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Etiqueta: reforma social

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

Manuel Mora: In Memoriam

Roberto Salom E.

A partir de los años setenta formé parte de un movimiento social o sociopolítico más propiamente dicho, que, sin estar confrontado al Partido de Manuel Mora, aspiraba a ser un émulo crítico de ese partido.

A principios de esa década, al calor de la revolución cubana, del conflicto chino-soviético y de otros acontecimientos relacionados, se produjo en Costa Rica, al igual que en otros países centroamericanos, una especie de eclosión revolucionaria, especialmente entre sectores de la pequeña burguesía estudiantil e intelectual, que le imprimieron una nueva dinámica al movimiento de izquierda.

El movimiento del cual formé parte se constituyó en el Partido Socialista Costarricense, desde su nacimiento hasta su ocaso, unos veinte años después de su fundación. Una de las principales tesis que discutíamos con el partido de Manuel Mora estaba relacionada con el problema del poder.

Le achacábamos a ese partido y en particular a don Manuel, una ausencia de lucha por el poder en su práctica y en sus planteamientos. Creíamos entonces que ese era un problema decisivo que nos haría darle un impulso determinante a la revolución social en nuestro país.

Al calor de las discusiones que se dieron por aquella época en el seno de la izquierda, tuvimos nuestras primeras impresiones del viejo líder comunista y aprendimos a quererlo y a respetarlo. Con mucha más madurez personal y política que nosotros, nunca nos antagonizó gratuitamente y más bien, siempre nos dio un trato fraternal.

Desde otras tiendas políticas, la percepción que se tenía del partido de Manuel Mora, y en particular de él mismo, contrastaba con la nuestra. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones cómo para un líder de la clase política de este país, de la envergadura de Daniel Oduber, la reforma social de los años cuarenta no hubiera sido posible, si no fuera por el reto de las ideas de don Manuel, (Reflexiones No.31, p.6).

Hoy día, más que su propio partido, el nombre de Manuel Mora está asociado a todas las instituciones sociales de Costa Rica sin excepción; las cuales hicieron posible, en mucho de lo que tiene de positivo, la democracia y la relativa paz social, que a diferencia del resto de los países centroamericanos, han caracterizado la convivencia social en nuestro país desde el fin de la guerra civil de 1948 hasta nuestros días.

Ya sea de manera directa, por medio de sus propias iniciativas y concepciones, o como resultado indirecto de su lucha, las instituciones sociales de este país llevan el sello de Manuel Mora Valverde.

Hoy tenemos la oportunidad de revalorar la trayectoria política de este incansable y visionario luchador social de toda la vida. He llegado al convencimiento, de que una de las principales enseñanzas radica en su capacidad de realizar o poner en práctica sus ideas transformadoras, habiendo sido capaz, para ello de unir a fuerzas políticas y sociales muy amplias, por encima de las diferencias ideológicas que entonces pudieran existir entre ellas.

Manuel Mora demostró que en Costa Rica era posible impulsar grandes transformaciones sociales, en aras de una convivencia social más justa y civilizada, valiéndose del marco institucional, para ampliar el régimen de derecho y sentar así las bases para impulsar una democracia más avanzada, en la que las propias fuerzas socialistas tuvieran un espacio. Paradójicamente, como resultado de la guerra civil de 1948, el Partido Vanguardia Popular fue proscrito constitucionalmente, hasta que a principios de la década de los 70, se abolió el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política.

Para decirlo en el leguaje de Gramsci, Manuel Mora entendió la lucha social, más como una larga lucha de trincheras, que como una episódica guerra de posiciones, que se libra de una vez por todas, en un momento determinado. Por eso fue un luchador de toda la vida y sin temor a incurrir en excesos, nos atrevemos a decir que Manuel Mora encarnó el espíritu del luchador social por excelencia. Con visión estratégica, supo librar en cada ocasión los combates decisivos para la construcción de la institucionalidad democrática de nuestro país; pero también para la construcción de la conciencia colectiva y de la identidad nacional durante los últimos cincuenta años.

Manuel Mora conoció durante su vida política, todas las formas de lucha, y no rehuyó los combates decisivos, incluso con las armas en la mano, cuando entendió que las conquistas sociales de los años cuarenta estaban amenazadas, en la compleja coyuntura del 48. No le faltó temple ni entereza para colocarse a la cabeza de su partido después del exilio; para levantar de nuevo la lucha social y consolidar las reformas sociales de los años cuarenta y a la vez, buscar nuevos derroteros en los difíciles años de posguerra.

Supo privilegiar por encima de cualquier programa, al movimiento social real, para decirlo a la manera de Marx, lo cual revela una concepción de lucha muy realista y, además, muy auténtica. Nunca se dejó eclipsar por aquellas concepciones infértiles, si las juzgamos a la luz de los acontecimientos del mundo socialista antes de 1989, que privilegiaron la lucha por el poder, independientemente del desarrollo real de movimiento social. Ello implica, como en efecto lo hizo don Manuel, poner todo su empeño en el desarrollo del movimiento social de los trabajadores.

Al respecto conviene traer a colación a uno de los más autorizados pensadores socialistas, Adam Schaff, para quien una de las principales trampas en que cayó el movimiento socialista, en esa tradición de lucha, que se constituye con el triunfo de la Revolución de Octubre, fue precisamente el voluntarismo, (1993, Pp. 156-19). Esta actitud voluntarista condujo a buena parte del movimiento socialista del pasado siglo XX a subestimar, tanto las condiciones materiales, es decir, socioeconómicas, como los llamados factores subjetivos, es decir, la conciencia y la disposición de los trabajadores para luchar por la sociedad socialista y más aún, para participar activamente en la construcción de esa sociedad.

Lo anterior explica por qué, en nombre del socialismo se cometieron las peores atrocidades; así como por qué la construcción de la sociedad socialista no caminó de la mano con la construcción de la democracia, sino que, casi invariablemente, se constituyó en un Estado autocrático y autoritario que constreñía a la sociedad civil.

Justamente en esto Manuel Mora fue una de las pocas pero importantes excepciones, pues no solo fue un notable constructor de la sociedad civil y de la conciencia ciudadana, sino aún más, abominó del poder si ello lo alejaba de la posibilidad de alcanzar los anhelos de las masas oprimidas, (Reflexiones No. 31, P. 11).

En lo personal, Manuel Mora nunca estuvo obsesionado por la lucha por el poder político, pero en cambio nos legó más en el plano de la lucha social y del desarrollo de la conciencia y de la identidad social de este país que ningún otro dirigente político de izquierda.

Este legado está materializado en las conquistas sociales de los años 40 principalmente, así como en un sentido constructivo y propositivo en la edificación de una Costa Rica más justa, en la que se debían contemplar los derechos de los trabajadores a su organización, a la salud, a una vivienda digna, a la tierra, y a mejores condiciones de vida en general.

De este sentido constructivo careció en muy buena medida el movimiento de izquierda de los años 70, lo cual no implica desconocer el espíritu de lucha, la abnegación, la entrega, la generosidad y hasta el heroísmo que caracterizó a la mayor parte del movimiento de izquierda de las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. Por eso no sobrevivió a su crisis, porque no encontró su propia identidad, careció de autenticidad, de proyección, de visión de futuro, de una concepción capaz de luchar, no solo por la defensa de las conquistas sociales, desde entonces cada vez más amenazadas, sino por ampliar esas conquistas sociales y la democracia.

Se ha dicho que Manuel Mora tuvo el mérito de haber comprendido el sentido de su época, (Reflexiones No. 31, P. 5), más que eso, para nosotros contribuyó como el que más, a darle sentido a su época. Por todo ello, Manuel Mora fue más que un luchador social, un líder político con una amplia y profunda visión y proyección social. Su obra sociopolítica trasciende al movimiento de izquierda costarricense, por la universalidad de su pensamiento y la generosidad de su entrega; por eso fue querido y respetado ampliamente en nuestro medio social y político. Pero la figura de Manuel Mora, también tuvo una gran proyección en el plano internacional, específicamente en la compleja coyuntura de la crisis centroamericana de la década de los años 80; así como en el plano del movimiento comunista internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Revista Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales, UCR, Febr. 1995, nº 31.

Schaff, Adam: Humanismo Ecuménico. Editorial Trotta S.A., 1993, Madrid.

¡Miserables! *

Vladimir de la Cruz

Está en trámite legislativo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la discusión sobre la asignación presupuestaria constitucional para la Educación Superior para las Universidades públicas, lo que se conoce de manera general como el FEES.

La Universidad de Costa Rica es una conquista de la cultura y la educación nacional, lograda en 1940, cuando por iniciativa del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se decidió fundarla. Así lo determinó el Presidente Calderón quien instruyó a su Ministro Luis Demetrio Tinoco para que procediera a su apertura.

La decisión de la creación de la Universidad fue muy importante, para darle continuidad al proceso educativo nacional desde los estudios primarios y secundarios hasta la educación universitaria o superior.

La Universidad de Santo Tomás que existió en el siglo XIX, fundada en 1843 y cerrada a finales de la década de 1880, cortó las posibilidades de educación superior en el país, exceptuando las posibilidades que se mantuvieron con algunas carreras, como la de Abogacía, escuela que se mantuvo activa y proyectada a la actual Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se creó como el acto fundacional de una “nueva Universidad”, lo que hizo el Dr. Calderón Guardia. No reabrió la Universidad de Santo Tomás, que pudo haberlo hecho. La razón fundamental fue que la Universidad de Santo Tomás tenía un carácter pontificio, lo que le daba a la Iglesia Católica una influencia decisoria en la vida académica en la posibilidad de nombramiento de profesores, de aprobación de contenidos programáticos y hasta de censura de lecturas.

El Dr. Calderón Guardia tenía una formación católica cristiana muy fuerte e importante, no solo por su vida familiar, sino también por sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde tuvo la oportunidad de estudiar también en la Universidad Libre de Bruselas. De allí la decisión de haber abierto una nueva Universidad y no de haber reabierto la vieja Universidad de Santo Tomás.

Al fundar una nueva universidad, el Dr. Calderón Guardia tuvo a la mano y en conocimiento, el estudio del Dr. Luis Galdámez, quien había recomendado cuatro años antes la apertura de la universidad en el país, propuesta que se condensó en el informe que hizo con el título “La Universidad Autónoma”. Así, la Universidad de Costa Rica se fundó con la tradición de la Universidad de Córdoba, con su Reforma Universitaria de 1918, que se impuso prácticamente en toda la experiencia universitaria posterior a esa fecha en América Latina.

La autonomía universitaria que se impulsó imponía la obligación del Estado de asignarle los recursos económicos suficientes para el buen desempeño de sus prácticas académicas, docentes, científicas, culturales y educativas en general a la universidad. Incluyó la idea de considerar a la universidad como una pequeña República con gobierno propio, con legislación propia, con autonomía del movimiento estudiantil y con gobierno estudiantil autónomo de las autoridades universitarias, con representación estudiantil en todos los órganos de decisión académicos y de políticas universitarias, entre otros puntos que abordo la Reforma Universitaria.

Desde entonces, en 1940, la Universidad de Costa Rica y hasta 1975 de hecho, se convirtió en la única Universidad del país, en la única institución de educación superior, donde confluían todos los sectores sociales y económicos del país en busca de formación profesional y universitaria.

Fue, a la vez, la Universidad de Costa Rica, la instancia de educación superior donde se prepararon en ese tiempo la inmensa mayoría de autoridades políticas y administrativas del Estado y de Gobiernos, que se formaron profesionalmente en Costa Rica. En este sentido la Universidad fue un crisol de igualdad, de tolerancia, de respeto a las diferentes ideas políticas y corrientes filosóficas del pensamiento universal, contribuyendo de esa manera al desarrollo institucional y democrático de la sociedad costarricense.

La Universidad de Costa Rica y las otras universidades públicas, que se desarrollaron en la década de 1970, han sido pilares fundamentales de la democracia nacional, fundamento importante en la formación de profesionales del sector privado y público nacional, factores y actores activos de la producción y economía nacional, columnas vertebrales del desarrollo cultural y artístico nacional en todos sus campos.

Las universidades se han visto sometidas constantemente, por parte de diversos gobiernos, a no cumplir con el mandato constitucional de darles los fondos, los recursos económicos necesarios para su desempeño y trabajo académico y científico.

Con los anteriores gobiernos había discusiones sobre el monto y se llegaba a acuerdos satisfactorios en la asignación de recursos y fondos públicos para las universidades.

Con el actual gobierno no hay acuerdo alguno. No hay apoyo ninguno para las universidades públicas. La acción del gobierno actual es TODO contra las universidades, TODO contra la educación superior pública, TODO contra la educación pública en general, lo que ha llevado al gobierno a mantener un 0% de asignación del Presupuesto Nacional a las universidades. La propuesta del Consejo Nacional de Rectores, representante de todas las universidades públicas, era de un 4.06%, necesario para el buen funcionamiento de las Universidades.

La discusión que se lleva a cabo en este momento, en estos días, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, es para asignarle un 2%. La primera votación que se hizo en esa Comisión rechazó ese 2%, lo que da espacio todavía a unos días más de discusión.

En la Comisión Legislativa se ha votado 6 a 5 con el rechazo de ese 2%. En esa votación dos diputados del partido Unidad Social Cristiana, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, miserablemente se han pronunciado en contra de ese 2%. (ver nota al final).

Digo que son miserables, ruines, porque ese partido fue la bandera del gran Benemérito de la Patria, Calderón Guardia, fundador de la Universidad de Costa Rida, y de hecho, de las universidades públicas en su herencia.

Miserable es el Partido Unidad Social Cristiana que se ha plegado a destruir toda la obra social del Dr. Calderón Guardia, y del impulso que le dio a esa Reforma el Partido Liberación Nacional, desde el Gobierno de la Junta en 1948-1949 y las que posteriormente realizaron en los gobiernos subsiguientes, entre ellas la creación de las otras universidades públicas y haber avalado el surgimiento de las universidad privadas, como complementarias a las primeras, en su misión de formación de profesionales de alto nivel educativo.

El gobierno de la República actual ha caracterizado a los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, como dictaduras y tiranías de camarillas que ejercieron sus gobiernos para favorecer a pequeños grupos asociados a sus gobiernos y alejados del pueblo. Eso le ha llevado a justificar los ataques a toda la obra de esos gobiernos, independientemente de valorar lo bueno y lo malo que han realizado, porque lo bueno del desarrollo del país se le debe fundamentalmente a esos gobiernos, más allá de si simpatizamos con esos partidos políticos que gobernaron el país.

Puedo entender que el dirigente político que fue de ese partido, Rafael Ángel Calderón Fournier, que además fue su fundador, gran negociador que logró su creación en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez ya no esté en ese partido. Lo que es impensable es que ese partido que arropó la Reforma Social haya renunciado a ese legado histórico.

Los actuales dirigentes de la Unidad Social Cristiana son renegados de esa tradición social cristiana, en el campo político. Han abjurado la Reforma Social, hoy repudian las figuras del Gran Benemérito Rafael Ángel Calderón Guardia, maldicen con sus diversos actos destructores de dicha obra social, su memoria.

La fracción parlamentaria de la Unidad Social Cristiana se ha colocado en el furgón de cola del tren autoritario, despótico, tiránico, del actual mandatario de Zapote. No han entendido que ese furgón de cola, apoyando todo su programa político y económico, y destructor de la obra social del Dr. Calderón Guardia, no va a sobresalir en modo alguno como una fuerza política vigorosa, independiente ni como opción ciudadana ante el próximo proceso electoral.

Tampoco los actuales dirigentes políticos de la Unidad Social Cristiana hacen la lectura correcta de la historia de ese partido, de los logros históricos que realizaron. Su visión los lleva al abismo político, al salto al vacío que se ha confirmado en la práctica del actual gobierno.

A ese despeñadero conducen a ese partido.

La dirección política de la Unidad Social Cristiana y su fracción parlamentaria verdaderamente se comportan de manera miserable, ruin, despreciable, malvada, canalla contra las universidades públicas al no apoyar el 2% que solicitan las universidades, como mínimo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de las actuales universidades en su presupuesto. El impacto de no asignarle los recursos económicos suficientes y decorosos a las universidades es contra toda la población, contra todas las familias, contra todos los estudiantes de preescolar, de escuela, de secundaria en sus diversos ciclos y modalidades educativos, porque se quitan los recursos de las universidades y éstas tendrán menos posibilidad de recibir a los niños y jóvenes que se preparan en escuelas y colegios con la ilusión de ingresar a un nivel universitario.

Lo miserable de la actuación de los diputados socialcristianos en la Comisión de Asuntos Hacendarios es contra toda la sociedad, contra todas las familias, contra todos los padres y madres ilusionados con el futuro de sus hijos, a quienes les están negando la posibilidad de que ellos puedan llegar a la educación superior.

Lo más decente que podrían hacer los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana es dar su voto afirmativo en la Comisión a la propuesta del 2% del Presupuesto Nacional para las universidades, para que ese Dictamen pase con mayoría de votos al Plenario Legislativo, que es donde debe discutirse más ampliamente. Ahí pueden refugiarse, si así los obliga la dirección política de su partido y la decisión de su fracción, a votar como quieran en el Debate del Plenario. Por ahora, lo importante es que se apruebe el 2% en la Comisión Legislativa.

Diputados socialcristianos en este asunto por lo menos compórtense decentemente con su voto a favor de la Cultura y la Educación Superior Nacional. Es un problema de conciencia nacional.

Dejen y sálganse del estercolero nacional en que los quieren meter el presidente de la República y sus voceros institucionales en la lucha que él tiene contra la cultura y la Educación nacional y popular.

*PS.

El artículo fue redactado el jueves en la mañana. En la sesión de la Comisión del jueves por la tarde los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana votaron a favor del 2% del FEES. Se comportaron como debía ser. Honraron al memoria del Dr. Calderón Guardia y facilitaron que el Dictamen de la Comisión pase al Plenario Legislativo con votos de mayoría. Aún queda la discusión en el Plenario Legislativo.

Vladimir de la Cruz

Compartido con SURCOS por el autor.

82 años de la CCSS

Manuel Delgado

Plaza de las Garantías Sociales, 1 de noviembre de 2023

Hace 82 años, en un día como hoy, pero 1941, el presidente de entonces Rafael Ángel Calderón Guardia puso el ejecútese a la ley de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobada días antes por el Congreso Constitucional de la República.

La creación de la Caja fue la primera piedra de una serie de leyes y reformas que dieron como resultado una revolución, no política ni económica, pero sí social. Costa Rica fue revolucionada en su institucionalidad con aquellas reformas.

Aunque como digo, este proceso no representó un revolución política, sí forjó la unidad de las tres fuerzas más importantes de la época: por un lado el presidente Calderón Guardia y su equipo, a los que la oligarquía tenía decidido sacar del poder por la fuerza; segundo lugar, la iglesia católica, jefeada por un pastor inteligente y sensible; y en tercer lugar el Partido Comunista, que ocupaba un espacio político respetable pero que, sobre todo, lideraba un movimiento de masas, social y sindical de enorme fuerza. Porque hay que añadir que esta revolución social no fue un golpe de palacio, es decir, no fue un acuerdo en las alturas, sino que nació producto de la lucha de los trabajadores, en sus sindicatos y en las calles.

La creación de la Caja con sus dos grandes ramas, cuidado de la salud y pensiones, puso a Costa Rica a la vanguardia mundial en materia de seguridad social. En 1952, es decir 11 años después, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 102, obligatorio para todos los países, que contenía garantías menores que las que ya disfrutaban los costarricenses.

La Caja nació con una filosofía que se había forjado en Alemania en los últimos años del siglo XIX y que se originaba en las experiencias mutualistas europeas anteriores. El mutualismo era que un grupo de personas, de trabajadores, hacían un ahorro común, que cubría los salarios en caso de enfermedad de los afiliados. La diferencia es que esta nueva forma de financiamiento a que me refiero exigía el aporte obligatorio del patrono y del estado. Se creaba así un fondo que era público, pero que no era estatal, que pertenecía a los asegurados. Por eso se llama “caja”, es la caja común de los que contribuyen, obreros y patronos, para proteger a los trabajadores.

Este colocho histórico es muy importante porque hay que dejar claro que el dinero de la Caja, y ahora me refiero a la Caja Costarricense del Seguro Social, su patrimonio, no es del gobierno, es de los trabajadores, y cometen abuso en la letra y el espíritu de la ley, los que quieren disponer de ellos como si fuera un dinero del Ministerio de Hacienda.

En 1942, cuando se fundó, la Caja recibía el 5,5% de los patronos, el 3,5% de los trabajadores y el 3,0% del estado. En 1947 esto había sido modificado, y las tres partes pagan un 2,5% de las planillas.

En 1971, siendo presidente Figueres Ferrer y directivo de la Caja Calderón Fournier, el aporte del estado se disminuyó de 2,5 a 0,25%. Así se mantuvo por muchos años y en los últimos tiempos han tenido una subida, conjuntamente con la subida de los aportes de los patronos y los trabajadores.

La Caja ha sido víctima de toda clase de saqueos en sus presupuestos, y este saqueo explica en parte de la crisis en hoy se encuentra. Pero esta reducción de la cuota estatal fue trágica, pues representa un faltante de 2 % mensuales por 40 años o más. Así no hay empresa que aguante.

Pero hay mucho más que eso. En buena filosofía, la Caja es financiada por los trabajadores y para ello, es decir, para los afiliados, para los asegurados. Pero en los setentas comenzó un costosísimo proceso de universalización del seguro, proceso por el cual se le pasaron a los asegurados las responsabilidades por la salud de toda la población. A ese proceso siguió otro igual, que fue el traslado de todos los hospitales a la CCSS que no estuvo acompañado con el traslado de los dineros necesarios para mantener esos hospitales. Estas dos deudas todavía se cobran, en todo o en parte, hoy.

Pero el estado sigue trasladándole a la Caja responsabilidades que no son suyas. Fue lo que sucedió con la Covid. En momentos en que se produjo una contracción de sus ingresos, la Caja tuvo que utilizar sus recursos, especialmente su personal, para atender una pandemia cuya responsabilidad debió haber sido del estado.

Queda todavía una tercera cuestión, que atañe sobre todo a los regímenes de pensión pero que afecta también a los regímenes de salud. Y es que la Caja nació en momentos en que el número de personas jóvenes, de afiliados activos, era mayor, y en momentos que las expectativas de vida eran también menores. Eran también momentos en que los servicios eran relativamente más simples y baratos.

Pero en 80 años la vida ha cambiado. Hoy los regímenes de salud y menos aún los de pensión no pueden sostenerse solo con el aporte de los trabajadores y sus patronos. Si queremos un sistema de seguridad social moderno y sostenible ya no basta con pagarle a la Caja las deudas y evitar la sustracción de sus recursos, es necesario inyectarle enormes recursos desde el fisco, es decir, desde el Estado. Pero es lo contrario de lo que ocurre en la realidad.

Este país está gastando en salud una cifra de su PIB inferior a los de El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras (que van del 7,3 al 8,4%) y apenas un poquito superior a las de Guatemala y Belice.

La cifra del país (7,2) está muy lejos del promedio de la OCDE, que es del 8,8% y apenas supera el promedio de América Latina y el Caribe. Así lo hace notar el estudio “Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023” de la ODCE.

Así estamos de mal y, además, peleando por cada cinco que el gobierno le niega a la Caja del dinero que no es del gobierno, sino de la Caja, es decir, de todos los asegurados.

El país que mayor porcentaje de su PIB le dedica a la salud es Cuba, con un 9,7%. Cuba es además el país que tiene más médicos por habitante, 6,7 por cada 1.000 habitantes. El promedio latinoamericano es de dos médicos. El promedio de la OEDC es de 3,5. Un informe de la BBC se pregunta de dónde saca Cuba tantos médicos. Una razón es que existe una convicción nacional en favor de la salud y de la unión entre salud y educación, es decir, la formación de médicos juega un rol fundamental en la sociedad. Ese país tiene 24 facultades de medicina y 52 escuelas de enfermería.

Costa Rica, por su parte, ocupa el quinto lugar con peor proporción de médicos y enfermeros por cada mil habitantes en la OECD. Por una parte, hay una terca oposición a abrir matrícula en las universidades, en especial con relación a los de especialistas. Pero al mismo tiempo no hay una voluntad de abrir plazas de trabajo y el sector sufre como pocos el flagelo del desempleo.

El Colegio de Odontólogos afirma que un 23% de sus profesionales no tienen trabajo. También se señalan cifras altas entre farmacéuticos y enfermeros. El Colegio de Médicos no conoce la situación de sus agremiados, pero señalan que muchos de ellos posiblemente laboran en otros campos distintos de la medicina propiamente dicha.

A esto hay que añadir una monstruosa carencia de infraestructura, con hospitales obsoletos y espacio físico insuficiente, sin salas de operación y recuperación necesarias.

Nuestra diferencia es que no tenemos esa convicción-país de apostar en serio por la salud, no la tenemos o la perdimos. Los ataques constantes a la CCSS son muestra de ello. Pero también lo son los recortes a los gastos en el rubro.

Los gastos de salud respecto al PIB descendieron en la década pasada (2010-2019) en un 0,53%. Su descenso respecto al gasto público es el más alto de América Latina: -7,6%.

Como respuesta a esto, hay un ascenso de los costos de la salud por la vía del uso de atención privada. En este rubro el país está por encima de la media de la OECD: 22,3% contra 19,9%. ¡Increíble! Los gastos de salud privada son superiores a la media de los países más desarrollados.

Según el mismo estudio, el pago de servicio privados de salud lanza a la pobreza al 1,7% de la población de manera directa, pero empuja a la pobreza a largo plazo a una cantidad mucho mayor, en el caso de nuestro país, al 10% de la población.

Hoy, en esta celebración, hay que reconocer que la lucha del pueblo ha detenido este año las arremetidas del ejecutivo, pero debemos redoblar esfuerzos no solo para salvar lo que tenemos, sino para relanzar nuestro sistema de seguridad social y apostar por una nueva revolución social, similar a la de hace 80 años.

Resolución de solidaridad con Costa Rica

COORDINACIÓN MESOAMERICANA Y EL CARIBE DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

Delegados y delegadas de organizaciones de FSM, reunidos en la ciudad de Managua, convocados por la Coordinación Mesoamérica y El Caribe de la Federación Sindical Mundial, los días 4 al 6 de mayo de 2023, después de un intenso periodo de debate, regido por el principio de la hermandad y solidaridad internacionalista y posterior al balance de la situación subregional y regional, hacemos públicas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

  • El pueblo de Costa Rica conquistó en los años 40 del siglo anterior, una importante reforma social, establecida en un apartado constitucional denominado “Garantías Sociales”, la valentía y visión del pueblo y sus liderazgos históricos permitieron que esta conquista se traduzca en la salud como un Derecho Fundamental, un bien público y no una mercancía al servicio del gran capital.
  • La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la principal expresión del modelo de Seguridad Social costarricense, ha transformado significativamente la realidad del pueblo, a través de su innegable labor, ha colocado a Costa Rica en los primeros lugares del mundo en cuanto a estándares de salud y es reconocido como un modelo de Salud de los mejores a nivel global.
  • La CCSS no solo ha tutelado de forma efectiva el derecho a la salud, y por ende a la vida del pueblo costarricense, ha atendido y librado eficientemente al pueblo ante la reciente pandemia por COVID 19, sino que también ha generado paz social, bienestar poblacional, permitiendo que se aumente la calidad de vida de las y los habitantes del país, llevando al pueblo por la ruta del desarrollo.
  • La Caja Costarricense de Seguro Social de composición tripartita en su Junta Directiva, ha sido protegida por mandato Constitucional, de la manipulación económica, de la injerencia y coacción política, blindándola con una Autonomía de gobierno y administración del Poder Ejecutivo.
  • Para cumplir su cometido la Caja Costarricense de Seguro Social , se estableció por mandato constitucional, una obligación de contribución forzosa tripartita, que establece el aporte de los patronos, Estado y Trabajadores, para su financiamiento.
  • El Gobierno de la República de Costa Rica, ha desplegado una serie de maniobras contra este patrimonio del pueblo costarricense, violentando la legalidad y los mandatos constitucionales, ha irrespetado la Autonomía Constitucional de la CCSS, ha irrumpido en su órgano de dirección nombrando a sus aliados y tomando control de la misma, paralelamente ha emprendido una campaña de desprestigio contra esta benemérita institución, indicando de forma falaz que la institución está quebrada, siendo el mismo estado el mayor deudor histórico de la CCSS.

Ante ello y ante la exposición que han hecho los compañeros de UNDECA y la Delegación de Costa Rica presentes en este importante evento, siendo consecuentes con el principio irrenunciable de solidaridad con los pueblos del mundo, los delegados y delegadas de la FSM EXPRESAMOS:

  • EXIGIMOS al Gobierno de Costa Rica el respeto irrestricto a los mandatos establecidos en Constitución Política de la república de Costa Rica respecto a las obligaciones económicas con la Caja Costarricense de Seguro Social así como el respeto a su Autonomía y la composición tripartita según los legítimos representantes nombrados por los sectores
  • DENUNCIAMOS la hipocresía del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ente el pueblo de Costa Rica y la comunidad internacional, que siendo el primer responsable de estar al día con sus obligaciones de contribución forzosa tripartita, emprende una campaña de desprestigio contra la Caja Costarricense de Seguro Social y privilegia contra estas obligaciones con la CCSS, el pago de los intereses de la deuda con los organismos económicos de dominación FMI, BM,OCDE, rellenando los bolsillos de los ricos por encima de la salud del pueblo.
  • CONVOCAMOS Y HACEMOS UN LLAMADO a los afiliados, amigos de la FSM, a todos los sindicatos combativos y consecuentes de la subregión de Mesoamérica y el Caribe, para que se sumen y participen activamente en la denuncia, de las acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social, su campaña infundada de desprestigio contra la CCSS, sus políticas injerencistas contra la Autonomía de la Institución de Salud de los costarricenses, el irrespeto al bloque de legalidad que tutela la composición e integración de la Junta Directiva de la CCSS, y el incumplimiento injustificado de sus obligaciones constitucionales de aporte y financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social.
  • REAFIRMANMO nuestro compromiso militante e internacionalista, con la lucha de los pueblos por su derecho a los sistemas públicos de salud, por sistemas de Seguridad Social robustos, regidos por los principios de solidaridad, universalidad, con especial pronunciamiento de la situación de loS y las hermanas del pueblo costarricense.
  • CONDENAMOS y REPUDIAMOS las políticas neoliberales destructoras de las conquistas sociales de los pueblos que intentan convertir este derecho en mercancías de lucro y dolor y que intentan arrebatar el derecho de los pueblos a tener sistemas de salud públicos robustos y vigorosos.

Dado en la ciudad de Managua, a los 6 días del mes de mayo de dos mil veintitrés.

Por la coordinación certificamos

Ernesto Freire Cazañas, Coordinador FSM América Latina y el Caribe

Miguel Ruiz Estrada, Consejo Presidencial FSM, Secretario General de la CST-RBE

 

Información compartida con SURCOS por Luis Chavarría.

FRENASS se pronuncia ante los intentos injerencistas tendientes a consolidar un Estado autoritario y antidemocrático

Frente a los pésimos síntomas que padece nuestro Estado democrático, por las intentonas de quien ejerce, pero irrespeta la primera magistratura, que abiertamente desconoce la vocación democrática de nuestro pueblo, intentando imponer su caprichosa e ilegal voluntad a costa de cualquier precio, expresamos nuestros rechazo a estas reprochables actuaciones.

Improbable e iluso sería pensar que la decisión de irrumpir contra la autonomía de la CCSS fue obra de consensos, ya que ante la demostrada prepotencia y arrogancia del Presidente Chaves, se evidencian que sus subordinados tienen poca o nula probabilidad de disentir y mucho menos discrepar con los dictados presidenciales sin consecuencias. La conducta del Presidente Chaves evidencian que el ego es tanto, que se intenta ubicar por encima de la legalidad y de la misma Constitución Política.

En FRENASS repudiamos la intromisión violenta en la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, que evidentemente pretende facilitar la imposición de políticas económicas restrictivas como la Regla Fiscal, en nuestra benemérita institución y facilitar los procesos de desmantelamiento, privatización y deterioro sistemático de los Servicios Públicos de Salud, cuyo fin último es acabar con el bastión de la conquista histórica de nuestra Reforma Social, alcanzada con vidas y sangre de nuestro pueblo en los años 40 del siglo pasado.

Emplazamos al Consejo de Gobierno y al Presidente de la República a ajustarse, consecuentes al juramento del 08 de mayo, a la institucionalidad democrática y bloque de legalidad. Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía de la CCSS y exigimos el pago inmediato de la multimillonaria deuda del Estado, de forma que no se afecten la prestación de los servicios obligación ineludible establecida en nuestra Carta Magna.

San José, 08 de diciembre de 2022.

LA GUERRA CIVIL DEL 48: Una lectura historiográfica distinta

Trino Barrantes Araya
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Alfonso Pardo Martínez
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Introducción

Recorrer historiográficamente los hechos políticos de 1948, obliga a armarse de un cuerpo teórico, para no quedar enredado en los intersticios y el tejido con que se ha escrito la historia oficial. En cualquiera de las corrientes, son los vencedores a los que se le ha otorgado la potestad de esa narrativa.

Algunos historiadores dan por sentado la lectura obligada de la Huelga de Brazos Caídos, como antecedente inmediato que supone las bases de los fenómenos que precipitarán más tarde la Guerra Civil (Calderón Hernández, 2002; Molina, 2002, Contreras, 2008, Lehoucq, 19912). Obviamente para explicar los hechos político-militares de 1948, estamos en la obligación de explicar muchos otros factores que precipitaron este conflicto armado. Pero los hechos del 48, no serían completos si no se tiene como marco de referencia el papel del Partido Vanguardia Popular, la política de alianzas y los capítulos de las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, la aparición de la Caja Costarricense del Seguro Social y la fundación de la Universidad de Costa Rica. Obviamente, estos aspectos gustan ser soslayados por una parte de los historiadores y principalmente por la historia oficial.

Otros/as han señalado, a partir de los actores sociales, nuevas propuestas para describir el carácter tan violento que asumen estos hechos históricos. Un gran esfuerzo a partir de las memorias de los niños y niñas nacidos en el marco de la guerra. Interpretaciones y explicaciones desde lo militar, lo diplomático o confrontando relatos, recopilan de manera dialéctica visiones distintas del acontecimiento vivido en dicho momento.

I.- Los niveles de los contextos: Lo internacional y lo nacional

La Crisis Económica de 1929-1933, la inestabilidad económica resultado de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo mapa bipolar surgido a partir de 1945. La nuevas vías y propuestas para el desarrollo de nuestras economías bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. El marco generado a partir de la “Guerra Fría” representan, sin lugar a dudas, el marco coyuntural de la situación internacional en que queda inscrito nuestro país y consecuentemente la Guerra Civil del 48.

En lo interno, es fácil adivinar que la década de los años 40, tienen en sus cimientos el germen que va a potenciar más tarde el caldo de cultivo en donde se precipitan los hechos político-militares del 48.

Nuevas divisiones políticas, consolidación de lecturas ideológicas diferentes, partidos minoritarios que asumen un papel protagónico, tal es el caso de Confraternidad Guanacasteca, el papel mediático de la prensa y las acusaciones mutuas respecto al fraude electoral, van dándole cuerpo al tejido en donde tendrá lugar el conflicto señalado.

Una pequeña burguesía intelectual, conducida por el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, un cierto corrimiento del Partido Vanguardia Popular a las tesis gobiernistas, los pequeños empresarios políticos; nuevas políticas de alianza tendrán como resultado una polarización política cada vez mayor.

Todo lo anterior nos lleva a un hecho desencadenante que tendrá sus prolegómenos más marcados con los efectos generados a partir de las elecciones de 1948. Esta campaña polarizó dos visiones político-electorales, claramente diferenciadas. Por una parte, la figura de Otilio Ulate, encabezando el Partido Unión Nacional y por la otra, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, líder indiscutible del Partido Republicano Nacional. Monseñor Sanabria, Manuel Mora Valverde, el Partido Vanguardia Popular, el papel decidido de los sindicatos bajo la ideología marxista, forman ese complejo tejido donde se dan estos acontecimientos.

Es necesario tener presente, como lo reseña Iván Molina, que a pesar del contexto de fraude que sirve de aureola a las elecciones de 1944, se introdujo una de la más importante reforma al Código Electoral en 1946, la cual tuvo como objetivo independizar la organización de los comicios electorales por parte del Poder Ejecutivo, para dejarlo en manos del Tribunal Nacional Electoral (2002:181.

El otro elemento que es importante tener presente en esta aproximación, fue la creciente polarización política dentro de la misma oposición entre Cortés y Ulate, que de alguna manera será el que incida más directamente en el desencadenamiento de los conflictos de 1948 (Contreras,2008:190).

Actores sociales más relevantes en los hechos político-militares de la Guerra Civil de 1948

Debemos reiterar en esta apartado que, un aspecto que influyó decididamente en el espacio político en los años cuarenta, fueron las reformas sociales, orientadas a favorecer a las grandes mayorías y consecuentemente a potenciar su nivel político-ideológico (http://www.museocostarica.go.cr/es_cr/en-detalle/la-guerra-civil-de-1948-una-sintesis.html?Itemid=115)  Pero, con esa misma rigurosidad que vemos los antecedentes de este conflicto, estamos en la obligación de ver objetivamente los hechos ocurridos en el mismo contexto de la guerra. Estos factores y los nuevos actores sociales imprimen un sello de larga data a este acontecimiento (http://historia.fes.ucr.ac.cr/dialogos.htm).

No se trata de darle un lugar de privilegio a los actores que conoce el discurso oficial, a saber: Teodoro Picado M, José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, Santos León Herrera. De igual envergadura es dar lectura al papel del Partido Social Demócrata, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Ejército de Liberación Nacional, la Legión del Caribe (Schifter, 1980:68 y 75) y, la doctrina social de la iglesia, el aporte del Partido Vanguardia Popular y claro está, la fracción oficialista.

Sobre la Legión del Caribe, Guillermo Villegas H, en su narrativa testimonios del 48, sostiene como tesis central que varios militares (Juan Rodríguez, de la República Dominicana, Rosendo Argüello, de Nicaragua, Horacio Julio Ornes, entre otros, se hicieron presentes en Costa Rica y su papel en el conflicto fue muy importante, además del aporte en la proporción de armas para darle un contenido real al proceso de la guerra (Cfr, Villegas, PP.: 199, 208, 210).

Recordemos aquí, tal y como lo señalamos en nuestra introducción en este apartado es necesario referir a la Huelga de Brazos Caídos de 1947. Aunque en esencia, este movimiento fue un paro patronal, lo cierto también es que sus demandas fueron aceptadas como definitivas por el Tribunal Nacional Electoral. Cabe destacar que los actores sociales más importantes de este evento lo constituyeron los trabajadores del sistema bancario nacional y los comerciantes. Aunque una buena masa de la clase trabajadora y otro poco más de contingentes sociales populares también sumaron su fuerza a este paro (Cfr. Manuel Rojas, Pp.: 109-110 y 150).

Cuarenta días que sacudieron el suelo patrio: La Guerra Civil de 1948

Distingamos, pues, dos grandes factores que está en la base de este conflicto. En primer lugar, existe, como tesis central por gran parte de la historiografía costarricense que, el “conflicto político-electoral” es sin duda la “chispa que encendió” la apacible pradera del suelo costarricense. Tal vez el punto más álgido del acontecimiento tuvo lugar el 12 de marzo de 1948, cuando los militares y soldados del Ejército de Liberación Nacional toman San Isidro del General, con el grave acontecimiento del asesinato del coronel gubernamental Rigoberto Pacheco; pero de la misma envergadura son los acontecimientos que se suceden en San Ramón de Alajuela, con la muerte de los figueristas Catalino Murillo y Federico Arce (López,2000:292).

A estos eventos político-militares le siguieron el día 13 de marzo con la toma de San Cristóbal Sur y sucesivamente la toma de San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota, por parte del Ejército de Liberación Nacional.

El autor citado, Juan diego López, en su texto: Los cuarenta días de 1948: La guerra civil de Costa Rica, reseña que dos días después los seguidores de Picado toman Buenos Aires, posteriormente el 9 de abril arranca la Marcha Fantasma. Operación bélica conducida por el ELN, que culmina el 12 de abril con la toma de Paraíso y Cartago. Más tarde, con la ayuda de la Legión del Caribe, bombardean Limón y el Ejército de Liberación Nacional se apunta un triunfo más,  tomándose el centro de esa provincia y el puerto de Moin. (http://www.slideshare.net/Socialesdigital/costa-rica-en-la-decada-de-los-40-134602245).

Vale reseñar que el papel jugado en todo este proceso de lucha civil, por los dirigentes comunistas, bajo el alero del Partido Vanguardia Popular, son imprescindibles para entender los alcances del conflicto al que referimos.

El final de la Guerra Civil lleva a un breve espacio de transición en el cual, en el gobierno de los 18 días, le corresponderá a Santos León Herrera, asumir la presidencia de la República. Su gran logro, poner fin, oficialmente, al conflicto político-militar en que se vio envuelto nuestro país. Pero en ese mismo orden, también se dictaron los decretos que pone en manos de los vencedores el aparato militar costarricense, los cuarteles, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial.

En esta suerte de impase político, el 10 de mayo se establece formalmente la Junta Revolucionaria, a la cual le corresponderá el ejercicio del poder durante los dieciocho meses siguientes. Este gobierno de facto asume el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y de inmediato se abocó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Paralelo a la Constituyente, los nefastos Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, proscribiendo los sindicatos clasistas y al mismo partido comunista bajo el nombre de Partido Vanguardia Popular, tienen su epílogo más amargo en el asesinato impune de los mártires del Codo del Diablo. Necesitamos, entonces, reescribir la historia desde las voces de las grandes mayorías.

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos siembran las bases del Estado Social de Derecho mediante el Estado Benefactor que tendrá lugar en los próximos quinquenios.

Una página que requerirá de un nuevo examen es la firma del Pacto de Ochomogo. Sin la verdadera y correcta interpretación de estos hechos históricos, no se le está otorgando a nuestra historia el contenido objetivo que como ciencia requiere. Si un atroz crimen como el que se ejecutó contra los mártires del Codo del Diablo, no se aclara, nuestra historia seguirá cargando grandes vacíos.

 

Imagen ilustrativa.

Breve radiografía de la Democracia electoral costarricense

Vladimir de la Cruz

Los procesos electorales y las elecciones en Costa Rica han sido elemento clave del desarrollo de su vida democrática institucional, de afirmación de la democracia como modo de vida, y de ejercicio de participación ciudadana para la escogencia y nombramiento de las autoridades gubernativas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Costa Rica, como país, ha tenido en la práctica una gran estabilidad política. Como grandes períodos históricos desde la Declaración de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, hemos tenidos un primer período, inmediato a la Declaración de la Independencia, hasta 1823, que se caracterizó por el establecimiento de Juntas Superiores Gubernativas, como órganos colegiados de gobierno. A partir de 1823 y 1824 formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y de la República Federal de Centroamérica, donde nos constituimos como Estado de Costa Rica, situación que formalmente llegó hasta 1848 cuando el 30 y el 31 de agosto el Congreso y el Jefe de Estado y Presidente, Dr. José María Castro Madriz, declararon la ruptura definitiva de la Federación Centroamericana al declarar la Fundación de la República de Costa Rica.

En ese período ya habíamos salido de la República Federal en 1838, integrándonos nuevamente en 1842, cuando Francisco Morazán intentó de nuevo reactivar ese proyecto político regional, y salimos de esa intención con la caída de Morazán en setiembre de 1842.

Desde 1848 se empezó a desarrollar institucionalmente la República. Este proceso llegó hasta 1948, cuando por situaciones políticas y electorales, de la década de 1940-1948, se agudizó una crisis que condujo a un conflicto militar, durante los meses de marzo y abril de 1948, que condujo al establecimiento de una Junta de Gobierno, durante los años de 1948-1948, en manos de quienes se habían sublevado, atrasando por dos años la asunción en el Gobierno de Otilio Ulate Blanco, a quien le habían anulado la elección de 1948, lo que justificó el movimiento armado en defensa de esa elección, que se expresó en esa lucha armada.

La Junta de Gobierno declaró el 8 de mayo de 1948 la fundación de la llamada Segunda República, período histórico que llega hasta nuestros días.

Durante los períodos del Estado, 1824-1848, de la República, 1848-1948 y de la Segunda República, 1948-2022, el proceso electoral se fue perfeccionando y mejorando. De un voto exclusivo en pocas personas se llegó al voto directo, en 1913, al voto secreto, en 1924, y al voto universal en 1949. En 1890 surgieron los partidos políticos haciendo que desde entonces solamente a traves de partidos políticos se pueda aspirar a puestros de representación popular, de elección de gobiernos municipales, de diputados y de Presidente. Un mecanismo desarrollado en 1935 de establecer el 40% de votación para definir al ganador de la Presidencia de la República, contribuyó a darle gran estabilidad al sistema político electoral.

Restricciones electorales se establecieron en 1898 para partidos religiosos, impidiendo la participación de estos y prohibiendo aducir sentimientos religiosos en campañas electorales. Restricciones político-ideológicas se establecieron, en 1903, con motivo de unas huelgas, para la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas por el correo. Electoralmente esto se llevó al Gobierno de Cleto González Víquez, 1928-1932, que estableció que con el nombre de Partido Comunista no se podía participar en elecciones, obligando a este partido, que al fundarse en 1931, participara en los procesos electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, 1932-1942.

Este año, en el contexto de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno de Rafael Angel Calderón Guardia, 1940-1944, declarada la guerra al eje nazi fascista en diciembre de 1941, se crearon condiciones para una alianza política extraordinaria, que culminó en 1943, cuando el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, se alía al Gobierno y a la Iglesia Católica, impulsando una gran Reforma Social y un Código de Trabajo, junto a otras importantes reformas institucionales que había impulsado el Gobierno de Calderón Guardia. Esta alianza duró hasta 1948 cuando acabó el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, a cuyo final se produjo la Guerra Civil.

Al terminar la segunda Guerra Mundial dió origen al período de la Guerra Fría. En este contexto la Junta de Gobierno puso fuera de la ley, al Partido Comunista de Costa Rica, por el Decreto Ley No. 105, de julio de 1948, y en la Constitución Política de 1949, con el segundo párrafo del Artículo 98, se prohibió la participación electoral de los partidos que por sus vinculaciones internacionales amenazaran la democracia, concepto que solo se aplicó al Partido Comunista o Vanguardia Popular, y partidos que se consideraban era su fachada electoral, hasta 1975.

Hasta 1948 la columna vertebral de los partidos políticos era el movimiento liberal clásico que venía desde el siglo XIX. Frente a ellos surgieron las primeras manifestaciones contestarias, partidos obreros, partidos reformistas, socialistas y el comunista. También surgieron las corrientes político-ideológicas social cristianas y socialdemócratas.

La prohibición de participación de los comunistas, y por ampliación, a las fuerzas políticas de izquierda se mantuvo hasta 1975.

Electoralmente, el dominio político nacional hasta 1948 estuvo en manos de las fuerzas político-liberales, en sus términos más generales. Desde 1953 hasta el 2014, 15 gobiernos, el control del gobierno, del Poder Ejecutivo, estuvo en manos de dos partidos políticos, Liberación Nacional, y la oposición política a éste en tres coaliciones, y por el Partido Unidad Social Cristiana, dando origen a lo que se ha llamado el bipartidismo nacional. Los últimos dos gobiernos, 2014-2022, los ha tenido el Partido Acción Ciudadana, con lo cual tres partidos son los que han ejercido el control del Poder Ejecutivo nacional. Así, Liberación Nacional ha gobernado nueve de los 17 gobiernos habidos desde 1953, la Unidad Social Cristiana seis y el partido Acción Ciudadana dos.

A nivel legislativo el bipartidismo nacional se manifestó en que hasta 1998, esos dos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, tenían por sí o juntos la mayoría legislativa. Desde ese año la Asamblea Legislativa no la controla ningún partido político en particular, constituyéndose de hecho una situación en la cual todos los partidos políticos allí representados son “minoritarios”, pero con capacidad de realizar alianzas parlamentarias, que contribuyen a la gobernabilidad nacional.

A nivel de participación electoral desde 1948 ha venido creciendo el número de partidos políticos, con candidatos presidenciales, desde dos partidos hasta 25 partidos como están participando en el actual proceso electoral, que se resuelve el próximo 6 de febrero. A nivel legislativo, aparte de los partidos nacionales también participan partidos regionales, específicos de las siete provincias que tiene el país. El algunas de esas provincias hay hasta 30 partidos políticos luchando por sus diputaciones, 57 en total en el país.

A nivel de participación ciudadana el país goza de un alto nivel de participación. Desde 1953 hasta el 2018 el abstencionismo electoral ronda el 23%, comprendiendo a los que votan en blanco o anulan su voto en urna, y de los que del todo se abstienen de ejercer su derecho al sufragio. Desde 1953 hasta 1998 el promedio de abstencionistas rondaba el 18% y desde 1998 hasta el 2018 era de un 31%.

Los procesos electorales a nivel presidencial se definen por quien saque el 40% de los votos válidamente emitidos. Cuando esto no ha sucedido, elecciones del 2002, 2014 y 2018 se pasa a una segunda ronda con los dos resultados más altos de la primera ronda. De esta manera, de hecho, en términos generales, el 70% de la población votante ejerce su derecho al sufragio, aunque en momentos cercanos al día de las votaciones pueda estar indefinida en torno a su decisión de por quién votar.

En esta misma historia electoral la alternabilidad de partidos políticos en el ejercicio de Gobierno ha sido la huella fundamental. En esto, todo el período desde 1953 hasta el 2018 conoce momentos en que un partido se reelige en el gobierno una vez, pero nunca se ha dado que se reelija dos veces consecutivas, que es el reto que tiene al actual partido Acción Ciudadana, gobernante en este momento. El reto se amplía a retornar a los partidos que han ejercido el gobierno, Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, antes de elegir nuevas fuerzas políticas o de improvisar partidos sin experiencia en Gobierno o la Asamblea Legislativa, o que amenacen aspectos fundamentales de la convivencia y vida democrática y de Derechos Humanos de la sociedad costarricense.

Finalmente, el número de votantes es de 3.500.000, ligeramente un poco más de mujeres que de hombres. Poco más de la mitad de los votantes son mayores de 40 años. Los que por primera vez votan, mayores de 18 años, rondan los 250.000, y son los que históricamente muestran su mayor abstencionismo.

A nivel social la Población Económicamente Activa, que es también votante, al momento de iniciar la pandemia, giraba alrededor de 2.500.000 de personas. De ellas una tercera parte es de mujeres. De estas mujeres el 52%, 350.000, son cabeza de familias, principales ingresos de sus hogares aún cuando tienen esposo o compañero. En marzo del 2020 había 220.000 desempleados.

Con la pandemia la desocupación llegó a finales del 2020 a 600.000 y otros miles fueron afectados con reducción de jornadas de trabajo, y reducción de sus salario o ingresos. A finales del 2021 los desempleados alcanzaban la cifra de los 450.000 y las cabezas de familia se habían reducido a 250.000.

La situación social actual muestra que 1.500.000 de personas tiene ingresos de ¢120.000 (ciento veinte mil colones ó $200 dólares) mensuales, que son literalmente salarios o ingresos de extrema pobreza, que no garantizan una vida digna, decorosa, decente.

Las clases medias bajo los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana han salido altamente golpeadas, con sus diversas políticas económico-sociales, las han reducido en sus aspiraciones y las conducen hacia los niveles de pobreza nacional.

Frente a esta situación social los 25 partidos políticos, que están participando en las elecciones, no tienen un planteamiento público para sus electores, para ver cómo se recuperan, al menos, los índices del económico sociales del 2019.

Estos son parte de los retos que afrontan las nuevas autoridades gubernamentales que puedan ser electas el próximo domingo 6 de febrero. Este es el nudo fundamental del proceso electoral, sobre el que no se oyen mensajes positivos.

Charlas sobre la historia de Costa Rica

En el canal de Youtube: Seguidores de Mons.Sanabria estudio, verdad y ciencia, usted podrá encontrar diferentes videos sobre temas relacionados con la historia costarricense.

Entre las temáticas abordadas están: 

  • Antecedentes históricos: Reformas Sociales de los cuarentas y la Doctrina Social de la Iglesia Católica en Costa Rica.
  • Secretos de un acuerdo: presentación de Monseñor Sanabria y Manuel Mora y sus acuerdos para las garantías sociales costarricenses.
  • La alianza inverosímil: Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria.

Usted puede buscar este canal y estar pendiente de nuevas reuniones para conocer más de la historia costarricense.

 

Información compartida con SURCOS por Arturo Fournier.

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.