gobierno, vivimos en un país que no invierte ni un 1% de su presupuesto en cultura. Además, este ministerio es el que tiene más órganos desconcentrados y 8 programas que requieren de asignación de recursos a partir del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Anual de cada institución. El presupuesto para el año 2022 asignado con respecto al 2021 es de 408 millones menos, de igual forma se presentaron diferentes mociones para la incorporación de diferentes superávits que se puedan ejecutar y financiar proyectos, lo que podría incrementar el presupuesto.
El año anterior se realizaron recortes al Ministerio tras Moción de varias diputaciones, rebajas a: Ministerio de Cultura y Juventud, Museo Nacional de Costa Rica, Museo de Arte Costarricense, Museo Histórico Cultural Juan Santa María, Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Casa de la Cultura de Puntarenas, Gestión y desarrollo Cultural, Sistema Nacional de Bibliotecas, Programa Promoción de las Artes, Centro Nacional de la Música, Sistema Nacional de Educación Musical, Teatro Nacional, Teatro Popular Melico Salazar, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro de Producción Artística y Cultural, Dirección General del Archivo Nacional, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven.
Las mociones presentadas con rebajos significativos al presupuesto del sector cultura afecta directamente todas sus actividades centrales (mantenimiento, alquiler, pago de servicios, insumos, telecomunicaciones, informática…) Reduce el presupuesto destinado a las diferentes becas (Becas Taller, Puntos de Cultura, proyectos recibidos en las diferentes convocatorias), investigación y conservación de patrimonio, promoción de las artes, producción artística y cultural.Se añaden también diferentes reducciones como en los fondos a los procesos en diferentes comunidades; afectaciones al 50% en la atención de los espectáculos asociados al PND y la misión del TNCR, sin capacidad en contratos a directores, gremio de teatro, danza y música, diseño de vestuarios, escenografía y utilería, cierre del programa “Érase una vez” y diferentes producciones y reducción al fondo del Fauno del Centro Costarricense de producción cinematográfica. La no participación del MCJ en la Feria del Libro dejaría sin trabajo a más de 300 personas. Vulnerabilidad a los Centros Cívicos por la Paz y la labor en Casas y Centros de cultura. Desaparece el proyecto “Teatro en el Aula” con más de 15.000 estudiantes beneficiados, desaparece el Festival Nacional de Danza y el Encuentro Nacional de Teatro con más de 25 agrupaciones y más de 200 personas beneficiarias. Los montajes de la Compañía Nacional de Teatro, Danza y sus actividades docentes con más de 350 talleres que incluyen 3723 estudiantes dentro y fuera de la GAM.
A pesar del panorama del año anterior y el presente año, el sector cultural se mantiene en el país sembrando semillas de esperanza y demostrando la necesidad de invertir en arte y cultura para lograr un país que logre su desarrollo. Sin embargo, la situación de crisis aún se mantiene, la crisis sanitaria se acrecienta y afecta directamente a todo el sector en un año que se avecina lleno de incertidumbre”.
¡LA CULTURA Y EL ARTE SON INVERSIÓN!
Para más información comuníquese con la Oficina de Comunicación UNA 8334-4150.
El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron este martes 27 de julio el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2022.
De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años precedentes, en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje del monto, en esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional.
A partir de lo anterior, el monto del presupuesto total para el 2022 es de ¢522.822,67 millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a un monto de ¢36.376,52 millones, con un aumentó en ¢7.394,187 millones, respecto al acordado para el 2021. Se acordó, además, establecer una mesa de negociación con el fin de analizar y definir un proyecto de inversión que permita recuperar los montos postergados en años anteriores.
Con este presupuesto las universidades públicas tendrán que enfrentar de manera prioritaria la necesidad de fortalecer la vida estudiantil a través de inversión en becas estudiantiles, conectividad, salud mental y las implicaciones del regreso seguro a la presencialidad.
Ambas partes reconocieron la importancia de atender las afectaciones generadas por las tormentas tropicales que han afectado varias zonas del país, para lo cual acordaron destinar un monto adicional de ¢3.145 millones para que el Ministerio de Educación Pública pueda hacer frente a esta situación.
En este espacio de diálogo y negociación, se reconocieron las medidas internas que han aplicado las instituciones de educación superior universitaria estatal de contención sin precedentes en sus gastos operativos y remuneraciones, así como el éxito alcanzado por las 5 universidades públicas en la continuidad exitosa del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En este contexto incluso se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situaciones que provocaron la necesidad de reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que asciende a un monto de 55 mil millones de colones, especialmente en zonas fuera del gran área metropolitana. De igual forma, se valoraron de manera muy positiva los aportes, en múltiples ámbitos, de las universidades públicas en la atención de la pandemia, especialmente el apoyo técnico científico de alto nivel.
Como parte de la negociación se acordó para el nuevo período una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades públicas, que integra varias líneas de acción, entre ellas:
Fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto,
Atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.
Innovación científica y tecnológica, entre otras.
Todas, tareas que serán asumidas desde el quehacer sustantivo desarrollado por la extensión y acción social, la docencia y la investigación científica y cultural.
Para la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyarla, como una inversión social necesaria para el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país.
Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González Alvarado el acuerdo tomado “es un reconocimiento a la educación como uno de los sectores prioritarios y que constituye una inversión estratégica y en especial en esta coyuntura, donde la educación es fundamental en el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense en sus localidades y regiones”.
El representante estudiantil César Andrés Alvarado Arguedas, se mostró satisfecho con el acuerdo “para el movimiento estudiantil es importante continuar fortaleciendo los programas de becas estudiantiles, así como los programas de regionalización universitaria para ampliar el acceso y la diversificación de la educación superior en las diversas regiones del país, de forma que se avance hacia una distribución más equitativa de las oportunidades educativas en el territorio nacional”.
El acuerdo se suscribió en la Comisión de Enlace por: Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República y Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez Badilla, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, Rector de la Universidad Técnica Nacional y César Andrés Alvarado Arguedas, representante estudiantil.
CONARE Consejo Nacional de Rectores
*Imagen: La bandera patria y de la Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Vicerrectoría de Investigación desarrollará diversas estrategias para la gestión de fondos externos
Cuando la Dra. María Laura Arias Echandi asumió como vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), en enero pasado, se encontró con una disminución de un 48,9 % en el presupuesto destinado a esta área, debido a los recortes en las finanzas del sector público y a la crisis sanitaria por el coronavirus.
Lo anterior significa que la Vicerrectoría de Investigación (VI) pasó de tener un presupuesto de ¢2 200 millones a disponer de ¢1 160 millones para apoyar los procesos de investigación científica en esa Institución, la que más aporta al país en dicho campo.
A esto se suma que para este año no se presupuestó una partida para la compra de equipo destinado a la investigación, lo cual ha obligado a la actual administración universitaria a tomar medidas para maximizar los recursos con los que cuenta la Universidad.
Este hecho es considerado por la Dra. Arias como grave, ya que sin duda impactará en la calidad de la investigación que se efectúa en la UCR. “Nosotros somos una universidad que siempre ha tenido investigación de punta y, tanto la ciencia como la tecnología, se mueven constantemente. El equipo se moderniza muy rápido”, expresó la científica del área de la Microbiología.
Una de las medidas a las que la Vicerrectoría de Investigación recurrirá para solventar este panorama es la realización de un inventario del equipo que ha ingresado a la Universidad en los últimos cinco años, con el fin de que haya un uso compartido.
Arias explicó que su gestión para los próximos cuatro años como vicerrectora de esta área sustantiva de la UCR se basará en cuatro ejes estratégicos: potenciar la investigación en todas las áreas del conocimiento, fortalecer la innovación y la promoción de la investigación, optimizar el uso de recursos y facilitar la investigación.
En este último aspecto, el énfasis se pondrá en aquellos investigadores e investigadoras que están dando sus primeros pasos, de manera que se les pueda tender la mano y ayudarles a convertirse en la generación de relevo.
“Una de las grandes críticas que ha tenido la UCR es qué hacemos con los impuestos que nos da el pueblo. La Universidad hace mucho, pero le ha faltado devolverle a la sociedad —en un lenguaje entendible para las personas que no son científicas— cuáles son nuestros aportes al país”, recalcó la funcionaria.
Distribución equitativa de fondos
De acuerdo con la vicerrectora de Investigación, se ha procurado distribuir equitativamente los recursos disponibles en todas las áreas del conocimiento.
La Dra. María Laura Arias, quien se ha desempeñado como profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología, afirmó que la época actual está marcada por la lucha entre la ciencia y la no ciencia. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Actualmente, la UCR tiene vigentes 1 661 proyectos de investigación, de los cuales la VI financia el 46 %. El 54 % restante de los proyectos operan con recursos provenientes de fuentes externas o mediante la venta de servicios.
En cuanto al rubro de fondos concursables en apoyo a la investigación, que representan el 36 % del presupuesto de la VI, este año se redujeron en comparación con el año anterior. En el 2020 había 45 proyectos inscritos en esta modalidad de financiamiento, mientras que para el 2021 solo se abrieron 24 nuevos.
En el 2022 solo se dispondrá de tres categorías de concurso de las siete existentes. Estas son fondos semilla, trabajos de graduación y estímulo a la investigación. Esta última está dirigida a propiciar la reinserción de los jóvenes investigadores e investigadoras que vienen llegando al país con estudios de posgrado.
En consecuencia, quedarán excluidas del financiamiento para el próximo año las cuatro líneas siguientes: redes temáticas, tesis de posgrados, grupos de investigación y mentoría.
En cuanto a los fondos ordinarios, se continúan financiando 396 proyectos vigentes, que fueron aceptados en el 2019 y 2020. Esto significa el 45 % del presupuesto total de dicha partida.
A lo anterior se agregan 209 proyectos que ingresaron nuevos para el 2021, lo cual representa el 19 % de los fondos ordinarios para investigación.
Según manifestó la Dra. Arias, a las sedes regionales se les aceptó el 70 % de las iniciativas presentadas. Esto implica una inyección fuerte de recursos destinados a la investigación para las sedes y recintos de la UCR ubicados en diferentes puntos del territorio nacional.
En relación con los proyectos pertenecientes al Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), actualmente hay 12 proyectos activos, aunque este año no habrá una nueva convocatoria.
“Queremos estimular el concurso a fondos externos, por lo que tenemos toda una logística para formar a nuestros investigadores en la gestión normada de fondos externos”, indicó Arias.
La Vicerrectoría de Investigación creó la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo (Diprovid), con la cual se persigue ordenar y reunir todas las iniciativas sobre innovación existentes en la Universidad. En la foto, el juego infantil Yyoke, ideado en la UCR. Foto: archivo ODI, UCR.
Al respecto, está programado un ciclo de diez conversatorios, uno por mes, con la participación de investigadores con mayor experiencia y que han tenido éxito en la consecución de fondos externos, así como con investigadores que están realizando sus estudios de posgrado en otros países. El primero de ellos se llevará a cabo el 21 de mayo.
Asimismo, la UCR ha realizado una alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores para fomentar la internacionalización de la ciencia a través de la diplomacia científica.
Impulso a la innovación
Recientemente, la VI creó la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo (Diprovid), con la cual se persigue ordenar y reunir todas las iniciativas sobre innovación existentes en la Universidad.
“La Vicerrectoría ha trabajado en estos primeros meses del año con una visión ordenadora e integradora de los procesos de innovación y emprendimiento, conformando un sistema que fortalezca el vínculo con la sociedad y que permita potenciar las experiencias y capacidades que hemos desarrollado”, explicó.
Para esto se fundieron varias instancias y fuentes dedicadas a la innovación y al emprendimiento, tales como la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova), la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (Auge), el Programa Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) y Hélice UCR, entre otros.
La Diprovid integrará cuatro procesos claves: la investigación e información estratégica, la transferencia e innovación y la protección de la propiedad intelectual, la incubación, y el escalamiento y la asociatividad de los proyectos.
Según expresó la Dra. Arias, no ha habido un decrecimiento de la investigación debido a la pandemia, “no estamos paralizados, los laboratorios no están cerrados”. En el actual contexto, los proyectos de salud han sido muy importantes, pero no son los únicos, hay proyectos en las distintas áreas. Una vez que se salga de la influencia de la pandemia, se continuará promoviendo la investigación en todas las disciplinas.
“La pandemia ha traído investigaciones sobresalientes, con muchos datos, pero también ha traído un mar de noticias y de investigaciones que pierden y confunden a la gente, porque vienen acompañadas de ideas y creencias falsas”, comentó la académica.
Esta situación obliga a ser cada día más exigentes en las fuentes de información que utiliza la población y a no dejarse llevar por lo que aparece en las redes sociales. Para la científica, la época actual está marcada por la lucha entre la ciencia y la no ciencia, y sobre la primera, la UCR tiene mucho que aportar.
Imagen principal: La Dra. María Laura Arias Echandi asumió como vicerrectora de Investigación en enero pasado. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Patricia Blanco Picado Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
SURCOS comparte el siguiente comunicado referente al Reglamento de Acción Social de la UCR:
Las abajo firmantes, en calidad de personas estudiantes, docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica, así como personas beneficiarias y participantes de la Acción Social en comunidades, manifestamos nuestra gran preocupación por el Reglamento de Acción Social que se encuentra en este momento en consulta por el Consejo Universitario, desde enero del presente año hasta este próximo viernes 30 de abril.
Es preocupante que desde la pasada administración de Henning Jensen, la Acción Social ha sido el pilar sustantivo más afectado en términos presupuestarios. No obstante, recordamos a nuestro actual rector afirmando que durante su administración la Acción Social se vería fortalecida. Lamentablemente, esta vicerrectoría inició el 2021 con un 50% de recortes en todos los proyectos.
Por tales motivos, nuestras inquietudes giran en torno a:
El periodo de consulta a la comunidad universitaria no es el adecuado. Esto porque, tanto estudiantes como docentes con nombramientos por ciclos, no forman parte activa de la Universidad de Costa Rica en gran parte de este periodo; ya sea porque no están llevando cursos en el ciclo de verano (en el caso de estudiantes), o porque no han sido nombrados en unidades académicas (para el caso de gran cantidad de docentes). Esto ha provocado que mucha gente de la comunidad universitaria desconozca sobre esta consulta de reglamento.
En este documento no se promueven procesos de multi, inter y transdisciplinariedad, que tanto se han defendido en la Acción Social de la UCR. Por el contrario, este reglamento en consulta parte de una lógica bastante disciplinar, perdiendo así el rico ejercicio académico de acompañar comunidades desde diversos enfoques, miradas y conocimientos.
Esta propuesta de reglamento no resuelve de ninguna forma la actual asimetría con que se ha venido desarrollando la Acción Social, frente a los otros pilares sustantivos de la Universidad (Investigación y Docencia). Por el contrario, se profundiza en la idea de que la Acción Social es la última prioridad del quehacer universitario, siendo la que históricamente recibe el más bajo porcentaje del presupuesto, con respecto a las otras vicerrectorías.
Se desdibuja por completo el quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social, y más bien se recargan funciones a las Comisiones de Acción Social, pero sin asignarles recursos. Nos preocupa la poca claridad sobre las responsabilidades que tendría la VAS con base en este reglamento, en donde más bien se le han dado cerca de 20 a las CAS de las distintas unidades académicas, recargando el trabajo de las personas docentes y administrativas en las escuelas, cuando debería ser la VAS la encargada de orientar, encabezar y protagonizar la acción social que se desarrolla desde la Universidad de Costa Rica.
Por último, es preocupante la profundización de los mecanismos de venta de servicios desde la acción social. En ese sentido, este reglamento refleja un tipo de modelo de universidad que no necesariamente representa el pensamiento crítico y el compromiso ético-político con las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha caracterizado este pilar sustantivo de nuestra institución. De hecho, en la estructura organizativa que está proponiendo, no queda claro el lugar que estarían ocupando las comunidades con este reglamento.
Por tales motivos, nuestra petitoria hacia el Consejo Universitario es que se extienda el tiempo de consulta a este reglamento, al menos para finales de octubre del año en curso, para que toda la comunidad universitaria vinculada a la Acción Social (tanto docentes miembros de Comisiones de Acción Social, o con proyectos de Extensión Docentes, Extensión Cultural y Trabajos Comunales Universitarios, así como estudiantes con Iniciativas Estudiantiles, asistentes de proyectos de acción social o matriculados en TCU, y personas administrativas responsables de la ejecución de la acción social) pueda participar ampliamente en la consulta a importante reglamento. Suscribimos el sentir de las personas de comunidades, preocupadas por la situación actual que viven las universidades públicas y el papel central que debería estar jugando la acción social en este contexto.
