Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Una de las características de los procesos de globalización, es que posiciona en el tiempo y en el espacio las diversas problemáticas. Las hace coexistir y dan la impresión entonces de constituir y provenir de una misma matriz, una misma causa estructural.
A los buenos deseos y propósitos que se desparraman de forma viral con el cambio epocal, se le suma la esperanza de que ahora si conseguiremos ser mejores seres humanos.
Lo hemos dicho varias veces.
Si de algo debió servirnos la crisis civilizatoria instalada durante 2020 en el plano sanitario, que luego se amplió al cultural, social, institucional y ambiental, fue para que consideráramos también una transformación en las formas de convivencia.
No lo hemos logrado y vamos hacia atrás, como la vieja cuenta de Mecano.
En el plano mundial la cosa no mejora y la intolerancia campea por la libre. El jugador brasileño del Club Real Madrid Vinicius, denunció haber sido objeto de insultos racistas en un juego en Valladolid al finalizar 2022.
Al iniciar 2023 una turba escudada en el anonimato del colectivo, le dedicó tremendos cánticos homófobos al entrenador y exjugador inglés Frank Lampard, en un duelo entre su club Everton y el Manchester United.
La gigante FIFA con toda y su transnacionalidad multimillonaria a cuestas, de vez en cuando se acuerda de su Responsabilidad Social Empresarial y volvió a multar a México, su Federación, por los cánticos homófobos y despectivos de su afición en el recién pasado mundial en Catar.
En el plano doméstico tampoco hay buenas noticias.
En lo que llevamos de 2023 en Costa Rica ya sobrepasamos el promedio de femicidios mensual y han fallecido asesinadas 10 mujeres del total de 26 homicidios que han recibido el año, hasta el momento que se escribe esta columna, en una cifra que aumenta día con día.
También en nuestro país y estos primeros días de 2023, una persona joven negra denuncia haber sufrido discriminación al prohibírsele la entrada a una discoteca, en apariencia por su color de piel.
Al tiempo que escándalos de comunicación política de nueva generación y los salpicones provenientes de la industria cultural global dominan la agenda mediática criolla, la colonización se sigue ciñendo sobre las comunidades originarias y de eso la audiencia no se da por enterada.
Como si fuera una excursión turística de temporada y en plan “curiosidad”, fue denunciada recientemente una irrespetuosa visita a un sitio sagrado en la comunidad de San José Cabécar, violando el significado místico y originario para sus pueblos.
No.
No aprendimos mayor cosa y este 2023 empieza de nueva cuenta, “al revés”. Estamos a tiempo y sé que es una fantasía, pero podríamos ser mejores. En el fondo de nuestras programaciones violentas, discriminatorias, irrespetuosas, hay un ser humano que quisiera ser reconocido.
La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)
Alejandra Amador Salas, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.
Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.
Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.
Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.
Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.
Mujeres Mano de Tigre -Orcuo Dbön Territorio Indígena de Térraba
Patronato Nacional de la Infancia desarraiga niño indígena y ordena sacarlo de su territorio.
Esta lamentable acción sucede a pesar de lo que Sala Constitucional ha estipulado en materia de niñez indígena y en relación particular al problema del desarraigo.
Jueves 12 de enero de 2023. Territorio Indígena de Térraba, Buenos Aires, Puntarenas.
El día martes 10 de enero, la oficina local de Buenos Aires del Patronato Nacional de la Infancia ejecutó la resolución N. PE-PEP-0518-2022, a través de la cual ordena el retorno de un menor de edad indígena con su padre no indígena, en una intervención que consideramos violenta el vínculo que el menor tiene con su familia materna, con su comunidad y que lesiona su derecho a la identidad cultural y sentido de pertenencia, como niño indígena.
Este caso en particular cuenta con un amplio expediente, debido a que la abuela materna interpuso denuncias por negligencia y violencia contra sus nietos menores de edad, ejerciendo el rol que culturalmente tienen las abuelas indígenas en la cultura Brörán de protección a la niñez.
Debido a las apelaciones y a un proceso de organización comunitaria, desde hace aproximadamente un año; se han llevado a cabo diálogos entre las organizaciones comunitarias del Territorio Indígena de Térraba, el Patronato Nacional de la Infancia auspiciados por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar el problema de las intervenciones del PANI en los territorios indígenas y las violaciones a los derechos de la niñez indígena. Sin embargo, la intervención realizada el día martes 10 de enero, refleja que el PANI no solo no tiene la intención de respetar los derechos de los pueblos indígenas, ya que en las múltiples resoluciones sobre el caso hacen omisiones abiertas y lamentables a la legislación en materia indígena, sino que irrespeta y deja en letra vacía lo avanzado en los distintos diálogos que se han dado en nuestra comunidad.
Consideramos que, si bien el mandato del PANI es salvaguardar el interés superior de la niñez, esta institución no puede hacer caso omiso de las condiciones particulares de la niñez indígena, tal como establece la Sala Constitucional en su Resolución Nº 26125 – 2022 del 04 de noviembre del 2022, donde establece que el Estado costarricense debe procurar que en sus intervenciones se preste “particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” en apego a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 20.
Por esta razón, denunciamos que el PANI ha hecho caso omiso respecto al origen cultural del menor de edad en cuestión, a pesar de haber sido cuidado y educado principalmente en su comunidad Brörán y no ha establecido soluciones que procuren salvaguardar el ejercicio pleno de su identidad cultural y de su arraigo y han separado también al niño de su hermano mayor, ya que no comparten el mismo progenitor.
Denunciamos que esta acción de la oficina local de Buenos Aires del Patronato Nacional es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y contribuye al desarraigo forzoso, al generar intervenciones que separan a los niños y niñas de sus territorios y de su cultura sin ofrecer alternativas ni soluciones que contribuyan a salvaguardar el interés superior de la niñez indígena.
Demandamos al Estado costarricense que a través del PANI cumpla la normativa internacional en materia de derechos humanos de la niñez indígena y que esta institución de manera inmediata adecúe el protocolo para atención a la niñez indígena. Asimismo, recordamos la necesidad imperiosa de cumplir con la jurisprudencia internacional en materia de niñez indígena.
Anunciamos una serie de acciones de presión y denunciamos a nivel nacional e internacional para que se respete a cabalidad los derechos de las personas menores de edad indígenas y que este lamentable caso en particular sea subsanado en lo inmediato, según dicta la normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Mujeres Mano de Tigre – Orcuo Dbön Territorio Indígena de Térraba
Murió el papa Benedicto XVI y también el “Rey” Pelé. Permítanme decirles que también falleció Mariana, de apellidos Delgado Morales. Ella no fue una superestrella del fútbol, ni la jefa de una poderosa organización de alcances mundiales como lo es la Iglesia Católica. Mucho más importante que eso, ella fue una mujer indígena bribri, del territorio de Salitre, que luchó por los derechos de su pueblo y, en especial, por el derecho a disponer de sus tierras, esas mismas tierras que le han sido usurpadas bajo la mirada cómplice del Estado costarricense. Pero, en especial, Mariana fue mi amiga personal, mi compañera en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED y uno de los más bellos, dulces y nobles seres humanos que he conocido en mi vida.
No preciso exactamente cuándo, pero presumo que ella entró a trabajar con nosotros hace unos 6 o 7 años. Tiempo antes, por ahí, creo, de 2012, y con el total apoyo de nuestro rector, don Luis Guillermo Carpio, habíamos logrado algo que nunca nadie había hecho en ninguna universidad pública (y posiblemente en ninguna otra institución pública): crear una categoría laboral especial, que permitiría contratar a personas indígenas carentes de títulos académicos, pero portadoras de un rico conocimiento de las tradiciones y de la cultura indígena, el cual resultaba de invaluable importancia para el trabajo de investigación que realizábamos desde el CICDE.
La cuestión es que, empezando aproximadamente en 2011, un equipo nuestro, liderado entonces por doña Xinia María Zúñiga Muñoz, había empezado a desarrollar una línea de investigación que se alejaba del énfasis tradicional en las expresiones culturales de los pueblos indígenas, para mirarlos y visibilizarlos en su faceta como actores sociopolíticos autónomos, beligerantes en la reivindicación de sus derechos y actuantes en el escenario político nacional e internacional.
Mariana se incorporó a ese equipo. Yo, que fui director del CICDE desde el 1° de septiembre de 2010 hasta finales de mayo de 2022, tuve el honor de ser quien, atendiendo la recomendación de doña Xinia, decidió su incorporación a nuestro equipo, a la par de otro gran luchador y líder indígena, mi amigo Pablo Sibar Sibar, indígena brörán del territorio de Térraba.
De hablar suave y pausado, doña Mariana tenía un aura de timidez y ternura que escondía un espíritu indómito y luchador. A lo largo del tiempo la vi crecer y empoderarse, y sin perder jamás esa forma siempre tersa y dulce de hablar y de comportarse, presencié como se levantaba con firmeza y coraje para reivindicar los derechos de su pueblo, en general, y los de las mujeres indígenas en particular.
Muchas veces me contó de la zozobra cotidiana de su comunidad y de su familia, bajo el acoso permanente de los finqueros blancos, con sus sucias tretas intimidatorias y sus amenazas reiteradas. Imposible olvidar cuando, con ojos aguados por el doloroso recuerdo, me contó la forma como uno de sus hijos fue brutalmente apaleado por los matones a sueldo de los finqueros.
Descansa en paz, querida amiga, la luz del amor que regalabas a cada paso que dabas, y tu ejemplo de lucha y perseverancia, te mantendrán viva por siempre, en la memoria de tu pueblo y en el corazón de quienes te conocimos.
Hay algo que guardo en mi corazón y que jamás podré olvidar: el cariño que doña Mariana me profesaba y los abrazos que me regaló. Cuántas veces me dijo: “don Luis, lo admiro mucho por sus luchas”. Yo la admiraba muchísimo más a ella por las suyas. Y las veces que me agradeció estar en el equipo del CICDE, cuando, en realidad, el agradecimiento estaba de sobra, porque sus merecimientos eran infinitamente más grandes y, en todo caso, de haber algún merito, éste correspondía a la UNED, no a mí.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
A todas mis amigas y a todos mis amigos, hermanas y hermanos de lucha.
Hoy estamos a horas de entrar a otro año: 2023.
Les digo que para nuestros pueblos indígenas este año que se está yendo no fue del todo malo, pues tuvimos dos resoluciones de la Sala Constitucional que reafirman nuestros derechos. Tenemos también una acción de inconstitucionalidad en proceso.
Pero les solicito que para este 2023 nos unamos verdaderamente como luchadoras y luchadores, y que sigamos trabajando para que nuestras recuperaciones se sigan fortaleciendo y que se puedan llegar a dar muchas más.
Desde el gobierno no se mira ninguna solución para devolver nuestras tierras, por lo que les invito a que continuemos con los procesos de recuperación.
Así que les deseo un feliz año nuevo lleno de paz y mucha sabiduría.
Abrazo fuerte de este Brorán para todas y todos los que creen en nuestras recuperaciones.
A los Pueblos hermanos. A los Pueblos del mundo. Al Estado de Costa Rica.
Jueves 15 de diciembre de 2022. El día de ayer las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica, fueron notificadas de una resolución de sentencia No. 2022000077, de las nueve horas y cincuenta y seis minutos del 14/12/22 por parte del Juzgado Civil, Trabajo y Familia (Materia Agraria) de Buenos Aires de Puntarenas en la que ordena el desalojo judicial de estas familias de su propio Territorio.
El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia; hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena, que fue declarado como propietario de mala fe por par del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) mediante resolución 005-2021 del 26 de abril del 2021 (Exp. RTI-PA-002-2020-China Kichá). Finalmente el 10 de agosto de 2022, Vargas Mata abandonó la casa dentro del terreno recuperado, en la que estaba ingresó y estuvo atrincherado con la complicidad de la Fuerza Pública.
Es la sexta ocasión en la que el Juzgado indicado ordena un desalojo judicial contra familias recuperadoras de tierra – territorio de los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica, 4 en China Kichá, 1 en el Territorio Bribri de Salitre y otra en el Territorio Brörán de Térraba; 5 de estas resoluciones judiciales fueron emitidas por el Juez Jean Carlos Céspedes Mora, quien tiene una relación de parentesco por afinidad con una hija del señor José Luis Chinchilla Astúa, persona no indígena que ocupa ilegalmente tierras en los Territorios de Boruca y Térraba.
La resolución notificada el día de ayer corresponde al proceso interdictal interpuesto por Vargas Mata contra las familias recuperadoras que se conoce bajo el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 y en el Por Tanto se indica: “…se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta. Por ello se declara con lugar en todos sus extremos la presente demanda…En consecuencia se ordena a los demandados restituir al actor el área…Dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de esta sentencia deberán desalojar…”
Esta sentencia resulta absolutamente contraria y violatoria a lo recientemente resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Resolución N. 2022024725 del 19 de octubre del 2022, expediente 21-017138-007-CO; en la que de manera categórica se reafirma la Jurisprudencia de la Sala Primera sobre el tema; Fernando Castillo, Magistrado de la Sala Constitucional explicó:
“La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe, consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula.”
En este mismo sentido, la resolución del Tribunal Constitucional dicta: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida…Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible…la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico.”
Tomando en consideración lo resuelto por la Sala Constitucional, resulta contrario al ordenamiento jurídico, al derecho de la Constitución, al Bloque de Constitucionalidad y a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, lo resuelto por el Juez Céspedes Mora, ya que otorga derechos inexistentes y absolutamente nulos a una persona no indígena como lo es Vargas Mata, que según la resolución del órgano de control de constitucionalidad sería un poseedor de mala fe, por lo que no le asiste ningún derecho de posesión, ni de propiedad para reclamar dentro del Territorio de Cabécar de China Kichá.
Se le recuerda al Poder Ejecutivo que el 19 de febrero del 2021, mediante resolución 004-2021-DUVE el Ministerio de Seguridad Pública se declaró de vulnerabilidad social el desalojo de las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö, atendiendo en aquella ocasión una orden de desalojo del mismo Juez, resolución 48-2020.
Dicha declaratoria se encuentra vigente, de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social.
Deberán considerar, además, el Poder ejecutivo y el órgano jurisdiccional, las circulares del Consejo Superior del Poder Judicial N. 262-2020 y N.227-2020 sobre la necesidad de evitar desalojos compulsivos y tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las familias recuperadoras.
Las familias recuperadoras junto con su representación judicial presentarán en tiempo y forma la apelación ante la resolución que ordena su desalojo.
Hacemos un llamado a la solidaridad para con las y los recuperadores de Cabécares de Yuwi Senaglö y los Pueblos Originarios.
Exigimos al Estado de Costa Rica que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la tierra – territorio, al acceso a la justicia y la vida e integridad de los Pueblos Originarios.
Reiteramos la invitación a personas, organizaciones y colectiv@s, dentro y fuera de Costa Rica, a suscribir este comunicado público con la alerta ante las amenazas dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vignet.
ALERTA SOBRE RIESGO A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE DEFENSORES DE LA TIERRA-TERRITORIO Y DE DERECHOS HUMANOS
Las amenazas han sido dirigidas a la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wák del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y contra el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Oreamuno Vigtnet.
El contexto ampliado, involucra al ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez. Quién además de ser denunciado pública y judicialmente ha sido apoyado en algunas acciones por la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA).
Martes 6 de diciembre del 2022. Nosotras y nosotros que pertenecemos al “Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok”, alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el riesgo inminente que corren las vidas e integridad física de : 1) la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak, recuperadora de tierra-territorio en el Territorio Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) y; 2) el defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, que apoya a la CLSS y es interlocutor entre esta instancia y el Estado de Costa Rica.
La alerta y nuestra profunda preocupación se originan a partir de las numerosas denuncias que se han realizado a la situación de tensión, agresión y violencia racista que se vive en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) . Este contexto surgió tras la respuesta violenta del ocupante ilegal y no indígena, Luis Ángel Pérez, ante la recuperación del terreno que ocupaba y del cual obtenía beneficios de forma ilegal desde que lo adquirió -también por medios ilegales- en 2012; un poco más de dos décadas desde la vigencia de la Ley Indígena de 1977 en Costa Rica y que convierten a Pérez no sólo ocupante ilegal sino de mala fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización.
Las agresiones han sido múltiples y profundamente violentas desde que la familia Sandí Morales decidió hacer valer su derecho al acceso y disfrute de la tierra-territorio en abril del 2021. Derecho consagrado en: 1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 2) la Ley Indígena de 1977; 3) el marco constitucional costarricense y; 4) el fallo No 20222024725 del miércoles 19 de octubre del 2022, de la Sala Constitucional, en el que se reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas. Las agresiones por parte de Luis Ángel Pérez y sus peones han ido desde el hostigamiento y acoso constante, insultos racistas, hasta las amenazas de muerte, amenazas agravadas (con arma en mano) y escaló con disparos al cuerpo de las personas recuperadoras el pasado 04 de noviembre; día en el que la familia Sandí Morales pudo completar el proceso de recuperación y la expulsión definitiva del ocupante ilegal y sus peones.
Esta situación se agrava, todavía más, ante los hechos denunciados el pasado miércoles 30 de noviembre del 2022 por la familia Bribri -del Clan Duri Wak- Sandí Morales y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Ambas partes, recibieron información sobre la filtración y difusión de imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón sobre los hechos que tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de noviembre -del año en curso- en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). Días en los que, como se mencionó anteriormente, la familia Sandí pudo completar el proceso de recuperación de tierra-territorio.
Estas imágenes, fueron difundidas de forma masiva por medio del grupo de Whatsapp «GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet , de quien se muestra su rostro e información personal. Estas imágenes fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de whatsapp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet.
Según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ésta es la segunda ocasión en la que un informe de investigación judicial es filtrado. La primera vez fue durante los días 21 y 22 de enero del 2021 cuando el medio de comunicación CrHoy.com filtró información del caso por el homicidio por razones políticas del líder Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwák; expediente judicial 19-0000178-0990-PE.
Estas filtraciones no sólo levantan sospechas de que en el Poder Judicial se encuentran intereses coludidos a favor de los ocupantes ilegales y terratenientes sino que también inciden en el debido proceso, en el buen desarrollo de las investigaciones y pesquisas judiciales correspondientes.
Además, como si esto fuera poco, pone en riesgo a las personas que pertenecen a los Pueblos Originarios y no que están implicadas. Quienes son las mismas personas que tras más de 12 años de resistencia, han sobrevivido a la violencia racista con la que responden los ocupantes ilegales a los procesos de recuperación de tierra-territorio. Violencia, por mucho, mortífera y que al día de hoy logró acabar con la vida de los líderes Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak y del Territorio Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera Brörán de Térraba.
Es importante recordar que la familia Sandí Morales ha recibido ataques donde les han quemado su casa y destruido cultivos; y que desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se emitieron las Alertas Tempranas los días 10, 16 y 22 de noviembre del año en curso, sobre posible contratación de servicios de sicariato y agresiones contra la familia Sandí Morales.
Así insistimos: los hechos hablan por sí mismos y el riesgo a la vida y a la integridad física de la familia Bribri Rivera Sandí Morales y de Gustavo Oreamuno Vignet es real, preocupante y urgente de atender. Ante las constantes amenazas y ataques al honor de Gustavo Oreamuno Vignet, esta persona interpuso las respectivas denuncias judiciales por amenazas contra personas afines a los intereses de los ocupantes ilegales de Territorios Indígenas, denuncias que se tramitan ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas en los expedientes #20-006343-0042-PE y #21-0000003-1214-PE.
Ante ello, las organizaciones y personas solidarias y firmantes de este comunicado EXIGIMOS:
1- Que a la brevedad se brinde un informe sobre la filtración de las fotografías de estos documentos que en teoría corresponden a un expediente propio de una investigación y compendio de información exclusivo del Organismo de Investigación Judicial. Además, que se lleven hasta las últimas consecuencias administrativas y judiciales a las personas implicadas.
2- Que la Fuerza Pública se haga presente en la comunidad de Di Bütuk Wúyïrké (Las Juntas) en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra) de forma inmediata y permanente y que garantice la integridad física y vida de la familia Sandí Morales, Bribri del Clan Duri Wak.
3- Responsabilizamos al Estado costarricense ante cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física, psicológica, emocional y la vida tanto de la familia Sandí Morales como la de Gustavo Oreamuno Vignet. Ello ante la actitud complaciente de las autoridades competentes por no velar el cumplimiento de la ley indigena, hacer cumplir la declaración de nulidad de la Sala constitucional ante la compraventa de tierras en territorios indígenas posterior a 1977 y el cumplimiento pleno de las medidas cautelares que organismos internacionales han impuesto como medida de protección a las personas recuperadoras.
Suscribimos este comunicado público: – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok. – Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). – Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). – Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha. – Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba. – Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba. – Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc. – Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur. – Cootraosa. – Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina. – Asociación Voces Nuestras. – Frente Tierra. – La Juventud Vanguardista Costarricense. – Sociedad Juglar Pacaqua. – Mujeres por Costa Rica. – Asociación de Escritoras Costarricenses. – Buen Vivir Costa Rica. – Confluencia Solidaria. – Partido Vanguardia Popular. – Movimiento de Trabajadores y Campesinos. – Bloque de Vivienda. – Confederación Unitaria de Trabajadores. – Fundación Pedagógica Nuestramérica. – Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe.
Sábado 10 de diciembre de 2022. Miembr@s de Pueblo Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica, recibieron el día de hoy, información de un posible ataque a su comunidad por parte de las personas que ocupaban ilegalmente ese Territorio Ancestral.
Los finqueros y personas afines se reunieron el día de hoy en la mañana en templo católico de la comunidad y según fuentes confiables decidieron organizar y perpetrar prontamente un ataque masivo contra las personas recuperadoras del Pueblo Cabécar.
Hay antecedentes muy graves de ataques de turbas organizadas en ese Territorio, como el caso del 7 y 8 de marzo de 2020, cuando una turba de más de 200 personas quemó casas, cultivos, golpeó y amenazó a miembr@s del Pueblo Cabécar y les atacó con sustancias químicas.
Exigimos la acción inmediata del Estado de Costa Rica para prevenir y evitar esta nueva acción violenta.
Recordamos al Estado Costarricense su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios.
Recuperador@s Cabécar de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur. Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas.
Se solicita enviar a estas direcciones la alerta temprana del 10/12/22 en China Kichá. Pueden firmar personas u organizaciones.
