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UCR: El mercado laboral sigue excluyendo a personas con discapacidades

La inclusión de personas con discapacidades es baja en el mercado laboral. La exclusión educativa reduce sus oportunidades de contratación y persisten barreras actitudinales en el ámbito empresarial, aspectos que limitan su autonomía y fomentan la dependencia. En la foto aparece el joven Eder Mata, asistente de oficina en la empresa PIASA. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad continúan rezagados en la práctica empresarial

Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)

En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores. Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.

Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN (ED-2481).

Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.

Superando barreras

La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.

Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.

Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.

La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.

Un caso de éxito

Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.

En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).

Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más. “Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.

Un llamado social

La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.

Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces.  “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.

En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.

La UCR promueve la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

La Universidad creó una plataforma web que facilita información para interponer recursos de amparo

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad creó una plataforma web, por medio de la cual orienta a las personas con discapacidad para que puedan defender sus derechos humanos cuando sean violentados por el Estado costarricense.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Construyendo Juntos, liderado por el investigador Erick Hess Araya, quien asegura que “las personas con discapacidad saben que hay un marco jurídico que tutela sus derechos humanos, pero que les resulta difícil instrumentar”.

El desconocimiento de la población sobre el tema motivó la creación del portal “Personas con discapacidad en acción”, el cual facilita información general sobre el proceso para interponer un recurso de amparo y brinda estadísticas sobre los resultados de los casos presentados en el país.

La mayoría de las personas con discapacidad creen que necesitan un abogado o abogada para presentar un recurso de amparo, no tienen el conocimiento de que cualquier persona puede interponerlo y de que no se necesita una terminología determinada o un papel de oficio”, explicó el académico.

Según Hess, los recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional por las personas con discapacidad evidencian que la más frecuente violación a los derechos de esta población ocurre en ámbitos universales como salud, trabajo, accesibilidad y educación.

Entre el año 2017 a la fecha, las personas con discapacidad en el país han interpuesto 38 recursos de amparo en materia de accesibilidad, de los cuales el 45 % ha sido declarado con lugar. Lo mismo ocurrió con el 64 % de los 33 trámites de este tipo interpuestos en materia de salud.

Estos esfuerzos realizados por la población con discapacidad para exigir la defensa de sus derechos han permitido la instalación de rampas o ascensores en lugares de interés, así como el adelanto de citas médicas a las que se establecieron plazos de espera irrazonables para sus necesidades.

“A través de los ejemplos y las cifras, queremos que se motiven a presentar recursos de amparo cuando sientan que sus derechos humanos están siendo violentados de alguna manera. El objetivo del portal es decirles a las personas con discapacidad que hay formas de que sean escuchadas”, enfatizó Hess.

El proyecto también impulsa la capacitación y el emprendimiento

Además de crear el portal informativo, esta iniciativa trabaja junto con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova) en el desarrollo de un programa de capacitación para fomentar el emprendimiento de la población con discapacidad.

La iniciativa busca empoderar a la población y motivarla a generar ideas de valor público, que aporten al desarrollo de sus comunidades y que concreten proyectos inclusivos, es decir, que involucren la participación de personas con y sin discapacidad.

Según la gestora de Proinnova, Cynthia Céspedes Alfaro, la Institución realizó un estudio de inteligencia competitiva que evidenció la ausencia de una iniciativa como esta en el país y ahora trabaja para fortalecer todo el “potencial innovador” con que cuenta.

Céspedes agregó que los espacios de capacitación se desarrollarían a partir estrategias y metodologías innovadoras que den lugar a un ambiente dinámico para el aprendizaje de las personas participantes, en donde, además, se fortalezcan las habilidades blandas y el liderazgo comunal.

La implementación de la iniciativa comenzará con un plan piloto dirigido a la población del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin) y, posteriormente, será facilitada a grupos organizados fuera de la Institución.

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa, cuando los espacios de capacitación estén disponibles al público en general, pueden comunicarse con el investigador a cargo del proyecto, Erick Hess Araya, al correo erickhess@gmail.com.

 

Imagen: La UCR también trabaja en el desarrollo de un programa de capacitación que fomente la consolidación de emprendimientos comunitarios inclusivos, en los cuales participen personas con y sin discapacidad. Foto: Marcelo Guzmán Villalta.

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Por una integración plena

  • 21 de marzo Día mundial del Síndrome de Down

UCR Por una integracion plena
El 19 de diciembre del año 2011, a través de la resolución A/RES/66/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se designa el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down, el cual se observa todos los años partiendo del 2012.

El 19 de diciembre del año 2011, a través de la resolución A/RES/66/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se designa el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down, el cual se observa todos los años partiendo del 2012.

Por medio de esta conmemoración, la Asamblea General reconoce la “dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”. En la adopción de esta resolución, la ONU rescata que el Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Dicha resolución “invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial del Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia pública sobre esta cuestión, y alienta a los Estados miembros a que adopten medidas para que toda la sociedad tome mayor conciencia, especialmente a nivel familiar, respecto de las personas con síndrome de Down”.

En este día se exhorta a las sociedades a crear conciencia y promover el cumplimiento de los derechos de las personas con Síndrome de Down. La declaración de la ONU destaca, entre otras premisas, “que garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente”.

Como una universidad para todos y todas, la Universidad de Costa Rica (UCR) es líder en Latinoamérica en la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva a la educación superior, donde se incluyen a las personas con Síndrome de Down. Por tanto, la institución a través de su Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin), promueve entre el estudiantado, docentes y personal administrativo, el quehacer en temas de educación inclusiva, así como la concienciación pública.

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El Proin nace en el 2009 como una iniciativa de la UCR en cumplimiento con el modelo social de la discapacidad establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661). Esta propuesta busca ofrecer a la población con discapacidad cognitiva moderada o grave, un espacio que propicie una mejor calidad de vida y mayores oportunidades educativas, laborales y sociales.

El programa ofrece a esta poblaciòn, mayores de edad y egresadas del sistema educativo, con autonomía personal, comprensión y expresión verbal y escrita, que no cuenta con otras opciones a nivel nacional, espacios de participación activa en el ámbito universitario, con el fin de propiciar una mejor calidad de vida, mayores oportunidades educativas y de aprendizaje, a través de cursos libres y la inclusión en el ambiente universitario.

En el año 2015 el Proin da inicio al Proyecto de Cursos Libres de Capacitación Laboral (Procala), que consiste en una oferta de cursos para capacitación laboral dirigido a estudiantes de PROIN, en colaboración con el Consejo de la Política de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud.

Hoy el Proin ha alcanzado un hecho sin precedentes en el mundo al entregar al país una generación de 31 estudiantes con discapacidad intelectual que obtuvieron su diploma técnico en diciembre del 2017 como Asistentes de Oficina, Asistentes de Biblioteca y Asistentes de Educación Preescolar.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR avanza en derechos de personas con discapacidad

  • Según Relatora de la ONU
  • La accesibilidad no se trata de edificaciones, sino de cambios sociales

 

Eduardo Muñoz Sequeira,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Alex Vázquez, estudiante con discapacidad motora
La accesibilidad estructural o las adecuaciones son solo dos elementos para una verdadera inclusión social de la población con discapacidad. La construcción de nuevos discursos sociales es esencial para erradicar prejuicios y discriminación. En la foto aparece el estudiante Alex Vázquez, quien cursa la carrera de Bachillerato en Inglés – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que la UCR ha realizado importantes avances en el reconocimiento de este sector de la población.

Devandas Aguilar, quien es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la UCR y magister en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, España, es la primera relatora seleccionada por la ONU para realizar aportes sustantivos en un tema que por años ha estado relegado al cajón de los prejuicios de la sociedad. Ella recorre el mundo proponiendo cambios para que las personas con discapacidades tengan las mismas oportunidades, recomendando a los gobiernos la eliminación de las barreras que impiden el goce pleno de los derechos.

Precisamente en esta materia, del 7 al 11 de noviembre Costa Rica celebrará la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecida desde 1 de abril del 2011, y este año se conmemora bajo el lema «Una sociedad inclusiva y accesible, es una sociedad sin barreras». El objetivo de esa semana es que todas las instituciones educativas del país realicen actividades de información y sensibilización con respecto a la igualdad de oportunidades y al estudio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional del cual Costa Rica es Estado signatario.

La Relatora de ONU enfatiza que la discapacidad es creada por el entorno y las creencias, por lo que poco cambiará si no se cambia la forma de pensar de las personas, sean en los ámbitos familiares, educativos y laborales. El resto de la población nunca se ha cuestionado que todo ha sido construido e ideado para facilitarles su vida, de forma que el entorno coadyuva a su realización; si no fuera así tendrían dificultades en su vida cotidiana. Por eso, es consecuente decir que la discapacidad es producto de la sociedad, ya que históricamente se ha obviado los derechos de un importante sector de la población en los planes de desarrollo urbano y social, censuró con firmeza en su último regreso a Costa Rica en setiembre pasado desde Ginebra, lugar donde reside con su familia y sirve de base para su trabajo en Derechos Humanos alrededor del mundo.

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La abogada costarricense graduada en la UCR, Catalina Devandas Aguilar, recorre el mundo promoviendo cambios para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades en el pleno goce de sus derechos ciudadanos – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

La tarea pendiente en todos los países es superar las barreras sociales y los estereotipos con los que crecen y conviven las personas con discapacidad, afirmó Devandas. La Relatora reconoció lo realizado hasta el momento por la UCR; pero consideró que aún hay pendientes en las universidades públicas en esos tópicos y sobre todo en la investigación.

En su época estudiantil, Devandas Aguilar fue integrante del Consejo Universitario de la UCR y de la FEUCR, así como funcionaria de la Fundación UCR. Asimismo trabajó intensamente en movimientos sociales en defensa de los logros del Estado social costarricense.

La discapacidad como enfermedad

“Pídale a Dios que en su familia nunca haya una persona con discapacidad”, rogaba una madre a otra para que antes de tener otro hijo o hija hiciera oración para que le naciera “normal”, y así no lidiar con una “desgracia” similar a la suya.

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Según una reciente investigación del lingüista Adrián Vergara, gran parte de la población considera que una discapacidad es sinónimo de enfermedad, y por ende, imposibilita a las personas a alcanzar sus metas académicas y laborales – foto Archivo ODI.

Aunque la frase resulta ofensiva para algunas personas, la realidad es que miles de familias se enfrentan a una sociedad que durante siglos ha construido discursos discriminatorios contra estos ciudadanos. Es un pensamiento que revela “la dicotomía que los padres tienen de sus propios hijos, ya que estos definen a sus niños con discapacidad de acuerdo al paradigma de normalidad establecido por la sociedad, ya que piensan que tienen desventajas por su “condición de salud”, afirmó el Dr. Adrián Vergara Heidke, quien recientemente concluyó el proyecto de investigación sobre el análisis crítico de los discursos sobre la discapacidad en los ámbitos cotidianos, educativos y políticos, inscrito por el Instituto de Investigaciones Lingüísticas en la Vicerrectoría de Investigación.

El estudio inició en el año 2013 y abarcó el análisis de dos textos legislativos relacionados con el proceso de aprobación el 7 de agosto del 2008 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo. Además, se recopilaron historias de vida y realizó grupos focales con padres y madres con hijos con discapacidad. Finalmente, el investigador logró un corpus en los que identificó categorías discursivas que revelan una tensión entre las intenciones políticamente correctas de inclusión social y familiar y las ideas predominantes que definen la discapacidad entre la población costarricense.

En Costa Rica el 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad, pero no existen estudios que desde la lingüística aborde sobre cómo se construyen sus representaciones y los significados. En general, persiste la idea que la discapacidad es una desgracia, un problema o una enfermedad, acotó el Dr. Vergara. Incluso en los familiares con mayor conciencia persiste la idea de “anormalidad. Esto revela una contradicción, aunque, en teoría, las familias desean que estos niños sean incluidos en la sociedad, igualmente practican la exclusión al perpetuar este discurso en su forma de verlos y de referirse a ellos”, acotó Vergara.

La Convención obliga a los Estados a luchar contra los estereotipos y con ese fin a promover percepciones positivas. “Consideramos que si se quiere alcanzar una “real” inclusión, se debe atacar ese discurso sobre la discapacidad que comparten varios sectores…mientras exista este tipo de discurso siempre habrá discapacidad”, concluyó el Dr. Vergara.

 

Catalina Devandas Aguilar

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La abogada costarricense afirmó que la UCR ha realizado importantes avances en el reconocimiento de este sector de la población. Graduada en la Facultad de Derecho de la UCR y magister en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, España, es la primera relatora seleccionada por la ONU para realizar aportes sustantivos en un tema que por años ha estado relegado al cajón de los prejuicios de la sociedad. Ella viaja por los cinco continentes proponiendo cambios para que las personas con discapacidades tengan las mismas oportunidades, recomendando a los gobiernos la eliminación de las barreras que impiden el goce pleno de los derechos.

Video:

https://youtu.be/PJyNGj8wGNE

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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