Obviamente es el empleado de más alto rango que pagamos todos los costarricenses. Sin embargo, atendiendo a sus principales políticas y acciones pareciera más bien que continúa trabajando para el Banco Mundial, y ahora también para el Fondo Monetario Internacional.
La agenda de este gobierno es la misma que han venido promoviendo e impulsando estos organismos financieros internacionales desde hace cuatro décadas. Es decir, la que plantea la privatización de las instituciones estatales, dedicadas a los negocios más rentables, como energía, agua, educación y salud.
La tan mentada reforma del estado, que en buena lid buscaba ordenar mejor la casa de todos, ahora se ha convertido en una suerte de desmantelamiento de la institucionalidad social, con reducciones presupuestarias significativas, para hacerla aparecer como ineficiente y onerosa, y así justificar su privatización. Una vez más, como en los casos de las constructoras H Solís y MECO, ahora con la contratación de servicios de la Caja a algunas cooperativas, se pone en evidencia que los benditos convenios público-privados son solo una mampara con la que se busca ocultar el propósito real, que es servir a intereses privados; es la relación incestuosa entre lo público y lo privado, donde se ha venido dando una tendencia a favorecer a las grandes empresas privadas.
Y a estas alturas de su gestión gubernamental, no vemos señales de rectificación en ninguna dirección, que nos permitan vislumbrar un avance significativo en aspectos sustantivos como reducción de la pobreza y la desigualdad. Se continúa apostando tercamente ´por las fracasadas políticas fondomonetaristas, que no hacen otra cosa más que endeudar a todos los costarricenses y trasladar los servicios que brinda la institucionalidad social a los grandes negocios privados, encareciéndolos y profundizando, así, el ciclo de la pobreza y la desigualdad.
Bueno, a decir verdad, don Rodrigo no es el único gobernante que ha trabajado para los organismos financieros internacionales, poniéndose el doble sombrero (el brent black y el chonete), sin embargo, lo ha venido haciendo con tal fidelidad a sus mandatos, que nos resulta paradigmático. En este sentido, el gobernante aparece como dócil y condescendiente hacia afuera y arrogante y autoritario hacia adentro. ¿A quién sirve don Rodrigo?
Tenemos un país que merece ser gobernado desde, para y por Costa Rica. Un gobernante con alma de tico, “porque lleva a Costa Rica en las entrañas”, como dice la canción “soy tico” de nuestro insigne cantautor Carlos Guzmán. Y lo merece porque sí hemos tenido gobernantes estadistas patrióticos que hicieron mucho para heredarnos un país con una institucionalidad democrática y social fuerte, con una riqueza ecológica envidiable, con una tradición de paz social también ejemplar, con universidades públicas de alto nivel, con un sistema de salud de los mejores de América, sin ejército, con una red de carreteras que cruzan todo el país, con electrificación de amplia cobertura, con un buen servicio de agua potable, entre tantas otras conquistas.
La patria puede concebirse en un doble sentido, decía nuestro insigne maestro, Omar Dengo, como territorio y como espíritu, y un territorio estéril y un espíritu poseído de odios son cosas que no están destinadas a permanecer. Lamentablemente, el presidente Chaves al servicio de los organismos financieros internacionales y sus esterilizantes políticas economicistas, así como con un discurso polarizador y confrontativo que contribuye a levantar los muros del odio, como bien señala el maestro Dengo, nos está legando una patria sin futuro.
El presidente Chaves llegó al poder aduciendo que se pondría la camiseta para trabajar con alma y corazón por Costa Rica. Pero rápidamente se la quitó para ponerse un traje a la medida de los poderes fácticos económicos y geopolíticos foráneos. No logró calar en el alma costarricense, y gobernar desde y para Costa Rica.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario.
Rodrigo Arias López. Actuario y matemático.
Dedicado a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla, asesinados vilmente en Puntarenas, designados por la patria para que, junto a aquellos hombres y mujeres, henchidos de rabia y coraje, consolidaran nuestra independencia y libertad, frente a los filibusteros de ayer y hoy.
Cómo sí las larvas del “barrenador” fueran insuficientes, cuando privatizaron los servicios básicos preventivos de atención de la salud, trasladaron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) las obligaciones del Ministerio de Salud, durante la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier, llenando de más ninfas el lomo del pobre Seguro Social, ya de por sí repleto del gusanillo ese, hasta hoy. (Museo-Nacional).
En la entrega anterior abordamos la llamada “tercerización” de los servicios básicos de atención primaria, el silencio de aceptación que hubo entre un sector de las cúpulas del entonces liderazgo popular, así como el descabezamiento y la destrucción legal del Hospital Sin Paredes, como experiencia democrática del pueblo en la solución de sus problemas sanitarios. (Parte I).
En la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) comenzó otro crujir de dientes para la CCSS, igual o peor que como cuando a las cooperativas, bajo el control del fortachón Partido Liberación Nacional, entró en el negocio de los servicios de salud del primer nivel. Ya entonces el lomo de la Caja estaba lleno por todos lados de ninfas, que luego todos conocen la supuesta multiplicación del gusanillo, que ya ocupa un lugar en la historia policial, tras prestar su nombre al fiscal general, Carlo Díaz, para llevar a cabo el operativo durante el cual detuvieron a ocho personas vinculadas con la CCSS.
El presente esfuerzo implícito en esta segunda entrega va despojado de cualquier politiquería y partidarismo, porque el fin último, es que, sin importar el nivel de escolaridad, edad o sexo, sean los campesinos, los obreros, las amas de casas, los estudiantes, los empleados públicos y privados, intelectuales y profesionales honestos, que los hay todavía, podamos entender la compleja madeja existente alrededor de los intentos de desmontar 83 años de seguridad social, a todas luces sí eso ocurriera, sería una auténtica tragedia para los costarricenses más vulnerables.
De esta realidad, surge entonces, la exigencia de no solo organizarnos para competir sobre quien controla más organizaciones y cuánto recibimos mensualmente por cuotas para mantener el funcionamiento de la instancia sindical, comunal, estudiantil etc., sino la urgencia de articularnos. El primer caso se llama, políticamente hablando, “burocratismo”; el segundo es “trabajo planificado”, “efectivo” a la hora de cuantificar, con sentido político, entre otros términos. El primer caso, el “burocratismo”, confunde, desorienta a los trabajadores y deja abierta las puertas a las bandas fascistas en todas partes (léase Milei en Argentina, amenazas de bombas y muerte en Costa Rica, intentos de golpe de Estado en Honduras y Venezuela etc.), mientras la segunda opción educa, transforma y concientiza a los hombres y mujeres sobre su papel dentro de la sociedad, elevando así las cualidades y calidad de su membresía. Para que nos entendamos: poco ganan los trabajadores sí sus líderes siguen transitando por el viejo camino de organizaciones por organizaciones, sí taponeamos por omisión o acción los vasos comunicantes con otros costarricenses en igual o peores condiciones por el inhumano estado en que nos tiene el modelo imperialista.
Tal como se explicó en la primera parte, el artículo 6º de “Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973, mandaba que la atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serían de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1993 -administración socialcristiana de Calderón Fournier como queda dicho líneas arriba- derogaron el artículo 6 en mención y trasladaron a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva, con la promesa en la disposición 9 de la Ley N° 7374 del 3/12/1993, que el Ministerio de Hacienda financiaría mensualmente sus costos. Con dicho artículo, el PUSC revitalizó el plan de privatización de los servicios médicos iniciado por el PLN años atrás, prometiendo, según el artículo 9: “El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Entendemos, pero no compartimos, que los miembros de la Junta Directiva y en general la alta gerencia de la CCSS, cuidaran sus cargos aceptando lo que a ojo de pájaro ya asomaba como un posible barrenado en las finanzas de la Caja. Tampoco, siendo claros y sinceros, la representación de los trabajadores en las distintas áreas de la CCSS, ahora tan agitada por la entrega de centros de salud a las cooperativas y la posible imposición del llamado sistema de “copago” de necesidades médicas, mostró capacidad para prevenir lo que se fraguaba (algo parecido había pasado en México), y menos para articularse y dar la lucha junto a maestros, campesinos, y asalariados, en general, dado que el desfinanciamiento del Seguro era evidente y el asunto era de vida o muerte para millares de asegurados. Es extraña la pasividad ocurrida.
El plan escondido en las alturas de nuestra oligarquía sí bien es cierto permanecía “sombreado” entre escritorios y personajes de la política local, era a la vez evidente en cada una de sus etapas y los pasos dados a diario, pues hicieron valer sus influencias dentro de la CCSS para que el monto mensual proveniente del Ministerio de Hacienda, por el traslado a la Caja de las obligaciones del ministerio de salud, fuera solo por dos años o por un monto simbólico. Eso lo lograron contabilizando desde hace 30 años en los Estados Financieros del seguro de salud, solo el 2,5% del costo que le trasladaron a la Caja. Hasta la fecha ningún gobierno de turno ha honrado ni siquiera ese 2,5%. Aún muchos de los que dejaron de pagar ese 2,5% y de los que dejaron de cobrar el 97,5% restante, siguen campantes en sus puestos tomando decisiones.
Este caso tiene más de 10 años en los tribunales de justicia, tras una denuncia del exdiputado José María Villalta (Expediente 13-006261-1027-CA, Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea,) sin que exista prisa en la CCSS, en ningún gobierno de turno y presuntamente tampoco en el Poder Judicial. (Sentencia-Sala-Primera).
El allanamiento a la CCSS por el llamado caso “barrenador” puso nuestra seguridad social en primer plano.
Pocos pueden alegar desconocimiento de estas maniobras e infecciones. La Auditoría Interna de la CCSS, la Contraloría General de la República y hasta la Defensoría de los Habitantes, conocen estas conductas inexplicables, que podría constituir un presunto delito desde hace décadas; pero nunca las denunciaron, ni importó a nadie. Se acomodaron a recibir sus altos salarios sin decir esta boca es mía, mientras los gusanillos barrenadores crecían y se reproducían. (Ver Auditor-Olger-Sanchez-CCSSy Defensoría-Habitantes).
Cuando un ciudadano, en su condición de trabajador y asegurado, hizo ver al ministerio público el olorcillo que salía desde adentro, ese ministerio archivó una de las denuncias interpuestas, y alegó: “Este recurso se está declarando inadmisible por el principio de Taxatividad Subjetiva, por lo ya apuntado al considerar que el señor Rodrigo Arias López no es víctima en la presente causa y no ostenta esa condición que establece la ley, en el artículo 282 con relación al 437 e interpretando a la luz del 70 del C.P.P, en virtud de ello se declara inadmisible el recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de las 10:30 minutos del 20 de noviembre del año 2018 donde se dictó (sic) la desestimación de la causa y por lo tanto se declara en firme aquella resolución.” (La negrita no es del original y para un ahondamiento del asunto puede consultarse el Voto 21-2019, Expediente 18-000119-1218-PE, del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. (Denuncia-Fiscalía).
Es menester recordar que, por esa fecha, la fiscalía general de la república, la ocupaba Emilia Navas Aparicio, y ahora quien la sustituyó en el puesto, Carlo Díaz, declaró la guerra al gusanillo ese en la Caja, lo cual supone, entendiendo bien el significado de “lucha contra la corrupción”, una buena fumigación a la mosca verde, por lo menos con tintura de yodo, sí de verdad hay decisión de limpiar el lomo de la institución.
Si bien los “barrenadores” han cumplido con creces a quienes los pusieron en la alta administración, el “barrenado” de las finanzas de la CCSS, ya es imposible maquillarlo. A fin de colaborar con la bitácora de la fiscalía general (él dijo que está abierto a las denuncias de la ciudadanía), así como con la discusión en el movimiento popular, se ofrecen a continuación cifras en colones, solo en relación con el rubro del artículo 9 de la Ley 7374, antes citado (Primer nivel de atención de la salud):
Gasto anual del primer nivel de atención de la salud en 2023: ¢728.425 millones (Ver Cuadro 31, pág. 76 de Estudio-CCSS).
Gasto contabilizado por la CCSS a cargo del Estado en 2023: ¢19.595 millones (Ver cuenta contable 131268 EF-SEM-CCSS-DIC-2023).
Monto presuntamente dejado de contabilizar y de cobrar al Estado en 2023: ¢708.830.
Monto presuntamente pagado por el Estado: cero colones.
A lo anterior, hay que agregar que, en los estados financieros con corte al 31/12/2019, solo aparece el 2,5% del costo real, más los intereses simples, con un saldo acumulado en 30 años de solamente ¢436.081 millones, y otro, en el cual se da a entender, que ese saldo es diminuto, porque se lo comieron las larvas barrenadoras. Esto por cuanto, el reclamo hecho, tomando en cuenta el 100% del costo -en lugar del solo el 2,5%- del primer nivel de atención con corte a setiembre de 2019, es de ¢5.933.726.567.501,95 (casi ¢6 billones) (Punto 2 dentro de la ejecución de sentencia citada líneas arriba) de la pretensión firmada por Gustavo Camacho Carranza, representante judicial de la CCSS, en julio de 2020, expediente 13-006261-1027-CA. (Ver Ejecución-de-sentencia citada).
En este sentido, cuando la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicitó al Gerente de la CCSS, Lic. Gustavo Picado Chacón “actualizar el monto del principal y de los intereses de la pretensión de liquidación de sentencia que presentó el Sr. Gustavo Camacho Carranza Abogado 16689 ante el EXPEDIENTE: 13-006261-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, ya que dicha pretensión está desactualizado a setiembre de 2019 y que una vez que haya sido actualizado nos suministren una copia”, recibió como respuesta lo siguiente: “Conforme a la naturaleza del proceso judicial de ejecución, los montos incluidos en la pretensión institucional son debidamente actualizados según se avance en las etapas procesales del procedimiento y en estrecha coordinación con el Abogado Director del caso, según se requiera. En tal sentido, en el momento que se proceda con lo indicado se les informará lo correspondiente.” (Oficio GF-3403-2024 del 12 de setiembre de 2024). Esto demuestra el interés real que tienen quienes toman las principales decisiones en la CCSS y que giran las instrucciones de los montos que se deben contabilizar en los estados financieros como responsabilidad del Estado, según la Ley 7374, a fin de que la deuda estatal con la Caja luzca pequeñita -unos ¢4 billones-; y por carambola y para felicidad de los organismos financieros internacionales (Juan Rafael Mora, posiblemente los hubiera mandado al carajo) siguen dando préstamos e hipotecando las futuras generaciones para que avance el plan incontenible ideado por nuestras élites desde 1982 hasta hoy.
La comparación hecha por la fiscalía general de la república con la mosca productora del gusano barrenador con la presunta compra por la Caja con sobre precios en servicios médicos a cooperativas, cobró relevancia con la detención reciente de altos personeros ligados con el Seguro. (Imagen con fines ilustrativos: La-Región).
De esta manera, tenemos algo así, dos formas paralelas de acumular los ingresos por las deudas en relación con la deuda del Estado por el artículo 9 de la Ley 7374, que suma para la CCSS solo el 2,5% del costo de lo que antes tenía el ministerio de salud, rondando los ¢4 billones (ver Deuda-Estado-CCSS), y que de paso, tanto sorprende ahora, a la diputada del PLN Paulina Ramírez.
La otra contabilidad, no oficial y en las tinieblas, originada por el 100% del costo de atención primaria de la salud acreditada a el Estado, superaría la astronómica suma de los ¢20 billones, a setiembre de 2024. En todo caso, sea el primer saldo o si prefieren el segundo, la barrenada es grande y la sentimos la mayoría de costarricenses sin acceso a las cadenas de hospitales privados, cada vez que usted hace fila en un centro de salud de la Caja, su cita con un especialista es para el otro año y la tan esperada intervención quirúrgica urgente se practicará hasta dentro de dos años, sí está viva todavía. ¡Y recuerde: calladito es más bonito desde hace 42 años!
Según datos divulgados por la misma CCSS, hay un aumento de las citas en espera de 174.815 a 187.548 y una reducción de 552 días de espera en promedio en cirugías en enero de 2023 a 421 días en agosto de 2024. A fin de contribuir con el estudio y el análisis, dediquemos tiempo a los siguientes gráficos.
Respecto con las listas de espera para consulta externa, el plazo promedio de retraso se incrementó de 371 días en enero de 2023 a 425 días en agosto de 2024, mientras que la cantidad de citas en demora creció de 219.619 a 310.098.
El copago de servicios se suma la tercerización: El presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre en Puntarenas, confirmó que la compra de servicios médicos a el movimiento cooperativo incluye procedimientos quirúrgicos.
Las declaraciones del mandatarioesclarecieron recientes dudas entre un importante sector sindical dentro de la CCSS y los agentes cooperativos asignados por las altas autoridades de la Caja para que se hagan cargo de los centros de atención primaria de salud, durante un periodo de 10 años.
La polémica sobre sí, la llamada “tercerización” de la medicina preventiva incluía ya algunas cirugías, estalló esta semana cuando trascendió que la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Atención Integral (Coopesain) ha brindado servicios mediante contratación a la Caja para la atención de procedimientos de cirugía mayor ambulatoria a pacientes pediátricos del área de atracción del Hospital Nacional de Niños. Contabilizando desde el año 1991 a julio de 2022 un total de 42.763 niños intervenidos quirúrgicamente.
Las categóricas afirmaciones fueron recogidas por el periódico digital El Mundo cr, el pasado 27 de setiembre, atribuyendo a el gerente de Coopesain RL, Walter Zúñiga, tales cifras en el marco de un desencuentro entre el presidente del Movimiento Cooperativo, Freddy González Rojas, y el dirigente sindical y secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Lenin Hernández. (ElMundo.cr).
La política cada vez más evidente de obligar a la Caja a entregar estratégicos servicios relacionados con la salud de todos los costarricenses, ha estado presente en todos los últimos gobiernos, caracterizados, unas veces con la privatización (eufemísticamente llamada cooperativización o llanamente tercerización), otras quitando legal o de hecho a la rectora de la protección social en el país la producción de medicamentos, más allá que no sea la crema de rosas, a pesar de la cantidad de excelentes profesionales con que cuenta en todas sus áreas, pasando por el envío de pacientes a realizarse exámenes a centros privados, hasta llegar a la más reciente propuesta de copago de servicios dizque para enfrentar las listas de espera.
Pareciera que, desde aquel 1º de noviembre 1941, cuando por la ley número 17 nació la querida Caja – estamos a menos de un mes, este 1 de noviembre , de celebrarle cumple 83 años- no han dejado de manosear sus entrañas para acabar con el pilar de la contribución tripartita y solidaria, a fin echar por el suelo el sueño de cientos de humildes herederos de Juan Rafael Mora, excelentemente interpretados por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder comunista Manuel Mora Valverde, cuando pensaron en no dejar a nadie sin seguro social, frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.
Las millonarias deudas de la CCSS sin pagar o sin cobrar, así como rebajos en las cuotas para este o aquel otro sector, por politiquería, populismo o por más bonito que venga tal relato, no es otra cosa que una simulación de nuestras élites para barrenar los derechos de todos nosotros a una atención eficaz ante la enfermedad y el auxilio social ante la invalidez, la vejez y la muerte.
¡Tenga cuidado: a veces los confites vienen envenenados!
Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López, matemático y actuario
Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.
Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.
Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.
Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.
Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).
La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).
Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.
Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.
Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]
Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]
El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.
En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.
Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).
La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).
Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.
Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]
Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].
Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.
Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.
La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.
Una voz ronca y masculina preguntó a los estudiantes en huelga, ¿quién se anima a subir hasta allá arriba, en lo alto del edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM), para colocar esta bandera contra los recortes presupuestarios y la privatización de la educación universitaria en México? Silencio sepulcral; hasta que una muchacha delgadita, modales delicados, vocecilla sonatina y 24 años cumplidos, asombró a todos sus colegas, cuando les dijo: “yo subo, nuestra causa es justa “y empezó a escalar, a escalar, y desde entonces, ni genuflexos ni bocas chanclas del régimen, pudieron detenerla.
Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quizá hoy la mujer más empoderada del mundo, porque asumirá este 1 de octubre, el destino de más de 126 millones de mexicanos, la mayoría de ellos humillados y sin otra opción que no fueran cuatro décadas de inhumanos gobiernos que, hasta 2018, regalaron el país norteamericano a base de préstamos multimillonarios y prebendas de toda clase. Seguramente será la mujer más poderosa durante el próximo sexenio, porque su presidencia no es fruto de lobbies entre fabricantes de armas o de la industria farmacéutica, sino es por “decisión de mi pueblo”, aclaró recientemente a un grupo de periodistas.
Por cierto, corría 1987, y el presidente, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), junto a su partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN), inician la mayor estafa a los mexicanos, vendiéndoles las empresas estatales, dando en concesión a mineras la mitad del territorio de México, entregaron los bloques petroleros a conocidas transaccionales, mientras otros conglomerados hacían suyos la electricidad, el negocio de las telecomunicaciones, los seguros, la venta y distribución de medicinas, convertían en cascarones vacíos el seguro social, las soluciones habitacionales son ahora negocios florecientes, la protección de los menores letra muerta, se echaban en el bolsillos el dinero de las pensiones de los viejitos, etc.
“En esa época (37 años atrás) era muy aventada”, recordaba Claudia Sheinbaum Pardo, cuando un domingo de estos, durante una gira por los pueblos del sur de su país, con su máximo mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un periodista trajo a la mente de la primer mujer presidenta de México aquel osado acto de subir la hasta el edificio de la rectoría de la UNAM para colocar la bandera de los huelguistas.
No eran jóvenes revoltosos, opuestos a los cambios, como consignaban todos los principales medios de comunicación, controlados por siempre por una élite mexicana racista, autoritarista y mentirosa, según la cual, el pueblo era “tonto” y, por eso, precisamente, requería de gente “ilustrada” y “preparada” para que lo gobernaran, pobre además, por su “vagancia” y “amistad” empedernida con el tequila.
¡No! Comenzaba de desmoronarse un régimen oprobioso, donde las “puertas giratorias” daban honorabilidad, el despotismo estaba institucionalizado y el saqueo de los recursos financieros, entregados por la gente más humilde a los distintos gobiernos, hicieron multimillonarias a las familias dedicadas a la politiquería. Ello, hasta 2018, cuando por escasos votos, llega a la presidencia AMLO; no sin antes sufrir un intento de desafuero para tratar de sacarlo de la política, así como las burlas ampliamente promovidas por el PRI y el PAN por pretender ser gobernante de la república, repartiendo hojas sueltas en el Metro de la capital mexicana, las terminales autobuseras y visitar casa por casa a lo largo y ancho de todo su país.
La electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Todo con el pueblo, nada sin el pueblo” (F. Tomada de Facebook).
b-. Fin del gobierno de togas y birretes. Sheinbaum Pardo, electa por la coalición de partidos de izquierda y el “verde”, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llega a la presidencia de la república con un capital electoral de 36 millones de sufragantes a su favor, desafió de entrada a quienes defendieron la educación como privilegio, anunció la traída del extranjero, sí es el caso, de especialistas y médicos para instituir la atención médica familiar, abogó para que no haya un solo joven sin su beca de estudio, dijo que todos los abuelitos y abuelitas tendrán su pensión digna, prometió que su administración aprobará la jornada laboral de 40 horas, casa de habitación para los menos favorecidos, considerando el alquiler como abono a la compra de morada, entre otros.
No tenemos necesidad de endeudarnos sí el gobierno sigue siendo austero, no permitimos más los lujos y seguimos devolviendo al pueblo lo robado, sentenció.
Además, con la promesa hecha este fin de semana, de incorporar a la democracia participativa a los pueblos originarios y campesinado del sur de su país para que se beneficien de las actividades que traerá el llamado Tren Maya, Sheinbaum Pardo pareciera decidida no solo a cuidar el patrimonio electoral dejado por AMLO, se va con un 70% de apoyo popular, sino convertir el tren interoceánico y el Maya, en las máximas obras de la ingeniería en los últimos 50 años.
Los primeros 473 kilómetros del llamado tren Maya quedaron inaugurados el pasado 15 de diciembre por AMLO, luego de vencer las tácticas politiqueras del PRI y el PAN, así como los bloqueos constitucionales y legalistas dentro de la conservadora Corte del poder judicial, fiel a los viejos partidos, hasta sus últimos estertores.
Este ferrocarril recorrerá 1500 kilómetros, entre pueblos olvidados durante más de 100 años, sorteando montañas y exhibiendo la cultura de las civilizaciones ancestrales de México; todo ha estado a cargo de obreros y profesionales del país, dijo en aquella ocasión. Agregó que habían presupuestado para toda esta obra 28.500 millones de dólares, gracias a que hemos combatido la corrupción.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo, ahora convertida en doctora en Física y su emblemático pelo largo arremangado por una cola, está obligada primero, a resolver una rebelión en la cúpula judicial, porque sus privilegios están en entredicho en una reforma judicial que ya es ley; luego corresponderá a su administración conocer sobre la elección secreta, directa y popular de ministros, magistrados y jueces de poder judicial, entre todos los profesionales en derecho que quieran participar y tengan cinco años de desempeñarse en la profesión, entre otros requisitos.
Es menester recordar que AMLO, en febrero de este año, propuso una serie de reformas llamado “ Plan B”, en búsqueda de transformar los reumáticos institutos de la transparencia, terminar con la vieja práctica de archivar expedientes a personajes influyentes, hacer que los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces estén obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía por su efectividad en sus trabajos, hacer realidad el principio de justicia expedita para todos los mexicanos, entre otros.
El Plan B se trata, dijo el entonces diputado oficialista, Gerardo Fernández Noroña, de devolver a la gente la confianza en el poder judicial, acabar con privilegios en las altas esferas, pues no es posible que sí la Constitución ordena que ningún funcionario estatal ganará salarios arriba del que disfruta el presidente, haya magistrados violando la Carta Fundamental. Devengan dos y tres veces más que el ingreso del mandatario; queremos acabar con el nepotismo, con la sangre azul para ser magistrados y el linaje de juez en el poder judicial, añadió.
AMLO se despidió el pasado 15 de septiembre con el Zócalo a reventar y a gritos “no te vayas presidente” (F. Tomada de el periódico El Universal).
En ocasión de la discusión de este plan, trascendió que los altos jueces tenían un reconocimiento económico por usar la toga y el birrete, camionetas con choferes incluidos, combustible todo el que desearan, seguro social privado, casa de habitación con servicio doméstico y jardineros dentro del paquete, viajes al exterior, quince fideicomisos por casi mil millones de dólares, pensiones de lujo etc., todo pagado por el “soberano”.
Por datos revelados por el periódico El Economista, en su versión digital el miércoles 06 de Septiembre de 2023, se conoció que doce de estos fideicomisos controlaban 21 mil millones de pesos (19 pesos por divisa estadounidense), sin que formaran parte del presupuesto oficial asignado al poder judicial y seis de ellos destinados a “programas” que solo conocían las altas autoridades.
Como estos cambios constitucionales se rechazaron en las dos cámaras legislativas, donde los partidos tradicionales eran mayoría, AMLO presentó un llamado Plan C, para que los votantes en las elecciones del pasado 2 de junio y en ejercicio de la soberanía de todos los poderes en la democracia república, dijeran mediante el sufragio sí querían la limpieza en el poder judicial o se archivaban las reformas contempladas en el Plan B.
La respuesta fue aplastante. Alcanzó la mayoría en ambas cámaras, barrió con los viejos feudos del PRI y el PAN, ambos heridos profundamente quién sabe por cuántos meses más, quizá por años, ganó la mayoría de las gobernaciones en todo el país, Estados nunca imaginados fueron de MORENA. Hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989 por una serie de personalidades entre quienes estuvo AMLO, salió rascando. Alguna vez esta organización partidaria pasó entre los votantes como de” izquierda”, pero el soberano lo enterró. Cobraron a este instituto político que, durante 37 años, se hizo pasar como de “izquierda”, de los dientes hacia afuera; mientras desde adentro carecía de acción junto a los obreros, campesinado, amas de casa, estudiantes etc., facilitando su manera sui generis de ver su Revolución”, el camino inhumano de 42 años de neoliberalismo.
“No hay nada que negociar; con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo Sheinbaum Pardo a un arlequín enviado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tras aprobarse la madrugada del pasado jueves 12 de setiembre las reformas judiciales, con la misma vocecilla sonatina y tremenda alma demoledora. Sí, es aquella mujer que desafió a quienes titubearon para dar el paso adelante en plena huelga.
Por cierto, estos inerves, como fueron llamados estos huelguistas por algunos acomodados por el régimen, ganaron aquella batalla y siguen dando guerra.
Mainier Barboza Soto Movimiento Patriótico por Costa Rica
El gobierno del Presidente Chaves Robles, que preside desde el 8 de mayo del año 2022, se ha destacado por cumplir plenamente con el manual del político tradicional, vasallo de los intereses del gran capital y los grupos de poder foráneos; dicho manual contiene la “carta de intenciones” que dictan desde la urbe de Washington, los organismos financieros internacionales, el Foro de Davos y, las oligarquías nacionales, enfrentadas por ver quién se lleva la mayor parte de nuestras instituciones públicas productivas y del Estado.
En los gobiernos vasallos, como el actual, juega un papel central el método propagandístico, como el utilizado la casa del Zapote, vociferar, distraer, atacar personalmente a la persona que lo alude en alguna acción o falla cometida por él; con el desmedido autoritarismo, actitudes patriarcales, vocabulario de muy bajo nivel. Agregamos a lo anterior el estilo para generar odio, dividir al pueblo; además de mentir y, como cierre del espectáculo, atacar sin piedad la institucionalidad del país, desde la Asamblea, Legislativa, la Contraloría General, al Poder Judicial…
En fin, todas las consignas del Consenso de Washington, completan el cuadro del Ejecutivo, ahora viene el show, los miércoles de cada semana, luego del consejo de Gobierno, el señor presidente, inicia un espectáculo propio del circo romano, ya hasta “un jaguar” aparece en la “arena” de las leyes. “Dispara” de forma atropellada, con burla, mala intención, criterios sin sentido ni coherencia, diatribas distractoras que tocan las conciencias de la población más humilde, necesitada, hambrienta, desocupada y la coloca en la acera contraria a la clase trabajadora y al sector público, para a renglón seguido señalarlo como el culpable de todos sus males.
Completa el circo un grupo de prensa afín a sus propósitos, que cada semana pone “la alfombra roja” del amarillismo más vergonzoso, en favor del circo presidencial de Zapote y algunos bufones que se prestan a todo.
Resulta que en el circo romano se acuña una expresión panem et circenses,(pan y espectáculos del circo), originada en la Sátira X del poeta Latino Juvenal, (circa 100.A.D), que en el fondo trata de recuperar el derecho a participación política del pueblo; sin embargo, este circo presidencial, no busca eso, es más, nos debe el pan, dado que, cada vez más reduce las posibilidades del pueblo para tener una vida digna, mediante la congelación de salarios, desocupación, incremento de precios de la canasta básica, desmantelamiento del Estado Social, de la instituciones públicas que protegen la seguridad social, reduce las posibilidades de la educación, de la seguridad ciudadana, en síntesis, el señor don Rodrigo Chaves, terminará su gobierno con su misión cumplida: dejar un pueblo sin pan, sin instituciones públicas productivas, sin Estado.
Es una tarea de toda la población costarricense, exigir el pan, la paz, la democracia, y luchar por la defensa del Estado Social de Derecho y de sus instituciones públicas.
Actúa siempre de forma que se creen nuevas posibilidades. Heinz von Foerster
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
¿Quién dijo que tenemos que continuar por los erráticos caminos que nos han conducido a sostener un índice de pobreza de un 20% por más de cuarenta años, y los gobiernos que cada cuatro años prometen erradicarla más bien hacen todo lo posible por sostenerla? ¿Quién dijo que no es posible superar la escandalosa desigualdad, caldo de cultivo de buena parte de los males que padece el país? ¿Quién dijo que vamos a continuar sub-educando a los niños y expulsando a los jóvenes de la educación secundaria, cuando están en la edad más prometedora para prepararse y convertirse en ciudadanos plenamente integrados al mundo del trabajo digno y decente? ¿Quién dijo que este país está predestinado a vivir de prestado porque no hay una clase política dispuesta a cobrar los impuestos a quienes más tienen, reproduciendo el círculo vicioso del endeudamiento creciente, con el viejo cuento de cambiar deuda cara por barata? ¿Quién dijo que no podemos bajar los crecientes índices de violencia social, bullyng y crimen organizado? ¿Quién dijo que no podemos parar la ola creciente de femicidios? ¿Quién dijo que no podemos sustituir el odio y la confrontación por el diálogo y la convivencia pacífica? ¿Quién dijo que no podemos pagar la deuda billonaria a la Caja del Seguro Social, para tener más y mejores hospitales, más camas y equipos, más especialistas y menos filas de espera? ¿quién dijo que no podemos propiciar una gestión pública y privada cimentadas en una ética de la responsabilidad social, el profesionalismo y una visión humanista, afectiva y solidaria? ¿Quién dijo que la vivienda digna va a seguir siendo el privilegio de unos cuantos y no el derecho de todos los costarricenses? ¿Quién dijo que nuestras zonas costeras tienen que vivir sumidas en la pobreza, siendo una de las principales generadoras de divisas por la actividad turística? ¿Quién dijo que no podemos apostar a mejores prácticas productivas para garantizar una mejor dieta nutricional? ¿Quién dijo que no es posible mejorar cualitativamente nuestra infraestructura vial, especialmente la renovación de los puentes? ¿Quién dijo que tenemos que sustituir el modelo de preservación de nuestra biodiversidad por un modelo extractivista que destruye los ecosistemas? ¿Quién dijo que hay que privatizar el agua, la electricidad, la salud, la educación y la banca nacional, si han sido los pilares de una Costa Rica que alcanzó los más elevados índices de desarrollo humano en América Latina? ¿Quién dijo que no podemos negociar con países y organismos internacionales bajo condiciones de mayor dignidad, y no permitiendo que nos impongan sus agendas de manera unilateral y obedeciendo a intereses de élites y poderes fácticos? ¿Quién dijo que para adecentar la política tenemos que trasladar el poder a los mesías populistas contemporáneos, “vendedores de veneno de serpiente económica” (P. Krugman) y quienes, a la manera del fascismo, han sustituido la ética por una estética de la arrogancia y la violencia (F. Savater)? ¿Quién dijo que no es posible articular e impulsar un conjunto de fuerzas sociales y políticas dispuestas a relanzar nuestro Estado social de Derecho, y elevar la calidad de una gestión que conduzca a una nueva reforma social que atienda el clamor de más equidad, justicia y paz social?
Construyamos otra Costa Rica. No sigamos transitando por los trillados caminos, que han desfigurado el rostro de la patria. Las nuevas generaciones nos lo cobraran caro, y con razón. No hay tiempo que perder. Sí, actuemos de tal manera que se creen nuevas posibilidades. Siempre hay una manera más digna y más humana de hacer las cosas.
En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.
Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.
Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.
Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.
Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.
A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.
Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.
Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.
Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.
Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.
Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.
Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.
Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.
Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.
Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?
Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.
Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.
El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.
Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.
En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.
«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.
Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.
Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de CostaRica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.
En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.
Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.
Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.
Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?
Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.
La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.
Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.
Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.
Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.
Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.
Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!
Seguimos creyendo que la ciudadanía trabajadora no termina de enterarse que hemos entrado a una guerra no convencional pero igual tiene bajas, heridos y muertos a millares. Los enemigos son muy poderosos y fuertes, en momentos, silenciosos y, en más cortos instantes levantan la vos, al grado de reventarle los tímpanos al vecino.
Financian los medios más conocidos, las campañas de desprestigio a líderes sociales, colocan candidatos sin pasar por ningún filtro social ni político, llegan del exterior después de años de servicio a multilaterales, para ser candidatos políticos, con su agenda neoliberal, seguros de obtener todo el apoyo de las élites empresariales (caso Costa Rica). Más pronto que tarde, al obtener su cuota de poder, reducen el presupuesto público, «demuestran» que el Estado no puede seguir financiando las instituciones que alivian el sufrimiento de los sectores más vulnerables (caso argentino), se convierten en másteres de la economía y reparten recetarios para «medicamentos» que alivian los dolores causados como efecto de la privatización.
Cuando existe una excepción en un gobierno que prioriza la gestión democrática (consulta a los interesados), las élites empresariales y dueñas de los principales medios, inician con su estrategia de intrigas y desinformación, le aseguran al público que el gobernante es socialista, comunista (ñangara), además de engrandecer sus pocos defectos, para luego montar alternativas políticas que restituya ese poder (caso Honduras).
No deja de existir traicioneros que el poder político y económico puede embrutecerles, hasta el grado de perseguir y reprimir a quienes les acompañaron en sus luchas, creyendo en cantos de sirena (caso Nicaragua). En esta «selva política» hay líderes que no terminan de definirse, pero sí encuentran fama internacional (caso El Salvador).
El presidente Arévalo de Guatemala, tiene muy buen acercamiento con su vecino del Norte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México. Sin embargo, no pareciera fluir esa «sangre» hacia el sur de su frontera. Tal pareciera que el liderazgo regional de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, le diera sombra.
Conocer lo que acontece en nuestro entorno es crucial para la toma de decisiones apropiadas. Diversificar las fuentes de información es importante, como lo es la formación de criterios apropiados que vayan en beneficio del sector social al que se pertenece. No es raro escuchar decir, más en mujeres, «no me interesa la política». Sin comprender que es una ciencia, dentro de cuyo ejercicio se define el destino del país, la región y toda institución pequeña o grande, bilateral y multilateral.
Es por la política con una ideología determinada que funciona casi todo, sino todo proyecto, donde los humanos somos los actores principales.
En la actualidad se debate la transparencia de las elecciones en Venezuela. Si fuese las elecciones en Belice, Paraguay o en Jamaica, el interés mundial perdería más de la mitad de la cobertura periodística que tiene Venezuela. Sabemos que eso se debe al petróleo que posee y no por su nivel democrático o la amplia distribución de sus ingresos.
Poco se sabe sobre el grado de genocidio aplicado por la Israel sionista en Palestina, donde lleva décadas de asesinar a toda esa nación. Gaza está convertida en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los asesinatos superan la cifra de 35 mil personas.
Es por esta razón que, la información es clave en nuestras vidas. Por esto, debemos saber lo que ocurre en nuestro contexto y en quienes tienen el poder político al momento de contabilizar los muertos y heridos.
