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Etiqueta: racismo

Mujeres indígenas y recuperadoras de tierras

Escrito en . Publicado en Derechos.

Isabel Ducca Durán

¿Cómo es la vida de las mujeres indígenas recuperadoras de tierras?

La situación nos lleva, necesariamente, a establecer un panorama muy doloroso, pues no se puede olvidar que nacen con dos condiciones preestablecidas, estructuralmente, para la opresión.

La primera se refiere a ser mujer en una sociedad patriarcal. La culpa nos recibe con los brazos abiertos para acunarnos como “pecadoras”, responsables de la perdición del varón y la expulsión del “paraíso”. Solo para nombrar el baño bautismal, sin profundizar en todos los viacrucis por los que atravesamos o atraviesan, sobre todo, las mujeres pobres.

La segunda señala a su origen étnico. Ni siquiera se les preguntó si querían ser llamadas indias o indígenas. Así recibieron el segundo bautismo por el “insigne” varón que, en un desvarío histórico, creyó llegar a las “Indias”. Una herencia colonial y racista les cae encima por pertenecer a su población.

Elides Rivera, territorio indígena Térraba.

A esas determinaciones hay que sumar la decisión dejar de jugar el papel asignado por la historia occidental y convertirse en sujetas de su propia vida, para reclamar lo que legítimamente les pertenece: la tierra donde vivieron y murieron sus antepasados. Entonces, las herencias patriarcales, coloniales y racistas se multiplican cotidianamente para vivir bajo amenazas de muerte, violación, insultos denigrantes, el acoso y el terror constante causado por terratenientes y sus colaboradores que operan y matan con impunidad total. Es cosa de todos los días que les quemen sus viviendas, les destruyan sus cosechas o el PANI amenace con quitarles los hijos por tenerlos con ellas en una recuperación.

Su realidad es cada vez más cruel. No podemos retomar la voz de todas ellas. Presentamos aquí una voz muy significativa, la de una lideresa:

Doris Ríos Ríos

Indígena cabécar del territorio de China Kichá. Ella nos cuenta que este territorio fue reconocido como territorio indígena en 1957; derogado, después, en 1982, por un decreto ejecutivo; en el 2001, fue establecido nuevamente como territorio. En 1957, el territorio era de 7000 hectáreas; en el 2001, la extensión reconocida fue de 1100 hectáreas. En veinte y ocho años, fueron despojados, aproximadamente, de casi 6000 hectáreas.

Es una mujer joven, a las herencias señaladas más arriba, se agrega haber nacido y crecido en medio de la memoria de un gran despojo. ¡Otro de los tantos que su población ha sufrido!

En el 2018, iniciaron la lucha por la recuperación de sus tierras. Para la población indígena, recuperar la tierra no es adquirir una propiedad. La lucha integra la tierra, la cultura y la espiritualidad. Son componentes de un todo:

“El delito nuestro, como pueblo, es por nuestra Madre Tierra. Desde el 2018 hasta el 2020, se han recuperado cinco fincas. La primera recuperación fue de doce hectáreas, la segunda fue más grande de 350 hectáreas. Hay una diferencia desde el 2018 hasta el 2020, porque, en este momento tan difícil del COVID, no se sabe qué hubiera pasado si nosotros, como pueblo, no hubiéramos hecho estas recuperaciones de tierra; ahorita lo que nos garantiza que nuestros hijos tengan algo, en la mesa, que comer, porque estas tierras las hemos puesto a trabajar, a cultivar. Ahora tenemos arrocito, frijoles, todo lo básico, porque el gobierno si no nos ha resuelto la tierra, tampoco nos ha asegurado lo más básico como es la seguridad alimentaria”.

Cuando inician la lucha, descubren otro país:

“Esta lucha nos ha traído vivencias reales. Uno piensa que la colonización fue hace quinientos años. Pero, esto, nos vuelve a la realidad de que simplemente se ha maquillado, que esa colonización sigue existiendo. El racismo a esta altura es igual. El 7 de marzo de este año tuvimos un ataque directo al territorio, porque todo el territorio fue atacado. Se quemaron casas de personas, se quemaron cultivos; hubo ataque con químicos, como que nos quisieron matar. El presidente de nuestra asociación fue agredido feamente la semana pasada. Estamos asediados a cada momento con insultos, con amenazas. Pareciera mentira, pero es verdad que, a cada momento, estamos recibiendo amenazas de que nos van a agredir. Hace como quince días nos quemaron una casa importante, un rancho importante para nuestra cultura, porque es de celebración espiritual. Nos había costado demasiado construirlo y no tenía ni una semana de construido y nos lo quemaron. Eso nos dice que estamos haciendo algo que es importante para nosotros. Es nuestro derecho, nuestra reivindicación como pueblos indígenas. Es hora de que los pueblos indígenas perdamos el miedo y no nos dé miedo por las amenazas.

Sergio Rojas fue una semilla que brotó aquí en China Kichá y que se está multiplicando en esta lucha. Ese es el camino a seguir.

Hemos tenido dos desalojos seguidos en China Kichá; eso nos dice que tenemos un sistema violentador; un Estado corrupto donde los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia.

Yo solo quiero decirle al pueblo de Costa Rica que nuestro delito simplemente es pelear por algo que es nuestro, por una vida digna, por una vida llena de justicia, que nuestra población, nuestros hijos, nuestra juventud, nuestros mayores tengan esa vida digna a que todos los seres humanos tienen derecho.

China Kichá, hace algunos años, estaba a punto de desaparecer, si seguimos callando como pueblo. Nosotros amamos nuestra forma de ser, nuestra práctica. Nuestra identidad es nuestra tierra, porque de ahí se asienta nuestra existencia; se asienta nuestra sobrevivencia como pueblo.

Nosotros lo que pedimos es que se nos respete. Que se nos dé ese respeto que nos merecemos.[i]

La entrevista fue del 9 de noviembre del año 2020. A la fecha, continúan las amenazas y las agresiones en todos los territorios. El 2 de marzo a las 5.32 p. m. circuló un comunicado de prensa del Li Uroteca Maleku Marama para denunciar las acciones de usurpadores. Un audio de una mujer indígena señala el mismo tipo de acciones en Guatuso, al otro extremo del país. El 6 de marzo hubo una alerta. Las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senagló, en el territorio Cabécar de China Kichá, fueron incendiadas.

¡Con el gobierno del Bicentenario, día con día, nuestro país retrocede, a pasos agigantados, a situaciones aberrantes de la colonia!

Mariana Delgado, territorio indígena de Salitre.

[i] El testimonio completo puede consultarse en: Sra. Doris Ríos, lideresa indígena de la Comunidad Cabécar de China Kichá – Costa Rica. Videoteca CFPTE-UTN

También se puede conocer tres testimonios muy desgarradores de ella y otras dos lideresas indígenas en: Foro: Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos en el 2020

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. UNED. https://www.facebook.com/watch/live/?v=166727131833053&ref=watch_permalink

 

Foto de cabecera: Doris Ríos, territorio cabécar de China Kichá.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Solidaridad con la lucha de los pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

Isabel Ducca D.

Abordar el tema de los territorios indígenas es asumir una red de conflictos muy compleja que lleva necesariamente a toda la historia de nuestro país. Sin embargo, para conmemorar los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vamos a plantear algunas respuestas básicas a lo que, probablemente, son los cuestionamientos principales que surgen desde la desinformación de que somos víctimas, aún sin saberlo en muchos casos.

¿Por qué los matan?

Jehry Rivera, al igual que Sergio Rojas, fue un líder comunitario Bröran del territorio de Térraba, recuperador de un terreno que había sido de sus antepasados y había sido usurpado por personas no indígenas. Fue asesinado el 24 de febrero de 2020, exactamente a escasas tres semanas en que se cumplía un año del asesinato de Sergio Rojas, quien había sido víctima de quince dispararos en su propia casa el 18 de marzo de 2019.

Ambos asesinatos pudieron haber sido evitados si el Estado costarricense cumpliera con sus compromisos con los pueblos indígenas. En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado costarricense adoptar medidas cautelares para garantizar la seguridad de pueblos indígenas como los Bribri por encontrarse «en riesgo debido a las acciones para recuperar sus tierras». No hubo tal protección, pese a que, en ambos casos, se habían interpuesto denuncias, petición de medidas cautelares o alertas tempranas.

El Estado es cómplice y “comparte derechos de autor” con los criminales. Quienes andan sueltos y siguen amenazando a la población indígena. De hecho, el asesinato de Jehry Rivera al año de la muerte de Sergio Rojas fue un triunfo y celebración de la impunidad con que se vanaglorian los usurpadores de los territorios indígenas.

¿Cuál es el antecedente inmediato a la recuperación de tierras?

La recuperación de tierras fue el laberinto al que lanzó el mismo Estado costarricense a la población indígena como única forma de hacer valer sus derechos, alzar la voz por su dignidad pisoteada una y otra vez, así como lograr una presencia para romper la invisibilización a la que es sometida constantemente.

En el año 2010, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un grupo de 26 personas indígenas de distintos pueblos había tomado pacíficamente la Asamblea Legislativa para pedir que los y las diputadas votaran la Ley de Autonomía Indígena. La respuesta del “representante del pueblo” que, en ese momento, fungía como presidente de la Asamblea Legislativa, pagado por todos los costarricenses, fue sacarlos como si fueran perros del recinto legislativo en la madrugada del 10 de agosto. Ese “insigne” imitador de algún conquistador español fue Gerardo Villanueva.

Pablo Sibar Sibar, Coordinador de FRENAPI, lo recuerda:

“Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.

Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.

Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se ha extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas”.[i]

¿Son ilegales las recuperaciones de tierra por parte de los pueblos indígenas?

Toda la legislación nacional e internacional protege a la población indígena. Nicolás Boeglin lo aclaró:

«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».[ii]

No hay interpretaciones posibles a esas leyes, son claras en cuanto a la autonomía y posesión de los territorios se refiere. El problema es de otra índole.

¿Estará dispuesto el Estado y el gobierno de Carlos Alvarado a romper con una herencia racista y colonial en las celebraciones del Bicentenario?

Desde Confluencia Solidaria queremos brindar nuestro apoyo a la lucha por la justicia y autonomía para los pueblos indígenas.

Recordaremos a Sergio Rojas y a Jehry Rivera este miércoles 24 de febrero a las 6 p. m.

Usted puede unirse a este homenaje en Facebook Live de Surcos digital.

[i] Puede leer el texto completo en: Sibar, P. (2020, agosto 10). Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa. En: Surcos digital https://surcosdigital.com/una-decada-de-que-nos-sacaron-arrastrados-de-la-asamblea-legislativa/

[ii] Puede leer el texto completo en: Boeglin, N. (2020, agosto 21). A 10 años del desalojo de líderes indígenas por parte del Congreso costarricense. En: Universidad de Costa Rica https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/08/21/voz-experta-a-10-anos-del-desalojo-de-lideres-indigenas-por-parte-del-congreso-costarricense.html#:~:text=El%20pasado%209%20de%20agosto%2C%20se%20conmemoraron%20los%2010%20a%C3%B1os,Asamblea%20Legislativa%20la%20tarde%20anterior.

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

18-INFORME-ODHAIN-2021-sin-anexosDescarga

Declaración de la Asociación Americana de Juristas tras el intento de golpe en los EE.UU.

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

La AAJ repudia los actos de violencia del 6 de enero en Washington DC, que resultaron en la muerte de cinco personas, lo cual pudiera repetirse durante o antes del acto de toma de posesión del presidente electo Joseph Biden. La insurrección ejecutada en el Capitolio fue impulsada por Trump esa mañana, mintiendo sobre un presunto fraude electoral. Una turba ultraderechista, fascista, antisemita y neonazi, y de supremacistas blancos, irrumpió y ocupó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y varios edificios del Capitolio estatal en un intento de interrumpir el proceso de certificación de las elecciones, encontrar, agredir, o inclusive secuestrar y asesinar a legisladores y legisladoras, aparentemente con la complicidad de efectivos de las fuerzas del orden y colaboración de legisladores como Ted Cruz y muchos otros. Así lo reflejan los medios de prensa. Incluso se documentó que algunos agentes de policía abrieron barricadas para dejar pasar a las turbas y se retrataron en “selfies”. Además, se informó que el Departamento de Defensa no dio aprobación para la entrada de guardias nacionales de otros estados hasta horas después. Resulta significativo que un buen número de los insurrectos fueron integrantes de las fuerzas armadas de los EE. UU.

La AAJ considera que los hechos acaecidos confirman una tentativa de golpe de estado con el objetivo de anular los resultados de las elecciones, certificados por el Colegio Electoral. El fracaso de la tentativa posibilitó la decisión de la Cámara de Representantes del 13 de enero, promoviendo un segundo proceso de destitución de Trump por incitación, y no pueden descartarse nuevos intentos.

Hay que analizar seriamente el comportamiento y complicidad de las fuerzas del orden al tratarse de manifestantes supremacistas y compararlo cuando se trata de manifestantes negros, latinos, progresistas, LGBTQ, naciones originarias, mujeres, y de quienes luchan contra la discriminación y el racismo.

Un ejemplo, es el del pasado mayo y posteriormente: la policía de Washington DC actuó con fuerza excesiva y detenciones masivas de miembros de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y grupos en solidaridad, por protestar contra el racismo y la violencia policial a raíz del asesinato de George Floyd. Así mismo fue el comportamiento de las fuerzas policiales en eventos similares en todo el país.

Otro ejemplo es la respuesta policial a la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, VA en 2017, cuando operativos de extrema derecha y fascistas se congregaron con antorchas, símbolos del nazismo, para revertir la decisión de remover los monumentos racistas. La policía, en otra demostración de racismo, tuvo una actitud complaciente hacia los supremacistas, que tomaron represalias e irrumpieron en medio de una contra protesta anti racista, hiriendo a decenas y matando a la joven Heather Heyer.

Por tanto,

La AAJ llama a una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente de los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición tomando las medidas necesarias para desmantelar toda forma de racismo institucional y estructural.

16 de enero de 2021

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Compartido con SURCOS por Walter Antillón.

“Una vaca importa más que un indio”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

¿Ocaso o aurora?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Arnoldo Mora

Dos acontecimientos, de origen y naturaleza diferentes pero que la historia y, sobre todo, la política, los ha ligado íntimamente en los últimos meses, razón por la cual este año pasará a la historia signado por los mismos, como son el inesperado surgimiento de una pandemia cuya universalidad planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales marcarán los rumbos que habrá de tomar la política mundial en el futuro; y, por otro lado, la derrota electoral de Donald Trump, un presidente norteamericano que evoca la figura y el abominable legado de Adolfo Hitler.

Ambos eventos, insisto, marcarán el futuro inmediato que tomará la historia de la humanidad, dada la repercusión que tienen debido, no sólo a su extensión planetaria, sino también a la revolución tecnológica de los medios de comunicación colectiva, que están haciendo desaparecer las barreras del espacio y del tiempo, convirtiendo de hecho a la humanidad en una sociedad, cuyas decisiones inciden directamente en el destino y la sobrevivencia de la especie sapiens. Como un invitado de piedra, el coronavirus se convirtió en el epicentro de ese terremoto electoral, que sacudió a la que ha sido considerada la mayor potencia política y económica del mundo en las últimas décadas, aunque hoy, como lo muestra la espernible figura de su presidente, da muestras de una creciente e indetenible decadencia, tanto política como moral; la incapacidad de contener las secuelas letales de esa epidemia, se han convertido en un factor determinante de la derrota electoral de esa detestable figura; como reza el dicho popular: no hay bien que por mal no venga.

La incidencia de la pandemia en las elecciones norteamericanas se comprueba en el hecho de que al inicio de año el triunfo de Trump parecía indetenible, como lo mostraban las cifras del crecimiento económico y de la disminución del desempleo; paradójicamente, el histriónico terrorismo con que el presidente ninguneaba a sus contendientes y a su propio entorno que osaba mostrarse mínimamente crítico, era del agrado de un vasto sector de una sociedad acostumbrada a ver en la conquista del Oeste la premonición de lo que debería ser el sojuzgamiento de todo el planeta.

Hoy la humanidad parece respirar con cierto aire de alivio ante la derrota de ese abominable sujeto… Pero no nos hagamos ilusiones; las causas que lo llevaron al poder hace cuatro años continúan; su presencia en la Casa Blanca no fue un accidente fortuito, sino un efecto cuya causa estructural sigue intacta; un 30% de la población norteamericana nunca reconoció a Obama como SU presidente debido a su ascendencia africana, incluso cuestionaron la autenticidad de su nacionalidad; el Partido Republicano fue controlado por una fanática secta religiosa, el Tea Party, violando el legado de los padres fundadores, que se refleja en una Constitución que establece el carácter laico o aconfesional del Estado; hoy ese partido alberga una peligrosa falange de energúmenos inspirados en una ideología pseudoteológica denominada “Destino Manifiesto”; jamás aceptarán el resultado de las elecciones, como lo prueba la violencia fascistoide que han desatado desenfrenadamente en las calles; el propio Trump, en el momento en que escribo estas líneas, se ha negado a reconocer el triunfo de sus adversarios; lo mismo ha hecho su Partido; ambos dicen que recurrirán a los tribunales y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia, donde cuentan con mayoría. Pero aun perdiendo ampliamente estas elecciones, que han sido las más concurridas de la historia de ese país, los republicanos han mejorado su presencia en la Cámara Baja (representantes) si bien siguen siendo minoría, y parece que contarán con mayoría en la Cámara Alta o Senado. Todo lo anterior confirma que las tendencias fascistoides de un significativo sector de la población siguen incidiendo, de manera ominosa, en la escena política de ese poderoso vecino. Esto tiene raíces históricas; Franklin D. Roosevelt, el mejor gobernante yanqui del siglo pasado, no pudo declarar la guerra al eje nazi-fascista sino hasta después del ataque japonés a Pearl Harbor (1941) debido a la obstinada obstrucción del Partido Republicano, en cuyas filas abundaban los simpatizantes del Tercer Reich; el más admirado y más poderoso empresario industrial, modelo y emblema del éxito de la tecnología norteamericana, como era Henry Ford, se declaraba simpatizante de los nazis; otro tanto hacía Charles Lindbergh verdadero mito del imaginario colectivo de su pueblo…Los ejemplos podrían multiplicarse.

Pero lo realmente preocupante es que las raíces ideológicas siguen vigentes, hoy acrecentadas debido al apoyo reiterado de la Administración Trump; los promotores de crear esta atmósfera de odio y terror que se ensañan especialmente contra las minorías, como son los latinos y los afrodescendientes, son hordas de rubios supremacistas y policías racistas. Como consecuencia de este ambiente intoxicado de extremismos, el país se ha dividido en bandos hostiles, como sólo se había visto en tiempos de la Guerra de Sesión (1861-1865); hoy los “States” ya no son tan “United”. Eso explica las palabras del presidente electo, Joe Biden, llamando a la concordia y la unidad nacional. Pero más allá de las buenas intenciones del presidente electo, están las realidades políticas. Ese país sólo podrá despertar de esa espantosa pesadilla con ribetes neofascistas si surge un nuevo sujeto político jugando un papel protagónico, conformado por sectores progresistas de clase media y esas mal llamadas “minorías” que ya no lo son tanto y que, incluso, podrían llegar ser la mayoría; las estadísticas lo prueban: 18% de la población son latinos y 14% a afrodescendientes, que se caracterizan por tener el mayor crecimiento demográfico; lo cual explica, pero no justifica ni mucho menos, la criminal furia de los grupos racistas y supremacistas.

En las masas oprimidas radica su propia liberación; pero para ello deben crecer en conciencia política y conformar una organización que forje un proyecto nacional genuinamente democrático…Todo lo cual está por verse. De ahí que sigue flotando en el ambiente la gran interrogante que dio título a estas líneas: ¿estamos ante el ocaso que presagia una noche tenebrosa, o son los primeros rayos luminosos de la aurora que anuncia la llegada de un día radiante, no sólo para ese país sino para la humanidad entera?

UCR repudia orden de desalojo contra población indígena

Escrito en . Publicado en Derechos.

Zaida Siles Rojas, Periodista

El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.

Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.

El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.

Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.

El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.

Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.

Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.

En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.

Información del Consejo Universitario UCR.

Bolivia, el Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, Corrupto y Próximo a ser Juzgado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.

Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.

Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.

Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.

Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.

Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico

Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.

El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.

Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.

Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.

La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».

Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.

A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.

Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.

Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.

Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.

No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.

Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.

Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.

Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.

Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/