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Etiqueta: pruebas estandarizadas

Educación inclusiva implica evaluación inclusiva, también con pruebas estandarizadas

Publicado el . Publicado en Derechos, Educación.

COMUNICADO

Ante las recientes declaraciones de la Señora Ministra de Educación Pública, consideramos necesario aclarar, a la opinión pública, y reafirmar ante las personas estudiantes, docentes, y padres y madres de familia, algunos conceptos fundamentales relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educación inclusiva, tanto por medio de pruebas de aula, construidas por la persona docente, como por medio de pruebas estandarizadas educativas, y recordando precisamente que la evaluación educativa, como disciplina científica, se basa en la ética y el rigor técnico como pilares fundamentales.

La ética evaluativa a nivel internacional, y las leyes de nuestro país, señalan que, al haber personas estudiantes con alguna situación de discapacidad, incluidas en la educación regular, es necesario asegurar su plena participación en igualdad de condiciones y oportunidades, tanto a nivel de aprendizaje, como en las distintas formas de evaluación que se empleen, sean estas pruebas de aula o pruebas estandarizadas educativas.

En primer lugar, debemos recordar que la educación inclusiva se enfoca en la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación plena de todas las personas estudiantes, entre ellas las que están en situación de discapacidad. Existe, además, abundante evidencia científica de los beneficios educativos y sociales de la educación inclusiva, al crear ambientes escolares que promueven la diversidad, el respeto y la inclusión.

Ahora bien, la evaluación de aula es construida por la persona docente, y es utilizada para la gestión de los procesos de enseñanza con sus estudiantes, en un contexto específico. Es parte de la llamada micro-evaluación y es un proceso que se realiza con diferentes instrumentos, entre ellos pruebas diagnósticas, formativas o sumativas, las cuales permiten al profesorado orientar su enseñanza, según los requerimientos del estudiantado a su cargo. Precisamente, el anterior es el valor agregado de las pruebas en el aula; ya que la validez de estas evaluaciones tiene sentido cuando se interpretan en el contexto específico del grupo de estudiantes para las que fueron diseñadas.

Respecto a las pruebas estandarizadas educativas, cabe resaltar que son exámenes que se construyen, aplican y califican en condiciones estándar o equivalentes, y usualmente deben estar alineados al currículo de programas de estudio específicos. Es así como evalúan los mismos aprendizajes en la gran mayoría de las personas examinadas, y por tanto generan puntuaciones que son comparables entre la población estudiantil. Se diseñan y validan siguiendo principios fundamentales de rigor científico y ética. Estas pruebas aportan información sobre los niveles de desempeño de las personas estudiantes en los aprendizajes evaluados. De esta manera, las autoridades educativas pueden tomar decisiones en cuanto al logro de los niveles meta de los aprendizajes por parte del estudiantado, identificando también situaciones de inequidad, referentes a diversas variables sociodemográficas y geográficas, con el fin de tomar medidas correctivas y brindar los apoyos y refuerzos que se requieran.

Debemos recordar también que los resultados de una prueba estandarizada, bien construida y debidamente validada, brindan una línea base para evaluar el desempeño de todas las personas estudiantes en relación con las metas de aprendizaje establecidas en los programas de estudio, y utilizadas con propósitos formativos, ofrecen, asimismo, a cada estudiante y sus correspondientes docentes, una descripción de sus fortalezas y áreas de mejora en aprendizajes. Finalmente, las autoridades educativas y otros sectores involucrados deben utilizar los resultados de estas pruebas para ejecutar y desarrollar políticas educativas en torno a temas de excelencia y equidad en la educación.

Ahora bien, en el contexto de la educación inclusiva y reconociendo la diversidad existente en el estudiantado, la evaluación inclusiva implica que los procedimientos aplicados deben ser de accesibilidad universal, de manera que queden eliminadas todas aquellas barreras que restrinjan la participación plena y activa de la totalidad de la población estudiantil.

Entonces, desde el marco de referencia asociado a las pruebas estandarizadas y para sus procesos de elaboración y validación, es necesario reconocer dos situaciones: por un lado, aquellas personas estudiantes que poseen alguna condición física, psicosocial, sensorial o de aprendizaje que no afecta su desarrollo intelectual, y que reciben todos los temas de los programas de estudio en una asignatura específica van a requerir probablemente de ciertos apoyos educativos y/o productos de apoyo, para acceder a los contenidos de las pruebas, que les permitan estar en igualdad de oportunidades con el resto del estudiantado. A este tipo de apoyos se les ha conocido anteriormente como adecuaciones no significativas, y adecuaciones de acceso, dado que el contenido de la prueba se mantiene. Por ejemplo, en la aplicación de las diversas pruebas de admisión a las universidades públicas, se ofrecen una variedad de apoyos de este tipo, para garantizar la equidad en el acceso a su contenido. Tal es el caso de pruebas que se presentan en el sistema Braille o con lector de pantalla para hacerlas accesibles a las personas con ceguera o baja visión, la disponibilidad de rampas o ascensor para personas usuarias de silla de ruedas, andaderas, coches u otros, que requieren llegar a un aula en un piso superior para realizar el examen, o la interpretación de la prueba en la LESCO (Lengua de Señas Costarricense) para una persona sorda. Como los contenidos que mide la prueba se mantienen, los puntajes de las personas que reciben estos apoyos son totalmente comparables a los de la población que no los requiere, y, por tanto, los resultados de ambos grupos se analizan conjuntamente, y se generan las mismas interpretaciones.

Otra situación diferente se origina con las personas estudiantes que presentan diversidad intelectual y funcional, y que, de acuerdo con ajustes razonables en el contexto de la educación inclusiva, reciben contenidos educativos modificados o adaptados a su perfil. A estas personas se les debe brindar evaluaciones de su rendimiento escolar equivalentes a las de la población sin discapacidad, pero modificadas según su propuesta educativa particular. Tal puede ser el caso de personas con síndrome de Down o Trastorno del Espectro Autista, por ejemplo. Entonces, en un modelo educativo inclusivo, una prueba estandarizada de contenidos curriculares puede presentar ciertas modificaciones, de tal manera que se incluyan en ella solo los aprendizajes que fueron gestionados, en particular, para esa persona estudiante. El grado de comparabilidad entre los puntajes de estas pruebas estandarizadas modificadas y los puntajes de los estudiantes de la población sin la modificación es variable, por tanto, en general, deben analizarse e interpretarse de manera separada. Aun así, se pueden construir indicadores del desempeño para esos grupos de estudiantes. También es relevante mencionar que frecuentemente sucede que una persona estudiante requiere ajustes razonables solo en alguna(s) de las asignaturas. Por supuesto, si este es el caso, dicha persona resolverá la prueba estandarizada sin modificar en aquellas asignaturas donde no requiere ajustes razonables, y la prueba estandarizada modificada en aquellas donde sí presenta ajustes razonables.

Ciertamente para las personas especialistas en evaluación educativa el modelo de la educación inclusiva y, consecuentemente, de la evaluación inclusiva, representa retos metodológicos, tanto para la construcción y validación de pruebas estandarizadas, como para el análisis e interpretación de los resultados, puesto que la prueba estandarizada con contenidos modificados no es, de oficio, directamente comparable con la aplicada a la población regular. Por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas con modificaciones no deberían ser parte de los análisis estadísticos realizados con los datos de la población que no presenta alguna discapacidad, y las interpretaciones en términos de las descripciones de los desempeños estudiantiles, según los puntajes de las pruebas, también cambiarán. Pero estos asuntos técnicos de ninguna forma deben limitar la participación de todas las personas estudiantes en los procesos evaluativos que involucren pruebas estandarizadas.

Existe en el país un ejemplo de una prueba que, desde su misma concepción, es adaptable para evaluar poblaciones con diversidad intelectual en el contexto de la educación inclusiva, permitiendo la diferenciación de contenidos. Se trata de la prueba de dominio lingüístico en lenguas extranjeras, desarrollada por la Universidad de Costa Rica, y que está alineada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esta prueba puede ser adaptada fácilmente para que evalúe solo los niveles recomendados por especialistas en Educación Especial, en aquellas personas con alguna discapacidad en sus habilidades intelectuales. Por ejemplo, hay posibilidad de evaluar, de acuerdo con su perfil, solamente hasta el nivel de desempeño A2 (principalmente precisión y descripción), por lo que el instrumento es ensamblado con ítems específicos para este nivel. Así se evita exponer a la persona estudiante a restricciones arbitrarias de exclusión de la prueba, que la ponen en una situación de desventaja, y, además, se obtiene información de su propio desempeño, de forma equitativa al resto de la población estudiantil. Nuestra propuesta es que se use ese mismo modelo en las otras asignaturas de la educación regular.

En este contexto, reconocemos que el Ministerio de Educación Pública cuenta con especialistas, no solo en Educación Especial, sino en evaluación con pruebas estandarizadas, quienes poseen el conocimiento necesario para crear estos instrumentos y hacerlos inclusivos para todo el estudiantado, pues son claros los beneficios educativos y sociales de la educación y de la evaluación inclusiva.

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown), y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, instamos vehementemente a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación, para que utilicen los valiosos recursos disponibles y la experiencia acumulada, y cumplan con su deber de realizar procesos evaluativos que sean inclusivos y respetuosos de los derechos del estudiantado, pues se trata de derechos salvaguardados en nuestra legislación, jurisprudencia y en las convenciones suscritas por nuestro país. Todo lo anterior con el fin de continuar por el camino trazado hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, respetando las diferencias individuales y la dignidad de cada persona estudiante. De nuestra parte estamos, igualmente, en la mejor disposición para colaborar en dichos procesos.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Doctora en Educación
Máster Académica en Evaluación
Educativa

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa
Profesora Jubilada
Universidad de Costa Rica

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular, Colypro

Katalina Perera Hernández
Docente e investigadora
Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y
M.Sc. en Tecnología educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

Laura Jiménez Umaña
Máster en Evaluación Educativa
Investigadora y Evaluadora

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado
Analista Curricular, Colypro

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

Luis Miguel Rojas Torres
Máster en Estadística
Doctor en Educación
Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad de Costa Rica

Yency Calderón Badilla
Profesora
Máster Académica en Evaluación Educativa

Colaboradora: M.Sc. Carolina Álvarez Rodríguez
Profesora de Educación Especial, UCR

Por la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown):

Rosette Kleiman Neuman
Trabajadora Social
Presidenta de Junta Directiva

Maureen Fernández Arrieta
Administradora de Empresas
Vicepresidenta de Junta Directiva

Itzel Zúñiga Alfaro
Administradora de Empresas
Secretaria de Junta Directiva

Josec Salazar Hernández
Agente de Aduana
Tesorero de Junta Directiva

Nohelia Useche Peñaloza
Coordinadora Educativa
Vocal 1 de Junta Directiva

Natalia Vargas Calvo
Asistente de Oficina
Vocal 2 de Junta Directiva

Yalile Chacón Hernández
Contadora Pública
Vocal 3 de Junta Directiva

Adriana María Ureña Suárez
Psicopedagoga
Fiscal de Junta Directiva

Éricka María Álvarez Ramírez
Abogada Especialista en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Mildred García González
Fisióloga y Máster en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Ana Helena Chacón Echeverría
Relacionista Internacional
Miembro de ASIDOWN

Vernor Muñoz Villalobos, abogado
ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
Colaborador de ASIDOWN

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Tania E. Moreira Mora
M.Ed. Melania Monge Rodríguez
Lic. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 11 de octubre de 2023.

Estudiantes de secundaria presentan acción administrativa ante Consejo Superior de Educación

Publicado el . Publicado en Educación.

  • Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
  • Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
  • Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.

El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.

Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.

Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:

  • Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
  • La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
  • El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
  • Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
  • Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
  • En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
  • La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
  • Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.

No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.

Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.

‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.

Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.

Descargo estudiantes de secundaria ante la información que circula sobre acuerdo con Gobierno de Costa Rica

Publicado el . Publicado en Derechos, Educación.

Kenia García Cortés cédula 119050585, Juan Miranda Barrantes 119570388 y Yeiner Sánchez Brizuela cédula 119290762, estudiantes de secundaria de San José, ante la información que circula sobre un acuerdo que suscribimos con los funcionarios de Casa Presidencial (Jorge Rodríguez Bogles Viceministro de la Presidencia y Charlyn Sánchez del Despacho del señor Presidente), los Viceministros de Planificación (Leonardo Sánchez Hernández) y académico (Melvin Chaves Duarte) del MEP y Álvaro Medrano de Gestión y Evaluación del MEP, hacemos la siguiente aclaración obligada:

  1. Acudimos a Casa Presidencial a manifestarnos y protestar con estudiantes de secundaria de varios colegios de San José y otras provincias, contra la decisión del MEP de aplicar pruebas estandarizadas con valor sumativo e incidencia en la promoción académica en este segundo semestre del año, sin que las mismas sean técnicamente fiables. También por la situación precaria en que se encuentra la infraestructura educativa en todo el país y por la falta de presupuesto para financiar becas, comedores escolares y transporte estudiantil. Nos manifestamos también para demandar una educación de calidad que garantice una vida mejor para niños, niñas y adolescentes.
  2. Inicialmente no se nos permitió ingresar, ni siquiera a entregar un documento con las demandas y los criterios técnicos que respaldan nuestra solicitud de suspensión de las pruebas en cuestión, pero en determinado momento, cuando la manifestación de estudiantes ya se estaba disolviendo, luego también de haber sufrido una serie de incidentes de represión policial hacia estudiantes, salió el señor Presidente y después de un intercambio de palabras poco asertivo, pidió que los liderazgos ingresáramos a reunirnos con los Viceministros. Es muy importante resaltar, que no nos permitieron ingresar con ninguna persona acompañante, figura legal o asesoría experta en el tema.
  3. Aceptamos conversar para reiterar la posición del movimiento estudiantil de secundaria, pero advertimos que no teníamos una designación formal para tomar acuerdos en nombre del Movimiento Estudiantil de Secundaria, lo cual fue del conocimiento de las personas funcionarias institucionales desde el inicio de laconversación.
  4. Pese a lo anterior y después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación.
  5. Por lo anterior, aclaramos que no hemos claudicado en los propósitos que nos mueven a manifestarnos y que son las mismas demandas de miles de estudiantes de todo el país; seguiremos en la lucha, porque el documento firmado el día de hoy por autoridades que no tienen competencia en el diseño y aprobación de políticas educativas, carece de todo valor legal y no puede detener la lucha del Movimiento Estudiantil de Secundaria con todas sus demandas en su amplitud.
  6. Resaltamos nuestra preocupación, porque el sistema educativo se encuentra en una situación que se ha agravado debido a la incorporación de un equipo humano sin experiencia pedagógica y sin un conocimiento adecuado de la institución y la realidad nacional que el MEP debe atender. Asimismo, la falta de consulta a las personas expertas del propio Ministerio y de las Universidades Públicas ha dejado de lado valiosos aportes de información y criterios científicos que históricamente han sido fundamentales en el campo educativo. Es preocupante que, por primera vez en décadas, las autoridades de educación no defienden el presupuesto de la educación pública y acceden a disminuirlo para ser utilizado en otros ministerios fuera del MEP. Esto muestra un claro cambio en el paradigma nacional, donde las autoridades abordan los problemas sociales de desigualdad, violencia y drogas mediante la represión policial en lugar de la inclusión educativa.
  7. Por todas estas razones, el Movimiento Estudiantil de Secundaria se ha unido para llevar a cabo una serie de protestas y luchas en defensa de la educación pública y en oposición a la Prueba Nacional Estandarizada impuesta por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2023. Nuestro objetivo es defender el derecho a una educación de calidad para toda la población estudiantil del del país y promover un sistema educativo más inclusivo y equitativo en todos sus niveles, a través de un presupuesto digno, garantizando el mandato constitucional del 8% para educación pública en Costa Rica.

Manifestación contra pruebas estandarizadas este jueves 27

Publicado el . Publicado en Educación.

Comunicado

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la Ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.

2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.

3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.

4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.

5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.

6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.

7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Por las razones expuestas este jueves 27 nos manifestaremos de manera pacífica en San José de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia saldremos de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia y el viernes 28 en Guápiles.

Información compartida con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández.

Imagen: Semanario Universidad.

FEUNA apoya a manifestación contra pruebas estandarizadas

Publicado el . Publicado en Derechos, Educación.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) en apoyo a la comunidad estudiantil de secundaria se une al llamado de la “Manifestación en contras de las pruebas estandarizadas”, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio de manera pacífica en San José, de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia, de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia; y el viernes 28 de julio en Guápiles.

Pronunciamiento

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 de julio estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

  1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.
  2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.
  3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.
  4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.
  5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.
  6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.
  7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Publicado el . Publicado en Educación.

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.

[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

Mujeres por Costa Rica: hablemos de evaluación educativa

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El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su preocupación por los alcances de las modificaciones en la evaluación educativa, específicamente sobre las pruebas estandarizadas, recientemente anunciadas por el Ministerio de Educación Pública.  Nos unimos al interés y cuestionamientos manifestados al respecto por diversas entidades como el CONARE (específicamente la Universidad de Costa Rica y el CIDE de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación), las valoraciones técnicas de asesores curriculares del Ministerio de Educación (oficio DVM-AC-DDC-DTCED-030-2023), así como el señalamiento de los desaciertos e improvisaciones que al respecto mencionan asesores de  la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP (oficio del 7 de febrero 2023),  y las diversas preocupaciones externadas por especialistas en evaluación, por medio de artículos y entrevistas difundidas por la prensa escrita, televisión y  medios alternativos.

Aclaramos que nuestra posición también es a favor de realizar evaluaciones educativas, con fines de aprendizaje y mejoramiento continuo y para fortalecer la Educación, pero nos preocupan los vacíos teórico-conceptuales y la poca claridad metodológica de las medidas tomadas por la cúpula del MEP.  Como mujeres educadoras y especialistas en educación, nos mueve sobre todo la preocupación por proteger el interés principal de la persona menor, pues las medidas que tome el Ministerio de Educación Pública afectan directamente la vida y el porvenir de las personas estudiantes, en su gran mayoría menores de edad.

Nuestro colectivo se une al interés nacional de buscar soluciones viables, claras, contundentes y científicamente fundamentadas, para retomar el camino andado en educación.  Es lamentable que el bagaje construido por el país durante tantos años, no parece utilizarse ahora, cuando más lo necesitamos, para consensuar nuevas dinámicas que permitan superar, con acciones claras, el bache en el que nos encontramos. La tan esperada y prometida estrategia para relanzar la educación en nuestro país, denominada Ruta de la Educación, ha dejado importantes nebulosas que no se han aclarado debidamente, en cuanto a sus bases conceptuales, sus consideraciones iniciales de la situación, sus orientaciones y sus acciones directas. Al contrario, se demanda desde las cúpulas ministeriales, de manera apresurada, acciones en evaluación educativa, como son establecer dos pruebas diagnósticas para todo el estudiantado (una en abril y otra a fin de año) y dos rondas al año de pruebas nacionales estandarizadas para las personas estudiantes de último año de escuela y colegio, que definirán la situación de cada uno a futuro y su aprobación o reprobación del curso lectivo sin la evidencia de un debido proceso técnico-científico para formularlas y validarlas.

Estamos a favor de las pruebas estandarizadas pues reconocemos la incidencia directa y contundente que pueden tener para dilucidar el nivel de logro de los aprendizajes obtenidos por el estudiantado y definir las brechas y vacíos que se deben solventar.  Sin embargo, nos unimos al clamor nacional porque exista rigurosidad en los procesos de planeamiento y desarrollo de los instrumentos de evaluación, así como sustento teórico que permita la comparabilidad de las pruebas y una justa toma de las decisiones certeras, según los resultados obtenidos.

Además de expresar nuestra solidaridad con las inquietudes planteadas y ampliamente difundidas por diversos grupos con respecto a las decisiones tomadas sobre la evaluación educativa por las autoridades del Ministerio de Educación y por el Consejo Superior de Educación, nuestro colectivo desea llamar la atención de que existe en nuestro país, camino andado en evaluación. Tenemos experiencia en macroevaluación derivada de nuestra participación en pruebas internacionales, existen proyectos desarrollados con asesores del MEP y especialistas en evaluación educativa de las universidades públicas, como por ejemplo la Propuesta de Estándares Educativos y Niveles de Desempeño, que había venido trabajando una especialista en evaluación de la UCR con asesores del MEP desde el 2020, de la cual tanto la ministra como el Consejo Superior de Educación tienen conocimiento, y que se encuentra prácticamente terminada, sin embargo, dicho equipo no volvió a ser convocado y el proceso fue detenido por este gobierno a poco tiempo de su llegada al MEP.  Tenemos además convenios, investigaciones y estudios en las universidades del país, que permiten contar con conocimiento claro derivado de hallazgos sobre evaluación educativa, específicamente en cuanto al diseño riguroso de pruebas estandarizadas, sus análisis de validez, su interpretación y la adecuada toma de decisiones. Hay también vínculos académicos internacionales que se mueven en la frontera del conocimiento en evaluación educativa y que han mantenido capacitación continua por muchos años con asesores del MEP y vínculos con las universidades. Entonces nos preocupa mucho quién estará tomando las decisiones de lo que se hace en materia de evaluación hoy en el país, pues ese bagaje de conocimiento parece no estarse considerando al definir el rumbo de la evaluación educativa.

De parte de Mujeres por Costa Rica, continuaremos con el aporte en la divulgación de artículos dirigidos a diferentes audiencias, para fortalecer el desarrollo de una cultura evaluativa que sustente el valor social de la evaluación y el abordaje claro y la comprensión de aspectos como sus procedimientos, propósitos y usos esperados, así como las consecuencias que tienen los procesos de evaluación en la vida de las personas y los requisitos para contar con diseños rigurosos de pruebas estandarizadas, sus análisis de validez, su interpretación y toma de decisiones.

Reiteramos a la vez nuestro llamado a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación a que utilicen el amplio conocimiento acumulado en nuestro país para corregir el rumbo que conllevan las decisiones tomadas y replantear sólidamente las acciones en torno a la evaluación educativa.

Por el colectivo Mujeres por Costa Rica:
Dra. Eiliana Montero Rojas
Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Karla Salguero Moya
Dra. Nora Garita Bonilla
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2022
Máster Sandra Cartín Herrera
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Arq. Eugenia Solís Umaña
Lic. Erika Henchoz Castro

San José, 14 de marzo de 2023
mujeresxcr@gmail.com