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Etiqueta: racismo

Jeanine Áñez y los fascistas bolivianos deben responder por sus crímenes

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“No temas Jeanine
No tengas miedo, Jeanine.
A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara.
No te raparán la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda.
No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos.
No lo permitirían » las polleras «, esas cholas que tanto despreciaste y perseguiste.
No tengas miedo, Jeanine.
Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados.
Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo.
No tengas miedo Jeanine.
Aunque hayas renegado de ser » una coya» y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo.
Ellas, nosotras, no somos como vos.”

CECILIA SOLÁ.

A PROPÓSITO DE LA DETENCIÓN DE JANINE ÁÑEZ, LA EXDICTADORA, ORDENADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA DE BOLIVIA.

Cuán flaca y débil es la memoria histórica, una afirmación reiterada que se escucha a menudo, ella nos conduce a evidenciar lo que resulta ser el meollo de todo un tema de gran importancia en la vida social y política de nuestros países, tanto que debería ser objeto de una reflexión y una discusión muy profundas. ¿será por eso que para muchas gentes del común –por así llamarlas- lo que no aparece en las pantallas, las ondas radiales o en las páginas de los medios de comunicación del régimen de la dictadura neoliberal no existe o no existió y punto?

¿Será entonces, que por esos motivos muchos (as) ni siquiera se enteraron de la inmensa tragedia vivida, durante casi un año, por las grandes mayorías populares de Bolivia, a raíz del golpe de estado llevado a cabo por Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos bolivianos, actuando como la cabeza de los sectores fascistas más radicales en extremo racistas de ese país, con la decisiva complicidad y el apoyo activo de algunos jefes militares y policiales amotinados que exigieron la renuncia del presidente Evo Morales, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 (lo invitaron a dejar el gobierno y el país amenazándolo de muerte), cuando faltaban todavía más dos meses para cumplirse el período para el que había sido electo?

Estos fascistas llegaron al Palacio Quemado y a la Plaza Murillo de la capital boliviana, Biblia en mano y quemando o pisoteando la Whipala, el símbolo más sagrado y representativo de los pueblos originarios del Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia.

Por fortuna, hace un par de meses, el heroico pueblo boliviano ha revertido las cosas a costa de innumerables sacrificios, haciendo girar la rueda de la historia permitiendo así el regreso de la democracia.

Todo esto tuvo un alto precio, como fue la existencia de los 37 o 38 manifestantes muertos de Senkata, en la ciudad del Alto de La Paz, y en Sacaba en las proximidades de Cochabamba(en realidad llegaron a 40, porque algunos fallecieron en los hospitales), durante esos días, quienes actuaban en calidad de defensores del orden constitucional y del gobierno legítimo que estaba siendo derrocado fue entonces, y sigue siendo ignorada por los grandes medios de comunicación, de manera cínica (tienen esqueletos en el ropero y ni siquiera se ruborizan). Estos valerosos ciudadanos fueron víctimas de la represión militar lanzada por el régimen golpista de Jeanine Áñez, con el decisivo concurso de grupos paramilitares de choque de la ultraderecha, como los pititas y los cochalas motorizados de Cochabamba que cometieron innumerables atropellos en muchas partes del país, como sucedió con estos últimos, quienes torturaron a la alcaldesa de una pequeña ciudad de ese departamento: la rociaron de pintura roja, la raparon, la hicieron caminar descalza por un escabroso camino y a la orilla de un río le pusieron una pistola en la sien para que renegara de Evo y del MAS. Las cosas han cambiado y ella fue electa senadora por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales del 18 de octubre, cuando los bolivianos lograron recuperar la democracia. No a la impunidad de estos fascistas y en extremo racistas de las bandas cochalas y pititas armadas y motorizadas. Todo esto configuró un escenario que provocó que al dolor de los familiares de las víctimas se uniera un profundo sentimiento de injusticia, provocado por la impunidad en la que permanecen los autores de esos hechos. Cuando los alteños, llevando a sus muertos, bajaron para manifestar su duelo y determinación de lucha en las calles de La Paz, se les disparó y se les arrojaron gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas represivas al servicio de Jeanine Áñez, lo que provocó que los ataúdes de las víctimas quedaron tirados en las calles, dentro de lo que fue un grotesco y cruel espectáculo, además de una infinita vejación.

Ha llegado la hora de que la señora Áñez, los cívicos de Santa Cruz, los cochalas motorizados de Cochabamba, los militares y policías golpistas amotinados, a quienes mediante un decreto la dictadora, que ahora se victimiza y encuentra eco en la derecha continental, exoneró de toda culpa si cometían excesos como ya los mencionados en la salvaje represión ejercida contra quienes se resistieron al golpe de estado, junto los actos corruptos y violentos de los personeros de su régimen dictatorial de opereta por los que deben responder, los que son muchos más que los aquí mencionados.

Es así como, podemos constatar que la derecha neofascista de este continente quedó desenmascarada ante los ojos de muchas personas desaprensivas. Esas gentes no son demócratas, en modo alguno, sí no ganan las elecciones entonces hay fraude, cuando esto sucede entonces dan golpes de estado en la modalidad soft para negarlo después (Áñez dice que ese hecho no ocurrió), de paso asesinan y torturan a ciudadanos de las mayorías populares, de por sí para ellos no son seres humanos, si acaso son indios, llamas, animales de carga…

El otro Navas

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días la industria futbolística que mueve miles de millones de dólares en todo el planeta mostró como hazaña la actuación de Keylor Navas en el partido de la Champions League escenificado en París, entre el equipo local y el flamante F.C. Barcelona, de España. Una y otra vez los medios televisivos globales reprodujeron el episodio entre el arquero costarricense y el que para muchos es considerado todavía hoy en día el mejor jugador de futbol del planeta, el argentino Lionel Messi.

Una y otra vez, las imágenes replican una gesta más del jugador costarricense, originario de Pérez Zeledón, según la prensa costarricense y mundial. El argentino se apresta a cobrar una falta de penal y el costarricense espera. El desenlace resulta en una estirada absoluta del arquero y la desviación del gol inminente. Ni el VAR por presunto movimiento irregular detuvieron el resultado: un penal desviado al mejor jugador de futbol del mundo.

Titulares de medios de comunicación reconocidos a nivel europeo como L’Equipe, Marca y Diario Sport, ubicaron la figura de Navas como trascendental en la clasificación del equipo parisino a los cuartos de final de la contienda futbolística por clubes más mediática a nivel global.

Sin embargo, las referencias de la prensa europea a Navas en términos positivos no han sido permanentes. Sus primeros pasos por el Club Real Madrid estuvieron salpicados siempre de constantes alusiones a su origen centroamericano. Un temprano artículo publicado por el sitio digital español «La Galerna» en el año 2015 titulado » Keylor Navas y la xenofobia de la prensa» señalaba que algunos medios españoles construían argumentos para lograr que la titularidad de la portería madridista fuera asumida por un arquero español.

El autor del artículo, Jesús Bengoechea, indicaba que no hacía falta proferir insultos racistas o construir argumentos directamente discriminatorios para considerar un discurso periodístico como xenofóbico. Aseguraba que incluso un periodista de uno de los medios se había preguntado (en privado) cómo un equipo como el Real Madrid estaba considerando dejar la responsabilidad de su arco en un «tipo» de un país como Costa Rica.

Luego de ese artículo, como recordaremos, muchas cosas pasaron con Keylor Navas y su desempeño en el Real Madrid, incluidas tres copas de la Champions League que difícilmente sean emuladas en lo inmediato por jugador alguno del entorno de CONCAFAF (Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol).

Pero también muchas cosas pasaron en la sociedad española luego de ese texto. Bengoechea señalaba que no podía atribuirse como generalización el que dicha sociedad fuera toda xenofóbica. Decía que la inexistencia de un partido político de corte racista o xenófobo con respaldo popular podría disuadir la prevalencia de tales actitudes. Ya todos sabemos cómo en los últimos años surgieron en aquel país iniciativas políticas con claros referentes nacionalistas como VOX y sus agendas claramente antiinmigrantes, por señalar solo un ejemplo.

La figura de Keylor Navas en el tema es central. Cuando la prensa costarricense habla de su desempeño como futbolista de élite en el contexto global, acostumbra siempre a referirse a su origen, buscando quizá un guiño con esas historias sobre el muchacho que nació en un lugar alejado del centro del país, que lo dejó todo para seguir sus sueños y cuyo sacrificio individual lo llevó a ubicarse en un escenario de exposición mediática, ingresos económicos altos y reconocimientos a su labor dentro y fuera de las canchas.

Sin embargo, esa referencia no pasa de Pérez Zeledón, cantón ubicado al sureste de la provincia de San José. Lo que no se dice, es el pasado Térraba de sus familiares directos, en particular su padre y su abuelo. No se señala tampoco esa relación entre rasgos físicos claramente contrahegemónicos que presenta Navas en relación con el resto de personas costarricenses auto adscritas como blancas en el último censo de población.

El pueblo Térraba tiene, por cierto, «otros navas» que libran quizá partidos más importantes que los que organiza la industria mediática y deportiva global. Al escribirse las notas finales de este artículo, se conoce de nuevos episodios de tensión entre personas recuperadoras de sus territorios ancestrales y personas no indígenas, usurpadoras, que contando con la complacencia de autoridades de seguridad y la inoperancia estatal a su favor, violentan, amedrentan y discriminan el derecho de los pueblos originarios costarricense a permanecer en sus territorios.

Quizá sea buen momento para recordar cada vez que se hable de Navas, el ídolo, que no es solo originario de Pérez Zeledón. Que su pasado y su presente está determinado por su ancestralidad térraba, que es imposible borrar sus marcas corporales, blanquear su identidad a través de discursos homogenizadores.

Pero sobre todo, recordar que otros Navas se enfrentan hoy a una lucha sin retorno: el reconocimiento de sus derechos por el territorio y por su autodeterminación. De ese partido, todos y todas deberíamos estar pendientes. Siempre.

Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida

El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar envió un audio al presidente de la República Carlos Alvarado, en el cual, expone los fundamentos de la lucha que llevan adelante por la recuperación de sus tierras y la defensa de su identidad ancestral.

Este llamado que hace el dirigente indígena al mandatario se produce luego de ser objeto de muchas amenazas a su vida, como la que compartimos en recorte, y cuya copia completa está en poder de los organismos nacionales e internacionales que velan por la integridad de las personas de pueblos indígenas.

Les invitamos a escuchar el llamado hecho por Pablo Sibar al presidente Carlos Alvarado.

Mujeres indígenas y recuperadoras de tierras

Isabel Ducca Durán

¿Cómo es la vida de las mujeres indígenas recuperadoras de tierras?

La situación nos lleva, necesariamente, a establecer un panorama muy doloroso, pues no se puede olvidar que nacen con dos condiciones preestablecidas, estructuralmente, para la opresión.

La primera se refiere a ser mujer en una sociedad patriarcal. La culpa nos recibe con los brazos abiertos para acunarnos como “pecadoras”, responsables de la perdición del varón y la expulsión del “paraíso”. Solo para nombrar el baño bautismal, sin profundizar en todos los viacrucis por los que atravesamos o atraviesan, sobre todo, las mujeres pobres.

La segunda señala a su origen étnico. Ni siquiera se les preguntó si querían ser llamadas indias o indígenas. Así recibieron el segundo bautismo por el “insigne” varón que, en un desvarío histórico, creyó llegar a las “Indias”. Una herencia colonial y racista les cae encima por pertenecer a su población.

Elides Rivera, territorio indígena Térraba.

A esas determinaciones hay que sumar la decisión dejar de jugar el papel asignado por la historia occidental y convertirse en sujetas de su propia vida, para reclamar lo que legítimamente les pertenece: la tierra donde vivieron y murieron sus antepasados. Entonces, las herencias patriarcales, coloniales y racistas se multiplican cotidianamente para vivir bajo amenazas de muerte, violación, insultos denigrantes, el acoso y el terror constante causado por terratenientes y sus colaboradores que operan y matan con impunidad total. Es cosa de todos los días que les quemen sus viviendas, les destruyan sus cosechas o el PANI amenace con quitarles los hijos por tenerlos con ellas en una recuperación.

Su realidad es cada vez más cruel. No podemos retomar la voz de todas ellas. Presentamos aquí una voz muy significativa, la de una lideresa:

Doris Ríos Ríos

Indígena cabécar del territorio de China Kichá. Ella nos cuenta que este territorio fue reconocido como territorio indígena en 1957; derogado, después, en 1982, por un decreto ejecutivo; en el 2001, fue establecido nuevamente como territorio. En 1957, el territorio era de 7000 hectáreas; en el 2001, la extensión reconocida fue de 1100 hectáreas. En veinte y ocho años, fueron despojados, aproximadamente, de casi 6000 hectáreas.

Es una mujer joven, a las herencias señaladas más arriba, se agrega haber nacido y crecido en medio de la memoria de un gran despojo. ¡Otro de los tantos que su población ha sufrido!

En el 2018, iniciaron la lucha por la recuperación de sus tierras. Para la población indígena, recuperar la tierra no es adquirir una propiedad. La lucha integra la tierra, la cultura y la espiritualidad. Son componentes de un todo:

“El delito nuestro, como pueblo, es por nuestra Madre Tierra. Desde el 2018 hasta el 2020, se han recuperado cinco fincas. La primera recuperación fue de doce hectáreas, la segunda fue más grande de 350 hectáreas. Hay una diferencia desde el 2018 hasta el 2020, porque, en este momento tan difícil del COVID, no se sabe qué hubiera pasado si nosotros, como pueblo, no hubiéramos hecho estas recuperaciones de tierra; ahorita lo que nos garantiza que nuestros hijos tengan algo, en la mesa, que comer, porque estas tierras las hemos puesto a trabajar, a cultivar. Ahora tenemos arrocito, frijoles, todo lo básico, porque el gobierno si no nos ha resuelto la tierra, tampoco nos ha asegurado lo más básico como es la seguridad alimentaria”.

Cuando inician la lucha, descubren otro país:

“Esta lucha nos ha traído vivencias reales. Uno piensa que la colonización fue hace quinientos años. Pero, esto, nos vuelve a la realidad de que simplemente se ha maquillado, que esa colonización sigue existiendo. El racismo a esta altura es igual. El 7 de marzo de este año tuvimos un ataque directo al territorio, porque todo el territorio fue atacado. Se quemaron casas de personas, se quemaron cultivos; hubo ataque con químicos, como que nos quisieron matar. El presidente de nuestra asociación fue agredido feamente la semana pasada. Estamos asediados a cada momento con insultos, con amenazas. Pareciera mentira, pero es verdad que, a cada momento, estamos recibiendo amenazas de que nos van a agredir. Hace como quince días nos quemaron una casa importante, un rancho importante para nuestra cultura, porque es de celebración espiritual. Nos había costado demasiado construirlo y no tenía ni una semana de construido y nos lo quemaron. Eso nos dice que estamos haciendo algo que es importante para nosotros. Es nuestro derecho, nuestra reivindicación como pueblos indígenas. Es hora de que los pueblos indígenas perdamos el miedo y no nos dé miedo por las amenazas.

Sergio Rojas fue una semilla que brotó aquí en China Kichá y que se está multiplicando en esta lucha. Ese es el camino a seguir.

Hemos tenido dos desalojos seguidos en China Kichá; eso nos dice que tenemos un sistema violentador; un Estado corrupto donde los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia.

Yo solo quiero decirle al pueblo de Costa Rica que nuestro delito simplemente es pelear por algo que es nuestro, por una vida digna, por una vida llena de justicia, que nuestra población, nuestros hijos, nuestra juventud, nuestros mayores tengan esa vida digna a que todos los seres humanos tienen derecho.

China Kichá, hace algunos años, estaba a punto de desaparecer, si seguimos callando como pueblo. Nosotros amamos nuestra forma de ser, nuestra práctica. Nuestra identidad es nuestra tierra, porque de ahí se asienta nuestra existencia; se asienta nuestra sobrevivencia como pueblo.

Nosotros lo que pedimos es que se nos respete. Que se nos dé ese respeto que nos merecemos.[i]

La entrevista fue del 9 de noviembre del año 2020. A la fecha, continúan las amenazas y las agresiones en todos los territorios. El 2 de marzo a las 5.32 p. m. circuló un comunicado de prensa del Li Uroteca Maleku Marama para denunciar las acciones de usurpadores. Un audio de una mujer indígena señala el mismo tipo de acciones en Guatuso, al otro extremo del país. El 6 de marzo hubo una alerta. Las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senagló, en el territorio Cabécar de China Kichá, fueron incendiadas.

¡Con el gobierno del Bicentenario, día con día, nuestro país retrocede, a pasos agigantados, a situaciones aberrantes de la colonia!

Mariana Delgado, territorio indígena de Salitre.

[i] El testimonio completo puede consultarse en: Sra. Doris Ríos, lideresa indígena de la Comunidad Cabécar de China Kichá – Costa Rica. Videoteca CFPTE-UTN

También se puede conocer tres testimonios muy desgarradores de ella y otras dos lideresas indígenas en: Foro: Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos en el 2020

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. UNED. https://www.facebook.com/watch/live/?v=166727131833053&ref=watch_permalink

 

Foto de cabecera: Doris Ríos, territorio cabécar de China Kichá.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace: