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Etiqueta: reforma fiscal

La Zona Sur de Puntarenas en Lucha

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Manifiesto “SUR – SUR”

Quienes firmamos el presente documento, todos-todas representantes de las respectivas organizaciones sociales, que trabajamos en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades vinculadas a nuestro quehacer, en particular, y de la Zona Sur (cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus), en general:

Considerando:

  1. Que la Región Brunca ha sido históricamente, y es en el presente, una de las regiones más pobres, deprimidas y abandonadas del país.
  2. Que, en el presente, según los resultados de la más reciente encuesta de Hogares del INEC, la Región Brunca sigue presentándose, al igual que el resto de las regiones periféricas al Valle Central, como una de las más empobrecidas y abandonadas.
  3. El tiempo pasa y la realidad de la pobreza, la exclusión social y la marginación económica aumenta negativamente.
  4. Que, a lado de estas circunstancias, en una propuesta que apunta a empeorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, y del país en general, el actual gobierno –siguiendo los pasos de las anteriores administraciones gubernamentales–, sumado al sector financiero y al gran empresariado exportador, como únicos beneficiarios de las ganancias generadas por más de 40 años de gestión sustentada en la propuesta económica neoliberal, ha impuesto una reforma fiscal inconsulta y antidemocrática. Esta re-forma, además de que no va a sanear el problema del déficit fiscal, cargará sobre los hombros de los trabajadores de sectores populares y asalariados el peso de los impuestos, mientras exonera a los grandes exportadores y a los sectores privilegiados del país, omitiendo establecer políticas rigurosas que permitan penalizar y disminuir en términos reales los altísimos rubros de evasión y elusión fiscal en que incurren esos mismos sectores empresariales y comerciales.

Nos pronunciamos para exigir a las autoridades del actual gobierno, y a todas las instituciones del Estado involucradas en la promoción y vigencia del desarrollo humano, lo siguiente:

En relación con los sectores del campesinado, sus luchas y esfuerzos por sobrevivir y mantener su cultura, base de la identidad y la cultura nacional, exigimos:

  • Acceso pronto y oportuno a tierra. Además, la titulación de parcelas en tiempo prudencial.
  • Respeto a nuestras formas de vida y de producción, y apoyo para el rescate y fortalecimiento de nuestra cultura y nuestros estilos de vida.
  • Respuesta pronta sobre el otorgamiento de títulos de propiedad a las familias que habitan en tierras tomadas o en precarios.
  • Fomento y apoyo para la producción de agricultura familiar, orientada a la subsistencia, el intercambio y la comercialización.
  • Capacitación técnica y financiera para producir con eficiencia, sin dañar la tierra, y asegurar la sostenibilidad real de los elementos de la naturaleza.

En relación con los problemas y riesgos de los diques en los Río Térraba, y con la prevención de riesgos en las comunidades potencialmente afectadas por esta situación:

  • Realizar de forma urgente la reparación de las 7 fracturas del dique existente entre Palmar Sur y Finca 9.
  • Trabajar en la construcción y mantenimiento permanente del dique, para que se inicien labores en el próximo verano, pues están en riesgo 15 mil personas (CNE),
  • Realizar la limpieza y dragar todos los canales de las fincas de Palmar Sur (al SENARA).
  • Nombrar una comisión conjunta con la CNE, que valore los riesgos de los demás ríos de la Zona Sur de Puntarenas, y emprender, en los canales que sea necesario intervenir, acciones preventivas, de limpieza y dragado.

En relación con el apoyo y acompañamiento a la pesca artesanal, y en particular al sector de pequeños piangueros:

  • Que se ponga en ejecución el Plan General de Manejo y Aprovechamiento de Manglares de la Bahía Golfito que aprobó el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del SINACMINAE, acuerdo de la Sesión Ordinaria Nº 01-2018 22 de enero del 2018.
  • Que las autoridades del SINAC otorguen los 40 permisos de aprovechamiento de extracción a los afiliados de APIAPU.
  • Que el MINAE y la fuerza pública mantengan la vigilancia necesaria para que aseguren la protección del manglar, con el fin para evitar la sobrexplotación.
  • Que INCOPESCA y MINAE aseguren las condiciones para que se respeten las temporadas de veda, con el fin de resguardar el ciclo natural de reproducción de la piangua.

En relación con el seguimiento del caso de los ex trabajadores bananeros afectados por el nemagón:

  • Que se haga justicia con los ex trabajadores bananeros que fueron esterilizados y envenenados en 1975 por la compañía bananera de Costa Rica (al gobierno y al INS).
  • Descentralización del INS, en todas las agencias del país, para realizar los trámites de afectados directos e indirectos del NEMAGÓN, a fin de asegurar una justa y pronta indemnización.

En relación con la situación de los ex oreros:

  • Que se proceda con el resarcimiento económico a la población de oreros por los daños causados ante el desalojo del parque Corcovado, en 1986, y del parque Piedras Blancas, en 1992 (Minae).
  • Que se agilice el expediente 20.743 de la Asamblea Legislativa, para que el Minae pueda firmar fideicomisos.

En relación con el expediente 20.725, “Ley para cerrar JUDESUR y dotar de más recursos a las Municipalidades del Sur de Puntarenas”:

  • Que los diputados de la provincia de Puntarenas informen, de manera transparente y amplia, y que expliquen a la ciudadanía y a los pobladores de la región, sobre el trámite y sobre los alcances de este proyecto en la Asamblea Legislativa.
  • Solicitar a las municipalidades de la zona que informen sobre la posición que tienen respecto a ese proyecto.

Igualmente, ante la sistemática y creciente condición de pobreza y exclusión social y económica que afrontan las comunidades de la Zona Sur, solicitamos al gobierno nacional y a las respectivas autoridades regionales que, de manera oportuna y eficiente, se activen acciones para el desarrollo local, tal como corresponde con sus obligaciones constitucionales, tendientes a facilitar acceso a vivienda digna, educación de calidad, salud integral, trabajo y protección de los recursos y elementos de la naturaleza, que constituyen uno de los principales acervos de la región para el país y el mundo.

Acuerdos tomados en parcela de Enrique Beita, Corredores: a las 13.30 horas del sábado 01 de diciembre del 2018.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Un balance sobre la huelga

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Por Marjorie Hernández Delgado

¿SE PERDIÓ LA HUELGA?

Deseo aclararle lo siguiente a aquellos que están diciendo que deponemos la huelga, porque esta se perdió contra la ley 20580:

La huelga se levanta porque ya se cumplió el fin para la cual se había convocado. El propósito era la lucha por un Plan Fiscal justo y progresivo. Y la decisión fue llevar la lucha hasta el final. Si ya había cumplido todo el proceso, ¿qué sentido u objetivo tenía continuar en huelga? No creo que se perdiera la lucha, todo lo contrario. La ley 20580 se caerá solita ya lo verán, es cuestión de tiempo. En realidad lo negativo en esta batalla fue la persecución, presión, acoso, humillaciones, burlas, amenazas que sufrimos quienes asumimos el compromiso de salir a las calles con la convicción de que esta era una causa justa y necesaria.

Lo demás, fue solo ganar-ganar: Se logró abrir un debate nacional en torno al 20580, se dio un despertar de conciencias sobre la importancia de conocer las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa y el rol que tenemos como ciudadanos costarricenses, nuestra responsabilidad en la participación de las políticas públicas. O sea se inició un proceso de educación ciudadana. Lo cual considero es de suma importancia en momentos donde la ciudadanía desconoce sus derechos y deberes.

Se iniciaron cambios que siguen su curso y es cuestión de tiempo (no mucho) que se darán verdaderas transformaciones. Esta huelga, por sí misma, ha dejado un precedente histórico nunca antes vivido en la historia de Costa Rica porque ha tenido un efecto transformador y el tiempo nos dará la razón. Nos retiramos muy orgullosos de la lucha dada, valientes y decididos fueron mis compañeros en esta batalla. Y aunque intentaron violentar nuestro derecho constitucional de huelga, no lograron hacernos claudicar. Quedó en evidencia la violación del art. 9 de nuestra Carta Magna. Y sobre esto hay mucho que trabajar. Así es que como pueden darse cuenta, la huelga no se perdió.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por la autora.

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Carta pública a las organizaciones magisteriales

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José de Costa Rica, 3 de diciembre de 2018.

De Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la UNA

A los compañeros de las organizaciones magisteriales (ANDE, APSE, SEC, SINPAE Y OTROS)

La justa y prolongada huelga que ustedes han mantenido, a lo largo de más de ochenta días, contra viento y marea, contra toda clase de amenazas, en medio de un cerco ideológico violento y totalitario, donde los medios de (in)comunicación social mienten y tergiversan lo que está pasando en el país, mientras se preparan para asaltar la institucionalidad del país, buscando que la deuda pública siga creciendo hasta el infinito hasta que se vuelva inmanejable, de tal manera que habiendo llegado a ese punto tengamos que someternos a los dictados del Fondo Monetario Internacional: Entonces liquidarán a precios de baratillo nuestras instituciones más importantes como la Caja del Seguro Social y el ICE dándoselas a sus amigotes, así como ya entregaron el monopolio de los contenedores en Moín a la empresa holandesa a APM Terminals, lo que traerá más hambre y desempleo en nuestro puerto caribeño. Por ahora, los políticos y gobernantes han emprendido una contrarreforma laboral que congela los salarios de los trabajadores del sector público, castiga con impuestos indirectos a los sectores más desfavorecidos, los que aún no logran entender lo que pasará, por lo que algunas de estas gentes nos atacan. Especulando con las tasas de interés de los bonos de la deuda pública y con el valor de la moneda nacional ya depreciaron los salarios reales, es decir ya redujeron su poder de compra mientras los congelan, de manera formal, es por eso que la economía no crecerá al estancarse el PIB, conformado en buena medida por los gastos de los hogares costarricenses. Lo más grave está por venir, sin embargo, con la ley del empleo público, con el saqueo de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional, cuyos fondos fueron saqueados en la década de los noventa, perdiéndose alrededor de un billón de colón en un agujero negro, del que nadie quiere hablar, mientras el de la caja es constantemente manipulado y puesto en riesgo, es por eso que hoy debemos estar más unidos que nunca.

A los compañeros del SEC les digo que el hecho de que hayan decidido levantar la huelga no los separa del resto de las organizaciones magisteriales, como fundador que fui de ese sindicato (acabamos de despedir a su primer presidente, el compañero Carlos Vargas Solano, fallecido hace apenas un mes, con quien compartimos muchos episodios de lucha) les pido reflexionar y manejarse con mucho cuidado, algunos políticos rondan por ahí y podrían querer confundirnos.

A los compañeros de la ANDE, a quienes acompañé por todo el país después de la huelga de julio-agosto de 1995, a petición de la recordada compañera Lilliam Mora, gran dirigente de aquellos años, para reflexionar sobre las consecuencias y alcances de aquellas jornadas de lucha tan importantes, un saludo fraternal y respetuoso.

A los compañeros de APSE, y de otras organizaciones, que con tenacidad y un valor inmenso han levantado las banderas de lucha sin dejarlas caer un solo momento, va también mi saludo, no desmayen en esta lucha que la semilla que ya sembraron fructificará en suelo fértil, en todas las luchas que vendrán.

Sólo la unidad y la persistencia en los objetivos planteados en este momento histórico nos permitirá alcanzar la victoria. Con todo mi afecto y respeto para ustedes.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Experiencias y aprendizajes de la huelga magisterial

Enviado por Rogelio Cedeño Castro.

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Carta a don Alfredo González Flores

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca D.

Don Alfredo, hoy es un día triste, muy triste para mí y quienes todavía luchamos por la justicia social. En un día tan amargo, solo se me ocurrió buscar refugio en alguien como usted, que sufrió una situación, posiblemente más dramática, que la mía. Me he preguntado una y otra vez por qué usted guardó tanto silencio sobre todas las agresiones sufridas y nunca se auto compadeció ni se dio por derrotado.

Fíjese, que el 23 de noviembre, a altas horas de la noche, como hacen quienes asaltan lo que no les pertenece, una instancia de la Corte Suprema de Justicia, creada para velar por el cumplimiento de la Constitución Política, saca un fallo que contradice, precisamente, la Constitución y, como Pilatos, se lava las manos argumentando situaciones de emergencia fiscal. ¡Situaciones de emergencia fiscal!

Todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su tenacidad y estudio por aprobar una Reforma Fiscal Justa y Solidaria, viene de nuevo a la palestra pública porque, en este momento, el déficit fiscal es de 6% del Producto Interno Bruto, la elusión y la evasión fiscal es del 8.2%; o sea, don Alfredo, el país está como hace un siglo, sangrando a los más pobres para que engorden sus capitales los nacionales y extranjeros que, con la complicidad de la misma prensa que le montó a usted la campaña difamatoria, montó una campaña guerrerista contra los sindicatos y educadores que se opusieron a una Reforma Fiscal que exprime la última gota de sangre a los más pobres para regalársela a los banqueros. En este caso, le entregan el país a un consorcio de usureros internacionales llamado FMI (Fondo Monetario Internacional); el cual, más bien, debería llamarse, Fondo de la Mafia Internacional.

La situación es muy compleja. Hoy como ayer, se cumple la sentencia de William Walker, lo que no pudieron las armas, lo podrán los dólares. Usted sabe de lo que hablo, usted lo vivió con el Contrato Pinto-Greulich, usted mismo afirmó que los dólares de Valentine pusieron a bailar no solo a los legisladores sino también a los jueces. Fíjese que, el actual presidente de la República, joven como usted, pero ¡viera, qué diferencia!, se pondría a llorar, usted que fue tan ecuánime, la perdería, como la dejamos muchas y muchos hoy, le decía que ese joven se dejó decir en una universidad pública que la gesta de 1856 podría interpretarse: “como la lucha de un pueblo contra la dominación imperialista, pero también como la cabezonada de un rico comerciante que temía perder su privilegios y se oponía por tanto al avance del progreso”[1]. Imagínese reducir un proceso histórico de tanta trascendencia para la forja de Costa Rica como nación, a la juponada de un ambicioso. Seguro que ni sabe que al comerciante lo mataron los de su propia clase.

A usted también lo tildaron de cabezón, egocéntrico, autoritario; acusaron a toda su familia de ambiciosa; y todo, porque quería poner en práctica su máxima: “No puede haber democracia donde hay miseria y esta vive donde no hay trabajo”. Y todo porque quería combatir la pobreza, crear fuentes dignas de trabajo con una Reforma fiscal en la que “Los ricos pagarían como ricos y los pobres como pobres”.

Uno de los actos que más admiro en usted fue la manera en que traicionó a los de su clase, a la oligarquía que lo había llevado al poder mediante el pacto Durán- González, por el bien del pueblo. Cuando le reclamaron, su respuesta es digna de escribirse y publicarse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Usted fue leal a sus principios cuando les respondió: que dichas promesas lo ataban como simple particular, pero no como gobernante, pues esas promesas y prendas eran obras del candidato a la Designatura y no del Designado en ejercicio. Eso es gobernar para el pueblo y por el pueblo.

Ese mismo joven que descalificó a Juanito Mora repartió promesas entre el pueblo; sin embargo, ahora, traicionó y sacrificó al pueblo en aras del dios capital. ¡Ese es su amo y señor!

Pero, no todo está perdido. Así como a los Tinoco los votaron los y las educadoras. Hoy día, han sido, sobre todo, las educadoras y los educadores quienes han emprendido una cruzada por la dignidad nacional. Foros de 200 o más educadores reunidos durante días y días discutiendo acerca de los problemas nacionales y cómo construir una Patria Justa.

Las gestas del pueblo no se borran por decreto de filibusteros pasados o presentes. De ellas, surgen los retoños y las manos que abrazan el porvenir de la Justicia.

[1] En: https://www.facebook.com/sergioerick.ardonramirez/posts/2158556167488001

 

Imagen tomada de Mis libros con notas.

Enviado por la autora.

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El genoma antidemocrático del plan fiscal de Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.

1) Embarrialar la cancha

Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.

Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.

De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.

Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.

2) El orden institucional-democrático en tensión

Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.

Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.

Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.

Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.

La jefa del equipo económico de C. Alvarado.

3) Poner a la democracia contra la democracia

La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.

El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.

La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.

Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.

Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.

Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.

Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.

El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.

Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Enviado por el autor.

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Huelga de educadores y sedición política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández Venegas

“(…) por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres” (Cervantes)

 

De las tantas sentencias de los juzgados de trabajo, que en seguidilla han declarado ilegales las huelgas de los servidores públicos, contra el proyecto de ley de reforma fiscal, muchas podrían pasar por su contenido común inadvertidas, salvo una, que por su extraordinaria gravedad no puede ser susceptible de esa indiferencia.

Un Juez de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, rubricó la ilegalidad de la huelga de las personas trabajadoras del MEP, no porque no se hayan cumplido los requisitos que exige el Código de Trabajo, sino porque en criterio del justiciero, los servidores incurrieron en actos “(…) que deben necesariamente entenderse como violatorios de la naturaleza pacífica” que debe tener el movimiento; es decir, en actos de violencia y coacción desautorizados por la Constitución Política.

Pero estas apreciaciones subjetivas del juzgador no llegaron hasta aquí, de toda manera, absolutamente ausentes de fundamento probatorio, lanzadas gratuitamente contra las reglas de la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano, a contrapelo del artículo 481 del Código de Trabajo.

Como si lo anterior no fuera poco, además, el veredicto afirmó que las acciones de los trabajadores vulneraron “las mismas bases constitucionales” del sistema costarricense (así como lo estoy escribiendo, por aquello de alguna incredulidad).

Entonces, no fue por cualquier cosa que se declaró ilegal esta huelga, por cierto la única que se mantiene firme contra aquel proyecto legislativo. No fue por el incumplimiento de algún requisito ordinario de la legislación laboral, que ya de por sí la Reforma Procesal Laboral se encargó de endurecer, sino por una razón de grueso calibre, inconcebible a estas alturas, cuando ya nuestro sistema republicano se apresta a cumplir 7 décadas, fundado en la supremacía de los Derechos Humanos.

La sentencia del juzgador, sin más, criminalizó la protesta social, censurando la libertad de expresión, reunión y manifestación pública de las personas trabajadoras, que no son menos ciudadanos, libertades inescindibles del derecho de huelga. La huelga es libertad de presión y expresión.

El fallo condena las movilizaciones y manifestaciones de los trabajadores en las vías públicas, en el imaginario del juez contrarias a la sobredimensionada libertad de tránsito, seducido por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina -así como lo leen-, un país cuya tradición democrática deja mucho que desear, donde el ejército ha puesto y quitado los jueces.

La sentencia preterió aplicar la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro país, vinculante, que resuelve que la libertad de expresión confluye en la libertad de reunión y manifestación pública –la dimensión colectiva de la libertad de expresión-, que “(…) al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”. (Entre otras, Res. 2012-017027)

Además, la jurisprudencia constitucional define que no se lesiona la libertad de tránsito “(…) cuando la manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no impide el libre tránsito a través de vías alternas”. (id)

Decir, como lo predica la sentencia, que las movilizaciones de los trabajadores violentaron la libertad de tránsito, implicaría sostener, por paridad de razón, que la Romería a Cartago, la Caminata de la Lucha contra el cáncer y otras tantas actividades que se realizan en los espacios públicos, son eventos que no tienen carácter pacífico, porque, en definitiva, implican una limitación de la libertad de tránsito.

Sólo que a nadie, eso sí, se le ocurriría afirmar que estas actividades vulneran las bases constitucionales del sistema democrático, que fue la premisa ideológica de la que partió el juez para reprochar la ilegalidad de la huelga, revelando una fuerte animosidad contra los derechos de libertad, participación política y ciudadana de las personas trabajadoras.

La sentencia está recurrida y le corresponderá al Tribunal de Apelaciones revisar este pronunciamiento judicial.

No hay duda que la sentencia será examinada rigurosamente, por jueces con sensibilidad democrática y el serio agravio, por un lado, contra las libertades fundamentales y por otro lado, contra las maestras y profesores, prácticamente tratados como sujetos sediciosos, será reparado.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por el autor.

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La recuperación de la democracia en las calles, puentes y plazas públicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández Venegas

“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores” (Proverbio africano)

Un tema novedoso, controversial, en los procesos de calificación de huelga que están en curso en los tribunales de trabajo, contra el Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580, concierne a la causa, en el sentido jurídico, de este conflicto colectivo.

Hasta ahora, las sentencias se han partido en dos aguas: algunas determinaron que la huelga de carácter político-laboral, contra políticas públicas, no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, cuya consideración llevó a los juzgadores de la mano a declarar la ilegalidad de esos movimientos.

Otros pronunciamientos judiciales, por contrario, definieron que se trata de una especie de huelga atípica, admisible en nuestro ordenamiento, por la vía de la incorporación de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que en materia de huelga han definido los alcances del C. 87 OIT.

Esta controversia judicial, más allá de la crítica de dichos pronunciamientos, que no es objeto de esta reflexión, nos concita a visibilizar y revalorizar la función que los sindicatos deben cumplir en una sociedad democrática.

La Libertad Sindical es un componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas más reconocidos destacan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni), la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos (Verdier) y Lyon-Caen concluye que no existe democracia, sino existe libertad sindical.

Por nuestro lado, la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, representativa, participativa, multiétnica y pluricultural, cuya soberanía reside en el pueblo.

En el marco de esta definición programática, política, que no podemos olvidar la base de producción y apropiación capitalista en que se radica esta declaración constitucional, tenemos que circunscribir la función que le corresponde asumir a los sindicatos.

Los sindicatos son entidades de relevancia constitucional (art. 60), que les compete la representación colectiva de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras; es decir, los intereses profesionales, cuya consecución se materializa en la negociación colectiva (principio de autonomía colectiva) y también mediante el recurso a la huelga.

Pero la función de los sindicatos no se restringe exclusivamente a esta representación colectiva, de carácter gremial.

Quienes sostienen, por contrario, esta posición reduccionista de la función de los sindicatos -por cierto, con una doble moral, porque, por una parte, la tratan de constreñir a este papel, pero por otra parte, son los primeros que salen a defender las prácticas antisindicales de las empresas-, convenientemente enervan la proyección que se deriva de los postulados del Estado Social de Derecho, democrático y participativo.

Además de la promoción de los intereses profesionales, a los sindicatos no le es ajena la tutela de los intereses político-sociales de la población, en general, dentro de la cual quedan inmersos los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras.

Este reconocimiento, en una sociedad plural, democrática, implica admitir, sin más, que los sindicatos pueden confrontar los poderes públicos, en su carácter de tales, contra las políticas públicas, económicas y sociales, recurriendo legítimamente a los instrumentos de participación ciudadana y acciones de autotutela colectiva que comprende nuestro ordenamiento jurídico, incluida la huelga, Libertad de presión y expresión de la clase trabajadora.

La coyuntura nacional por la que atravesamos no podría ser más oportuna para rescatar y resaltar una extraordinaria disposición contenida en el Código de Trabajo, que desafortunadamente pasa por mucho inadvertida:

“Artículo 332.- Declárase de interés público la constitución de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.

Esta bellísima norma, de gran calado político, debería estar esculpida en arco, a la entrada del Ministerio de Trabajo, que no obstante que el Código de Trabajo obliga a este despacho de Gobierno a “garantizar la efectividad del derecho de sindicación” (art. 361), las autoridades de turno, cada cuatro años, han quedado con tanta deuda con los trabajadores y defraudado el cumplimiento de esta obligación legal.

La acción política, de protesta social, de los sindicatos contra los poderes públicos que impulsan frenéticamente aquel funesto y regresivo proyecto de reforma fiscal, se ha materializado en los espacios públicos, calles, puentes, plazas públicas, en los paisajes urbanos, rurales y costeros del país, donde los trabajadores han recuperado sus derechos políticos de expresión, participación, movilización, reunión y resistencia, inherentes a la democracia, aunque fueron reprimidos por la acción policial y judicial, que no tienen acceso al lobby legislativo que las corporaciones y los rapaces intereses económicos se garantizan desde el financiamiento de las campañas electorales.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

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Caravana del Fraude Fiscal

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

  • Por una reforma fiscal justa y solidaria

 

Como una iniciativa socioeducativa y artística para informar sobre las implicaciones del Plan Fiscal, este jueves 25 de octubre se estará realizando la “Caravana del Fraude Fiscal” en San Ramón de Alajuela, Sede de Occidente, UCR:

  • 10 a.m. Teatro y volanteo en Mercado y Parque de San Ramón
  • 1 p.m. Taller de herramientas artísticas para informar sobre la Reforma Fiscal en la sede UCR

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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¡El déficit fiscal y la enorme deuda pública reclaman un sistema tributario integral!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Isaac Hernandez Vargas

 

Considera el Sr. Presidente que debe de celebrar por la aprobación preliminar por parte de la Asamblea Legislativa, del Proyecto 20.580, y lo define como: “…un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable” (1).

¿Qué se entiende por “una economía sana y estable”? A mi parecer, debe de ser una que sea dinámica, próspera, auto suficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente, que no dependa de las deudas ni de ninguna moneda extranjera y que posibilite la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre los ciudadanos (art. 50 Constitución Política).

El Sr. Presidente, dice que “Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo”. Pero la verdad, lo que cabe decir es que ¡”cada empresa y cada persona que lucre y genere riqueza, cuenta!”. Es un hecho económico reconocido, que son las empresas, nacionales y extranjeras, las que generan los mayores ingresos y grandes capitales y no tanto las personas físicas o asalariadas. ¡Y también es un hecho económico, de claridad meridiana, que tanto la evasión como la elusión fiscal en Costa Rica, equivalen a miles y miles de millones de colones!

Una economía sana y estable, no se puede lograr cargando sobre el pueblo en general y las empresas que sí tributan, el pago de las obligaciones del Estado.

Dicho proyecto, aún no refleja, que como dice el Sr. Presidente: “estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”.

El sólo hecho de que las empresas generen empleo, no las exime de tributar, ni dentro, ni fuera de zona franca. El Estado costarricense es uno solo, y nuestro territorio, es uno solo. Nadie debería considerar que sus negocios, en Costa Rica, son extra-territoriales y “blindados” contra el ojo Fiscal y ello incluye al “portal” de importaciones en Golfito. Mucho menos, si se le exige a los ciudadanos asalariados el tributar sin falta y pagar hasta 101 tipos diferentes de impuestos (2). ¡Mucho menos con el nivel de DEUDA PUBLICA que tiene el Estado costarricense!

¿Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo, tiene que seguir pagando el Impuesto Único a los combustibles, para siempre? («Per omnia saecula seculorum.») ¡Y que el pueblo ama el subsidiar y aumentar con sus sacrificios las ganancias de los ya acaudalados!

¡Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo debe seguir cargando sobre sus hombros la gigantesca Deuda Pública, aprobando un Proyecto Fiscal como el 20.580 que de ninguna manera provee una solución responsable a la ya añeja falta de recursos propios del Estado! ¡Ponen “remiendos viejos”, en odres nuevos! ( Marcos 2:22).

Ingrese en el siguiente enlace para leer el texto completo:

-EL DÉFICIT FISCAL Y LA ENORME DEUDA PUBLICA RECLAMAN UN SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRAL!Descargar

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado por el autor.

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Mujeres y grupos sociales repudian plan fiscal

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mesoamericanas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, colectivos feministas convocadas por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste en el Encuentro Mesoamericano “Juntarnos para la reflexión de la situación de las mujeres del campo”, el día 14 de octubre de 2018, desde la indignación y la necesidad de justicia social manifestamos:

La imposición de la reforma fiscal que quiere hacer el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en Costa Rica, atendiendo los intereses de quienes concentran el capital, atenta contra los principios de justicia social y económica y contra las mujeres de los sectores populares en particular. Las acciones de gobierno han estado caracterizadas por tergiversación de la realidad, desprecio de la opinión popular, invisibilización de las manifestaciones opositoras de cientos de miles de personas en diversas comunidades, persecución de las organizaciones gremiales, comunitarias y otras organizaciones populares, violación del derecho a huelga, persecución y represión de las manifestaciones de oposición en diferentes lugares del país.

Esta propuesta de reforma fiscal contiene impuestos regresivos y exoneraciones injustas, que provocaría un mayor empobrecimiento de los sectores marginados de este país, mientras que por otro lado, favorece el enriquecimiento por evasión y elusión fiscal.

El sistema económico actual favorece la concentración de los bienes del territorio nacional y el despojo de los sectores populares. Este proyecto de Ley impulsado por las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, conduciría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.

La desinformación desde los sectores dominantes del país ha promovido la división de buena parte de la sociedad y conduce a negar el derecho a la oposición, el derecho humano a la protesta y a que no se escuchen las propuestas alternativas que han construido organizaciones populares y gremiales.

El gobierno ha venido desarrollando una estrategia de agotamiento de los sectores y organizaciones que buscan una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esta estrategia pasa por generar desde noticias falsas, argumentos fundamentados en falacias, hasta el sabotaje y el uso directo de la fuerza a través de la violencia policial y la criminalización de la protesta social.

Las mujeres campesinas, indígenas y las organizaciones fortalecidas hemos determinado que el combo fiscal aumenta la feminización de la pobreza y pone en riesgo las actividades económicas de nuestras comunidades, incrementa los atentados contra una forma de vida saludable, contra la soberanía alimentaria, contra el ambiente sano y el bienestar de nuestras comunidades y familias. Este proyecto de Plan Fiscal limitaría aún más nuestras capacidades productivas y fomentaría la continuidad y expansión de los monocultivos como el de la piña.

Como organizaciones conscientes de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos sabemos que este combo fiscal no va a generar impactos sustantivos sobre el déficit que existe, o una dinamización sobre la producción del país, sino todo lo contrario, afectaría las diferentes actividades económicas.

Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo a quienes se mantiene en oposición al proyecto de ley 20.580 y multiplicamos el llamado a la movilización de las diferentes comunidades y organizaciones populares. Es desde los puntos en común entre las distintas organizaciones y movimientos, que podemos construir para transformar la opresión que enfrentamos.

Estamos convencidas que la Reforma Fiscal solo puede ir en una dirección: que quienes tienen más, paguen más. Por ello no puede haber reforma fiscal sin la participación de distintas organizaciones y movimientos en proyectos alternativos y solidarios. La canasta básica no debe ser gravada.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA

SALUD SIN PAREDES

AUTOCONVOCADAS NICARAGUA

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS ASTRADOMES

CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCION

ORGANIZACIÓN POLITICA CARMEN LYRA

HAND MAIDS-CR.

RED DE MUJERES NICARAGÜENSES

COLECTIVO AUTONOMO ESTUDIANTIL Y POPULAR EL QUILOMBO

RADIO 8 DE OCTUBRE

YARÄ KANIC

ASOCIACIÓN TINAMASTE

 

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales

Enviado por Alejandra Bonilla.

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