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Etiqueta: racismo estructural

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!

El 24 de febrero del 2020, fue asesinado Jerhy Rivera Rivera en el territorio Bröran de Térraba, mientras un grupo de personas defendía los territorios ocupados ilegalmente por terratenientes de la zona. Elides Rivera Navas, su tía materna, señala que Jerhy fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida: “Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos”.

Está documentado que el 18 de agosto del 2022, durante una reunión pública y oficial, con representantes del gobierno, en Buenos Aires, Luis Eduardo Varela Rojas afirmó haber asesinado a Jerhy Rivera en defensa propia. Recibió fuertes aplausos y alabanzas de parte del público ahí reunido. El 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a 22 años y 15 días de prisión a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio del líder indígena de Térraba, Jehry Rivera Rivera, y por amenazas a una testigo del asesinato. Según el juez del proceso: “El tema de quién mató a don Jehry, no es un tema controvertido, está claro que fue el imputado quien lo asesinó y eso no es discusión para este Tribunal”.

El 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Luis Eduardo Varela Rojas, alegando vicios en la valoración de la prueba.

Del 19 al 23 de agosto 2024, se programó un juicio en el Tribunal de Pérez Zeledón; el mismo que había dictado una sentencia mínima por el cargo de homicidio.

Surgen preguntas frente a estos hechos: ¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasean tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que le deben dar trámite? ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares “MC 321-12”, en las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física de Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre?

Exigimos al Estado costarricense que cumpla sus compromisos: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957; la Ley Indígena 6172 de 1977; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007.

Por su inacción, el Estado costarricense es responsable del asesinato de Sergio Rojas ocurrida en marzo del 2019 y del asesinato de Jerhy Rivera llevado a cabo en febrero del año siguiente.

Basta ya del racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto. El problema de fondo es la violación a los Derechos Humanos, a la legalidad costarricense y a los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado para asegurar que en los territorios ancestrales se respeten las normas, la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas.

¡Es una vergüenza que en nuestro país la justicia se vista con ropajes colonialistas y racistas! ¡Justicia para Jerhy es sembrar una semilla de paz en los territorios indígenas!

¡Que un asesino confeso ande libre amenazando y alardeando de lo que hizo nos deshumaniza a todas las personas!

¿Qué modelo de ciudadanía se está fomentado con esos actos?

Por eso, exigimos, con doña Digna Rivera Navas, justicia para su hijo Jerhy.

Firma responsable: Comité de Solidaridad con doña Digna. Costa Rica

Cc. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Nos unimos a este pronunciamiento las siguientes personas, organizaciones, colectivas y colectivos:

En el documento adjunto puede ver las firmas que respaldan este documento.

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!El 24 de febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera fue asesinado en el territorio Bröran de Térraba mientras defendía las tierras indígenas de ocupaciones ilegales. Su muerte no solo fue brutal, sino que además, la impunidad que ha rodeado el caso refleja un profundo problema de racismo estructural y violación de derechos humanos en Costa Rica.A pesar de que Luis Eduardo Varela Rojas confesó públicamente haber asesinado a Jerhy en defensa propia, fue liberado en julio de 2023 debido a vicios en la valoración de la prueba, a pesar de haber sido condenado inicialmente a 22 años de prisión. Este hecho, junto con la falta de acción del Estado en cumplir las medidas cautelares y proteger a los pueblos indígenas, evidencia una grave negligencia en la justicia costarricense.Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus compromisos internacionales y nacionales, y que se garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la justicia en Costa Rica siga siendo cómplice de actos de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas.¡Justicia para Jerhy Rivera! ¡Es hora de acabar con el racismo y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país!

Indígenas Ngäbe Buglé de Sixaola siguen sufriendo discriminación

El pasado miércoles 19 de abril se conmemoró el Día del Indígena (No. 1803-C) decretado desde 1971 y que este año el gobierno pasó por alto, no así la población originaria que aprovechó para denunciar la discriminación que siguen sufriendo a diario más de diez mil indígenas Ngäbe que habitan ancestralmente esta zona fronteriza.

Miembros del pueblo Ngäbe Buglé en Sixaola denunciaron la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno costarricense para atender distintas necesidades urgentes, como lo es el formalizar y aligerar el reconocimiento de la nacionalidad de dichos pueblos. Esto es apenas la expresión más cotidiana de años de racismo estructural, que impide a las poblaciones indígenas transfronterizas acceder a servicios básicos, atención médica estatal, becas, educación, bonos socioeconómicos, vivienda, trabajo digno, entre muchas otras.

Si bien esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó derecho a la nacionalidad costarricense, lo cierto es que una gran cantidad de personas no tiene hoy su cédula, con lo cual no tiene acceso efectivo a los servicios básicos ni al ejercicio de sus derechos. Esta situación afecta de sobremanera a las mujeres y a la niñez, que no pueden acceder a becas o servicios de salud.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber al presidente Rodrigo Chaves días atrás, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”, según palabras de uno de los líderes indígenas.

Don Eusebio Julián de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) aseguró que: “nuestra petición al gobierno es sobre el territorio, por la necesidad a la que nos enfrentamos en Sixaola. Somos vulnerables, no podemos cultivar, no podemos sembrar, tampoco podemos hacer nuestras actividades culturales”. Solicita así que el gobierno costarricense se apegue y acate a cada uno de los artículos del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica.

Mientras tanto, Eulalia Thomas, integrante de la organización de mujeres Meri Dirikä sostiene que muchas personas trabajadoras se encuentran en situaciones vulnerables, al estar en riesgo su acceso a la vivienda por el incumplimiento de prestaciones y servicios que las empresas bananeras prometen y no cumplen. Sobre esto indica “cuando la empresa vende esa bananera a la otra empresa (…) resulta que va sacando a todos los compañeros y los niños [de sus casas]. Se van llorando, es lo más triste, ningún gobierno, nadie, está viendo cuando los niños se desalojan”.

Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años con empresas transnacionales bananeras, por lo cual solicitan el apoyo del gobierno para hacer valer sus derechos laborales.

También afirman que, al habitar permanentemente en territorio costarricense, son acreedores de derechos, pero que enfrentan día a día discriminación: “vivimos permanentemente aquí en Costa Rica, no sólo venimos por un tiempo (…), nosotros estamos reclamando nuestro territorio para los niños, para las mujeres, y para nuestros compañeros”, recordó Eulalia.

En una reciente visita de una delegación proveniente del territorio, se le hizo llegar estas mismas preocupaciones al presidente Rodrigo Chávez, a través de una carta entregada en Casa Presidencial, solicitando el respeto y reconocimiento de su identidad y necesidades como pueblo indígena, así como la atención inmediata al atropello de derechos humanos del que son víctimas. Esta carta fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones y visitar la zona en mayo.

En la foto se aprecia a Eusebio Julián y a Eulalia Thomas, representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

Kioscos Ambientales UCR

Foto de portada: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.

Racismo estructural hacia población mapuche en Mendoza, Argentina

El pasado miércoles 29 de marzo, las organizaciones y comunidades Indígenas Huarpe, Mapuche, Colla y Guaraní de la Provincia de Mendoza convocaron a organizaciones indígenas, sociales, culturales, ambientales, políticas, sindicales y de derechos humanos a una concentración frente a las puertas de la Legislatura de Mendoza.

Dicha movilización tuvo como propósito el solicitar el NO tratamiento de un dictamen que buscaba declarar al pueblo indígena mapuche como no argentino, lo cual representa un gran retroceso en los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como la apertura al despojo de territorios ancestrales que les fueron otorgados en febrero del año pasado (Figueroa, 2023). 

A pesar de que dicha sentencia era anticonstitucional y representaba un intento de seguir institucionalizando el racismo estructural, la declaración se aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra (la mayoría es kirchnerista), 6 abstenciones y 4 ausencias (Figueroa, 2023). 

Los artículos presentados para la aprobación del dictamen (fuertemente cuestionados por las poblaciones indígenas) fueron los siguientes (Figueroa, 2023): 

  • El primero rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas.
  • El segundo cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza.
  • El tercero rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.

Según Figueroa (2023), el proyecto fue impulsado por el gobierno de Suárez, con apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y el impulso de su líder Mauricio Macri. Además, la Cámara de Diputados que lo aprobó responde al radical macrista Rodolfo Suárez, en conformidad con el ideario de derecha que atenta contra la población mapuche y les designa como el enemigo interno.

Una vez aprobado el dictamen, las distintas organizaciones y comunidades indígenas declararon que presentarán una denuncia penal contra el Estado. “somos mapuches y tenemos la ciudadanía argentina (…) nosotros votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos”, definió Fabricio Silva, werkén (mensajero/vocero) de la comunidad We Newen (citado en Figueroa, 2023).

Lo que hay detrás de esta sentencia, además de un profundo racismo estructural y una agenda política de derecha, es el interés por explotar los recursos de las tierras para el beneficio de las grandes empresas. Este es el propósito de Rody Suárez: que no se reconozca el carácter ancestral de las tierras y, por ende, el Estado provincial se quede con la propiedad para su explotación (Figueroa, 2023). 

En realidad, el pueblo mapuche ha habitado esas tierras desde hace al menos 14 mil años, tal y como indican sus mayores, respaldados por arqueólogos y antropólogos (Figueroa, 2023). Es decir, que los mapuche han vivido en Mendoza desde antes que esta fuera Mendoza (Silva citado en Figueroa, 2023). 

 

Fuentes:

Convocatoria urgente contra el intento de institucionalizar el racismo en Mendoza (2023) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsy-Rh5wbOT6OhUXgWQVTX6gfFwVVzVHoqsRnzKDFI4jl14A/viewform.  

Figueroa, A (2023). Negacionismo: La Cámara de Diputados de Mendoza declaró a los mapuches como «pueblo originario no argentino». Página/12. https://www.pagina12.com.ar/536070-mendoza-el-gobernador-suarez-quiere-avanzar-con-su-ley-antim?ampOptimize=1.  

Imagen ilustrativa.

Racismo estructural y fundamentalismo religioso «¿Cómo afecta la vida de las comunidades afro e indígenas?» / foro

SURCOS comparte la siguiente invitación:

El día miércoles 17 de febrero se llevará a cabo un foro virtual por medio de una transmisión de Facebook Live en las redes de Plataforma OBF en el que se abordará la temática del racismo estructural, el fundamentalismo religioso y sus implicaciones en la vida de las comunidades afro e indígenas.

Se contará con la participación de:

  • Yuri Orozco. Colombiana, militante afro, lleva 30 años trabajando en Brasil en defensa de los derechos humanos.
  • Shirley Krenak. Del pueblo indígena «Krenak do leste» de Minas Gerais.
  • Marilia Schuller. Teóloga negra, con experiencia en Koinonia y el Consejo Mundial de Iglesias.

Un punto importante es que este evento contará con un traductor y la inscripción se puede realizar en el siguiente link:

https://forms.gle/stYY2tcBPDuqMUKm8

La transmisión se emitirá en los siguientes horarios:

  • 3pm Centro América/ México
  • 4pm Pan/ Cub/ Col/ Ecu/ Per.
  • 5pm Ven/ Rep. Dom.
  • 6pm Arg/ Uru/ Bra/ Par.

Coordina:

  • Eliad Dias

Invitan:

  • CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
  • Memoria Indígena
  • Con perspectiva de género SEMLA
  • CREAS – Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio
  • Alc Noticias Español
  • Novos Diálogos
  • Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI

#plataformaOBF #nodejaranadieatrás #ODS #sdgs2030 #agenda2030 #OBF2030 #objetivosdedesarrollosostenible #somospartedelproblema #seamospartedelasolucion #racismo #racism

Adjuntamos la invitación formal al evento:

Arturo Fournier: En Comisión sobre violencia y racismo en EE.UU escuchamos, recabamos pruebas y haremos sugerencias

El abogado costarricense y defensor de derechos humanos, Dr. Arturo Fournier, recibió testimonios en la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, los días 1, 3 y 5 de febrero.

La Comisión reúne a 12 juristas de Japón, India, Pakistán, Francia, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, Barbados, Antigua, Jamaica y Costa Rica para indagar de manera independiente, complementando con los testimonios de los abogados y familias de las víctimas.

“De momento se están oyendo testimonios de familiares, porque lamentablemente las demás personas fueron víctimas fatales y no están vivas. Han sido esposas, hijos y abogados que los han representado”, comentó Fournier a SURCOS, y agregó que “la Comisión busca demostrar cómo juristas del mundo estamos interesados en escuchar, recabar pruebas y hacer sugerencias”.

En junio de 2020 organizaciones de derechos humanos y fundaciones tales como Mothers against police brutality solicitaron a Naciones Unidas una investigación a raíz de los hechos ocurridos en Minnesota, los cuales acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Ante la negativa, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (International Association of Democratic Lawyers-IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Afroamericanos (National Conference of Black Lawyers-NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild-NLG) de Estados Unidos conformaron la comisión independiente.

“El ideal sería que fuera el sistema internacional de los derechos humanos porque es algo más institucionalizado, más organizado de acuerdo al sistema internacional vigente, pero en Estados Unidos se usa mucho la formación de comisiones privadas”, dijo Fournier.

Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión serán enviadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Los testimonios

De acuerdo con Fournier, en los testimonios se evidencia un patrón sobre los constantes casos de brutalidad policial hacia afrodescendientes.

“Un abogado mencionaba que en el estado de Kansas se tiene como política dispare primero, pregunte después, y eso nos lleva a la facilidad en el uso de armas, de la fuerza letal”, mencionó el abogado.

El abogado y testigo, Stacy Sylvester Lee Merritt, aportó en el testimonio del 27 de enero estudios que establecen que los afroamericanos tienen al menos 2.5 más de posibilidades de ser asesinados por agentes de la policía, que cualquier otro ciudadano.

“El modelo de aplicación de la ley en Estados Unidos representa la cultura policial más mortífera del mundo moderno”, indicó S.Lee en el testimonio.

Fournier aportó a SURCOS cifras de una investigación periodística del medio The Guardian en la cual exponen que en los primeros 24 días de 2015, la policía de los Estados Unidos disparó a matar en mayor número que la policía en Inglaterra y Gales en 24 años.

Según el abogado costarricense, los testigos relatan que algunos de los agentes de policías con casos de agresión aún continúan trabajando, les han sugerido que se pensionen o los pasan a hacer labores de oficina, pero pocos son despedidos.

“Una de las cosas que estamos sugiriendo, y que ha pedido mucha de la gente, es que se haga un esfuerzo institucional, de parte de todos los departamentos de policía y de las ciudades, para que haya una mejor educación y formación de los policías para que no usen con tanta facilidad el arma y los disparos”, comentó, y agregó que la mayoría de víctimas de violencia policial no portaban armas.

En opinión de Fournier, pese a que el racismo y la discriminación llevan siglos, y por tanto es un problema sistémico, los gobiernos pueden dar pasos importantes. “El presidente Biden ha hecho un par de referencias al racismo, y evidentemente Biden es muy diferente a Trump, entonces esperamos que el cambio de administración pueda traer algo bueno”, agregó.

Estados Unidos no acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de modo que las víctimas que no han visto resueltos sus casos en el país no pueden elevarlos al sistema interamericano.

“Lo que recomendaré al final es que el gobierno de los Estados Unidos incorpore a su país a la Corte IDH y al sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Biden ha dado unos pasos positivos en sus primeros días y esperamos que tenga disposición a tomar algunas otras determinaciones que son buenas para Estados Unidos, para el sistema en su generalidad, y evidentemente para la población”, expuso Fournier.

Al consultar a Fournier acerca del rol que juegan los medios de comunicación y generadores de opinión pública, mencionó que su papel es fundamental para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto y tome conciencia de la necesidad de hacer cambios y enmendar, e incluso es una de las preguntas que ha incorporado en las audiencias con los testigos.

Larga trayectoria

Fournier ha dedicado su vida a trabajar en la defensa de los derechos humanos de todas las generaciones. El abogado ha cooperado con organizaciones como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras.

Tras haberse desempeñado como Embajador de Costa Rica en Rusia de 2016 a 2018, tomó la decisión de jubilarse. “Lo más bonito es que yo no concursé, no envié mi currículum, sino que me consideraron. Inicialmente había una lista grande como de 25 personas. Como latinoamericano y costarricense eso me llena mucho de orgullo”, destacó.

Las grabaciones de los testimonios son de acceso público. Puede encontrarlas aquí con sus respectivas transcripciones.

Costarricense Dr. Arturo Fournier Facio recibirá testimonios en Comisión Internacional que investiga la situación de violencia policial y racismo sistémico en EEUU

El Dr. Arturo Fournier Facio, quien destaca como único comisionado latinoamericano entre los 12 que conforman la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, estará recibiendo testimonios los días 1, 3 y 5 de febrero a partir de las 6:00 pm.

En junio de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la continua discriminación racial, racismo estructural en el sistema de justicia y prácticas violentas perpetradas contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, particularmente ante los eventos ocurridos en Minnesota en el mes de mayo y que acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Así, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

La Comisión remitirá un informe final con los hallazgos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, autoridades competentes y público general. Las audiencias públicas de investigación se realizarán de manera remota, dentro de las cuales participará el Dr. Fournier junto al comisionado de Japón.

Para más información puede visitar el sitio web: www.inquirycommission.org

 

Imagen ilustrativa.

Comisión internacional investigará la situación de violencia policial y racismo sistémico en EEUU

El Dr. Arturo Fournier Facio fue invitado a participar en representación de nuestro país y junto con otras personas de diversos países, en una Comisión Internacional de Investigación en relación con la escalada situación de violencia policial y racismo sistémico en la actividad policial que resulta en violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos contra afrodescendientes en los Estados Unidos.

Anteriormente, varias familias y más de 600 grupos de derechos humanos solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la conformación de una Comisión de Encuesta. Aunque la petición fue apoyada por los 17 miembros del Grupo Africano, el Consejo de Derechos Humanos sucumbió a la enorme presión diplomática de Estados Unidos y otros países aliados y se negó a establecer una Comisión de Encuesta para investigar a Estados Unidos.

Reconociendo que los asesinatos y mutilaciones de negros desarmados por parte de la policía y los grupos de autodefensa en los Estados Unidos continúan aumentando sin cesar y que cualquier recurso interno efectivo es inexistente o agravado por las políticas del gobierno federal de los Estados Unidos, la Internacional La Asociación de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribbean1 para realizar una investigación independiente sobre:

1) Casos de víctimas de violencia policial, ejecuciones extrajudiciales y mutilaciones de afrodescendientes y racismo estructural arraigado en las prácticas policiales en los EE. UU.

2) El racismo estructural y el sesgo en el sistema de justicia penal que resulta en la impunidad de los agentes del orden por las violaciones de la ley estadounidense y las normas internacionales de derechos humanos.

La Comisión llevará a cabo audiencias públicas de investigación en varias ciudades de los Estados Unidos manera virtual.

Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se negó a convocar una investigación específica centrada en los Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos en la resolución A / HRC / RES / 43/1 ordenó a la Oficina del Alto Comisionado que preparara un informe sobre el racismo sistémico y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra los africanos y los afrodescendientes por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial.

 

Imagen tomada de: https://apnews.com/

Pronunciamiento de la Comisión Indígena Siwá Pákö

Pronunciamiento Cabecar

La Comisión Indígena Siwá Pákö se pronuncia por los recientes actos de discriminación y violencia hacia la población indígena Cabécar ante el posible contagio por COVID-19 en el cantón de Turrialba.

Dele click a la imagen para ampliar.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento por la quema en Turrialba

El martes 14 de junio se dio la noticia de una familia indígena Cabécar que acudió a un centro médico en Turrialba, un niño fue diagnosticado con Covid-19 y tres adultos, su madre incluida, fueron aislados en un albergue acondicionado donde esperan los resultados de las pruebas que les hicieron. Desde horas de la tarde medios de comunicación señalaban que un grupo de vecinos del lugar donde se encuentra el albergue, estaban exigiendo que las personas aisladas fueran sacadas del lugar. La situación continuó hasta que en horas de la madruga realizaron una quema frente al albergue.

Esta acción es una expresión de ignorancia y racismo, primero por el desconocimiento respecto a las formas de transmisión del virus y también por ser un acto de intimidación que puso en peligro la integridad de las personas indígenas que se encontraban dentro del albergue.

Esta situación es injustificable y pone en evidencia el racismo estructural que persiste en la sociedad. El trato inhumano contra las personas indígenas por parte de las personas que las estaban instigando debe ser condenado. El hostigamiento no se produce únicamente por la sospecha de la transmisión del virus, es la evidencia de un trato discriminatorio en contra de la población indígena, esta discriminación es cotidiana en una sociedad que siempre nos han visto como “los otros” y lamentablemente sale a relucir en momentos donde deberían estar presentes la empatía y la solidaridad.

Por otra parte, señalamos la exclusión y la invisibilización histórica que el Estado costarricense ha realizado en contra de los pueblos indígenas, que encadenado al racismo y la discriminación generan una enorme amenaza para los pueblos indígenas en la actual pandemia. Los pueblos son afectados de diversas maneras, en primer lugar por el peligro de contagiarse con el virus, a esto también se suma el poco acceso a centros de salud para la atención médica, por ejemplo, la población indígena cercana a Turrialba debe movilizarse por horas y días completos para acceder a un centro de salud y lugares para abastecerse de comida. Esta situación hace más vulnerable a los pueblos indígenas. Si a lo anterior se agrega las acciones de discriminación de parte de la sociedad que les impide acceder a los centros de salud y elementos básicos como el alimento, se genera una situación crítica para los indígenas, que vulnerabiliza sus derechos más elementales.

Denunciamos los actos de racismo y discriminación sucedidos, pedimos a las autoridades su accionar para evitar estas situaciones a futuro, garantizando el derecho pleno a la salud que tenemos todos como personas. Además, pedimos que las poblaciones indígenas reciban servicios de salud que no los obligue a movilizarse fuera de su territorio y sea pertinente culturalmente, esto incluye que sea dado en un idioma propio, respetando los tiempos de las comunidades y respetando las formas propias de medicina de los pueblos indígenas.

Publicado en la página de Facebook del Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.