El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED le invita al foro: Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos en el 2020, a realizarse este próximo 04 de noviembre a las 9:30 a.m.
Participantes:
Mariana Delgado Morales, territorio Salitre Doris Río Río, territorio China Kichá Clarita Quiel Torres, territorio Cabagra Pablo Sivas Sivas, territorio Térraba
Esta semana se está realizando el XI Encuentro Regional: Hacia la Sustentabilidad PostCovid19 en Centroamérica el cual está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas, género y justicia climática, entre otros.
Puede participar de estas actividades ya sea por zoom o por Facebook Live del Foro. Se adjuntan los enlaces para inscribirse a cada una de estas actividades. Las organizaciones de Costa Rica tendrán participación en el segmento 4 de Recurso Hídrico y el segmento 9 Género y Derechos Humanos.
Segmento 4 | Recurso Hídrico: Resistencias territoriales para la defensa del agua como bien común. Panelistas: ASEDE/ COCIGER, UNES/ CMJ. Guatemala/ El Salvador ID: 837 3593 1143Inscripción: https://bit.ly/2Iw7OJI
Segmento 5 | Seguridad Alimentaria: Desafíos en tiempos de Covid-19. Panelistas: OCDIH, CDH. Honduras ID: 870 0990 7170Inscripción: https://bit.ly/2T03Drx
Segmento 6 | Biodiversidad y Pueblos Indígenas: Soluciones climáticas desde los conocimientos y sabiduría ancestral indígena. Panelistas: CICA, FBOLL. El Salvador ID: 817 6269 8218Inscripción: https://bit.ly/2FC8vQP
Segmento 7 | Extractivismo: Voces en resistencia desde los territorios. Panelistas: ASONOG, FBOLL. Honduras ID: 845 9599 0287Inscripción: https://bit.ly/3540X1O
Segmento 8 | Energías Renovables: Desafíos de la independencia energética local. Panelistas: ACCESE, CENTRO HUMBOLDT. Nicaragua ID: 872 5373 7138 Inscripción: https://bit.ly/31do7l6
Segmento 9 | Género y Derechos Humanos: Justicia climática para las mujeres «Nuestros aportes y demandas desde Centroamérica». Panelistas: DITSO, UNES, CMJC, El Salvador, Costa Rica ID: 840 6265 0270Inscripción: https://bit.ly/2FAZozI
Segmento 10 | Clausura: Evento de cierre del XI Encuentro Regional Foro Centroamérica Vulnerable, Unida por la Vida – Posicionamiento y redefinición de la Agenda Temática Centroamericana. Panelistas: CP – FCV, Honduras ID: 891 8881 1357Inscripción: https://bit.ly/3nWtr6d
Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.
Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.
Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.
El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)
La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?
Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).
Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.
Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.
Por Vanessa Romo, Yvette Sierra Praeli en 13 septiembre 2020
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.
Él y su padre habían sido amenazados en varias oportunidades desde el año 2012, cuando se inició la invasión de sus territorios
Las amenazas se cumplieron. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado ayer cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios.
El cuerpo de Roberto Carlos fue encontrado por su padre Demetrio el viernes 11 de setiembre en medio de una trocha que conducía a un terreno agrícola de la comunidad de San Juan, predio colindante con la concesión de Pacheco. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera terminaron con la vida de Pacheco Villanueva, quien, en más de una oportunidad, junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
Roberto Carlos Pacheco Villanueva. Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco.
Un día antes de su asesinato, Roberto Carlos salió como de costumbre a recorrer su concesión pero esta vez no regresó a casa. Preocupados por su desaparición, dos de las personas que trabajaban con él y su padre salieron en buscarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto.
De acuerdo con información policial, el cuerpo fue ubicado en una trocha de acceso a un predio agrícola ubicada a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica Urcos-Iñapari, a unos dos kilómetros de distancia de esta vía principal. Muy cerca encontraron un vehículo color naranja, sin placa de rodaje y sin número de chasis. La fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.
Una historia de amenazas
“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año. Su padre la recuerda muy bien y la mencionó en una entrevista con Mongabay Latam.
Son más de 800 hectáreas de concesión. El problema es que están ingresando por varios lados, indica Pacheco. Foto: Jack Lo.
El amedrentamiento provino de un grupo de aproximadamente seis personas que encontró dentro de la concesión, a quienes su hijo recriminó por haber talado algunos de sus árboles, narra Pacheco.
Las invasiones a la concesión de 842 hectáreas de bosque adjudicadas a Pacheco empezaron a registrarse en el año 2012. Este terreno, dedicado principalmente al aprovechamiento de la castaña, está a su nombre desde 1995. “Desde que empezaron a invadir, en el 2012, he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, asegura Pacheco.
Fue siguiendo ese camino en defensa de los bosques de Madre de Dios que se convirtió en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por un grupo de ambientalistas y propietarios de concesiones forestales ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta área protegida. Todo ellos llevan años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones de terrenos.
En una ocasión, Demetrio Pacheco y su hijo encontraron una bala en la mesa de su casa dentro de su concesión. Foto: Archivo Mongabay Latam.
“En junio del 2016 pedí una medida cautelar para que paralicen todo tipo de actividades en la vía administrativa y en el campo, pero es letra muerta. Ellos [se refiere a los invasores] han presentado supuestos certificados de posesión de los años 1988 y 1989. Nosotros pedimos imágenes y hasta el año 2005 no hay cambio en la cobertura boscosa, ¿Cómo en 1988 otorgaron constancias?”, señala Pacheco en referencia a los documentos que entregan a las autoridades regionales para certificar el cambio de uso de suelo que ocurre en el bosque.
Las amenazas y agresiones hacia la familia Pacheco han sido constantes. En el 2017, Roberto Carlos Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un machete. Ese mismo año le pusieron el cañón de un arma en la boca y destruyeron sus bienes personales. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su comedor, recuerda así Pacheco todas las veces que recibieron estos mensajes contra sus vidas.
“La única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”, menciona Pacheco.
Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, dice que cada vez que Demetrio entraba a su concesión era amedrentado. “Muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.
La minería ilegal en Madre de Dios ha destruido grandes extensiones de bosques. Foto cortesía Cincia.
Loaiza agrega que con lo sucedido ahora evaluarán solicitar la protección de Demetrio y su familia. “Hay muchos concesionarios que han sido amenazados. Ellos están expuestos al riesgo de sufrir cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores. Los que tienen concesiones forestales son los más vulnerables”.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, se pronunció sobre el asesinato de Pacheco a través de sus redes sociales. “Recibo desde Perú la terrible noticia de que Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, fue asesinado”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.
El congresista del Partico Morado, Alberto de Belaúnde, también escribió sobre la muerte de Roberto Carlos Pacheco. “Pese a la difícil coyuntura política, no puedo dejar de lamentar y condenar la muerte de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, quien como parte del Comité de Gestión de la RN Tambopata viene luchando en contra de la minería ilegal en Madre de Dios”.
Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a los ambientalistas amenazados. “Mis sentidas condolencias a la familia de Demetrio Pacheco. Urgente llamado a @Defensoria_Peru, @MinjusDH_Peru, @MinamPeru @MininterPeru para que brinden efectiva seguridad personal y familiar”, escribió en sus redes.
La ministra del Ambiente (Minam), Kirla Echegaray Alfaro, también lamentó lo sucedido a través de las redes sociales.
Mongabay Latam buscó a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y actual representante del Minam ante la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, para consultar sobre las acciones que se están realizando para proteger a los ambientalistas amenazados. En la misma línea consultamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron.
Un esquema de ilegalidad
La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, señala que la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras son lideradas por mafias que se han instalado en Madre de Dios. “Quienes están comprometidos con la conservación son amenazados. Muchas veces no presentan sus denuncias ante la Fiscalía por miedo a lo que les pueda pasar”.
La Operación Mercurio se inició en febrero de 2019 con el fin de erradicar la minería ilegal en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Ministerio del Interior.
Garay explica que los invasores de tierra son mafias que operan junto con la minería ilegal y la tala ilegal. Las concesiones invadidas, muchas veces bajo la fachada de asociaciones de agricultores, pasan con el tiempo a manos de mineros ilegales cuando ya se deforestó el bosque, explica Garay.
La fiscal señala que con la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, muchos mineros ilegales están desplazándose hacia otros lugares cercanos e invadiendo otros terrenos.
Hace una semana un operativo que duró tres días destruyó más de 60 dragas de minería ilegal en zonas fuera de la Pampa.
Lo ocurrido con el hijo de Demetrio Pacheco ha alarmado a otros concesionarios que son víctimas de esta violencia. “Tengo medio y quisiera dejar la concesión”, dice Freddy Vracko, hijo del ambientalista Alfredo Vracko, asesinado dentro de su concesión en noviembre de 2015 por taladores ilegales.
La minería ilegal ahora amenaza a las comunidades nativas de Pariamanu. Foto: FEMA Madre de Dios.
Vracko señala que son muchos los dueños de concesiones en Madre de Dios que tienen sus terrenos invadidos y son víctimas de amenazas. Comenta también que las denuncias en las fiscalías se quedan estancadas o son archivadas y lo mismo sucede con las investigaciones policiales.
El caso de su padre –recuerda Vracko– tiene cinco años sin resolverse pese a que hubo pruebas y testigos del hecho. “La situación está terrible en Madre de Dios. Lo que ha sucedido ahora es una forma de decirle a Demetrio y a todos los ambientalistas que dejen de hablar”.
Imagen principal: Concesión forestal de Demetrio Pacheco en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.
Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica
Centroamérica 12 de octubre de 2020
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV, es un espacio de participación amplio e inclusivo, donde concurren unas 200 OSC centroamericana, cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.
El FCV-UV, desde hace más de 10 años, ha fortalecido pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica, así como el interés genuino por contribuir al cambio social mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento del rol protagónico de las mujeres en los procesos de desarrollo.
En este 2020, el FCV-UV promoverá un dialogo inclusivo, permitiéndonos la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión PostCovid19; que reconceptualiza y amplíe la mirada hacia factores de riesgos, que han formado parte de la compleja dinámica social de la región, pero no considerados por el modelo convencional de gestión de riesgos y desarrollo.
Nuestro contexto
Actualmente el Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) evidencia que los procesos y modelos de desarrollo, junto a un manejo insustentable de la gestión pública, generan riesgos y calamidades que profundizan las brechas sociales y nos alejan de lograr objetivos y metas de desarrollo.
La situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas, lo cual nos desafía a gestionar el escenario regional de crisis complejas desde una perspectiva multisectorial, integradora y sustentable, enfatizando el carácter diferenciado de los impactos y la gestión desde la perspectiva de igualdad y equidad de género.
Hoy en día, la ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos.
Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, política e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria PostCOVID19; a partir de considerar holísticamente los riesgos vigentes y las crisis emergentes, para el incremento de la resiliencia territorial y social.
Nuestra propuesta:
Hacia la sustentabilidad del Desarrollo PostCOVID19 es la forma en que concebimos los procesos de transición individual y colectiva necesarios para reencausar nuestros estilos y sistemas de vida hacia el desarrollo sustentable, centrados en:
Autocuido – Protección Individual y Colectiva.
En el ámbito organizacional, en contextos de crisis complejas, las organizaciones de sociedad civil deben contribuir a la búsqueda de soluciones desde los enfoques de gestión social de riesgos basada en derechos.
Desde el ámbito comunitario, la protección guarda relación con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y se refiere a todas las actividades tendientes a conseguir el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, y por consiguiente la efectiva construcción de ciudadanía (Protección y Garantía de Derechos).
Reconfiguración Organizacional. Las organizaciones de sociedad civil deben seguir trabajando para la sustentabilidad, impulsando procesos de construcción colectiva de readecuación de planes estratégicos y repensados desde la sostenibilidad organizacional. cada una desde su propia identidad, rol y expertis (Iniciativas en Implementación y Formulación).
Autogestión Territorial: Promoción de acciones de protección, conservación y recuperación de los bienes naturales, medios de vida y capacidades productivas, basadas en un enfoque de esencialidades y en armonía con las aspiraciones de bienestar y calidad de vida de todos y todas, sobre la base de reconocer el Rol de nuestros Gobiernos en la concreción de ese bienestar desde la gestión pública y principal protector de derechos. Nuestro rol como OSC es apoyar y ser auditores de que eso se cumpla en base a estándares de igualdad y equidad para todas las personas en Centroamérica.
Finalmente, como organizaciones sociales que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! consideramos que un marco de referencia hacia la sustentabilidad del desarrollo PostCOVID19, además de oportuno y necesario, debería servir de base para motivar la interlocución, las colaboraciones y las alianzas público-privadas, considerando la dimensión local, nacional y regional, para intervenir desde una forma holística ante las crisis complejas que enfrentamos.
¡Voces Centroamérica por la justicia ambiental y seguridad climática! ¡Existimos porque resistimos! Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida articula a organizaciones de toda la región en temas de cambio climático y resiliencia comunitaria
Costa Rica tiene 3 años participando activamente del espacio
La región centroamericana es una de las zonas más vulnerables del trópico ante los efectos del cambio climático
Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el XI Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), en donde diversas organizaciones de la región se reúnen a dialogar sobre los retos, alternativas y demandas frente a la crisis climática.
Este 2020 el evento lleva por nombre Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica; pues se pretende reflexionar sobre reto de la sociedad Centroamericana hacia la construcción de la sustentabilidad frente al Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) que enfrenta la región, que se profundiza a raíz de la pandemia.
El Foro es una plataforma de articulación que reúne a más de 200 organizaciones comunitarias y de sociedad civil de todo Centroamérica cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.
Como parte del proceso de articulación el Foro desarrolla cada año el Encuentro Regional que se lleva a cabo en uno de los países miembros. Sin embargo, por encontrarnos en un contexto de pandemia global este año se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse por medio de sus plataformas como Facebook o Zoom.
El encuentro regional de este año está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y conflictos socio-ambientales, género y justicia climática, entre otros.
Costa Rica se prepara para el Foro Regional con el Panel Nacional Justicia climática para las Mujeres: Realidades y desafíos para Costa Rica que tiene como objetivo posicionar dentro del debate nacional una visión crítica sobre el impacto que tiene la crisis climática para las mujeres y cuáles son sus alternativas y demandas de justicia climática. Este se llevará a cabo el 22 de octubre de 2:00pm a 4:00pm.
Centroamérica además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es una de las zonas más vulnerables del trópico frente a los efectos del cambio climático. Este año la situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas.
La ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos. Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, políticas e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria Post COVID19.
El FCV-UV, desde hace más de 10 años, pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica. En este 2020, se promoverá un diálogo inclusivo que permita la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión Post COVID19.
Recuperadores y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö son agredidos físicamente por turba de 20 personas no indígenas
Jueves 08 de octubre 2020. Al ser las 5 a.m. los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en Yuwi Senaglö -terreno recuperado desde el 28 de septiembre- fueron atacados por una turba de 20 personas no indígenas. En ese momento, la presencia policial era de apenas 3 efectivos.
Entre las personas identificadas en la turba se encuentran: Beto Hidalgo, Yeudy Garro Vargas -menor edad-, “Gato” Vargas -hermano mayor de Miguel Vargas-, Antonio López y Alejandro Badilla Salazar. Este último -Badilla Salazar- es el peón de Miguel Vargas que se encontraba en la lechería cuando fue recuperado el terreno y al que la Fuerza Pública decomisa 2 armas de fuego.
Efraín Fernández, recuperador cabécar y Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, es uno de los principales afectados. Beto Hidalgo le provocó una herida en su cabeza. Al ser las 6:30 a.m. Efraín aún no ha recibido atención médica. También se reportan otros golpes a recuperadores con piedras y otros objetos.
Tras el ataque, la turba ingresó a la casa de Miguel Vargas y ahí se mantiene atrincherada. Situación que genera tensión y una alerta temprana ante la posible escalada del conflicto.
Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.
Organizaciones firmantes: Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur
Información tomada de la página de Facebook de Coordinadora de Lucha Sur Sur. Compartida con SURCOS por Uriel Roja.
Jueves 8 de octubre de 2020. Después de que a las 5:00 de la mañana, una turba de 20 personas no indígenas, agrediera físicamente a las y los recuperadores cabécar de Yuwi Senaglö en China Kichá y que los agresores se mantienen campantes en la casa del usurpador Miguel Vargas; las organizaciones firmantes le recordamos al Estado de Costa Rica que:
Desde el 29 de setiembre y durante varios días y en repetidas ocasiones, en conversaciones entre el Gobierno, representado por el viceministro de Seguridad Eduardo Solano y las/os recuperadores de Yuwi Senaglö se convino en los siguientes puntos:
– Miguel Vargas y las personas que se encontraban en la casa, no podían salir de la finca y que, si salían del inmueble, no podían volver a entrar.
– Que el Gobierno se comprometía a no permitir la entrada y permanencia de nuevas personas no indígenas al terreno recuperado, ni a la casa.
Demandamos al Estado de Costa Rica:
– Según los acuerdos citados, RETIRE INMEDIATAMENTE A TODOS LOS AGRESORES que ingresaron el día de hoy al terreno recuperado cometiendo varios delitos. Entre estos agresores se encuentra Alejandro Badilla Salazar, a quien el 28 de setiembre se le decomisó un arma de fuego en este lugar. Además, estos agresores no son parte en esta recuperación, ni tienen ninguna relación con la propiedad.
– El Ministerio de Seguridad Pública brinde un informe detallado del ataque del día de hoy contra las/os recuperadores de Yuwi Senaglö y del actuar de la Fuerza Pública.
-Ya que la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón se encuentran en el Territorio Cabécar de China Kichá, tomen las declaraciones pertinentes y realicen las gestiones necesarias para establecer las denuncias y responsabilidades penales respectivas ante las diversas agresiones sufridas por el Pueblo Cabécar de China Kichá, incluyendo el ataque del día de hoy.
-Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.
Organizaciones firmantes: Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Información tomada del Facebook Coordinadora de Lucha Sur Sur.
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
Agora Association, Turkey 2. AIDA Americas 3. Arraigo ONG, Costa Rica 4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 5. Asociación Paz y Esperanza, Perú 6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú 7. Center for International Environmental Law (CIEL) 8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile 10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) 11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú 12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia 13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA) 14. Corporación La Caleta, Chile 15. Culture Hack Labs 16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland 17. Environmental Defender Law Center (EDLC) 18. Environmental Justice Foundation (EJF) 19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) 20. Forest Peoples Programme (FPP) 21. Front Line Defenders (FLD) 22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa 24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL) 25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) 26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) 27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL) 28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) 29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia 30. Legal Resources Centre 31. Londres 38, Chile 32. National Alliance of People’s Movements of India 33. New Wind Association, Finland 34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) 35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras 36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia 37. Open Briefing 38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea 39. Project HEARD 40. Protection International Mesoamérica 41. Public Association “Dignity” 42. Rainforest Fund 43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) 44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales 45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen 46. Success Capital
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica * Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia) * Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
