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Etiqueta: reforma electoral

Urge la reelección consecutiva presidencial y de diputados

Vladimir de la Cruz

Entre las reformas electorales que deben abordarse, discutirse y ojalá llegar a acuerdos políticos, con ánimo de que pudieran aplicarse a las elecciones del 2026, todavía tenemos tiempo para reformas constitucionales de este tipo, están los siguientes temas, la reelección consecutiva del Presidente y la reelección consecutiva de los diputados.

La reelección del Presidente es importante porque da la posibilidad de que con gobiernos de cuatro años se pueda prolongar la gestión a ocho años seguidos, y el Presidente y su equipo de gobierno puedan cumplir más en la visión del proyecto país que quieren impulsar.

Cuatro años no es suficidente para desarrollar una buena obra de gobierno. El Presidente al asumir su cargo, actualmente, el 8 de mayo, se encuentra con una camisa de fuerza, para ese mismo año, con el Presupuesto Nacional de la República, que fue definido y aprobado, en noviembre del año anterior a su elección, por el gobierno saliente. De manera que el Presidente en su primer año tiene la obligación de ejecutar el Presupuesto que le dejaron, con los objetivos, planes y obras a las que está destinado, con muy poco margen de maniobra para cambiar partidas o no cumplir del todo lo que en el Presupuesto se ha definido para gastos.

Aún cuando, desde este gobierno, el actual Presidente pudo gozar de la reforma constitucional que modificó las sesiones parlamentarias para que se iniciara con las sesiones extraordinarias, en las cuales el Presidente tiene la iniciativa de la ley, lo que significa que el Presidente, su Gabinete y su partido pueden impulsar proyectos de ley, por tres meses de sesiones parlamentarias, acordes a lo ofrecido en la campaña electoral y el Programa de Gobierno que también se comprometió en la campaña electoral.

Todos los partidos políticos en el proceso electoral están obligados a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones un Plan de Gobierno, que del todo no se ejecuta. En parte porque antes del 2022 los partidos políticos y el Presidente se encontraban amarrados al Presupuesto Nacional con el que tenían que operar, lo que en la práctica postergaba cualquier iniciativa que se quisiera impulsar. También porque antes del 2022 las sesiones extraordinarias importantes se ejecutaban de diciembre a abril siguiente, y los meses transcurridos ponían otras agendas y otros temas del inmediato acontecer político, dejando de lado las ofertas de la campaña electoral y cualquier plan de gobierno que se quisiera impulsar. Esta era probablemente una de las causas o razones para rechazar a los partidos políticos, que asumían gobiernos, y estimular el abstencionismo, por el incumplimiento de sus promesas, entre otras razones.

Con el diseño de los cuatro años de gobierno, igualmente cada gobierno, esto vale para todos, en su último año, aprueban en noviembre un nuevo Presupuesto Nacional, efectivo a partir de enero y el gobierno se acaba el 8 de mayo siguiente, con lo cual solo pueden impulsar dos o tres meses de actividades, porque en este caso se mete también la otra campaña electoral que paraliza el país en muchos aspectos desde noviembre hasta febrero, y a veces hasta abril, lo que ya es frecuente por las segundas vueltas electorales, con paralización de las sesiones parlamentarias, por el receso que se aprueba para que los diputados atiendan las elecciones, a sus partidos y las regiones que teóricamente les toca cubrir.

Está claro que la reelección está sujeta al proceso electoral donde los electores pueden aprobar la gestión del mandatario y darle confianza para continuar por otros cuatreo años, o de rechazar su gestión y no votar por la reelección, que en este caso correspondería en la práctica a un referendo revocatorio de su gobierno, impidiendo que continúe por cuatro años más, nombrándose en ese sentido un nuevo gobernante, que repite nuevamente este ciclo.

Darle, entonces, posibilidad al gobernante de continuar con otro gobierno atiende con la necesidad democrática de posibilitar el desarrollo efectivo de políticas publica al menos de mediano plazo, y de lograr con ello mayor gobernabilidad, y posible mayor confianza en el sistema política y en la democracia como sistema de vida.

Lo que estoy planteando, al menos para la discusión, lo hago pensando en que debe realizarse esta reforma electoral a partir de ahora mismo, dándole oportunidad al mismo Rodrigo Chaves Robles de que pueda lanzar su reelección inmediata. Por impulsar esta idea habrá quienes pensarán que he cambiado mi manera de apreciar y valorar al actual Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Mis escritos y mis intervenciones orales, en distintos medios, me colocan hasta ahora como un opositor duro contra el actual mandatario, su gobierno, su gestión.

Si el Presidente Rodrigo Chaves está impulsando un partido político, un partido uber, más que un partido taxi, porque es un partido llamado por él y quienes le apoyan, para participar en las elecciones municipales próximas y nacionales del 2026, es porque obviamente tiene interés de continuar en la política y de volver a gobernar. El Presidente intentó organizar su propio partido. No ha podido inscribirlo, por lo que anda al asalto de lo que pueda agarrar o encontrar de los partidos pequeños existentes.

Rodrigo Chaves con la legislación actual tiene que esperar prácticamente ocho años para volverse a lanzar de candidato. ¿Qué sentido tiene que un Presidente tenga que esperar ocho años para poder volverse a lanzar de candidato, si cree que él es bueno para el puesto, y de llegar a ejercer nuevamente la Presidencia por cuatro años? Ninguno en la práctica, más allá de haber probado las mieles del poder y de seguir queriendo lamerlas, porque como dice el refrán español, a quien anda con miel, miel se le pega. Pero sí tendría sentido que quiera continuar su obra de gobierno, para darle cuerpo, forma y tal vez contenido, con cierta trascendencia de acuerdo a su perspectiva.

Entendámoslo también con la práctica de los partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana que se reeligieron en el gobierno, cambiando al presidente. Menciono los presidentes de estos partidos que se reelegieron en gobiernos: José Figueres y Daniel Oduber, Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Los Presidentes que siguieron a su antecesor no continuaron, aún siendo del mismo partido, las políticas de los gobiernos que les precedieron. Cada gobernante, con su nuevo equipo de gobierno, sus ministros, trataron de desarrollar una obra presidencial propia, dejar su propio sello, sin destacar ni continuar con la obra de gobierno que les dejaron aun cuando eran copartidarios. De hecho, todos son gobiernos diferentes, en algunos de estos casos controvertidos entre ellos mismos como fueron Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde los segundos se enfrentaron a los primeros y fuertemente.

Insisto. A la democracia política actual del país le conviene la reelección presidencial inmediata por un período. La elección que le toque enfrentar esta situación se convierte en un referéndum revocatorio del mandatario. A la vez, la vida política se agitaría más en torno a la lucha presidencial, se recuperarían escenarios políticos de discusión, de análisis, de reflexión que se han dejado de hacer. Los partidos políticos tendrían que convertirse más en vehículos de discusión, de reflexión sobre los problemas nacionales. Estarían obligados a seleccionar mejor sus candidatos a todos los puestos de elección popular desde la Presidencia de la República hasta los síndicos distritales. El Presidente que aspirara a reelegirse tiene que integrar gabinetes sólidos, de gente preparada. Tendría que preocuparse en serio porque en sus gobiernos no se realicen actos de corrupción en la Administración Pública.

Soy partidario de que se discuta una reforma electoral que dé la posibilidad de la reelección presidencial a partir del 2026. Lo digo también porque habrá quienes le tengan miedo por la continuidad de sus políticas neoliberales, desestructuradoras del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos logrado. El solo plantearlo obliga a redoblar las luchas políticas, jurídicas y sociales para que eso no ocurra.

Sé que el Presidente ha explorado esta posibilidad. Me parece que no se ha hecho aconsejar adecuadamente en esa dirección. Ahí tiene a la fracción legislativa de Pilar Cisneros para que impulse un proyecto de ley en esa dirección. Obviamente, tiene que ser muy bien manejado para buscar los aliados suficientes y los votos necesarios para que pueda aprobarse. Además, están los recursos publicitarios públicos de la gran discusión que tiene que generarse desde los medios de comunicación, las organizaciones políticas, sociales, empresariales, institucionales, universitarias, sindicales, cooperativistas solidaristas, entre muchas, sin prejuicios ante esta iniciativa.

En el siglo XIX la reelección continua de Jefes de Estado y de Presidentes se permitía. Por citar algunos, Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1949 hasta 1959, Rafael Iglesia Castro, desde 1894 hasta 1902.

En concreto no le tengo miedo a la posible reelección del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

Si no se pudiera aprobar la reelección presidencial continua, por un plazo igual de gobierno, por cuatro años, soy partidario también de que se debe hacer una reforma electoral, para ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una consulta pública de revocatoria de mandato, a solicitud de firmas, a la mitad del período. En este caso se aprobaría un gobierno de una sola vez de seis años para un gobernante.

Incluso para ser consecuente con lo que he planteado, que se prolongue al actual gobierno en dos años más, como se hizo con los gobiernos municipales cuando se modificó el sistema electoral de las municipalidades a la mitad de gobierno, para empezar a regular sus elecciones de cuatro años a mitad de los gobiernos de cuatro años, como tenemos la elección de las municipalidades a partir de octubre a febrero próximos.

En esta perspectiva tampoco le tengo miedo a la posible ampliación de gobierno del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

En cuanto a la elección consecutiva de los diputados creo que debe aprobarse. Se trata de desarrollar la carrera parlamentaria, el oficio de parlamentario, de diputado. Antes de 1948 existía la reelección continua de diputados. Rafael Angel Calderón Guardia fue electo diputado en 1934 y se mantuvo electo hasta 1940 cuando asumió la Presidencia de la República. Manuel Mora Valverde fue electo de manera continua desde 1934 hasta 1948.

¿Por qué hay que estar cambiando diputados cada 4 años? Esto lo que ha provocado es una piñata de curules, y una llegada a la Asamblea Legislativa de personajes que no tienen ninguna distinción ni trascendencia parlamentaria. Hemos provocado del Congreso en mucho una congregación de personas mal preparadas para ese cargo de diputado, hasta de analfabetas parlamentarios, de gente sin interés de hacer carrera parlamentaria y de especializarse en asuntos legislativos. Es suficiente decir que cada año se integran y desintegran las comisiones parlamentarias y la rotación que se produce provoca el desconocimiento de los proyectos de ley que están en trámites en esas comisiones legislativas, que se han convertido en pasarelas curriculares legislativas.

La experiencia internacional de todo el continente americano, y de toda Europa, es la reelección continua de Presidentes, de Jefes de Gobiernos y de Primeros Ministros, donde correspondan, así como de los parlamentarios o de los diputados, en cada país y en sus organismos regionales internacionales.

Hagamos algo por mejorar la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y la institucionalidad política costarricense. Otro camino podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. De esto escribiré después.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

¿Cuál es la reforma electoral que más urge?

Vladimir de la Cruz

Se ha anunciado que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, solicitó a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, Eugenia Zamora, apoyo para promover e impulsar reformas a la legislación electoral nacional con ánimo de fortalecer los sistemas de financiamiento de los partidos políticos, y atender también, entre otros aspectos, lo relacionado con la regulación de las redes sociales en las campañas.

El Presidente legislativo se preocupará de buscar el mecanismo que facilite el mejor trámite rápido a las reformas que corresponda impulsar y aprobar, integrando una Comisión Especial que, de manera exclusiva, atienda el estudio de estas reformas electorales, que comprende, además, el estudio de más de 50 Proyectos de Ley, en trámite legislativo, que tienden a producir reformas en el sistema electoral.

Sugiero que públicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, por medio del Instituto de Formación en Democracia, IFED, bajo su potestad, en coordinación con la Presidencia Legislativa, desarrolle, un ciclo de Foros continuos, todos los días de ser necesario, de 4 a 8 p.m., en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, o en la Sala de Jefes de Estado y de Presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, donde con analistas, comentaristas, periodistas del ámbito político, gestores de opinión, representantes de los partidos políticos, de los sindicatos y otras organizaciones sociales interesadas, y los proponentes de los Proyectos de Ley, entre otros, se analicen y discutan esos proyectos, y esas posibles reformas, que se quieren introducir en la legislación electoral, con el propósito de que ese esfuerzo, que se va a realizar, se enriquezca con otras opiniones.

Estos Foros, pueden ser transmitidos por las redes sociales que ya usa el IFED, a las cuales puede añadirse la de la Biblioteca Nacional, que realiza una excelente labor con ese trabajo de divulgación de sus actividades culturales.

Todavía hay tiempo para cualquier modificación de leyes, o de la misma Constitución, que se pueda tramitar para que entre en vigencia a partir de los comicios nacionales del 2026. Queda todo lo restante del año 2023 y todo el año 2024, ya que, en el año 2025, en enero debe estar aprobado el Calendario Electoral de las elecciones que iniciarían en noviembre, de ese año, para concluir en febrero o en abril del 2026. Hay tiempo si se sabe aprovechar y si se pone la voluntad política para actuar.

Se le está dando prioridad, en la antesala de esta discusión, que debe ser nacional, y no solo de un petit comité parlamentario, al aspecto de financiamiento y el manejo de redes.

Si del financiamiento electoral se trata, lanzo un primer dardo. Espero afinar mi puntería.

Lo primero que hay que entender en materia de financiamiento de las campañas electorales a cargo del Estado, es que cuando se aprobó esa legislación, hace ya varias décadas, se hizo con sentido democrático muy certero. Garantizar el financiamiento de los partidos a cargo del presupuesto público, para quitar, del proceso electoral, el control que personas, o pequeños grupos de personas, financiando partidos, los controlaran, o pudieran tener tal nivel de poder en ellos, para imponer los candidatos a su antojo en los distintos órdenes de elección.

Junto al financiamiento electoral nacional se permitió el financiamiento privado, al que se le han metido ciertos candados, pero no se ha prohibido del todo, o no se ha regulado de manera más precisa. Veamos.

El Presupuesto Nacional que se destina al financiamiento electoral de las campañas descansa en el 0.17% del PIB, del período fiscal tras anterior a la campaña electoral. Eso es hoy, y desde hace algunas campañas electorales atrás, un montón de millones de colones. Por eso es que demagógicamente, al filo de cada campaña, se aprueban reformas legales para que ese 0.17% no se aplique todo, y lo rebajan al 0.11%, como se ha venido haciendo. Demagógicamente anuncian esa disminución como un triunfo democrático en el ahorro del gasto público. Aun así es mucho dinero. Cualquier rebaja o corte le debería quedar al TSE para su misión de educar electoralmente en democracia. Hay que entender que la democracia hay que pagarla, y los procesos electorales también. Si no los paga el Estado, a los partidos les pueden llegar fondos no muy sanos, que pueden ser de la narco política, que se está organizando, de grupos mafiosos o de personas que han entendido que con el tipo de financiamiento público, pueden hacer clavos de oro, porque la legislación permite que los partidos contra sus presupuestos de gastos electorales, y préstamos que consiguen, puedan vender bonos con altos descuentos. República Dominicana y Colombia son ejemplos de estas mala influencias en procesos electorales pasados. Todo el dinero que se mueve de los presupuestos que están obligados a presentar todos los partidos políticos, sobre los gastos de su participación en la campaña electoral a la que van, no alcanza ni al 60% de ese 0.11%.

Esto es lo que hay que controlar. ¿Cómo? La fórmula más democrática que yo veo es la siguiente.

1.- Hay que garantizar legalmente que todos los partidos tengan igual acceso al financiamiento electoral público. Actualmente solo tienen acceso los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Esto no es nada democrático porque a todos los partidos, que se inscriben, les dan la misma posibilidad de participar, y todos los electores nacionales valen, para todos los partidos, de igual forma. Sin embargo, en la realidad no opera así. Los electores de los partidos que no llegan al 4% de votos, o no eligen un diputado, no se reconocen como iguales en su resultado, castigando a estos partidos con no recibir nada, absolutamente nada, de sus gastos electorales, que también realizan al igual que los partidos que sacan más del 4% de votos o eligen un diputado. Y, el valor económico, de estos votantes, se distribuye entre los votantes de los partidos que sacan el 4% o eligen diputado, dándoles más valor económico cuando desde el origen de la campaña, todos los ciudadanos, todos los electores, teóricamente valen igual.

Si se diera, en posibilidad, para todos los partidos, este financiamiento se resolverían prácticamente todos los problemas que esto causa actualmente.

2.- Si se asegurara este financiamiento, de esta manera, se podría prohibir totalmente cualquier financiamiento privado a los partidos, y no habría posibilidad alguna que puedan endeudarse extraoficialmente porque no se podría justificar ese endeudamiento, ni venta de bonos, porque los partidos tendrían asegurado su financiamiento. Aquí se acabarían los negocios, y negocitos, que se hacen, con estos financiamientos, a los partidos políticos desde el sector privado, y desde los bancos, que prácticamente financian campañas casi completas… a ciertos partidos, o a los que estudian que pueden asegurar, por sus resultados, las inversiones que en ellos hacen, sin importar ya el color o la ideología que se les imputen. Lo que interesa es hacer dinero…con el sobre pago de los bonos de la campaña electoral.

3.- El Tribunal Supremo Electoral puede asegurar el buen uso del dinero que se destine a cada partido, en correspondencia al financiamiento nacional disponible. ¿Cómo? Se abrirían cuentas oficiales, en bancos autorizados, pueden ser todos los del sistema bancario nacional, cuentas bajo estricto control del Tribunal Supremo de Elecciones, que colocará allí los dineros públicos que le correspondan a esos partidos, contra el giro autorizado de los contratos que esos partidos hagan para sus respectivos gastos de la campaña electoral.

Igual que ahora, todos los gastos deben someterse por contratos debidamente hechos, que se presentarían ante del Tribunal supremo de Elecciones, para su respectivo control de legalidad. Si son contratos, por ejemplo, con empresas o medios de comunicación, debidamente inscritos, como se acostumbra, con sus tarifas autorizadas, las empresas tendrían mayor garantía de pago, porque la plata está en las cuentas de los partidos, la que se giraría contra la pauta contratada. Les llegaría el mismo dinero a esas empresas y medios de comunicación al 100% de su valor y no con bonos de posible recuperación, como sucede en muchos casos. Les llegaría, igualmente, dinero seguro a todos los medios, grandes y pequeños, y a los programas de opinión, que también se inscriben en las campañas electorales, favoreciendo de esta manera la democracia informativa y formativa nacional de los ciudadanos. Bien podría establecerse que ese financiamiento publicitario es para divulgar los programas electorales y las calidades de los candidatos. Igual podría regularse la crítica pública entre partidos. Quedaría, prácticamente, por fuera el uso de medios indecorosos, fraudulentos, de troles, y otras especies similares porque no podrían pagarse a cargo del presupuesto público electoral. El partido que hiciere esto podría ser castigado severamente, en lo civil y en lo que penalmente correspondiere.

Si se abriere el portillo del financiamiento privado, en esta fórmula de financiamiento, esos financiamientos privados entrarían obligatoriamente a las cuentas públicas, abiertas por el Tribunal Supremo de Elecciones, bajo la forma de donación, que se sumaría al resto del dinero que en esas cuentas haya del financiamiento que corresponda, sin que generen obligaciones con esos donantes, ni posibilidad de recuperación de dineros, porque lo que no se gaste en la campaña, contra los presupuestos presentados, quedaría a fondo, siempre bajo control del TSE, para las campañas municipales, o para garantizar el uso permanente de instalaciones partidarias en la capital, o en ciudades, donde los partidos puedan mantenerlas en actividad político formativa y organizativa de sus propios cuadros políticos.

4.- ¿Cómo asegurar una distribución equitativa del presupuesto nacional electoral, del 0.17%, o del 0.11%, o del porcentaje que se disponga, para los partidos políticos que van a participar en una elección? En el supuesto que se destine todo, solo para facilitar esta explicación, se procedería así. Todo el presupuesto se divide en dos partes iguales de 50%. La primera mitad se distribuiría entre los partidos políticos que participaron en la campaña pasada y repiten en la nueva campaña electoral, en proporción a los votos que obtuvieron en esa campaña anterior. Con eso aseguran un porcentual de dinero para su campaña. La otra mitad, el otro 50% disponible, se divide en partes iguales proporcionales a todos los partidos que se inscriben para la siguiente campaña. Así, los partidos que repiten aumentan un porcentaje más su disponibilidad de gastos y, los nuevos partidos, los que por primera vez participan, aseguran un gasto electoral, cuyo porcentaje asegurará, sin dudas, la posibilidad de que puedan realizar una mínima campaña electoral decorosa, digna y decente.

5.- La clave de todo este proceso está en las cuentas oficiales que abra el TSE a cada partido, donde se depositará el dinero que les corresponda, contra los contratos de gastos hechos y aprobados por el TSE. En la práctica este trabajo lo hace el TSE cuando acaban las elecciones y se liquidan los gastos para ver si se procedió bien o no. Este proceso evitaría, en mucho, que tesoreros, y personeros de los partidos, puedan verse involucrados en procesos fraudulentos de financiamientos y en posibilidad de verse involucrados en denuncias penales y encarcelamientos como ya ha sucedido.

Esta es una primera opinión mía sobre esta temática. Abramos o iniciemos un debate, una discusión, un análisis sobre esta temática, que ya van a empezar a cuajar entre la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Que se discuta de cara al público, a los ciudadanos, al electorado y a los interesados en los asuntos políticos del Estado, del Gobierno, de la Democracia y de la Democracia Electoral costarricense, que es lo que a todos nos interesa salvo guardar.