Convocatoria Urgente
La junta Directiva de la CCSS pretende reformar el reglamento de IVM:
Nos vemos este jueves 9:00 a.m. frente a la CCSS avenida segunda
¡Te esperamos! ¡La lucha es en las calles!
SURCOS recibió un comentario circulado en redes por Martha E. Rodríguez González. Representante sindical en la Junta Directiva, CCSS.
En el comentario Martha Rodríguez expresa que se está afrontando un enorme desafío sanitario que no está siendo atendido con la debida diligencia por parte del gobierno, esto a pesar de las advertencias de la Caja, esto agravando por las desgastantes condiciones laborales lo cual afecta a los y las trabajadoras de la salud.
Menciona que en la conferencia atendida por la Cámara Costarricense Norteamericana la ministra de Comercio y jerarca de la CNE revela los intereses que protege el gobierno, por dicha razón la responsabilidad de las consecuencias del colapso de los servicios de salud recaerá en el gobierno. También informa que el día 11 de mayo del 2021, en sesión extraordinaria la Junta Directiva conocerá las propuestas de los diferentes sectores con respecto a la reforma al Régimen de pensiones de la CCSS, la cual modifica los beneficios, las contribuciones y los requisitos.
Martha indica que no es momento para discutir dichas reformas ya que se está viviendo una crisis sanitaria sin precedentes. Expresa que solicitara más informes técnicos y una actualización de los datos, y aunque no se apruebe la reforma los y las trabajadoras de la salud deben mantenerse atentos.
Imagen tomada del Seminario Universidad.
Una reforma a varios artículos del Reglamento en contra del hostigamiento en el trabajo o acoso laboral, aprobada recientemente por el Consejo Universitario, tiene como propósito ajustar esta norma con la reglamentación institucional y nacional sobre dicha materia, así como mejorar su aplicación dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La modificación subsana una de las principales omisiones del reglamento vigente, como lo es la ausencia de plazos en cada una de las fases del procedimiento, lo cual provocaba retrasos y era una preocupación planteada por la comunidad universitaria.
La inclusión de plazos garantiza seguridad jurídica a las partes involucradas, en razón de que mejorarán los tiempos de resolución y respuesta, destacó el Órgano Colegiado al aprobar la reforma.
De acuerdo con el Consejo Universitario, el acoso laboral es una actuación indeseada que no debe permitirse de ninguna manera, sea que se realice por personas de la comunidad universitaria o por aquellas que brindan algún servicio a la Institución en los diferentes espacios de trabajo, de ahí que era necesario incorporar en el reglamento mecanismos de contención y ajustarlos a las circunstancias actuales.
La reforma también precisa las funciones de la Comisión Evaluadora de Acoso Laboral para así evitar confusiones.
Con el fin de generar conciencia en todos los niveles de la Institución, el Órgano Colegiado solicitó a la Rectoría organizar talleres, charlas, foros, campañas de la Oficina de Divulgación e Información, entre otras acciones, en relación con los mecanismos existentes para poder denunciar, así como las consecuencias negativas de este tipo de acoso para las personas trabajadoras.
Nota periodística del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR).
¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).
Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.
Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.
Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.
***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***
Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN, hace un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que impulsen y aprueben la reforma al impuesto de renta y una contribución solidaria del sector financiero para financiar al mediano plazo el bono proteger y aspirar a convertirlo en una renta universal mientras dure la pandemia.
Rodrigo Arias López compartió con SURCOS la siguiente inquietud que le envió al auditor interno de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Señor Jorge Arturo Hernández Castañeda
Auditor Interno CCSS
Estimado don Jorge Arturo.
Le copio esta respuesta que me envía doña Emma Zúñiga sobre un estudio actuarial del seguro de salud por condición de aseguramiento que la Auditoría que usted dirige recomendó realizar a la Administración de la CCSS hace varios años. También adjunto otros documentos.
Como puede ver don Jorge, uno de los estudios actuariales más importantes del seguro de salud, pues tiene que ver con todas las leyes relacionadas con dicho seguro -Constitución política, Ley 17, ley 5349, ley 7374, entre otras- y por haber sido realizado a solicitud de esa Auditoría, ni siquiera fue conocido por su máximo jefe, la Junta Directiva, a pesar de lo indicado en el artículo 42 de la Ley Constitutiva de la CCSS y otra normativa de control interno. Entiendo que ese estudio actuarial que se realizó al seguro de salud no fue conocido por la máxima instancia de la CCSS porque ni el Director Actuarial, ni el Gerente Financiero, ni la Presidencia Ejecutiva y desafortunadamente entiendo que usted tampoco se lo envió, pues de lo contrario la respuesta de doña Emma hubiera sido otra.
Don Jorge, que pena me da ver como esta respuesta y la que usted me envió hace unos días sobre la gran cantidad de estudios que hace esa Auditoría, sobre los cuales se realizan hasta 7 o más estudios de seguimiento adicionales, durante hasta 5 o más años, y que a las autoridades de la CCSS como dice el dicho «les resbala» y esa Auditoría no puede hacer nada porque, según su respuesta, excede de sus potestades o funciones. Yo comprendo que para usted es muy complicado, pues desafortunadamente en la Ley está establecido que esos a quienes esa Auditoría supervisa son los mismos que ordenan el pago mensual de los salarios, tanto el suyo como el de los demás empleados de la Auditoría. Entonces, aunque en la ley esté establecido que la Auditoría debe actuar con toda objetividad, deja mucho que pensar a los asegurados que financiamos a la CCSS, incluyendo los gastos de esa Auditoría. En efecto, en los artículos 7 y 8 del «REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL» se lee (destacados míos):
«Artículo 7º—Independencia. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, deberán ejercer su actividad con total independencia funcional y de criterio respecto a la Junta Directiva y a los demás órganos de la administración activa. De igual forma, la Auditoría Interna al manejar sus recursos; al determinar su planificación y las modificaciones a ésta, deberá estar libre de injerencias provenientes del jerarca o de los titulares subordinados.
Artículo 8º—Objetividad individual y ética profesional. Los funcionarios de la Auditoría Interna tendrán una actitud imparcial y neutral al realizar sus labores, protegiendo así su objetividad individual e independencia de criterio. Deberán, observar las normas éticas que rigen su profesión y evitar los conflictos de intereses que de cualquier forma, puedan afectar sus actuaciones como funcionarios públicos«.
No cree don Jorge Arturo, que las leyes y reglamentos relacionados con este asunto requieren de una reforma para que quienes ordenen el pago de los salarios de los funcionarios de las Auditorías Internas, incluyendo el del Jefe de la Auditoría como es su caso, no sean las mismas instituciones que esas Auditorías auditan, sino otra instancia, a fin de reducir el riesgo de presiones y de conflictos de interés y lograr de manera efectiva los objetivos de control establecidos en la Ley General de Control Interno y en la Ley contra la corrupción y de Enriquecimiento Ilícito de la función Pública? Por ejemplo, podría ser la misma Contraloría General de la República. Esa institución podría cobrar los servicios prestados a las diversas instituciones, incluyendo los que brinde a la CCSS. ¿No le parece que incluso la Auditoría Interna de la CCSS no debería estar en las instalaciones de la CCSS para reducir al máximo el riesgo de injerencias y de posibles conflictos de interés?
Creo que un proyecto de ley se podría justificar de una manera sencilla ante la Asamblea Legislativa. Con solo mostrarle la enorme cantidad de estudios que realiza esa Auditoría, la gran cantidad de informes de seguimiento durante una gran cantidad de años, así como el hecho de que no hay resultados concretos, pues la Administración de la CCSS no les hace caso y la ley, según su respuesta don Jorge, no les permite a ustedes ir más allá. Pero sobre todo don Jorge, en momentos de una crisis de liquidez, no solo de los seguros sociales, en particular del IVM, sino en general, anunciada recientemente por la Presidencia de la República, que la Auditoría Interna de la CCSS gasta casi 5 mil millones de colones al año -tomados de los aportes que realizan los cotizantes a los seguros de salud y pensiones- y sin resultados palpables por los asegurados!! En efecto don Jorge Arturo, si calculamos el valor presente de los gastos de la Auditoría Interna que usted dirige, desde 2010 hasta 2017 (Utilizo la certificación de salarios proporcionada con el oficio DAGP- 0981-2017 del 14 de julio 2017, el año 2017 según lo presupuestado), usando una tasa de interés del 8.5%, se obtiene un monto estimado de 40.122 millones de colones, como puede ver en el cuadro siguiente (en colones).
Lo anterior representa un monto promedio superior a los 5 mil millones de colones por año.
Esa suma de 41 mil millones de colones que hemos pagado los asegurados de la CCSS hubiera alcanzado para construir un hospital moderno con equipo médico de alta tecnología, tan necesario en nuestro país!!
¿No le parece don Jorge que es demasiado dinero en época de crisis de liquidez que vive el país y el seguro IVM? ¿No cree que ese gasto representa un despilfarro de recursos visto a la luz de su respuesta emitida en el oficio 53348 del 8 de agosto de 2017?
Don Jorge Arturo, usted de casualidad, ante ese gasto gigantesco que pagamos todos los asegurados de la CCSS para mantener a un órgano incompetente como se desprende de su oficio 53348 del 8 de agosto de 2017, no ha hecho al menos el ejercicio de lo que nosotros -los asegurados de la CCSS- le pagamos anualmente a usted en salarios, aguinaldos y cargas sociales?. Yo me tomé un tiempito para hacer una estimación. A su salario mensual de junio de 2017 de 4.768.252 colones le agregué una estimación del salario escolar, para lo cual tomé el promedio de este salario y su salario de junio de 2016. El aguinaldo lo estimo igual al salario de junio de 2017 y uso un 24,33% de cargas sociales. Note que solo su salario mensual más las cargas sociales suman 7.084.051 colones, que al multiplicar por 12 meses y agregar el salario escolar y el aguinaldo, da como resultado un monto anual de 94.526.892 colones, suma nada despreciable que sale del bolsillo de todos los contribuyentes de la CCSS. Imagínese que esa suma en 10 años de trabajo casi llega a los 1.000 millones de colones!! ¿Y cuánto sería si usamos todos los años que usted ha estado en la CCSS?. No le parece don Jorge Arturo que esta suma lo obliga a usted a sudar la camisa y hasta el pantalón vigilando para que en la CCSS se apliquen y cumplan las leyes como en derecho corresponde en lugar de tirarle la pelota a los asegurados como se desprende de su oficio 53348 del 8 de agosto de 2017? Y es que cuando usted afirma que le corresponde a la administración activa poner en práctica las recomendaciones de la Auditoría cuando esta no recibe respuestas en los plazos indicados, sin que esa Auditoría haga nada para verificar que efectivamente la Administración Activa las cumple, deja mucho que desear. Yo me siento engañado como asegurado, pues le pagamos a usted y a su equipo de trabajo precisamente para que hagan ese trabajo.
Imagínese usted el cambio significativo que se tendría si la CCSS anualmente le girara a la Contraloría General de la República esa suma anual de cinco mil millones de colones para que le realicen todo el trabajo de control que ordenan las leyes, sin la presión de tener que auditar a sus propios jefes, ni de recibir instrucciones o directrices de las jefaturas de la CCSS!! Incluso la Contraloría General de la República podría bajarle los costos a la CCSS y con ello a los seguros sociales, ya que al darle el servicio a todas las instituciones del sector público se podrían tener economías de escala de hasta el 50%.
¿Qué le parece don Jorge Arturo que esa Auditoría se ponga una flor en el ojal y elabore un proyecto de ley en el sentido anterior, para que de alguna manera entre al plenario legislativo? Estoy seguro que una importante cantidad de los asegurados de la CCSS que con nuestros aportes mensuales financiamos los gastos de esa Auditoría, incluyendo su salario, veríamos en tal acción una muestra palpable en favor de que nuestros dineros realmente se inviertan para los fines que están establecidos en la Ley General de Control Interno, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y en la Constitución Política de Costa Rica, todo en beneficio de los seguros sociales y los asegurados.
¿Qué le parece don Jorge Arturo, para que caliente motores, si le solicita a la Dirección Actuarial y a la Gerencia Financiera, que envíen a la Junta Directiva de la CCSS la «Valuación Actuarial del Seguro de salud, 2013» que fue ordenada por esa Auditoría? Note que esa solicitud la hice yo personalmente; sin embargo, viendo el oficio de respuesta GF-3540-2017 / DA-799-2017 del 11 de octubre de 2017, deduzco que se negaron a enviarla, solamente tramitaron la valuación de 2015, a pesar de que desde el año 2010 la Junta Directiva de la CCSS no conoce ningún estudio actuarial del seguro de salud, al menos a esa fecha. Yo creo don Jorge Arturo, que usted no tiene ningún impedimento legal para hacer esto que le solicito. Incluso creo que usted puede enviar de oficio ese estudio actuarial a la Junta Directiva o al menos a su jefe actual, dado que no lo hizo a sus jefes anteriores.
Espero que haga algo al respecto.
Cordiales saludos.
Atentamente,
Rodrigo Arias López.
*Imagen con fines ilustrativos.
Suscríbase a SURCOS Digital:
Yeison entró por primera vez al sistema penitenciario con 14 años, no obstante, en este momento, 11 años después, se encuentra descontando otro tipo de sentencia. Al ser liberado y completar el proceso de salida o egreso, el joven fue deportado a Nicaragua, lugar que desconoce y en donde no tiene lazos con otras personas o familiares.
“Ha sido muy difícil, he sufrido mucho por la situación de ser privado de libertad y después de eso la deportación, empezar una vida nueva en un país extraño donde nunca había estado”, confirma Yeison.
El trayecto tampoco es fácil para su madre, Carmen, quien asegura que aunque fue duro ver a su hijo preso a tan corta edad, nunca dejó de estar a su lado.
Carmen encontró apoyo en el proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), «Salir del Canazo» (ED-3312), el cual acompaña a los muchachos y a sus familias durante el proceso de egreso del sistema penitenciario y una vez que se encuentran afuera del mismo.
“Para mí, los de la Universidad de Costa Rica han sido mi familia en este país, les agradezco de todo corazón, porque nunca había tenido la oportunidad de que alguien me llamara y me dijera: ¿cómo estás? ¿cómo te sentís?”, agrega Carmen.
El proyecto busca contribuir a la construcción e implementación de un plan de acompañamiento de egreso para la población penal juvenil, en donde se puedan detectar las necesidades y aportar respuestas para casos específicos como el de Yeison.
Con el fin de fortalecer las condiciones personales y sociales de esta población, el proyecto implementa talleres de discusión, formación y capacitación, grupos de discusión y reflexión, cine foros y actividades artísticas.
De acuerdo con el coordinador del proyecto, Sergio Salazar Araya, el acompañamiento es diverso y se debe plantear en función a cada joven; esto se debe a que el proceso de reinserción puede estar condicionado por diferentes factores como la violencia doméstica, drogadicción, callejización, narcotráfico y redes delictivas.
Eitan, uno de los 150 jóvenes residentes del Centro de Detención para el adulto jóven de La Reforma, dice estar consciente de los peligros que lo esperan afuera de prisión, más no por eso se siente preparado para enfrentarlos.
“Sinceramente, me preocupa el comportamiento mío al salir de aquí, eso es lo que me preocupa más porque diay si me porto mal sé que volveré a estar preso”, revela Eitan.
Salazar explica que muchas veces las redes delictivas son la única actividad que acoge de vuelta a estos jóvenes, pues muchos de ellos no cuentan con la formación adecuada para obtener otras formas de empleo y provienen de contextos de pobreza.
“La mayor parte de estos muchachos tienen pocas opciones laborales, entonces la red delictiva, más que un interés personal o más que algo que a ellos les guste, es el único mercado laboral que tienen abiertos”, añade el docente.
Para María Fernanda Mora Calvo, trabajadora social de La Reforma, la inserción efectiva y real de estos jóvenes requiere del involucramiento de diferentes actores sociales. De acuerdo con Mora, aunque en el centro realizan un seguimiento post penitenciario de las personas que son liberadas, éste no es exigido por el Ministerio de Justicia y Paz y la falta de recursos a veces imposibilita llevar a cabo los procesos.
El proyecto también se vincula con la Unidad de Inserción Social del Ministerio de Justicia y Paz, departamento de reciente creación encargado del proceso de reinserción de personas privadas de libertad. De acuerdo con Sarita Villegas Fernández, directora de la unidad, actualmente supervisan los procesos de reinserción de 46 mujeres, 50 varones y 16 adultos jóvenes prontos a descontar su sentencia, así como los de 6 jóvenes recientemente liberados.
Villegas también añade que el proyecto Salir del Canazo colabora en áreas como apoyo educativo, identificación de vulnerabilidades y resolución de necesidades inmediatas; además de permitir un mejor acercamiento a las familias y comunidades.
Para Yeison, que ahora trabaja como barbero en León, Nicaragua, su estadía afuera de la cárcel no ha sido fácil, sin embargo gracias a estos controles se sabe que se encuentra a salvo y alejado de posibles actividades delictivas. El joven dice sentirse agradecido con la ayuda que se le ha brindado, especialmente a nivel anímico.
“Para nosotros los jóvenes o personas que hemos estado privadas de libertad, [es importante] el apoyo de ustedes, que lleguen y que nos suban nuestra autoestima, yo tengo mucho que agradecerles a ustedes”, revela Yeison.
Según el docente Sergio Salazar, los esfuerzos del proyecto se traducen en un bien común, ya que inciden en la tasa de criminalidad y en mayor producción económica para el país. Salazar también destaca que pese a la estigmatización que se tiene sobre los privados de libertad, estas personas solo están tratando de retomar sus vidas.
“Esto es importante. Esta gente realmente quiere salir a bretear, quiere salir a estudiar, quiere salir a hacer familia, quiere salir a hacer las cosas que normalmente todo mundo quiere hacer”, concluye el profesor.
Salir del canazo
Esteban Hidalgo Pena
Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Suscríbase a SURCOS Digital:
A mediados de marzo del 2018 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, la cual pone en peligro la formación, el ejercicio y la calidad de la medicina costarricense.
Dentro de las principales modificaciones se encuentra la reforma al artículo 7, que elimina la equiparación de títulos. Dicha disposición permitirá que cualquier persona, sin importar el país de donde provenga, pueda ejercer en Costa Rica con tan solo presentar el título ante el Colegio. Esto, sin ningún tipo de verificación previa que respalde la autenticidad de sus conocimientos.
Lo anterior atenta directamente contra la vida de los pacientes y también contra uno de los principales esfuerzos que ha realizado la Universidad de Costa Rica (UCR) para asegurar el bienestar de la población. En los últimos años, la UCR, con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores (Conare), ha desarrollado y aplicado el examen de equiparación necesario como parámetro de excelencia profesional.
De acuerdo con la Dra. Lizbeth Salazar, directora de la Escuela de Medicina de la UCR, la evaluación procura asegurar que “el profesional de medicina formado en el exterior posea todas las capacidades requeridas para realizar procedimientos médicos en el país sin poner en riesgo la integridad de la persona. Con la reforma, no se podrá garantizar la idoneidad del profesional”, destacó.
Otro de los aspectos reformados se encuentra en el artículo 39. La cláusula señala que para ser profesora o profesor de las ciencias médicas, y ejercer la docencia en cualquiera de las universidades nacionales reconocidas y acreditadas por las instancias correspondientes, será indispensable estar inscrito como integrante del Colegio, o bien, autorizado por este.
Como consecuencia, se afecta directamente el ejercicio docente y también las disposiciones de los otros colegios profesionales del área de la salud. Entre ellos: Microbiología, Farmacia, Nutrición, Enfermería, Tecnologías en Salud y Salud Pública.
“El artículo 39 es una intromisión a los otros colegios profesionales y violenta la autonomía universitaria. No es posible pensar que un profesional ya incorporado a su colegio deba pedir autorización al Colegio de Médicos para ejercer como profesor. Es importante considerar que en la enseñanza de la medicina no solamente médicos fungen como profesores sino también otros profesionales en el campo de la salud” manifestó Marjorie Jiménez Castro, rectora a.i.
Finalmente, el artículo 40 prohíbe la superposición horaria que se creó con el objetivo de facilitar el desempeño simultáneo de cargos. Su eliminación ataca directamente la formación médica del país, debido a que casi la totalidad de los profesores de medicina también se desempeñan como médicos en diferentes hospitales públicos.
“La enseñanza de la medicina se hace a la cabecera del enfermo y a la par de los profesores. Es un proceso de aprendizaje que se desarrolla de manera conjunta. El estudiante debe ver la evolución de las enfermedades en su paciente y aprender a la par del tutor. No es solo una formación teórica, es ir al área clínica. A los estudiantes no se les puede enseñar solo con libros, requieren de práctica y médicos especializados que los guíen”, dijo el Dr. Carlos Alberto Fonseca Zamora, decano de la Facultad de Medicina.
La Propuesta de Ley se aprobó en segundo debate en la Comisión con Potestad Plena Primera. Los diputados prescindieron de la lectura de sus mociones finales y no se dio audiencia a personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni de la Facultad de Medicina de la UCR.
Por los motivos expresados anteriormente, el 23 de abril la UCR solicitó al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el veto correspondiente a este proyecto de ley con el fin de proteger la salud de la población costarricense y garantizar que el país tenga atención médica de alta calidad.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Suscríbase a SURCOS Digital:
Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.
Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.
Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.
Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.
Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.
Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.
Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.
Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.
Enviado por el autor.
Suscríbase a SURCOS Digital:
