La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:
Un salario mínimo digno para los trabajadores del sector privado y el fin del congelamiento salarial para los empleados públicos.
Mejoras en las pensiones y seguridad social.
Defensa de las empresas e instituciones públicas frente a intentos de privatización.
Fortalecimiento de los derechos laborales como la negociación colectiva y convenios laborales.
Políticas públicas para combatir la exclusión social y económica, especialmente de los jóvenes y desempleados.
Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.
Por: Licda. Vivian Rodríguez Araya Directorio Nacional Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco Popular y Desarrollo Comunal
1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día en el cual conmemoramos importantes triunfos, gracias a luchas históricas que dieron origen a grandes conquistas laborales y día en que movilizamos una importante masa de personas trabajadoras que alzan su vos por la reivindicación y dignificación de la fuerza trabajadora de todo el mundo.
Según el Organismo Internacional del trabajo (OIT) desde el año 2022, los salarios reales mundiales cayeron en un 0,9%, esa caída de ingresos reales es principalmente difícil para los hogares más necesitados, representando un latente riesgo de caer en pobreza y en inseguridad alimentaria, agregando el aumento de empleo informal que abre pie a condiciones precarias y sin derechos.
Es necesario y urgente accionar y reconquistar las luchas por la protección laboral, en donde se incluya un digno y justo salario para todas las personas trabajadoras, así también dignificar las condiciones y los roles laborales que demandan un esfuerzo, dedicación y esmero ejercida por toda la clase trabajadora de un país, que se refleja en resultados de sostenibilidad económica, política y social de una nación.
Trabajadoras y trabajadores levantemos esa fuerza laboral que nos caracteriza al emprender nuestras ocupaciones laborales para conquistar la Justicia Social que promueva la protección de nuestras familias, de las juventudes, de la niñez y de la población en general, esa justicia social que comprende desde la educación, la salud, empleo digno para todos, seguridad ciudadana, entre otros más.
Ante la actual coyuntura política de nuestro país, es muy significativo e imperativo activar la lucha por la protección de las garantías sociales y buscar el diálogo político y social hacia el fortalecimiento de nuestro sistema social y productivo, que permita encontrar soluciones sostenibles, contribuyendo a que todas las personas seamos más prósperas.
Costarricenses, hombres y mujeres de Costa Rica defendamos y construyamos con coraje y sacrificio el resguardo de nuestros derechos, y hoy el más fundamental y sagrado de ellos, el derecho al trabajo decente, como la más auténtica retribución hacia un impulso del progreso humano.
El Sindicato Nacional de Enfermería, en conferencia de prensa, explicó cuáles han sido las condiciones en las que han tenido que trabajar sus profesionales, principalmente las malas condiciones salariales y poco competitivas que le ha tocado vivir a los trabajadores de la CCSS. Problemáticas de endeudamiento y acceso a préstamos gota a gota son las principales, todo esto como consecuencia del atraso en el pago de salarios pero también se menciona la fuga de profesionales.
Por este motivo, mencionan que las malas decisiones tomadas por la presidenta Marta Esquivel, afectan no solo a los trabajadores, sino también se invisibiliza la voz del paciente, principalmente con problemáticas en las listas de espera. Mencionan también que no se ha presentado una solución razonable para todas las dificultades que atraviesa la institución.
Por ello los representantes del sindicato son vehementes con la necesidad de reformas sustanciales a la institución que velen por el derecho a la salud de la ciudadanía, principalmente porque son personas que están en condiciones delicadas.
Indican que van a unirse a la movilización del 24 de abril para reclamar por una solución a estas condiciones, ya que si la CCSS no responde y soluciona, se van a ver en la obligación de aplicar medidas de presión.
Normativa violenta normas legales y principios constitucionales a trabajadores de la CCSS con contrato de dedicación exclusiva vigente.
UNDECA en defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras impugnó la Circular GA-DAGP-2132-2023 por violentar nuestro ordenamiento jurídico, básicamente con los siguientes argumentos:
1.- La circular hace una interpretación errónea del Transitorio XXVI de la Ley de Salarios de la Administración Pública, modificada por la Ley N°9635, ya que esa norma excluye explícitamente la aplicación de ciertas disposiciones a los contratos de dedicación exclusiva suscritos antes de su entrada en vigor, poniendo en riesgo la estabilidad contractual de los empleados afectados.
2.- La circular vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley, en perjuicio de las personas o sus derechos adquiridos. Aplicar retroactivamente nuevas reglas legales a contratos ya existentes, afecta los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores.
3.- Se hace un análisis sobre los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. Se destaca la importancia de proteger la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores, especialmente en un contexto donde las decisiones administrativas pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas.
UNDECA en aras de garantizar el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales en el ámbito laboral y administrativo de los profesionales, que mantienen contrato de dedicación exclusiva previos a la Ley, y demanda la declaración de nulidad absoluta de la circular, con efectos retroactivos a su publicación.
Sepamos ser libres, el derecho sagrado al salario justo se defiende
La Unión Sindical de la CCSS, ante las nefastas consecuencias que generan la regresividad de la infame legislación antilaboral, cuya imposición implica el deterioro sistemático, así como agudas consecuencias para la calidad de vida de los y las trabajadoras y sus familias hace un llamado a prepararse para defender este esencial aspecto de la vida del trabajador.
El gobierno de la república en la conducción del actual presidente Rodrigo Chaves, es quien vía decreto demostró que es posible la revisión, actualización y mejora de los salarios, cuando de manera injustificada, duplicó el salario de sus poco eficientes ministros, esto a tan solo cuatro meses de haber ocupado sus cargos y sin haber hecho méritos políticos que justifiquen tan significativa auto-receta. La gran tajada remunerativa se impuso sin criterios técnicos, solamente con discursos vacíos y demagógicos.
Contrario a criterios y fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo y objeto de la más complaciente legislación con el fraude fiscal, es las y los trabajadores de la CCSS y del sector público, a quienes se les ha impuesto doblemente las obligaciones que otros incumplen, llevándonos a un insoportable congelamiento salarial sufrido ya por cinco años, periodo en el que se ha sometido a la totalidad de la población laboral a la asfixia económica objeto del endeudamiento, y condenando a muchos de nuestros compañeros a exponer su seguridad y su vida cuando no se puede pagar.
Ante este negativo panorama, la Unión Sindical de la CCSS hace un vehemente llamado a los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social a estar atentos y alertas a las acciones que se convoquen con el objetivo de derribar de una vez por todas el muro neoliberal de congelamiento salarial, condena a la miseria y caída sistemática en la condición de vida de los trabajadores y sus familias.
9 de abril, 2024
¡Se viene la lucha por la justicia salarial!
¡Expresemos nuestro repudio a las políticas que deterioran nuestra calidad de vida!
Durante la tarde del lunes 1 de abril del 2024, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, se reúne con Silvio Loaisiga, representante de los choferes de autobús. Ambos se presentaron ante la oficina del Consejo Nacional de Salarios, ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de informarse sobre el procedimiento de análisis de la petición de revisión y fijación extraordinaria del monto del salario mínimo que se le paga al chofer de bus en Costa Rica.
Se busca que dentro de la revisión se considere la continua alza del costo de la vida, el deterioro del poder de compra de los salarios, y el que los choferes de bus son verdaderos profesionales al volante que tienen grandes responsabilidades. Los mencionados recuerdan la importancia que tienen las firmas para que la petición tenga apoyo. Dicha firma se podrá hacer en un formulario de formato digital.
“Nos solidarizamos con movimiento convocado por el SEC – Gobierno debe honrar su palabra”
Comunicado
ANEP se solidariza con el llamado a manifestación formulado por el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), a fin de que el Gobierno honre, a plenitud, la palabra empeñada para saldar la deuda pendiente por el último reajuste por costo de vida reconocido a la clase trabajadora asalariada del Sector Público, decretado en diciembre de 2019.
El sector Magisterial está ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total pues en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va del 2024, ni un centavo han recibido por reajuste salarial debido a variaciones del costo de vida en este largo período.
La clase trabajadora magisterial, al igual que la policial, la de los otros ministerios e instituciones descentralizadas y la del restante sector público, han sido las grandes víctimas de un proceso de ajuste macrofiscal centrado en los ingresos de las personas que menos tienen; y, que, además, ninguna responsabilidad tiene por la calamitosa situación de las finanzas públicas.
Creemos que ya ha llegado la hora de unificar esfuerzos y mancomunar voluntades para luchar por un nuevo y verdadero reajuste salarial para el sector Público luego de 5 años de congelamiento salarial brutal y total; de manera tal que mediando una gran unidad de acción se reinstale la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
De manera atinada el sindicato SEC les llama a manifestarse en la calle este lunes 1 de abril y eso es digno de aplaudir y de apoyar tal como lo hacemos en ANEP por medio de este comunicado.
San José, sábado 30 de marzo de 2024.
Albino Vargas Barrantes. Secretario general ANEP
Wálter Quesada Fernández. Secretario general adjunto ANEP
El presidente de la seccional de la CUT en el Ministerio de Hacienda, Miguel Ureña Cascante, envió una carta al ministro que compartimos:
Estimable señor Ministro Nogui Acosta J.
Agradecemos el comunicado masivo, pero; deseamos se haga efectivo dicho pago a la brevedad posible.
Los trabajadores, en especial sus colaboradores del Ministerio que su persona lidera, gestor y Administrador de las Finanza Públicas, nos sentimos celosos, cuando otras instituciones, según sus propias declaraciones, ya se les pagó o depositó dicho compromiso.
Ciertamente esta es mi primera intervención como Presidente de una Seccional, ya que en mi condición de Secretario General de otras, no puedo estar cargando el lastre de un estatuto obsoleto y poco más con una junta Directiva, que al final pueda convertir el Sindicato en un Club Social, aprovechando una reunión de carácter profesional con su equipo y pedir por detrás alguien su ayuda para un puesto en determinado lugar, cosas que creo irrespetan su investidura, y falta la seriedad de algún mal integrante, pero, en calidad de Presidente de la Seccional CUT- Hacienda, la que de paso, se le ha atropellado por quizás una mala percepción de contradictorio o contienda al combatir y denunciar hasta penalmente , malos actos de los representantes de la actuación patronal y que desde noviembre de 2023, nos sumergen en la espera burocrática del finiquito con su firma del convenio de facilidades, impidiendo a mi representada el buen ejercicio de la democracia social.
Los años de conocernos, siempre profeso un respetuoso y afectuoso saludo al estrechar su mano, al menos de mi parte recíbalo siempre así, espero que el mal consejo o apreciación de otros malos contendores lo asienten, pues quizás les falta madurez política el no aceptarlo y de ahí las diferencias de criterio.
La balanza o nivelación de las relaciones obrero-patronales, gestadas en el milenio anterior, han superado con creces los beneficios de ese balance entre las partes, ni los empleados abusar, ni los patronos tampoco.
Señor Ministro; nuestras diferencias son mínimas, tanto así que he reiterado en varias ocasiones, que su persona es muy valioso y debería liderar el Poder Ejecutivo, y sí al Ministro de Hacienda le va bien, a Costa Rica también, ya que el motor en mucho se nutre de nuestra actuación en la sociedad misma, de ahí el celo, en el sentido a partir de sus declaraciones parece van girando los dineros sin ser fecha de pago a las cuentas de los trabajadores y en Hacienda ignoramos cuando, dinero para satisfacer el compromiso que nos ocupa, pero; que en Hacienda, su casa de trabajo, no se hace efectivo, siendo el tesorero del país mismo, y siendo el gestor y contralor presupuestario del Poder Ejecutivo seguimos a la espera, como si fuéramos trabajadores de tercera clase y nadie alza la voz, porque parece no saben opinar o solicitar un derecho, hacen pretensiones tan vagas y poco concretas, que denota quizás un temor a la contienda o al riesgo de perder un confort.
Con estas pocas palabras, le solicito gire la orden de pago (si aún no se ha pagado, cuando lo lea) para que se nos giren esos dineros, los ocupamos, para atender compromisos de deuda con las mal llamadas “garroteras”, lo ocupamos para la compra de buena medicina, ya que la CCSS aduce no poder dar medicina de calidad por el “perro amarrado entre Hacienda y la Caja” y el pobre trabajador asalariado está en medio de ese torbellino, hubo de cumplir hasta compromisos de entrada a clases sin la camisa de educación física de sus hijos o con el resto útil de un cuaderno del año pasado, distinto de los “Jeques” de la función Pública, que tienen salarios de primer nivel político, el trabajador de ”a pie” va a “coyol comido…”.
En fin la misiva pretende persuadirlo amigablemente de que se ordene se gire ese dinero, y no se manipulen las cuentas nacionales con recursos contables sobre las espaldas del trabajador humilde. imagino a un policía en su vigilia diaria y no poder comprarse al menos una botella de agua fría o una pipa para mitigar la sed por el calor de la temporada.
Reitero, lo macro es una cosa, lo micro otra, no dudo de su mirada, desde la palestra en la altitud del piso seis , hasta conversada con el Presidente mismo de como honrar dicho compromiso, desde noviembre aprobado por Ley de la República, y que al final pareciera ser que ni los 24 millones de dólares comprometidos en Hacienda digital por licencias “copy page” para darle clip a herramientas de integra y otros en materia de presupuesto, dan solución inmediata a recursos “posiblemente jineteados” durante todo un trimestre, favoreciendo quizás los números micro, oh quizás la peor percepción, de que las unidades de recursos humanos siguen deficitarias en talento humano; incapaz de atender oportunamente el mandato legal.
Le remito dicho interés, como un eco de varias personas que me increpan elevar su voz y pedir con vehemencia, respeto y con autoridad también, se honre a la brevedad dicho compromiso, negado con el actuar deficiente sus colaboradores, y no hagamos eco del estribillo “casa de herrero..” en virtud de que ya estamos cansados de que nos pongan de referencia en control del gasto, este tipo de dinero es inversión hasta en salud para todos los trabajadores.
Copio a buenos amigos en la Asamblea Legislativa, para llamar su atención, ya que los trabajadores también merecemos consideración y respeto, y sus colaboradores, malos colaboradores quizás lo están exponiendo demasiado.
Espero con pocas palabras lograr su comprensión, atentamente,
Lic. Miguel Ureña C. Lic. en Derecho Lic. En Administración Presidente Seccional CUT- Hacienda
El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.
Comunicado
El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.
Se debe terminar con el congelamiento salarial
El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.
El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.
Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”
Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.
Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.
El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022
El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:
Grupo salarial
Aumento total a salario base
Meses adeudados
Total adeudado a enero 2024
1
₡8.750
49
₡428.750
2
₡8.500
49
₡416.500
3
₡8.000
49
₡392.000
4
₡7.750
49
₡379.750
5
₡7.500
49
₡367.500
En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.
El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas
Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.
Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:
AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR
TIPO DE RECARGO
CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO
11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS
36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR
12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO
7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO
6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1
2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO
3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO
6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1
1
TOTAL
102
Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos
Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.
En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.
Situación de contexto y la protesta social como alternativa:
El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.
Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.
Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.
En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.
El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.
Atentamente, Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC
Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).
Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses
El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.
En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.
Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.
De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).
La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).
A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).
Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.
A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.
Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan
En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.
Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.
Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.
En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.
Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.
El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.
La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo
Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.
Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.
En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).
Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).
Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.
Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.
La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.
Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023
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PabloMoraVargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
