El dirigente sindical Sergio Ortiz Pérez narra la forma como el presidente Rodrigo Chaves lo echó de Casa Presidencial, cuando asistía a una reunión sobre el tema ALDESA. Le invitamos a escuchar su explicación siguiendo este enlace.
¿Habrá pensado Chaves que el obstáculo impuesto a los hermanos hondureños no afecta a los delincuentes?
¿Se habrá enterado que la «porosa» frontera con Nicaragua y la más porosa vertiente Caribe y Pacífico, son como puertas de bienvenida a maleantes? ¿Acaso todos los días no entran y salen ilegalmente, nicaragüenses residentes en Costa Rica, para librarse de pagar los impuestos migratorios?
Así, la gente honesta, como los miles de turistas, estudiantes, deportistas, artistas, académicos, hombres de negocios, etcétera, son los afectados, mientras los que, según Zamora, ha de impedírseles el ingreso, se reirán de la «genial idea» de la imposición de visas, que no les afecta para nada.
Mientras tanto, la golpeada (por el dólar artificialmente bajo) industria turística nacional, extrañará los más de 13.000 turistas hondureños que nos visitan anualmente, y los exportadores nacionales, sufrirán serios obstáculos para exportar a Honduras, los $300 millones en productos, sin que los choferes ticos puedan cumplir con requisitos que, como reacción lógica, han ordenado los hondureños. Ello, además de las trabas para ingresar a territorio catracho, de camino hacia y desde El Salvador y Guatemala.
Por Guido Mora
Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.
Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.
Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.
Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.
Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.
Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.
Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.
Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.
No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.
En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.
Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.
La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.
Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.
Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.
Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.
En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.
Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:
Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.
Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.
Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.
Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.
Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.
En el tema de Crucitas el presidente Rodrigo Chaves muestra lo peor de su administración:
– Sale a la prensa denunciando que otros gobiernos han hecho de esa mina de oro un desastre ambiental y de gestión.
– Ordena a la policía la intervención de la mina y su custodia.
– Luego silenciosamente saca a la policía y el lugar queda desguarnecido.
– Los coligalleros aprovechan y vuelven a entrar.
– Ante denuncias obvias de la opinión pública y de la prensa vuelve Chaves a enviar unos policías, que poco después reciben la orden de abandonar nuevamente la mina.
– Inmediatamente los coligalleros en estampida vuelven a ocupar toda la zona.
Solo los muy fanáticos seguidores de don Rodrigo no ven nada malo en esa más que sospechosa actitud del gobierno.
¿Asumirá Rodrigo Chaves los efectos del nuevo deterioro ambiental en Crucitas?
Cuando me tope al presidente no le daré la mano.
El mayor repudio recibido por Rodrigo Chaves hasta el presente fue el que le expresaron los estudiantes de secundaria este lunes 7. El presidente Chaves quiso impresionarlos haciendo preguntas y los estudiantes lo desnudaron preguntándole si las cifras las había sacado de TikTok, poniendo en evidencia que algunas políticas del presidente se basan en bulos, habladurías o informaciones tan poco serias como las redes sociales. Hasta cometía fraude, porque tenía que orientarse viendo su celular sobre las respuestas a las preguntas, con el fin de dar una imagen de sapiente ante los adolescentes. Fue pillado y abochornado.
El presidente Chaves ha tenido con la inmensa mayoría de los grupos sociales una actitud de menosprecio y un lenguaje ofensivo, ya se trate de diputados, magistrados, sindicalistas, estudiantes y hasta con sus ministros y presidentes ejecutivos (ejemplos los del expresidente de la Caja Ramos y la expresidenta del PANI). Ningún respeto y mucho menos consideración, hasta llegar a la vulgar amenaza de divulgar secretos sobre padecimientos médicos. Por eso cuando los estudiantes, muchachos adolescentes, le vuelven la espalda y no le dan la mano, expresan el repudio nacional a su forma de ser y de trato, y recuperan la hidalguía y dignidad del pueblo costarricense. En otras palabras, no se puede ofender a las personas sin esperar las consecuencias de esos actos. Los jóvenes en ese instante representaron a un país que ha sido mancillado por las chabacanerías y groserías del presidente.
Por supuesto que no faltan los que dicen que son malcriados o maleducados. En mi criterio fueron dignos y mostraron cortesía ante el agraviante.
También dirán otros que son unos vagos que no quieren estudiar. Ya los ignorantes más grandes lo han dicho de todos los que han luchado por los derechos, los que pelearon por el Código de Trabajo, las sufragistas por el voto de las mujeres, los que afrontan la discriminación han sido mancillados por los imbéciles.
Los estudiantes de secundaria sacaron la cara, mostraron el decoro, la dignidad y la grandeza, vilipendiada desde las más altas autoridades gubernamentales.
En declaraciones al Diario Extra de esta semana, Hernández dijo que el actual Ejecutivo “no tiene interés alguno en honrar la deuda” de 3,2 billones de colones que mantiene con la CCSS.
El Estado mantiene otra deuda con la Caja, de 5,4 billones de colones, contraída por el Ministerio de Salud Pública, y tampoco quiere pagarla. “No hay voluntad de cancelación y aparte hay una situación de privatización, convenios con hospitales privados. Así, el sistema quiebra”, dijo.
Hernández opinó que la Caja debe ser saneada, pero remarcó, apoyado en estudios independientes, que la institución no está en quiebra y que se han presentado fórmulas para recuperarla que las autoridades no han querido analizar.
“No se puede castigar a la institucionalidad y favorecer a algunas alianzas público-privadas”, insistió.
Alrededor de un 20 por ciento de los servicios de la Caja han sido además tercerizados, mientras faltan anestesiólogos, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, ortopedistas.
El SINAE denunció a María Eugenia Esquivel, presidenta de la CCSS, y a Carolina González, directora actuarial de la institución, ante el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por falsedad ideológica, cohecho propio y corrupción.
En su XVI Conferencia Regional Latinoamericana, desarrollada en mayo en Sao Paulo, la UITA denunció el vaciamiento de la CCSS como parte del proceso de “desgaste del Estado benefactor y de instauración del ideario neo liberal” que se viene desarrollando en Costa Rica desde hace al menos tres décadas y que el actual Ejecutivo ha acentuado con una ofensiva antisindical sin precedentes”.
“La política del actual gobierno abandona su responsabilidad económica con la seguridad social, dejando de pagar la cuota del Estado y obviando la enorme deuda acumulada con la CCSS”, subraya la resolución.
El texto recordó igualmente que el gobierno de Chaves eliminó la representación de los trabajadores en la CCSS y designó en cambio en altos cargos a “personas vinculadas a empresas transnacionales, contraviniendo el Convenio 102 de la OIT”, al cual Costa Rica adhirió.
Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/una-politica-de-liquidacion/
25 de julio del 2023. Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.
Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.
Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.
En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.
Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.
Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.
Vladimir de la Cruz
Múltiples frentes para desmantelar las conquistas sociales en Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, se incorporó a la política nacional, después de haber sido funcionario del Banco Mundial y haber estado ausente del país, por casi 35 años, como ministro de Hacienda, por un brevísimo período, al terminar el gobierno de Carlos Alvarado, 2018-2022.
Saboreó las mieles del poder y buscó posibilidades de participar en las elecciones nacionales, de febrero del 2022, con partidos pequeños, nuevos, sin experiencia política y electoral. Con éxito se incrustó como candidato del Partido Progreso Social Democrático, recién fundado y sin ninguna participación ni ideario político electoral anterior.
La campaña la asumió colocándose como candidato que enfrentaba a todos los partidos que habían gobernado anteriormente, acusándolos de la ingobernabilidad que esos mismos partidos decían que sufría el país, así como de los males de la corrupción nacional y el abandono de la población, especialmente rural y pobre, por prácticas institucionales.
En Costa Rica se ha venido sufriendo un ataque constante, desde hace muchos años, contra la política, los políticos, los partidos políticos, malos gobiernos; acusándolos de corrupción, desapego a las soluciones de los grandes problemas nacionales que sufre la población, entrabazón institucional para resolver problemas y para incentivar nuevos procesos de emprendedurismo. También, el ataque ha sido dirigido a los poderes públicos, especialmente a la Asamblea Legislativa y los diputados o legisladores, de los partidos allí representados; a la Corte Suprema de Justicia en sus diversas instancias judiciales, especialmente a su Sala Constitucional, y a los medios de comunicación. Esto ha provocado un desencanto de la democracia como sistema político que se expresa en un alto índice de abstencionismo creciente en los últimos procesos electorales nacionales. En cierta forma ha estimulado la simpatía por la llegada de hombres fuertes al ejercicio del gobierno.
El crecimiento de la pobreza, de la extrema pobreza, el desarrollo de asentamientos humanos de estos sectores cada vez más visibles en la geografía nacional; el desempleo creciente, que tiene más de 400.000 personas en condición de desempleados; el aumento de más de 100.000 mujeres cabezas de familia, consideradas el principal ingreso de sus hogares aunque tengan esposo o compañero, desocupadas; la expulsión forzada en el contexto de la pandemia de 120.000 jóvenes del proceso escolar; la agudización de la pobreza en las zonas marginales y rurales del país, el abandono de políticas institucionales en esas regiones; la imposibilidad de poder ofrecer salidas, oportunidades y posibilidades, educativas y de trabajo, a miles de jóvenes, lo que ha llevado a que el trabajo informal ronde el 60%; el congelamiento nacional de salarios desde hace cuatro años, con un crecimiento constante de pagos de servicios públicos y de los precios de alimentos de la canasta básica; y, un estrujamiento de las clases medias urbanas y rurales, con congelamiento también de sus ingresos y de las pensiones; con alto grado de evasión y elusión fiscal, por grupos económicos poderosos, ha ido marcando una gran división social y económica del país.
Dos Costa Rica se viven simultáneamente en el país. La de los que tienen todas las posibilidades de vivir satisfaciendo sus principales necesidades, manteniendo sus hijos en escuelas y colegios privados, con todas las condiciones para recibir una buena educación; viviendo en residenciales o condominios privados, con altos niveles de seguridad personal y social; con capacidad de pagar educación privada, servicios de salud y de seguros de salud privados, que les evita sufrir los atrasos de citas médicas en la seguridad social pública. Y, la Costa Rica de la gran masa de población que sufre los problemas de escuelas y colegios públicos deficientes, más de 1000 de ellos con sanciones sanitarias; con deficiencias tecnológicas de estudio, institucionales y personales, con deficiencias en la enseñanza de idiomas como segundas lenguas, requisito importante para la obtención de nuevos empleos; de una población que paga cargas sociales e impuestos y no ven ni reciben satisfactoriamente sus beneficios.
Así arribó Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República el 8 de mayo del 2022, sin experiencia política nacional, sin partido con experiencia histórica y política nacional, sin ideología política que lo identifique a él y a su partido gobernante, sin contar con equipos de colaboradores con experiencia política y de ejercicio gubernativo; con una postura populista y autoritaria.
Sus funcionarios y colaboradores inmediatos, los miembros de su Gabinete de Gobierno, los escogió, y así lo sigue haciendo, por ternas que le ofrece una empresa de acuerdo con los perfiles profesionales que él solicita, lo que le ha creado un grave problema de cambios constantes en su propio gabinete y en las oficinas institucionales del Estado y del Gobierno. En sus 14 meses de gobierno ha tenido 34 cambios, entre despidos y renuncias que ha provocado su inexperiencia y su manera autoritaria de gobernar con sus subalternos, como si la dirección del Estado y del Gobierno operara como una alta gerencia de una empresa, o como si fuera el director de programas del Banco Mundial, acostumbrado a dar órdenes con base a metas, objetivos y resultados.
Los cambios en cascada del Gabinete frenan cualquier iniciativa de los ministros y funcionarios que las impulsaron, y provocan improvisación de los nuevos que los sustituyen, dejando al mismo presidente al garete, a la deriva, sin gobierno real y efectivo, sujeto a las acciones y determinaciones improvisadas del conjunto que él comanda, provocando con ello un maltrato público, en mesas de prensa, de sus propios subalternos, y desarrollando un teatro de estratégicas batallas de la guerra que él ha provocado.
Desde su campaña dijo que él se compraría las broncas. Señaló y trazó su camino de riñas, de discusiones o alusiones fuertes y violentas de él contra el mundo político costarricense. En esto se ha distinguido como ningún otro presidente del país, ruidoso, agresivo, como una de las partes en disputa, destilando rabia, enojo, disgusto contra sus molinos de viento.
Su teatralidad de la guerra lo lleva al drama de su gobierno, entre comedia y tragedia, a manifestarse en varios actos o libretos, más como monólogos que como diálogos, para sus escenarios o batallas de radio y televisión, con los guiones finamente articulados y escritos para provocar sus barrabasadas, disparates y vómitos mentales con el grave perjuicio para la democracia nacional y la búsqueda de consensos políticos, que es lo que le debiera interesar por el bien del país.
Las batallas de su teatro las tiene claras. Es el poder por el poder.
La batalla política contra todo lo que signifique partidos políticos y políticos nacionales; contra los que han ejercido el gobierno y contra los que han estado presentes en la Asamblea Legislativa. Les dice que su ingobernabilidad no existe; que lo que ha existido es la falta de gobernantes, y qué él es un gobernante y llegó para gobernar…a la fuerza si es necesario, para lo cual trata de preparar el terreno. Se trata en su discurso de acabar con las instituciones partidarias, especialmente las tradicionales. En el caso político parlamentario la tiene especialmente contra el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, como las fuerzas más opositoras; a Liberación porque es el partido que más oposición le puede dar y el que mejor respuesta puede brindar, si así lo quisiera, a sus malas políticas de gobierno; al Frente Amplio, por el distinguido papel parlamentario que tienen sus jóvenes diputados, que le constituyen un clavo en sus zapatos.
La batalla política más importante que lleva a cabo es contra los poderes públicos. Poder Legislativo porque con 10 diputados no puede hacer nada, contra la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y jueces, desacreditándolos porque tiene la posibilidad de juzgarlo, por acusaciones que se han presentado para su debido trámite, contra la Sala Constitucional porque sigue siendo el reducto más importante de la defensa del Estado de Derecho y todavía del Estado Social de Derecho, que le puede enmendar la plana cada vez que se parte de la constitucionalidad y del régimen constitucional y legal que juró respetar y cumplir al asumir el Gobierno. Dentro de la estructura judicial el presidente ha actuado contra el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, olvidando la división de poderes e intimidando a sus principales funcionarios.
La batalla económica contra los grupos económicos que han sido aliados de los partidos y grupos políticos que han ejercido el gobierno. Se trata de desplazar, por la vía de los negocios y políticas públicas, a esos grupos económicos para que entren y actúen otros, como los importadores, otros grupos bancarios financieros, el grupo de Calixto Chaves, los financistas chinos de su campaña electoral, especialmente contra el grupo financiero donde hay presencia del capital y familias de origen judío, ¡cuidado con el neonazismo! ¡Cuidado!, también se podrían mover a su alrededor grupos mafiosos de distinto pelaje.
La batalla institucional contra las instituciones del Estado, que en su visión operan mal, y hay que eliminar si fuera posible, o corregir de tal manera que se reestructuren precarizando o privatizando parte de sus servicios, o haciéndolas desaparecer al estilo de las políticas de la Escuela de Chicago en el Chile de Pinochet. Cuando se empeña en vender el Banco de Costa Rica, no es porque no sirva y hay que cerrarlo, sino porque es un negocio su venta para un grupo de sus amigos interesado en comprarlo.
Igual con las otras instituciones del Estado que quiere someter a procesos de privatización. En otra dirección, como la Caja Costarricense del Seguro Social, emblema nacional de la seguridad y paz social, es por la política de reducirla y fortalecer el sector privado de la salud. En la educación es igual, reducir el espacio educativo popular, reducir la matrícula eliminando los apoyos sociales, becas, trasporte estudiantil, comedores estudiantiles, no arreglando las 1000 escuelas que están con sanciones sanitarias, no dotándolas de las capacidades instrumentales y de la infraestructura necesaria, lanzando a los estudiantes a la deserción escolar y al trabajo informal que ya alcanza el 60%. O, el negocio de intentar cerrar del toda la Fundación Omar Dengo, por lo que significa su capacidad económica, para impulsar aprovechando esos fondos, los préstamos educativos hacia la educación privada y no pública, como es la estrategia de lo que tienen diseñado en este sentido. O, la venta de la Fábrica Nacional de Licores, por iguales razones, no morales, sino de gran negocio para grupos privados de hacerse con la producción de licores, pero especialmente del alcohol que produce la Fábrica, especialmente del alcohol industrial.
En su batalla contra las instituciones las presenta como que no han servido para los ricos, pero tampoco para los pobres.
En el plano de la cultura y educativo su batalla es contra la memoria histórica, contra la identidad nacional, contra las instituciones formadoras de conciencia nacional y de valores nacionales, por reducir hasta donde pueda el alcance vital de las universidades públicas, por asfixiarlas económicamente.
La batalla social de enfrentar a los grupos marginados, desclasados, pobres y de la extrema pobreza, empobrecidos de las clases medias, de los que ni trabajan ni estudian, contra el Estado y los gobiernos que los han desatendido, que los han llevado a esa situación social de exclusión, marginalidad y empobrecimiento, presentándose el Presidente Chaves como el Salvador, el que está identificado con esos sectores, como el que los reivindicará social y políticamente, haciendo ver que solo en él y lo que él representa los puede salvar, y sacar del hoyo en que se encuentran.
La batalla comunicacional que tiene declarada contra los medios de comunicación, escritos, radiales o televisivos; de redes sociales, que acusa de “canallas” y de “sicarios”, a los que les manda mensajes de que contra el gobierno no se debe escribir ni criticar, presionando por la exclusión y eliminación de articulistas y comentaristas de esos medios; utilizando baterías de troles desde el país y desde el extranjero contra cualquier crítico; presionando medios de prensa para que saquen de sus planillas asesores legales o comunicacionales, y amenazando, y pasando a los hechos, con el aparato del Ministerio de Hacienda, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguros Social sobre empresas y personas investigándolas en el cumplimiento de sus deberes tributarios y cargas sociales. Mientras esto hace no actúa contra los grandes evasores y elusores fiscales, que fue una de sus promesas de campaña electoral.
La batalla comunicacional tiene también el frente de la intimidación; de provocar el miedo reverencial, del temor al gobernante; del bajonazo de piso al interlocutor, de la falta de respeto al periodista, de la agresión verbal a los medios de comunicación y provocar la desconfianza de sus informaciones e investigaciones periodísticas. La lucha pública que mantiene contra Extra, antes de su cierre, hace unas semanas, Canal 7, CRhoy y, en menor medida, pero sin descuidarlo, el Semanario Universidad.
Con una ignorancia política profunda y costarricense, pero alardeando de conceptos que ni siquiera maneja correctamente, el presidente se mete en el lenguaje y dialéctica de la vieja guerra fría, 1945-1991, del anticomunismo hoy trasnochado, atacando opositores políticos de “comunistas”, atacando al Frente Amplio de comunista, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que todavía existe, se llama Vanguardia Popular.
En estos escenarios de sus batallas Rodrigo Chaves se alimenta del descontento popular acumulado, de esos sectores que no ven frutos del Estado ni del gobierno, aunque paguen impuestos y cargas sociales, que sienten que las instituciones del Estado estorban, que las élites políticas y económicas que han participado de esto hay que quitarlas.
La esencia de toda esta estrategia es que los grupos que han servido al Estado y al gobierno, y se han servido del Estado y del Gobierno, hay que desplazarlos porque viene otro grupo, representado por el Presidente Rodrigo Chaves, que es otra élite política, al ejercicio del Gobierno, a servir y a servirse del Estado y del Gobierno…ya lo estamos viendo.
Publicado en https://www.meer.com/ y compartido con SURCOS por el autor.
No son ideas que recién hayan empezado a expresarse en este gobierno. Para nada. En eso, como en casi todo lo que tenga que ver con política económica, el gobierno de Chaves repite lo que otra gente dijo antes, solo que lo dice con una retórica mucho más agresiva.
Como si este país mantuviera una situación ecológica saludable, digna de la Nación próspera y culta que otrora fue, sin importar la ruina ambiental que ya padecen numerosos ecosistemas y zonas del territorio nacional producto de su explotación simulando una aplicación eficiente de las regulaciones ambientales, ni los desafíos del cambio climático que azotan el Planeta; el 8 de febrero 2023 durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del presidente de la República, a su estilo y léxico especializado anunció la promulgación de un “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA)1. Es decir, sencillamente por medio de un pobre acto político, oficialmente se informó que el país tendrá nueva reglamentación al respecto. Para los entendidos en la materia como la comunidad científica y en general para los habitantes de este país, a quienes históricamente les ha distinguido una cultura de conservación y protección de la naturaleza, una vez conocido el documento, este, no es menos que una nueva bofetada de dimensiones incalculables; algo característico de gobiernos autoritarios y desalmados.
Por consiguiente, esos fueron algunos de los primeros hechos específicos, con los cuales, las nuevas autoridades encabezadas por el presidente (economista), el ministro de Ambiente y Energía (economista), ministro de Economía, Industria y Comercio (economista) más otros empleados y fijos acompañantes como la Cámara Costarricense de la Construcción; hicieron pública la derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Acerca del cual, una exdirectora de Setena y ex ministra de ambiente y energía lo calificara como “…posiblemente la herramienta técnica, administrativa y legal más fuerte que tiene el estado para hacer cumplir el artículo 50 constitucional”. Pero aun así, la disposición ya está consumada mediante el Decreto Ejecutivo No. 43898, publicado un día después de otro acto político en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (18/04/2023) con actores de inferior nivel, y donde la exposición de fondo a cargo del máximo jerarca de la Setena, sólo permitió exhibir su deficiente experticia en el tema2; 3. Un aparente desliz, quizás maquillado con la edición de materiales audiovisuales referentes al tema de la nueva reglamentación y luego colgados en los sitios web de Setena y MINAE4,5.
Vale señalar que, de los actos referidos se infiere que una norma consistentemente progresista como es el Reglamento General y su Manual EIA más la experiencia generada durante su vigencia de aproximadamente 20 años, fue sustituida por otra norma de corte regresivo y sustento economicista identificada como RECSA. Además, es deber señalar que, a esta evidente transgresión de la normativa ambiental, desde los gobiernos anteriores de Solís Rivera y Alvarado Quesada, se contribuyó en justificar repetidamente que, las acciones en esta línea, eran y son indispensables para la “reactivación económica del país, aumento de la inversión extranjera y más empleo”. Una típica cruzada en la que sus protagonistas, durante nueve años no han escatimado estratagemas ni recursos para conducir al país a la catástrofe ambiental, cuyos eventos llamados naturales y cada vez más frecuentes, se desarrollan tanto en el campo como en las ciudades y litorales; dejando al descubierto las severas amenazas a nuestra sobrevivencia.
Mientras en este país exista pobreza, desempleo, deficientes servicios públicos y otras necesidades básicas afectando a grandes sectores de la población, y a la vez mucha riqueza concentrada en sectores minoritarios, lo cual visibiliza la enorme desigualdad que nos distingue; es obvio que este indicador no revela paralización del desarrollo nacional, en tanto esa riqueza, aunque mal distribuida, es el producto de la explotación de los recursos naturales de la Nación y que no se ha detenido. Pero, si junto a esta situación, en el ambiente se determinan abundantes impactos negativos de una deficiente gestión del ambiente, frecuentemente determinada por entidades nacionales como la Contraloría General de la República y otras a nivel externo; debemos concluir que no es reactivación económica lo que se requiere, sino, un cambio radical del modelo neoextractivista y reorientación efectiva hacia el desarrollo sostenible. Vale repetir que el neoextractivismo no es compatible con el desarrollo ambientalmente sostenible.
Así mismo, tomemos en cuenta que, la acumulación de impactos ambientales negativos de las actividades humanas de toda dimensión, son parte de los principales contribuyentes a la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Identificarlos y minimizarlos al desarrollar proyectos, obras o actividades, por ejemplo, en los talleres de mantenimiento vehicular, cuando se adolece del conocimiento técnico parece sencillo y basta con hablar. Pero prevenirlos y controlarlos ambientalmente, es trabajo profesional de personas con idoneidad calificada, honradas y comprometidas con todos; esto es, con la vida presente y venidera. Además, se requiere la inversión apropiada de recursos, sin discriminar elementos indispensables como tiempo y espacio. Nada de esto está explícito en el nuevo reglamento, pero sí la exclusión de esas y más actividades.
De manera que, el sesgado lenguaje economicista, y alegorías descalificadoras (Ej.: “imagínense, Setena en el campo”) contra la institución pública Setena, rectora de la evaluación de impacto ambiental, así como de su principal instrumento para llevar a cabo esa fundamental función; constituye el único sustento hasta ahora conocido para respaldar las acciones ejecutadas. Por lo tanto, no dan margen a la duda de las inconsistencias de forma y fondo con que las autoridades responsables, han llevado el proceso de eliminación de la normativa reglamentaria todavía vigente. Además, su alevosía es ilimitada al calificarla de “innecesaria”, “excesiva”, “onerosa” y de “trabas al crecimiento económico”; en resumen y según su dialecto un “cuello de botella”6. En este orden, puede plantearse que, si Costa Rica como bien sucede, no ha cumplido y menos ahora cumplirá su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), sólo faltaría que estas mismas autoridades explícitamente digan que, el Reglamento General de la EIA ha sido el mayor obstáculo. Pues jamás dirán lo que efectivamente representa: el principal instrumento técnico-científico para lograrlo, pero que durante su corta vigencia ellos mismos han impedido la cabal aplicación. Organismos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo así lo han planteado al afirmar que, “el principal problema de la legislación ambiental en todos los países de Centroamérica es su poca aplicación y cumplimiento7”. Consecuentemente, aún si lo que interesara al gobierno fuera el desarrollo sostenible, la derogación de este Reglamento es desacertado.
En igual dirección de lo anterior, es observable que, tanto el presidente como los ministros involucrados, no han honrado con eficiencia las obligaciones que les exige la Carta Magna, por ejemplo: lo relacionado con el Artículo 140, inciso 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. Y en cuanto a la idoneidad y probidad que, también deben los mandos medios, como el jerarca de la Setena; a pesar de que su currículo8 lo describe con más de veinte años de experiencia y buena lista de títulos, su principal mérito antes de ser elegido secretario de la institución, es la incrustación indefinida en un sólo departamento, desde el cual se desempeñó como “funcionario de especial confianza” de las jefaturas, así como de cierto sector de consultores ambientales y desarrolladores “profesionales” del lobby y las coimas. Su función evaluadora de proyectos, nunca conoció ni conoce en la actualidad acerca del rigor debido con “la ciencia, la técnica y la norma” que repite en su discursiva; elementos indispensables a la hora de analizar los deficientes estudios que, mayoritariamente son presentados ante la Setena en los trámites de la Viabilidad Ambiental. Obviamente no es la excepción, pero por tal desempeño, lo conocen e identifican defensores del ambiente, aunque no con el mismo aprecio que le tributan muchos desarrolladores; entre ellos algunos “cochinillos”.
En la trayectoria profesional del jerarca referido, a quien heredó su puesto la exsecretaria de Setena Cynthia Barzuna durante los últimos meses del gobierno anterior, aplica la metáfora de “las puertas giratorias” y en las titulaciones según currículo no faltan “patitos”. Por eso, nada extraño resulta en su discurso la abundancia de frases y conceptos vagos, así como, la pobre consistencia técnica para justificar las acciones descritas, en las cuales se supone asumió el protagonismo que le corresponde; o también las interpelaciones ante los miles de denuncias y quejas9 de la ciudadanía por daños al ambiente. Respecto a interpelaciones, el caso más reciente en el cual así se le ha observado públicamente, es el de la audiencia10 ante la Comisión de Ambiente legislativa, relacionado con la viabilidad ambiental firmada y defendida por él para un proyecto de incineración de residuos (Exp. Nº D1-0680-2020-SETENA). Claro está que, en ese actuar de aparentes irregularidades, hay tanto “errores involuntarios” como horrores por acción u omisión, para los cuales las promesas de anticorrupción por parte del gobierno no se han cumplido; y menos aún su representada honra la misión, visión y valores que exhiben11.
Además, como un hecho inédito en la audiencia legislativa antes citada, se registra la siguiente afirmación del señor Director General Ulises Álvarez: “Quiero aclarar, la Evaluación de Impacto Ambiental la realiza el equipo consultor, no es la Setena como erróneamente mencionan algunas personas, la hace el consultor o empresa consultora”. Sencillamente, se trata de una autodescalificación para el puesto que desempeña y cualquier otro dentro de la misma entidad rectora de la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, por su confeso desconocimiento en la materia y por ende nula idoneidad. En estos términos, es obvio que las decisiones tomadas en el desempeño de sus funciones, arrastran nulidad debido a su contradicción con la ley (Artículo 17 de Ley Orgánica del Ambiente) y el Artículo 50 de la Constitución Política. No conocemos hasta hoy que, desde ningún poder de la República se haya actuado para corregir con la celeridad que ameritan las graves implicaciones de la situación existente de tal forma rebelada.
Debemos repetir que en el procedimiento seguido para elaborar y promulgar el RECSA, los protagonistas no cumplieron cabalmente con honrar principios elementales como el de participación, transparencia, no regresión y prevalencia de las reglas de la ciencia y la técnica. Aspectos en sumo relevantes que, sí fueron contemplados rigurosamente en el proceso cumplido para la puesta en vigencia del Reglamento General de la EIA y su Manual; basta leer y analizar su contenido integral, así como las actas que lo testimonian. Un ejercicio que, si algún protagonista de buena fe sobre el RECSA lo hubiera hecho, mucho más que derogarlo, se hubiera propuesto lo que de ley corresponde: su mejoramiento real y efectivo en el contexto de la inobjetable realidad que vivimos, y donde los signos presentes no son oráculos sacerdotales.
La cantaleta de “cuellos de botella”, desde el gobierno de Carlos Alvarado adquirió connotación trágica y en gran parte inducida desde la asamblea legislativa, donde varias voces gritaban y exigían al ejecutivo acciones de emergencia; pues según ellos, se perdían elevadas sumas de dinero a consecuencia de montañas de expedientes estancados en la Setena, aparentemente por negligencia de su personal12,13. Esto llevó a que la intervención política de la institución y la presión desde los gremios empresariales, nunca había sido tan fuerte y violatoria de la desconcentración máxima institucional; así lo reconoce la Contraloría General de la República en su más reciente informe. Otro hecho inédito de dicha situación, sucedió al conocerse que, desde otras instancias, en esa escena irrumpieron dos señoras: la primera dama Claudia Dobles y la vice ministra de gestión ambiental María Celeste López. Ambas, la primera indirectamente y la segunda de forma directa contra el Reglamento de EIA y la supuesta presa de miles de expedientes de proyectos en espera de la evaluación; una con sus mandaderos desde la casa de Zapote y la otra desde su instalación en la propia Setena14. No informaron nada sobre el RECSA heredado de la administración anterior, y sin importar variables como la calidad de los estudios, proceso evaluativo, la idoneidad y cantidad del recurso humano y la aplicación y cumplimiento estricto del Reglamento; pocos meses después sí divulgaron que la presa había acabado15. A partir de entonces, ya hay quienes dicen que ahora la Setena es eficiente, no obstante, todavía rige el mismo Reglamento General (hasta el 19/08/2023); pero “el milagro económico nacional” sigue esperando.
Cuando empezó ese ínterin, al finalizar el año 2018 e inicios del 2019, casi nadie supo ni se informó debidamente, por qué el jerarca institucional de entonces (Sergio Bermúdez Muñoz), a sólo 7 meses de su nombramiento fue cesado y en su lugar, aparentemente por orden de la primera dama y petición de UCCAEP, se nombró a la abogada Cynthia Barzuna Gutiérrez. Versión al parecer derivada del ligamen familiar entre esta abogada y un ejecutivo de esos gremios. Mientras tanto, de los colaboradores internos mejor “alineados”, algunos fueron promovidos a mandos medios y con ellos preparado el terreno para lo que vendría luego. El actual secretario Ulises Álvarez es una prueba al respecto, se dice que por su indiscutible “alineamiento” heredó la silla ocupada por Barzuna, de quien dicen también a lo interno de la institución, su principal aporte fue haber cambiado el logo de la Setena e insistir ante la prensa que la Setena iba a “migrar” de su modelo de EIA. Un asunto de repetición frecuente, lo cual, desnuda el desconocimiento de conceptos básicos en la materia de la EIA por parte de ella y quienes así lo repiten.
Acerca de la tarea de las interventoras en este caso contra el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, existen algunos antecedentes divulgados por diferentes medios. Por ejemplo: durante el gobierno Solís Rivera, una vez que adecuaron algunos mecanismos de participación pública según los intereses de las cámaras empresariales y otros entes afines como PROCOMER y CFIA; con el protagonismo de estos actores se elaboró el nuevo y primer Reglamento, pronto dado a conocer con el acrónimo RECSA15. Tanto en el sitio web de la Setena como por otros medios, también informaron que, para esos efectos, se facilitaron eventos de participación pública llamados mesas de diálogo. Sin embargo, no disponemos de evidencia suficiente si en verdad las autoridades de Setena facilitaron la efectiva participación pública que requiere este proceso. Pues la participación de la propia Setena, fue de bajo perfil y limitada a aspectos de forma. Así lo confirmaron algunos funcionarios consultados al respecto cuando se dio a conocer el documento, y de los pocos que tuvieron alguna participación, uno (Ing. Civil) respondió que, nunca entendió por qué lo incorporaron en esa tarea, si sólo tenía unos meses de haber sido contratado y el Reglamento a reformar, apenas empezaba a conocerlo.
Sin embargo, según nuestros informantes, durante la última semana del mismo gobierno, el entonces secretario de la Setena (Marco Arroyo), en su despedida ante el personal de la institución circuló un mensaje en el cual informó: “El decreto del RECSA junto a la derogatoria del 31849 que se adjunta, ya fue firmado por el presidente de la República (G. Solís) y está en fase de publicación oficial”. También se conoció que efectivamente, el documento había sido firmado por el presidente y los ministros del MINAE, S, MOP, MAG y MEIC. Así mismo, el número de oficio (DAJ-D-035-2018) con el que se registró y hasta el número de decreto ejecutivo que le correspondería para la publicación oficial (41132); se planteó como Derogatoria Parcial del Reglamento General EIA”. No obstante, transcurrido el primer año del nuevo gobierno encabezado por Carlos Alvarado, la publicación de ese decreto reglamentario no se había dado; pero en su lugar promulgaron otros relacionados con el mismo tema. Por ejemplo, los Decretos No. 41213-MINAE del 10 de julio de 2018 y el No. 41815-MINAE del 05 de julio 2019. Ambos concordantes con los objetivos de eliminar el requerimiento de la viabilidad ambiental, empezando con los proyectos según sus criterios de bajo impacto ambiental (54% de la totalidad de proyectos que ingresan por año – dijeron). Más adelante, la secretaria general declaró que se había determinado oportuno reformular el RECSA y que el asunto estaba a cargo del MIVAH. De manera que, según lo dispuesto en los decretos antes citados, sería de esperar otro reglamento todavía más acorde con los intereses del sector construcción y desarrollo inmobiliario. Siendo por ejemplo que, al tanto del tema, para mayo 2019 el presidente de la Cámara de la Construcción, también había declarado que tal documento se encontraba en revisión16.
Se infiere que, con esas reformas decretadas y otras disposiciones en igual dirección tanto al interior como a lo externo de la SETENA, para los citados sectores dominantes sobre los poderes de la República, el nuevo Reglamento heredado de la administración Solís y a un solo paso de adquirir su vigencia mediante la publicación; perdió interés. Pues, al generarse con el nuevo gobierno, mejores posibilidades de incidir a su favor en la administración del Estado para llevar a cabo transformaciones aún más regresivas, lo lograrían con otro Reglamento conservando el mismo nombre. En este caso, con un segundo RECSA, el cual podría catalogarse como una suplantación para evadir responsabilidades específicas. Algo similar a lo actuado con la viabilidad ambiental respecto al proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y como era de esperar, con fecha 25 de mayo 2021, aparentemente con ciertas restricciones y al interior de la Setena, algunos funcionarios conocieron un documento sin número de oficio pero que correspondía a una nueva propuesta cuyo título refiere: ”Reforma Integral de 31849-SETENA”.
Pero, si bien el gobierno Alvarado Quesada finalizó sin haberse publicado el nuevo Reglamento General de EIA reformado ni el RECSA, si se toma en cuenta que las llamadas presas de expedientes ya no existían gracias a sólo la eliminación del requisito de Viabilidad Ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental, relegados a simples registros y permisos sin estudios previos; más otras disposiciones en igual línea, la expectativa a nivel público por el nuevo Reglamento había bajado. No obstante, y como ya se dijo antes, aunque anunciado atrasadamente se conoció el oficio DAJ-D-030-2022 firmado en casa presidencial el 21 de diciembre 2022, anunciado el 8 de febrero del 2023 y publicado el 19 de abril de este mismo año; siendo por lo tanto el último RECSA17. Y para efectos de conocer acerca de su consistencia legal y técnica, debe considerarse que con fecha 17 de noviembre del 2020, el Consejo Nacional de Rectores, luego de sus análisis y los pronunciamientos de investigadores y unidades académicas del espectro universitario, concluyó en rechazar dicho reglamento “…puesto que alberga una cantidad importante de inconsistencias que están alejadas de la ciencia y la técnica, y por las evidentes transgresiones, por acción u omisión, del derecho de participación pública y el derecho de información, así como a la normativa en protección ambiental, cultural y patrimonial vigente18”.
En las actuaciones entre gobiernos sobre la reglamentación de impacto ambiental, se ha determinado que la del señor Alvarado, con su sucesor hizo algo similar a lo del antecesor, ya que, es durante su gestión que se redactó la propuesta titulada “Reforma Integral de 31849 SETENA”, fechada 25 de mayo 2021 en la Setena y dada a conocer como el nuevo documento para decretar el RECSA. Documento diferente al heredado, y sin duda alguna más regresivo y acorde con las potestades concedidas al sector construcción y de desarrollo inmobiliario para “Proponer un reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (RECSA) con el contenido que considere correspondiente”. En tanto es “…el usuario más importante de la SETENA pues sus proyectos representan un 70% de lo que ahí se tramita”. (Observar Considerando VI y Artículo 2 del Decreto 41817-MINAE y otros)19.
Esta sesgada concesión, permite inferir acerca del proceso de participación ciudadana que se pudo haber cumplido en la elaboración el nuevo Reglamento; pues es claro que la llamada modernización, con tal reforma en la integración de la Comisión Mixta de Apoyo Técnico, lo que más se propuso fue reducir la participación y jamás, al menos igualar la que se facilitó con el Reglamento General de la EIA derogado. (Se recomienda leer lo que sobre este punto específico señala la CGR en el Informe No.DFOE-SOS-IF-00008-2022). En votos anteriores, la Sala Constitucional ha reiterado su reconocimiento a esta fortaleza reglamentaria. Por ejemplo, en la Resolución 2019-2009 dictada a favor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 32734, mediante el cual se pretendió derogar el requisito de la Viabilidad Ambiental en concesiones de agua20.
Finalmente, es necesario destacar que, de los documentos citados y dados a conocer desde el año 2018 acerca de reformas y derogaciones sobre la evaluación de impacto ambiental y su Reglamento General, se identifican tres documentos: 1. DAJ-D-035-2018, RECSA, su titulación se refiere “reforma parcial”. 2. Identificado con la leyenda 25-5-2021-SETENA, Reglamento, el título indica “reforma integral”. 3. DAJ-D-030-2022, RECSA, firmado el 21/12/2022, anunciado el 08/02/2023, presentado el 18/04/2023 y por último publicado el 19/4/2023 como D.E. 43898-MINAE. Sin embargo, este decreto no corresponde al mismo RECSA dado a conocer hace aproximadamente cinco años, si fuera así, hubiese sido firmado dos veces; la primera por el gobierno Solís Rivera el 03 de mayo 2018 y la segunda por el gobierno Chaves Robles el 21 de diciembre 2022.
También, es importante señalar que al publicarse el D.E. 41815 del 2019 con ello fue dispuesto que se eliminó el requisito de viabilidad ambiental del 54% de los proyectos, obras o actividades que se presentaban a la Setena con el D2; relegados a un trámite de simple registro e inmediato permiso. Mientras con el RECSA último, se indicó igualmente comprende la eliminación del mismo requisito de tramitación con el D2 pero en términos del 63 o 65 % de los proyectos, obras o actividades de bajo y muy bajo impacto ambiental21,22. Por lo tanto, aparentemente estamos en presencia de dos posibles mentiras expuestas al más alto nivel de autoridades de gobierno y a través de las cuales, de la lectura comparativa con el Reglamento General de EIA, se evidencia en el RECSA la constante regresividad que sus principales actores no tuvieron contemplaciones de imponer en ausencia de efectivas y concisas sustentaciones técnicas.
Muy oportuno es señalar que, en Resolución de Sala Constitucional (No. 2002-01220)23, sobre el mismo tema e iguales objetivos de las autoridades gubernamentales, se dictó que, hacer exclusiones de obligaciones ambientales para casos que determina de manera genérica y sin justificación técnica, “…evidencia un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. Así mismo reitera: “…el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente”.
¿Y ahora? Como hechos importantes para la lectura crítica, hemos fijado atención a las más recientes celebraciones oficiales sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. En una de ellas, Canal 13 presentó al señor presidente acompañado de dos de sus ministros en visita a la ciudad de Puntarenas; y desde allá, intentaron transmitir algunos mensajes en los que, quizás ellos mismos muy poco creen. Pero más allá de los mensajes, pretendimos conocer si viajaron en el carrusel blindado “donado” al presidente por los “bondadosos gringos”; ya que, como a tales resguardos se ha llegado en Costa Rica, este, es un signo revelador del acelerado retroceso de las condiciones de vida del costarricense y sin duda, parte de la calidad de su ambiente. Por otra parte, la inauguración del “Desvío Tiribí”, revela otro signo de lo que en el mismo contexto se viene haciendo mal, específicamente aguas arriba de la ubicación del colector de aguas residuales en la cuenca del río Tiribí. Daños ambientales que, además que procurar corregirlos es caro (más de 13.000.000.000)24,25, son irreversibles y los costos así manejados se vuelven carga pública.
Los ejemplos citados, también permiten inferir que, si junto con la nueva reglamentación, se informó que eliminaron la evaluación de impacto ambiental del 65 % de los proyectos que la requerían, y adicionalmente que, en los estudios de impacto ambiental se redujo en un 32.9 % los términos de referencia26; considerando que éstos, eran requerimientos exigidos por el Reglamento General de EIA en consistencia con las Leyes, Convenios Internacionales y la Constitución Política; además de ser una prueba irrefutable de regresividad normativa, lo que también indirectamente pronostican con el RECSA, es la aceleración hacia un ambiente cada vez más insano y desequilibrado. De tal manera que, si como repiten con acentuado chovinismo que, Costa Rica mantiene un destacado liderazgo mundial en la protección, conservación y restauración de la naturaleza27,28,29; con las evidencias descritas, tales ventajas jamás se pueden garantizar con leyes y reglamentos más laxos, ni con Órganos Adscritos de carácter técnico (Ej. La Setena) más concentrados, sometidos al poder político y nadando en corrupción.
A qué conduce el último RECSA, si tanto en la forma como de fondo, también persigue reglamentar de nuevo una materia que, por su complejidad debe ser en todo momento integradora y abarcadora; no obstante, es notable el carácter de simplificación extrema y excluyente que se adopta. Además: 1. Que, como una aparente justificación técnica, argumenta que se abandona un modelo de escritorio para adoptar uno de campo con mayor peso en el control; es decir, no sólo denota desconocimiento de las fases del proceso de la EIA, sino que opta por la corrección en detrimento de la prevención. 2. Que no posee consistencia con lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en sus Artículos 6 y 17, artículo 14 del Convenio de Biodiversidad del que somos Estado Parte, y el artículo 50 Constitucional entre otras. 3. Qué deroga obligaciones ya establecidas y plenamente dispuestas en el Reglamento General de la EIA y su Manual EIA, según lo descrito en los artículos 3, 39 y 91 del RECSA. 4. Que en evidente violación de la normativa del trabajo, induce al acoso psicológico laboral imponiendo plazos que, incluyen tiempo no laboral de los funcionarios encargados del proceso de la EIA para resolver y responder ante los usuarios, así como, advertencias de establecer en su contra procesos disciplinarios (Artículos 15, 17, 26.f, 30.7, 33.3, entre otros). 5. Que el marco de legalidad, no autoriza a la Setena a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante Setena; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c). 6. Que el Código de Buenas Prácticas Ambientales acerca del cual, la Setena tanto repite sobre su aplicación; son disposiciones que por años han estado en el aire y nadie cumple, ni siquiera la Setena donde la mayoría de funcionarios no lo conoce; pero a los usuarios se les cobra sin entregar nada a cambio; lo único es indicarles que lo lean en el sitio web. 7. Que para proyectos, obras o actividades sobre infraestructura de telecomunicaciones, zonas francas y caminos; la exclusión de la Viabilidad Ambiental, además de lo contemplado en el RECSA, también se han establecido disposiciones en normas de reciente promulgación y otras en trámite30,31.
En conclusión, es urgente y necesario por parte de cada funcionario y cada habitante de este país, asumir el compromiso ético y moral que dispone la Constitución Política y las Leyes; dignificar y defender nuestra institucionalidad democrática, denunciar ante la Nación y el mundo lo que haya que denunciar y, nunca bajar la bandera de Defensores de la Casa Común que ha distinguido a muchos costarricenses, algunos de ellos hoy verdaderos mártires. Sólo así, con hechos y no simples palabras, alcanzaremos legitimidad para pregonar por el mundo si es que fuera necesario, lo que tenemos y hacemos. Como nunca, necesitamos un país y un Planeta más inmune a los impactos irracionales y avanzando indefinidamente en protección y conservación de su biodiversidad.
Referencias