Un grupo de personas investigadoras de Latinoamérica, el Caribe y España realizan un curso de actualización sobre el manejo de información para la prohibición de pruebas nucleares en los países de la región. En dicha capacitación los expertos analizan las responsabilidades y actividades de los Centros Nacionales de Datos (CND), en el marco del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE).
La actividad fue organizada por el Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado de la Cancillería de la República de Costa Rica y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA), así como la Organización para la Verificación del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. (CTBTO), institución de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Marino Protti, investigador del Ovsicori comentó que este entrenamiento tiene la particularidad de ser el primero realizado en Costa Rica y en idioma español, donde equipos técnicos y científicos de diferentes países miembros del tratado se entrenan para hacer uso de la información que se recibe de las redes de monitoreo mundiales para la discriminación de ensayos nucleares.
Protti destacó que este es un ejercicio vital para distinguir una señal de terremoto de una proveniente de explosión nuclear y así categorizarlas. “En este taller ahondaremos en las cuatro técnicas utilizadas para la discriminación de pruebas nucleares: sísmica energía que se propaga por el interior de planeta, infrasonido por la atmósfera, hidro-acústica por los océanos y los radionúclidos para detectar la emisión de sustancias radioactivas, producto de ensayos nucleares”, explicó Protti.
Costa Rica ratificó este Tratado en el 2001, en concordancia con uno de los pilares históricos de su política exterior: el desarme y la no proliferación, el cual ha sido una pieza clave para reafirmar la posición pacífica del país en la arena internacional.
Wálter Jiménez, sismólogo de Ovsicori detalló que en el marco del TCPE, el instituto opera la estación sismológica, ubicada en Las Juntas de Abangares (la JTS y la auxiliar de TPCEN 025). “Esta estación tiene la particularidad de conformar la red sísmica del Ovsicori para el registro de sismos y, a nivel internacional, Juntas de Abangares forma parte de la red de estaciones para identificación de ensayos nucleares y de ser necesario alertar a las autoridades correspondientes”, precisó Jiménez.
En este curso participa personal científico y técnico de Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Guatemala y España.
Mayor conocimiento.
Marina López, representante del Instituto Geográfico Nacional de España, manifestó que este taller le brinda la oportunidad de conocer el funcionamiento de los CND, ya que en su país es operadora de una estación primaria del CTBTO, por lo que la parte de análisis es esencial.
Víctor Espíndola, responsable del área de análisis del Servicio Sismológico Nacional de México, aseveró que pertenecer al CTBTO es un área de oportunidad y un espacio para la colaboración continua en el tema de la no proliferación de ensayos nucleares, donde los datos de las estaciones de la ciudad de México siempre son analizados y dispuestos a compartir.
Mayra Nieto, representante del Observatorio San Calixto de Bolivia expresó que este es un curso esperado por ser totalmente en español, donde toda la información recibida se desarrolla en castellano, lo cual resulta muy enriquecedor en relación con el intercambio de experiencias.
José Reyes de la Agencia de Energía Nuclear de Cuba, manifestó que la capacitación es de suma importancia, en particular porque Cuba se hizo miembro en 2021 y en ese mismo año obtuvieron el equipo para el equipamiento de un CND, por lo que considera importante ahondar en el análisis de la información que se comparta con el resto de los países latinoamericanos.
María Linares, del Centro Nacional de Datos de Venezuela señaló que este curso es un importante proceso de retroalimentación de los alcances del TCEP en la región y a la vez contribuye como un puente de capacitación entre su país y el CBTO.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre
Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.
Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.
El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”
La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).
Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.
A raíz de esto, el 24 de agosto del 2023, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde menciona que “el “Informe Técnico Clorotalonil” no es preciso y yerra en cuanto las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros de clorotalonil” y más bien defiende que la posición del Ministerio no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso del mismo, así como la “emisión de un decreto ejecutivo que contenga disposiciones en cuanto a cómo deben realizarse las aplicaciones terrestres”.
La Sala Constitucional desestimó la solicitud de adición y aclaración argumentando que: “Resulta evidente para este Tribunal, que los alegatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dista de encontrarse relacionados con algún concepto del voto que deba aclararse o adicionarse en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”.
A esto añaden que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pretende realizar una discusión de carácter técnico que no corresponde al Tribunal, por lo que mantienen que se debe adoptar y ejecutar las recomendaciones del informe. Además, mencionan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta una disconformidad con lo resuelto, a pesar del “dimensionamiento que se realizó sobre los riesgos en la utilización del agroquímico clorotalonil en el territorio nacional”.
Álvaro Sagot, abogado que ha dado seguimiento y apoyo al Frente Ecologista de Cipreses, comenta: “Considero que es claro que existe, además de una mala asesoría jurídica, una seria resistencia a aceptar que la protección ambiental del agua está por sobre los intereses comerciales de los exportadores del clorotalonil. Lo terrible de lo anterior es que el agroquímico sigue en el mercado.”
La Sala Constitucional ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones del informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA donde se asegura que en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.
La petición está encarnada en Isabel Méndez, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño en Costa Rica cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace casi un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago (ucr.ac.cr)).
Si bien se desconoce desde cuando está contaminada el agua, la misiva firmada asegura que “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!” Sin embargo, los miles de personas firmantes aseguran que “el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”.
Han sido años difíciles en Cipreses como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.
Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.
Eso no asusta a Isabel ni a su grupo Frente Eco Cipreses pues insiste que “seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que haya muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa”.
Este año se denunció que una comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
La petición es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
• El Clorotalonil está prohibido en 32 países por contaminar agua y por ser considerado cancerígeno.
(7 de marzo 2023) Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía es la instancia responsable de evaluar en términos ambientales los plaguicidas en Costa Rica. La DIGECA junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería son quienes tiene la potestad de prohibir sustancias consideradas altamente perjudiciales.
En el oficio DIGECA-143-2023 esa importante instancia señala que: “De nuestra parte, apoyamos la prohibición del Clorotalonil y el fortalecimiento de la capacidad analítica del país, aún más, conociendo que la situación de contaminación de nacientes por plaguicidas que se presenta en las ASADAS de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago se ha presentado en otras zonas del país como en Palmira de Zarcero, Siquirres, Pital y Aguas Zarcas de San Carlos y Río Cuarto, y que la respuesta del Estado sigue siendo poco impactante en la solución del problema de contaminación de nacientes y aguas superficiales por plaguicidas.”
DIGECA se suma así a las exigencias de las comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago que sufre la contaminación del agua por metabolitos del Clorotalonil en su agua. Este criterio técnico se suma al del Ministerio de Salud, el cual ha girado la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022, en el cual ordenó al AyA brindar agua por medio de camiones cisterna a la comunidad de más de 5.000 personas de los cantones de Oreamuno y Alvarado.
Adicionalmente la DIGECA a recomendado a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería: “Que el SFE como autoridad competente en la gestión del uso de agroquímicos desarrolle un plan de acción para velar por el uso seguro del Clorotalonil en la zona afectada en busca de una remediación del problema de contaminación de aguas con este fungicida, el cual cuente con las acciones específicas, los respectivos indicadores que demuestren que se reduce la afectación de la población y los recursos necesarios para su ejecución. En caso contrario, proceder con el proceso de prohibición del uso de los productos que contienen Clorotalonil, siguiendo los pasos de la Unión Europea donde no se ha renovado su registro debido a que los usos propuestos han evidenciado riesgos para la salud humana y el ambiente.” Según consta en su informe técnico brindado al Despacho del diputado Ariel Robles Barrantes.
La presencia de metabolitos el Clorotalonil en el agua de Cipreses de Oreamuno ha sobrepasado en 240 veces lo permitido por la ley en Costa Rica según el último análisis publicado en enero de 2023 por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional y avalado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Ministerio de Salud. El Clorotalonil es un fungicida ampliamente utilizado en el país prohibido en la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Palestina y Arabia Saudita, cancelado en Colombia. Es considerado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como cancerígeno.
El pasado jueves 06 de mayo el máximo tribunal de la Unión Europea confirmó la prohibición parcial de UE de tres insecticidas relacionados con daños a abejas, impidiendo su uso en ciertos cultivos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó una apelación de Bayer para revocar la decisión de 2018 de un tribunal inferior de la UE de mantener la prohibición.
El fallo mencionado anteriormente cubre tres sustancias activas: imidacloprid desarrollado por Bayer CropScience; clotianidina desarrollada por Takeda Chemical Industries; y Bayer CropScience, así como tiametoxam de Syngenta.
Un portavoz de Bayer dijo que estaba decepcionado por el veredicto y defendió la seguridad de los productos, que continúan utilizándose en otras regiones con las medidas adecuadas de mitigación de riesgos aplicadas.
«El veredicto parece permitir que la Comisión (Europea) tenga casi carta blanca para revisar las aprobaciones existentes con la más mínima evidencia, que ni siquiera necesita ser nueva información científica», dijo el portavoz.
En 2013, la Comisión restringió el uso de neonicotinoides, lo que significa que no se pudieron usar en maíz, colza y algunos cereales de primavera. Todavía podrían usarse para otros cultivos, como la remolacha azucarera.
La Comisión había revisado las aprobaciones debido a la pérdida de colonias de abejas debido al uso indebido de plaguicidas.
Bayer había dicho que no había nuevos descubrimientos científicos suficientes para justificar las restricciones. El máximo tribunal de la UE desestimó el jueves esa apelación y ordenó a Bayer que asumiera sus propias costas más las de otras partes.
Se propone borrador de decreto para prohibir paraquat y glifosato
(FECON, 2-4-2019). Por medio del oficio N° 04903-2019-DHR (archivo adjunto), del 29 de abril del 2019 titulado: “Informe Final con Recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes con respecto a la solicitud de prohibición del herbicida glifosato”. Expediente 2773-43-2017-SI, mismo que fue abierto debido a la denuncia del Dr. Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
En esta resolución «…la Defensoría considera que se debe proceder a prohibir de manera expresa y explícita cualquier uso no agrícola del glifosato, particular y específicamente, su uso como herbicida para control de malezas en espacios públicos y zonas urbanas».
Sumado a lo anterior la Defensoría de los Habitantes señala: «… se considera necesaria y se apoya la propuesta de decreto ejecutivo para la prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”.
Así mismo recomienda al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Valorar el documento “Glifosato: Caracterización de los posibles efectos para la salud y vías de exposición”, y la propuesta de decreto ejecutivo para la “prohibición de la importación, fabricación, comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos formulados que contengan el ingrediente activo N-(fosfonometil)glicina (Glifosato)”, elaboradas por la comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Salud, con el fin de que se prohíba el uso del glifosato, sus sales y las formulaciones que las contengan.»
El Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT) en horas de la tarde fue atendido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para abordar el proyecto de ley “Ley de declaratoria de Servicios Públicos Esenciales N°21.097, expuso el rotundo rechazo a esta iniciativa que al igual que del resto de Centrales Sindicales es considerada que lesiona la democracia, pues intenta extender el concepto de servicios esenciales casi como sinónimo de servicios públicos aun cuando en la jurisprudencia de la OIT hay suficiente información para comprender la diferencia.
Le recomendó a los diputados desechar el proyecto y en su lugar recuperar los artículos que no fueron aprobados con la reforma de ley procesal laboral, donde se plantearon que la determinación de los servicios esenciales sea mediante el acuerdo entre empleador y sindicato, obligándose a las partes a dar un servicio mínimo que garantice la prestación.
A pesar de la insistencia de nuestra organización para que se comprenda que cualquier lista que hagan los diputados será superada por la realidad, la percepción que nos dan sus intervenciones es de que tratan de ampliar la prohibición de huelga a todos los servicios posibles, incluso delegando al poder ejecutivo algo que le corresponde a la ley, poniéndose en evidencia la diferencia entre el discurso de no está en discusión el derecho la huelga con la práctica concreta del proyecto de ley. Una pretensión por dejar la huelga como instituto decorativo sin efectos en la vida ciudadana.
Intentaron confrontar los demás derechos contra el derecho de huelga, cuya línea de pensamiento parece apuntar de algunos miembros de la comisión consideran que todos los derechos estarían por encima del derecho a huelga.
Con el “pecado” de que este proyecto está carente de un estudio técnico, la discusión de los diputados girón más sobre opiniones personales que por conceptos del derecho laboral, criterios no muy educados denotándose incluso carencias en lo constitucional. Para la CGT no es un problema que un obrero, campesino o ama de casa pueda llegar a ser diputado, ministro o presidente, pero está en la obligación de construir dentro de su acervo una cultura básica del marco de legalidad que rige en las democracias.
Los magistrados de la Sala II, en su audiencia anterior, coincidieron con muchas de nuestras posiciones e incluso se vieron obligados a explicarle a los diputados conceptos muy elementales de temas constitucionales y convenios del Organización Internacional del Trabajo como parte del marco de legalidad de cumplimiento obligatorio de nuestro país.
Algunos diputados creen firmemente que el dialogo social es darle audiencia a muchas organizaciones o partes interesadas en el proyecto, algo que tan solo es un requisito a cumplir con el procedimiento, tal y como se le consulta a la Organización Internacional del Trabajo, desconociendo que el verdadero dialogo social implica la negociación, el debate nacional.
Tenemos claro que si los diputados insisten transitar por este camino tendremos atender con todas nuestras herramientas, para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores frente a las posiciones arbitrarias y violatorias del Estado de derecho.
La acción polinizadora de las abejas está probada como crucial para el ciclo vegetal de la flora. Esta importancia es señalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al calcular que más del 70% de los 100 cultivos que proporcionan la mayoría del alimento para humanos son polinizados por abejas. Sin abejas no hay alimentos, sin embargo estos vitales insectos están peligro a nivel mundial por causa de los plaguicidas neonicotinoides que aún se aplican en muchos países, incluido Costa Rica.
Desde hace más de una década se viene investigando la relación de los plaguicidas neonicotinoides con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global por su causa. En febrero del 2018 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó a través del estudio de la evidencia científica, que el uso de los neonicotinoides en la agricultura sí representa un riesgo para las abejas, tanto silvestres como las abejas de miel (https://www.efsa.europa.eu).
A raíz de este informe, la Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir el uso de tres de estos compuestos: clotianidina, thiametoxam e imidacloprid, los cuales son utilizados en los cultivos de maíz, algodón y girasol, entre otros (http://www.elmundo.es). La comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen «riesgos muy agudos» para las abejas.
Una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es que son persistentes, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas.
Esta decisión tomada por la Unión Europea debe ser considerada también por otros países consumidores de plaguicidas, como el nuestro que se ubica en el primer lugar de aplicación de venenos por hectárea de cultivo agrícola. Sobre estos tres plaguicidas, en el siguiente cuadro se resume su situación actual en Costa Rica tomando en cuenta la cantidad de productos registrados y los cultivos en que están autorizados (http://app.sfe.go.cr/) :
Tal como lo señalan las autoridades europeas, la salud de las abejas está relacionada con la biodiversidad, la producción de alimentos y la salud ambiental. En Costa Rica se encuentran más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son: Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, (Espinoza y colaboradores, 2015).
Se debe considerar por su parte que en el capítulo 2: Foraging and Pollination, específicamente en el apartado 2.3 sobre Foraging and Flight Range (pág 82-91) vienen una serie de ejemplos sobre el rango de vuelo máximo que pueden tener las abejas en el neotrópico, se cita, por ejemplo, un trabajo clásico de Janzen en donde los géneros de abejas Xylocopas y Euglosas. Las Euglosas por ejemplo son polinizadoras de orquídeas y presentan color verde metálico) pueden tener rangos de vuelo tan amplios como de 20 km siendo su óptimo entre 6,7 Km a 10,0 Km. Tomando en cuenta estos rangos de vuelo se puede dimensionar el área que puede afectar un cultivo que aplique los neonicotinoides señalados. Es posible el que pueda presentarse el impacto incluso dentro de áreas de conservación que se encuentran rodeadas de zonas agrícolas, (Roubik, D, 1989).
Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen interrogantes como: ¿se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos productos? ¿Qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de esta nueva información? Aún, sin tener respuestas de esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas. Además, partiendo de que Europa se prohíben estos plaguicidas teniendo una sola especie de abeja europea (Apis mellifera) y que en el país tenemos más 650, muchas de ellas nuevas para la ciencia: ¿no deberíamos ir a la vanguardia de Europa y prohibir estos venenos?
Con los neonicotinoides sale peor el remedio que la enfermedad. Las cosechas de aguacate, café, melón, naranja, etc dependen de las abejas. Sin estas maravillosas aliadas del agricultor no sería posible obtener cosecha alguna. Ya han pasado “tortas” en la zona de los Santos que por tratar de eliminar los ácaros se quedaron sin abejas y por lo tanto sin aguacates. Sin abejas no hay cosechas, sin cosecha no hay comida, sin comida no hay vida.
Referencias:
Espinoza, F. 2015. Guía Práctica de Identificación de Abejas Nativas sin Aguijón (Apidae, Meliponini) por medio de sus entradas. Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, Universidad Nacional. Departamento de Publicaciones UNA. Primera Edición. 67pp.
Roubik, D 1989. Ecology and Natural History of Tropical Bees. Cambridge University Press. USA. 514pp.
*Por Fabián Pacheco, encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del INA y Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR
Foto de la mesa que dirigió las negociaciones extraida de entrevista radial del Programa Hablando Claro titulada «El papel de Costa Rica en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, con Elaine White».
En julio del 2017, se celebró la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de un nuevo instrumento internacional en materia de desarme, tendiente a prohibir la fabricación y uso de armas nucleares: se trata de un texto (véase versión en español) de 20 artículos que busca prohibir este tipo de armas, y que fue objeto de todo tipo de intentos para frenar su adopción por parte de las potencias nucleares y sus aliados. Constituye el primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional.
De algunos intentos previos
Los intentos pasados fueron varios, sin lograr mayor éxito: para producir bombas nucleares, se requiere proceder a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado (véase texto) sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2.
El destacado papel de Costa Rica
La adopción en julio del 2017 de este nuevo instrumento fue celebrada con júbilo en Costa Rica: véase, entre muchas otras, nota del programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda que recoge las reacciones de profunda satisfacción de las autoridades costarricenses.
En efecto, la delegación de Costa Rica fue la llamada, en febrero del 2017, a presidir la recta final de estas arduas negociaciones. ¿Un Estado que abolió el ejército en 1948 y que se ha destacado en el plano internacional por limitar el comercio de armas y por abogar en favor de la desmilitarización? Efectivamente, Costa Rica cuya tradición en este ámbito es ampliamente reconocida – y poco conocido un insólito episodio provocado por algunos entusiastas funcionarios a cargo de su comercio exterior, resuelto por su justicia constitucional (Nota 1) – fue la designada por los demás integrantes de la comunidad internacional para proceder a ultimar estas delicadas negociaciones multilaterales y llevarlas a feliz puerto.
Una férrea oposición del «club nuclear» y de sus aliados
Estas últimas concluyeron formalmente el 7 de julio del 2017, con una extraña maniobra por parte de Países Bajos: la solicitud expresa a la mesa de la puesta a votación del texto por parte del delegado de Países Bajos, cuando todas las demás se disponían a adoptarlo por consenso. La votación (véase tablero oficial) registró un solo voto en contra (Países Bajos), una abstención (Singapur) y 122 votos a favor (véase breve nota nuestra al respecto del 7/7/2017). Raramente un Estado como Países Bajos solicita exhibir su aislamiento de esta manera y no se tiene claridad sobre los créditos obtenidos a raíz de semejante resultado.
Este mismo 7 de julio del 2017, Estados Unidos, Francia y Reino Unido circularon un comunicado conjunto en el que expresaron las razones por las que se oponían a esta iniciativa (Nota 2). Sobre la pertinencia de algunos de los argumentos de los Estados poseedores de arsenal nuclear, referimos a una interesante opinión elaborada por el representante de México ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Lomónaco, titulada «Hacia la prohibición de las armas nucleares» y publicada en la Revista Mexicana de Política Exterior.
La sensibilidad de los Estados nucleares en sí puede también ser capitalizada por la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares: como se puede leer en las conclusiones de este estudio del UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) sobre la prohibición de las armas nucleares, «… the degree of sensitivity of the nuclear-armed states and some of their allies about the prohibition approach is itself cause for some optimism. It indicates that like-minded processes are able to re-capture the attention and imagination of policy makers and public alike as a catalyst for more concerted international efforts towards the shared goal of a nuclear-weapon free world» (p. 58).
Un tratado abierto a la firma y ratificación de todos los Estados
El texto del tratado adoptado el 7 de julio fue abierto a la firma y posterior ratificación por parte de los Estados Miembros de Naciones Unidas, en el mes de setiembre del 2017, en el marco de la sesión anual de la Asamblea General que se celebra en Nueva York. Durante la ceremonia de la firma del tratado, el Presidente de Costa Rica señaló que:
«Lamentamos que los países nucleares y aquellos miembros de alianzas de seguridad, hayan decidido desvincularse de este proceso. En desarme nuclear la inacción no es una opción. El mantenimiento del status quo solo lleva a una situación cada vez más peligrosa de seguridad internacional y a la humanidad más cerca de la aniquilación. Sabemos que es falsa la premisa de que la seguridad surge de la fuerza de las armas. Por ello, ahora les exhorto vehementemente a dar pasos concretos para dar vida al imperativo humano, político y jurídico del desarme nuclear, establecido desde 1946 con la primera resolución aprobada por la Asamblea General, reforzado por el Artículo VI del Tratado de no proliferación nuclear, por la Corte Internacional de Justicia y ahora por el Tratado de Prohibición de las armas nucleares» (véase texto de su alocución).
El estado actual de firmas y ratificaciones
A seis meses de la ceremonia de firma de este instrumento, el estado de firma y ratificación arroja el siguiente dato: 57 firmas y 5 ratificaciones, de las cuales 3 se registran en el hemisferio americano: Cuba, Guyana y México (véase estado oficial de firma y ratificaciones).
La ratificación el 16 de enero del 2018 por parte de México constituye la primera ratificación en América Latina, seguida por Cuba, dos semanas después (30 de enero del 2018).
Nótese que, en América Latina, Argentina, Bolivia, y Colombia han optado por no firmar, al momento de redactar estas breves líneas, este tratado multilateral: estos tres Estados votaron en favor del texto el 7 de julio del 2017 en Nueva York (véase registro de votos). En el caso de Argentina, esta omisión difiere de lo expuesto por su delegación en un segmento de alto nivel al que participó en Naciones Unidas (Nota 3).
Cabe recordar que la ONG ICANW (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) recibió en diciembre del 2017 el Premio Nobel de la Paz (véase sitio oficial de ICANW).
A modo de conclusión
Es de esperar que, pese a presiones de diversa índole que puedan estar recibiendo algunos Estados en aras de no firmar (ni ratificar) este texto, se logre reunir un número mayor de adhesiones en setiembre próximo, al cumplirse un año desde que fue abierto a la firma y ratificación de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas. Para ello, la campaña en favor de la prohibición de las armas nucleares debe redoblar sus esfuerzos.
—Notas—
Nota 1: Cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado en junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto del Ministerio de Salud, que promovía la extracción y producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que: “Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004 obligar al Ejecutivo a retirar a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 cuya lectura se recomienda).
Nota 2: El comunicado conjunto circulado se lee así (véase enlace):
«Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons
July 7, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE
France, the United Kingdom and the United States have not taken part in the negotiation of the treaty on the prohibition of nuclear weapons. We do not intend to sign, ratify or ever become party to it. Therefore, there will be no change in the legal obligations on our countries with respect to nuclear weapons. For example, we would not accept any claim that this treaty reflects or in any way contributes to the development of customary international law. Importantly, other states possessing nuclear weapons and almost all other states relying on nuclear deterrence have also not taken part in the negotiations.
This initiative clearly disregards the realities of the international security environment. Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for over 70 years. A purported ban on nuclear weapons that does not address the security concerns that continue to make nuclear deterrence necessary cannot result in the elimination of a single nuclear weapon and will not enhance any country’s security, nor international peace and security. It will do the exact opposite by creating even more divisions at a time when the world needs to remain united in the face of growing threats, including those from the DPRK’s ongoing proliferation efforts. This treaty offers no solution to the grave threat posed by North Korea’s nuclear program, nor does it address other security challenges that make nuclear deterrence necessary. A ban treaty also risks undermining the existing international security architecture which contributes to the maintenance of international peace and security.
We reiterate in this regard our continued commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and reaffirm our determination to safeguard and further promote its authority, universality and effectiveness. Working towards the shared goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament must be done in a way that promotes international peace and security, and strategic stability, based on the principle of increased and undiminished security for all.
We all share a common responsibility to protect and strengthen our collective security system in order to further promote international peace, stability and security«.
Nota 3: Se lee en este discurso que para Argentina,
«The Delegation of Argentina would like to align itself with the statement delivered by Cuba on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States. At the same time we would like to add some remarks in our national capacity.
Argentina considers that the total elimination of weapons of mass destruction should constitute the main priority of the international community, since their consequences reach beyond the field of disarmament and seriously impact in the international peace and security area«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
