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Etiqueta: Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

Costa Rica: una democracia parcial y parcializada

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Estas breves líneas constituyen una invitación a reflexionar, sobre algunos temas de nuestro acontecer político cotidiano, que posibilita nuestro el enriquecimiento interpretativo y el diálogo sobre los dilemas y perspectivas sociales que nos comprometen a todos. La democracia implica compartir nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales y el poder con otros en la sociedad. La intolerancia, el odio y la violencia en comunidad, destruyen democracia, diálogo y futuro común.

La democracia en Costa Rica tantas veces alabada y defendida, atraviesa por una profunda crisis que no llegamos a comprender ni analizar integralmente, luego no actuamos consecuentemente. Los sucesos recientes son ejemplos de los resquicios de una democracia que aparecen en determinadas y vitales circunstancias, mientras están permanentemente presentes las decisiones cosificadas en leyes y decretos, inspirados y condicionados por intereses e influencias ajenas de las demandas colectivas, así como con prácticas autocráticas que actúan contra de los intereses ciudadanos y el nacional.

Hemos defendido al poder judicial ante las acciones gubernamentales que pretendían controlarlo y subordinarlo a las decisiones e intereses del ejecutivo, no obstante, ha sido una movilización ciudadana que en su defensa logró descongelar las arbitrarias retenciones de miles de millones de colones del poder judicial, sin duda un logro democrático, además de patentizar las libertades y derechos ciudadanos.

Asimismo, habría que observar que cuando los universitarios realizan justas protestas por las arbitrarias, ilegitimas y anticonstitucionales restricciones presupuestales a las universidades públicas por decisiones fiscalistas del gobierno, nada ocurre, “brillan por su ausencia” las entidades que deben velar por el respeto y resguardo de la democracia y la Constitución. Asimismo, como cuando las operadoras de pensiones se apropian de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que pertenecen a los trabajadores, que al ser manipuladas por dichos entes en los mercados financieros, ocasionaron pérdidas millonarias a los recursos de los trabajadores que nutren los mercados con recursos de décadas de esfuerzo laboral, sacrificios en la salud personal y familiar de miles de asalariados y la de privarlos de su capacidad decisora de sus propios recursos, son prácticas crueles e ilegitimas de disposiciones legales inmorales e indignas.

No devolver los dineros a sus legítimos dueños por parte de las entidades que los parasitan, ni ser autorizado por los diputados, que tienen la obligación de legislar en favor de quienes representan, es una práctica cruel y antidemocrática, que degrada la situación de vida a los miles de trabajadores jubilados de hoy y los millones del mañana. Es paradójico que un Estado que está obligado de proteger y amparar la democracia sea el protagonista de su deterioro y de su destrucción dictatorial.

El Estado costarricense no es un observador de la inequidad y desigualdad en las relaciones sociales, es protagonista directo, porque regula parcial y parcializadamente las relaciones sociales y jurídicas de la sociedad, que no son neutras ni representan a todos igualitariamente, porque representan a empresarios globales y los intereses imperiales, que se han arrogado ideológica, política y económicamente ser quienes disponen de vidas y sociedades. El estatal costarricense se ha convertido en “furgón de cola” de intereses ajenos que atentan contra nuestros derechos y sociedad.

La democracia no es una creación estatal, es la actuación de la totalidad social, que no solo la crea, defiende y enriquece la democracia con sus protestas y demandas para superar las imperfecciones que todo sistema hereda y reproduce, como un proceso en constante transformación, inserto en un contexto inequitativo, desigual y contradictorio. No obstante, nuestra democracia está siendo privatizada por el Estado, para convertirla en una tiranía que nos silencia y empobrece, donde la igualdad formal es “papel mojado”. La pretensión de ridiculizar las voces disidentes desde el poder estatal revela la intolerancia, ignorancia y violencia del discurso de odio, contra las justas demandas ciudadanas.

[1] Catedrático, docente e investigador. Pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.