Ir al contenido principal

Etiqueta: Sala Constitucional

¡Victoria para la justicia y la protesta legítima!

Comunicado

Este miércoles 7 de mayo, en los Tribunales de San Ramón de Alajuela, concluyó el juicio contra cuatro estudiantes de la UCR, a quienes se criminalizó por manifestarse pacíficamente en 2019 en defensa de la educación superior pública.

Tras 6 años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria para el grupo de estudiantes, dejándoles libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública.

La jueza a cargo fue enfática en señalar que el fallo de la Sala Constitucional, vinculado al caso, es preciso: el artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria.

Con la dignidad y la conciencia tranquilas, seguimos de pie.

Frente Ecologista de Cipreses interpone nueva gestión por desobediencia ante contaminación con clorotalonil

Sala Constitucional ordenó garantizar agua potable, pero autoridades insisten en ignorar la normativa vigente.

6-5-2025, Cipreses, Cartago — El Frente Ecologista de Cipreses (Ecocipreses) presentó una nueva gestión de desobediencia contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a que ambas instituciones continúan sin aplicar el Reglamento vigente para la Calidad del Agua Potable, pese a una reciente orden de la Sala Constitucional.

La gestión se fundamenta en la resolución N.º 2025012770, emitida el pasado viernes por la Sala, en la cual se ordena a las autoridades resolver efectivamente el problema de contaminación por clorotalonil en las nacientes de agua y, mientras tanto, continuar abasteciendo a la población mediante camiones cisterna.

Ecocipreses argumenta que las autoridades levantaron medidas sanitarias sin basarse en los parámetros establecidos por el reglamento vigente, incumpliendo con los estándares jurídicos aplicables. En su resolución, los magistrados reiteraron que los únicos valores legalmente válidos son los establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.

Sin embargo, menos de 24 horas después de esta notificación, el Ministerio de Salud emitió el Comunicado de Prensa CP-0089-2025, fechado el sábado 3 de mayo de 2025, en el cual afirma:

De un total de 75 fuentes analizadas, solo cuatro presentaron concentraciones de metabolitos de clorotalonil superiores al límite permitido. Esto significa que 71 fuentes cuentan con agua potable apta para el consumo humano”.

Según Ecocipreses, las autoridades están utilizando valores máximos admisibles (VMA) que superan hasta 800 veces el límite permitido por la normativa nacional vigente, como ya han denunciado diversas organizaciones sociales, universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP. Estos valores corresponden a una propuesta de nuevo reglamento que aún no ha sido legalmente publicado ni aprobado, por lo que carecen de validez jurídica.

Además, el comunicado oficial del gobierno destaca como un logro la “definición de valores de referencia sanitarios (VMAAR) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, sin mencionar que tales valores no tienen respaldo legal en Costa Rica y representan un retroceso en materia de salud pública, lo que los hace inconstitucionales.

Ante esta situación, Ecocipreses considera que se ha incurrido en una falta de respeto directa a la autoridad de la Sala Constitucional. Por ello, solicitan que se ordene al Ministerio de Salud iniciar procedimientos sancionatorios contra los funcionarios responsables de la emisión del comunicado de prensa, al considerarlo una manifestación oficial que contradice lo ordenado judicialmente.

Los accionantes también señalaron: “Si AyA no garantiza el suministro de agua potable, está incurriendo en desobediencia, pues la orden fue de cumplimiento inmediato. Negarnos el acceso al agua limpia es un acto de irresponsabilidad que atenta contra la vida de nuestra comunidad”.

Finalmente, denuncian que hasta el día de hoy no han recibido ninguna notificación oficial que les garantice el acceso a fuentes de agua libre de contaminantes.“La única información recibida es la del comunicado de prensa del Ministerio, que, a nuestro juicio, constituye una burla a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, concluyen.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Comunidad de La Unión de Guápiles solicita suspensión de obras en Ruta 32 tras incumplimientos del MOPT

La comunidad de La Unión de Guápiles solicitó formalmente al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, la suspensión de los trabajos de cunetas que se están realizando en la ruta nacional N° 32, específicamente al costado oeste del puente nacional sentido 1-2, por medidas de seguridad poblacional.

En un documento entregado el 24 de abril de 2025, las vecinas y vecinos fundamentaron su petición en el derecho constitucional consagrado en la Ley N° 9097 y señalaron que, a pesar de haber enviado una nota electrónica hace más de 24 horas, no habían recibido respuesta.

La población advirtió que, de no atenderse su solicitud, realizarán una manifestación pacífica en el área de trabajo, lo que podría afectar el flujo vehicular con cierres programados. En el documento, la comunidad responsabiliza al ministro por las consecuencias que pueda tener la falta de atención a este asunto.

Antecedentes judiciales

Cabe recordar que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por esta misma comunidad contra el MOPT y ordenó al ministro Zeledón responder en un plazo de diez días a una solicitud presentada desde abril de 2023.

Las personas recurrentes habían solicitado información sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.

La magistratura determinó que, aunque se realizaron algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada.

Deficiencias técnicas señaladas por Lanamme UCR

Las preocupaciones de la comunidad tienen respaldo en un informe técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR). El documento EIC-Lanamme-INF-1896-2024, de diciembre de 2024, identificó serias deficiencias en el diseño de las rotondas del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta 32.

El informe señala que las rotondas de Moín, Batan, Matina, Siquirres y Codela presentan un alineamiento rectilíneo en algunos de sus accesos, condición que aumentará la probabilidad de accidentes y de ingreso a alta velocidad.

Además, el estudio determinó que las rotondas cuentan con una geometría reducida incompatible con la circulación del vehículo de diseño WB-20 a una velocidad de 30 km/h, debido a limitaciones del derecho de vía y retos para realizar expropiaciones.

Lanamme UCR recomendó cinco alternativas de diseño geométrico para la valoración de la Administración y sugirió implementar medidas complementarias de movilidad segura y pacificación vial, ya que todas las alternativas de intersecciones tienen como principal riesgo la velocidad de operación.

La comunidad de La Unión solicita al ministro medidas urgentes que garanticen la seguridad de todas las personas usuarias de la vía, especialmente estudiantes, así como el establecimiento de paradas de autobuses adecuadamente ubicadas y aprobadas por el Consejo de Transporte Público.

Imagen: Los trabajos en la Ruta 32 han generado múltiples peligros para las comunidades y las personas que viajan.

Sala Constitucional ordena al MOPT responder a vecinas y vecinos de La Unión de Guápiles

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la comunidad de La Unión de Guápiles contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La resolución ordena al ministro Efraím Zeledón dar respuesta, en un plazo de diez días, a una solicitud presentada por las personas vecinas desde abril de 2023.

El documento judicial señala que la población de La Unión remitió una gestión escrita al entonces ministro Luis Amador sobre cinco aspectos relacionados con la ampliación de la Ruta 32: el estado del puente peatonal, la ubicación de paradas de autobuses, la justificación de la radial de retorno, el cierre del paso peatonal de calle Los Pérez y la presentación de los cambios en la vía.

La magistratura determinó que, a pesar de haberse realizado algunas reuniones con la comunidad, no existe evidencia de que la autoridad ministerial haya respondido por escrito a todas las inquietudes ni entregado la documentación técnica solicitada por las personas recurrentes.

De acuerdo con el expediente, el puente peatonal mencionado no ha sido concluido y la comunidad ha expresado preocupación por la seguridad de quienes transitan por la zona, especialmente estudiantes. Aunque el MOPT ha colocado banderilleros en horario diurno para facilitar el cruce, estas medidas son temporales.

La sentencia también señala que la ubicación de las paradas de autobuses, situadas a aproximadamente 300 metros del puente peatonal, no cuenta con la debida aprobación del Consejo de Transporte Público, entidad competente en esta materia.

El ministro Zeledón deberá cumplir con lo ordenado bajo el apercibimiento establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece pena de prisión o multa para quien incumpla una orden dictada en un recurso de amparo. Además, el Estado fue condenado al pago de costas, daños y perjuicios.

Sala Constitucional admite recurso de amparo por riesgos en rotondas de la Ruta 32

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.

El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.

Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.

El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.

En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.

La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.

Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.

Convocan este 9 de abril frente a la Sala Constitucional por pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.

Comunicado

Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.

En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.

Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.

¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!

Asociación solicita al MINAE informes sobre protección del acuífero de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.

Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.

La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.

Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:

  1. Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.

  2. Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.

  3. Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.

  4. Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.

  5. Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.

  6. Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.

En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.

La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Imagen: Semanario Universidad.

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

Humedales costeros de Talamanca requieren protección urgente

Los humedales costeros de Talamanca se encuentran en el centro de una controversia ambiental que demanda intervención inmediata.

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía Agrario Ambiental mediante un documento que detalla las afectaciones a estos ecosistemas.

Violaciones documentadas

La denuncia señala varios casos de degradación ambiental, entre ellos:

  • Drenajes y rellenos ilegales realizados por sociedades anónimas

  • Intervención sistemática en Playa Negra, con presunta utilización de maquinaria municipal

  • Posibles infracciones a la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad

Antecedentes legales

El caso se origina en una resolución del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2024, que ordenó:

  • Completar la certificación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre

  • Incorporar el informe de caracterización de humedales al Plan Regulador Costero

Una resolución posterior del 13 de marzo de 2025 requirió a instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Talamanca presentar evidencia de cumplimiento.

Solicitud de acción

La organización ecologista ha requerido a las autoridades:

  1. Presentar la información requerida ante la Sala Constitucional

  2. Gestionar medidas cautelares para recuperar los humedales

La protección de estos ecosistemas se considera fundamental para preservar la biodiversidad regional.