Costa Rica: una democracia parcial y parcializada
Juan Huaylupo Alcázar[1]
Estas breves líneas constituyen una invitación a reflexionar, sobre algunos temas de nuestro acontecer político cotidiano, que posibilita nuestro el enriquecimiento interpretativo y el diálogo sobre los dilemas y perspectivas sociales que nos comprometen a todos. La democracia implica compartir nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales y el poder con otros en la sociedad. La intolerancia, el odio y la violencia en comunidad, destruyen democracia, diálogo y futuro común.
La democracia en Costa Rica tantas veces alabada y defendida, atraviesa por una profunda crisis que no llegamos a comprender ni analizar integralmente, luego no actuamos consecuentemente. Los sucesos recientes son ejemplos de los resquicios de una democracia que aparecen en determinadas y vitales circunstancias, mientras están permanentemente presentes las decisiones cosificadas en leyes y decretos, inspirados y condicionados por intereses e influencias ajenas de las demandas colectivas, así como con prácticas autocráticas que actúan contra de los intereses ciudadanos y el nacional.
Hemos defendido al poder judicial ante las acciones gubernamentales que pretendían controlarlo y subordinarlo a las decisiones e intereses del ejecutivo, no obstante, ha sido una movilización ciudadana que en su defensa logró descongelar las arbitrarias retenciones de miles de millones de colones del poder judicial, sin duda un logro democrático, además de patentizar las libertades y derechos ciudadanos.
Asimismo, habría que observar que cuando los universitarios realizan justas protestas por las arbitrarias, ilegitimas y anticonstitucionales restricciones presupuestales a las universidades públicas por decisiones fiscalistas del gobierno, nada ocurre, “brillan por su ausencia” las entidades que deben velar por el respeto y resguardo de la democracia y la Constitución. Asimismo, como cuando las operadoras de pensiones se apropian de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que pertenecen a los trabajadores, que al ser manipuladas por dichos entes en los mercados financieros, ocasionaron pérdidas millonarias a los recursos de los trabajadores que nutren los mercados con recursos de décadas de esfuerzo laboral, sacrificios en la salud personal y familiar de miles de asalariados y la de privarlos de su capacidad decisora de sus propios recursos, son prácticas crueles e ilegitimas de disposiciones legales inmorales e indignas.
No devolver los dineros a sus legítimos dueños por parte de las entidades que los parasitan, ni ser autorizado por los diputados, que tienen la obligación de legislar en favor de quienes representan, es una práctica cruel y antidemocrática, que degrada la situación de vida a los miles de trabajadores jubilados de hoy y los millones del mañana. Es paradójico que un Estado que está obligado de proteger y amparar la democracia sea el protagonista de su deterioro y de su destrucción dictatorial.
El Estado costarricense no es un observador de la inequidad y desigualdad en las relaciones sociales, es protagonista directo, porque regula parcial y parcializadamente las relaciones sociales y jurídicas de la sociedad, que no son neutras ni representan a todos igualitariamente, porque representan a empresarios globales y los intereses imperiales, que se han arrogado ideológica, política y económicamente ser quienes disponen de vidas y sociedades. El estatal costarricense se ha convertido en “furgón de cola” de intereses ajenos que atentan contra nuestros derechos y sociedad.
La democracia no es una creación estatal, es la actuación de la totalidad social, que no solo la crea, defiende y enriquece la democracia con sus protestas y demandas para superar las imperfecciones que todo sistema hereda y reproduce, como un proceso en constante transformación, inserto en un contexto inequitativo, desigual y contradictorio. No obstante, nuestra democracia está siendo privatizada por el Estado, para convertirla en una tiranía que nos silencia y empobrece, donde la igualdad formal es “papel mojado”. La pretensión de ridiculizar las voces disidentes desde el poder estatal revela la intolerancia, ignorancia y violencia del discurso de odio, contra las justas demandas ciudadanas.
[1] Catedrático, docente e investigador. Pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.