En Nepal, cientos de personas, en su mayoría de la Generación Z (1995-2010), han tomado las calles en las últimas semanas. La chispa fue la decisión del gobierno de bloquear el acceso a redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, con el verdadero propósito de acallar la disidencia bajo el disfraz de combatir la desinformación. Se trata de una medida con el aroma de las viejas lógicas del siglo XX, incapaz de comprender el papel central que estas plataformas cumplen en la vida social y política contemporánea. Lejos de sofocar el malestar ciudadano, el bloqueo desató una ola de protestas que muy pronto trascendió lo digital y se convirtió en un cuestionamiento abierto al sistema político, marcado por la corrupción, el desempleo y la falta de oportunidades.
Las calles de Nepal arden no solo por la indignación de una juventud hastiada, sino también por la fricción entre dos épocas que colisionan. Lo que se vive en el Himalaya no es simplemente una protesta social contra la precariedad y la corrupción; es un verdadero sismo político que deja al desnudo la fragilidad de nuestras estructuras de poder, incluida la democracia misma. Y ahí está la clave: la democracia no está muerta, pero sí corre el riesgo de volverse irrelevante si no se reforma a tiempo para dialogar con una realidad digital que ya ha superado los marcos institucionales tradicionales.
Aquí es donde el pensamiento de Byung-Chul Han ilumina el trasfondo. Han nos recuerda que el poder contemporáneo ya no actúa solo prohibiendo o reprimiendo, sino seduciendo y permitiendo. Es un poder que se reviste de libertad y que opera bajo la lógica del rendimiento y la autoexplotación. La Generación Z, nacida en este ecosistema, experimenta el contraste entre un Estado que todavía ejerce un poder disciplinario y coercitivo —bloqueando, censurando, limitando— y unas plataformas digitales que se presentan como espacios “permisivos, horizontales y liberadores”, aunque en realidad respondan a intereses privados y a algoritmos que moldean la percepción colectiva.
De ahí la ambigüedad de esta particular revuelta. A primera vista parece un acto emancipador, un grito contra la corrupción y el autoritarismo. Pero no podemos descartar que también sea, en parte, un síndrome de abstinencia: una reacción visceral al corte del acceso a redes sociales que constituyen el hábitat natural de esta generación. La protesta se mueve, entonces, en dos planos: como defensa de derechos democráticos y como defensa inconsciente de plataformas privadas que han reemplazado a la plaza pública.
La disputa central no es solo entre jóvenes y Estado, sino entre soberanía estatal y soberanía digital. El Estado nepalí y muchos otros a nivel mundial no han perdido por completo su autoridad, pero ahora la comparten y la disputan con corporaciones globales que ejercen un poder no coercitivo, sino persuasivo y capilar en este ámbito. En este nuevo escenario, los algoritmos se convierten en árbitros invisibles que deciden qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Esto no es un problema menor.
La libertad, bajo este régimen digital, aparece como una espada de doble filo. Se vive como herramienta de empoderamiento y organización, pero también funciona como trampa de un totalitarismo liberal posmoderno que no reprime desde fuera, sino que captura desde dentro. La revuelta nepalí muestra así el rostro ambiguo de la libertad contemporánea: emancipadora y, a la vez, instrumentalizada.
El caso de Nepal obliga a repensar el futuro de la democracia. Si no logra reformarse para dialogar con estas nuevas generaciones, con sus códigos de inmediatez, supuesta horizontalidad y transparencia radical, quedará rezagada o degradada a infocracia, como el mismo Han lo afirma, frente a los poderes factuales del mundo digital. La pregunta no es si la democracia está muerta, sino si está dispuesta a renacer para no volverse irrelevante ¿obsoleta? en un terreno ya redibujado por el poder invisible de datos y algoritmos que deciden por los humanos.
En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fracturado, una paradoja define nuestra era: nunca hubo tanta información al alcance, y nunca fueron tan vulnerables las sociedades al engaño. Personas de todas las clases sociales —especialmente aquellas de estratos medios y bajos golpeados por la desigualdad— caen en la seductora telaraña de teorías conspirativas, discursos de odio y líderes populistas que les hablan «como uno más de nosotros«, prometiendo soluciones simples a problemas complejos: “acabamos con la corrupción dominante y todo Se resuelve solo”. Este fenómeno, global en su alcance pero local en sus manifestaciones, no es un error cognitivo inocente. Es el síntoma de una crisis democrática que aprovecha el miedo y la desesperanza para vaciar de sentido la política.
El mecanismo del engaño: identidad sobre razón
El éxito de los demagogos no reside en la veracidad de sus afirmaciones, sino en su capacidad para apelar a la identidad tribal. Estudios en psicología social —como los de Daniel Kahneman y Jonathan Haidt— revelan que bajo estrés económico o incertidumbre, los seres humanos priorizan la pertenencia grupal sobre el análisis crítico. Un político que grita «¡Ellos te roban!» o «¡Yo soy como vos, soy uno de ustedesque está igual de harto!» activa un atajo emocional: ofrece certidumbre identitaria en medio del caos. Así, el votante promedio perdona —o incluso celebra— las contradicciones flagrantes. En Europa, partidos como el Rassemblement National francés o Alternativa para Alemania han convertido a migrantes y élites en chivos expiatorios, mientras promueven agendas económicas neoliberales que profundizan la precariedad de sus propias bases. El Brexit fue el paradigma: comunidades empobrecidas del norte de Inglaterra votaron por una fantasía de soberanía, ignorando que sus empleos dependían del mercado único europeo.
América Latina: el caldo de cultivo de la ira útil
En nuestra región, este modelo encuentra terreno fértil. La historia de desigualdades estructurales, combinada con la desilusión tras ciclos de gobiernos tradicionales fallidos que solo hicieron lo que el FMI y otras instituciones financieras les indicaron como un manual, alimenta la demanda de «outsiders» que hablen sin filtros. Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ejemplifican la fórmula: retórica violenta («balas contra el crimen«), demonización de minorías (LGTBIQ+, indígenas) y ataques a la prensa («fake news» o “prensa canalla”), todo envuelto en un discurso de «hombre del pueblo«. La paradoja es cruel: sus políticas —recortes al gasto social, flexibilización laboral, privatizaciones— perjudican precisamente a quienes los aplauden emocionados. En Argentina, sectores populares apoyan figuras como Javier Milei, cuyo ultraliberalismo promete «quemar el banco central» mientras desarma redes de protección social. La pregunta obvia —¿por qué un desempleado celebra la reducción de pensiones? — tiene respuesta en la neuropolítica: el cerebro procesa el resentimiento antes que el interés económico.
Costa Rica: el sueño de la excepcionalidad agrietado
Costa Rica no es inmune. Aquí, el mito de la «Suiza centroamericana» choca con una realidad de pobreza creciente (el 25% en 2025) y desconfianza institucional. Políticos oportunistas han aprendido a empaquetar el odio con acento tico:
Contra el empleo público: Se sataniza a funcionarios como «privilegiados«, ocultando que muchos son enfermeras, maestros o técnicos municipales de salarios modestos. Mientras, se aplauden recortes al IMAS o al INA, pilares de movilidad social.
Contra migrantes: Se difunden bulos en WhatsApp sobre «invasores» nicaragüenses que «colapsan servicios», ignorando que su trabajo sostiene agricultura y construcción.
Populismo digital: Figuras como el presidente Rodrigo Chaves dominan el algoritmo con frases simples («¡Hay que poner orden!») y ataques a medios, mientras su gobierno recorta presupuestos para vivienda o ambiente. El resultado es un electorado que vota contra sus intereses: clases medias empobrecidas exigen menos impuestos a grandes capitales, y trabajadores informales apoyan reformas que debilitan sindicatos.
La Trampa Final: El Circulo Vicioso del Odio
Este fenómeno se retroalimenta. Las redes sociales —diseñadas para maximizar engagement mediante la indignación— amplifican mentiras que confirman sesgos. El ciudadano, atrincherado en su burbuja, desconfía de expertos («¡Son parte del sistema!») y normaliza la violencia retórica. En Costa Rica, esto se traduce en amenazas a periodistas como Ernesto Rivera, despedido del Sinart por investigar corrupción, o en marchas donde se pide «mano dura» mientras se defienden8 recortes policiales. La democracia se reduce a un espectáculo de gritos, donde el proyecto colectivo muere por mil heridas de egos individualistas.
Reflexión final: Las sociedades que intercambian hechos por consuelos identitarios no están ejerciendo «libertad«. Están cavando su propia fosa. Cuando el odio al diferente, el desprecio al conocimiento y la fe en salvadores autoritarios reemplazan el debate informado, el patrón es claro: no es una teoría conspirativa que élites manipulen a las masas. Son las masas, engañadas por su propia necesidad de pertenencia, las que eligen a sus verdugos. Y en ese camino, como bien advirtió Bertolt Brecht, llega un punto donde la estupidez se vuelve crimen contra uno mismo.
Un pueblo que cree en espejismos vota por espejismos. Y al despertar, solo encuentra el desierto que ayudó a crear.
El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación: Análisis de redes 2025, presentado por las Naciones Unidas y la firma COES Comunicadores el pasado 12 de agosto, indica que entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 2,093,056 publicaciones y comentarios con discursos de odio en las redes sociales Facebook y X; si se agregan Instagram y Reddit, el total asciende a 2,138,854. El incremento anual fue de 16%, menor al de años previos, lo que sugiere una desaceleración del crecimiento, aunque el volumen sigue en máximos históricos.
El Informe utilizó una metodología basada en el uso de inteligencia artificial y herramientas de escucha social (social listening), analizando perfiles públicos con geolocalización en Costa Rica. En el caso de Facebook, el estudio trabajó con una base de más de 5.000 páginas de medios, personas influyentes, instituciones y organizaciones nacionales.
¿Qué son los mensajes de odio?
El Informe define los discursos de odio como mensajes verbales, escritos, visuales o conductas que usan lenguaje ofensivo o discriminatorio contra una persona por su nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, lugar de origen, creencias u otra característica de identidad.
Pueden ser directos, incitando explícitamente al odio o la violencia, o indirectos, fomentando prejuicios, exclusión y discriminación. En ambos casos, debilitan la cohesión social y limitan la capacidad de diálogo constructivo.
Principales hallazgos
Más emisores y tono más agresivo: las personas que emitieron discursos de odio aumentaron 31% frente a 2024, con un comportamiento “más violento y personalizado” hacia la integridad y capacidades de las personas afectadas.
Masculinidades agresivas encienden odio en redes: por tercer año consecutivo, los hombres concentran la mayor participación, escribiendo alrededor de cada 10 mensajes de odio y discriminación.
Temas con mayores interacciones: en principal tema que produce mayores reacciones negativas es el de Política y Realidad Nacional con 789,442 menciones en Facebook y X en el periodo estudiado, representando un aumento interanual del 43%. El tema Género acumula 490,639 menciones (+37% interanual) y Orientación Sexual e Identidad de Género es la categoría que más se dispara, aumentando en un 344.68% frente a 2024.
Disminuyen algunos ejes de discriminación: se registra una reducción en los discursos de odio relacionados con xenofobia (-16%), racismo (-23%), discapacidad (-10%) y religión (-56%) respecto al año anterior.
Ataques a instituciones y prensa: las agresiones se concentran en Asamblea Legislativa (21.70%), medios de comunicación (17.33%), Poder Ejecutivo (15.26%), Poder Judicial (14.92%) y partidos políticos (13.87%). Los ataques a periodistas y medios crecieron 110% respecto al año anterior.
La red social con mayor prevalencia de estos mensajes: X concentra la mayor parte del volumen (58.55%), seguida de Facebook (37.43%); Reddit (3.42%) e Instagram (0.60%) quedan muy por detrás.
Meses pico: julio y agosto de 2024 fueron los meses con más discursos de odio.
El caso de TikTok:
Aunque las restricciones de TikTok impiden un análisis totalmente retroactivo y masivo (la plataforma permite seguir hashtags y analizar hasta 1.000 publicaciones públicas por 90 días), el equipo incorporó observación cualitativa.
El análisis describe a TikTok como un “espejo” de tensiones sociales: desencanto político, pérdidas de confianza institucional y miedos al cambio que se canalizan en insultos, desinformación y odio, con normalización del odio político, misoginia hacia mujeres en espacios de poder, y xenofobia, especialmente contra personas nicaragüenses.
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una parte esencial de la vida diaria, especialmente para los jóvenes. Plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat son utilizadas a diario por niños y adolescentes durante varias horas. Muchos padres entregan teléfonos o tabletas a sus hijos sin percibir los posibles daños que esto puede causar en su salud mental.
Las redes sociales deberían regularse con la misma severidad que el alcohol o el tabaco, ya que tienen un impacto significativo en la salud mental de los jóvenes, particularmente por su accesibilidad, la presión social y el desgaste emocional que provocan.
Acceso ilimitado
A diferencia del alcohol o el tabaco, las redes sociales son mucho más accesibles para los menores. Aunque las plataformas afirman tener restricciones de edad, estas son fácilmente eludidas. Algunos niños simplemente mienten sobre su fecha de nacimiento, y muchos utilizan cuentas de sus padres, hermanos o amigos. Un estudio hecho por el experto en tecnología Daniel Croft señala que un 54% de los menores de 13 años usan cuentas de adultos, mientras que otros utilizan las suyas propias sin control alguno.
Además, la mayoría de estas aplicaciones no cuentan con controles parentales predeterminados. Esto significa que la responsabilidad recae totalmente sobre los padres, quienes muchas veces no tienen idea del contenido que sus hijos consumen.
Presión social constante
La presión de grupo relacionada con las redes sociales es similar a la que existe con el consumo de sustancias. Cuanto más las usan los demás, más sienten los adolescentes que también deben usarlas. Este impulso no solo responde al deseo de encajar, sino también al temor de quedar fuera de su círculo social. Publicar fotos o videos se convierte en una obligación para no sentirse excluidos.
La estudiante Aakanksha Yelishala, en un artículo para Youth Medical Journal, señala que muchos adolescentes afirman que las redes sociales perjudican a su grupo etario al generar una visión irreal de la vida de los demás. La comparación constante puede afectar seriamente su autoestima.
Daño psicológico real
Así como el abuso de sustancias puede dañar el cerebro, el uso excesivo de redes sociales también puede tener efectos graves a largo plazo. Los “me gusta” y comentarios funcionan como recompensas químicas similares a las que producen las drogas o el alcohol. La especialista en neurociencias Laura Pigott lo resume así: “Las redes sociales están diseñadas para engancharte, igual que una bebida alcohólica”.
El impacto emocional también es comparable. Se ha encontrado una relación directa entre el uso excesivo de redes sociales y trastornos como la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional. Según un estudio liderado por Zubair y colegas de la Universidad de Ciencias de la Salud de Dow, el uso intensivo de redes sociales está fuertemente relacionado con el desarrollo de problemas psicológicos en los jóvenes.
Conclusión
Al igual que el alcohol o el tabaco, las redes sociales representan riesgos serios para los adolescentes. Son accesibles sin control, alimentan la presión social y causan daño emocional. Si protegemos a nuestros hijos de sustancias peligrosas, también debemos protegerlos del uso excesivo de redes sociales.
Regular el uso de estas plataformas no es censura, es responsabilidad. Si no actuamos ahora, estaremos normalizando el daño en un mundo digital que avanza sin freno. Darles a los niños acceso libre a un celular es, en muchos casos, darles acceso a una enfermedad moderna: la adicción digital.
Desde el gran edificio gris no se logra responder a las necesidades reales de las clases populares. Las discusiones parlamentarias resultan lejanas para el ciudadano de a pie. Las confrontaciones de las diversas fracciones políticas, incluyendo sus gritos y burlas son muy distantes para el obrero de construcción, para la mujer que limpia casa ajena para limpiar después la casa que alquila. El método de la política de escritorio no es suficiente para resolver el índice de arroz y frijoles que se puede medir en el plato de las familias que no logran entender el escabroso lenguaje de los economistas.
La política de escritorio, esa burocracia, camina lento. Algunas fracciones celebran cantidad de proyectos políticos por año como si fueran “likes” de red social, pero la gente sigue sin entender porque el arroz y la leche no alcanza. La política se conduce cada vez más a un show mediático, donde es más fácil que ingrese en papeleta una estrella de televisión o un “influencer” que una ciudadana o ciudadano que trabaje cada día por el sustento de su familia. La política no comienza ni termina con una papeleta que se arroja en una urna. La democracia no es un fuego que tiene permiso de ser encendido solo cada cuatro años.
Ciudadanos y ciudadanas, la política de escritorio debe ser superada por la revolución cotidiana, por una política desobediente que comprenda que la democracia es una acción permanente. La solución a los desafíos de las clases más vulnerables no se atiende con una figura carismática que venga a ser el “gran padre” o el “salvador” o la “mano fuerte”: todas esas figuras son una manera infantil de asumir la política, y es lo que, desde la política de escritorio (y de algoritmo) nos han pretendido vender (a crédito).
La política de la desobediencia es la democracia permanente. Es suficiente, que dejen de hablar en nombre del pueblo y se construya política viva desde el pueblo. Por eso hay que convertir la queja ciudadana en práctica de transformación desde la escucha colectiva y la construcción compartida.
Hace algunos años, en un contexto muy diferente al actual, planteé la importancia de construir Asambleas Populares para la Elaboración de Proyectos de Ley, hoy en día, con una madurez diferente, considero que esa propuesta es insuficiente, sería replicar la acción fragmentada de la política de escritorio.
Desde la reflexión, que nace del encuentro con la desidia de las personas que no quieren saber nada de la política; desde el análisis que brota de las conversaciones que vecinos que están anclados a una propuesta política que se niegan a pasar por el filtro de la “autocrítica”, desde la escucha de las voces vulnerables que no creen pero que quieren creer que otra Costa Rica es posible, desde esa tensión y contradicción, considero más que necesario, diseñar un Parlamento Popular Permanente (PPP), como una herramienta arraigada en los territorios (no desde lo virtual), desde los cuales animar la chispa-acción, por medio del encuentro de las voces olvidadas, espacios de deliberación y compromiso, registrando los diálogos, trasladando el Parlamento de una comunidad a otra, como espacio de control político, de diseño de acciones puntuales, (comunales, territoriales, regionales), posibilitando redes de intercomunicación política popular.
El Parlamento Popular Permanente, el primer paso para “desde la comunidad la ley, desde el pueblo el poder”.
*Profesor, columnista y militante del Partido de la Clase Trabajadora, correo: esbeltran@yandex.com
La Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta una crisis que dura ya varias semanas. Se inició al cuestionarse la resolución de la Rectoría que definía los salarios de las jefaturas de las oficinas administrativas, lo que llevó a la Rectoría a su pronta derogación. Luego empezaron a circular, por diversos medios de comunicación y en redes sociales, cuestionamientos sobre posibles hechos irregulares ocurridos en la construcción de obras de infraestructura antes del inicio de la actual administración y la definición del nuevo régimen salarial. Una denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública fue recientemente rechazada y archivada al considerarla como infundada. Las denuncias ante instancias externas a la UCR, y el usual juicio mediático, han adquirido dimensiones que empiezan a amenazar la duramente ganada reputación de nuestra casa de estudios superiores.
Quienes firmamos, exrectores y exrectora de la UCR, nos permitimos manifestar que:
Tanto la institución como el país cuentan con instancias para recibir denuncias sobre cualquier posible hecho irregular que pudiera haber ocurrido durante la actual administración o las anteriores.
Ante la sospecha de existir algún hecho de esta naturaleza, la forma adecuada de proceder es acudir a estas instancias y esperar el resultado de las averiguaciones. Todo funcionario público está obligado a denunciar y dar seguimiento a estas denuncias, las cuales deben ser debidamente fundamentadas.
Divulgar acusaciones que pudieran resultar infundadas genera un daño difícil de reparar para las personas acusadas y, más grave aún, a la institución. Ninguna denuncia debe ser instrumentalizada para algún interés particular, sino para buscar el esclarecimiento y establecimiento de responsabilidades sobre los hechos cuestionados. Es decir, las denuncias deben buscar el fortalecimiento de la Institución.
Establecer y divulgar culpabilidades, juzgando y condenando sin seguir el debido proceso, es una práctica cada vez más común en la sociedad contemporánea, en especial en el ámbito político. Las vías de hecho y la difusión de acusaciones que luego resulten infundadas son inaceptables en una universidad. Se deben denunciar posibles irregularidades, pero ante las respectivas instancias institucionales y, de ser el caso, nacionales. El deber de la UCR ante ella misma y ante el país es acoger y estudiar todas estas denuncias, investigar los hechos y, si procede, sancionar a las personas responsables. La Rectoría debe informar a la comunidad universitaria y al país de estos procedimientos, sus hallazgos, y eventualmente las sanciones aplicadas.
En un Estado Democrático de Derecho, el papel de la prensa es fundamental. Una de sus funciones es informar sobre todo tipo de hechos, incluyendo aquellos que puedan lesionar el orden jurídico nacional y las normativas institucionales, pero esto debe ser hecho con objetividad y veracidad, y siempre oyendo a las diversas partes involucradas.
Estando a las puertas de la negociación del FEES, cualquier daño a la imagen de la UCR producto de crisis internas no resueltas por los canales institucionales, no solo afectará a esta, sino también a las otras universidades estatales, con el consecuente daño al país como un todo. Un riesgo aun mayor en el clima adverso que algunos sectores externos han venido generando contra la Educación Superior Pública nacional. Esto obliga a la institución a informar a los universitarios y a la comunidad nacional, de forma transparente y oportuna de las acciones que desarrolla para atender cuestionamientos, realizar averiguaciones y sancionar cuando proceda.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente a la reflexión, a la prudencia y al debate sano, que exija rendición de cuentas y transparencia, pero evite la difusión de acusaciones informales y la atribución de culpabilidades que las instancias pertinentes no han establecido. El bien del país exige que la UCR funcione con normalidad, algo que, en el actual clima de agitación, va siendo cada vez más difícil. Costa Rica demanda que la Universidad siga cumpliendo sus funciones constitucionales, sin dejar de ser vigilantes de la buena marcha de nuestra Alma Mater. Instamos a cada una de las personas integrantes de nuestra comunidad, a meditar sobre la coyuntura actual y a atender el sano debate interno y externo por medio de los mecanismos institucionales y nacionales.
Dr. Gabriel Macaya Trejos Dra. Yamileth González García Dr. Henning Jensen Pennington Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.
En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.
Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.
La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:
Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.
Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.
Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.
Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.
La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
No hay duda de que, los autócratas y aspirantes a tal de nuevo cuño, sea cual sea su signo o inclinación ideológica no soportan el disenso, es decir, el derecho de los demás de pensar y expresar sus diferencias de criterio libremente. Ese es un elemento básico de la democracia que, cuando se pierde, acaba con ella, pues como dice G.Chiodi en su libro “Tácito Dissenso”:
cuando el disenso se calla, para una democracia debería sonar la alarma.
Por ello, cuando los sectores económicos del mundo, de la mano de sus ideólogos del neoliberalismo impusieron las leyes del mercado, se aliaron con los sectores políticos y los medios de comunicación para imponer, casi como una regla, el pensamiento único; nunca imaginaron que estaban creando el caldo de cultivo donde se encubarían poco tiempo después, las nuevas autocracias; que se valdrán de los mismos instrumentos de la democracia para, como las termitas, destruirla por dentro desde sus cimientos.
Hoy la democracia y las sociedades que la sustentan tiene tres tendencias que la destruyen día con día y que Diego Fusaro en “Disentir o Filosofía del Disenso” las ha definido así:
a) vaciamiento de la soberanía popular (remplazada por las imposiciones sistémicas, por la voluntad de los mercados, y el eficiente automatismo de los gobiernos técnicos; b) la desigualdad, cada vez mayor entre el vértice y la base que conduce a la polarización hiperbólica de la sociedad; c) la atrofia generalizada de las formas del disenso, como la negación de los espacios del pensamiento antagónico y no alineado con el orden simbólico imperante… (Fusaro D. 2022. P.34)
Y como bien señala, el disenso se obstaculiza de muchas formas, pero, muy especialmente, a través de la prensa, los medios de comunicación de masas y en los últimos quince años especialmente, en las famosas redes sociales donde, irresponsablemente, se ensucia la honra ajena y se calumnia sin misericordia utilizando el vocabulario más arrabalero que se pueda imaginar.
De esta forma, se ha ido destruyendo al ser humano como persona, en su identidad, en su familia, no tiene conciencia propia que le permita tener sentido de oposición al disgusto, el trabajo ya no es estable y va cayendo en un desarraigo no solo territorial, sino mental; pues pierde la identidad de su entorno, primero local y luego total, es simplemente un objeto de relativo valor. Su mente, atrofiada por una meditada y mal intencionada “mediocratización” de la educación y esos medios de comunicación, se ve limitada en la capacidad de pensar, reflexionar, el uso del lenguaje es limitado, ya no se habla, sino que se balbucea y se vuelve incapaz de responder al más simple cuestionamiento.
Dominada la mente, masificado el individuo, desarraigado de su pasado, es carne de cañón para el mensaje del autócrata que necesita, precisamente, que esa masa no piense, que simplemente guste y entienda su mensaje que jamás será profundo y racional, sino burdo, superficial, grosero, agresivo y arrabalero hasta el insulto más procaz. Entonces, veamos algunos ejemplos de presidentes que en el mundo hacen gala de ese lenguaje: Nicolás Maduro trató a Alberto Núñez Feijoo del Partido Popular español de vagabundo, traidor y narcotraficante; Javier Milei de Argentina dijo que el Papa Francisco era un imbécil, representante del maligno y comunista y publicó un “meme” para burlarse de León XIV; Daniel Ortega trató a Gustavo Petro de Colombia y Lula Da Silva de Brasil de traidores arrastrados y, para cerrar estos ejemplos con broche de oro, Donald Trump trató recientemente a Jerome Powell presidente de la Reserva Federal (FED), de “tonto sin ideas”, y ante la imposición de impuestos a las importaciones dijo que, nada menos, los representantes de todos los países del orbe “me llaman para besarme el culo”… sobran las palabras y comentarios.
Pero en el terruño de los “ticos básicos” como los calificó Pilar Cisneros, el presidente Chaves trató a los periodistas de ratas, a los diputados como inútiles mafiosos, chantajistas, banda de corruptos, mal nacidos, vagos, mezquinos, cucarachas, etc. Qué sentido educativo puede tener esa letanía en la población si no es repetir y decir lo mismo, abonado con un creciente sentimiento de odio que se inspira desde la misma silla presidencial.
Como bien lo explica Ece Temelkuran en “Como Perder un País”, la estrategia que siguen para imponer las dictaduras y autoritarismos es, primero destruir las voces de la oposición filtrando sus criterios a través de ejércitos de troles que
“simplifican, multiplican y utilizan como munición para colonizar el ámbito de las comunicaciones políticas. Al poco tiempo la comunicación se sume en el caos transformando la forma de hablar de los intelectuales y convirtiéndolos en pandilleros semánticos. La actividad intelectual pasa a ser una mera cuestión de reaccionar a los diversos fragmentos del discurso populista con sarcasmo en un intento de combatirlos con sus propias armas. El lenguaje del debate político se reduce a una especie de lucha libre donde todo está permitido…convertida en un asunto global…” (Temelkuran E.2019. Pp. 80-81)
Ese fenómeno mundial de un lenguaje chabacano, lamentablemente, no solo ha alcanzado a los sectores populares o los niveles de la “gradería de sol”, como los calificó en su momento don Alberto Cañas, sino que, en tanto el populismo ha ido ganando espacios de poder, también ha atraído o enamorado a sectores intelectuales y empresariales, que se alinean en búsqueda de los beneficios que conlleva ese populismo en lo económico y político o porque se vuelve una actitud un tanto normal. No tienen empacho en asumir, también, el vocabulario arrabalero en sus respuestas orales o escritas contra los opositores a ese fenómeno, por la sencilla razón de que son conscientes que su uso provoca miedo, temores y angustias en sus contrarios, que entonces prefieren el silencio o el “perfil bajo” aunque ello conlleve, a la larga, la pérdida total de la libertad, la democracia y conviertan a la sociedad en un conjunto de mercachifles o esclavos asalariados, incapaces de pensar.
Ese lenguaje, disperso a través de los medios vasallos y las redes sociales plagadas de granjas de troles pagados y al servicio del autócrata o aspirante a tal, se utiliza especialmente contra la institucionalidad, utilizando la posverdad y las mentiras completas, que no soportan en menor análisis serio y profundo para demostrar su falsedad, y cuando eso se produce, simplemente basta la reiteración de la mentira desinformativa para mantener el apoyo a los programas o proyectos del autócrata, por descabellados, inconstitucionales, ilegales o desaforados que estos sean.
Ese lenguaje chabacano es fundamental para fomentar los odios. Para ello se ataca el pasado, la historia, en síntesis, el patrimonio cultural que es fundamental para defender y sostener la institucionalidad. Como principal instrumento y estrategia se utiliza una gran mentira, se dice y reitera que ese pasado está plagado de corrupción porque los grupos dominantes, lo que han hecho es utilizar esas instituciones para su propio beneficio.
En el caso de Costa Rica, desde las opiniones dadas por el propio Rodrigo Chaves, su principal vocera Pilar Cisneros y de ahí para abajo todos sus exaltados repetidores, están plagadas de inexactitudes históricas y opiniones negativas e infundadas sobre la institucionalidad, que no soportan ni el menor análisis serio, analítico, documentado y académico al que ellos no están acostumbrados ni les importa. Por el contrario, es la reiteración de la mentira y el desmesurado llamado al odio lo que les basta y sobra, con lo cual tienen a sus huestes embelesadas con ignorancia, mala fe, cizaña y gritos estentóreos de odio, y por qué no, talvez, hasta algún pingüe beneficio.
Como bien lo señala Natascha Strobl en “La Nueva Derecha” estos enemigos de la democracia y la libertad, ocultan debajo de una tenue capa de modales civilizados y hasta gentiles, que pronto saltan en pedazos por…
“… las actitudes autoritarias que se hacen cada vez más visibles, sobre todo en forma de una retórica cada vez más gamberra…” (Stroll.2021. P. 28)
Breve, concreta y certera descripción de la forma como se presentan ante “su público” el presidente Rodrigo Chaves y sus adláteres que lo siguen de tarima en tarima, aplaudiendo, gritando y haciendo preguntas, previamente montadas, por pseudo periodistas de medios vasallos, muy bien pagados, como se ha demostrado y que sirven de caja de resonancia junto con las bandas tirolesas, verdaderos sicarios en las redes sociales, para difundir los infundios, insultados y ataques despiadados a la institucionalidad democrática nacional.
Con esa estrategia, quieren convertir al costarricense que, reitero para no olvidar, Pilar Cisneros calificó de “básico” es decir, un mediocre que se lo cree todo, en un individuo sin identidad, sin conciencia opositora al régimen autoritario con que sueña el chavismo, olvidado de sus raíces y su patrimonio cultural, casi sin arraigos, obediente, sumiso y temeroso. Para ello la utilización de ese lenguaje arrabalero y gamberro es importante, pues es la forma para mantener un bajo nivel intelectual, cultural y social y hasta ético del ciudadano.
La democracia costarricense está en peligro, se ha perdido el sentido del valor humano, espiritual y cultural de lo eterno, de lo trascendente, de lo verdaderamente importante y hermoso que encontramos en esa casa de adobe o el colibrí, que según Pilar Cisneros no crean riqueza ni bienestar; para conformar una sociedad materialista, superficial, mediatizada, sin voluntad y sin criterio propio; la mayor aspiración es entonces convertir nuestro pueblo en una sociedad mediocre, temerosa y esclava de la ignorancia, sin disensos, a la que lo llevaron, lavado cerebral incluido, con su vocabulario chabacano.
El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE) presentó un informe sobre la «Resistencia sindical por la democracia», donde destaca una reciente recuperación en el apoyo ciudadano hacia los sistemas democráticos en América Latina, tras años de deterioro en la confianza institucional.
Según el documento, el apoyo a la democracia en la región experimentó fluctuaciones significativas, alcanzando un punto bajo del 48% en 2018, nivel que se mantuvo hasta 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una tendencia positiva que indica una recuperación en la confianza hacia el sistema democrático como alternativa de gobierno.
A pesar de esta tendencia favorable, el ISFODE señala que la región continúa enfrentando problemas estructurales y políticos que afectan la calidad de sus democracias. Entre estos desafíos se encuentran el manejo político de la mentira como estrategia, la corrupción, el narcotráfico, el personalismo y la permanencia en el poder más allá de las reglas establecidas.
En el caso específico de Costa Rica, el informe identifica problemáticas que debilitan la legitimidad del sistema democrático: el crecimiento de la polarización política, la desconfianza hacia los partidos políticos, la desinformación en redes sociales, el aumento del crimen organizado, la violencia y la desigualdad social.
El ISFODE advierte que la próxima campaña electoral costarricense podría poner de manifiesto la manipulación de las clases trabajadoras, «que ya no saben qué es verdad y qué es mentira pero que siguen ciegamente el discurso de odio y polarización».
Como respuesta a este contexto, el instituto propone diversas estrategias para fortalecer la democracia desde el movimiento sindical:
Promover el reagrupamiento de organizaciones sindicales y populares.
Fomentar instancias de coordinación abiertas, menos personalistas y burocráticas, y más flexibles.
Establecer coordinadores regionales bajo criterios geo-económicos y culturales (América del Norte, Centroamérica, Andina y Cono Sur).
Operar bajo criterios de composición plurales, proponiendo alianzas estratégicas.
Incluir en estas alianzas a fuerzas de estudiantes, universidades, pueblos indígenas, grupos femeninos, personas con discapacidad, personas jubiladas y migrantes.
Fomentar la comunicación moderna mediante internet, redes sociales de apoyo y trabajo virtual.
El documento concluye que la resistencia sindical y la resistencia democrática están interrelacionadas y son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de la región. Además, subraya que, en el caso costarricense, si bien la tradición democrática y la estabilidad de sus procesos electorales constituyen fortalezas, es necesario gestionar las tensiones derivadas de la polarización política y otros problemas estructurales.
El ISFODE enfatiza que resulta esencial que los actores sociales y políticos trabajen conjuntamente para enfrentar los desafíos y fortalecer tanto las instituciones democráticas como las sindicales.
