Skip to main content

Etiqueta: prevención

Defensoría al Gobierno: Urge más recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres

Hoy son insuficientes, un sistema poco efectivo, mientras los feminicidios y la violencia siguen sin freno.

La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a la institucionalidad pública, con el propósito que permita enfrentar con mayores herramientas el flagelo de la violencia hacia las mujeres.

Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas, así como indolencia ante el impacto en sus familias y sus propios hijos e hijas.

Para la Defensoría esta situación es cíclica y nos advierte que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justiciabilidad es limitada. Toda esa violencia hacia las mujeres, así como hacia las niñas y adolescentes es prevenible y, por ende, demanda la ejecución de los mayores esfuerzos para evitarla.

Pese a la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan exiguas en relación con la dimensión de la problemática, y su alcance es limitado, siendo también que los recursos presupuestarios con que cuentan las instancias llamadas a la coordinación interinstitucional e intersectorial son insuficientes tanto en lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.

Sirva de ejemplo, que precisamente en el marco del decreto N° 41240-MP-MCM, se estableció, bajo el liderazgo del INAMU, la Estrategia de Atención Itinerante para llevar servicios de atención especializados a las mujeres afectadas por violencia en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, acceso a la justicia, atención en salud y la atención psicosocial. Ello como una extensión de los Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS). No obstante, estrategias tan pertinentes en lo técnico, se sustentan en la capacidad y disposición personalísima de funcionarias y funcionarios, que requieren ser dotadas con urgencia de los recursos presupuestarios necesarios.

El día de ayer, un grupo de señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa le hicieron un llamado en procura de la dotación de recursos para la atención de esta problemática, siendo importante que el Poder Ejecutivo proceda a explorar todas las alternativas posibles, para la consecución del aumento de la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Es oportuno que entre otras, se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar (en adelante Sistema Nacional), particularmente, las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal.

Ante este panorama, la Defensoría solicitó al señor Presidente de la República enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para la dotación de los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de esta inversión social y de seguridad y los mecanismos para su pronta ejecución.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes

Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.

Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.

Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.

Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.

Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.

Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.

Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

UCR: En tan solo 16 años las muertes por cáncer en Costa Rica se podrían duplicar, advierte la OMS

La UCR realizará una actividad gratuita sobre el tema el miércoles 21 de febrero, de 9 a. m. a 12:00 m., en la Facultad de Medicina de la UCR

En Costa Rica, cada año se diagnostican con cáncer más de 13 000 personas y cerca de 6 000 costarricenses mueren por esa enfermedad, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), el ente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargado de las estadísticas mundiales en lo que respecta al cáncer.

Si lo anterior llama a la alarma, tenemos algo más preocupante: esos números van en aumento. De hecho, la misma IARC proyecta que para el año 2040 la cifra de casos nuevos y muertes en el país serán casi el doble. El 2040 puede sonar lejano, pero solo está a 16 años.

Aunque estos datos son preocupantes, es importante señalar que el cáncer no es sinónimo de sentencia de muerte, cómo pudo haber sido en el pasado y eso lo debemos tener muy claro. Esto se evidencia cuando se revisan las estadísticas mundiales de incidencia y mortalidad de la misma IARC para el 2022 (sus datos más recientes).

En ese año, casi 20 000 000 de personas fueron diagnosticadas con cáncer y poco menos de 10 000 000 murieron por esta misma enfermedad. En otras palabras, el 50 % de las personas diagnosticadas con cáncer ya no mueren de cáncer. Aquí también hay que tomar en cuenta que para algunos tipos de cáncer la tasa de supervivencia es muy buena, por ejemplo, para el cáncer de mama y próstata la sobrevida anda por encima del 60 %.

Esto nos lleva a un punto fundamental en la atención de esta enfermedad: el diagnóstico temprano y un manejo oportuno de los pacientes con cáncer.

El valor del tiempo

El tiempo lo cura todo, dice el dicho; pero este no es el caso del cáncer. “Definitivamente, ese no es el caso del cáncer. Hay un documento de la OMS llamado “Reporte de Cáncer del 2020” que menciona algo muy acertado: cada año que se retrase la toma de decisiones que conlleven a un control más efectivo y oportuno del cáncer, la factura para el sistema de salud será más alta, el número de vidas humanas perdidas será mayor y los índices de desarrollo económico y humano seguirán estancados”, explica el Dr. Warner Alpízar Alpízar, profesor catedrático, experto en biología tumoral de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Hay que enfatizar que la prevención y la detección temprana son herramientas valiosas para combatir la enfermedad: entre más temprano sea diagnosticado un cáncer es mayor la probabilidad de supervivencia y la explicación se encuentra en la biología misma de este grupo de enfermedades (el cáncer no es uno solo, existen alrededor de 200 tipos).

El tiempo entre diagnóstico y tratamiento es clave, pero es todavía más importante el tiempo que transcurre desde que un paciente se refiere por sospecha de cáncer hasta su tratamiento.

La detección, diagnóstico y tratamiento temprano son un desafío para la atención del cáncer. Es prioritario que generemos acciones multisectoriales concretas para mejorar la ruta de atención de los pacientes para un abordaje integral en etapas tempranas, cuando el tratamiento genera mayor impacto en el paciente, su entorno, el sistema de salud y la sociedad”, señaló el Dr. Carlos Sandoval, director Médico de Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela.

A la fecha, Costa Rica no tiene tiempos meta definidos para ninguno de los dos escenarios. Varios médicos especialistas en oncología coinciden en que no solo no se tienen tiempos meta, sino que cada centro médico lo maneja distinto. Lo más preocupante aún es que el tiempo entre referencia por sospecha de cáncer y diagnóstico es de varios meses, y la percepción de los especialistas es que con la crisis de especialistas (faltante y fuga) ese tiempo está alargándose”, comenta el especialista Alpízar.

A pesar de lo anterior, destaca lo siguiente: “Existen varios esfuerzos, pero no sé hasta qué punto están bien articulados. Uno que me parece muy exitoso y ya bastante consolidado es el Centro de Detección Temprana del Cáncer del hospital Max Peralta, en Cartago, que, desde hace ya muchos años, viene realizando gastroscopías y colonoscopías exploratorias en pacientes asintomáticos, en búsqueda de lesiones premalignas en estómago, colon y recto”.

Si bien los regentes de la salud en el país son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud, existen actores públicos y privados que pueden colaborar en la creación e implementación de planes país para el manejo y control del cáncer, como las ONG de pacientes y la academia. “Es que el control del cáncer le concierne a muchos”, asegura el Dr. Alpízar.

En ese sentido, Roche llama a colaborar entre los distintos actores del sistema de salud y la sociedad. “De tal modo, avanzaremos hacia unos cuidados más justos para los pacientes que padecen esta enfermedad, a través de la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento multimodal innovador en etapas iniciales”, explicó el doctor Sandoval.

Con ese espíritu, este miércoles 21 de febrero, de 9:00 a. m. a 12:00 m. se realizará el conversatorio “Por unos cuidados más justos: Avanzando hacia una ruta de atención equitativa para un diagnóstico temprano y un manejo oportuno de los pacientes con cáncer”, organizado por el Posgrado en Ciencias Biomédicas, la Facultad de Medicina y la Escuela de Medicina, en colaboración con Roche, con el objetivo de generar compromisos de los distintos sectores para avanzar hacia una ruta de atención equitativa.

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Castigo y más castigo

Óscar Madrigal

Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.

La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.

Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.

Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.

Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?

Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.

Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.

La seguridad ciudadana debe ser un compromiso compartido

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no cesa y cada día nos enteramos de nuevos asesinatos y nuevas agresiones a las que se unen las estafas electrónicas, que tanto daño causan a quienes se ven afectados con ellas.

Desde hace rato los asesinatos acontecidos este año superaron a los de todo el año pasado y aún faltan tres meses para finalizar el año lo que indica el crecimiento de la criminalidad.

Los cuerpos policiales poco han podido hacer en el campo más importante que es el de la prevención. La tarea es enorme en contra de crimen organizado, la lucha contra la corrupción y el incremento de delitos. Pero debe enfrentarse de manera decidida y debe darse una coordinación entre todos los cuerpos policiales incluidas las policías municipales, las que deben fortalecerse en cuanto a número de efectivos y capacitación.

Ayer se eligió un nuevo director para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en sus primeras manifestaciones indicó el reto que tiene para enfrentar esa delincuencia, pero también indicó sobre la falta de recursos económicos para hacerlo. Es urgente dotar al OIJ del presupuesto necesario para combatir el crimen en todas sus formas.

Es necesario que los ciudadanos recobremos la confianza en nuestros cuerpos policiales y desde luego en la posibilidad de andar por las calles con la certeza de que nada nos sucederá. Hoy esto es difícil de conseguir, la gente está asustada ante tanto crimen.

Dios quiera que este nuevo nombramiento traiga consigo nuevas estrategias y nuevos apoyos económicos para combatir la delincuencia y que haya más compromiso gubernamental de hacer lo posible por promover la prevención del delito con más y mejor educación, con más y mejores empleos y con más y mejores oportunidades para el deporte, la cultura y la recreación, aunado a un compromiso también de la ciudadanía para estar más alertas y no dejarse robar y estafar tan fácilmente como en ocasiones sucede.

No deseamos una Costa Rica violenta

José Luis Pacheco Murillo

El que hayamos llegado a contabilizar en lo que va del año 606 homicidios en el país, superando todas las estadísticas anteriores, nos demuestra la inseguridad en la que vivimos y la violencia que padecemos, dos situaciones que a todas luces afecta la calidad de vida que tenemos.

Cuatro provincias concentran la mayoría de esos homicidios: San José, Limón, Alajuela y Puntarenas. Hemos llegado a la cifra de 16 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vivimos una epidemia, lo que nos convierte en un país violento, máxime si le sumamos a eso la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la consumación de otros delitos como violaciones y delitos contra la propiedad.

Esta no es la Costa Rica que deseamos y es necesario que se tomen acciones para disminuir estos niveles de criminalidad y violencia. Deben sumar esfuerzos el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial; coordinar acciones para que se prevengan los delitos y se castigue adecuadamente y ejemplarizante a los delincuentes. No es posible que ante detenciones de posibles delincuentes que cometieron incluso homicidios no se les den prisión preventiva y vemos cómo vuelven a las calles incluso volviendo a cometer acciones violentas.

La ciudadanía vive con mucho temor y eso lógicamente afecta las actividades que desarrollamos diariamente.

Y es que no son solo temas de cantidad sino también de la violencia con que se cometen los homicidios lo que refleja el aumento en el grado de violencia que tenemos.

Tiene una enorme tarea que enfrentar el actual gobierno y las instituciones que tienen que ver con la prevención, lo que significa educación. Dios quiera que asuman el compromiso de disminuir estos niveles de violencia y que podamos vivir en la paz y tranquilidad que todos deseamos.

Programa Alternativas: Prevención de riesgos geológicos y meteorológicos en Costa Rica – video

El pasado viernes 24 de junio del 2022, en el programa Alternativas, se desarrolló el tema: “Prevención de riesgos geológicos y meteorológicos en Costa Rica”.

Como personas invitadas participaron:

  • Sergio Mora, doctor en Ingeniería Geológica.
  • Kattia Carvajal, Ingeniera Agrónoma.
  • Iván Brenes, Cirujano General.
  • Jeudy Ortiz, Ingeniero en la Municipalidad de Atenas.

Costa Rica ocupa el octavo lugar en exposición a desastres y el noveno en condiciones de desigualdad, a nivel mundial. Los expositores realizan un recuento de algunos incidentes como la sequía del 2014, las inundaciones en el Caribe en 2015, el Huracán Otto en 2016 y la Tormenta Tropical Nate en 2017.

Estas personas expertas apelan a conceptos como adaptabilidad, mitigación, resiliencia de los territorios y las comunidades frente a la variabilidad climática. Visibilizar los planes de gestión de riesgo desde las distintas instituciones en Costa Rica es parte de los propósitos del programa, con el fin de no solo conocer la problemática, sino también sus soluciones.

Se le invita a sintonizar la grabación del programa accediendo al siguiente enlace: https://fb.watch/dYoybFshQE/

Estudio UNED: País debe enfocar sus medidas sanitarias en la población más vulnerable

Un estudio de la UNED llama la atención sobre la urgencia de enfocar las medidas de prevención contra el COVID-19 en la población más vulnerable (Foto: Katya Alvarado).

Por Julián Blanco

Andrey Badilla, en su investigación sobre intervenciones no farmacológicas, relacionó las medidas tomadas a nivel mundial para prevenir la enfermedad con lo dispuesto en Costa Rica, además de exponer otras problemáticas referentes a la pandemia.

Ante la pandemia del COVID-19 se han tomado multitud de medidas que han cambiado el día a día de la población y, en ese sentido, las intervenciones no farmacológicas (NPI, por sus siglas en inglés) son tan importantes como las propias medidas de vacunación o atención médica. Por ello, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) decidió enfocarse en el análisis de las NPIs tanto a nivel mundial como en Costa Rica.

Andrey Badilla, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y licenciado en ciencias políticas, fue el encargado de la investigación Sindemia: revisión social de las intervenciones no farmacológicas usadas en la contención de la crisis del COVID-19, que tiene como objetivo reflexionar sobre las NPIs que se han aplicado en el país.

Las intervenciones no farmacológicas aluden a toda medida, aparte de las de vacunación o medicina, que toman las personas y las comunidades para prevenir el contagio de una enfermedad o para preparar a la población al respecto. En situaciones donde un virus es nuevo, como ahora con el COVID-19, las NPIs se vuelven imprescindibles para mantener controlada la enfermedad y dar tiempo a producir los tratamientos médicos necesarios.

La investigación tardó alrededor de medio año, durante el cual Badilla analizó múltiples bases de datos a nivel mundial para verificar la efectividad de distintas NPIs, las cuales relacionó después con lo dispuesto en Costa Rica por las autoridades de salud.

El análisis encontró que, en el caso del COVID-19, las medidas más efectivas son las dirigidas a reducir las congregaciones y que, entre menor sea el límite de personas, mayor es la efectividad. Sin embargo, no se puede obviar que esas intervenciones están acompañadas por una serie de costos sociales y económicos de vital importancia, por lo que detrás de esas medidas se encuentran agendas políticas que aspiran a contener las consecuencias negativas de las NPIs.

En el caso de Costa Rica, Badilla dividió las NPIs en varias secciones según el problema y la población a la que afectan, de las que destacó las siguientes: asistencia financiera y alimentaria para personas del quintil uno, y medidas económicas que protejan a las personas trabajadoras y a las Pymes.

Sobre lo primero, Badilla mencionó: “Sobre las medidas de asistencia, para que estas cumplan con su efecto compensatorio no solo debe dirigirse hacia las personas en mayor condición de vulnerabilidad, sino en acompañar a la población todo el periodo de la crisis. Las medidas de corto plazo no solo no alivian la situación del quintil uno, sino que las revictimiza debido a la presión para generar ingresos y satisfacer necesidades básicas”.

En cuanto a proteger trabajadores y Pymes, las principales cuestiones están en el apartado digital y financiero. Si el país elige NPIs que restringen congregaciones y movilidad, es fundamental que haya una política nacional de teletrabajo apropiada, así como plataformas digitales de compra y venta o mayor ciberseguridad, sin olvidar que las Pymes generan un porcentaje significativo de empleos para la recuperación económica.

Otros resultados

Aparte de la situación nacional, el análisis mostró una serie de problemáticas globales que propician pandemias como la actual. Por una parte, los efectos del cambio climático y la pérdida de hábitats naturales estimulan los casos de zoonosis -enfermedades de especies específicas que se transmiten a otras especies-, mientras las desigualdades médicas y sociales a nivel mundial estimulan una ‘sociedad del riesgo’ donde constantemente hay que resolver daños causados por la misma sociedad.

“El sistema clínico costarricense, cada vez más, tiene que estar gestionando los riesgos que produce por sí mismo. Un ejemplo de eso son las pandemias, porque son un problema que se manifiesta en todo, y el tiempo que debemos invertir en esto es cada vez más frecuente. Es como un círculo vicioso donde se necesitan medidas de seguridad política para poder combatirlo”, comentó Badilla.

Finalmente, otro punto a considerar es que el sector público domina el financiamiento de las vacunas a pesar de que las farmacéuticas son empresas privadas. Lo anterior repercute en que los Estados con mayor capital económico acaparen la gran mayoría de las vacunas en tanto que los países en condiciones de pobreza se ven apartados.

“Si no se cuenta con un acceso equitativo al mercado de las vacunas, lo que tenemos son focos de transmisión de la enfermedad en ciertas partes del mundo. Bajo las condiciones actuales de turismo o comercio, difícilmente los países más desarrollados, a pesar de tener las vacunas, podrán evitar el resurgimiento de brotes. Entonces, a la larga, podría significar un problema de reinfección”, concluyó Badilla.

 

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

La Estrategia Puente al Desarrollo: avances y limitaciones

German Masís

Recientemente se dieron a conocer los resultados del seguimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, el programa estrella de la Administración Alvarado en la atención a la pobreza.

Con frecuencia estas informaciones tienden a pasar desapercibidas entre la población, pues las actividades de evaluación de programas estatales suelen ser ejercicios internos de las instituciones con poca divulgación y participación y todavía menor comprensión por parte de los ciudadanos.

En este caso y a poco menos de 9 meses para la finalización de este Gobierno, puede que muchas personas hayan olvidado la importancia del programa Puente al Desarrollo en el combate a la pobreza, que el mismo está constituido por 5 componentes, que son Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención y Puente al Trabajo y que a este programa están vinculadas 19 instituciones que destinan cuantiosos recursos a su ejecución.

La información da cuenta, que “para el II trimestre de este año, había 30 metas programadas para todos los componentes de Puente al Desarrollo, de ese total, un 23% tenía riesgo de incumplimiento. De las 30 metas para el 2021, 20 metas se clasifican según lo programado, mientras 7 metas (tres más que el trimestre anterior) tenían algún tipo de rezago y tres presentan avance cero.

El problema se presentó en dos de cuatro metas totales ligadas al componente Puente al Bienestar, en cuatro de los 12 objetivos de Puente al trabajo, específicamente en lo referente a empleabilidad y en una de dos relacionadas con empresariedad, para un total de 7 metas en riesgo de incumplirse.

Una de las falencias en el componente de Puente al Bienestar es según el estudio, que las instituciones a las que se refieren las familias no estaban atendiendo hasta junio. Respecto a Puente al agro, se señalaron obstáculos ligados a la pandemia del COVID en cuanto al proceso de implementación de los planes, ya que la emergencia sanitaria redujo la capacidad de respuesta y el presupuesto de las instituciones”. (CRHOY,15-10-2021)

En tanto en el componente Puente al Trabajo, cuatro metas presentan rezagos, cuyos problemas de cumplimiento son:

✔ Porcentaje de referencias aprobadas en menos de 90 días por las diferentes instituciones (responsable CCSS, CONAPAM, CONAPDIS, CEN-CINAI, INAMU, IAFA, MEP, PANI, MIVAH).

✔Cantidad de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional y cantidad de personas matriculadas en alguna modalidad del INA. (responsable INA).

✔ Porcentaje de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional con respecto de las personas que se matriculan en una oferta de educación técnica. (responsable MEP).

✔Número de familias emprendedoras y emprendedoras asociativas en condición de pobreza extrema atendidas (responsable INA, INAMU, MEIC y MTSS). (Mideplan, Informe de Seguimiento, agosto 2021).

“En materia de empleabilidad, la pandemia aparece como uno de los factores que ha provocado retrasos sobre todo por la obligación de realizar capacitaciones virtuales que un alto porcentaje de la población no puede atender debido a que carecen de una conexión a internet que les permita llevar los cursos.

(A nivel general), entre los obstáculos para la ejecución de los diferentes componentes están la atomización de los procesos en muchas instituciones, las brechas en el acceso a internet, los recortes presupuestarios y la falta de experiencia por parte de las instituciones en la implementación de los modelos de articulación de la población de referencia del IMAS (Institución coordinadora del programa).

En materia de ejecución presupuestaria en la estrategia Puente al desarrollo, el informe consignó que sólo seis de 19 instituciones reportaron sus niveles de ejecución y doce instituciones presentan problemas para reportar la programación financiera y controles de la ejecución del presupuesto, problema que se arrastra desde el 2020”. (CRHOY,15-10-2021

Más allá de si al finalizar el año 2021, el cumplimiento de las metas de la estrategia pueda ser mayor o menor al actual, surge la interrogante de si en los meses que le restan a la Administración Alvarado, sería posible alcanzar los objetivos que se ha planteado, en los componentes Puente al Bienestar, al Agro y al Trabajo, a saber:

-“Identificar de manera proactiva a las personas, familias, hogares en situación de pobreza extrema para brindarles una atención preferente e integral basada en la articulación de diferentes servicios e instituciones. -proporcionar a los hogares productores en condición de vulnerabilidad, que califiquen en Puente Agro, servicios articulados del Sector Agropecuario y otros sectores, que impulsen el desarrollo de iniciativas agro productivas con potencial de mercado. -Implementar acciones articuladas que inciden en el nivel de escolaridad, la inserción a formación técnica y capacitación y otras habilidades de los trabajadores, acorde a las necesidades del mercado laboral”. (Mideplan,Informe,2021).

Probablemente el logro de estos objetivos llegue a ser parcial y su impacto sobre la reducción de la pobreza, el desempleo y el apoyo al agro sea limitado y volverá a ser así pues se ha demostrado que éstos son aspectos estructurales del modelo exportador, los cuales afectan la eficacia de un programa como Puente al Desarrollo y plantean grandes desafíos al desarrollo nacional.

Como lo ha señalado el economista Francisco Esquivel en su libro “Análisis de la Estrategia de Desarrollo Costarricense”, la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.

La pobreza por su parte, se lograría reducir con una política social selectiva que llegue efectivamente a la población pobre, basada en una revitalización de FODESAF, como eje de la reducción de la pobreza y como generador de capacidad de consumo de los grupos de menor ingreso y de “encadenamiento social” para fortalecer el mercado interno. (Esquivel, F.,2021, p.235).

 

Imagen ilustrativa.