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Etiqueta: resistencia comunitaria

Comunidades alertan de proyecto de Hidrógeno verde en el Pacífico Central

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Comunidades como Punta Morales, Coyolito, Morales, Costa de Pájaros, Lagartos, Judas y Chomes, alertan que desde hace algunos meses han recibido visitas al parecer de la empresa estadounidense DLZ promotora de un proyecto de Hidrógeno Verde en el Pacífico Central del país. En dichas visitas a la zona, vecinas y vecinos señalan que se han realizado mediciones de propiedades desde Finca La Culebra en Abangares hasta las instalaciones de Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) en Punta Morales.

¿Qué es el Hidrógeno verde (H2)?

Es una fuente de energía producida a partir de agua mediante electrólisis utilizando electricidad de fuentes como la solar o eólica.

La electrólisis es un proceso químico que utiliza electricidad para descomponer una sustancia. En el caso del hidrógeno, la electrólisis se usa para separar el agua (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂).

¿H2 verde en Costa Rica?

En el 2022 el actual ministro de Ambiente Franz Tattenbach presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Costa Rica 2022-2050, según reza el documento oficial:

“la presente Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde ha sido desarrollada en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha sido un aliado de Costa Rica en la exploración del hidrógeno como un energético y que ha financiado estudios como el Análisis del mercado global de hidrógeno verde: el potencial de participación de Costa Rica en dicho mercado y estimaciones asociadas a su impacto macroeconómico, desarrollado en 2021, y que ha servido como fuente de datos para esta Estrategia.” Además, “incluye intervenciones estratégicas, indicadores y metas, además, pretende atender las brechas regulatorias, técnicas, financieras, nuevos talentos y capacidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica”

La estrategia plantea que para el 2030, se prevé una capacidad instalada de electrolizadores y proyectos en desarrollo entre 0,15 y 0,50 GW y una serie de hitos en el sector industrial y el transporte, para los cuales será preciso movilizar inversiones potenciales estimadas en 1100 millones de dólares, durante el periodo 2022-2030.

Según señala la Plataforma, en el 2024 se aprobó un proyecto de € 25 000 000, que le permitirá a Costa Rica invertir en el desarrollo del hidrógeno verde.

Queda claro que el desarrollo del proyecto en la zona mencionada forma parte de los planes de esta estrategia.

¿Por qué las comunidades alertan?

Primero, organizaciones locales han visibilizado en reiteras ocasiones, la falta de agua que hay en la zona principalmente en época seca, sobre todo por prácticas extractivistas que se dan en los ríos de la zona como el Guacimal, Lagartos y Abangares, tales como proyectos de riego y quebradores.

Un caso reciente es el de las comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes, las cuales, llevan más de 15 días sin agua ante la saturación del pozo por los sedimentos resultantes de otras actividades extractivas como los quebradores y proyectos de riego.

Para el proyecto de hidrógeno mencionado, se requiere la electrólisis, la cual utiliza agua purificada en enormes cantidades, es decir, que requerirán consumos elevados del agua local, la pregunta que resalta es ¿no hay agua para las comunidades, pero sí para las empresas? Estos proyectos extractivistas que se implantan no solo representan un problema ambiental sino de acceso humano al agua como recurso vital.

Segundo, preocupa en gran medida la seguridad de la infraestructura requerida, como: electrolizadores, tanques de almacenamiento, tuberías y sistemas de transporte. Toda esta infraestructura atravesará comunidades con alto nivel de vulnerabilidad pues el hidrógeno al ser el elemento más liviano y difícil de contener puede fugarse fácilmente y es inflamable, así como explosivo. Las fugas de hidrógeno pueden ser invisibles y difíciles de detectar, aumentando el riesgo en entornos industriales.

Las comunidades están claras que el discurso de “más empleo y desarrollo” es solo una patraña más de los enclaves extractivos. Señalan que la etiqueta de verde o greenwashing se usa engañosamente y culpan a las instituciones responsables como el MINAE y la SETENA por seguir permitiendo que proyectos privados se impongan por encima de los intereses y bienestar de la población que habita los territorios.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Parque Nacional Cahuita: (Co-manejo en debate)

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Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

El Parque Nacional Cahuita (Sector Playa Blanca) es un símbolo de historia y resistencia. Su modelo de co-manejo, compartido entre el SINAC y la comunidad organizada de Cahuita (ADIC), se formalizó en abril de 2017 mediante un Convenio Marco de Cooperación, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 40110-MINAE.

Ese convenio, con plazo de dos años, venció en abril de 2019 y nunca fue renovado. Aquí nace la controversia: ¿Qué pasa con la administración comunitaria sin un convenio vigente?

Lo que sigue vigente:

A.) La ADIC mantiene su lugar como miembro permanente del Consejo Local, con legitimidad en la representación comunitaria.

B.) El modelo de gobernanza compartida continúa reconocido por ley y reglamento.

Lo que caducó:

C.) La habilitación legal para que la ADIC administre donaciones o ejecute proyectos con recursos públicos.

D.) La transferencia de fondos sin convenio vigente carece de sustento legal y puede generar responsabilidades administrativas.

El punto de disputa:

Las donaciones de visitantes:
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) sostienen que constituyen fondos públicos.

Por su parte, la ADIC considera que no lo son, y ha actuado de acuerdo a su tesis.

Nota: Este tema aún no tiene Resolución Judicial Definitiva.

¿Qué significa esto hoy?

Según los citados órganos estatales, el SINAC puede recibir las donaciones en el Fondo de Parques Nacionales, pero no debería transferirlas a la ADIC, sin un nuevo instrumento reglamentario.

Si la comunidad gestiona esos fondos sin convenio, su actuación podría calificarse como ‘gestión de hecho’, con riesgo de nulidad. Y quizás de allí surgieron los Allanamientos y Demandas Penales en curso.

POSIBLES SOLUCIONES:

1. Un Acuerdo de continuidad del Convenio de Comanejo expirado en febrero 2019, avalado por la Contraloría, que dé cobertura legal mientras se negocia una solución de fondo (Un Nuevo Convenio). Sin ello la disputa y demandas penales continuarán.

2. Un nuevo convenio marco entre SINAC y ADIC, que sea claro en responsabilidades y control de fondos.

3 Una reforma reglamentaria permanente (sin fecha de caducidad), que destine un porcentaje fijo de las donaciones al desarrollo comunitario, en reconocimiento a la naturaleza histórica, ancestral y cultural de esa área costera de Cahuita.

En resumen:

La participación política de la comunidad sigue en pie, pero su capacidad de gestionar recursos financieros está suspendida, por disposición de la CGR y PGR.

Para garantizar legalidad y justicia, urge un nuevo acuerdo que combine transparencia, participación y reconocimiento histórico.

El Consejo de Cahuita no es solo un asunto administrativo: Es una lucha por memoria, derechos y futuro comunitario.

Cahuita 09/09/2025

Luchas por el agua en Hatillo: Cuestionando los racionamientos como problema político y estructural

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La presente nota se deriva de una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), que profundiza en las luchas por el agua en Hatillo. Basada en la tesis de Andrés José Romero Méndez, «Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)», se revela que los cortes de agua no son problemas meramente técnicos, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han normalizado los racionamientos en estas comunidades.

La investigación introduce el concepto de territorios hidrosociales para entender el agua más allá de su condición física, como un campo de lucha influenciado por mecanismos biofísicos, jurídicos y decisiones políticas. Históricamente, la urbanización del agua en San José ha sido desigual, priorizando el este y oeste de la capital, mientras que Hatillo, concebido con una planificación deficiente, ha experimentado racionamientos desde los años 80. Estos cortes se han justificado bajo la idea de «escasez de agua» y un supuesto «desperdicio» por parte de los habitantes, a pesar de que la legislación es vaga y permite a los operadores definir la escasez a su conveniencia.

Frente a esta situación, las comunidades de Hatillo han gestado un fuerte movimiento de lucha social por el agua, especialmente a partir de 2020 con el «Movimiento Vecinos del Sur». La conflictividad emerge no del racionamiento en sí, sino del incumplimiento de horarios y la prolongación de los cortes, que afectan profundamente la vida cotidiana. Durante los momentos más tensos, hubo una disputa de narrativas: la comunidad utilizó manifestaciones, cierres estratégicos de calles y monitoreo digital para visibilizar su realidad, mientras que la institucionalidad buscó legitimar los racionamientos y deslegitimar los movimientos sociales, incluso con la represión policial a líderes y lideresas. La tesis de Romero Méndez cuestiona el paradigma hidráulico que despolitiza la gestión del agua y enfatiza la manipulación de datos para justificar acciones sin pruebas contundentes.

Para leer la nota completa: Le invitamos a visitar la página del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR para conocer más sobre sus producciones y análisis sobre este y otros temas relevantes para los bienes comunes y las luchas sociales en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/luchas-por-el-agua-en-hatillo-que-nos-dicen-de-nuestros-territorios/

Le invitamos a ver el siguiente video:

«Luchas por el agua en Hatillo: Qué nos dicen de nuestros territorios».

De la vergüenza al orgullo: La Identidad Negra en Costa Rica

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Por: Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA
Cahuita

¿Qué celebramos?

No es una pregunta sencilla. Cada quien tendrá su propia respuesta.

Pero al ver a nuestra juventud limonense bailar y celebrar, lo que verdaderamente debemos recordar y conmemorar es:

  • Por un lado, haber recorrido juntos el largo y difícil camino que nos llevó de la vergüenza de ser negros al orgullo de nuestra herencia africana.

  • Y por otro, reconocer el desdén y el menosprecio histórico hacia la cultura africana, y al mismo tiempo reafirmar nuestro compromiso de compartir, como hermanos, una misma patria.

Ese es el triunfo que nos une, la victoria que ningún sistema pudo borrar, y la razón por la cual seguimos de pie como pueblo.

Durante gran parte del siglo XX, ser negro en Costa Rica significó vivir bajo el peso del estigma, burla y la exclusión. Generaciones enteras crecieron en un entorno donde su herencia africana era negada, despreciada y objeto de burlas, un dolor que llevó a muchos a distanciarse y abandonar sus lenguas y costumbres.

Cuál fue el propósito de todo eso: Tierra y poder político.

La historia muestra que en Costa Rica la tierra nunca fue solo un bien económico: También representó ciudadanía y poder político.

Así lo reflejan la Ley 35 de 1915, que creó el poblado de Cahuita Bluff, y la Ley 166 de 1935, que establece Old Harbour (Puerto Viejo). Ambas dispusieron el reparto de lotes a familias afrodescendientes, reconociendo su derecho a la propiedad en un país que históricamente se les había negado.

Con la tierra vino también la posibilidad de autonomía, herencia y organización política. Pero ese avance despertó temores en las élites, que respondieron con políticas de supresión cultural y marginación económica, negando infraestructura, educación superior e inversión en la región caribeña.

Exclusión y migración:

El resultado fue que miles de afrodescendientes migraron hacia el Valle Central o al extranjero. La población de Cahuita, Puerto Viejo y otros pueblos costeros se redujo a un número “manejable”, evitando que la tierra otorgada se tradujera en poder político real. La migración promovida por el gobierno, nos permitió sobrevivir, pero al costo de la erosión cultural y lingüística.

De la vergüenza al orgullo:

Hacia finales del siglo XX, sin embargo, el ciclo empezó a cambiar. La influencia de los movimientos de derechos civiles, del Black Power y del panafricanismo en EEUU, inspiró a algunos intelectuales y líderes políticos afro costarricenses a reivindicar su herencia como fuente de orgullo. Además de considerarse como una buena estrategia política partidista.

Hoy, aún frente a las amenazas que pesan sobre los derechos de propiedad en la zona costera, las comunidades de Cahuita y Puerto Viejo mantienen encendida la llama de la resistencia. La tierra no es solo sustento material, cultural o espiritual: Es también identidad, dignidad y la base del poder político que garantiza la continuidad de nuestra historia como pueblo.

¿En la guerra de la basurización, dónde quedan las comunidades?

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Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios

Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.

Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.

En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.

Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.

Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.

En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.

Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.

Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.

Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y  Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.

Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización»
Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.

Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización»
Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.

Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

¡Despertemos! Comunidades afrodescendientes del Caribe Sur llaman a defender sus territorios ancestrales frente a planes turísticos

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Las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica lanzan un urgente llamado a la movilización y organización ante la acelerada implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) que el Gobierno impulsa en sus territorios ancestrales, desde Colorado hasta Manzanillo.

Estos planes, que promueven grandes desarrollos hoteleros y turísticos, amenazan con transformar irreversiblemente el paisaje cultural y desplazar a las familias locales, poniendo en riesgo los derechos históricos y culturales que este pueblo ha reclamado por generaciones.

“El Gobierno avanza sin consulta adecuada y sin respetar los protocolos establecidos para proteger nuestros derechos territoriales”, alerta Marco Levy Virgo, líder afrodescendiente y firmante del comunicado. Recordó además las luchas previas, como la resistencia comunitaria que logró frenar la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 2019, y la persistente demanda por restitución de tierras en Cocles.

El llamado es claro y contundente: se exige el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que se aprueben nuevos planes que podrían desplazar a estas comunidades.

Para fortalecer esta defensa, se propone organizar asambleas comunitarias en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y otras localidades afectadas, y consolidar el Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente como plataforma nacional e internacional para articular demandas y acciones conjuntas.

“El Caribe Sur no puede convertirse en un nuevo Guanacaste, donde el turismo extractivo ha desplazado a comunidades enteras”, enfatizan, llamando a preservar la riqueza cultural, la conexión ancestral con la tierra y el mar, y la historia de resistencia del pueblo afrodescendiente.

Con esta movilización, la población afrocaribeña busca no solo defender su territorio, sino también asegurar justicia, reconocimiento y un futuro digno para las generaciones presentes y venideras.

Imágenes:

https://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto Imagen de Arturo Silva Lucas

Tierra para quien la trabaja: 12 años de la lucha en Medio Queso, hoy El Triunfo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.   

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz. 

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra. 

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir. 

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.  

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos  y la articulación de redes institucionales.  

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles. 

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha: 

  • Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
  • La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
  • Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
  • La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
  • La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja. 
  • Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.

DEI: diálogo con la teóloga aymara Sofía Chipana Quispe

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

En modalidad virtual como parte de la quinta sesión del Taller Socio-Teológico integrado por 50 personas de 17 países de Latinoamérica/Abya Yala

Este miércoles 09 de septiembre se transmitió en vivo por Facebook Live el diálogo «Esperanza y resistencias comunitarias» con Sofía Chipana Quispe, teóloga aymara.

Esta fue la quinta de seis sesiones que componen el Taller Socio-Teológico «Crisis sistémica y rearticulación de las resistencias en un mundo post-pandémico».

La sesión quedó disponible para verla en el Facebook https://www.facebook.com/DepartamentoEcumenicoDeInvestigaciones