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Etiqueta: Pueblo Soberano

El negocio de la fe: radiografía de la «simonía política» en Costa Rica

Por: Luis A. Monge

Entre las somnolencias matutinas de un despertar tempranero, me asaltó sin previo aviso, con alevosía y clara premeditación, una palabra: “simonía”. El término nos remite a Simón el Mago, aquel personaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles que ofreció dinero para comprar los poderes espirituales que Pedro y Juan habían recibido del maestro. Poniéndole mente al asunto, resulta evidente que este concepto antiguo ha cobrado una vigencia abrasadora en el centro del debate político y social costarricense; una verdadera papa caliente que quema las manos. Históricamente definida como la compraventa de lo sagrado, esta práctica se ha tropicalizado en nuestro terruño, dinamizando un millonario negocio de favores, prebendas y manipulación de la fe con fines estrictamente electorales.

La instrumentalización de las congregaciones como plataformas de campaña y el trueque de cuotas de poder por votos demuestran que las fronteras entre la Iglesia y el Estado atraviesan una de sus mayores crisis, revolviéndose y diluyéndose mutuamente ante nuestros ojos como un fresco de sirope, en clara contraposición a la conocida frase “Dad, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.

Los Pilares del Fenómeno

La Fe como Mercancía

A través de corrientes corporativas como la «Teología de la Prosperidad», ciertas estructuras religiosas movilizan y coaccionan a sus fieles bajo promesas de influencia gubernamental, beneficios económicos y privilegios. De este modo, transforman el fervor espiritual en una bandera utilitaria y en un señuelo para el intercambio político.

El Factor Fabricio Alvarado

El líder de Nueva República, históricamente el rostro más visible del neopentecostalismo político en el país y quien en su momento rozó la presidencia de la República, enfrenta hoy un escenario de severa decadencia. Tras perder su inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público lo investiga formalmente por graves denuncias de presuntos delitos sexuales y hostigamiento. El reciente archivo de su expediente ético en el Congreso ha desatado una ola de indignación en colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes acusan impunidad y un evidente «compadrazgo» de protección cruzada con la bancada oficialista subordinada al chavismo.

El Pacto de «Pueblo Soberano» bajo la Lupa del TSE

La mezcla pegajosa entre religión y política alcanzó de forma directa al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) —plataforma que llevó a la presidencia a Laura Fernández—. La agrupación se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse un pacto político-religioso con el Foro Mi País (una organización ultraconservadora de pastores evangélicos) para asegurar el endoso de su caudal electoral. Este acuerdo incluyó la distribución de panfletos dentro de los templos, donde se instruía explícitamente a los feligreses a votar por el PPSO a cambio de asegurar cuotas de poder y representación en el gabinete. El hecho provocó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abriera una investigación de oficio por el presunto uso de la religión como mecanismo de coacción del voto.

Impacto y Metástasis en el Estado Costarricense

El avance de esta agenda conservadora y negociadora está provocando una metástasis profunda en el modelo democrático del país, profundizándose en cuatro áreas críticas:

1. Reconfiguración del Contrato Social

La agenda dogmática impulsa un enfoque restrictivo de «Familia Tradicional» con el fin de blindarlo legalmente frente a las realidades plurales del país. Esto marcha de la mano con una contrarreforma educativa que pretende desmantelar los programas de educación afectivo-sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo la narrativa instrumental de combatir la «ideología de género».

2. Parálisis en la Política Pública

Los efectos se palpan en el freno sistemático a los derechos de salud pública y reproductiva (como el boicot a la norma técnica del aborto terapéutico). Existe, además, el riesgo latente de tercerizar la asistencia social a través de ONGs confesionales, lo que terminaría condicionando la ayuda estatal a la afinidad moral del beneficiario. En el plano legislativo, la dinámica corre el riesgo de tornarse en una actividad puramente transaccional, supeditando proyectos de desarrollo económico o fiscal a cambio de concesiones en la agenda de moralidad obligatoria.

3. Tensiones e Implosión Institucional

El aparato democrático sufre el debilitamiento del Estado laico por la vía de los hechos. Aunque la reforma constitucional formal sigue estancada, la entrega de cuotas de poder en ministerios estratégicos y entidades clave (Educación, Salud, INAMU o el PANI) opera una confesionalización de echo de las instituciones. Además, la saturación y los ataques sistemáticos dirigidos al TSE por fiscalizar los templos, sumados a la erosión de los comités de ética en la Asamblea, envían un peligroso mensaje: el músculo político y el populismo se imponen a rajatabla por encima de la justicia.

4. Retroceso en Derechos Humanos

Este fenómeno impacta directamente a las poblaciones más vulnerables. Se evidencian intentos normativos por revertir las conquistas de la población LGBTIQ+ (como el matrimonio civil igualitario) y un bloqueo sistemático a la legislación contra las llamadas «terapias de conversión». Paralelamente, el desmantelamiento institucional de género y la laxitud ante las denuncias de violencia machista en las altas esferas del poder precarizan la protección de las mujeres, erosionando el imaginario colectivo mediante una retórica de polarización y exclusión social.

El diablo repartiendo escapularios

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Resulta irónico, los trece de treinta y un diputado de Pueblo Soberano, encabezados por Nogui Acosta, que suman más de cincuenta expedientes acusatorios en la Fiscalía General, son los que impiden nombrar los diez y ocho magistrados suplentes de la Sala Constitucional, fundamentales para conocer casi un centenar de expedientes en dicha sala, pero sobre todo, para evitar que por ausencia justificada de un magistrado propietario, se paralice totalmente la Corte Plena que por ley, no puede sesionar si falta uno o más magistrados. Es decir, agazapados en su impunidad de diputados, impiden y poner en peligro la justicia.

¿Y por qué, desde la pasada cuadrilla jefeada por Pilar Cisneros y ahora por el encartado en la Fiscalía Nogui Acosta, no quieren votar? Por la sencilla razón de que, como todos los movimientos fascistas, quieren tomar el Poder Judicial para hacer sus tropelías.

Dice el tal Nogui como jefe de la pandilla oficialista, que quieren una lista nueva pues la que hay, que viene de la Asamblea Legislativa anterior no les gusta, porque no conocen a los candidatos. Ignorancia, estupidez o mala fe, usted escoge.

Resulta que ser candidato a un cargo de magistrado suplente implica un largo proceso que, por ley, debe realizar la Corte antes de enviar el listado a la Asamblea donde deben pasar los filtros de la Comisión de Nombramientos y pasar al Plenario para ser electo por 38 votos. Es decir, no es como hacer la lista de candidatos a súbditos diputados del chavismo, hecha a voluntad imperial desde Zapote.

Si desean conocer a los candidatos, ahí están los expedientes de cada uno, vayan a estudiar y dejen de joder. Pueden tener seguridad de que ninguno tiene expediente en la Fiscalía, ni cuentas pendientes o juicios en su contra en los Tribunales, ni nunca han pesado sobre ellos acusaciones vergonzosas o vergonzantes, ninguno se ha cambiado la nacionalidad adulterando documentos, y otras acusaciones, como si abundan en algunas listas de ministros y diputados.

Sabemos que buscan quebrar la institucionalidad, pero los ciudadanos les vamos a delatar sus triquiñuelas. No vengan los diablos antidemocráticos de la ultraderecha fascista, a querer vendernos esos escapularios.

TSE ordena medida cautelar a Pueblo Soberano, Laura Fernández y Fabricio Alvarado

  • También deben acatarla la Federación Alianza Evangélica Costarricense, la Asociación Templo Bíblico Internacional, el Foro Mi País, así como los señores Reynaldo Salazar Salazar y Francisco Gamboa Soto.

San José, lunes 19 de enero de 2026. Mediante resolución de las 14:25 horas del 16 de enero de 2026, a través de la cual se admitieron a trámite los recursos de amparo electoral que se conocen en el expediente n.° 034-2026, conforme lo establece el artículo 230 del Código Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dictó una medida cautelar en la que ordenó a la candidata Laura Fernández Delgado y al candidato Fabricio Alvarado Muñoz, junto con el partido Pueblo Soberano, que se abstengan de realizar manifiestos públicos que, directa o implícitamente, representen un llamado a votar por ciertas agrupaciones partidarias, apoyado en razones o símbolos religiosos, o de no hacerlo por otras, aunque no se identifiquen, pero resulten identificables, según coincidan o no con sus posiciones.

Esta medida cautelar, que incluye detener la difusión del folleto denominado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano?” también debe ser acatada por los señores Reynaldo Salazar Salazar, Francisco Gamboa Soto, por la Federación Alianza Evangélica Costarricenses, la Asociación Templo Bíblico Internacional y por el Foro Mi País.

Las personas y organizaciones recurridas deberán instruir a los pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus fieles.

Esta medida cautelar debe ser acatada de inmediato tanto por las personas físicas como por las organizaciones recurridas. De acuerdo con lo establecido en el numeral 284 del Código Electoral, “la desobediencia o el incumplimiento, total o parcial, de las resoluciones (…) que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales y legales, emita el TSE en materia electoral, constituye el delito de desobediencia previsto en el Código Penal”.

El TSE resolvió lo anterior ante los dos recursos de amparo electoral presentados por los señores Marco Antonio Morales Albertazzi y Mauricio Ordóñez Chacón, relacionados entre otros temas, con la presunta entrega de material propagandístico a favor de la candidata Fernández Delgado en un encuentro de pastores evangélicos realizado el pasado 15 de enero.

Foro Nacional de Vivienda denuncia uso político y clientelista de la política habitacional

El Foro Nacional de Vivienda, movimiento social con representación en todo el país e integrado por más de 36 liderazgos comunitarios, activistas y representantes de asentamientos y territorios que históricamente han defendido el derecho humano a una vivienda digna, denunció ante la ciudadanía, la Asamblea Legislativa y los poderes de la República las prácticas de manipulación política y uso clientelar de los programas de vivienda por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y del partido Pueblo Soberano, en el marco de la actual coyuntura electoral.

En su comunicado, el Foro recordó que desde su creación se ha consolidado como un espacio de articulación social y política no partidaria, orientado a visibilizar las demandas de miles de familias en situación de exclusión, promoviendo el acceso equitativo y transparente a soluciones habitacionales a través de la institucionalidad pública. Sin embargo, advierte que en los últimos meses ha constatado acciones sistemáticas que atentan contra estos principios y contra la ética pública.

Denuncias principales

  1. Uso político del BANVHI y del MIVAH.
    El Foro señala la utilización del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI) y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como instrumentos de coacción y clientelismo electoral, aprovechando la vulnerabilidad de las familias beneficiarias.
    Entre los casos mencionados figura el Proyecto de Vivienda Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste, donde se habría identificado la intervención directa de candidatos a diputación del partido Pueblo Soberano, quienes convocaron a reuniones con beneficiarios durante actividades institucionales, buscando capitalizar electoralmente el acceso a la vivienda, derecho humano garantizado por el Estado y no un favor político.

  2. Instrumentalización de actos públicos.
    El Foro también denuncia la utilización de entregas de viviendas y visitas regionales de la ministra de Vivienda como actos proselitistas y de promoción política, lo que califica como abuso de poder y violación al principio de neutralidad del Estado.
    A ello se suma —indica el comunicado— la intención de la jerarca de eliminar el bono del artículo 59, herramienta histórica que permite a familias de escasos recursos acceder tanto al lote como a la construcción de su vivienda, medida que agravaría las condiciones de exclusión social.

Llamado a las instituciones

El Foro Nacional de Vivienda rechaza categóricamente la utilización del derecho a la vivienda como mecanismo de control político, coacción o chantaje electoral, y exige a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa investigar de forma urgente y exhaustiva los hechos denunciados.

El movimiento enfatiza que la vivienda es un derecho humano, no un instrumento electoral, y hace un llamado a la transparencia, la justicia social y el respeto a la dignidad de las familias costarricenses.

“¡Por una política de vivienda justa, transparente y libre de clientelismo!”, concluye el comunicado.

El documento completo puede descargarse en el siguiente enlace:
Comunicado del Foro Nacional de Vivienda (PDF)

Chavismo y corrupción

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Durante la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles como candidato presidencial recorrió el país y clamó a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que lucharía contra la corrupción y los corruptos que, según él, se habían robado este país; tema que ha mantenido vigente en sus discursos presidenciales.

Por eso es importante que empecemos transcribiendo el primer párrafo que encontramos en la página 6 de su “Plan de Gobierno”, que tiene como flamante título: Freno a la Corrupción. Dice así:

– “La desenfrenada corrupción nacional nos empobrece a todos, nos roba a todos, nos reduce en cantidad y calidad los servicios públicos. Nuestra propuesta empieza por poner jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres para los puestos y no los mejores puestos para los amigos…” (El destacado no son del original, pero quisimos resaltar el párrafo)

Llevaba razón el candidato, la corrupción carcome las instituciones públicas en contra del ciudadano; pero como presidente de la República se olvidó de aquella afirmación y, por el contrario, se ha reído del pueblo de Costa Rica y, en especial, de aquellos que obnubilados siguen creyendo en sus discursos altisonantes, irrespetuosos y palabrotas de albañal y no se dan cuenta, o se niegan a aceptar su grave error, cuando eligieron al gobernante y equipo de gobierno más corrupto e incompetente de la Historia de Costa Rica. Veamos por qué lo digo.

Nunca un presidente de la República, a ocho meses de terminar su mandato, ha acumulado 120 acusaciones penales en la fiscalía general de la República, dos solicitudes de levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia y otra a punto de ser votada en la Asamblea Legislativa. No se trata de perseguir a nadie, sino de hacer respetar la ley, esa que tanto le estorba y pone en evidencia su permanente accionar corrupto; porque corrupción no es solo apropiarse indebidamente del dinero, sino mentir y tergiversar la verdad e incumplir la ley y las promesas hechas ante el pueblo.

Al listado acusatorio contra el presidente en la fiscalía, se unen los de sus excolaboradores, supuestos “jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres” que ofreció en campaña, citemos algunos de esos ex…que hoy aspiran a ser diputados para ampararse en cuatro años de inmunidad y oprobiosa impunidad, que han sido dados a conocer por diversos medios de comunicación: Nogui Acosta (Hacienda) 11 causas penales pendientes, Marta Esquivel (CCSS y Planificación) 14 causas pendientes, Ana K. Müller (Educación) 8 causas pendientes, Stephan Brunner (Vicepresidencia) 5 causas pendientes; Royner Mora (Deportes) y Robert Barrantes (Influencer en planilla de la Presidencia) 2 cada uno, Esmeralda Britton (Junta de Protección), Nayuribe Guadamuz (Cultura y Juventud), José Ml. Quesada (Recope y Acueductos y Alcantarillado), Raül Zamora Trejos (Asesor y Financista Campaña) María Isabel Camareno (CCSS), Osvaldo Artavia Vastillo (INDER) todos con una causa penal en la fiscalía y, por último, el abogado del presidente José Miguel Villalobos, con una causa en fiscalía y tres suspensiones profesionales en el Colegio de Abogados. Y no citamos otros nombres de ministros como André Tinoco o el depredador ambiental Franz Tattenbach que también están acusados ante la fiscalía, por no ser aspirantes a diputados.

Nunca, óigase bien, nunca se ha visto en la Historia de Costa Rica el que, aún sin terminar un gobierno o después, haya una lista tan extensa de posibles encarpetados en los juzgados penales, nunca se ha visto semejante colección de posibles hechos corruptos en un gobierno. Donde quedó la oferta de campaña que citamos al inicio de este artículo, donde la lucha contra los actos corruptos que, por el contrario, se convirtieron en una costumbre abierta e insultante en este gobierno. Entre el presidente y sus “honestos” colaboradores suman más de 160 expedientes abiertos en la fiscalía general de la República, un verdadero festín de coyotes… ¡habrase visto vergüenza mayor!

Pues sí, la encontramos en las papeletas a diputados del eso que llaman partido Pueblo Soberano, que no es más que someter a este pueblo al hecho inaudito de votar por estos encartados en la fiscalía y que encabezan las papeletas de todas las provincias del país. Con ello, el chavismo lanza un manto protector a sus corruptos, la impunidad se convierte en coraza y los votantes en cómplices de esa corrupción contra la cual creen, engañados por desinformados o indiferentes, que están votando. Y usted ciudadano, ¿va a seguir engañado para ser cómplice de este desafuero, o por fin va a despertar en defensa de nuestra democracia?

Si, estos desvergonzados en vez de presentarse a los tribunales penales como será su destino corren a inscribirse como candidatos a diputados para refugiarse en una inmunidad impúdica, como parte de la pandilla de los 40 que pide Chaves para robarnos la institucionalidad, al estilo de Ali Babá.