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Etiqueta: privatización

Martha Rodríguez: Irregularidades y concentración de poder debilitan a la CCSS

Por Martín Rodríguez Espinoza

Con claridad y transparencia: Martha Rodríguez plantea ante comisión legislativa las irregularidades y concentración de poder que están debilitando a la CCSS

La secretaria general adjunta de UNDECA y legítima representantes de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, compareció la mañana de este 3 de febrero ante la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Caja, Junto con otros exdirectivos, donde habló con claridad y transparencia sobre las verdaderas causas del debilitamiento de la Institución.

Rodríguez fue enfática al afirmar que la CCSS no enfrenta crisis por inviabilidad del modelo solidario, sino que ha sido una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.

“Lo que hoy se ve en la Caja no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, detalló ante los diputados.

Añadió que, con respecto a las listas de espera, hay que entender que no se habla de números, sino de personas, de una crisis humanitaria y no estadística. Acotó datos oficiales generados por la propia Caja, que evidencian que hay más de 1,3 millones de personas en listas de espera, de las cuales unas 200.000 esperan cirugías y más de 5.700 fallecieron entre 2023 y 2025, mientras esperaban un procedimiento quirúrgico.

Esto representa una crisis humanitaria, con la afectación directa al derecho fundamental a la salud y a la vida, pero aclaró Rodríguez que este problema no es por falta de capacidad técnica del sistema público, tanto así, que informes del CENDEISSS y la Gerencia Médica reflejan que con solo aumentar 1,5 cirugías por quirófano al día, la Caja podría realizar 72.000 cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria. Los datos demuestran que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas y políticas.

A esto se suma un déficit de radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos entre otras especialidades críticas, y las acciones hacia la tercerización de procesos menos complejos no resuelve estas causas, sino que traslada recursos públicos a terceros.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la supuesta manipulación de estudios actuariales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones y que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y EBAIS; así como la investigación del conocido caso Barrenador donde se promovió la contratación de servicios a terceros mediante licitación.

En este último caso, ocurrió algo muy grave, todas las unidades técnicas recomendaron declarar infructuosa la licitación porque los precios no eran razonables, los gastos indirectos aumentaban hasta en 206%, los materiales en 457% y los alquileres 585%.

A pesar de ello la junta directiva adjudicó el contrato apartándose de las opiniones técnicas, incluso uno de los recursos para revisar esa votación que impulsó Martha Rodríguez como legítima representante de los trabajadores en dicho órgano, fue rechazado y otro que presentó ni siquiera fue tomado en cuenta.

Otro de los temas a los que se refirió nuestra secretaria general adjunta, fue la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja que ha tenido impacto negativo en la gestión, en la continuidad del servicio, en el desabastecimiento, entre otros problemas.

Según informes de la auditoría interna la Caja no ha podido cerrar contablemente junio del 2025, no existen estados financieros confiables, hay diferencias millonarias en inventarios, activos y cuentas contables, y desde mayo del 2025 no hay informes financieros.

La salida en vivo del sistema no cumplía condiciones técnicas mínimas y lo más preocupante es la respuesta institucional que ha otorgado al menos cinco prórrogas, de hecho, el último plazo fue hasta abril del 2026; mientras se ha rechazado reiteradamente abrir auditoría externa. Esto no es una solución, al contrario, es normalizar el incumplimiento y debilitar el control interno de una institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.

“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.

La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.

“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.

Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.

Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Compromisos-en-defensa-y-fortalecimiento-de-la-Salud-Publica-y-la-CCSS.pdf

Los “desechados” por la democracia

Partido Pueblo Unido

El viejo sueño 80 años atrás, tendiente a que no hubiera una o un costarricense sin una pensión digna, hoy es una pesadilla, una auténtica tragedia, para la presente generación próxima a pensionarse y quienes tienen la dicha de entrar a la fuerza laboral con un salario digno y consecuentemente una jubilación decorosa tarde o temprano.

El déficit, según los entendidos independientes en la materia, hasta hace poco, era al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Y aunque los burócratas de la Caja logran crear la nebulosa necesaria para que los trabajadores diluyan la magnitud del problema que se les viene encima respecto a los ingresos al final de sus vidas, los datos maquillados por la institución no pueden rebatir la realidad una vez que el jubilado tiene en sus manos el recibo de luz, agua, alquiler de casa, medicina para las enfermedades propias de su edad y que la Caja no le otorga, porque la volvieron insensible desde hace bastante tiempo.

Lo cierto del caso es que, entre datos polémicos y los ingresos que no alcanzan para cubrir los alimentos de una canasta “básica familiar”, el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM, es incierto, es oscuro, a juzgar por las estadísticas publicados por la misma Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la CCSS.

“Insoportable”, dijo una vez uno de estos burócratas que se alistaban para irse a su casa con una jubilación de más de cinco millones mensuales, y “endosable” a las futuras generaciones, agregamos nosotros, en un país con seriecísimos problemas demográficos y que esperamos nos revienten en la cara para sacar la varita mágica de la improvisación.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, dijo el 16 de setiembre de 2024 “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”.

Según el representante de la CCSS, “para revertir” este escenario, ¿adivinen quienes pagarán los platos rotos? No se equivocaron: los trabajadores. Según Barrantes se necesita elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo.

Para ello, reveló, hicieron un estudio que conocerá una instancia que se las trae por lo llamativo de su nombre, denominado el “Comité Inter participativo”, ideado nada menos que por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para “fortalecer”, según ellos, el sistema nacional de jubilaciones.

Dicho “fortalecimiento” del sistema de pensiones con tan rimbombe nombre – como todo lenguaje de impacto en estos adiestrados neoliberales- consistiría en “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% otorgado en actualidad.

Fue durante la administración del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que la Ley 7374 la “adaptaron” o “modernizaron” – estos neoliberales inventan cada término – a la nueva realidad de país.

Desde entonces no han parado de patear la bola hacia adelante, como dice nuestro pueblo cuando nadie quiere enfrentar un problema desde sus raíces y menos asumir responsabilidades.

En el nuevo proyecto del lucro que introdujo el neoliberalismo, bajo la argucia de ser pronto nación “desarrollada”, la “inversión social” pasó a llamarse “gastos” generados por una CCSS encargada de dar seguridad social, incluyendo un régimen dedicado a velar por la invalidez, la vejez y la muerte de los costarricenses.

Eso mismo ocurrió con la educación, que se mantuvo como gratuita y obligatoria en la mayoría de las Constituciones Políticas del Rio Bravo hacia abajo resultó un verdadero canto de sirena en la práctica.

En el caso costarricense y la querida CCSS, los tres pilares con que la visualizaron sus padres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, dificultaron que se la robaran de un tirón como ocurrió en otras naciones junto a las pensiones, por lo que han optado por ir arrancándole pedacitos de músculos.

El artículo 73 de la Constitución Política garantiza el sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones por vejez, invalidez y muerte, que son administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta disposición establece un sistema de contribución forzosa para trabajadores, patronos y el Estado para proteger a los trabajadores contra diversos riesgos, pero en la carrera desbocada por devolver a los ricos el negocio de la salud y el dolor ajeno convertirlo en plusvalía, todos los gobiernos en las últimas cuatro décadas se quitan el tiro de saldar deudas con esa institución.

Al paso que va la entidad aseguradora ya no hay necesidad de venderla, sino dejar que se caiga a pedazos como hicieron con puertos, muelles, carreteras etc., para que el costo real baje y sea más cómodo adquirirla por quienes controlan los hospitales privados y la producción y distribución de medicamentos.

Por datos provenientes de la Contraloría General de la República y diversas auditorías sabemos que la deuda acumulada por los distintos gobiernos ha crecido a más de ₡4.4 billones en 2025, representando el 9% del PIB. El monto se incrementó un 15% en un año y se acumula debido a los pagos incompletos del Estado y la falta de interés por demostrar categórica y seriamente algunas obligaciones.

Sin embargo, no está de menos, recordar que, la nebulosa creada sobre pensiones planteada líneas arriba, fue creada con todo el dolo del mundo para que los trabajadores coticen y pierdan el rumbo de su plata en una maraña de leyes, reglamentos y complicados tecnicismos bancarios y de administración del dinero ajeno.

Solo para que tengamos una remota idea del complicado tinglado jurídico creado exclusivamente para el dinero suyo destinado a pensiones, tengamos presente que la ley que garantiza los fondos para jubilarse en nuestro país está repartida en normativas y reglamentos, muchos de ellos llenos de fórmulas matemáticas que desaniman al más pintado.

Después de ello hay que considerar la creación de la Ley 7983, llamada de “Protección del Trabajador”, que creó el famoso y generador actual de intrincadas polémicas en tiempos electorales, llamado el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), destinado a recoger dinero de los trabajadores y ponerlo a disposición de una ávida burguesía bancaria, autorizada para invertir esos caudales donde más les caliente el sol.

Si esos dineros hubieran ido a la CCSS a fortalecer el IVM, los trabajadores podrían disfrutar de más garantías, en cuenta un mayor monto de sus pensiones totales, IVM+ROP.

Acá puede decirse que los futuros pensionados y beneficiarios del ROP comienzan a perder contacto con su patrimonio, hasta nuevo aviso o haga la aparición algún político profesional que ve posible canalizar votos para su partido hablando de esos fondos.

Si bien la ley 9906 de octubre de 2020 permite a los pensionados del ROP acelerar el retiro de sus fondos, no en todos los casos el espíritu de la disposición legal es de plena satisfacción para los dueños reales de esos fondos, dado la excesiva tramitología orientada más a proteger los negocios y el lucro que hacen otros con la plata ajena, que por satisfacer plenamente al asalariado

Ya desde la Administración Monge empezamos a ver síntomas de desinterés por todo lo que oliera a inversión pública y perfilarse en las altas esferas a favor de quienes nos han gobernado y se enloquecen por la exacerbada ganancia privada.

Dicen que “mal de muchos…” consuelo de dormidos; y eso exactamente pasó con las pensiones en muchas naciones vecinas. Las oligarquías regionales se pellizcaron y encontraron en los fondos de pensiones una mina. Entre 1981 y 2008, con el apoyo unas veces del llamado sindicalismo blanco, y otras con el concurso de autodefinidos “reformistas democráticos”, emprendieron agresivos cambios en los sistemas jubilatorios en 11 países latinoamericanos, algunos de ellos otrora ejemplo de la seguridad social para la vejez.

Se trata de Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008 que no privatizaron del todo el modelo jubilatorio, pero lo abrieron a un sistema complementario. Privatizaron las pensiones Perú, 1993, y Colombia, 1994.

Mientras tanto, otros pensionados de otros regímenes de pensiones actualmente la pasan mal moral y financieramente hablando, pues desde el 2020 – administración del expresidente Carlos Alvarado- al menos 30 mil jubilados del magisterio tienen los montos de sus pensiones congelados, cumpliendo compromisos fiscalistas asumidos con los acreedores internacionales.

Tenemos así, que el llamado régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional quedó congelado en virtud del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa desde 2018.

Según la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), un 85% de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto estarían congeladas, en tanto la Defensoría de los Habitantes cree que el régimen pensional denominado Contributivo está congelado desde 2019.

Por otra parte, más de 25 mil abogados entre litigantes y retirados, siguen esperando una pensión a que tienen derecho por ley. El 3 de diciembre de 1963 mediante la disposición legal número 3245 se crea el llamado timbre del Colegio de Abogado para dignificar la profesión y este profesional tuviera un retiro decoroso.

Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Admirativo, sección de Ejecución de Goicoechea contenida en el expediente 12-000629-1027-CA, da un plazo perentorio para que reglamente la ley indicada y después de casi 13 años de litigio otorgue la pensión al agremiado.

Serán a sus deudos, porque el abogado murió entre viajes a los tribunales y notificaciones, pero tal vez, por fin, los abogados sabrán qué pasó con ese millonario fondo engordado desde 1963 y cada vez que un costarricense requiere una demanda.

Moraleja para los futuros pensionados: la agremiación sin articulación entre trabajadores y sin conciencia del poder que tienen como asalariados en cualquier país, es menos que nada.

Ahora los políticos recurren una vez más a la demagogia y convierten el tema de las pensiones en uno de sus caballos de batalla. Es al pueblo al que le toca pararlos, y levantar sus propias demandas que, al menos, deben incluir:

a.— que el Poder Ejecutivo pague sus deudas a la CCSS y al IVM;

b.— que no se aumente la edad de jubilación; al contrario, buscar formas de pensionarse más temprano;

c.— que no se aumenten las obligaciones de los trabajadores haciéndoles pagar contribuciones más altas;

d.— que no se reduzcan los beneficios de los pensionados.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

Cuando el pueblo se convierte en consigna

*M. EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna “Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.

No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la “defensa del agro” o la “unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo “presencia cívica” con neutralidad académica.

El problema no es que la universidad participe en el debate público —de hecho, debe hacerlo—, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.

Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo —el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo común— quien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman “institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.

Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.

Carta abierta a liderazgos de organizaciones ambientales

Frente Nacional de Lucha

Conectando la marcha del 8 de noviembre en San José, Costa Rica, para proteger las instituciones públicas, y la política climática en vísperas de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP3)

Estimadas y Estimados:

Les escribimos en vísperas de ambas la marcha programada para el 8 de noviembre en San José, Costa Rica, en defensa de las instituciones públicas costarricenses, y la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP30.

En este momento sin precedente, cuando el planeta está cruzando múltiples limites críticos ecológicos, destacamos la urgencia de resaltar el liderazgo del sector público en enfrentarla emergencia climática.

La narrativa y política climáticas oficiales, sin embargo y como saben, de no solamente esta COP30, sino de los espacios en general donde se elaboran planes para enfrentar la emergencia climática, cada vez más promueven y consolidan como protagonista el sector privado.

Este cambio en liderazgo desde lo público hacia el privado en la política global climática tiene efectos profundos. Sobre todo, en este momento precisamente cuando tenemos que abandonar las industrias extractivistas, y la economía neoliberal que representan—no hay agua ni tierra suficiente para ellas—una política climática privatizada consolida las estructuras de poder corporativo que causan tanto daño ambiental, social, y económico.

Dado que nuestro país tiene un rol casi singular en influir debates sobre el ambiente, les pedimos, sobre todo, resaltar en este momento una visión pública y auténtica para enfrentar las múltiples crisis relacionadas que vivimos.

Ustedes, desde adentro de las reuniones e instituciones donde se construye la política global ambiental, que a la vez marca la cancha para tanto en nuestro país, saben cuáles son los acuerdos principales que forman la arquitectura actual compleja para enfrentar la emergencia climática (que sea el Acuerdo de Paris, Marco de los EAU para la Resiliencia Climática Global, y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, entre tantos).

Desde afuera de los cuartos cerrados donde se forman estos acuerdos, es imposible aun para las personas que cuidadosamente las estudian poder entenderlos. Y sin duda, COP30 producirá otros.

Pero lo que es fácil entender es un lenguaje y una ética en ellos cada vez más ligados al mercado, que nos alejan del bien común, promueven la captura corporativa de la agenda global ambiental, y en esta forma sepultan las conversaciones urgentes que el momento demanda. Estas incluyen:

• Impuestos para las corporaciones y para la 1% de la población más rica

• Impuestos para las industrias extractivas

• Perdonar la deuda en el Sur Global

• Utilizar los presupuestos militares y carcelarios para una transición justa autentica

• Establecer un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana y un Convenio Marco sobre la Cooperación Fiscal Internacional

Lo que urge sobre todo es promover otra conversación, otra mentalidad y espíritu moral, honestos en cuestionar públicamente y con transparencia cuales son los verdaderos costos-beneficios de promover el liderazgo privado en este momento.

Este sábado 8 de noviembre, marchamos para abrir este tipo de conversación auténtica. El modelo neoliberal, y las relaciones e industrias extractivistas que implica, es una sola raíz de los múltiples problemas que vivimos.

Pedimos que ustedes, en los múltiples espacios privados en COP30 donde estarán estas semanas en Brasil y en las conversaciones que sigan, demuestran un liderazgo autentico y exijan este mismo dialogo, asegurando que las entidades causando tanto daño no se enriquecen aún más, y que los ríos, suelos, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras, sobrevivamos.

Salimos 9 am, del Parque La Merced
hasta la Plaza de las Garantías Sociales.

Un chantaje inaceptable con las pensiones

Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.

La administración del ROP: un derecho que debe respetarse

Juan Arguedas Chaverri.

Juan Arguedas Chaverri

La administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la forma en que se invierte el dinero de los trabajadores en bonos tanto nacionales como internacionales se ha convertido, en la práctica, en una injusticia flagrante hacia quienes realmente somos los dueños de esos fondos: los trabajadores.

Durante los últimos años, las pérdidas acumuladas por la inversión en bonos han sido millonarias. Lo más grave no es solamente la pérdida del valor del fondo, sino quién asume ese golpe: no son las operadoras privadas de pensiones (OPCs), ni el Estado, ni los gobiernos de turno. Son los mismos trabajadores, quienes vemos cómo sus ahorros se devalúan sin que exista una compensación ni una rendición de cuentas real.

A pesar de que las OPCs cobran comisiones por administrar los fondos, incluso cuando estos generan pérdidas, no tienen responsabilidad directa sobre las decisiones de inversión que resultan en pérdidas significativas. Por ejemplo, cuando el Estado emite bonos y los fondos de pensiones los compran en grandes cantidades, se genera un círculo vicioso: el gobierno financia su déficit con los ahorros de los trabajadores, pero si esos bonos pierden valor o si suben las tasas de interés (como ha ocurrido en contextos inflacionarios globales recientes), las pérdidas son asumidas únicamente por los trabajadores.

Todo esto sucede bajo el aparente silencio de las autoridades y sin mecanismos eficaces de protección para los trabajadores. Esto lleva a muchos a considerar este sistema como un «robo legalizado», donde el capital privado gana, el Estado se financia, y el trabajador pierde.

Devuelvan lo que queda del fondo a los trabajadores, antes de que las pérdidas sean totales.

Saqueo en la CCSS: Gobierno de Chaves y sus títeres entregan la salud a la corrupción

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente el grave acto de corrupción y despilfarro cometido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pagó $1,9 millones a la empresa encargada del sistema contable ERP-SAP, pese a múltiples fallas, advertencias internas y evidencias de su fracaso. La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, es juez y parte en este contrato.

Este no es un “error técnico” aislado, sino un saqueo institucional coordinado. El sistema ha presentado graves problemas: fallos en el registro de recetas, descontrol en inventarios farmacéuticos y atrasos en pagos a proveedores, afectando directamente la atención médica. Desde diciembre de 2024 se habían emitido alertas que fueron ignoradas, y aun así se aprobó el pago de forma express, sin exigir correcciones ni revisar los entregables.

El Partido responsabiliza directamente al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Presidencia y a la Junta Directiva de la CCSS, que actuaron como títeres del poder político, avalando contratos espurios, pagos injustificados y removiendo ilegalmente a la directora Martha Rodríguez González, la única que cuestionaba estas decisiones.

Este caso es parte de un plan de saqueo sistemático disfrazado de “modernización estatal”. Por ello, el Partido Vanguardia Popular exige:

Investigación inmediata e independiente por parte de la Contraloría, Fiscalía y órganos de control, incluyendo auditorías forenses y trazado financiero.

Sanciones ejemplares a todos los responsables, políticos y técnicos.

Recuperación de los fondos desembolsados ilegalmente o pagados sin resultados positivos del ERP.

Que no se use la corrupción, fomentada desde las altas esferas político empresariales, como excusa para privatizar servicios o recortar derechos.

La corrupción afecta directamente la vida del pueblo. Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía a exigir justicia, vigilancia y rendición de cuentas.

Partido Vanguardia Popular
7 de octubre de 2025