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EPISODIO 24 Limonenses en lucha

Escrito en 26/06/2023. Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

5 MINUTOS… O MENOS

El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.

Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.

Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.

Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.

Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.

Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.

Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.

En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.

El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.

Un gobierno sombrío

Escrito en 15/06/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

No sé a ustedes, pero a mí todo este Gobierno me parece oscuro, opaco, poco trasparente, raro. Será por lo mentiroso que es.

Empezó con un presidente cuestionado y sancionado por acoso sexual en el Banco Mundial, que Chaves siempre negó, pero cuyas sanciones ahí estaban como un hecho real, grande y concreto.

Para no retroceder mucho en el tiempo, hace unos días el Presidente Chaves detuvo la construcción del Hospital de Cartago blandiendo documentos falsos de un terreno distinto al adjudicado para la construcción del hospital. Luego que agarraron al Presidente en la mentira ni se sonrojó y mucho menos se disculpó.

El ministro Nogui sustenta acusaciones de evasión en documentos que no existen, aunque afirme bajo juramento de la existencia. Miente, pero se justifica en su ignorancia.

Chaves propone un aumento considerable en la carga de impuestos incurriendo en una flagrante contradicción con lo ofrecido en campaña, pero lo excusan en que no se trata de nuevos impuestos, sino simplemente de aumentarlos. Toman del pelo a los costarricenses creyéndolos estúpidos.

Las famosas Rutas, del arroz, de la educación y otras, solo han servido para devolver favores financieros a sus amigotes o para destrozar la ya decaída educación nacional.

Alquilan y compran partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales. Como falló el partido creado por una asesora presidencial con una trayectoria más que dudosa en México, ahora compraron el partido que propuso a Greivin Moya. Detrás de todo esto hay financistas de oscura trayectoria: unos señores chinos, investigados por lavado de dinero, que primero compraron más de ¢150 millones al partido de Chaves y luego aparecen ligados también al partido de Greivin comprado por un Federico, amigo y asesor de Rodrigo Chaves. Todo muy raro, muy opaco, poco trasparente.

Comprometieron su palabra a los Rectores de las universidades públicas para el año entrante aumentar el presupuesto en un 1%, ello para contrarrestar la inflación. Nogui dice que no les pagarán y les echa la culpa a los diputados porque redujeron el presupuesto del pago de intereses de la deuda pública. Es decir, primero pagar los intereses antes que educación, antes seguridad que educación, parece ser su consigna, lo cual no es más que reproducir el círculo de la pobreza. Renegaron de su palabra, incumplieron un acuerdo solemne, pero eso, ¡qué importa!

Desde el inicio el Presidente sostuvo que la CCSS estaba quebrada y luego destituyó al presidente ejecutivo, a la junta directiva, a los más altos cargos y a todo aquel que opinara o demostrara lo contrario.

Su objetivo es procurar la privatización de importantes servicios, eliminar la universalización de la seguridad social por costosa y no pagar la deuda del Estado a la Caja. No estamos exagerando es lo que indicó ayer la señora Esquivel, presidenta de la Caja. Sino ¿qué sentido tiene decir que la universalización de los seguros sociales es insostenible? En el fondo es dejar un seguro social solo para los asalariados y el resto de la población, dos terceras partes, sin seguro y dejados al cuidado de las antiguas Unidades Sanitarias.

Ayer la señora Esquivel hizo un montón de afirmaciones que deberá sustentar y que parece que su único motivo es justificar el NO pago del Estado a la Caja. Este parece ser el motivo de fondo de este Gobierno, NO pagar lo que le debe a la CCSS. Eso es lo que está en el fondo del show montado por el Gobierno de Chaves ayer, porque de cosas positivas, de propuestas, de fórmulas para fortalecer la Caja, ninguna.

¡Qué enorme diferencia demuestra el Gobierno en cuanto a pagar los intereses de la deuda pública y pagarle a la Caja lo que el Estado le debe!

Mientras la presidenta ejecutiva Esquivel se muestra supuestamente implacable contra la corrupción, quita una plaza de médico al Hospital de Puntarenas para nombrar a la ex de Salud, Jocelyn Chacón, en un puesto burocrático en San José. Esto no tiene otro nombre más que CORRUPCIÓN y resta toda credibilidad a los aspavientos de la señora Esquivel. Para los amigotes cuchara grande, para los pobres caridad.

Este Gobierno es tan opaco como el Presidente.

El gobierno secuestró a la CCSS para no pagar la deuda y privatizarla

Escrito en 14/06/2023. Publicado en Salud, Trabajo.

UNDECA

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, secundada por el presidente, en un show político presenta un panorama desolador, que no corresponde a la realidad institucional para justificar:

1.- No pagarle a la CCSS la multimillonaria deuda que tiene con la Institución, certificada en casi 3 mil millones de millones, por la atención a la población más vulnerable de nuestro país.

2.- No trasladarle a la Caja los recursos, que, de conformidad con la Constitución Política y la Ley Constitutiva, el ministro de Hacienda está obligado a presupuestar y trasladar anualmente a la institución para la universalización de los seguros Sociales.

3- La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria por un monto de ₡7 mil millones de millones, que el Estado no ha pagado.

4.- Además, a la Caja le adeudan una millonaria inversión en títulos valores del Ministerio de Hacienda, para la construcción de toda la infraestructura indispensable para la ciudadanía.

5.- La incompetencia para resolver las listas de espera y el deterioro de los servicios que promueve este gobierno, no lo pueden esconder mediante este tipo de maniobras.

6.- Sobre el tema de las mascarillas y el proceso de compra del edificio Océano, el sindicato UNDECA, entre otros, había realizado las respectivas denuncias.

7.- Sobre el pago de ajuste salarial a los trabajadores de la Caja, este fue autorizado por el Consejo de Salarios del Sector Público, con la firma de Rodrigo Chaves siendo ministro de Hacienda de Carlos Alvarado.

Rechazamos toda ofensa que denigra la función de los trabajadores de la salud pública que día a día salvan vidas, como en la reciente Pandemia de Covid-19.

Este gobierno sigue violentando la autonomía constitucional y la Junta Directiva de la Caja ha sido secuestrada por el gobierno de Rodrigo Chaves, hacemos un llamado al pueblo costarricense a defender esta institución.

San José, 14 junio 2023

Se constituye la Filial FRENASS-Limón: En lucha contra la privatización de la seguridad social

Escrito en 06/06/2023. Publicado en Derechos, Salud.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 3 de junio del 2023 se dieron cita en la cantón de Siquirres más de 20 personas provenientes de distintas partes del Caribe se reunieron para conformar la filial del FENASS Limón. Esta iniciativa nace como parte de la preocupación por la coyuntura actual que afronta la seguridad social en el país, y en particular ante el desinterés de las clases gobernantes que sigue permeando a todas y todos los limonenes.

Dentro de las motivaciones principales que se expusieron ese día, estuvo la necesidad de promover una mayor conciencia sobre las amenazas que significan las tendencias y acciones que el actual gobierno promueve por desmantelar la Caja, estrategias que han ido desde la desinformación sobre la situación financiera hasta el extremo de modificar la Junta Directiva de la Caja, situación inédita en la historia de la Institución.

Como parte de las reflexiones entre las personas participantes se planteó que la construcción del nuevo Hospital siguen siendo insuficiente, llamaron la atención que la simple estructura del centro médico no garantiza la defensa de la seguridad social, ya que como mencionaron este hospital sería una estructura vacía, sino existe una estrategia integral que represente un verdadero abordaje de la cobertura en las distintas zonas de la provincia (especialmente las más alejadas) o la mejora de los servicios, la contratación del personal para todos los niveles de atención.

Por esta razón hicieron la alerta, que mientras exista la intención de desmantelar y privatizar la Caja, un hospital no representaría un cambio significativo.

Como parte de las acciones que promoverá la nueva Filial del Caribe, está en promover espacios de reflexión crítica sobre la seguridad social en la provincia, y generar una mayor articulación entre las personas para la defensa de esa seguridad social que vincula no sólo la infraestructura del hospital, sino la defensa y promoción de los derechos que las personas tienen, como una estrategia de lucha por una mejor calidad de vida.

Esta iniciativa liderada por el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social es parte de los esfuerzos que realiza desde distintas dimensiones para la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante las iniciativas que pretenden quebrarla y privatizarla, con el fin de convertir la salud en un negocio de unos cuantos.

Conformación del equipo Regional FRENASS CARIBE

Marjorie Thorpe
Patricia Sánchez
Elihonay Arias
Eduardo Sanabria
Alexander Méndez
Carolina Somarribas
Luis Alberto Soto
Xinia Rodríguez

Galería

Una razón instrumental perversa

Escrito en 26/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

Judicialización de la protesta y acción política, blindemos a la CCSS

Escrito en 24/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza Soto
Movimiento Patriótico por Costa Rica

El sistema capitalista ha demostrado desde su génesis, una capacidad de maniobra, una diversidad de métodos con grandes dosis de manipulación, falsedad, desinformación; además, ha controlado los principios universales como la paz, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad, entre otros, para convertirse en adalid de estos; y de esta forma, adueñarse de la mente, la conciencia, la riqueza social y hasta la fe y la creencia de la humanidad.

Pero, además de lo anterior, el complejo industrial militar, sigue «acosando», en nombre de la libertad a toda acción de soberanía de los Estados, lo que nos recuerda la sentencia del libertador Simón Bolívar Palacios:

«Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad». Carta del libertador Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, fechada en Guayaquil, 5 de agosto de 1829.

Uno de los últimos recursos que ha utilizado, (uso o «¿mal uso?») el Poder Judicial se concreta en la judicialización de la política. Se crean figuras jurídicas «delictivas» a figuras políticas vinculadas a la justicia social, la ruptura de la desigualdad, la distribución equitativa de la riqueza social producida.

Pero van más allá: también a los dirigentes sociales y sindicales, a quienes actúan en defensa de las garantías de las clases trabajadoras les crean leyes para restringir la protesta. Asimismo, promueven la destitución de dirigentes, sean políticos partidistas, o sean representantes sindicales nombrados en la institucionalidad pública como en la CCSS, que es la víctima de turno…

¿Por qué y cómo blindar la CAJA?

Vamos a asumir que todavía contamos con una Constitución Política que se considera una de las mejores de la actualidad, y que ha constituido una garantía para el mantenimiento de la democracia, de las instituciones públicas, la seguridad social y laboral.

La CCSS mantiene en el art.188 Constitucional su respaldo como entidad autónoma, pero se requiere incorporar a la Constitución los principios filosóficos de la CCSS (universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad, equidad y subsidiaridad) para que esté blindada. ¿Por qué? Por una razón: los principios que se enumeran, aunque están en la ley constitutiva, quedan por debajo y a expensas, de «malos pensamientos» privatizadores, vía tercerización, traslado de servicios al sector privado y otros mecanismos.

Se sabe que se requiere para ello dos legislaturas, por eso es urgente enviar a la corriente legislativa la propuesta. Hay todavía, un número de diputados y diputadas en dicho poder de la República que están dispuestos a lograr ese blindaje.

Llamaría a los herederos políticos de la Caja, la UCR, las Garantías Sociales, de la Banca Estatal, del ICE, de la Carta Magna, que aunque sabemos que es todo el pueblo costarricense, tiene representantes en el primer Poder de la República. Nos referimos a representantes de los partidos tradicionales, que solo usan esa rica herencia en el discurso político, sin embargo, donde se toman las decisiones políticas, en la Asamblea Legislativa, esas voces callan y se alinean contra todas las garantías laborales, sociales, de la seguridad social, contra las autónomas; esto los convierte en representantes antipopulares.

El llamado va a la prensa nacional, que se beneficia constantemente, mediante la publicidad, de dichas entidades públicas, entre otros beneficios, para que abra sus ondas radiales, televisivas, sus medios digitales, sus periódicos, sus periodistas, en una campaña por la salvaguarda de una, sino la más querida, grande y solidaria institución de la actualidad.

La CCSS es garante de democracia política, democracia económica, de distribución justa de las utilidades vertidas en capital social, es, en una frase: Símbolo de Justicia, de Equidad, de Igualdad, de Fraternidad.

La Caja nos recuerda a la madre, que acoge sin condiciones a sus hijos e hijas, a la madre Tierra, al Sol, se dan sin distinciones; nos recuerda un hermoso pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado”. (Juan 13, 34… Biblia de Jerusalén).

La Caja es Patrimonio del pueblo de Costa Rica, creyentes, no creyentes, agnósticos, libre-pensadores, la Caja, solo tiene una «bandera y una ideología» azul, blanco y rojo es su bandera y el servicio incondicional para el pueblo costarricense su ideología.

¡Defendamos el Castella!

Escrito en 24/05/2023. Publicado en Cultura.

De nuevo la integridad del Conservatorio de Castella está en peligro. El Benemérito Conservatorio de Castella es público, siempre lo ha sido, fue fundado público y mi padre, el fundador, Arnoldo Herrera, siempre tuvo claro que la única posibilidad de existencia de la institución es que fuera público.

La planilla de educadores siempre ha sido pagada por el Estado, el teatro en La Sabana fue construido con fondos públicos (hasta placa de la administración Orlich tiene) y la finca en Barreal de Heredia se adquirió con bonos del Estado.

De nuevo hay intereses privados y privatizadores que quieren vender la propiedad del teatro en La Sabana a una corporación. Eso no puede permitirse. Las autoridades del MEP estarían cometiendo un grave error si abren la puerta a esos intereses.

En los 70 años de existencia del Castella, y en los 100 años de nacimiento de don Arnoldo, la comunidad Castella y el país debemos defender la condición pública de esta benemérita institución y su integridad.

Por favor colaboren enviando a sus contactos. Mauricio Herrera Ulloa.

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (II)

Escrito en 16/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

La contrareforma neoliberal aprovecha la ventaja comparativa de un gobierno supuestamente popular con un presidente que recibe apoyo mayoritario. Se apresura a concretar la ruta iniciada hace más de cuarenta años: desestructurar y privatizar el Estado Social de Derecho. La clausura ha iniciado por las secciones más sensibles: cultura, educación y salud. En estos artículos me ocupo de la primera, la fundamental según mi criterio, puesto que la cultura, en su acepción más antropológica, es la argamasa de toda sociedad. Me limito, claro está, a la institucionalidad construida en nuestro país para difundir y promover “cultura” desde el gobierno central.

El actual Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es un híbrido encabalgado entre el modelo difusionista de las bellas artes proveniente de la socialdemocracia liberacionista aupado por el socialcristianismo, con una “nueva visión” de la cultura en su sentido más antropólogico, aunado a una visión neoliberal de la gestión artístico/cultural: un verdadero ornitorrinco. Me explico: el estado benefactor, con la contrareforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado, fue desmontándose de a poco con una pugna entre el originario difusionismo socialdemócrata, la regionalización y la cogestión neoliberal. Es decir, al lado de quienes al interior conciben la cultura como una práctica más antropólogica y nacional, perviven los que conciben la cultura como la promoción y difusión de las llamadas bellas artes y, sobre todo en las últimas administraciones liberacionistas y del PAC (son las mismas, ¿no?), quienes creen que hay que recortar el estado y dejarle esas tareas a la iniciativa privada, a las industrias culturales.

No hay duda de que el principal objetivo de la presente administración es finalizar la contrareforma neoliberal, acelerada en los últimos desgobiernos, enterrando de una vez por todas el Estado Social de Derecho al constreñir sus principales funciones y privatizar sus tareas estratégicas (salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, banca, entre otras). Las primeras medidas para el recorte fiscal se orientaron hacia el empleo público y la contención del gasto en términos de servicios; nada sobre la evasión y elusión fiscal ni el pago de intereses de la deuda, auténticos disparadores del déficit. Todo ello indicaba que Cultura también estaba en la mira del empequeñecimiento estatal, toda vez que no es un ministerio importante para la hacienda pública (en manos neoliberales), a pesar de que el anterior presidente fuese “escritor” e intelectual progre procedente de la universidad pública, lo mismo que su predecesor.

Quedaba claro entonces que, para realizar reformas en ese ornitorrinco/elefantito blanco vallecentralino, había que arrancar otras reformas a nivel económico y político. Dicho de otro modo, se precisaba de un proyecto país que definiera si se trataba de una verdadera “revolución cultural” (visión del progresismo PAC) o de la defensa del Estado Social de Derecho con toda la institucionalidad instalada en términos socioculturales. Lo práctico, entonces y ahora, por obviedad, era la defensa de lo construido, es decir, la protección de los derechos laborales de los funcionarios de cultura y de todo el estado, así como la revitalización del mismo a través del cobro real de los tributos persiguiendo a evasores y elusores fiscales tal y como corresponde. Y claro, consolidar las entidades artísticas descentralizadas con las demás instancias de promoción cultural.

La otra discusión que hace algunos años proponía, giraba en torno al modelo a seguir de acuerdo a las Políticas Culturales vigentes, así como las reformas legales que se precisaban para robustecer un ministerio minimizado, difusionista y paternalista concebido para “artistas” y gestores del valle central; acaso un poquito de folclor y turismo para las regiones periféricas. Es decir, se trataba de reconceptualizar en profundidad lo que debíamos entender por CULTURA, así como las políticas y la estructura administrativa de cara a los grandes desafíos y necesidades que tenía y tiene el país, especialmente en las regiones periféricas con énfasis en las marginales, tales como las costas, las altas montañas, el norte/norte y el sur/sur. Para ello debía pensarse en una estrategia de lucha que involucrara, ya no solo a los artistas y trabajadores de la cultura, sino también a empleados públicos, sobre todo de la educación, y a trabajadores organizados en general.

Se trataba de una alianza entre sectores de trabajadores públicos con la posibilidad de desarrollar una estrategia de lucha para la defensa del estado costarricense en su mejor modelo de planificación y acción social diversificada. Dicha alianza debería pasar por acuerdos con universidades públicas, educadores medios y primarios (organizaciones gremiales y colegiaturas), municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, casas de la cultura y grupos artístico/culturales locales. Todo un reto entonces y todavía, aunque ya el rancho arde sin que se vislumbre oposición organizada alguna. La contrarreforma neoliberal ha golpeado tanto a la sociedad civil que los temores, la desconfianza y la inseguridad nos mantienen atomizados y sin arrestos para la pelea. El reflujo es total.

*Escritor

Cooperativas y otros privados en la subasta de la electricidad

Escrito en 05/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La discusión sobre el futuro del ICE y del modelo de electricidad de Costa Rica, o por lo menos el que tuvimos desde 1949 hasta la entrada en vigencia de las leyes 7.200 del 28 de setiembre de 1990 y 7.508 del 9 de mayo de 1995, tiene que ver con si se priorizan los negocios privados frente al modelo de servicio social con preponderancia pública por medio del ICE.

La esencia de los proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa es elevar los topes de producción privada en más del 100% y permitir la exportación de los generadores privados cobijados con las leyes 7.200 y 7.508, y de todas las empresas que operan en el país. En el artículo 46 del expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, se establece que cualquier empresa que tenga “una concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo los alcances de la Ley 8723, se encuentran autorizados adicionalmente para poder utilizar dicha concesión de fuerza hidráulica para generar energía en toda su capacidad y poder colocarla en el mercado nacional con cualquier agente mayorista u otra distribuidora o comercializadora de electricidad distinta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como en el Mercado Eléctrico Regional, previa autorización del MINAE”.

La posibilidad de que cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales y otras empresas privadas transen en el mercado privado local y centroamericano se establece en muchos artículos como el 5 del expediente #22.701 según el cual “los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER)… están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de conformidad con el Tratado”. Los expedientes #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, son apéndices del expediente #23.414 y reafirman algunas de sus prerrogativas particulares.

Según el expediente #22.561 son excedentes “la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del Sistema Eléctrico Nacional”, y agrega que la energía que no sea adquirida por el ICE “ya sea dentro del marco de un contrato vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía”. Ya revisamos antes que los excedentes no son más que un supuesto para justificar el crecimiento de la oferta privada de todas las empresas sin importar su condición jurídica. Lo perseguido es aumentar la producción y eventualmente “brincarse” al ICE para pasar directo al mercado regional. Esto queda claro en el artículo 5 del expediente #22.701 ya mencionado, y se repite con las mismas letras en el artículo 5 del expediente #22.561. Para que no haya restricciones se establece que la exportación de energía al MER “no dependerá bajo ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional”.

El artículo 1 del expediente #22.561 fija el objetivo del proyecto en “habilitar como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200”, lo cual incluye los proyecto BOT de hasta 50 megavatios, “y a las demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes de energía que no se requiera para atender la demanda nacional”. Este artículo se “amarra” con el artículo 6 que repite cuáles son las empresas, pero ambos cobran sentido si se revisan en paralelo con el proyecto #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales”. Este texto da a las cooperativas y otras empresas las mismas prerrogativas de topes de producción de electricidad de 20 megavatios para las empresas bajo la ley 7.200 y de 50 megavatios para la 7.508, con el agregado, en ambos casos, de que pueden generar electricidad “hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional “ (Artículo 2).

Pero sin duda la entrada colosal al mercado privado para las empresas cooperativas, municipales y distribuidoras es el artículo 3 del proyecto #22.701 que adiciona a la ley 8345 del 26 de febrero de 2003, un artículo 9 bis, gracias al cual “Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la presente Ley están habilitados para la compra de la energía producida por los sujetos establecidos en la ley 7200, celebrando los contratos respectivos con dichos sujetos y de acuerdo con las necesidades de demanda identificadas”. En adelante será difícil para empresas que teóricamente persiguen fines solidarios y de justicia en la fijación de tarifas, mantener esos ideales transando con otras que no ocultan regirse por su tasa de ganancia.

Dado que todos los proyectos de ley en discusión repiten sobre beneficios de la apertura y la competencia en los precios de la electricidad que paga la gente consumidora, vale la pena mencionar informes de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, de la Contraloría General de la República sobre los costos de producción de electricidad de algunas de las empresas. En el Informe R-DFOE-AE-01-2017, 01 de marzo 2017, dice la CGR: “los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, en su mayoría son superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), en un promedio de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh)”, mientras que el proyecto Bijagua de Coopeguanacaste R.L. tiene un costo de 11,6 c$/kWh. En plantas eólicas el costo aceptable es de 12 c$/kWh, “pero Valle Central de la CNFL, S.A. tiene un costo de 18,4 c$/kWh y los Santos de Coopesantos R.L. de 16,3 c$/kWh.”

En el INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016 del 23 de diciembre, que revisa el “Costo nivelado de la energía por tipo de recurso energético en c$/kWh, periodo 2010-2017” se explica que el proyecto Los Santos de Coopesantos R.L, que opera desde noviembre 2011, tiene un costo nivelado de 16,33 c$/kWh “muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento. En la revisión del “Costo de inversión unitario de la potencia instalada ($/kW)” Los Santos de Coopesantos R.L. tienen costos de inversión de 2.847,1 $/kW, mucho más alto que el promedio mundial de 2.100 $/kW.

Los elevados costos de generación de estas y otras empresas, sumadas a la visión mercantil de las empresas privadas generadoras, dejan abundantes dudas sobre los supuestos beneficios para la gente que pueda tener la apertura del mercado eléctrico. Más bien podríamos pensar en que, eventualmente, sean consumidores de la región quienes también asuman esos costos mucho más altos que los de las empresas eficientes del mundo.

Las cifras paralelas de un presidente fantasioso

Escrito en 04/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Si la realidad no se acomoda a mis gustos e intereses, peor para la realidad. Tal pareciera la orientación y consigna del presidente Rodrigo Chaves, en su informe de labores de su primer año de gobierno; lo mismo que en sus conferencias de prensa y sus declaraciones, en general.

Se ha tomado muy en serio en esta época de post verdades, de verdades alternativas y de troles, el ajustar las cifras y datos estadísticos a su propósito de demostrar que está realizando una estupenda labor, tanto él como cabeza de la administración como su obediente equipo.

Que la llamada «ruta del arroz» fracasó en su propósito de alcanzar una rebaja significativa en el precio del cereal como lo demuestra un estudio serio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), pues busquemos otras cifras que prueben que sí bajó. Entonces acudimos –antojadizamente– a una herramienta del MEIC que compara los precios del producto en algunos supermercados. Herramienta que no tiene validez científica y carece de rigor, como si lo tienen los estudios del INEC.

Sin embargo, existe un «instrumento» que mide mejor y en forma cotidiana el costo de la vida (incluido el precio del arroz). Es cuando la gente de carne y hueso va a comprar los productos de la canasta básica en el supermercado, en el abastecedor o la pulpería del barrio. Allí a la hora de pagar, se puede comprobar que lo expresado por el señor presidente es producto de una realidad paralela y fantasiosa.

Esa misma metodología arbitraria y carente de rigor, el presidente Chaves y su Ministro de Seguridad, la han aplicado para desestimar, inicialmente, la crisis de inseguridad que enfrenta el país y que se refleja en el preocupante incremento de asesinatos en lo que va del 2023. Luego la acepta pero disminuyendo su responsabilidad al achacarla a gobiernos anteriores. Mientras tanto la anunciada «ruta de la seguridad» aparece extraviada y poco clara. Habrá que preguntarle al presidente y al Ministro Torres que opinan sobre la triste estadística del mes de abril anterior cuando se alcanza la cifra histórica de asesinatos (la mayoría con armas de fuego, otro récord) de 83.

Similar situación se da en la Caja. Tanto el presidente como su presidenta ejecutiva están empecinados en mostrar una institución quebrada o, para ser más rigurosos, a la que se busca quebrar. Para qué mirar los datos concretos (incluyendo la enorme deuda acumulada por el Estado), cuando es mejor ofrecer «datos» que responden a una estrategia y un propósito político de creciente privatización de una entidad pública, que ha sido y es clave para el desarrollo integral del país.

De esta manera, el presidente Chaves actúa como un político tradicional más (quizás más arrogante, eso sí) y no como lo que le queda de economista, al valorar las cifras y los datos estadísticos.

El empecinamiento del presidente de llevar aún más lejos sus políticas neoliberales, hace predecir que las esperanzas de mejores condiciones de vida para las mayorías del país, es una quimera que se irá mostrando cada día que pasa. La crecientes desigualdad social y la concentración de la riqueza, mientras tanto, siguen su curso.

Está claro que fruto de su eficaz y permanente campaña comunicacional y de su legión de troles, todavía conserva un respaldo popular a considerar. Empero ese apoyo ha ido bajando y así seguirá en los meses venideros. El tiempo y la falta de soluciones reales ante los graves problemas que enfrenta el país, hará que ese respaldo disminuya aún más. Porque los dictados del estómago son más fuertes que las promesas incumplidas.

Lo malo es que todavía no está claro para las mayorías, para el pueblo y los trabajadores que Rodrigo Chaves es de los mismos que han llevado al país a la crisis actual y es corresponsable del deterioro de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Él y su entorno más cercano forman parte de una élite que busca desplazar a la otra élite que ha venido gobernando al país a través del PLN, PUSC y PAC.

Aun cuando todavía quedan algunas reservas institucionales, el pueblo no tendrá otro remedio que recurrir a la democracia de la calle (invocando el carácter participativo de nuestra democracia, fijado en el artículo 9 de la Constitución) para defender al ESD y para luchar por una sociedad realmente inclusiva y justa. Solo el pueblo salva al pueblo. Ni más ni menos.

(4 de mayo, 2023)