Una de las consignas recurrentes de la efeméride de hoy, fue la eliminación de la política de congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos.
Esta política se instrumentalizó en la Ley de Ajuste Fiscal, N*9635 y la Ley Frankenstein, N*10159, mal llamada Ley Marco de Empleo Público.
El congelamiento de las remuneraciones se constituyó en una política de Estado, una herramienta de política fiscal, impuesta por OCDE, FMI, BM.
Esta política y las leyes que la sostienen, son manifiestamente contrarias a nuestro derruido ordenamiento jurídico.
1.- En primer lugar, violenta instrumentos internacionales de DDHH.
Entre otros instrumentos, esa política de austeridad vulnera el Convenio N* 98 OIT, acerca de la Libertad Sindical y negociación colectiva.
Este convenio está ratificado por CR, que, por tanto, tiene un rango normativo superior a aquellas ignominiosas leyes ordinarias que mantienen estancados los salarios.
2.-Es necesario destacar que los órganos de control de OIT han determinado, de manera reiterada, que las restricciones legislativas de la negociación colectiva de los salarios, en el marco de una política de estabilización económica, cuando se justifican, deben ser excepcionales, absolutamente necesarias, limitarse a lo estrictamente necesario, las cuales no pueden exceder un periodo razonable.
Los pronunciamientos determinan que un periodo de congelamiento de 3 años, puede ser un plazo demasiado largo.
En la Suiza Centroamericana, esas restricciones ya tienen más de cinco años, que no es menor cosa la grosera devaluación que han sufrido las remuneraciones en este excesivo período.
Ya es un sacrificio que se ha vuelto inasumible.
3.- Además, los pronunciamientos determinaron que esas restricciones, cuando se justifican, deben acompañarse de garantías adecuadas que protejan el nivel de vida de los trabajadores.
Por contrario, el nivel de vida de los trabajadores del país, en dicho periodo, ha experimentado una caída libre, sin ningún tipo de garantía de mitigación, un salto al vacío.
4.- No es menos importante señalar que ya existe un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical/OIT (1985), precisamente contra el Gobierno de CR, que preceptuó que la política de restricción de negociación salarial y ajuste de salarios quebranta el C. 98 OIT.
Es decir, ya existe una “condena” internacional contra el Estado de CR, que data del siglo pasado; la cual, por cierto, nadie recuerda.
5.- No se puede tampoco olvidar que existe un precedente muy importante de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el congelamiento de las remuneraciones solo puede ser temporal, por un plazo definido, claramente determinado.
Esta posición del Tribunal Constitucional la comparte la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser simpatizante de los sindicatos.
6.- Por último, pero no menos importante, la Opinión Consultiva de CORTE IDH 27-21, que ya cumple 3 años, concluyó que los Estados, en contexto de crisis fiscal, deben privilegiar la negociación colectiva, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios de los funcionarios públicos; leyes de corte draconiano, como las que se impusieron en la tristemente célebre Administración Alvarado Quesada.
Valga resaltar que un recientísimo pronunciamiento de la abogacía del mismo Estado, la PGR, definió que esa opinión consultiva es vinculante y que todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a aplicarla.
Entonces emerge aquella pregunta que se hacía Lenin a principio de 1901: ¿Qué hacer?
¡Nos sobra mucho mes al final del sueldo!
No hay que esperar que los ángeles suenen la trompeta, anunciando el retorno glorioso del Jesús Cristo, que nadie sabe el día, ni la hora, para que cese, de una vez por todas, esa política extrema de devaluación salarial.
Existen poderosos recursos legales, nacionales e internacionales, para quebrar esa política de contención salarial, que en nada contribuirá a la reactivación económica, y por contrario, agudizará y profundizará aún más la crisis.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:
Un salario mínimo digno para los trabajadores del sector privado y el fin del congelamiento salarial para los empleados públicos.
Mejoras en las pensiones y seguridad social.
Defensa de las empresas e instituciones públicas frente a intentos de privatización.
Fortalecimiento de los derechos laborales como la negociación colectiva y convenios laborales.
Políticas públicas para combatir la exclusión social y económica, especialmente de los jóvenes y desempleados.
Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.
Por: Licda. Vivian Rodríguez Araya Directorio Nacional Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco Popular y Desarrollo Comunal
1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día en el cual conmemoramos importantes triunfos, gracias a luchas históricas que dieron origen a grandes conquistas laborales y día en que movilizamos una importante masa de personas trabajadoras que alzan su vos por la reivindicación y dignificación de la fuerza trabajadora de todo el mundo.
Según el Organismo Internacional del trabajo (OIT) desde el año 2022, los salarios reales mundiales cayeron en un 0,9%, esa caída de ingresos reales es principalmente difícil para los hogares más necesitados, representando un latente riesgo de caer en pobreza y en inseguridad alimentaria, agregando el aumento de empleo informal que abre pie a condiciones precarias y sin derechos.
Es necesario y urgente accionar y reconquistar las luchas por la protección laboral, en donde se incluya un digno y justo salario para todas las personas trabajadoras, así también dignificar las condiciones y los roles laborales que demandan un esfuerzo, dedicación y esmero ejercida por toda la clase trabajadora de un país, que se refleja en resultados de sostenibilidad económica, política y social de una nación.
Trabajadoras y trabajadores levantemos esa fuerza laboral que nos caracteriza al emprender nuestras ocupaciones laborales para conquistar la Justicia Social que promueva la protección de nuestras familias, de las juventudes, de la niñez y de la población en general, esa justicia social que comprende desde la educación, la salud, empleo digno para todos, seguridad ciudadana, entre otros más.
Ante la actual coyuntura política de nuestro país, es muy significativo e imperativo activar la lucha por la protección de las garantías sociales y buscar el diálogo político y social hacia el fortalecimiento de nuestro sistema social y productivo, que permita encontrar soluciones sostenibles, contribuyendo a que todas las personas seamos más prósperas.
Costarricenses, hombres y mujeres de Costa Rica defendamos y construyamos con coraje y sacrificio el resguardo de nuestros derechos, y hoy el más fundamental y sagrado de ellos, el derecho al trabajo decente, como la más auténtica retribución hacia un impulso del progreso humano.
El Sindicato Nacional de Enfermería, en conferencia de prensa, explicó cuáles han sido las condiciones en las que han tenido que trabajar sus profesionales, principalmente las malas condiciones salariales y poco competitivas que le ha tocado vivir a los trabajadores de la CCSS. Problemáticas de endeudamiento y acceso a préstamos gota a gota son las principales, todo esto como consecuencia del atraso en el pago de salarios pero también se menciona la fuga de profesionales.
Por este motivo, mencionan que las malas decisiones tomadas por la presidenta Marta Esquivel, afectan no solo a los trabajadores, sino también se invisibiliza la voz del paciente, principalmente con problemáticas en las listas de espera. Mencionan también que no se ha presentado una solución razonable para todas las dificultades que atraviesa la institución.
Por ello los representantes del sindicato son vehementes con la necesidad de reformas sustanciales a la institución que velen por el derecho a la salud de la ciudadanía, principalmente porque son personas que están en condiciones delicadas.
Indican que van a unirse a la movilización del 24 de abril para reclamar por una solución a estas condiciones, ya que si la CCSS no responde y soluciona, se van a ver en la obligación de aplicar medidas de presión.
Normativa violenta normas legales y principios constitucionales a trabajadores de la CCSS con contrato de dedicación exclusiva vigente.
UNDECA en defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras impugnó la Circular GA-DAGP-2132-2023 por violentar nuestro ordenamiento jurídico, básicamente con los siguientes argumentos:
1.- La circular hace una interpretación errónea del Transitorio XXVI de la Ley de Salarios de la Administración Pública, modificada por la Ley N°9635, ya que esa norma excluye explícitamente la aplicación de ciertas disposiciones a los contratos de dedicación exclusiva suscritos antes de su entrada en vigor, poniendo en riesgo la estabilidad contractual de los empleados afectados.
2.- La circular vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley, en perjuicio de las personas o sus derechos adquiridos. Aplicar retroactivamente nuevas reglas legales a contratos ya existentes, afecta los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores.
3.- Se hace un análisis sobre los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. Se destaca la importancia de proteger la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, especialmente en un contexto donde las decisiones administrativas pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas.
UNDECA en aras de garantizar el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales en el ámbito laboral y administrativo de los profesionales, que mantienen contrato de dedicación exclusiva previos a la Ley, y demanda la declaración de nulidad absoluta de la circular, con efectos retroactivos a su publicación.
Sepamos ser libres, el derecho sagrado al salario justo se defiende
La Unión Sindical de la CCSS, ante las nefastas consecuencias que generan la regresividad de la infame legislación antilaboral, cuya imposición implica el deterioro sistemático, así como agudas consecuencias para la calidad de vida de los y las trabajadoras y sus familias hace un llamado a prepararse para defender este esencial aspecto de la vida del trabajador.
El gobierno de la república en la conducción del actual presidente Rodrigo Chaves, es quien vía decreto demostró que es posible la revisión, actualización y mejora de los salarios, cuando de manera injustificada, duplicó el salario de sus poco eficientes ministros, esto a tan solo cuatro meses de haber ocupado sus cargos y sin haber hecho méritos políticos que justifiquen tan significativa auto-receta. La gran tajada remunerativa se impuso sin criterios técnicos, solamente con discursos vacíos y demagógicos.
Contrario a criterios y fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo y objeto de la más complaciente legislación con el fraude fiscal, es las y los trabajadores de la CCSS y del sector público, a quienes se les ha impuesto doblemente las obligaciones que otros incumplen, llevándonos a un insoportable congelamiento salarial sufrido ya por cinco años, periodo en el que se ha sometido a la totalidad de la población laboral a la asfixia económica objeto del endeudamiento, y condenando a muchos de nuestros compañeros a exponer su seguridad y su vida cuando no se puede pagar.
Ante este negativo panorama, la Unión Sindical de la CCSS hace un vehemente llamado a los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social a estar atentos y alertas a las acciones que se convoquen con el objetivo de derribar de una vez por todas el muro neoliberal de congelamiento salarial, condena a la miseria y caída sistemática en la condición de vida de los trabajadores y sus familias.
9 de abril, 2024
¡Se viene la lucha por la justicia salarial!
¡Expresemos nuestro repudio a las políticas que deterioran nuestra calidad de vida!
Durante la tarde del lunes 1 de abril del 2024, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, se reúne con Silvio Loaisiga, representante de los choferes de autobús. Ambos se presentaron ante la oficina del Consejo Nacional de Salarios, ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de informarse sobre el procedimiento de análisis de la petición de revisión y fijación extraordinaria del monto del salario mínimo que se le paga al chofer de bus en Costa Rica.
Se busca que dentro de la revisión se considere la continua alza del costo de la vida, el deterioro del poder de compra de los salarios, y el que los choferes de bus son verdaderos profesionales al volante que tienen grandes responsabilidades. Los mencionados recuerdan la importancia que tienen las firmas para que la petición tenga apoyo. Dicha firma se podrá hacer en un formulario de formato digital.
“Nos solidarizamos con movimiento convocado por el SEC – Gobierno debe honrar su palabra”
Comunicado
ANEP se solidariza con el llamado a manifestación formulado por el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), a fin de que el Gobierno honre, a plenitud, la palabra empeñada para saldar la deuda pendiente por el último reajuste por costo de vida reconocido a la clase trabajadora asalariada del Sector Público, decretado en diciembre de 2019.
El sector Magisterial está ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total pues en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va del 2024, ni un centavo han recibido por reajuste salarial debido a variaciones del costo de vida en este largo período.
La clase trabajadora magisterial, al igual que la policial, la de los otros ministerios e instituciones descentralizadas y la del restante sector público, han sido las grandes víctimas de un proceso de ajuste macrofiscal centrado en los ingresos de las personas que menos tienen; y, que, además, ninguna responsabilidad tiene por la calamitosa situación de las finanzas públicas.
Creemos que ya ha llegado la hora de unificar esfuerzos y mancomunar voluntades para luchar por un nuevo y verdadero reajuste salarial para el sector Público luego de 5 años de congelamiento salarial brutal y total; de manera tal que mediando una gran unidad de acción se reinstale la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
De manera atinada el sindicato SEC les llama a manifestarse en la calle este lunes 1 de abril y eso es digno de aplaudir y de apoyar tal como lo hacemos en ANEP por medio de este comunicado.
San José, sábado 30 de marzo de 2024.
Albino Vargas Barrantes. Secretario general ANEP
Wálter Quesada Fernández. Secretario general adjunto ANEP
El presidente de la seccional de la CUT en el Ministerio de Hacienda, Miguel Ureña Cascante, envió una carta al ministro que compartimos:
Estimable señor Ministro Nogui Acosta J.
Agradecemos el comunicado masivo, pero; deseamos se haga efectivo dicho pago a la brevedad posible.
Los trabajadores, en especial sus colaboradores del Ministerio que su persona lidera, gestor y Administrador de las Finanza Públicas, nos sentimos celosos, cuando otras instituciones, según sus propias declaraciones, ya se les pagó o depositó dicho compromiso.
Ciertamente esta es mi primera intervención como Presidente de una Seccional, ya que en mi condición de Secretario General de otras, no puedo estar cargando el lastre de un estatuto obsoleto y poco más con una junta Directiva, que al final pueda convertir el Sindicato en un Club Social, aprovechando una reunión de carácter profesional con su equipo y pedir por detrás alguien su ayuda para un puesto en determinado lugar, cosas que creo irrespetan su investidura, y falta la seriedad de algún mal integrante, pero, en calidad de Presidente de la Seccional CUT- Hacienda, la que de paso, se le ha atropellado por quizás una mala percepción de contradictorio o contienda al combatir y denunciar hasta penalmente , malos actos de los representantes de la actuación patronal y que desde noviembre de 2023, nos sumergen en la espera burocrática del finiquito con su firma del convenio de facilidades, impidiendo a mi representada el buen ejercicio de la democracia social.
Los años de conocernos, siempre profeso un respetuoso y afectuoso saludo al estrechar su mano, al menos de mi parte recíbalo siempre así, espero que el mal consejo o apreciación de otros malos contendores lo asienten, pues quizás les falta madurez política el no aceptarlo y de ahí las diferencias de criterio.
La balanza o nivelación de las relaciones obrero-patronales, gestadas en el milenio anterior, han superado con creces los beneficios de ese balance entre las partes, ni los empleados abusar, ni los patronos tampoco.
Señor Ministro; nuestras diferencias son mínimas, tanto así que he reiterado en varias ocasiones, que su persona es muy valioso y debería liderar el Poder Ejecutivo, y sí al Ministro de Hacienda le va bien, a Costa Rica también, ya que el motor en mucho se nutre de nuestra actuación en la sociedad misma, de ahí el celo, en el sentido a partir de sus declaraciones parece van girando los dineros sin ser fecha de pago a las cuentas de los trabajadores y en Hacienda ignoramos cuando, dinero para satisfacer el compromiso que nos ocupa, pero; que en Hacienda, su casa de trabajo, no se hace efectivo, siendo el tesorero del país mismo, y siendo el gestor y contralor presupuestario del Poder Ejecutivo seguimos a la espera, como si fuéramos trabajadores de tercera clase y nadie alza la voz, porque parece no saben opinar o solicitar un derecho, hacen pretensiones tan vagas y poco concretas, que denota quizás un temor a la contienda o al riesgo de perder un confort.
Con estas pocas palabras, le solicito gire la orden de pago (si aún no se ha pagado, cuando lo lea) para que se nos giren esos dineros, los ocupamos, para atender compromisos de deuda con las mal llamadas “garroteras”, lo ocupamos para la compra de buena medicina, ya que la CCSS aduce no poder dar medicina de calidad por el “perro amarrado entre Hacienda y la Caja” y el pobre trabajador asalariado está en medio de ese torbellino, hubo de cumplir hasta compromisos de entrada a clases sin la camisa de educación física de sus hijos o con el resto útil de un cuaderno del año pasado, distinto de los “Jeques” de la función Pública, que tienen salarios de primer nivel político, el trabajador de ”a pie” va a “coyol comido…”.
En fin la misiva pretende persuadirlo amigablemente de que se ordene se gire ese dinero, y no se manipulen las cuentas nacionales con recursos contables sobre las espaldas del trabajador humilde. imagino a un policía en su vigilia diaria y no poder comprarse al menos una botella de agua fría o una pipa para mitigar la sed por el calor de la temporada.
Reitero, lo macro es una cosa, lo micro otra, no dudo de su mirada, desde la palestra en la altitud del piso seis , hasta conversada con el Presidente mismo de como honrar dicho compromiso, desde noviembre aprobado por Ley de la República, y que al final pareciera ser que ni los 24 millones de dólares comprometidos en Hacienda digital por licencias “copy page” para darle clip a herramientas de integra y otros en materia de presupuesto, dan solución inmediata a recursos “posiblemente jineteados” durante todo un trimestre, favoreciendo quizás los números micro, oh quizás la peor percepción, de que las unidades de recursos humanos siguen deficitarias en talento humano; incapaz de atender oportunamente el mandato legal.
Le remito dicho interés, como un eco de varias personas que me increpan elevar su voz y pedir con vehemencia, respeto y con autoridad también, se honre a la brevedad dicho compromiso, negado con el actuar deficiente sus colaboradores, y no hagamos eco del estribillo “casa de herrero..” en virtud de que ya estamos cansados de que nos pongan de referencia en control del gasto, este tipo de dinero es inversión hasta en salud para todos los trabajadores.
Copio a buenos amigos en la Asamblea Legislativa, para llamar su atención, ya que los trabajadores también merecemos consideración y respeto, y sus colaboradores, malos colaboradores quizás lo están exponiendo demasiado.
Espero con pocas palabras lograr su comprensión, atentamente,
Lic. Miguel Ureña C. Lic. en Derecho Lic. En Administración Presidente Seccional CUT- Hacienda
El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.
Comunicado
El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.
Se debe terminar con el congelamiento salarial
El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.
El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.
Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”
Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.
Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.
El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022
El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:
Grupo salarial
Aumento total a salario base
Meses adeudados
Total adeudado a enero 2024
1
₡8.750
49
₡428.750
2
₡8.500
49
₡416.500
3
₡8.000
49
₡392.000
4
₡7.750
49
₡379.750
5
₡7.500
49
₡367.500
En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.
El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas
Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.
Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:
AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR
TIPO DE RECARGO
CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO
11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS
36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR
12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO
7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO
6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1
2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO
3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO
6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1
1
TOTAL
102
Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos
Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.
En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.
Situación de contexto y la protesta social como alternativa:
El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.
Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.
Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.
En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.
El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.
Atentamente, Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC
