-El día de ayer, martes 01 de septiembre, la Fuerza Pública realizó un supuesto desalojo en el Territorio Bribri de Salitre y lo entregó a la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. -El Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa demanda que el terreno sea entregado a su legítima dueña, la Bribri Adelita Delgado Rojas que recuperó ese terreno en el año 2014.
Miércoles 02 de septiembre. El Ministerio de Seguridad Pública ordenó a la Fuerza Pública que el día de ayer, martes 01 de septiembre, realizara un supuesto desalojo en la comunidad de Di Sie -Río Azul- del Territorio Bribri de Salitre. El desalojo, del expediente 3146-14, corresponde a un terreno que fue recuperado en el año 2014, por la Bribri Adelita Delgado Rojas, del Clan Sulariwak. Desde entonces, el usurpador William Arias
Valverde continuaba usurpando una parte del terreno y, según la Fuerza Pública, él no se encontraba en el terreno el día de ayer.
Tras el desalojo, la Fuerza Pública entregó el terreno a la Asociación de Desarrollo Integral y no a su legítima dueña: Adelita Delgado Rojas del Clan Sulariwak. Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, organización propia del Pueblo y Territorio Bribri de Salitre, rechazamos la entrega a la ADI de un terreno ya recuperado. Ese terreno pertenece a la recuperadora, Adelita Delgado Rojas.
Ya en reiteradas ocasiones, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa ha manifestado su rechazo a la Asociación de Desarrollo Integral en el tanto corresponde a una imposición colonial del Estado, además que la ADI ha ejercido violencia contra el Pueblo Bribri que recupera dignamente lo que le pertenece. La ADI de Salitre no es legítima y tampoco corresponde a una autoridad para el Pueblo Bribri de Salitre.
Reiteramos como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre que la paz al Territorio Bribri de Salitre sólo es posible si las personas no indígenas son expulsadas del Territorio. Para ello, el Ejecutivo debe acatar los desalojos priorizados por el Concejo y no llevarlos a cabo en terrenos que ya han sido recuperados por sus legítimos dueños (as) Bribris.
Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre Coordinadora de Lucha Sur Sur ¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.
En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.
En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.
En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.
Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.
El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.
Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.
Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.
El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.
Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.
En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:
Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.
La crisis mundial y nacional actual (con sus componentes político, económicos y sanitarios) nos presenta enormes retos y nos brinda también posibilidades. Saldremos de ella, implementando una agenda ecologista, social justa y solidaria, y no una agenda capitalista neoliberal, patriarcal y extractivista.
Por lo tanto, proponemos:
1) Apoyar la re-activación de un amplio Movimiento Nacional, constituido por sectores sociales y políticos que impidan la destrucción de las conquistas sociales del pueblo costarricense, alcanzadas a un alto precio y con muchos esfuerzos. La unidad y las alianzas son imprescindibles ante enemigos poderosos.
2) La base de la reactivación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de pueblos ancestrales. Hemos visto con crudeza, pero también con claridad en estos meses, qué es lo estrictamente necesario para sobrevivir. Proponemos abandonar la economía de supuesta abundancia que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas: techo, trabajo, alimento y agua pura en cantidad y calidad suficiente, tanto para la humanidad como para los seres animales y vegetales que coexisten en nuestro planeta.
3) Tierra para quien que quiera trabajarla y producir alimentos: Con extrema urgencia el campesinado sin tierra debe recibirla, además, se debe reconocer el derecho a la tierra de las mujeres que la están habitando y trabajando, construyendo redes de apoyo mutuo, en producción y comercialización, fortaleciendo relaciones campo-ciudad, de manera bidireccional.
4) No es el monocultivo, plagado de pesticidas y uniforme, el que nos garantizará la sobrevivencia. Debemos impulsar de manera masiva la producción agroecológica de alimentos, tanto en la ciudad como en el campo, considerando las necesidades humanas y las de seres polinizadores y dispersores (insectos, aves, mamíferos). Debemos proteger y dispersar nuestras semillas nativas, criollas, y fomentar el intercambio de conocimiento de prácticas agroecológicas. Producir lo que comemos y comer lo que producimos, reduciendo progresivamente las cadenas de dependencia alimentaria del exterior.
5) Esta crisis sanitaria nos ha mostrado que nuestras posibilidades de sobrevivencia se reducen si no contamos con buena salud. Se debe rechazar de manera radical todo lo que nos enferma y nos condena: comidas y bebidas basura, que son origen de diversas patologías y factores de riesgo como diabetes e hipertensión, sobrepeso, obesidad, etc.
6) No es solo con una producción y un consumo más racional y más local que sobreviviremos, sino que también es necesaria otra realidad de producción y consumo basada en la economía social solidaria, en la autogestión de los recursos verdaderamente cooperativa, basada en la organización local, tanto rural como urbana.
7) Debemos conducirnos hacia un modelo de verdadera democracia participativa y de control y defensa del territorio local y nacional, incluido el de nuestros propios cuerpos. Existe una necesidad de constituir unidades locales de poder real para la toma de decisiones políticas sobre los usos del territorio y sus recursos, para potenciar un bienestar integral y distribuido equitativamente, por sobre los procesos de acumulación por desposesión que trata de validar el desarrollismo globalista, amparado en estructuras institucionales centralizadas y con jerarquías complejas cooptadas por el poder hegemónico.
8) Nos comprometemos a luchar contra la implementación del programa neoliberal que propone esta administración, basado en el desmantelamiento de las conquistas sociales de nuestro pueblo, el ultra-endeudamiento y la venta de activos estatales y empresas públicas. Todo abuso, todo privilegio insultante debe ser eliminado. Aspiramos a una sociedad caracterizada por la ecosuficiencia, la ecoeficiencia y una distribución social de la riqueza que asegure una vida digna a todas las personas y no opulenta para unas pocas.
9) Rechazamos la falsa premisa que el desarrollo minero y petrolero será una solución económica para los problemas del país y sus pueblos. No es con más destrucción y más contaminación que lograremos una sociedad ambientalmente sana y socialmente justa. Urge un diálogo real sobre la matriz energética que necesitamos. El futuro no es el oro ni el petróleo.
10) El pueblo debe tener acceso a una renta básica universal, como derecho humano. La riqueza, inmoralmente súper acumulada durante las décadas pasadas en manos de una pequeña élite, debe ser redistribuida. Un nuevo pacto social se hace necesario. Es la única forma de evitar un derrotero violento.
11) Nos unimos al llamado de otros movimientos sociales de impulsar una Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria.
12) Con los pueblos indígenas, hacemos un llamado a sumarse respetuosamente a sus agendas de trabajo en pro de la recuperación y defensa de sus tierras y territorios, el empoderamiento del recurso hídrico, el respaldo a las prácticas culturales de producción e intercambio de trabajo, apoyo a los sistemas de uso tradicional de los recursos naturales (para alimento, medicina, materiales), a las fincas multicultivos (por su diversidad de productos), y al manejo comunitario de los bosques desde su cosmovisión.
Imagen UCR.
13) Es momento de hacer rupturas claras con el orden impuesto que por más de 30 años ha corroído la institucionalidad del Estado. Las dificultades del gobierno para atender en lo económico las necesidades más básicas de la población en media pandemia, es una clara muestra de los efectos nocivos del desmantelamiento institucional y el sobreendeudamiento público. Sin resolver las condiciones básicas para la estabilidad social en el país, es políticamente inviable iniciar un diálogo.
14) Como movimiento ecologista creemos que el diálogo es necesario y urgente, pero con condiciones claras: requerimos de espacios transparentes, respetuosos, efectivos, participativos, que lleven soluciones en distintos niveles (corto, mediano y largo plazo), y no con agendas definidas con anterioridad y a la medida de los grandes grupos de poder económico. Un diálogo que nos lleve a disminuir las desigualdades históricas, y camine hacia una justicia social, ambiental y de género.
SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por FRENAPI:
A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH A la opinión pública nacional e internacional
En seguimiento a las ALERTAS TEMPRANAS lanzadas como Movimiento desde el FRENAPI desde el 12 de julio del 2020, informamos y denunciamos que el día de hoy domingo 23 de agosto 2020, en horas de la mañana, en Territorio Maleku, se presentó un grupo de No Indígenas (aproximadamente 40 personas, incluidas en el grupo personas mayores y menores de edad).
Los/as No Indígenas vinieron a cortar alambres para que el (su) ganado ingrese a las fincas recuperadas. Amenazaron de agresión a las/os malekus y pusieron en frente a personas mayores y menores de edad No Indígenas como estrategia para golpear y esconderse entre estas personas y culpar a los/as malekus de cualquier golpe o daño físico. La policía llegó, logró separar el «enfrentamiento» con una “tregua”. Una tensa calma se mantiene. Sin embargo, las personas No Indígenas avisaron que vienen refuerzos de camino y que «de hoy no pasan estos hijueputas indios».
ALERTAMOS que hay temor e incertidumbre por las acciones que las personas No Indígenas puedan emprender durante la noche en contra de nuestras hermanas/os maleku. El ganado que está ahí NO es de los/as malekus, las personas usurpadoras de las tierras indígenas quieren meterlo a pastar ilegalmente en las fincas recuperadas. Las leyes nacionales y Convenios, establecen que los Territorios son exclusivos de los/as indígenas que los habitan y solo ellos/as pueden hacer uso y aprovechar estas tierras, por lo que ese ganado está (ilegalmente) aprovechando los pastos y aguas malekus.
La policía levantó Acta y está en el lugar, con pocos agentes (dos), lo que pone en entredicho la capacidad de poder contener una agresión violenta multitudinaria de los/as personas No Indígenas contra los/as malekus.
ALERTAMOS al Gobierno, Instituciones de DDHH, Nacionales e Internacionales, de esta situación y llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a incidir y presionar al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, a detener esta nueva ola de violencia, en el Territorio maleku, fronterizo con Nicaragua ubicado en el Cantón (municipio) de Guatuso. Misma situación de asedio y amenaza, está ocurriendo en 2 Territorios del Sur, uno es el Territorio Cabécar de China Kichá, donde de usurpador No Indígena de apellido Fernández, empresario de Buses, en una «jugada» de «novela» introdujo unas 15 personas (peones) en un «camión de barandas altas, para ingresar a las fincas recuperadas con agresión y violencia para sacar a las familias recuperantes indígenas que viven allí. Esta “jugada” fue descubierta y repelido el intento por las/os Cabécares, sin embargo se mantiene una situación tensa y de mucho acoso y amenazas.
El otro Territorio, es el Territorio Brorán de Térraba, al Sur del país, específicamente en la Finca Recuperada de Crun Shurín, donde las personas No Indígenas, entre otras acciones ilegitimas y violentas de nuestros derechos, mantienen una patente otorgada por la propia Municipalidad de Buenos Aires, a favor de un Bar-Restaurante instalado dentro del Territorio, en contra de resoluciones judiciales, normas nacionales e instrumentos internacionales, burlando que la Ley Indígena N°6172 establece en su artículo 6 que están prohíbas las ventas de Licores en los Territorios Indígenas y que los negocios en estas tierras, solo pueden ser administrados por los/as habitantes indígenas del Territorio. Urge la intervención del Estado /Gobierno para evitar otros lamentables hechos como los ya conocidos.
Urge la solidaridad con nuestros Pueblos. Lo único que pedimos, es que se respeten los Territorios y se cumplan las Leyes y Convenios que protegen nuestros Derechos Humanos. Seguiremos adelante con el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma. ¡Ni un paso atrás!
¡NO MAS IMPUNIDAD! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE ¡LA LUCHA SIGUE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA 23 DE AGOSTO, 2020
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu. • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras. • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo. • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo. —
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Desde el jueves 13 de agosto del 2020 circula en redes sociales un video publicado por Ariel Alfonso Mora Fallas desde la cuenta Facebook “Profe Ariel C.R”. En el video se muestra a Hilda Valentina del Carmen Granados Solís, quien desde hace años ocupa ilegítimamente territorio indígena en Térraba. En dicho video, Hilda se representa desde un rol de víctima y emite una serie de afirmaciones FALSAS que buscan desacreditar nuestra causa y que incentivan el odio racista, ya de por si existente en contra de nosotros(as) como personas indígenas recuperantes y defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
En el video Hilda MIENTE A LA POBLACION indicando: “Me casé en el 73 y desde entonces vivo acá en este pedacito de tierra, aquí tuve a mis tres hijos… me casé con un indígena…” (Minuto 1:13). “Yo me siento una más de este Territorio, mis hijas son hijas de un indígena…” (Minuto 7:53). No obstante, y como puede ser verificado por cualquier persona, en el Registro Civil consta un único matrimonio de Hilda, mismo que se registró con Gerardo Enrique Duran Azofeifa hijo de Rafael Ángel Durán y Carmen Azofeifa Delgado; NINGUNA de estas personas es indígena Térraba/Brörán. Desde agosto del año 2019 se oficializó Decreto Ejecutivo N°41903 para uso de la Administración Pública, la Base de Datos de Personas Térraba/Brörán, esta Base la posee el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como mecanismo de consulta y verificación de las personas indígenas Térrabas/Brörán. La Base está compuesta por 12 troncos genealógicos, DE NINGUNO DE ELLOS es Hilda ni se deriva que con quien Hilda estuvo casada sea una persona indígena Térraba/Brörán. Por lo tanto, son FALSAS las afirmaciones que Hilda estuviera casada con un indígena de este Territorio.
También, aclaramos que no es “un pedacito de tierra” el que ilegítimamente ocupa Hilda, como lo dice en el video ella misma “hoy en día tengo este negocio que gracias a Dios es amplio con mucho espacio…” (Minuto 4:29). También hacemos notar y denunciamos que Hilda no sólo ocupa ilegítimamente esta tierra, sino que su negocio Bar-Restaurante cuenta con la autorización de la Municipalidad de Buenos Aires y según indica ella misma “…pago mis impuestos a la Municipalidad, a Tributación…” (Minuto 6:00). DENUNCIAMOS el cinismo de Hilda, pero también el de la Municipalidad de Buenos Aires al otorgar esta patente desconociendo abiertamente la Ley Indígena N°6172 que en su Artículo 6 establece que los establecimientos comerciales en Territorios Indígenas sólo podrán ser administrados por indígenas y PROHIBE la posesión y concesión de patentes para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los Territorios Indígenas. Denunciamos el actuar irregular, fuera de derecho de la Municipalidad de Buenos Aires y hacemos una solitud expresa para que este hecho sea debidamente investigado y sancionado por las autoridades correspondientes.
Según la Ley Indígena N°6172, en caso de que Hilda (persona no indígena) demuestre ser poseedora de buena fe, tiene derecho a la correspondiente indemnización. Desde diciembre del 2019, el Comité de Recuperantes de la Finca Crun Shurin, le entregó notificación informando que su ocupación en estas tierras es ilegal, y que acudiera a la vía judicial a reclamar una posible indemnización, sin embargo ha hecho caso omiso y más bien ha emprendido una cadena de acciones violentas en nuestros derechos. El hecho más reciente se dio el pasado 27 de Julio del 2020 cuando invadió la finca bajo posesión de Vinicio Navas, recuperador de Crun Shurin. Como es sabido, producto de esa invasión, Hilda en participación de otras personas usurpadoras no indígenas, introdujo maquinaria pesada en la finca causando grandes daños a un sitio arqueológico: una aldea precolombina, también uno de sus acompañantes amenazó de muerte a dos compañeros recuperantes incluso alardeando que por causar la muerte del compañero Pablo Sibar recibiría recompensa. En esa ocasión, la salida de Hilda y sus acompañantes de la finca invadida, solo fue posible ante el llamado de la policía. En ese momento, se le pidió el retiro de mangueras porque las mismas se encontraban conectadas a una naciente de la misma finca.
Denunciamos que el rol de “víctima” representado por Hilda en este video, genera más violencia de la que ya venimos viviendo las personas recuperantes. Nuestras luchas son pacíficas, y las convertimos en Acciones Directas No Violentas. Desmentimos el supuesto acoso que Hilda dice recibir por parte de nosotros(as). Rechazamos rotundamente haberle amenazado con quemar el restaurante, no luchamos por una estructura, nuestra lucha es por recuperar las tierras que nos corresponden según la Ley. Constantemente nos dicen oportunistas, que queremos beneficiarnos de tierras “ya trabajadas”, esto es falso. Para nosotros(as) recuperar la tierra lleva dentro de los compromisos trabajarla y trabajarla significa para nosotros(as) sembrar, volver a llenar estas tierras de las plantas y árboles que durante tanto tiempo han sido arrancados para hacer negocios y con ello han destrozado el habitad de tantos animales.
Mientras que para las personas usurpadoras, trabajar la tierra significa dejarlas “peladas” para dedicar el suelo al pasto de ganado, monocultivos o llenarlos de cemento al levantar amplias estructuras y negocios, para nosotros(as) eso solo significa destrucción. Al recuperar nuestras tierras tenemos claridad que hay mucho trabajo para intentar reparar todos los daños causados. La tierra es nuestra Madre y es hermana de caminada cultural. A quienes pretenden hacernos ver como “oportunistas y vagos”, les dejamos en claro que al recuperar nuestras tierras, trabajo es lo que más tenemos, no por casualidad es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante su Convenio 169, establece los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos, convenio suscrito y ratificado por el Estado Costarricense desde 1992.
Dado que el video que mencionamos fue promovido desde una cuenta pública de Ariel Alfonso Mora Fallas, (“Profe Ariel C.R”) y a la fecha dicho contenido con falsedades y mentiras, ha sido compartido muchas veces, generando muchos comentarios de odio racista solo en la publicación principal, -sin mencionar las reacciones violentas surgidas en otras redes sociales-, siendo que esta publicación ha motivado fuertes comentarios de odio racista hacia nosotros(as) como por ejemplo: “indios vividores”, “reguero de inútiles”, “Hps pendejos”, “imbéciles”, “ratas sin escrúpulos”, “indios vagos terroristas”, “indígenas mal nacidos”, “malditos”, “vagos buenos para nada”, “delincuentes”, “Chuzma zurda”, “Chanchos políticos”, “absurdos inmorales”, “los indígenas lo que saben es estropear lo que los blancos sí trabajan”, “…ojala y nos amarremos los pantalones y para el próximo gobierno pongamos a alguien con los pantalones para darles cacería y sacarlos de nuestro país de una vez por todas”; en aras de nuestro derecho de respuesta ante las falsedades emitidas por Hilda e inicialmente reproducidas y difundidas por Ariel Alfonso Mora Fallas, solicitamos que este Comunicado sea difundido de manera pública en la misma cuenta y condiciones que fue publicado el video de Hilda Granados Solís. Nos reservamos el derecho de accionar otras instancias para denunciar la incitación al odio racista que esta publicación ha generado en nuestra contra.
17 de agosto 2020, Recuperantes de la Finca Crun Shurín, Térraba, Costa Rica.
Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica -miintù- informa:
Como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se invitó al mayor Severiano Fernández, originario de Talamanca Cabécar, quien compartió un poco acerca de la cosmovisión Cabécar y Bribri, así como narraciones y tradiciones muy propias de estas culturas.
La organización de estas actividades es el resultado de un esfuerzo en conjunto realizado por estudiantes indígenas de las universidades públicas de Costa Rica, por lo que les invitamos a seguir de cerca la vida y cultura indígena y a Indígenas Estudiantes UNA, para enterarse de todas las actividades que tienen programadas para este mes.
Compartimos una breve narración realizada por don Severiano.
Al ser las 8:10 p.m. del 10 de agosto del 2020, 3 personas no indígenas ingresaron a la finca recuperada Muerra Ú, con la intención de atacar a las familias indígenas que se encuentran custodiando la finca. Esas personas andaban a caballo y se sospecha que portaban armas.
Igualmente se sospecha que son las mismas personas que el 9 de agosto destruyeron sin ninguna contemplación los ranchos de la recuperación e intimidaron y amenazaron a las familias indígenas presentes.
Las familias recuperadoras Malekus insisten en que su lucha es pacífica y hacen un llamado a las autoridades a presentarse en el lugar para evitar cualquier hecho de violencia.
FECON. 9 de agosto, 2020. En Costa Rica son 8 los pueblos indígenas que existen y resisten después de 500 años de reducciones por parte del pasado sistema colonial y actual modelo neocolonial del Estado costarricense.
Desde 1977 en medio de un proceso agresivo de expansión de la frontera agrícola incentivada por la Ley de Tierras y Colonización, se tuvieron que demarcar territorios para cada pueblo como parte de las luchas de esa generación indígena.
Para el gobierno central se consideraba baldías y ociosas las tierras boscosas. La deforestación estaba en auge de la mano con la ganadería, que sería la actividad más destructiva de la naturaleza a gran escala durante esa época en Costa Rica.
A 43 años de esa demarcación territorial, que se constituía como un mecanismo para la protección de los sistemas de valores tradicionales de la colectividad social indígena, el desinterés estatal y las invasiones de no indígenas ambiciosos de tierras siguen minando los territorios.
Algunos de estos espacios delimitados para los pueblos, se mantienen usurpados hasta en un 90% por grandes terratenientes. El incumplimiento de las expropiaciones y el tiempo han generado un caos de ilegalidades dentro de los territorios indígenas de Costa Rica.
Como respuesta, desde hace nueve años los pueblos indígenas han tenido que empoderarse de su autonomía impulsando las recuperaciones de grandes fincas que explotan ilegalmente personas que no son del pueblo para el que se destinó cada territorio.
Es vastamente sabida la conflictividad que esto desencadenó, por irresponsabilidad de los gobiernos que nunca sanearon estos territorios. La recuperación de la autonomía ha costado a los pueblos Bribri y Broran la caída de dos de sus líderes por las balas de los invasores de tierras.
La impunidad judicial que arrastran los asesinatos a sangre fría de Sergio Rojas (2019) y Jerhy Rivera (2020) nos recuerdan los tiempos de la denominada “guerra justa” que apalancaba la Corona Española en 1530 para someter a los pueblos que resistían a sus intereses.
La defensa de la historia, el territorio y los valores de convivencia con la tierra son una causa compartida entre los pueblos indígenas y el movimiento ecologista de Costa Rica. Son grandes los desafíos que asumimos al enfrentar al gran capital que saquea y destruye la naturaleza.
Por lo tanto, este día internacional de los pueblos indígenas, reivindicamos nuestro compromiso social con la lucha de los pueblos indígenas de Salitre, Térraba, China Quichá, Curré, Cabagra y Maleku que recuperan la integridad de sus territorios con acciones colectivas.
En este día, demandamos al Estado la protección total e improrrogable de los derechos de las personas recuperantes, de su integridad física, y el reconocimiento de la autonomía como reivindicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos unimos a las voces, cuerpos y vidas que denuncian la impunidad como una expresión más de violencia contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y del mundo.
El acceso a la justicia es uno de los derechos más flagelados por parte de los Estados. Donde el Estado costarricense no es una excepción.
Esta infografía retoma los distintos aspectos sobre la justicia para los Pueblos Originarios. Este material forma parte de la Campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
