Ir al contenido principal

Etiqueta: proceso electoral

¿Choreco, una trama montada?

Vladimir de la Cruz

El ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves fue una sorpresa. En principio casi nadie podía asegurar que él fuera a ganar las elecciones. Pero, las ganó. Con un partido político prematuro logró imponerse. Lo que triunfó fue la necesidad del cambio, tesis que ha venido afirmándose desde las elecciones del 2014. Inició con el cambio al bipartidismo tradicional, de gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, partidos políticos que desde 1951 se habían venido alternando el gobierno del Poder Ejecutivo. Los grupos que se reunieron en la Unidad Social Cristiana, a partir de 1983, habían cogobernado en 1958, 1966 y 1978, con coaliciones políticas antiliberacionistas.

La corrupción que se había venido desarrollando en el ejercicio del gobierno de las instituciones del Estado, escándalos asociados a esos actos, personajes espurios que se asociaron a gobiernos, a presidentes y a partidos políticos, incumplimientos de promesas electorales, incumplimientos gubernamentales, insatisfacciones sociales de diverso tipo, deterioro sentido del Estado Social de Derecho, disminución en la capacidad de consumo de los habitantes, de sus ingresos y salarios, además de congelación tácita de los mismos desde los últimos cuatro años, crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, del desempleo, la decepción de los electores y de los ciudadanos en general con el ambiente político nacional, ataques sistemáticos que se venían realizando contra los partidos políticos, contra los políticos, contra la misma democracia como sistema político, venían minando los escenarios electorales, que tuvieron como campo la necesidad del cambio político, partidario y gubernamental.

Así sucedió en la elección nacional del 2014, cuando los partidos Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana quedaron fuera del gobierno. Sus primeras fisuras habían sido en el 2002 en que iniciaron las segundas rondas electorales, por no alcanzarse el 40% de los votos para elegir en primera ronda.

La elección del 2014 todavía mantuvo a Liberación Nacional como partido finalista en la segunda ronda. La del 2018 sacó del juego a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. La del 2022 permitió que Liberación Nacional llegara a la final, de primero en febrero, y de segundo en abril, originando al actual gobierno de Rodrigo Chaves, un improvisado en toda la línea, quien evidentemente no tenía clara la función que asumiría ni la ruta de trabajo que le exigía.

Su discurso electoral contra el bipartidismo y la corrupción pública ligada a los partidos gobernantes tradicionales logró imponerse, contra un partido Liberación Nacional que no pudo defender el impacto político y social trascedente de su paso por la vida institucional del país, desde 1948, desde la Junta de Gobierno, y a partir de 1951, cuando ya estaba constituido el partido Liberación Nacional, había logrado para el país, la población, los trabajadores, los distintos sectores productivos, y para el desarrollo de las clases medias.

Los escándalos asociados a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de principios de siglo, contribuyeron al interior de estos partidos a debilitarlos, a golpear a sus líderes históricos y a improvisar nuevos liderazgos, carentes del bagaje político, doctrinario e ideológico que inspiró a esos partidos. La crisis interna de estos partidos condujo a la debilidad de sus organismos dirigentes, a la sustitución de ellos por las fracciones parlamentarias, de paso muchas veces micro divididas, y al abandono de los escenarios públicos de sus presencias.

Junto a todo esto, con los Planes de Ajuste Estructural, desarrollados desde la década de 1980, los Tratados de Libre Comercio, a partir de la década de 1990, la desintegración del mundo socialista y la superación del escenario de la guerra fría, imponiendo un sistema internacional hegemonizado por Estados Unidos, marcaron una hoja de ruta nacional trazadas por las corrientes económicas llamadas neoliberales, anti estatistas, privatizadoras, de las cuales ningún partido gobernante ha podido salirse.

Los procesos electorales en la investigación post campañas electorales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, como siempre lo hace, descubrió irregularidades en partidos que llevaron a algunos de sus funcionarios y dirigentes a condenas y a la cárcel.

La legislación electoral y sus controles se mejoraron. Se fortaleció la democracia participativa electoral con la igualdad y paridad de género para la nominación de candidatos.

Rodrigo Chaves supo intuitivamente, o bien asesorado en las elecciones, atacar todos los males representados en esa imagen pública que el electorado arrastraba. El ángel exterminador, recordando la película de Buñuel, había aparecido en el ambiente político nacional. Rodrigo Chaves se presentó como el Dr. Mengele del campo de concentración costarricense que había que sanear. El público que no se sentía preso de ese campo, ni se sentía en un gueto, que estaba sufriendo las políticas de exterminación que se venían estableciendo, ciegamente le dio su apoyo.

Bíblicamente el ángel exterminador es el demonio que con capacidad demoledora inundó Egipto. El Presidente Chaves está inundando a Costa Rica, con sus actos, con sus escándalos, con su desconocimiento, con su práctica política gubernativa, en su enfrentamiento con los poderes del Estado, que él mismo dijo que podía dinamitar, con el descrédito que le imprime a sus miembros, a los legisladores, a los jueces y magistrados, a los partidos políticos y los diputados que le son adversos o críticos, por su enfrentamiento con periodistas y medios de comunicación que también le son críticos, y que por su obligación informativa evidencian escándalos del nuevo gobierno, que se presentaba como impoluto, sin mancha alguna, cuando el traje del gobierno y del presidente Chaves parece hoy el de un leopardo o de un jaguar, lleno de machas por todo lado.

Los últimos escándalos parecen una película de terror. La Casa de Gobierno, la Casa Presidencial de Zapote, hoy parece más una Casa de Sustos, oscura, sin transparencia de ningún tipo, opacada, llena de desconfianzas administrativas, laborales y de tensas relaciones sociales, cuando el propio Presidente dio órdenes a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, de mantener intervenidas las comunicaciones telefónicas de sus ministros, y posiblemente de otros funcionarios públicos, especialmente de los directores de instituciones por él nombrados; de cualquier funcionario público. El presidente consideraba que había fuga de información de lo que él hablaba.

Respecto a los funcionarios de su entorno el Presidente les manifestó que los tenía vigilados, con chanchito y un perrito que olían si había drogas o desviaciones, amenazándolos de que con él no se jugaba, porque los decapitaba. En toda esta política se procuraba no dejar rastro.

Los funcionarios de la DIS revisaron los teléfonos, de “todo el mundo”, con aparatos especiales, de todos los que estaban en ese momento, violándolos en su intimidad y confianza.

Es claro, por lo que se ha dicho, que la DIS hizo esas intervenciones, y que posiblemente mantiene otras, que no se han señalado públicamente, especialmente de quienes critican y se oponen al Demonio de Zapote, al Ángel de la Muerte que está inundando el país, que está ahogando a la ciudadanía y al pueblo costarricense.

El papel inconstitucional de la DIS, que le dio el Presidente, la Asamblea Legislativa debe investigarlo. ¿A cuántas personas más el Presidente ordenó intervenir?

Hay diversos escándalos que hieden en Zapote. Uno de ellos, el manejo de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, por el cual se adjudicó un contrato por $300.000 dólares, para servicios de comunicación, que en todo su trámite se actuó dolosamente para favorecer un adjudicatario de dicha contratación, parte de una donación de $1.000.000 que se le daba al Presidente, para su primer año de labores. El Presidente integró un grupo Patricia Navarro, su primera Ministra de Comunicación, Jorge Rodríguez, su Jefe de Despacho y actual Ministro de Comunicación, Christian Bulgarelli, empresario comunicacional beneficiado, Federico Cruz, conocido como Choreco, asesor de imagen y táctica presidencial, Armando Gómez, Director de Prensa de la Presidencia. El mismo presidente quería revisar las pautas publicitarias.

En las acciones políticas que siguieron, otros funcionarios de la Presidencia, como Alexander Castilla y Hazel Mora, participaron porque les tomaban en cuenta.

Federico Cruz, Choreco, es también el Presidente del Partido Aquí Manda Costa Rica, que ha querido inscribirse y participar en las próximas elecciones municipales.

Como parte de este trabajo se trazó una estrategia, desde el inicio del gobierno, hace 18 meses, de controlar los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas. También se giraron instrucciones para eliminar medios de comunicación de esas partidas. A pesar de que al inicio de la Administración Chaves se consideró que el SINART no servía para nada en el manejo de estas contrataciones, a finales de año se ordenó a las instituciones descentralizadas firmar contratos con el SINART, en la acción política que el Presidente llamó de democratizar la pauta publicitaria, que no ha servido para nada si se aprecia la cantidad de pequeños medios informativos y comunicacionales que se han visto obligados a cerrar.

La democratización consistía en contratar a quien hablara bien del Presidente y del Gobierno, y en torcer de esa manera el brazo a los periodistas y a los medios informativos. Algunos funcionarios que recibieron la orden señalaron que sintieron una pistola en la cabeza si no procedían como se instruía desde Zapote.

La Ministra Navarro debido al mal olor que le generaba la iniciativa decidió grabar las conversaciones asociadas, que finalmente las hizo públicas, con toda la legalidad de su lado, que han evidenciado un negociazo, la “torta”, como la refirió el diputado Francisco Nicolás.

En todo este enredo, que se ha ido tejiendo en Zapote, y a la vez desenredando, emergió como la figura de fondo, Federico Cruz, el famoso Choreco, a quien han convertido en el chivo expiatorio, en el personaje de toda esta trama, a la que se le tratan de hacer recaer todas las culpas, que en parte le pueden ser ajenas, para eximir a los verdaderos culpables, que siguen allí en Zapote.

Para mí, el ascenso de Choreco, así llamado en todos los ámbitos, rebajándole su “personalidad”, en su trato presidencial, familiar y público, a un apodo, a un sobrenombre, casi delincuencial, ha sido para provocar un elemento distractor del principal artífice de toda esta historieta, el mismo Presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Choreco ha sido el asesor presidencial con más fuerza, con más peso, de mayor confianza; al extremo que él mismo se ha prestado para este montaje distractor, más allá de lo que haya manifestado de verdad, de despiste, de entretenimiento o de diversión política; de haberse convertido en la figura pública más importante, en estos últimos días, de los escándalos que giran alrededor de Zapote.

La confianza extrema está comprendida en el acercamiento laboral que tenía con el Presidente, que le tenía oficina en el mismo edificio de Zapote, independientemente de si se le pagaba o no, si se le habían cubierto los pagos de la campaña electoral del 2022, si se le habían dado bonos electorales o no, de si recibió de apoyo al asesor argentino José Norte. De alguna entrada económica ha de vivir el Choreco. En esto no ha de estar chorequeado.

La confianza se enriquecía por el papel electoral que Choreco ha tenido en la estructura político electoral que, desde Zapote, se ha trazado con la inscripción de varios partidos políticos, para las elecciones municipales, con funcionarios de Zapote trabajando directamente en ellos.

Mientras dure el escándalo alrededor de Choreco ha sido relevado de Comité Editorial del Presidente, que lo integran también el Ministro de Comunicación, la Ministra de la Presidencia y la diputada, experta en enseñar a mentir a los miembros del Consejo de Gobierno, Pilar Cisneros.

Con Choreco se han puesto en evidencia dineros y ayudas en especie, como una casa en el Barrio Roosevelt, para la campaña electoral del 2022, no reportados al Tribunal Supremo de Elecciones.

La presencia, de Choreco, en estas dimensiones electorales, ha dejado ver que en la campaña electoral del 2022 hubo organismos paralelos, que podían manejar aspectos estratégicos de propaganda y agitación; posiblemente de manejo de recursos, como en meses anteriores se ha tratado ante la opinión pública y de los llamados “servicios de la mano izquierda”.

De este asunto, Choreco se ha presentado como un mecenas político de Chaves, es decir como alguien poderoso que brindó su apoyo, su trabajo, su influencia para el triunfo de Rodrigo Chaves. Los mecenas clásicos ponían parte de su dinero para impulsar los proyectos que querían apoyar. ¿Le dio plata Choreco a Rodrigo Chaves? ¿Se la dio al Partido y no la reportaron? En la antigüedad los mecenas recibían beneficios de su “inversión”, no solo la satisfacción de haber contribuido a ver el resultado de su creación, en este caso política.

En la Asamblea Legislativa, en las indagatorias que se han iniciado, llevando funcionarios públicos asociados al Presidente, los partidos Liberal Progresista de Eli Feinzaig, y el Nueva República, de Fabricio Alvarado, se han puesto en el cabús presidencial, en el último carro del tren zapoteño, acuerpando, como escuderos parlamentarios adicionales, a los diputados oficiales, al Presidente y tratando de reducir o minimizar los impactos de las investigaciones parlamentarias.

Los involucrados en todo este escándalo e investigación parlamentaria deben ser investigados por el Ministerio Publico. No es un problema de renuncias o apartarlos de sus funciones. Es un problema de ética en la función pública. Puede ser un problema que linde lo penal por el mal ejercicio de esta función. Es un problema de Ética y de Decencia pública.

Rodrigo Chaves se suma a la crítica que él hizo del sistema político, de escándalos de corrupción, de desigualdades sociales que han crecido en su gobierno, de resentimientos sociales mayores.

Sus posiciones populistas se le reducen en su territorio. Sus sentimientos y desplantes autoritarios le crecen. Sus descomedidas continúan. Su instinto desbocado se ha acentuado. Cada vez más se acostumbra a decir palabras indecentes, ofensivas y desvergonzadas.

No es Choreco el florero ni el centro de la mesa, ni es el muerto del funeral. Es el presidente Rodrigo Chaves al que hay que investigar a fondo. Si sigue así su gobierno va a ganar el título del más corrupto.

Lamentablemente para los costarricenses la Casa de Zapote hiede, despide malos olores.

PAC realiza cuarto pago por ₡100 millones al Estado

  • Se trata del cuarto pago a la deuda principal de un total de ₡639 millones que corresponden a un acuerdo suscrito con la Procuraduría General de la República.
  • Con este aporte la organización política alcanza un total cancelado de ₡352 millones quedando pendientes ₡287 millones.
  • “Agradecemos el respaldo de las y los militantes, cuyas donaciones han contribuido al pago de esta deuda. Este es un paso más hacia el cumplimiento total del compromiso financiero”, expresó el presidente del PAC.

San José. El Partido Acción Ciudadana (PAC) abonó este jueves 14 de diciembre ₡100 millones al Estado, como parte del cumplimiento del acuerdo de pago suscrito con la Procuraduría General de la República (PGR), para saldar la responsabilidad civil resarcitoria que se estableció en la campaña electoral del 2010.

Este es el cuarto pago de un total de ₡639 millones que la organización política se comprometió a cancelar en cinco tractos, –según el arreglo homologado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José–.

El presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Fabián Solano Fernández, detalló que de los ₡100 millones cancelados abonan tanto al principal como a sus intereses. “Con este pago, el partido abona el equivalente al saldo principal que era de ₡352 millones y queda pendiente de pagar ₡287 millones de colones, hemos cancelado ya un monto superior al 50% del total.”, dijo.

“Estamos comprometidos con nuestra responsabilidad hacia el Estado y la ciudadanía”, expresó Solano al tiempo que destacó el compromiso de la organización política de saldar la deuda establecida. “Agradecemos a nuestra militancia por su apoyo invaluable”.

Agregó que es gracias a su confianza y contribuciones que el Partido Acción Ciudadana está cumpliendo con esta obligación y que se seguirá trabajando “incansablemente” para honrar con el compromiso y mantener la transparencia en este proceso.

“El PAC reitera su compromiso con la legalidad, la ética y la responsabilidad, y ratifica su disposición de saldar su deuda con el Estado en el plazo establecido acatando lo definido por los Tribunales de Justicia y siendo respetuosos del Estado de Derecho”, concluyó el presidente del Partido Acción Ciudadana, Fabián Solano Fernández.

San José, jueves 14 de diciembre, 2023

Ver también sobre este tema: El PAC hace su cuarto pago de la deuda. Por Margarita Bolaños Arquín. https://wp.me/p6rfbZ-nOC

Guatemala: Caso “Toma de la USAC” profundiza judicialización del proceso electoral y la criminalización contra personas opositoras

Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.

Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.

El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.

Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.

El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.

Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.

FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)

La democracia solo se puede fortalecer con más participación ciudadana

José Luis Pacheco Murillo

Este 7 de noviembre celebramos el Día Nacional de la Democracia Costarricense para honrar a los costarricenses que salieron con armas a defender el proceso electoral de 1889. Cada 7 de noviembre se festeja este día por decreto número 18, desde 1942.

Además, el motivo de esta fecha es impulsar la celebración permanente de este día según el propósito del Instituto de Formación y Educación en Democracia (IFED), que es el instituto encargado de la promoción de la democracia.

La democracia es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad de poder están en el pueblo, por eso, cuando hablamos sobre democracia pensamos en el régimen político o en una forma de gobierno, pero sobre todo debemos saber que la democracia es un proyecto de vida que hemos construido en sociedad, y que debemos fortalecer continuamente, ya que los cambios que se producen en la sociedad hacen que ese proyecto requiera trabajo constante.

Hay quienes se han aprovechado de la democracia para engañar y defraudar, para servirse y no servir, para por un lado hablar de un proceso democrático y por otro irrumpen contra la voluntad popular e imponen a dedo y a fuerza a quien no representa a los electores.

Esos son los que van debilitando la democracia y poniéndola en peligro por intereses personalistas y mezquinos.

Dios quiera que el pueblo entienda la importancia de fortalecer la democracia y que ese fortalecimiento solo se puede lograr a través de la participación y más participación ciudadana. No hay otra forma más que la ciudadanía ejerza su rol y salga a votar y legitimar una elección. De otra forma el peligro de que el sistema democrático sufra menoscabo está latente y que podamos llegar a lo que otros países han llegado es posible si la indiferencia y la irresponsabilidad siguen presentes.

¡¡¡Viva la democracia, fortalezcámosla con nuestra participación!!!

Pronunciamiento continental de organizaciones de mujeres y lideresas por Guatemala

Nosotras, representantes de organizaciones y lideresas de Abya Yala, en esta fecha reivindicamos la Resistencia de los Pueblos Originarios, alzamos nuestras voces y expresamos nuestra preocupación por la situación crítica en Guatemala. Observamos con profunda preocupación el cierre de espacios democráticos y represalias sistemáticas contra las mujeres defensoras de derechos y sociedad civil provocadas por el gobierno del presidente Giamattei.

Estas represalias pretenden criminalizar a defensoras que demandan respeto a la voluntad del sesenta por ciento del electorado guatemalteco, expresada durante la segunda huelga del proceso electoral celebrado el día 20 de agosto del corriente y certificada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Por mencionar algunas: (1) Violación a la autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo en tela de juicio los resultados emitidos por dicha instancia. (2) Persecución al Partido Semilla e intento de eliminar su personería jurídica para evitar que ejerza el mandato del pueblo en su función presidencial. (3) El secuestro de las actas 4 y 8 y la manipulación de los votos, símbolo de la soberanía popular expresada en las urnas, mediante un quinto allanamiento realizado en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. (4) La constante violación de los derechos de las defensoras, muchas criminalizadas y otras que lograron escapar a través de asilo político en países extranjeros.

Ante estas acciones que han puesto en riesgo el estado de derecho democrático, las organizaciones de mujeres y ciudadanía organizada han recurrido a diferentes recursos legales y amparos ante las Cortes, sin obtener una respuesta apegada a derecho, las autoridades indígenas de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán exigen la renuncia de la fiscal general, del Fiscal a cargo de la FECI, y del juez que ordenó la legalidad a las acciones que violentan el proceso democrático.

Las organizaciones de mujeres, autoridades indígenas, madres y niñas, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, entidades religiosas, mercados populares, y miles de habitantes del campo y la ciudad continúan aumentado su presencia en las calles y carreteras, en las plazas, llegando a 180 puntos estratégicos, para demandar la renuncia de estos funcionarios y respeto a la decisión del pueblo durante el comicio electoral y a la democracia.

Hasta el momento, los mensajes emitidos tanto por el presidente de la República, la Fiscal General del Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, en lugar de apelar al diálogo social, amenazan con medidas represivas para detener las manifestaciones pacíficas como un derecho garantizado por la Constitución, que incluyen, provocaciones por grupos de choques infiltrados, la presencia de fuerzas especiales antimotines, el ejército y el sobrevuelo de helicópteros con armas en los territorios indígenas.

  • Ante el incremento de la violación de derechos humanos y políticos, las Mujeres del Continente comprometidas con los derechos y bienestar de las mujeres, niñas, sociedad guatemalteca y ciudadanía en general demandamos al presidente Alejandro Giamattei a:
  • Que actúe conforme a los principios democráticos, orden constitucional y verdadero agente conciliador de la República.
  • Solicite la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curucchiche, Cynthia Monterroso y del Juez Fredy Orellana; quienes, con actos contra la ley, han querido deslegitimar el proceso electoral.
  • Respetar la decisión de la ciudadanía a ejercer su derecho democrático a la protesta y movilización política.
  • Cese inmediato de la violencia contra las mujeres y personas que en su justo derecho disienten de las medidas antidemocráticas y represivas de su gobierno.
  • Suspender las prácticas que violentan los derechos humanos de las mujeres y personas que manifiestan y expresan respaldo a las legítimas protestas.
  • La liberación inmediata de las presas políticas, así como retorno y reparaciones para las guatemaltecas asiladas en el exterior.

Exhortamos a la comunidad internacional y gobernantes del Continente a continuar pronunciándose en favor de los valores y principios democráticos, de la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos cívico-políticos de la ciudadanía, y particularmente de las mujeres y niñas en Guatemala.

Octubre 12, 2023

www.latinasenpoder.org

Las autoridades de Guatemala deben respetar el derecho de manifestación

Las Américas, 11 de octubre de 2023. Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.

Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.

Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones. En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”. Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.

Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.

Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.

Suscriben

Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC.

La crisis de Guatemala requiere mayor acción internacional

Las Américas, 18 de septiembre de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes nuevamente rechazamos las actuaciones del Ministerio Público de Guatemala que buscan obstruir el proceso electoral que dio como ganadores a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos.

El 12 de septiembre, por cuarta ocasión, el Ministerio Público realizó allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó y registró el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y abrió cajas donde se encontraban boletas electorales, con lo cual violentó la cadena de custodia de los votos que había garantizado el TSE. Los magistrados y magistradas del TSE plantearon un amaro para tratar de frenar las diligencias del MP porque violan la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A pesar de las reiteradas muestras de preocupación expresadas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, diversos Estados y las manifestaciones ciudadanas, la fiscal general Consuelo Porras continúa abusando de su poder y extralimitándose en sus funciones, y sigue criminalizando y acosando al TSE y al partido Movimiento Semilla.

Por ello consideramos que, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, programada para hoy, se debe aplicar la Carta Democrática que, en su artículo 20, faculta a los países del hemisferio a realizar una apreciación de la situación y promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es importante recordar que, en la pasada sesión del Consejo Permanente del 1 de septiembre, el propio Estado de Guatemala reconoció que el Ministerio Público ha intimidado al TSE y al partido Movimiento Semilla, y no se han tomado acciones para detener esto.

La fiscal general Consuelo Porras sigue utilizando el Ministerio Público con fines políticos y está generando una crisis innecesaria en el país. De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el Ministerio Público debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, sin embargo, la fiscal general está violando las normas nacionales e internaciones. Además, ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y su reelección en 2022 fue seriamente cuestionada por presionar a miembros de la comisión de postulación para que la incluyeran en el listado del cual la nombró el presidente Alejandro Giammattei.

Las organizaciones internacionales nos unimos a las voces de la población guatemalteca que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y la destitución inmediata de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso porque están abusando de su poder, violentando la Constitución y poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es importante que se garanticen las condiciones jurídicas y políticas adecuadas para que pueda continuar el proceso de transición y las autoridades electas tomen posesión el próximo 14 de enero de 2024.

Organizaciones firmantes

WOLA

Protección Internacional Mesoamérica

CEJIL

AJWS

Be Just

LAWG

FJEDD

Rober F. Kennedy Human Rights

Plataforma Internacional contra la Impunidad

GHRC

Impunity Watch

Entre la memoria y la ultraderecha: ¿Hacia dónde va Argentina?

El Programa de Radio Alternativas invita a una nueva transmisión titulada “Entre la memoria y la ultraderecha: ¿Hacia dónde va Argentina? Será este viernes 22 de setiembre a las 6:00 p.m.

Como panel invitado, se contará con la presencia de Geraldina Colotti – Poeta, escritora y periodista. Directora de Le Monde diplomatique- y Gustavo Espinoza -Escritor, periodista y ex parlamentario. Jefe de la edición peruana de Resumen Latinoamericano.

Facebook: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia

Youtube:  https://www.youtube.com/@alternativasgrecia4344

Misiones de observatorios de mujeres proceso electoral Guatemala, 2023

Observatorio de Mujeres

Pronunciamiento

Misiones de observatorios de mujeres proceso electoral 

Guatemala, 2023

Nosotras, Misiones de Observatorios de Mujeres del Proceso Electoral, Guatemala 2023, debidamente acreditadas en el Tribunal Supremo Electoral, integrantes de Observatorio Transnacional de Mujeres, Misión de Observación Latinas en Poder, II Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; y, Misión de Observación Plataforma de Mujeres Indígenas; basadas en los principios de las siguientes Convenciones y Mecanismos Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Interamericana sobre de Derechos Humanos; Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (Belem Do Para); Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Consenso de Montevideo, entre otras,

Manifestamos:

  • Nuestra profunda preocupación ante el debilitamiento de la democracia en los países de la región centroamericana y con particular atención en Guatemala donde el Estado de derecho está siendo violentado por la extralimitación de funciones de instituciones como el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el organismo Legislativo que irrespetan la Constitución Política de la República. 
  • Declaramos nuestra Irrestricta Defensa de la Democracia Plena (reconociendo que aún está en construcción en Guatemala), levantamos la voz, ante la forma sistemática en la que el Estado ha estado violentando la voluntad popular expresada en las urnas, al perseguir, mediante acciones ilegales al partido ganador, interfiriendo con la independencia del Tribunal Supremo Electoral, TSE, poniendo en cuestión su calidad como ente rector electoral.
  • Es motivo de especial preocupación las denuncias de amenazas a la integridad del binomio presidencial ganador que ameritaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Rechazamos las acciones represivas del Estado como los desalojos violentos en varios territorios, persecución de defensoras de derechos humanos, y las limitaciones al derecho a la libre expresión que continuaron incluso en pleno proceso electoral.
  • Nuestro rechazo a las persistentes formas de discriminación, racismo y misoginia en la vida política que evidencian el retroceso en la representación de las mujeres mayatas y de la ausencia de las mujeres afrodescendientes y xincas en los espacios de toma de decisión en el actual Gabinete de gobierno, Congreso de la República, Alcaldías Municipales y Magistraturas.
  • Valoramos que en el ejercicio de la primera y segunda vuelta se mantuvo el orden, la transparencia y la agilidad en la presentación de resultados. Muy importante fue la participación de las Juntas electorales garantes de la total transparencia y la voluntaria participación de la ciudadanía en las fiscalías de mesas a favor del partido que hoy resultó ganador, por lo que representa en términos de rescate de la democracia. Sin embargo, identificamos que persisten las siguientes problemáticas:
  • la convocatoria al empadronamiento y a las votaciones solo en idioma español, en un país en dónde casi la mitad de personas se identifican como indígenas, hablantes de idioma mayas, Garífuna y otros idiomas.
  • la falta de participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en la estructura electoral (Junta Nacional, Departamentales, y Municipales y receptoras de votos;
  • la falta de transporte gratuito el día de las elecciones para que las mujeres y personas participen libremente durante las votaciones.
  • la promoción del empadronamiento de las juventudes y lo que implica en lograr un eficiente trabajo del Registro Nacional de las Personas, RENAP a nivel nacional y en el extranjero.
  • el poco compromiso de las instancias relevantes para educar y promover la participación electoral (de alrededor de tres millones guatemaltecas y guatemaltecos migrantes en el exterior).
  • Dadas las condiciones de desestabilización postelectoral que ponen en riesgo la democracia en el país, seguiremos observando y monitoreando desde nuestros espacios durante los siguientes meses y los próximos años para asegurar la transparencia política en el país.
  • Hacemos un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales a continuar vigilantes del proceso político electoral en Guatemala.
  • Convocamos a las Organizaciones de Mujeres y Organizaciones Sociales a defender el proceso democrático y a exigir que se respete la decisión electoral de la ciudadanía. 

Guatemala, 4 de septiembre de 2023.

Contactos

  • Observatorio Transnacional de Mujeres, Latinas en Poder. Nitza Seguí, info @latinasenpoder.org, Tel. +1202-912-0201; Dra. Ana Silvia Monzón, Tel. +502.551.718893
  • Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; Habby Aju Coy, Directora Ejecutiva; Deysee Maribel Cottom Ixcot, Coordinadora Consejo Directivo, Contactos: ednmoloj@gmail.com , +50230753011 direccionmoloj@gmail.com, Tel. +50232942948
  • Misión de Observación Electoral de Mujeres Indígenas de la Plataforma de Mujeres Indígenas, PMI, Mellina, Salvador, Directora Ejecutiva, mellinasalvador@yahho.es, +502.5412.6179

Inaudito y pernicioso

José Luis Callaci

En todos estos años de residir fuera de Argentina, al igual que otros compatriotas, nos hemos mantenido informados y conectados con todo aquello que hace a la vida de nuestro país, sin sentirnos ajenos o indiferentes a lo que acontece en general en el quehacer nacional y en particular en sus cambiantes realidades políticas y sociales.

Con relativa frecuencia, ya sea debido a una celebración patria o cuando una determinada situación lo amerita solemos reunirnos, y al margen de nuestros distingos ideológicos, partidistas o de otra índole procuramos amenizar o si algo nos inquieta sobre lo que está ocurriendo en nuestra tierra de origen, tratar de dilucidarlo.

Dicho lo anterior deseamos referirnos a algo que como pocas veces antes, o tal vez nunca, nos mantiene en vilo; en un estado de angustia e incertidumbre con motivo del actual proceso electoral que se lleva a cabo en Argentina.

Tal es así que cuando en otras latitudes el tema pasa a ser relevante en las redes sociales, en los medios y en las habituales conversaciones, se encienden alarmas y lo que no se entiende y desconcierta se manifiesta en forma de preguntas, que requieren respuestas. La repetida es: ¿cuál es la razón del inaudito apoyo que recibe uno de los candidatos por parte de un considerable número de electores?

Cuando llegan a nosotros, los argentinos, nos quedan dos opciones, rehuirlas o reconocer que no sabemos qué responder. No obstante, las opiniones crecen y se transmiten un día sí y otro también. Entre los más entendidos en la materia sobre la cual el candidato se presenta y hace gala en su campaña electoral prevalece el que es un diletante, alguien que esputa lo que ni siquiera merece ser considerado como algo serio. Deposiciones mentales, afirman algunos, de alguien que hace alardes de ser un experto que sabe de lo que habla, que “tiene toda la razón” y no acepta cuestionamiento alguno. Los más severos en sus apreciaciones lo caracterizan como un enajenado, un pamplinero que propone medidas de gobierno que, en caso de ser elegido, conducirá a situaciones caóticas. Un salto al vacío que amenaza con la propia disolución, no solo del Estado sino del propio país hermano. Será un mal que afectará a todos los de la región. No pueden concebir que gente con un mínimo grado de sensatez y cordura lo puedan estar apoyando.

Hay quienes aseveran que esto que hoy ocurre en Argentina puede tratarse de una de esas apariciones de monstruos de los que hablaba Antonio Gramsci; lo que tipificaba como resultado de transiciones de lo que fenece a algo nuevo que demora en perfilarse. También están los que coinciden en que este tipo de extrañas manifestaciones se dan debido a trastornos individuales y colectivos de carácter psicosocial. Los sonrojos de vergüenza asoman en muchos de nosotros cuando nos llegan a raudales expresiones de tal naturaleza, aunque también de pesar por esto que sucede en Argentina.

¿No es hora ya en que tirios y troyanos intenten, dentro de lo razonable y lo posible y del propio sentido común, sin renunciar a lo básico que marcan nuestras diferencias, comenzar a tender puentes en lugar de seguir levantando muros? A veces en situaciones cómo está, ¿no resulta más importante convencer en lugar de vencer?

Lo que está sucediendo no solo es inaudito sino pernicioso para la inmensa mayoría de un noble pueblo argentino deseoso de vivir en paz, luego de tantos años de violencia que ha dejado tantas heridas que aún no han del todo cerrado. Tal vez nos haga falta cierta pausa y mesura, en una reflexión nacional que nos acerque más a esa práctica de la democracia que mejor garantiza la convivencia en las diferencias y a esa anhelada paz social.

“Cosas veredes…”.