Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.
El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.
El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?
Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.
Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.
El pasado sábado 21 de junio de 2025, la escuela de Santa Cruz de Buenos Aires se coronó campeón nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, Masculino B.
Este torneo fue realizado en Boruca de Buenos Aires del 16 al 21 de junio, en donde participaron 12 equipos provenientes de escuelas de todas las regiones del país.
En la primera fase cada equipo disputó tres partidos en su grupo A, B o C.
Hubo dos semifinales, cerrando con el partido por el tercer lugar y la gran final.
Este fue el tercer intento de la escuela Santa Cruz ya que en años anteriores había estado acariciando el ansiado trono de campeón, obteniendo un cuarto lugar en el 2023 y el tercer lugar en el 2024.
Esta institución de educación primaria pertenece a la Dirección Regional Grande del Térraba.
Premio goleo y mejor portero
Pero la Escuela Santa Cruz no solo fue campeón absoluto del torneo, también arrasó con el premio de goleo, mejor portero.
Con solo 13 años, el niño Carlos Iván Calderón Figueroa, en representación de la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires, fue declarado goleador de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025, que se desarrollan en Boruca.
El romperedes obtuvo este logro gracias a sus 13 goles que realizó y que a la postre llevó a su equipo a la campeonización.
Carlos Iván es de origen bribri y sus padres son oriundos de Cabagra y Salitre de Buenos Aires.
El goleador estudia en la Escuela de Santa Cruz, la más grande del cantón bonaerense, el cual además brinda lecciones de idioma y cultura bribri a sus alumnos indígenas.
El premio de mejor portero lo obtuvo su compañero Yeikel Abarca Ortiz.
Felicidades a la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires: Campeones absolutos de los Juegos Deportivos Estudiantiles MEP 2025 y por supuesto al director general de la institución, MSc. José Lázaro Ortiz, al jefe de delegación Melvin Ferrero Cano y la directora técnica Auria Sequeira Fuentes, así como a su asistente técnico José Francisco Mora Monge.
El sábado 14 se trabajó con la comunidad El Progreso
Este sábado 14 de junio de 2025, la Comisión Encargada de presentar el proyecto a las comunidades del territorio Indígena Curré viajó a El Progreso de Cajón, una comunidad situada al sur de Cajón de Boruca, al otro lado del río Grande de Térraba.
Las actividades en esta comunidad se enfocaron en presentar el proyecto a las personas asistentes para que se empiece a conocer sus pormenores del contenido y se ajusten los detalles que los vecinos consideren necesarios.
Este reglamento lo que busca es otorgar a los pueblos indígenas la competencia sobre el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de sus territorios, permitiendo el manejo sostenible de los bosques y la gestión de los permisos para la eliminación y aprovechamiento de árboles.
La consulta de este reglamento es un derecho de los pueblos indígenas y surge de la necesidad de regular el aprovechamiento forestal en sus territorios, reconociendo la importancia de los recursos forestales para estas comunidades y buscando un equilibrio entre su uso y la conservación.
Esta normativa forestal le daría facultad a las ADIs, para gestionar el aprovechamiento forestal en sus territorios, además del uso sostenible de sus recursos forestales, tales como la siembra de la misma especie o especies nativas, y el cumplimiento de condiciones técnicas para el aprovechamiento.
El reglamento busca armonizar la normativa forestal con los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la gestión de sus territorios.
El pasado sábado 07 de junio, la Comisión estuvo trabajando este tema con la comunidad de Las Vegas de Chánguena.
Este primer conversatorio de consulta realizado este sábado 14 de junio en la comunidad El Progreso de Cajón inició a las 8am y se extendió hasta la 1pm.
En medio del despliegue represivo del actual gobierno panameño contra comunidades indígenas como Arimae en Darién, emergió una pregunta mediática tan reiterada como malintencionada: “¿Y por qué protestan los indígenas si ni siquiera cotizan al seguro social?”. Esta pregunta que se repitió en redes sociales, en medios masivos e incluso en círculos de opinión política, no solo desconoce el fondo del conflicto, sino que reproduce viejos prejuicios clasistas, racistas y coloniales. Es una pregunta que, en vez de interpelar al sistema de desigualdad que nos atraviesa como país, lo normaliza.
La verdadera pregunta, ¿por qué no cotizan todos los panameños?
En lugar de acusar a los pueblos indígenas de no cotizar, la pregunta fundamental que deberíamos hacernos como sociedad es: ¿por qué tantos panameños —indígenas y no indígenas— no tienen acceso a un trabajo digno que les permita cotizar?
La respuesta es clara: por la profunda desigualdad estructural que históricamente ha caracterizado a Panamá. No lo dicen únicamente las organizaciones sociales o los pueblos indígenas, lo confirman también estudios académicos, diagnósticos institucionales, informes de organismos internacionales e, incluso, los mismos tecnócratas que hoy impulsan la Ley 462. Panamá es uno de los países más desiguales del continente. Mientras una élite empresarial y financiera concentra la riqueza y evade sistemáticamente sus responsabilidades fiscales en más de 8 mil millones al año, la mayoría de la población —incluyendo comunidades indígenas— vive en condiciones de exclusión, pagando impuestos indirectos, pero recibiendo servicios públicos precarios. Esta desigualdad no es casual: es el resultado de un modelo económico excluyente que ha funcionado, durante décadas, a costa de los mismos sectores que hoy son reprimidos por levantar su voz.
La exclusión no es sinónimo de indiferencia
Quienes hoy dicen que los indígenas “no cotizan” lo hacen como si eso los descalificara para defender el sistema de seguridad social. Como si no tuvieran derecho a luchar por una sociedad más justa solo porque no pagan o figuran en una planilla.
Pero la excusión nunca ha significado resignación. Al contrario: la lucha indígena ha sido, históricamente, una lucha por ampliar los horizontes de la ciudadanía, por lograr que sus hijos y nietos accedan a derechos que a sus abuelos les fueron negados.
Aunque muchos indígenas en sus territorios no estén hoy afiliados al seguro social, las aspiraciones en sus comunidades son claras y legítimas: que sus hijos se eduquen, se profesionalicen, que regresen a sus territorios con otros conocimientos, que fortalezcan sus culturas, que defiendan sus tierras y su autodeterminación. ¿No es razonable que también quieran que sus hijos e hijas tengan derecho a una pensión digna? ¿No es justo que peleen por un futuro más equitativo para ellos y para el país entero?
Los pueblos indígenas sí cotizan, y cada vez más
El otro gran error de quienes acusan a los pueblos indígenas de “no cotizar” es asumir que todos permanecen exclusivamente en sus territorios de origen, desvinculados del mundo laboral formal.
Los censos nacionales desmienten esa idea. Los pueblos originarios en Panamá no solo están en las comarcas y tierras colectivas; también habitan espacios urbanos, barriadas populares, zonas agroindustriales de frontera laboral. Muchos son parte activa de la fuerza de trabajo que también sostiene el sistema económico panameño.
En la región metropolitana de Panamá, en David, en Santiago, en cabeceras de distintas provincias, miles de personas indígenas trabajan como obreros, como empleados de servicios, ayudantes de construcción, vendedores, recolectores, peones agrícolas. Muchos de ellos sí están afiliados a la seguridad social, aunque frecuentemente en condiciones precarias y sin derechos laborales plenos.
Un caso evidente es el de las fincas bananeras de Bocas del Toro o de Chiriquí, donde la mayoría de la mano de obra es población ngäbe. A ellos se les descuenta la cuota del seguro social, aunque su trabajo sea muchas veces temporal, exigente y mal remunerado. Por tanto, si hay indígenas cotizando. Y los que no lo hacen aún, también tienen derecho a reclamar un futuro donde esa exclusión no sea la norma.
No es solo la Ley 462: es un modelo de imposición
Las protestas en Arimae y en otras comunidades indígenas no se limitan a la Ley 462. Es una expresión de rechazo frente a un patrón autoritario de gobernar, que impone políticas regresivas sin diálogo ni consulta.
El memorándum de entendimiento con Estados Unidos que permite operaciones militares, el intento de reabrir la mina de Donoso, el proyecto de embalse sobre el río Indio…, todos ellos comparten una lógica común: la imposición desde arriba, sin escuchar a quienes serán directamente afectados. Es una política de despojo, de marginación, de negación de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
Defender la tierra, el agua, la soberanía, la seguridad social, no son luchas separadas. Son aristas de un mismo conflicto estructural: el del privilegio que se impone a costa del bienestar de las mayorías.
SENAFRONT ha violentado los territorios indígenas
La represión contra la comunidad de Arimae no fue un simple operativo. Fue una violación directa de los principios de autonomía, seguridad territorial y respeto a la autoridad indígena.
SENAFRONT —una fuerza militarizada con historial represivo (recordemos Colón)— penetró tierras colectivas reconocidas legalmente, intimidó a la población, realizó allanamientos, lanzó gases lacrimógenos que quemaron techos de paja, y actuó como si se trata de una ocupación.
No es la primera vez. Lo que ocurrió en Ibedi en la Comarca Madugandi fue una advertencia. La militarización de los territorios indígenas no solo rompe con el marco legal vigente, sino que expresa un desprecio por el autogobierno indígena y su relación ancestral con la tierra. Esto no se trataba de “reestablecer el orden”, sino de imponer el miedo. Como he dicho antes, estamos frente a una “pedagogía del miedo” que busca quebrar la resistencia, pero que solo reafirma la dignidad de quienes luchan.
Una figura que advierte desde la memoria indígena
La cosmovisión guna, como también ocurre en muchas otras cosmovisiones indígenas de Abya Yala, cuenta con narrativas que nos alertan sobre los peligros del poder sin límites. El sociólogo guna Juan Pérez Archibold recuerda el personaje mítico de Biler, un líder megalómano que encarna todo lo que los pueblos originarios rechazan: la imposición, la soberbia, el desprecio por la comunidad, la persecución al disenso, el culto a la personalidad. Biler es una figura que desentona con los principios de liderazgo tradicional guna, que exige equilibrio, sabiduría y servicio. Es, en palabras de Pérez Archibold, una advertencia viva sobre los efectos devastadores del poder ejercido sin límites, sin contrapesos y sin ética.
Biler no es solo una figura de otro tiempo, es también un espejo en el que se reflejan los liderazgos actuales que se creen indispensables, que desprecian a sus críticos y que, desde el poder, convierten a las comunidades en amenazas. Integrar este tipo de referentes desde las epistemologías indígenas permite entender la resistencia actual como una defensa de valores culturales, éticos y políticos profundamente arraigados en la historia de estos pueblos.
La protesta indígena es una lucha por el país entero
Lo que sigue ocurriendo hoy en Arimae, y en tantas otras luchas sociales e indígenas, no es una amenaza a la nación, sino un llamado urgente a repensarla. Los pueblos indígenas no están protestando solo por una pensión. Están protestando por el derecho a existir con dignidad, por el derecho a decidir sobre sus vidas y territorios, por el derecho de sus hijos e hijas a tener un futuro sin exclusión.
Y frente a la represión, frente al desprecio y la mentira, su lucha sigue viva. Porque, aunque el gas lacrimógeno ciegue, la memoria resiste. Aunque los medios comerciales de comunicación silencien, la palabra se transmite de casa en casa, de abuelo a nieta, de tambor a comunidad. Aunque el gobierno reprima, los pueblos no se rinden.
El 5 de junio, en el Día Mundial de Medio Ambiente, se reconoce el valioso aporte que brindó don Cristino Lázaro Rojas, un reconocido líder indígena que vivió por muchos años en Rey Curré de Buenos Aires, Puntarenas.
Don Cristino Lázaro Rojas nació en el año de 1936 y murió en diciembre del 2023.
Gran parte de sus 87 años de vida, la pasó alzando su voz y luchando en defensa del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos culturales de los pueblos indígenas en Costa Rica.
Don Tino fue una de las personas más valientes y de los pocos que llegó a conocer todo el territorio indígena de Yímba Cájc, como la palma de su mano.
Fue cofundador del Grupo COVIRENAS en Rey Curré, movimiento que se creó para vigilar los recursos naturales de los territorios indígenas en el Sur de Costa Rica.
Muy estudioso de las leyes que le permitía seguir su lucha en contra de la cacería, la tala ilegal de madera y la contaminación de ríos y riachuelos.
Junto a su padre, impulsó la protección de las fuentes de agua potable que asiste todavía a la comunidad de Curré y fue vigilante del orden público.
Fue el primer regidor municipal indígena en el país, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, guarda rural, juez de paz.
Para este gran defensor del Medio Ambiente, la vida del ser humano depende del equilibrio que pueda tener con cada elemento de la naturaleza.
Siempre pensó que la madre tierra tiene sus venas en los cauces de aguas, respira a través de las montañas vírgenes y se fortalece en la sana convivencia de los seres vivos.
Gracias don Tino, por recordarnos que el Medio Ambiente es el hogar de todos los seres vivos que habitamos este planeta.
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
Por Colectivo Antonio Saldaña Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes
A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.
Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina
En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.
La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.
Deshumanización institucional
Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.
Un sistema que no comprende ni respeta
Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.
Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.
El CONASPI y la promesa incumplida
El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.
Anécdotas que duelen
El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.
Un llamado urgente
El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud
Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.
Constitución Política de Costa Rica
El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.
Ley General de Salud (N.º 5395)
Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.
Convenio 169 de la OIT
Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono
La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.
Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.
El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.
Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.
La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena
La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.
Como parte de la implementación del Plan Ambiental Forestal y Territorial derivado de los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), varias comunidades del Territorio Indígena de Rey Curré ya empezaron a ver sus beneficios.
A nivel de emprendimientos, se han apoyado a varias familias de las comunidades de Curré Centro, Las Vegas, Progreso, Lagarto, Mamey, Pantera y Dú Túj.
Se ha ejecutado reparaciones en la calle principal a Du Túj, previo a la coordinación interinstitucional, lo que contribuyó a una mejor condición de vida a los pobladores que debían sacar sus productos agrícolas.
Se brindó apoyo al Festival Cultural 2024 y se hicieron reparaciones necesarias en las instalaciones del Rancho Cultural.
Gracias al PAFT, se destinaron fondos para apoyar el Tradicional Juego de los Diablitos 2025, un apoyo económico para cubrir sus gastos y operaciones logísticas.
Se han hechos mejoras en el cementerio local y se han destinado fondos para que el Comité de Reciclaje ampliación su infraestructura y techado.
Para las familias de la comunidad de El Progreso, se han hecho estudios previos para la construcción de un tanque de captación y distribución de agua potable, así como la compra de 4 kilómetros de tubería de polietileno para la distribución del agua potable en este poblado.
Para los vecinos de San Bosco, se han realizado mejoras en la captación de agua potable, así como para la comunidad de Bajos de Mamey.
En la comunidad de Las Vegas de Chánguena, se han invertido en estudios previos para construir del perfil de la construcción del puente sobre el río Chánguena, así como la construcción de una bodega de almacenamiento de materiales y equipos de cocina para la recepción de los técnicos que estarán realizando dichos estudios y capacitaciones.
Esta bodega en la comunidad de Las Vegas cuenta con electrificación y las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento.
En este mismo contexto, se han pagado los servicios de técnicos especializados (antropólogos certificado) para que avalen los estudios de los estudiantes en antropología de la UCR, previos a la construcción del puente las Vegas de Chánguena, una obra de vital importancia en esta comunidad.
Del mismo modo, se han destinados fondos para capacitación y reforestación en las nacientes de Cementerio Curré, Dú Tuj, San Bosco y Bajos de Mamey.
Gracias a estos los fondos generados por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), se han comprado equipos básicos para la oficina de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, tales como computadoras y equipo de sonido de actividades especiales.
El PAFT, es una herramienta para establecer los mecanismos de administración y distribución de los beneficios económicos que reciben los territorios por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF).
Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.
Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.
Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.
La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.
Los pueblos originarios han sido guardianes del conocimiento ancestral, la biodiversidad y la identidad cultural costarricense. En esta fecha, se reconoce su legado, sus luchas y sus aportes al desarrollo del país.
Promover el respeto, la inclusión y el acceso a la educación para las comunidades indígenas es una tarea fundamental para una sociedad equitativa. El reconocimiento de sus saberes y tradiciones fortalece la construcción de un futuro más justo y diverso.
