Este lunes 19 de agosto ha circulado por las diferentes redes la imagen de un titular de Diario Extra, en la cual se muestra que el Sr. Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, afirma que la mayor inversión en educación «obligaría a liberar a todos los presos».
ANDE rechaza categóricamente estas declaraciones desproporcionadas y especialmente injustas para un sistema educativo público, que históricamente ha contribuido en la construcción de una Costa Rica pacífica, democrática e igualitaria.
La educación de nuestro pueblo es lo que siempre ha permitido a los costarricenses vivir en paz y acceder a niveles de vida digna.
La reducción de la inversión social y del presupuesto educativo de los últimos años, sin lugar a duda, influye en hacer crecer la exclusión y la desigualdad, lo que acrecienta la ola de violencia que hoy enluta y afecta a tantas familias.
La inseguridad en las calles crece de la mano de la exclusión y la desigualdad, de la falta de oportunidades para estudiar y acceder a un trabajo decente. La inseguridad crece cuando le quitamos la beca a un joven o cuando cerramos la escuela de una comunidad rural.
Nuestro país no saldrá de la crisis actual si los gobiernos continúan negándose a invertir en educación, cultura, recreación y deporte.
Recortar la educación es la ruta a un país cada vez más excluyente, desigual y violento.
ANDE hace un llamado a los padres y madres de familia a sumarse a las acciones de lucha programadas para los días 28 y 29 de agosto; defender la calidad de la educación que reciben sus hijos(as) también es su responsabilidad.
El programa Desde la Otra Acera, les invita a ver el programa especial sobre el recorte de becas que ha realizado el gobierno; un total de 113 mil becas avancemos se recortaron a estudiantes de todo el país, se abordará la situación del recorte y cómo este afecta la educación y la economía de las familias afectadas.
Realizado: jueves 29 de febrero.
Puede ver el programa en línea desde la cuenta oficial en Facebook Desde la Otra Acera y YouTube Desde la Otra Acera.
Orlando Barrantes envía a SURCOS las siguientes apreciaciones sobre los recortes del gobierno al BANHVI:
Aunque lo hemos dicho varias veces, volvemos a recordar lo siguiente, porque vemos que aún hay un poquito de confusión:
– El recorte planteado por el gobierno al BANHVI es por 34.000 millones para el 2022.
– Lo que hemos recuperado hasta ahora con la moción del diputado Gustado Viales son 15.500 millones.
– Al BANHVI le están faltando para el 2022 unos 18.500 millones. Esta plata debemos de tratar de recuperarla con un Presupuesto Extraordinario a presentarlo a la Asamblea Legislativa a partir de enero del 2022. Hay que acercarse a todos los diputados
Las siguientes tres actividades son urgentes para trabajar en forma inmediata para diciembre:
1-. Preparar con los diputados amigos la presentación del Presupuesto Extraordinario, en enero o en febrero.
2- Vamos a revisar cada uno de los proyectos art. 59 y bonos individuales para presentarlos al BANHVI y a la Ministra de Vivienda.
3- Fiesta de fin de año/Asamblea Nacional del Bloque de Vivienda.
Felicitamos con mucho orgullo y respeto a todos ustedes por preocuparse y darle vida a este chat viviendas.
El pasado lunes 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una manifestación en las barras de la Asamblea Legislativa por parte del Bloque de Vivienda de San Ramón de Tres Ríos, por los recortes presupuestarios que se han realizado al BANHVI.
Para conocer más del movimiento le invitamos a seguir las redes sociales de Bloque de Vivienda
A continuación compartimos algunas imágenes de la manifestación que fueron compartidas con SURCOS por Orlando Barrantes:
SURCOS comparte el siguiente comunicado referente al Reglamento de Acción Social de la UCR:
Las abajo firmantes, en calidad de personas estudiantes, docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica, así como personas beneficiarias y participantes de la Acción Social en comunidades, manifestamos nuestra gran preocupación por el Reglamento de Acción Social que se encuentra en este momento en consulta por el Consejo Universitario, desde enero del presente año hasta este próximo viernes 30 de abril.
Es preocupante que desde la pasada administración de Henning Jensen, la Acción Social ha sido el pilar sustantivo más afectado en términos presupuestarios. No obstante, recordamos a nuestro actual rector afirmando que durante su administración la Acción Social se vería fortalecida. Lamentablemente, esta vicerrectoría inició el 2021 con un 50% de recortes en todos los proyectos.
Por tales motivos, nuestras inquietudes giran en torno a:
El periodo de consulta a la comunidad universitaria no es el adecuado. Esto porque, tanto estudiantes como docentes con nombramientos por ciclos, no forman parte activa de la Universidad de Costa Rica en gran parte de este periodo; ya sea porque no están llevando cursos en el ciclo de verano (en el caso de estudiantes), o porque no han sido nombrados en unidades académicas (para el caso de gran cantidad de docentes). Esto ha provocado que mucha gente de la comunidad universitaria desconozca sobre esta consulta de reglamento.
En este documento no se promueven procesos de multi, inter y transdisciplinariedad, que tanto se han defendido en la Acción Social de la UCR. Por el contrario, este reglamento en consulta parte de una lógica bastante disciplinar, perdiendo así el rico ejercicio académico de acompañar comunidades desde diversos enfoques, miradas y conocimientos.
Esta propuesta de reglamento no resuelve de ninguna forma la actual asimetría con que se ha venido desarrollando la Acción Social, frente a los otros pilares sustantivos de la Universidad (Investigación y Docencia). Por el contrario, se profundiza en la idea de que la Acción Social es la última prioridad del quehacer universitario, siendo la que históricamente recibe el más bajo porcentaje del presupuesto, con respecto a las otras vicerrectorías.
Se desdibuja por completo el quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social, y más bien se recargan funciones a las Comisiones de Acción Social, pero sin asignarles recursos. Nos preocupa la poca claridad sobre las responsabilidades que tendría la VAS con base en este reglamento, en donde más bien se le han dado cerca de 20 a las CAS de las distintas unidades académicas, recargando el trabajo de las personas docentes y administrativas en las escuelas, cuando debería ser la VAS la encargada de orientar, encabezar y protagonizar la acción social que se desarrolla desde la Universidad de Costa Rica.
Por último, es preocupante la profundización de los mecanismos de venta de servicios desde la acción social. En ese sentido, este reglamento refleja un tipo de modelo de universidad que no necesariamente representa el pensamiento crítico y el compromiso ético-político con las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha caracterizado este pilar sustantivo de nuestra institución. De hecho, en la estructura organizativa que está proponiendo, no queda claro el lugar que estarían ocupando las comunidades con este reglamento.
Por tales motivos, nuestra petitoria hacia el Consejo Universitario es que se extienda el tiempo de consulta a este reglamento, al menos para finales de octubre del año en curso, para que toda la comunidad universitaria vinculada a la Acción Social (tanto docentes miembros de Comisiones de Acción Social, o con proyectos de Extensión Docentes, Extensión Cultural y Trabajos Comunales Universitarios, así como estudiantes con Iniciativas Estudiantiles, asistentes de proyectos de acción social o matriculados en TCU, y personas administrativas responsables de la ejecución de la acción social) pueda participar ampliamente en la consulta a importante reglamento. Suscribimos el sentir de las personas de comunidades, preocupadas por la situación actual que viven las universidades públicas y el papel central que debería estar jugando la acción social en este contexto.
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiendo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Las unidades organizan jornadas de reflexión para analizar el plan fiscal y sus consecuencias en el presupuesto universitario
Los recursos económicos del Recinto de Paraíso de la UCR serían derogados según lo dicta el plan fiscal que está en discusión. Foto: Archivo ODI.
Las cinco sedes regionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron la decisión en conjunto de suspender las actividades de carácter evaluativo durante la semana del 17 al 21 de setiembre, para dar espacio a que se abran debates y charlas. El fin es que la comunidad universitaria y el público en general analicen y se informen sobre todas las variables que incluye la reforma fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
En un comunicado hecho público el lunes 17 de setiembre, el Dr. Francisco Rodríguez Cascante, director de la Sede de Occidente; la MBA. Marianita Harvey Chavarría, directora a.i. de la Sede del Caribe; el Dr. Álex Murillo Fernández, director de la Sede del Atlántico; el Dr. Édgar Solano Muñoz, director de la Sede de Guanacaste; y el M.Sc. Mario Solera Salas, director de la Sede del Pacífico, acuerdan: suspender todas las evaluaciones en las sedes regionales, incluyendo sus recintos, por cinco días, y organizar actividades reflexivas sobre las implicaciones que conlleva la aprobación del proyecto 20 580.
“Aunado a estos dos puntos, también tomamos la decisión de suspender las evaluaciones porque muchos estudiantes y profesores experimentan problemas a la hora de trasladarse hacia las sedes y recintos de la UCR, debido a las múltiples manifestaciones y bloqueos de las vías públicas, por lo que así protegemos su integridad también; pero es importante dejar claro que las clases, cursos y laboratorios continúan impartiéndose de manera normal. Queremos aportar a la discusión de ideas y propuestas sobre lo que sucede en el país y las implicaciones que tiene la reforma fiscal, particularmente para las sedes y recintos”, indicó el Dr. Francisco Rodríguez.
Además de esas cinco sedes regionales, la UCR tiene cinco recintos ubicados en Guápiles, Paraíso, Santa Cruz, Grecia y Golfito; precisamente, a raíz de los recortes que se incluyen en el proyecto Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el presupuesto de esos recintos universitarios se verían afectados.
“Son temas como ese los que vamos a discutir y así lo aprobamos en el Consejo de Área de las Sedes Regionales UCR. Cada sede va a organizar diferentes actividades y acá en Occidente visitamos aula a aula hoy martes junto con representantes de la asociación de estudiantes para explicar esta decisión, pues no es un llamado a los estudiantes y funcionarios para que se unan a la huelga, es más bien un llamado para que nos reunamos y conversemos sobre todo lo que acompaña al proyecto de reforma fiscal”, añadió el Dr. Rodríguez.
Al respecto el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente, Daniel Rojas Rodríguez, dijo que instan a todos los estudiantes y funcionarios universitarios para que se unan a los espacios de diálogo sobre este tema, “pensamos que muchas personas no están informadas sobre lo que está pasando y para la comunidad estudiantil es fundamental que lo hagan, saber qué es lo que se está discutiendo y tomar una posición, saber cuáles son las afectaciones y como estudiantes aportar un grano de arena para intentar solucionar lo que está sucediendo en Costa Rica, pues a nivel social se ha salido un poco de control”, aseveró.
Específicamente, la Ley 20 580 sobre fortalecimiento de las finanzas públicas propone derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6 450 y sus reformas, dentro de dichas reformas está la Ley N.° 7 386 que aporta la totalidad de los recursos que recibe el Recinto de Paraíso de la UCR, por lo que supondría el recorte total del financiamiento económico que recibe.
Ante esta realidad, la UCR está facilitando y promoviendo la discusión de ideas y el análisis a profundidad de la reforma fiscal a través de foros en la Sede Rodrigo Facio, así como en las sedes regionales.
Gobierno y diputados amenazan el bien común y la paz social
El pasado martes 1 de noviembre de 2016, se realizó el “Encuentro Popular” organizado por BUSSCO, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal
Comunicado de BUSSCO
En lo que llevamos de gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – con la excusa de la crisis fiscal, los partidos políticos, representando los intereses de organismos económicos internacionales, grandes transnacionales y la acaudalada clase político-empresarial nacional, han presentado varias iniciativas legislativas que pretenden disminuir salarios, aumentar impuestos y generar más pobreza al pueblo costarricense.
Estos proyectos de ley, como los de Empleo Público, Impuesto al Valor Agregado, Regla Fiscal y Recortes Presupuestarios, impulsados por los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristina, entre otros, tienen como objetivo congelar salarios y pensiones, aumentar los impuestos, deteriorar programas sociales, desmantelar y privatizar servicios fundamentales como salud y educación, desmontando el estado social de derecho.
Las conquistas sociales fueron construidas, de acuerdo con la idiosincrasia costarricense, a través de grandes luchas y por la vía del diálogo y el pacto social y que, lamentablemente, ahora los políticos comprometen arbitrariamente la justicia y la paz social.
El “Encuentro Popular” convocado por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO tuvo el propósito de reunir a representantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares para analizar los proyectos, conocer la posición de los y las diputadas que los acompañaron en este evento y definir la ruta de lucha contra el combo de proyectos.
Enviado a SURCOS Digital por Martín Rodríguez E; Unidad de Comunicación, UNDECA.
