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Etiqueta: pueblos indígenas

Jueza intenta realizar diligencia en terreno recuperado sin notificación previa

Denuncia Pública
  • Jueza intenta realizar diligencia judicial en terreno recuperado en China Kichá, sin notificar a las y los recuperadores.

  • La diligencia tampoco había sido coordinada con el Comité de Salud del Territorio, sobre el tema Covid 19, tal cual lo ordena la Corte Suprema de Justicia.

Martes 21 de julio de 2020. Al ser aproximadamente las 8:40 de la mañana; la Jueza Jenny Corrales Torres, se hizo presente a la tierra recuperada Sakeglö Kaska (Tierra de Mayores), en el Territorio Cabécar de China Kichá al sur de Costa Rica; terreno que había sido ocupado ilegalmente por Gilbert Fernández, dueño del Grupo MUSOC – GAFESO, para realizar una diligencia judicial.

La Jueza Agraria Corrales Torres, se apersonó con otros funcionarios judiciales, la Fuerza Pública y el abogado de la parte actora y pretendían ingresar al terreno recuperado a realizar una diligencia judicial. Sin embargo, las y los recuperadores les indicaron que ninguno de ellos, ni su abogado habían sido notificados de esa diligencia; ante lo cual la Jueza dijo que la notificación no era necesaria y que iba a realizar la diligencia; lo cual es contrario al principio de debida defensa y a los procedimientos judiciales establecidos para la correcta notificación de las partes.

Además, una compañera Cabécar miembra del Comité de Salud, conocidos como Comités Covid; les indicó a los funcionarios judiciales que la diligencia no había sido coordinada con el Comité, según lo establecido en la Circular 103-2020 de la Corte Suprema de Justicia, acuerdo de Corte Plena de la sesión 21-2020 del 20 de abril de 2020, art xviii; que ordena la coordinación con dichos Comités para la realización de cualquier diligencia judicial en los territorios indígenas.

Contra las y los recuperadores Cabécares de Sakeglö Kaska, fue interpuesto un interdicto de amparo de posesión, por Esteban Fernández Salazar, persona no indígena que ahora reclama esas tierras; a pesar de que es públicamente conocido que dicho terreno fue ocupado ilegalmente por el empresario Gilbert Fernández; esta causa se tramita en el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, Expediente No. 20-000024-1129-AG-2.

Las y los recuperadores Cabécares del Territorio de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur denunciamos una vez más las múltiples y reiteradas irregularidades en las que incurren varios funcionarios e instancias judiciales y miembros de la Fuerza Pública del Cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón y exigimos una investigación de este caso y de todos los demás que se han denunciado y de los cuales autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial tienen conocimiento por diferentes medios; sin que se hallan establecido hasta el día de hoy, las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Recuperadoras/es Cabécares de Sakeglo Kaskä
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
Recuperadoras/es Cabécares de Kono Jú
Coordinadora de Lucha Sur Sur

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

Oficiales de la Fuerza Pública amedrentan a recuperadoras cabécares con documento judicial

Comunicado Público

  • Se fuga información de un expediente judicial relacionado con el Pueblo Cabecar de China Kichá.

  • Información es utilizada por oficiales de la Fuerza Pública para amedrentar a recuperadoras de tierra Cabecares.

Lunes 20 de julio de 2020. Tres oficiales de la Fuerza Pública se presentaron el pasado miércoles 15 de julio de 2020, alrededor de las 5:30 de la tarde en la tierra recuperada Sá Ka Duwé Senaglö (tierra de venados), terreno recuperado por 7 mujeres Cabecares desde el pasado 26 de febrero y que estuvo ocupado ilegalmente por el no indígena Danilo Badilla Román; esto en el Territorio Cabecar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica.

Los oficiales identificados como Marisel Salas, Jesús Vindas y Javier Rojas, se apersonaron al sitio en la patrulla placa E85563; supuestamente en atención a una alerta de incendio y con el objetivo de inspeccionar y hacer un informe; después de reunir a la mayoría de recuperadoras, les insistieron en tono amenazante que ellas no podían realizar quemas, ni siembras, ni ningún otro trabajo en la finca, ya que tenían una medida cautelar en su contra, emitida el 7 de julio anterior, reiterándoles que ellas habían sido notificadas ese mismo día y que esa resolución a ellos, los oficiales, se las habían enviado desde el Poder Judicial y les mostraban de lejos la resolución.

Las recuperadoras Cabecares les indicaron a los oficiales que ellas, ni su representante legal habían sido notificados de esa resolución; ante lo cual los oficiales llamaron a algún encargo jurídico de la Fuerza Pública, quien les indicó, que, si no habían sido notificadas, no podían seguir con la inspección y el informe; el mismo encargado llamó al Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, quien confirmó que las partes no habían sido notificadas. Finalmente, los oficiales levantaron una bitácora y se retiraron a las 8:30 de la noche.

Ante esta situación irregular, el representante legal de las recuperadoras se comunicó con el Comisionado Edwin Miranda, Jefe Policial de la Zona, quien le informó que él mismo tenía la resolución en su celular y que la acción de los oficiales, quienes también tenían la resolución en sus teléfonos móviles; era con la intención de prevenir a las recuperadoras; sin indicar de quien o cómo habían obtenido la resolución de medida cautelar indicada.

Efectivamente el supuesto usurpador, Danilo Badilla Román, interpuso un interdicto de amparo de posesión contra las recuperadoras, causa que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) bajo el Expediente 20-000018-1555-AG-1 y es conocido por el Juez Tramitador Céspedes Mora.

El 7 de julio se dictó resolución respecto a una medida cautelar atípica solicitada por la parte actora, en la cual se declara sin lugar la medida cautelar solicitada de restitución posesoria y se le previene a las recuperadoras abstenerse de realizar quemas, construcciones o remover cercas; sin embargo, podrán continuar en el terreno hasta tanto no se resuelva por el fondo.

Tanto las recuperadoras, como su representante legal, fueron notificados de la resolución indicada, vía fax hasta el día viernes 17 de julio, después de las consultas hechas por el abogado, ante las anomalías descritas.

Ante los hechos indicados, las recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö, denunciamos:

  1. Que los oficiales de la Fuerza Pública y el Comisionado Miranda no debían contar con la resolución en cuestión, máxime que la misma no había sido notificada a ninguna de las partes.
  2. Que los oficiales que se presentaron a la tierra recuperada utilizaron dicha resolución para amedrentar, intimidar y generar confusión en las familias recuperadoras.
  3. Que los oficiales no fueron comisionados por ninguna instancia judicial para notificar la resolución mencionada.
  4. Que el Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, se encuentra bajo investigación interna en el Poder Judicial por irregularidades en varias causas relacionadas con Pueblos Originarios.

Por lo anterior exigimos al Poder Ejecutivo y Judicial una investigación inmediata, cuyos resultados sean públicos y que se apliquen las sanciones administrativas y judiciales correspondientes, en relación con:

  1. ¿Cómo obtuvieron los 4 oficiales de la Fuerza Pública una resolución judicial que no había sido notificada a ninguna de las partes del proceso?
  2. Las circunstancias e ilegalidad del actuar de los tres oficiales que se presentaron en la tierra recuperada, quienes actuaron sin orden judicial alguna, asumiendo actos judiciales que no les competen.
  3. El manejo de la información de este caso por parte del despacho judicial ¿Quién o como se filtró la información indicada?
  4. Exigimos una vez. la separación del conocimiento del Juez Céspedes Mora de cualquier asunto relacionado con tierra-territorio de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö
Coordinadora de Lucha Sur Sur
¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

*Imagen ilustrativa.

CIDH aprueba admisibilidad del caso del Pueblo Bröran – Acciones de los pueblos Bribrí de Salitre y Brörán de Térraba contra el Estado

En el link adjunto encontrará el comunicado oficial de Forest Peoples Programme sobre el Informe de Admisibilidad No.167/20 del caso del Pueblo Bröran (o Teribe) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

https://www.forestpeoples.org/es/CIDH-aprueba-informe-sobre-admisibilidad-caso-pueblo-broran

Información de Nathalia Ulloa Castillo. Asesora Legal, Forest Peoples
Programme.

Compartida con SURCOS por Mariano Sáenz.

A 16 meses del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz – Comunicado de FRENAPI

Comunicado de FRENAPI
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 16 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
La lucha sigue y se extiende: 7 Fincas Recuperadas en Territorio Maleku

Si como sociedad queremos Paz, tiene que haber Justicia, que sólo se logra con el cumplimiento de TODOS los Derechos Humanos, de todas las personas y los Pueblos.

La reconciliación de la sociedad costarricense llegará cuando haya reparación y sanción. Sanción para los/as responsables de la violencia sistemática y crímenes contra personas indígenas, Comunidades, bienes materiales y espirituales de los Pueblos. Y reparación de los daños ocasionados por esos hechos violentos.

Hoy, 18 de julio del 2020, se cumplen 16 meses del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, zona Sur del país. Fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen, se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación. A la fecha no hay “Informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados o avances de la investigación de este asesinato. La familia, las Comunidades en Salitre y en el resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Instituciones, Organismos Internacionales, junto a muchas personas dentro y fuera del país, seguimos esperando.

Mientras tanto, la violencia contra los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sigue aumentando: el 09 de febrero 2020 fue baleado Minor Ortiz Delgado (Tubolwak Bribri de Salitre); el 24 de febrero fue ASESINADO Jery Rivera Rivera (Brôrán de Térraba); a inicios de marzo se promovieron quemas de parcelas en las Recuperaciones de Tierras Indígenas de las Fincas Las Huacas de Salitre y Crun Shurín de Térraba; Se organizaron Marchas y Reuniones en Buenos Aires de Puntarenas, encabezadas por funcionarios municipales, líderes comunales y empresarios de los alrededores, para hostigar y agredirnos en nuestros territorios una de ellas fue la marcha del 07 de marzo del 2020, convocada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio.

La violencia sistemática en nuestra contra persiste. Las amenazas y persecución, continúan contra varios/as compañeros/as del FRENAPI y de las Fincas Recuperadas en los Territorios Brôrán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Bribris de Salitre y Cabagra. Amenazas y agresiones que se dan tanto en las Comunidades, como por las Redes Sociales, de manera pública- abierta y de lo que tienen conocimiento autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial ante las denuncias realizadas.

Cuando nos desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa, a un grupo de 27 delegadas/os de todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sacándonos a rastras y golpes por la parte de atrás del Edificio en la madrugada del 10 de agosto del 2010, Día Internacional de los Pueblos Indígenas; la Asamblea del FRENAPI decidió que era el momento de iniciar el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA). Fue Sergio junto con las/os hermanas/os Bribris de Salitre quien encabezó las primeras Recuperaciones Directas de Tierra/ Territorio, seguidas por las Comunidades de Cabagra, Térraba, Yimba Caj, China Kichá. Ese ejemplo de valentía indomable, sigue dando frutos y en abundancia, tal como vemos en las recientes 7 Recuperaciones en el Territorio Maleku, entre el 11 y 13 de julio del 2020.

El ASESINATO del hermano Sergio Rojas Ortiz, puso al descubierto al Estado Costarricense, como un Estado etnocida y negligente, responsable de toda esta violencia sistemática impune, que permite las invasiones y arrebato de nuestras Tierras/ Territorio, y otros actos delictivos contra nuestros Pueblos en lo material y cultural, que también permanecen en la impunidad. No hay justicia, no hay Paz.

Es esa violencia sistemática y sistémica, la que lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar Medidas Cautelares (de Protección) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de las Comunidades Bribris de Salitre y Brôrán de Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. Estas Medidas se mantienen, e incluso se podrían ampliar a otros Territorios por el aumento de la violencia ya mencionado.

Sergio abre un anchuroso camino que cada día se amplía, se fortalece y mantiene viva la Memoria, la Historia y la lucha de los 8 Pueblos Indígenas en Costa Rica. ¡Sergio NO murió, se multiplicó!

En la Lucha por Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio se involucró, lideró su Organización Propia -el Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW)- e integró la Coordinación Nacional del FRENAPI. Su lucha e impronta lo llevó a la cárcel por 5 meses, con una infundada acusación, pensando que podían, con eso, detener a las Comunidades, que por el contrario, aumentaron su movilización, recuperando más Tierras/Territorio. Esto fue causa de una feroz persecución contra Sergio que, finalmente les llevó al vil ASESINATO en la oscuridad y la serenidad de su casa en Yeri de Salitre, el 18 de marzo de 2019.

El Saneamiento Territorial, de invasores/as y usurpadores/as de las Tierras Indígenas, es imprescindible como elemento principal para que haya justicia y traiga la Paz a nuestros Pueblos; por ser un derecho ancestral, que lleva la sangre de tantos hermanos y hermanas, que como Sergio y Jery, no se doblegaron jamás y son motivación para mantenernos de pie hasta ver estas Tierras/ Territorios en manos de las Comunidades Indígenas que las habitan (Artículo 3 de Ley Indígena N°6172).

La Pandemia NO puede convertirse en un discurso cómplice de impunidad, ni en una justificación de violencia y discriminación contra nuestras Comunidades/Pueblos, ni tampoco la falta de recursos puede justificar la desatención y el abandono por parte del Estado/Gobierno a sus responsabilidades históricas, en una deuda que debe asumir para que podamos reconciliarnos como costarricenses, para vivir en paz, en una sociedad respetuosa de nuestros valores por el Buen Vivir, la defensa y el respeto de nuestra Madre Tierra, nuestra Autonomía, diversidad e identidad cultural y espiritual.

Enviamos de todas las Comunidades de Recuperantes de Tierra /Territorio Indígenas, los mensajes de alegría y de apoyo a las familias Malekus, que hoy asumen la tarea de luchar por su Autonomía y sus Derechos Humanos, cuenten con nuestro acompañamiento, sin condiciones. Esperamos que el Estado/Gobierno costarricenses, haga cumplir las Leyes y los Tratados que respaldan nuestros Derechos y nuestra Lucha.

A 16 meses de impunidad, a nuestro hermano Sergio desde la intimidad de nuestro espíritu le recordamos como la semilla que es, en cada recuperación de Tierra/ Territorio vemos su Siembra. NO nos detendremos hasta que su ASESINATO sea sancionado y reparado.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
18 DE JULIO, 2020

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento por la quema en Turrialba

El martes 14 de junio se dio la noticia de una familia indígena Cabécar que acudió a un centro médico en Turrialba, un niño fue diagnosticado con Covid-19 y tres adultos, su madre incluida, fueron aislados en un albergue acondicionado donde esperan los resultados de las pruebas que les hicieron. Desde horas de la tarde medios de comunicación señalaban que un grupo de vecinos del lugar donde se encuentra el albergue, estaban exigiendo que las personas aisladas fueran sacadas del lugar. La situación continuó hasta que en horas de la madruga realizaron una quema frente al albergue.

Esta acción es una expresión de ignorancia y racismo, primero por el desconocimiento respecto a las formas de transmisión del virus y también por ser un acto de intimidación que puso en peligro la integridad de las personas indígenas que se encontraban dentro del albergue.

Esta situación es injustificable y pone en evidencia el racismo estructural que persiste en la sociedad. El trato inhumano contra las personas indígenas por parte de las personas que las estaban instigando debe ser condenado. El hostigamiento no se produce únicamente por la sospecha de la transmisión del virus, es la evidencia de un trato discriminatorio en contra de la población indígena, esta discriminación es cotidiana en una sociedad que siempre nos han visto como “los otros” y lamentablemente sale a relucir en momentos donde deberían estar presentes la empatía y la solidaridad.

Por otra parte, señalamos la exclusión y la invisibilización histórica que el Estado costarricense ha realizado en contra de los pueblos indígenas, que encadenado al racismo y la discriminación generan una enorme amenaza para los pueblos indígenas en la actual pandemia. Los pueblos son afectados de diversas maneras, en primer lugar por el peligro de contagiarse con el virus, a esto también se suma el poco acceso a centros de salud para la atención médica, por ejemplo, la población indígena cercana a Turrialba debe movilizarse por horas y días completos para acceder a un centro de salud y lugares para abastecerse de comida. Esta situación hace más vulnerable a los pueblos indígenas. Si a lo anterior se agrega las acciones de discriminación de parte de la sociedad que les impide acceder a los centros de salud y elementos básicos como el alimento, se genera una situación crítica para los indígenas, que vulnerabiliza sus derechos más elementales.

Denunciamos los actos de racismo y discriminación sucedidos, pedimos a las autoridades su accionar para evitar estas situaciones a futuro, garantizando el derecho pleno a la salud que tenemos todos como personas. Además, pedimos que las poblaciones indígenas reciban servicios de salud que no los obligue a movilizarse fuera de su territorio y sea pertinente culturalmente, esto incluye que sea dado en un idioma propio, respetando los tiempos de las comunidades y respetando las formas propias de medicina de los pueblos indígenas.

Publicado en la página de Facebook del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.

Aspectos legales y legítimos de los procesos de recuperación de tierras

Las recuperaciones de Tierra-Territorio realizadas por los Pueblos Originarios no son sólo acciones de hecho, sino que corresponden a su cosmogonía, tradiciones y derechos legales que les pertenecen como Pueblos Originarios. El derecho a la tenencia y recuperación de Tierras-Territorios es reconocido en distintos mecanismos legales nacionales e internacionales.

Compartimos esta infografía que contiene los aspectos legales y legítimos de los procesos de recuperación de Tierras-Territorios y la autodeterminación territorial.

Esta infografía forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

#JusticiaParaSergioYJerhy

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

 

*Imagen de portada: Conferencia de prensa UCR luego de agresión a Jerhy Rivera, 2013
Fotografía: Ricardo Araya Rojas.

ALERTA de FRENAPI sobre amenazas y asedio a comunidad indígena Maleku, al Norte de Costa Rica

ALERTA TEMPRANA

Amenazas y asedio de finqueros en Conflicto por Tierras/Territorio en Comunidad Indígena Maleku, al Norte de Costa Rica

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

El día de ayer domingo 12 de julio del 2020, este Frente recibió la Acción Urgente, difundida por la Comisión Coordinadora y Facilitadora (COCOFA) del Congreso Indígena Nacional (COIN), en que informa de “amenazas de agresión por parte de finqueros No Indígenas, que se reclaman “dueños” de las al menos 5 Fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio”. Al día de hoy, FRENAPI tiene información de que son 7 Fincas las recuperadas, lo que representa la mayor cantidad de fincas recuperadas simultáneamente en un Territorio Indígena, distribuidas en varios lugares del Territorio Maleku, entre los Palenques Margarita y Tonjibe, Camino Silencio, Curirre y Viento Fresco, lo que indica que la Comunidad entera se ve involucrada.

El Territorio Maleku es uno de los 24 Territorios, ocupados por los 8 Pueblos Indígenas en Costa Rica, una mayoría de sus habitantes (Malekus) conservan su lengua, espiritualidad y tradiciones ancestrales; sin embargo, es uno de los Territorios más afectados por la invasión, usurpación y explotación ilegal y devastadora de los recursos naturales, por parte de inescrupulosas/os, que han aprovechado las circunstancias de las barreras culturales, para hacer “negocios fraudulentos” y apropiarse de esas tierras indígenas en contra las Leyes costarricenses e instrumentos internacionales.

La Acción Urgente de la COCOFA-COIN, dio cuenta de la rápida presencia de personeros del Gobierno, los días 10 y 11 de julio del 2020 en la zona, buscando manejar el conflicto, dando como la propuesta a las familias recuperantes, “quedarse de cuidadores de las fincas y del ganado de las/os finqueras/os” (según se informa en la Acción Urgente del COCOFA-COIN), hasta que encuentren las soluciones, en el entendido de que el Plan Oficial de Recuperaciones de Territorios Indígenas (RTI), se encuentra desfinanciado y no ha logrado en 5 años resolver la violenta conflictividad por Tierra/Territorio en las Comunidades Indígenas al Sur del país, que tienen más de 12 años de haber iniciado las recuperaciones directas de Tierras/Territorio, ante la inoperancia y abandono del Estado/Gobierno y el fracaso de múltiples Mesas de Diálogo y Acuerdos de soluciones incumplidos, por los últimos 4 Gobiernos.

El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), impulsado por FRENAPI, provocó respuestas violentas por parte de las personas usurpadoras, con la complicidad directa e indirecta de funcionarios del Estado/Gobierno, incluyendo al Poder Judicial y otros actores locales y nacionales como la Municipalidad y algunos Medios de Comunicación; violencia que llegó a su máximo nivel con el asesinato del líder indígena bribri Uniwak Sergio Rojas Ortiz, del Territorio de Salitre, miembro Coordinador del FRENAPI el 18 de marzo del 2019, y más reciente el asesinato de Jery Rivera Rivera, Brôrán del Territorio de Térraba, ambos Territorios con Medidas Cautelares por la Comisión Interamericana (CIDH), desde el 30 de abril del 2015, en razón de la violencia sostenida, sistemática e impune que se desarrolla y se escala cada día contra estas Comunidades al Sur de Costa Rica.

Desde el FRENAPI, lanzamos ALERTA TEMPRANA, ya que las amenazas recibidas por las familias Malekus recuperantes, dan cuenta de una posible agresión, al observar el modus operandi de los NO Indígenas, aprendido en las experiencias de la violencia organizada por las personas finqueras usurpadoras del sur, junto a otros actores locales: aprovechan la noche, fines de semana y feriados, las distancias geográficas, la negligencia policial y para el momento, hasta las medidas restrictivas por la pandemia, que pueden jugar a su favor, con graves y conocidos resultados.

Las Autoridades del Gobierno y Poder Judicial, deben actuar oportuna y preventivamente, evitando el incremento de esta violencia directa y sistemática, por los graves e irreparables daños en la vida, la salud y los bienes de las Comunidades indígenas; para nuestros Pueblos la Tierra tiene un valor productivo – económico, de subsistencia y un valor cultural – espiritual. El Estado/Gobierno debe aplicar las Leyes y los Tratados Internacionales para proteger los intereses y Derechos Humanos Indígenas, que es su primera responsabilidad, impidiendo el desalojo y más agresiones a quienes por derecho propio y ancestral, hemos recuperado Tierra/Territorio, como cuidadoras/es que somos de esta Madre Tierra.

El FRENAPI reitera que la Lucha por la Afirmación Territorial Autónoma continuará hasta sanear todos los Territorios Indígenas y estos pasen a manos de las Comunidades que los habitan (Art.3 de la Ley Indígena N° 6172).

La Comunidad Internacional, Organismos de DDHH y las Organizaciones Sociales, tienen conocimiento de las graves violaciones a los DDHH de nuestros Pueblos, por lo que les solicitamos interceder ante el Estado/Gobierno Costarricense para que se actúe con prontitud, impidiendo que las personas finqueras usurpadoras e invasoras, continúen su ocupación ilegal en el Territorio Maleku y en los demás Territorios Indígenas en Costa Rica, que es una de las causas de mayor enfrentamiento violento en nuestras Comunidades.

Al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena –ODHAIN-, le solicitamos integrar una nueva Misión de Observación, por los medios posibles en las circunstancias actuales, a efecto de observar, constatar, documentar e informar sobre la situación de nuestros Pueblos, en especial lo que ocurre en las Comunidades que se encuentran amenazadas y acechadas por la violencia, en razón de las Recuperaciones de Tierra /Territorio.

No queremos más violencia, queremos Paz y respeto por nuestros Derechos, no pedimos nada a lo que no tengamos derecho; el Estado/Gobierno debe cumplir las Leyes y los Tratados suscritos y ratificados y por eso debe detener las agresiones, los despojos de nuestras Tierras Ancestrales, las invasiones de No Indígenas y ejecutar la orden para que estas personas se salgan de nuestras Tierras/Territorios; debe haber justicia pronta y cumplida ante las violaciones ocurridas en contra de nuestros Pueblos y que no queden en la impunidad. Ante la situación informada, bajo ALERTA TEMPRANA, responsabilizamos al Estado/Gobierno costarricense de cualquier agresión en contra de las familias recuperantes malekus y nuestra contra.

¡NO MÁS IMPUNIDAD!
SERGIO Y JERY VIVEN
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
13 DE JULIO, 2020

Correo: frenapicostarica@gmail.com Facebook: FRENAPI-Costa Rica

Finqueros amenazan con agresiones a indígenas malekus

Conflicto de tierras/territorio

La Comisión Coordinadora y Facilitadora del Congreso Indígena Nacional – COCOFA / COIN, emite la presente ACCION URGENTE ante la Comunidad Nacional e Internacional, sobre la situación de un nuevo y reciente conflicto por tierras en el Territorio Indígena Maleku, al norte del país, en el Cantón de Guatuso, fronterizo con Nicaragua.

La situación se ha tornado muy tensa, a raíz de las amenazas de agresión por parte de finqueros/as NO Indígenas, que se reclaman “dueños” de al menos 5 fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio del 2020 a la fecha. Las fincas están ubicadas en diferentes zonas del Territorio entre Palenques Margarita y Tonjibe, Camino Silencio, Curirre y Viento Fresco.

Este conflicto es de muchos años, además de ser uno de los heredados por la Conquista hace más de 520 años. Algunas de estas Fincas fueron “adquiridas” hace pocos años, por NO Indígenas, a través de negocios que la misma Comunidad Maleku ignora.

El Gobierno envió desde ayer 11 de julio del 2020 un grupo de funcionarios, encabezados por el viceministro de la Presidencia para el Diálogo y Encargado de los Asuntos Indígenas, Randall Otárola, que según se informó, se reunieron ayer mismo con autoridades Municipales y los/as Finqueros/as, hoy han visitado las Recuperaciones.

Las propuestas del Gobierno son que las personas indígenas recuperantes malekus se queden en las fincas “sin tocar nada”, o sea “cuidando las fincas de los No Indígenas usurpadores” mientras se buscan soluciones, como el Plan de Recuperación Territorial Indígena (RTI), que el Gobierno ha impulsado en la Zona Sur desde hace 5 años sin resultados positivos, más bien en los últimos 18 meses han asesinado a dos indígenas, como parte del conflicto de Tierras en Salitre (Sergio Rojas Ortiz) y en Térraba (Jery Rivera Rivera).

En Maleku los/as finqueros/as están amenazando con acciones violentas, se encuentran cerca de las recuperaciones y con la experiencia de las otras agresiones a comunidades indígenas, es posible que esperen la noche y aprovechándose de las medidas de restricción vehicular a causa de la pandemia, pretendan atacar a las familias recuperantes.

La Ley Indígena establece que “los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que las habitan (Art. 3º.), por lo que ningún NO Indígena puede alegar posesión o propiedad de tierras indígenas, con pocas y muy restringidas salvedades, de quienes adquirieron antes del Decreto de Reconocimiento del Territorio Indígena o antes de la Ley Indígena 6172 de 1977.

Las acciones violentas que se puedan generar, serán responsabilidad del Estado/Gobierno costarricense, que tiene la obligación de sanear los Territorios y garantizar los Derechos Indígenas, así como la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades en todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

Comisión Coordinadora y Facilitadora -COCOFA-
CONGRESO INDIGENA NACIONAL -COIN-
Costa Rica, 12 de julio del 2020

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

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