Comunicado de la rectoría de la UCR sobre el Régimen Salarial Académico
SURCOS recibió una comunicación del doctor Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica en relación con el Régimen Salarial Académico. Como se indica en el párrafo final de esta nota, esta declaración se refiere a aspectos generales, pues los detalles están a cargo del asesor legal del rector. El texto expone:
“La normativa universitaria es compleja y requiere revisiones y actualizaciones periódicas para cumplir con el ordenamiento jurídico y constitucional, además de adaptarla a los cambios y transformaciones que exigen la Universidad y la sociedad costarricense. Dicha complejidad se manifiesta en la normativa que ha dado lugar al Reglamento del Régimen Salarial Académico (RSA) de la Universidad de Costa Rica y a otras regulaciones institucionales en materia laboral y salarial, todo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley de Empleo Público. En este contexto es importante aclarar lo siguiente:
El Reglamento del Régimen Salarial Académico fue aprobado por el Consejo Universitario en la sesión número 6768 del 14 de diciembre de 2023.
En cuanto a la definición de las escalas salariales por categoría en el régimen académico y para puestos de autoridad universitaria, estas se definieron el 3 de mayo de 2024, mediante resolución R-116-2024 firmada por el exrector Gustavo Gutiérrez Espeleta, no por mi persona.
Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en su artículo 40, inciso b), que le corresponde al rector ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario (no es opcional). Así las cosas en el año 2024 se inició el proceso de traslado de personas del régimen salarial compuesto al nuevo régimen salarial académico según los términos establecidos en el Reglamento, que son de acatamiento obligatorio.
Posteriormente, el 23 de octubre de 2024, mediante criterio de la Oficina Jurídica OJ- 114-2024, se indica que, “en cuanto a la legalidad y constitucionalidad del contenido del Transitorio 8 del Reglamento – RSA aprobado por ese Consejo, esta Oficina estima que las medidas allí contenidas son legítimas y garantizan los principios equidad salarial, excelencia en el servicio, mérito, capacidad y competencias” (subrayado es propio). Señala además este criterio que “como consecuencia lógica, si la Universidad puede y debe definir su política salarial, puede también -de conformidad con la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento- definir el mecanismo de transición de un sistema de remuneración a otro, siempre que tenga en cuenta los derechos, principios y valores constitucionales en juego, por ejemplo, el de equilibrio presupuestario”. Finalmente concluye este dictamen que “las medidas contenidas en el Transitorio 8 del RSA son acordes a Derecho”. Este criterio es ratificado por la Oficina Jurídica en el oficio OJ-116-2025 del pasado 22 de mayo.
Véase entonces que el ajuste del régimen salarial académico no solo es una obligación que establece el reglamento aprobado por el Consejo Universitario (no por mí personalmente), sino que inclusive es una práctica que ha sido avalada por la propia Oficina Jurídica de la Universidad y catalogada como legítima, lo que descarta claramente cualquier actuación irregular o reconocimiento ilegal de beneficios de mi parte”.
En el escrito enviado por el doctor Araya Leandro a nuestra redacción se indica que “con respecto a la causa penal en la que se investiga lo relacionado al Régimen Salarial Académico (RSA) de la UCR, debo indicar que cualquier consulta debe ser dirigida a mi abogado defensor Gerardo Huertas Angulo, ya que al tratarse de una investigación en trámite, será en el contexto de ese proceso penal en donde brindaré las respuestas que correspondan para desmentir esa temeraria denuncia. Para esos efectos mi defensor se está apersonando a la Fiscalía esta misma semana para ponernos a las órdenes y solicitar se me cite para brindar declaración cuanto antes, como es mi deseo”.