Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON
En el debate sobre apertura, privatización y exportación de electricidad privada, la diputada del Partido Liberal Progresista, PLP, Kattia Cambronero dijo que “en un tema tan importante como el tema de energía, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo desde una perspectiva técnica, no ideológica. No se vale la ideología cuando lo que estamos haciendo es empobreciendo cada día más a los costarricenses”. Este es el discurso de todos los partidos que buscan debilitar al ICE y acabar con el servicio social de la electricidad; por ahora revisaremos la coincidencia entre algunos textos del PLP y el proyecto de ley expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”.
No vale la pena perder tiempo repitiendo los manuales (como los del Banco Mundial) de los cuales copian para tratar de convencer de que disponer de servicios públicos básicos como la electricidad, gracias a una alta inversión estatal, es una cuestión puramente “técnica” y no de orden ideológico. Cualquiera que haya estudiado lo básico de historia y políticas sociales, entiende que la creación y consolidación de Estados sociales y de derecho, como el de Costa Rica, es un asunto de escogencias políticas e ideológicas. La verdad no es que importe “discutir” con alguien en particular, pero desgraciadamente ése es el nivel de debate en la Asamblea Legislativa de quienes defienden la privatización del sector eléctrico. Sus tesis son vergonzosamente rudimentarias y calcadas, precisamente, de le prédica ideológica de la privatización.
En el Plan de Gobierno 2022-2026 del Partido Liberal Progresista, que ostenta el patriarcal título “Es tiempo de valientes”, se expone con claridad el apoyo a la privatización. En el apartado “Apertura de los monopolios en el sector eléctrico”, se puede leer: “Impulsaremos la apertura real del sector eléctrico, para que así, el sector privado tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones tanto en generación como comercialización”. El PLP no ha presentado ningún proyecto de ley a la Asamblea Legislativa pero se ha plegado por completo a las propuestas de ley Expediente #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, Expediente #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales” y Expediente #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, que coinciden plenamente con su posición ideológica privatizadora y anti estatista, y más claramente en contra del ICE como entidad de servicio público.
El proyecto de “armonización” argumenta en extenso sobre la “necesidad” de apertura del mercado eléctrico en beneficio del empresariado privado tanto nacional como internacional. Este proyecto no busca transformar al ICE, como se ha dicho, sino más bien disminuirlo y desmantelarlo pues coloca a todas demás empresas privadas del sector eléctrico en condición de igualdad con éste, pero, además, poniendo a disposición de los privados la infraestructura estatal para la venta de electricidad dentro del país y eventualmente en el mercado regional, usando el sistema de interconexión regional SIEPAC. La propuesta va más allá de proyectos anteriores pues amarra a otros participantes del mercado eléctrico como cooperativas y empresas de servicios públicos y hasta “consumidores de alta tensión” a los mismos privilegios que buscan para los tradicionales generadores privados. Esta idea se incluye en el artículo 37 que dice: “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas naturales o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como los grandes consumidores de energía eléctrica indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta”. En la lista de “agentes” del Centro Nacional de Control de Electricidad del ICE se registran “grandes consumidores” como Florida Bebidas, APM Terminals, Intel, Holcim, Bridgestone, los Ingenios Taboga y El Viejo, entre otros. Recuérdese que Azucarera El Viejo e Ingenio Taboga también son generadores privados de electricidad.
En vista de que los proyectos que se discuten ahora en la Asamblea llenan las expectativas de los generadores privados, y despojan al ICE de sus tareas como institución rectora del sistema eléctrico nacional, no ha sido necesario que el PLP gaste tiempo redactando o presentando su propuesta de “Ley Marco del Sector Energía que promoverá la competencia, la descentralización, la penetración y la adopción de nuevas tecnologías” (p.69) que menciona en su Plan de gobierno. Esas propuestas de apertura, privatización, exportación privada de electricidad son compartidas por todos los partidos políticos que apoyan los proyectos de ley en discusión. Ese discurso se puede resumir en la pretensión del PLP que se orienta a un nuevo sector Energético “simplificando, modernizando y reemplazando una serie de leyes y normativas que en conjunto generan proteccionismo, incluyendo las leyes N.º 449 y N.º 8660 para el ICE, la Ley N.º 7200 y N.º 7508 para generadores privados, la Ley N.º 7593 de la ARESEP” (p. 70). Sin duda el PLP dedicó tiempo a pensar en el desmantelamiento del ICE, pero el partido gobernante, en cuyo panfleto de programa de 24 páginas de enunciados generalísimos, ni siquiera menciona cuál es su propuesta en materia de energía y electricidad. Esa carencia total de pensamiento y propuesta explica la alianza del Ejecutivo y su fracción parlamentaria con los otros partidos neoliberales, a tal grado de que el presidente de la República gasta tiempo para hacerle campaña de reelección como presidente de la Asamblea Legislativa a uno de los beneficiados de la generación privada, como es Rodrigo Arias Sánchez.
El PLP expone que “Las políticas públicas en temas de energía enfocarán sus esfuerzos de negociación con las autoridades respectivas de los países de la región” para lo cual apuntan a las “Alianzas Público Privadas” (p 70-71) y plantean el mismo objetivo que persiguen los proyectos en debate y otros en anteriores administraciones cuando indican: “…sentaremos las bases para que el sector privado pueda desarrollar proyectos para transaccionar en el Mercado Eléctrico Regional (MER) y en el Mercado Eléctrico local con seguridad jurídica” (p 72). Eso es lo mismo que propone el expediente N°23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional” en su artículo 5 “Participantes en los servicios públicos de electricidad”. Este artículo mantiene como servicios públicos la “generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica”, pero agrega que “se considera también servicio público, la generación eléctrica privada derivada de contratos suscritos con el Estado”, lo cual le da condición similar al servicio público prestado por el ICE que a los negocios de las empresas privadas. De eso se trata la nueva “seguridad jurídica”.
“Desideologizar” el debate sobre el mercado eléctrico nacional no es más que una manera de ocultar que en la Asamblea Legislativa, excepto el Frente Amplio, todos los demás partidos están haciendo un “valiente” trabajo para beneficiar al grupo de empresas privadas que por décadas han saqueado las finanzas del ICE y de la sociedad costarricense, incluidas las empresas del presidente de la misma Asamblea. Amparados en esa componenda entre el Gobierno y la Asamblea es que mienten diciendo que los generadores privados venderán “excedentes” de electricidad en el mercado regional centroamericano; pero esta es otra falsedad la discutiremos luego.
