Este 7 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Democracia Costarricense para honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889. Cada 7 de noviembre se festeja este día por decreto número 18, desde 1942.
Además, el motivo de esta fecha es impulsar la celebración permanente de este día según el propósito del Instituto de Formación y Educación en Democracia (IFED), que es el instituto encargado de la promoción de la democracia.
La democracia es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad de poder están en el pueblo, por eso, cuando hablamos sobre democracia pensamos en el régimen político o en una forma de gobierno, pero sobre todo debemos saber que la democracia es un proyecto de vida que hemos construido en sociedad, y que debemos fortalecer continuamente, ya que los cambios que se producen en la sociedad hacen que ese proyecto requiera trabajo constante.
Hay quienes se han aprovechado de la democracia para engañar y defraudar, para servirse y no servir, para por un lado hablar de un proceso democrático y por otro irrumpen contra la voluntad popular e imponen a dedo y a fuerza a quien no representa a los electores.
Esos son los que van debilitando la democracia y poniéndola en peligro por intereses personalistas y mezquinos.
Dios quiera que el pueblo entienda la importancia de fortalecer la democracia y que ese fortalecimiento solo se puede lograr a través de la participación y más participación ciudadana. No hay otra forma más que la ciudadanía ejerza su rol y salga a votar y legitimar una elección. De otra forma el peligro de que el sistema democrático sufra menoscabo está latente y que podamos llegar a lo que otros países han llegado es posible si la indiferencia y la irresponsabilidad siguen presentes.
¡¡¡Viva la democracia, fortalezcámosla con nuestra participación!!!
Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.
Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.
Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.
Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.
Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choquesinfiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.
Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.
Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.
Las Américas, 11 de octubre de 2023. Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.
Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.
Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones. En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”. Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.
Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.
Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.
Suscriben
Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC.
Las Américas, 18 de septiembre de 2023.Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.
El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.
A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.
Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.
La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.
Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.
El Programa de Radio Alternativas invita a una nueva transmisión titulada “Entre la memoria y la ultraderecha: ¿Hacia dónde va Argentina? Será este viernes 22 de setiembre a las 6:00 p.m.
Como panel invitado, se contará con la presencia de Geraldina Colotti – Poeta, escritora y periodista. Directora de Le Monde diplomatique- y Gustavo Espinoza -Escritor, periodista y ex parlamentario. Jefe de la edición peruana de Resumen Latinoamericano.
Misiones de observatorios de mujeres proceso electoral
Guatemala, 2023
Nosotras, Misiones de Observatorios de Mujeres del Proceso Electoral, Guatemala 2023, debidamente acreditadas en el Tribunal Supremo Electoral, integrantes de Observatorio Transnacional de Mujeres, Misión de Observación Latinas en Poder, II Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; y, Misión de Observación Plataforma de Mujeres Indígenas; basadas en los principios de las siguientes Convenciones y Mecanismos Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Interamericana sobre de Derechos Humanos; Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (Belem Do Para); Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Consenso de Montevideo, entre otras,
Manifestamos:
Nuestra profunda preocupación ante el debilitamiento de la democracia en los países de la región centroamericana y con particular atención en Guatemala donde el Estado de derecho está siendo violentado por la extralimitación de funciones de instituciones como el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el organismo Legislativo que irrespetan la Constitución Política de la República.
Declaramos nuestra Irrestricta Defensa de la Democracia Plena (reconociendo que aún está en construcción en Guatemala), levantamos la voz, ante la forma sistemática en la que el Estado ha estado violentando la voluntad popular expresada en las urnas, al perseguir, mediante acciones ilegales al partido ganador, interfiriendo con la independencia del Tribunal Supremo Electoral, TSE, poniendo en cuestión su calidad como ente rector electoral.
Es motivo de especial preocupación las denuncias de amenazas a la integridad del binomio presidencial ganador que ameritaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rechazamos las acciones represivas del Estado como los desalojos violentos en varios territorios, persecución de defensoras de derechos humanos, y las limitaciones al derecho a la libre expresión que continuaron incluso en pleno proceso electoral.
Nuestro rechazo a las persistentes formas de discriminación, racismo y misoginia en la vida política que evidencian el retroceso en la representación de las mujeres mayatas y de la ausencia de las mujeres afrodescendientes y xincas en los espacios de toma de decisión en el actual Gabinete de gobierno, Congreso de la República, Alcaldías Municipales y Magistraturas.
Valoramos que en el ejercicio de la primera y segunda vuelta se mantuvo el orden, la transparencia y la agilidad en la presentación de resultados. Muy importante fue la participación de las Juntas electorales garantes de la total transparencia y la voluntaria participación de la ciudadanía en las fiscalías de mesas a favor del partido que hoy resultó ganador, por lo que representa en términos de rescate de la democracia. Sin embargo, identificamos que persisten las siguientes problemáticas:
la convocatoria al empadronamiento y a las votaciones solo en idioma español, en un país en dónde casi la mitad de personas se identifican como indígenas, hablantes de idioma mayas, Garífuna y otros idiomas.
la falta de participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en la estructura electoral (Junta Nacional, Departamentales, y Municipales y receptoras de votos;
la falta de transporte gratuito el día de las elecciones para que las mujeres y personas participen libremente durante las votaciones.
la promoción del empadronamiento de las juventudes y lo que implica en lograr un eficiente trabajo del Registro Nacional de las Personas, RENAP a nivel nacional y en el extranjero.
el poco compromiso de las instancias relevantes para educar y promover la participación electoral (de alrededor de tres millones guatemaltecas y guatemaltecos migrantes en el exterior).
Dadas las condiciones de desestabilización postelectoral que ponen en riesgo la democracia en el país, seguiremos observando y monitoreando desde nuestros espacios durante los siguientes meses y los próximos años para asegurar la transparencia política en el país.
Hacemos un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales a continuar vigilantes del proceso político electoral en Guatemala.
Convocamos a las Organizaciones de Mujeres y Organizaciones Sociales a defender el proceso democrático y a exigir que se respete la decisión electoral de la ciudadanía.
Guatemala, 4 de septiembre de 2023.
Contactos
Observatorio Transnacional de Mujeres, Latinas en Poder. Nitza Seguí, info @latinasenpoder.org, Tel. +1202-912-0201; Dra. Ana Silvia Monzón, Tel. +502.551.718893
Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; Habby Aju Coy, Directora Ejecutiva; Deysee Maribel Cottom Ixcot, Coordinadora Consejo Directivo, Contactos: ednmoloj@gmail.com , +50230753011 direccionmoloj@gmail.com, Tel. +50232942948
Misión de Observación Electoral de Mujeres Indígenas de la Plataforma de Mujeres Indígenas, PMI, Mellina, Salvador, Directora Ejecutiva, mellinasalvador@yahho.es, +502.5412.6179
En todos estos años de residir fuera de Argentina, al igual que otros compatriotas, nos hemos mantenido informados y conectados con todo aquello que hace a la vida de nuestro país, sin sentirnos ajenos o indiferentes a lo que acontece en general en el quehacer nacional y en particular en sus cambiantes realidades políticas y sociales.
Con relativa frecuencia, ya sea debido a una celebración patria o cuando una determinada situación lo amerita solemos reunirnos, y al margen de nuestros distingos ideológicos, partidistas o de otra índole procuramos amenizar o si algo nos inquieta sobre lo que está ocurriendo en nuestra tierra de origen, tratar de dilucidarlo.
Dicho lo anterior deseamos referirnos a algo que como pocas veces antes, o tal vez nunca, nos mantiene en vilo; en un estado de angustia e incertidumbre con motivo del actual proceso electoral que se lleva a cabo en Argentina.
Tal es así que cuando en otras latitudes el tema pasa a ser relevante en las redes sociales, en los medios y en las habituales conversaciones, se encienden alarmas y lo que no se entiende y desconcierta se manifiesta en forma de preguntas, que requieren respuestas. La repetida es: ¿cuál es la razón del inaudito apoyo que recibe uno de los candidatos por parte de un considerable número de electores?
Cuando llegan a nosotros, los argentinos, nos quedan dos opciones, rehuirlas o reconocer que no sabemos qué responder. No obstante, las opiniones crecen y se transmiten un día sí y otro también. Entre los más entendidos en la materia sobre la cual el candidato se presenta y hace gala en su campaña electoral prevalece el que es un diletante, alguien que esputa lo que ni siquiera merece ser considerado como algo serio. Deposiciones mentales, afirman algunos, de alguien que hace alardes de ser un experto que sabe de lo que habla, que “tiene toda la razón” y no acepta cuestionamiento alguno. Los más severos en sus apreciaciones lo caracterizan como un enajenado, un pamplinero que propone medidas de gobierno que, en caso de ser elegido, conducirá a situaciones caóticas. Un salto al vacío que amenaza con la propia disolución, no solo del Estado sino del propio país hermano. Será un mal que afectará a todos los de la región. No pueden concebir que gente con un mínimo grado de sensatez y cordura lo puedan estar apoyando.
Hay quienes aseveran que esto que hoy ocurre en Argentina puede tratarse de una de esas apariciones de monstruos de los que hablaba Antonio Gramsci; lo que tipificaba como resultado de transiciones de lo que fenece a algo nuevo que demora en perfilarse. También están los que coinciden en que este tipo de extrañas manifestaciones se dan debido a trastornos individuales y colectivos de carácter psicosocial. Los sonrojos de vergüenza asoman en muchos de nosotros cuando nos llegan a raudales expresiones de tal naturaleza, aunque también de pesar por esto que sucede en Argentina.
¿No es hora ya en que tirios y troyanos intenten, dentro de lo razonable y lo posible y del propio sentido común, sin renunciar a lo básico que marcan nuestras diferencias, comenzar a tender puentes en lugar de seguir levantando muros? A veces en situaciones cómo está, ¿no resulta más importante convencer en lugar de vencer?
Lo que está sucediendo no solo es inaudito sino pernicioso para la inmensa mayoría de un noble pueblo argentino deseoso de vivir en paz, luego de tantos años de violencia que ha dejado tantas heridas que aún no han del todo cerrado. Tal vez nos haga falta cierta pausa y mesura, en una reflexión nacional que nos acerque más a esa práctica de la democracia que mejor garantiza la convivencia en las diferencias y a esa anhelada paz social.
El respaldoal proceso electoral. Población, organizaciones e instituciones
Luego de la manifestación del sábado 2 de setiembre y de otras muestras de apoyo a los resultados electorales del 20 de agosto; así como de distintas muestras de rechazo hacia los corruptos, se puede decir que en lo que respecta al respaldo popular, el proceso para cumplir con lo que manda la Constitución Política, cuenta con apoyo suficiente.
Por otro lado, la camarilla corrupta “judicializadora”, no cuenta, o sólo contaría de manera parcial, con el apoyo de fuerzas internas como el Cacif; y por su parte, las fuerzas militares no dan muestras de apoyarlos.
Los representantes de los 48 Cantones mostraron su preocupación puesto que los procesos legales se están aplicando de forma ilegal y los que están haciendo esto es un pequeño grupo y quieren tener la cooptación del Estado a través del congreso.
La organización Magisterio de Alta Verapaz en Resistencia, en el mismo sentido se está pronunciando en contra de “el pacto de corruptos”, contra el saqueo de Guatemala, en contra de obstaculizar y destruir la voluntad soberana del pueblo y a favor de la “incipiente y frágil” democracia que el pueblo está ejerciendo.
La organización Unidos por la Democracia, se pronunció también en defensa de la democracia y los principios constitucionales, ante las arbitrariedades y violaciones cometidas por juez y fiscales.
Por otro lado, lo que expresó el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa, va en el sentido de afirmar que en la democracia, las elecciones se debe respetar, y, por lo tanto, el gobierno electo asume la representación de la soberanía del país, que le fue delegada por el pueblo de Guatemala.
En ese sentido, las interferencias a este proceso desdicen de la democracia y hacen preguntarse sobre el carácter y la voluntad democrática de entidades y funcionarios que actúan intentando encharcar el proceso electoral, por medio de actividades que no parecen legítimas ni democráticas.
Las voces del Movimiento Semilla se pronuncian y gestionan lo correspondiente.
Por su lado, también hacen lo mismo otros actores, organizando manifestaciones de protesta frente a distintas instituciones como el Ministerio Público.
Las redes sociales han jugado un papel primordial en la circulación de información. La fiscal Consuelo Porras en un intento de criminalizarlas, solicitó un amparo que le fue rechazado.
Por estos medios, en las últimas horas, ha circulado información atribuida a la periodista Berta Mendoza, referida a que el juez Fredy Orellana habría recibido 22 millones de quetzales, por hacer su parte en la tarea de persecución en contra de Semilla.
El respaldo internacional
Si vemos lo mostrado en instancias internacionales, tanto europeas como interamericanas, dicho proceso también cuenta con ese apoyo.
La Unión Europea
El representante de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y diputado del Parlamento Europeo Jordy Cañas manifestó su mensaje en cuanto a que las lecciones y el proceso electoral, muestran el profundo compromiso de la población guatemalteca con la democracia y con el sistema electoral.
En cambio, las amenazas que han envuelto el proceso electoral lo han puesto en riesgo; y se debe respetar la democracia y sus procesos y en ese sentido los resultados electorales.
En el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos
La Secretaria Ejecutiva de la CIDH, mostró su preocupación en ese mismo sentido, pues el 28 de agosto, el TSE oficializó el resultado electoral del 20 y ese mismo día el registro de ciudadanos suspendió la inscripción del partido Semilla, en cumplimiento de una orden del juzgado sétimo de primera instancia penal, en el marco de una investigación de la fiscalía especial contra la corrupción. Lo que contravendría, primero, la decisión de la Corte Constitucionalidad; segundo, tendría por finalidad impedir la toma de posesión de la presidencia y la vicepresidencia, por parte de los integrantes del partido electo y para otros cargos públicos; y tercero, esta decisión habría sido ordenada sin cumplir con las causales y el proceso de la ley electoral y los partidos políticos, lo cual constituye una sanción arbitraria y desproporcionada que restringe la libertad de asociación y derechos políticos y socaba el estado de derecho; derivado esto, desde la instrumentalización del derecho y la falta de independencia del Ministerio Público.
A su vez, el jefe de la misión electoral de la OEA, Heladio Loizaga, expresó su reconocimiento a la población guatemalteca, respaldó la actuación del Tribunal Supremo Electoral, a las juntas receptoras de votos; en un contexto marcado por la extrema judicialización, la desinformación, la polarización y las amenazas a la institucionalidad electoral, incluso por otros órganos del Estado.
La embajadora de Costa rica, Alejandra Solano, mostró su preocupación también por la excesiva judicialización del proceso electoral en Guatemala, la que ha producido una grave polarización.
Así mismo, expresó su preocupación sobre que ésta y otras acciones legales estén generando inseguridad jurídica y atentando contra la integridad del voto soberano emitido en las urnas.
Las relaciones con Estados Unidos
Como potencia continental y mundial, este país no respalda a la camarilla corrupta, como queda visto de acuerdo con la “Lista Engel”.
Como se sabe, esta Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, aprobada en el 2020, busca frenar la corrupción, en los países de esta subregión centroamericana, para incidir lo que ésta pueda causar en la migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos.
La “Lista Engel”, tiene entre sus propósitos, sancionar a personajes de la vida pública involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
El secretario de estado Antony Blinken, envió al Congreso de EE. UU. dos listas en las que se incluye a la fiscal general Consuelo Porras y al secretario general del ministerio público Ángel Pineda.
Claridad sobre el estado de cosas
Si vemos la información, ésta a la vez que comporta el apoyo al proceso democrático, comporta también el rechazo y límite a sus obstáculos. Las cosas están dadas de tal manera, que no se puede el uno sin el otro.
El peso y el sentido de los factores están puestos y sin equívocos indican un camino.
La camarilla de la corrupción está acorralada y en solitario. Muestra vergonzosa de eso es que el secretario general de la OEA supervisará la transición de gobierno.
Por parte de la población hay claridad sobre que son pocos, y son “un grupito”
El vehículo es Semilla, el camino es hacia la democracia, el protagonista es el pueblo
La semilla fue sembrada y está germinando. La unión de esfuerzos constituye insumos para que crezca robusta.
Derrotar y salir adelante de todos los traspiés y trampas leguleyas, se constituyen en logros desde ya, y día a día consolidan el proceso con miras a asumir el 14 de enero con fortaleza y rostro de dignidad.
El pueblo es el que ya está en camino. El gobierno informal adquiere fuerza desde las calles con los ojos, oídos, manos y pulmones la población y sus expresiones.
La batalla en el organismo legislativo
Derrotar también las trampas en el interior del congreso, es una tarea que se impone.
Este organismo del Estado tiene leyes y reglamentos internos, que regulan su funcionamiento y el de sus órganos, presidencia, secretarías, comisiones. Es necesario conocer estas regulaciones y exigir su manejo según mandato.
Ya ha sido señalado por integrantes de este organismo, los manejos impropios por su Junta Directiva, ignorando iniciativas de ley o manejando a su conveniencia el uso de la palabra; cometiendo ilegalidades y arbitrariedades, por ejemplo, al “saltarse” la Ley electoral y de Partidos Políticos, siendo ésta una ley constitucional.
Este tipo de maniobras, entre otros propósitos, busca aislar al presidente de los diputados de su partido y en este sentido, reducir al mínimo su capacidad de gestión y su respaldo; evitar que éstos conformen una bancada, con lo que esto conlleva y entorpecer su desempeño en general en el organismo legislativo.
Poder real y poder formal
En esta “nueva primavera democrática”, es consustancial tener claros los alcances que el pueblo pueda lograr en el poder real y en el poder formal.
Por lo pronto, en el ámbito del poder formal, los logros se están alcanzando.
En el ámbito del poder real, es necesario un diálogo franco con los actores locales, así como con Estados Unidos, como se dijo arriba, como potencia continental y mundial.
El 25 de junio, se celebró lo que sería la primera vuelta de una contienda electoral, cuyos resultados sorprendieron a algunos y la segunda no hizo más que confirmarlos.
El Partido Semilla pasó a la segunda vuelta junto con el partido UNE. Esto es lo que no se esperaban: que el partido Semilla pasara a la segunda vuelta y el temor que empezó a cundir en algunos personajes de la política acerca de que Semilla pudiera ganarla para alcanzar la presidencia, como en efecto sucedió.
Luego de esta ronda electoral del 25 de junio, maniobras empezaron a rondar para que no se celebrara la segunda vuelta del 20 de agosto, envueltas en una especie de “mal agüero” en cuanto a que Sandra Torres de nuevo iba a perder la segunda ronda y quedarse a las puertas del solio presidencial.
Porras, Orellana, Curruchiche, Monterroso, empezaron con las sonaderas de tuzas. Antes del 20 de agosto habían hecho manifestaciones al respecto y después del 20, empezó el ruidero.
La dignidad ciudadana, la decisión de que se respeten los resultados electorales, ponerle un puntal a la democracia, vislumbrar y hacer lo consecuente para ponerle fin a tantos años de abuso, corrupción y otras lacras, también se están haciendo presentes, creciendo y ganando apoyo.
¿Quiénes son los que lo están generando?
Los cuatro mencionados arriba, son personajes cuestionados, de muy poca solvencia moral (¿cómo es que están en esos cargos; cómo es posible que se les permita hacer tanto daño a ellos y quienes están detrás de ellos; confesión de qué es esto, o muestra de qué hieles impuras que deben ser vomitadas, por los mismos caminos por los que llegaron; no debieran ir a la cárcel?).
La indignación nacional, la información nacional e internacional, la disposición y el coraje de la población valiente, así lo demuestra. Tanta gente no puede estar equivocada.
El logro inmediato por conseguir
Hay tantas injusticias y asuntos por corregir, pero creo que, en estos momentos el propósito y el principal punto en la mira es que Semilla asuma el 14 de enero.
El menú de marrullerías que sacarán los corruptos es amplio: distracciones, intentos de desviaciones del rumbo de la lucha, “cascaras de plátano”, provocadores, infiltrados, “sembradores” (personas a las que se les asigna la labor de “sembrar”, poner pruebas que luego los inculpen, en bolsos o mochilas de asistentes a manifestaciones, que llevan de manera incauta o descuidada, regularmente en la espalda).
Ojalá que no suceda, pero las acciones violentas, producto de la desesperación y la irresponsabilidad, también pueden estar a la mano.
Detener la injusticia, la corrupción, el atrevimiento, la falta de razón e inteligencia
La voz del devenir de la historia de los pueblos, la claridad que alumbra el camino, asiste las justas demandas.
Con la Constitución en la mano y en el pecho, se marca el camino.
La máxima ley está del lado de la decisión tomada para hacer respetar la voluntad expresada el 20 de agosto.
Investidos de lo que manda la Carta Magna y con esa base, la lucha seguirá su justo camino y alcanzará su cometido.
Debe hacerse sentir a estos corruptos, que ninguna persona, cargo, instancia u organismo está por encima de la Constitución. Es imperante hacer que se cumpla.
Una fuerte presión a quienes tienen esto entre sus obligaciones irrenunciables debe ejercerse de inmediato. Corte de Constitucionalidad, otros organismos de vigilancia, organismos electorales.
La demostración enérgica, firme, sin desmayo y con buena mira, en los escenarios estudiados y decididos, es otro elemento, en el plano nacional.
Aquí también es necesario hacer un estudio y balance de fuerzas y actores que las representan, con miras a una articulación de intereses, para mover las energías a favor.
Los corruptos ya están haciendo lo suyo.
En el plano internacional, también se hace imperante este ejercicio y movimiento, articulando Estados, organismos, actores privados, también con miras a una articulación de intereses.
Aquí también, los corruptos ya están haciendo lo suyo.
Es importante tener siempre presente que se negocia con base en intereses, para encontrar los intereses comunes y no con base en posiciones: las posiciones distancian, confrontan, separan. Los intereses articulan fuerzas para la consecución de lo planteado.
Información contra desinformación
Este es otro campo de lucha, en el que se dirime, se maneja y se dirige los factores: de emisores a receptores, mensajes claros y atinados, deben estar en el ir y venir.
Los corruptos siempre tratarán de causar confusión, desarticulación, división, desmovilización, desánimo entre los receptores de sus mensajes: la población en lucha. Para eso cuentan con el aparataje necesario. Mentiras y verdades a medias, es parte de su repertorio.
A la población y su organización, la asiste la convicción y la justicia de su causa; la creatividad la sabiduría ancestral, de conciencia; el ingenio. Mientras que a los corruptos los acompaña la flacidez de su falacia.
En esta lucha, no conviene darle paso a mentes calenturientas, o alborotadores; ni esperpentos que asusten, ni consignas fuera de lugar.
Sólo ganancia, bienestar, alegrías generales aporta al panorama, la población mayoritaria. Entusiasmo, organización, energías para el logro, son los ingredientes que mueven el camino de lo que está por conseguirse.
Ni “golpe de Estado” ni “Golpe de Estado Técnico”. Guerra política por la vía judicial. ¿En qué están incurriendo los portadores de la corrupción?
Con el ánimo de aclarar y no de caer en discusiones bizantinas, que ni siquiera llegan a ser “teóricas”, pues el momento no es para eso, el intento marrullero que se quiere concretar desde el Ministerio Público, no es un “Golpe de Estado” a lo “Clásico” se podría decir, ni un “Golpe Técnico”.
Se ha estado recurriendo a aplicar lo que con la expresión inglesa, se conoce como “Lawfare”.
El “Golpe de Estado”, es la acción por la que un grupo de personas confabula, planifica y ejecuta la toma del gobierno de un país, implica su relevo. Regularmente con violencia y generalmente, se involucra a militares del mismo gobierno. Es un acto que, ante el conocimiento público se concreta de manera rápida, con o sin resistencia y mediante el cual se releva al titular del ejecutivo y su equipo, de manera ilegal y por medios inconstitucionales.
Se puede citar el llevado a cabo contra el general Efraín Ríos Montt, por el general Humberto Mejía Víctores, su ministro de Defensa. Tanto que cuando al general Mejía le preguntaron quién iba a ser su ministro de defensa, respondió, palabras más palabras menos, que él mismo, porque esos son los que dan “Golpe de Estado”.
El “Golpe técnico”, consiste en varias acciones ordenadas y confabuladas llevadas a cabo, para cambiar piezas clave, regularmente del ejecutivo (que no son producto de procesos electorales públicos establecidos), debido a no estar de acuerdo con el rumbo o visión de éste, sobre la marcha del estado de cosas, regularmente en lo económico o en lo político, por grupos con suficiente poder en estos ámbitos, para lograrlo.
Se hace dentro de lo que permite la constitucionalidad y la legalidad, sin violencia expresa o escandalosa. Es de manera larvada y sin causar conmoción.
Politización de la justicia, del orden jurídico, judicialización de la política. El “Lawfare”, es una guerra política por la vía judicial o jurídica, con fuerte apoyo de lo mediático en búsqueda de legitimación y justificación de aquello que se va a cometer; es la judicialización de la política, movida por intereses económicos, políticos, para concretar o impedir que se concrete un proceso con respaldo popular.
Implica acusaciones y la búsqueda y localización de pruebas; o incluso la “elaboración” de éstas, para llevar a cabo procesos judiciales. Busca lograr una condena para encarcelar e inhabilitar a personajes para el ejercicio de cargos públicos.
Para considerar, en América Latina se puede traer a colación los casos de Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; Pedro Castillo en Perú; Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales en Bolivia.
Se confabula instancias del aparato del Estado en funciones, con intereses de sectores fuera de éste e incluso de fuera del país. El asunto es que debe ser por la vía de lo judicial establecido.
Se utiliza, precisamente para no tener que recurrir a acciones como el “Golpe de Estado”, y actuar desde lo legalmente permitido, pretendiendo no violentar el orden.
Una característica de los casos mencionados y de lo que está tratando de llevarse a cabo, es que es un proceso impulsado por sectores corruptos con sus respectivos apoyos, contra opciones con respaldo popular. Se difama, desacredita, deslegitima, se acusa, como parte de la preparación de lo que se va a consumar.
A los corruptos que están empeñados en este despropósito, debe hacérseles que vean bien claro, en lo que están incurriendo: rebeldía institucional, desobediencia institucional, desacato, insubordinación, subversión del orden constitucional, del orden público, de la paz social, traición a la patria. Se les debe hacer ver también, sus consecuencias.
¿Con qué es con lo que según ellos cuentan para cometer este adefesio, este pretendido intento de “golpe de timón” inconstitucional, y maniobras en el río revuelto del manejo retorcido de las leyes?
Confían en el engaño con el que pretenden encubrir su maniobra; en la prepotencia que da la impunidad ejercida por años. Confían en que los pretendidos engañados, ignoran y carecen de conocimiento y manejo de las circunstancias.
Los acompaña también el egoísmo, el antipatriotismo, la mezquindad, la bajeza, ir en contra de la historia, de la soberanía (palabra que en boca de Curruchiche se oye muy mal, burda y falaz, fuera de lugar, como recurso de mañoso, como argumento retorcido, como entonación de tango en música bolero).
La lucha está planteada. Es una gesta, lo que está por suceder.
El presente proceso electoral en el Ecuador ha tenido condiciones inéditas desde su origen, por la aplicación de la “muerte cruzada” decretada por Lasso para evitar una segura destitución resuelta en la Asamblea Nacional. El desprestigio del gobierno y de la Asamblea, que en ningún caso superaron el 16% de aceptación, se expresó en la falta de oposición social de la medida, sin poner ninguna esperanza en ella y más bien como una profundización de la crisis política. Trajo también la realización de una campaña electoral en un tiempo extremadamente corto, lo que daba ventaja a las chequeras y a las estructuras políticas más mencionadas en los medios de comunicación.
La agudización de la violencia criminal, que cada vez está más cerca del ecuatoriano común, se presentaba, por primera vez, como el tema central en las preocupaciones de la gente de los distintos estratos sociales, principalmente en los barrios más pobres y abandonados. Esto cambió buena parte de los debates a nivel social, aunque las consultas populares vinculadas al freno al extractivismo, trajeron otro tipo de disputas ideológicas y políticas.
El infame asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia y conocido por su accionar en torno a denuncias sobre casos de corrupción, sacudió el ambiente electoral en sus últimos días, en una manera que al inicio no estaba clara, pero que no ha tenido antecedentes en procesos anteriores. Sin embargo, presentó el peligro de que Ecuador concluya su camino a convertirse en un “narco-Estado”. El alto número de asesinatos de funcionarios, las amenazas y sobre todo compra de jueces, masacres en cárceles dominadas por los reos, asesinato de líderes y autoridades locales, la denuncia del embajador norteamericano que interviniendo en nuestra política ratificaba la existencia de narco-generales que no han sido sancionados, son parte de la crisis que se agudizó con el asesinato de Villavicencio.
El escenario era propicio para que las elecciones sirvan como expresión del descontento social, tanto por la decepción en el gobierno y la Asamblea cuanto, por las perspectivas de futuro, buscando una salida, aunque sin saber bien dónde. Por ello buena parte de los votos fueron en búsqueda de lo “nuevo”, pero sin análisis profundo y menos aún de clase.
Algo sobre los resultados
Los resultados hasta cerca de la media noche, con la mayoría de las actas procesadas superando al 90% en las presidenciales, ratificaron tendencias que prácticamente ya estaban presentes desde el inicio del conteo. Pero también trajeron novedades. Primero, que la diferenciación de candidaturas y programas no fue determinante, llevando a la gente a buscar lo nuevo, sin ubicar de que se trataba y por ello apoyar a candidaturas como la de Daniel Noboa (que pasa a la segunda vuelta con el 23,78%), oligarca que fue asambleísta pero era desconocido por la población o Jan Topic, empresario que se promocionó como mercenario capaz de enfrentar la inseguridad, pero que finalmente llegó al 14,65%. Simultáneamente se rechazó a los que se presentaban como continuadores de los dos últimos gobiernos, Moreno y Lasso, como es el caso de Sonnenholzner (7,1%) e incluso Villavicencio que aparecía cuarto o quinto en las encuestas de la mayor parte de la campaña.
Por otra parte, como no se esperaba de acuerdo con las experiencias pasadas, esta vez el debate fue importante. Las condiciones posteriores al asesinato de Villavicencio generaron mayor expectativa y, más allá de haber sido observado por alrededor de la mitad de los electores, se convirtió en tema de diálogo permanente. Esto benefició principalmente a Noboa que no fue atacado por sus competidores al considerarlo sin importancia. Y benefició momentáneamente a Topic con su insistencia de que era quien podía enfrentar a la delincuencia usando más y más violencia.
La sociedad ecuatoriana está en shock, especialmente pero no únicamente por el tema de la violencia y el crimen organizado y, como demostraría Naomi Klein, el shock permite que incluso se renuncie a derechos con tal de salir del hoyo. Eso explica que se generalice el pedido de mano dura y ese se convirtió en discurso generalizado que utilizó Topic, quien tuvo el apoyo del Partido Social Cristian, partido tradicional de la extrema derecha que está en declive. El espacio de ese partido será posiblemente llenado por estos nuevos representantes de las posiciones reaccionarias, pero con mayor habilidad en su discurso y en las formas publicitarias para llegar especialmente a la juventud, como se vio en esta candidatura.
En el caso del correísmo, se ratifica con un 33,24% de los votos que tiene la estructura más votada, como sucedió en este mismo año en las elecciones de alcaldes y prefecturas, desde donde supieron hacer también la nueva campaña (por ejemplo, en Quito el alcalde señalaba que su candidata garantizaba la segunda fase del metro que aún no está en operación). Tienen la mayor votación a pesar de errores de campaña o de que la persecución que realizaron contra Villavicencio generó en ciertos sectores dudas sobre su interés en la muerte del rival. Sin embargo, la imagen autoritaria y su carácter nacional superó que la candidata Luisa González repitiera una y otra vez su ofrecimiento de retornar al pasado, de hacer lo que ya hicieron, como si las circunstancias no hubiesen cambiado. Su discurso ya ni menciona el llamado “socialismo siglo xxi”, pero mantiene un discurso que pega en sectores importantes de la población de las distintas regiones.
En cuanto a quienes apoyaban a Fernando Villavicencio, les correspondió en pocos días y prácticamente sin que se les permita hacer campaña, presentar un nuevo candidato. Se trata del también comunicador Christian Zurita que no solo insistió en las propuestas de su antecesor (cuya foto obligatoriamente iba en la papeleta), sino que igualmente se presentaba como otro outsider que no tenía responsabilidad con anteriores gobiernos. En su conjunto, la solidaridad popular, la buena imagen del nuevo candidato y los votos previamente obtenidos anteriormente, le permitió sumar un 16,49% alcanzando la tercera posición.
La otra sorpresa fue el descenso en la votación de Yaku Pérez, quien representó a una alianza de fuerzas de izquierda y centro izquierda (Unidad Popular, Partido Socialista, Somos Agua, Democracia Sí y un sector de Pachakutik). La no integración de listas conjuntas con Pachakutik y la negativa de la dirección nacional de la Conaie para apoyar a esta candidatura, afectaron a la votación de las dos fuerzas en varias provincias. Si bien por buena parte de la campaña estaba en una posición expectante, siempre con la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, los cambios provocados por el asesinato a Villavicencio o ser visto por algunos como insuficientemente determinado contra la delincuencia tras el debate, le afectaron al grado de terminar con un 3,92% de los votos.
Por último, los resultados y la campaña demostraron que en esta primera vuelta fue menos notoria e importante aquella fragmentación entre correistas y anticorreistas. Para la mayoría de electores y sobre todo para los más jóvenes, no fue el tema central como algunos lo quisieron ubicar. Esto, en parte, por la dispersión de fuerzas y, por otro lado, por las nuevas temáticas que se presentaron.
La importancia de las consultas populares
Junto a la votación presidencial y de asambleístas se realizaron dos consultas populares que surgieron de la iniciativa popular y que tendrán importancia continental. La primera, de carácter nacional, para definir si el crudo del bloque 43 o ITT, ubicado en parque nacional Yasuni y junto a la zona de vida de dos pueblos en aislamiento voluntario. Esta consulta debió haberse dado cuando ya se tuvo las firmas necesarias de apoyo, pero fue ilegalmente impedida por el correísmo, luego que Rafael Correa renunciara a ese proyecto de protección humana y de la naturaleza que había acogido de la sociedad civil y ofrecido al mundo. Ahora, se suspende la explotación y en el plazo de un año la petrolera estatal debe salir de la zona.
La segunda, válida para el Distrito Metropolitano de Quito, consultaba para impedir la minería metálica en cualquier escala y así proteger los ecosistemas únicos del Chocó Andino y sus habitantes. La minería ha sido bandera de los tres últimos gobiernos y ha tenido un importante impulso al tiempo que confronta a las poblaciones que observan la destrucción de las condiciones de vida de las próximas generaciones.
En ambos casos, el extractivismo fue derrotado de manera determinante. El término, su significado y las consecuencias en destrucción ambiental y acumulación de la riqueza en pocas manos, han sido debatidos por importantes sectores, especialmente la juventud. La falaz pero millonaria campaña de compañías nacionales y transnacionales que contó con el apoyo de ministros y el Banco Central, fue derrotada por las organizaciones sociales que impulsaron las consultas, la izquierda y por la mayoría de la población. En el caso de la consulta sobre el Yasuní el Sí logró alrededor del 60% de la votación y, en el caso del Chocó Andino el Sí obtuvo alrededor de 68%.
La derecha política y económica fueron derrotadas pero un aspecto que se evidencia es que, a pesar de ello, las mismas poblaciones que votaron por el sí de manera simultánea dieron su voto por quienes impulsan esos proyectos extractivos. Por el contrario, no dieron un apoyo mayoritario al único candidato que en su historia se ha mostrado defensor del agua y la naturaleza, como es el caso de Yaku Pérez.
Esta contradicción demuestra la necesidad de un mayor debate sobre el tipo de desarrollo que debe impulsar el Ecuador y de dónde saldrán las fuerzas y representantes que pueden impulsarlo si se quiere fomentar la justicia social, la equidad y la vivencia de los derechos humanos y de la naturaleza.
Con miras a la segunda vuelta
El correísmo tiene una base electoral con la que puede contar, con presencia en los principales distritos electorales y tendrá sin duda el bloque parlamentario más grande, aunque difícilmente mayoritario. Esto le favorece, pero es sabido que tiene un techo de posible crecimiento y que difícilmente puede lograr la mitad más uno de los votos. Desde dónde puede lograr nuevos votos es fundamentalmente de los votos de la derecha socialcristiana, con la que en otras ocasiones ha sido capaz de establecer acuerdos. Las otras expresiones de derecha más posiblemente apoyen a Noboa y en cuanto a buena parte de sectores populares que tenían candidaturas propias, no olvidan la persecución vivida en un gobierno que puso juicio por “terrorismo” a más de 200 dirigentes populares y a ninguno de la oligarquía.
En cuanto a Noboa, se muestra con más posibilidades de crecer. Tendrá el apoyo de buena parte de electores de otras candidaturas, con excepción de los de Yaku Pérez, así como de una presencia importante en la Asamblea con candidatos de su partido y de otras expresiones reaccionarias. Es temprano para saber si eso será suficiente para lograr la presidencia.
Por otra parte, al igual que en la elección pasada, se puede presentar un crecimiento del voto nulo pero en menor proporción que en 2021. De todas maneras, su peso será importante para el conteo final de apoyos para definir el resultado electoral.
La disputa entre las dos candidaturas finalistas por los votos apenas comienza a dibujarse. Sin embargo, lo que viene tras esta primera vuelta y las consultas populares para muchos sectores organizados, una vez más, es sostener los anhelos de ecuatorianas y ecuatorianos, llevando a los pueblos a realizar un debate que supere lo coyuntural, que plantee las posibilidades de futuro del Ecuador y las nuevas batallas que tendrán que dar los explotados para dar un giro a la historia. Como ya sabemos por la experiencia social, un proceso electoral no es el comienzo ni el fin, sino solo un momento en las batallas que confrontan a las clases sociales. Aunque venga un gobierno de año y medio, combinado con la nueva campaña electoral, los cantos por concertación siempre serán pedidos para que los de abajo se pongan bajo las órdenes de los que domina. ¿Se tendrá ahora ese debate en los escenarios de trabajo, vivienda y estudio?
* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
