Ir al contenido principal

Etiqueta: productividad

La OCDE y el agro: algunas precisiones

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Fortalecer la producción de granos básicos, una decisión acertada frente a la pandemia

German Masís Morales

El Ministro de Agricultura y Ganadería ha anunciado una inversión de 2.800 millones de colones para apoyar al sector de granos básicos en el fomento de la producción y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el Consejo Nacional de Producción permitirá incrementar el área de producción en 3.400 has y la producción nacional de frijol en 1.900 TM adicionales a partir de la próxima cosecha 2020-21.

El plan incluye tres proyectos, el primero de los cuales consta de la inversión de 1.200 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, para la compra y distribución de semilla certificada de arroz y frijoles entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca.

Según el Presidente Ejecutivo del CNP la semilla se entregará a los productores con menos de 4 Has de tierra, que representan el 60% de la fuerza productiva nacional. Por su parte en el segundo proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural inyectará 800 millones adicionales para aumentar la compra de frijol nacional por medio del programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El tercer proyecto con aporte de 250 millones del FODESAF, que serán invertidos en la compra de dos cámaras de refrigeración, una en la zona norte y otra en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos en condiciones adecuadas, que permitirá conservar cerca de 30 mil quintales de grano en espacios de almacenamiento climatizados con los que se garantice la calidad del producto.

Según manifestó el Ministro Alvarado, “estamos decididos a fortalecer la producción de granos básicos, mediante la transferencia de tecnología, el uso de semillas certificadas y mejoras en las condiciones de comercialización para beneficiar a las familias productoras y a los consumidores”. (mag.go.cr, Noticias,9-5-2020).

Este nuevo plan de las instituciones del sector agropecuario podría ser similar al Plan para la Producción Nacional de Alimentos Básicos, ejecutado durante la II Administración de Oscar Arias, originado en los problemas de escasez y altos precios de los alimentos provocado por la crisis económica mundial del 2007-08 que derivó en una crisis de abastecimiento de alimentos.

En esa oportunidad el Gobierno promovió el aumento de la producción y la productividad del arroz, el frijol y el maíz blanco en las regiones antes mencionadas, con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones y en donde el abastecimiento de semilla se consideró un requisito indispensable sobre todo si se parte del principio de elevar la productividad, pues no se puede pretender la ampliación de las áreas de siembra si no se cuenta con la semilla necesaria para ese fin (Sector Agropecuario,2008)

Respecto a la ejecución de aquel plan, se cuestionaba que la crisis de abastecimiento surgía del desestimulo a la producción de granos iniciada hace dos décadas, el cual redujo sustancialmente los programas de investigación y transferencia, disponibilidad de infraestructura y el acceso a los programas crediticios.

El Plan de Alimentos anterior logró un éxito relativo en el aumento de la producción y la productividad del arroz y del frijol en un período de dos años, cuando se suspendió su ejecución, pero demostró que se puede elevar la productividad y mejorar la producción de granos, actividad tradicionalmente relegada, con la introducción de tecnologías de producción y manejo postcosecha apropiadas a las unidades de producción familiar. (Masís, G. Revista Ambientico Nª178,208).

Con el anuncio del nuevo plan de granos básicos, el ministro está siendo consecuente con los comentarios vertidos en su red social personal sobre el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población, pero también es congruente con el pronunciamiento de la FAO sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, cuando afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

Campesinos de Mozambique con miedo a modelo brasileño

Campesinos de Mozambique con miedo a modelo brasileño

La densidad de población en el campo mozambiqueño es grande. Crédito: Unión Nacional de Campesinos de Mozambique.

 

El campesino Rodolfo Razão obtuvo en 2010 el Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra (Duart) para 10 hectáreas, pero no puede cultivar más que siete. El resto lo ocupó una compañía sudafricana que produce soja, maíz y frijoles en unas 10.000 hectáreas en el noreste de Mozambique.

De nada sirvió quejarse a las autoridades del distrito de Monapo, donde vive, en la provincia de Nampula. A sus 78 años, no puede esperar mucho más.

Brígida Mohamad, viuda de 50 años, sufre por uno de sus siete hijos, cuya tierra también fue invadida por una empresa. “Mi hijo no tiene donde sembrar, no estamos vendiendo nuestras ‘machambas’” (granjas), protestó al recibir IPS en Nacololo, una localidad de Monapo en la que ha vivido siempre.

Estos son algunos ejemplos que explican el miedo con el que los campesinos imaginan el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo Agrícola de la Sabana Tropical en Mozambique, conocido como ProSavana, apoyado por las agencias de cooperación de Brasil (ABC) y de Japón (JICA).

Inspirado en la tecnología de agricultura tropical desarrollada en Brasil, ProSavana pretende aumentar la producción en el Corredor de Nacala, un área de 14,5 millones de hectáreas en el centro y norte de Mozambique, con un potencial agrícola similar al del Cerrado, la sabana brasileña.

De los 4,5 millones de habitantes de esta zona, 80 por ciento viven en la zona rural, una densidad muy grande comparada con la de Brasil y otros países, que ya despoblaron el campo modernizando la agricultura.

Pero en ciertos lugares del Corredor de Nacala se puede recorrer dos kilómetros sin ver una casa, ante la dispersión y el aislamiento de las familias que practican agricultura de subsistencia en terrenos que tienen en promedio 1,5 hectáreas.

La mandioca es la base de la alimentación aquí. También se cultiva maíz, calabaza, girasol y batata para el autoconsumo, y algodón, tabaco y acajú para la venta.

La perspectiva de convertir este Corredor en granero del país, incluso para la exportación facilitada por el puerto de Nacala, deberá intensificar los conflictos por la tierra, al atraer empresas volcadas a la producción en gran escala y alta productividad, en extensas haciendas que desplazan poblaciones tradicionales.

La llegada de esos grandes inversionistas es una desgracia, lamentó Mohamad, rechazando cambios que no se deben solo a ProSavana, pero que pueden acelerarse por su influencia.

Los campesinos no perderán sus tierras, el objetivo principal del programa es apoyar a los agricultores que ya están en el Corredor y mejorar sus técnicas productivas, aseguró a IPS el coordinador mozambiqueño de ProSavana, Calisto Bias.

Pero las comunidades locales sufrirán una ruptura en su modo de vida, porque los inversionistas traerán nuevas relaciones, de empleados y patrones, y los monocultivos jaquearán el hábito de “producir un poco de todo para su propia alimentación”, prevé Sheila Rafi, oficial de Recursos Naturales de la organización no gubernamental Livaningo.

Generar empleos por medio de inversiones y cadenas de valor constituye una de las “misiones” de ProSavana. Otra es modernizar y diversificar la agricultura con miras a aumentar la productividad y la producción, según el sitio web creado por el Ministerio de Agricultura.

Pero la amenaza más temida es la “usurpación” de tierras. Muchos buscan protegerlas tratando de conseguir el título del Duart, pero este no asegura nada, según los testimonios recogidos.

La ley mozambiqueña establece que toda la tierra es propiedad del Estado y no puede venderse o servir de fianza. Las personas físicas o jurídicas pueden solicitar el Duart al gobierno por un plazo de hasta 50 años.

Cerca de 250 campesinos de Nacololo se juntaron el 11 de diciembre frente a la residencia del jefe de puesto local, para exigir explicaciones sobre una alegada usurpación de cerca de 600 hectáreas por la empresa sudafricana Suni.

El distrito de Malema, a 232 kilómetros de la ciudad de Nampula, también vive días turbulentos. Allí operan grandes compañías agrícolas como la japonesa Nitori, algodonera que logró la concesión de unas 20.000 hectáreas, donde viven algunas familias que serán reasentadas.

Otra es Agromoz (Agribusiness de Moçambique SA), sociedad de capitales brasileños, mozambiqueños y portugueses, que produce soja en 10.000 hectáreas.

La falta de informaciones oficiales agrava las incertidumbres. “Solo escuchamos que hay un programa llamado ProSavana por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno aún no nos informó nada”, sostuvo Razão.

“No estamos en contra del desarrollo, pero queremos políticas que beneficien a los campesinos y que nos expliquen que lo que es ProSavana”, machacó Costa Estevão, presidente del Núcleo Provincial de Campesinos de Nampula.

El acuerdo triangular, de aparente complementariedad entre el mercado importador japonés, los conocimientos brasileños y las tierras de Mozambique, iniciado en 2011, ya reveló su fertilidad para las controversias.

Organizaciones sociales de los tres países se movilizaron para rechazar o reorientar ProSavana. Brasil quiere “exportar un modelo en conflicto”, según Fátima Mello, directora de relaciones internacionales de la organización brasileña FASE y activa participante de la Conferencia Triangular de los Pueblos frente al ProSavana, que tuvo lugar en Maputo en agosto.

Millones de campesinos sin tierra, un intenso éxodo rural, cruentas disputas de tierra, deforestación y consumo de agrotóxicos sin precedentes fueron el resultado de ese modelo que prioriza el agronegocio, el monocultivo para exportación y las grandes empresas, destacan los activistas, defendiendo la agricultura familiar como factor de seguridad alimentaria.

Un componente importante de ese modelo es el Programa de Cooperación Nipo-Brasileño para el Desarrollo de los Cerrados, iniciado en 1978 en el centro de Brasil y que ahora sirve de inspiración a ProSavana.

La tecnología que se transferirá a los agricultores del Corredor de Nacala proviene de Brasil. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria está capacitando a técnicos y gestores del Instituto de Investigación Agraria de Mozambique, en lo que constituye el primer proyecto de ProSavana, de 2011 a 2016.

Los demás componentes del programa, el plan director que evalúa las áreas y cultivos con buenas potencialidades en el Corredor y el Proyecto de Extensión y Modelos, también cuentan con participación brasileña decisiva.

Falta “un debate público profundo, amplio, transparente y democrático” con la sociedad, además de la evaluación del impacto ambiental exigida legalmente, protestaron 23 organizaciones y movimientos sociales mozambiqueños, apoyados por 42 entes internacionales, en una carta abierta a los gobernantes de Brasil, Japón y Mozambique, firmada en Maputo el 23 de mayo.

Los firmantes reclaman la suspensión inmediata de las acciones, la apertura de un diálogo oficial con todos los sectores sociales, la prioridad a la agricultura campesina y agroecológica y una política de soberanía alimentaria.

Todos los recursos destinados a ProSavana deben transferirse a la “definición y elaboración de un Plan Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar Sustentable”, concluyen.

 

Enviado a SURCOS por IPS – Metas del Milenio.aa