Lo cuestionan indígenas, ecologistas, mujeres, y campesinos
El Protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.
En Costa Rica la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aceleró esta semana la discusión sobre su ratificación, mientras que un colectivo de organizaciones, hicieron saber su posición mediante una carta dirigida a dicha Comisión: “es un tema muy importante que atañe directamente a pueblos indígenas y comunidades locales que históricamente hemos cuidado y usado la biodiversidad; para lo cual debería existir un proceso amplio de información y de posterior consulta” (ver carta).
Las 12 organizaciones pidieron a la comisión legislativa “que se consulte a los pueblos indígenas y comunidades locales antes de ser discutido por la Asamblea Legislativa, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas».
Entre quienes suscriben la carta están representantes del pueblo Bribri de la Organización Talamanca por la Vida y la Tierra, del pueblo de Salitre y Térraba del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, del Colectivo Tierra, Semilla y Pan, Tinamaste, así como de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), FECON, Coecoceiba–Amigos de la Tierra, Movimiento Humanista, Movimiento Salvemos la Loma de Salitral y la Red de Mujeres Rurales.
La Red de Mujeres Rurales subraya que “un proyecto de ley de esta envergadura…debe ser del conocimiento nacional para discutir las implicaciones de regular el acceso a los recursos genéticos que han sido por derecho histórico y ancestral patrimonio de los pueblos” (ver carta).
La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), representante acreditada de FECON ante la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) recuerda que, en octubre de 2013, el proyecto se «cayó» debido a la falta de consulta, por lo que no debe evadirse este requisito avalado en distintas instancias como la Sala Constitucional.
Para las y los ecologistas, el PN no cumple con los objetivos de defender los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos si no que los contradice. Su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros. Esta última preocupación también fue destacada por la oficina legal del MINAET, (oficio inf-11-ot-2011 del 14 de abril del 2011) (ver más).
Además, el PN podría atentar contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades y pueblos, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales y crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.
Informes: Red de Coordinación en Biodiversidad, Silvia Rodriguez,silroce@gmail.com o Mariana Porras , mariana@coecoceiba.org
Información enviada a SURCOS Digital por Coecoceiba.
