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Etiqueta: salarios

Poner a los pobres en la agenda

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

Los Chicago Boys de la Sala Constitucional

Manuel Hernández

El voto del Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución, N* 2025-8201, que resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por varios sindicatos (acumuladas), contra diferentes normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N*9635, sigue aferrándose dogmáticamente a aquellos padres ideológicos del neoliberalismo, entre ellos, Buchanan, Friedman y Hayek.

En ese voto y sus precedentes, la Sala Constitucional abraza una doctrina económica, fiscalista y de austeridad, que no se compadece con el modelo constitucional de nuestro Estado Social y Democrático.

Es cierto, lo rescatable del voto consiste en que preserva, de cierta manera, el derecho de negociación colectiva en la función pública, siempre que se ajuste a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Este es el mantra de la doctrina de la Sala, que data del año 2000, a cuyo tenor, a lo largo de más de 20 años, el Tribunal ha mutilado, una tras otra, cualquier cantidad de convenciones colectivas de trabajo, porque, a su libre arbitrio, ha considerado que excedieron los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y hasta de moralidad.

La Sala Constitucional mantiene su posición fundamentalista: la causa de la crisis fiscal consiste en que los gastos exceden los ingresos, justificando -blanqueando- las políticas de recorte de las remuneraciones y reestructuración de las instituciones públicas, para lograr el equilibrio fiscal o la estabilidad presupuestaria.

No se pueden lanzar las campanas al vuelo con ese predecible pronunciamiento de la Sala Constitucional.

No es ningún cisne negro.

Como dice un proverbio del Rey Salomón:

“No hay nada nuevo bajo el sol.”

Próximamente compartiré un artículo en el que desarrollo este enfoque jurídico y constitucional. Manuel Hernández

Conflicto en quirófanos del Hospital Calderón Guardia

Sala de Operaciones en reunión el día 4 de febrero con la presencia de la Dirección Médica, Dirección de enfermería y UNDECA, conflicto de cirugías diferidas ya que existen diferencias salariales muy grandes entre los grupos ocupacionales lo cual genera una disconformidad en las partes, circulantes y auxiliares de quirófano.

Dirigentes de UNDECA, con trabajadores, buscan solución a este problemática, ya que, además, cargan con un congelamiento salarial de más de 5 años, lo que, ante el alto costo de vida, perjudica seriamente a las familias.

La misma situación enfrentan los trabajadores del Hospital México, y también analizan unirse al Calderón Guardia para enfrentar esto en conjunto.

Macroeconomía y pobreza

Freddy Pacheco León

Para los que creen en los dogmas cuasi religiosos, de la macroeconomía y sus gurúes, es de aplaudir el congelamiento salarial, perverso e inhumano, que rige desde el 2019. «No hay vuelta atrás», dicen Chaves y Nogui.

¡No hay ajustes salariales, mientras la manoseada deuda pública, sea un 60 % superior al Producto Interno… Bruto!, agregan.

Así, los fallidas tesis macroeconómicas, que por años vienen dando malos resultados, para ambos, están escritas en mármol, mientras los empobrecidos trabajadores, tienen que enfrentar severos aumentos en alquileres, víveres, medicamentos, electricidad, agua potable, transporte colectivo, educación privada, medicina extra-Caja…

Y es que, aunque la evasión de impuestos, de parte de grandes empresas, supera esa deuda pública, se reafirma la injusta condena, caída sobre inocentes mujeres y hombres: ¡No tendrá derecho a incrementos salariales; no jodan!

El congelamiento de los salarios se vuelve contra la economía

Manuel Hernández

La versión más dura del neoliberalismo “tico”, que reprodujo las recetas de austeridad europeas (2010), se materializó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, N 9635.

Esas recetas están agotadas, las cuales resultaron procíclicas y perversas.

La reducción del gasto público y la política de congelamiento de las remuneraciones no crearon crecimiento, ni reactivación económica.

La consecuencia que tenemos a la vista, de los últimos 4 años, es que la demanda interna dejó de ser motor del crecimiento de la economía del país.

Países europeos, como España, después de la COVID19, que por cierto, obligó a la UE a suspender la aplicación general de la Regla Fiscal, confirman que el crecimiento económico se ha visto favorecido por la combinación de un conjunto de factores, entre los cuales sobresalen los aumentos salariales y el fortalecimiento del mercado laboral.

En España, el crecimiento interanual de los salarios en noviembre 2023 fue de un 6%, y un 4,2 en agosto de 2024, impulsado por varias reformas legislativas que fortalecieron el empleo y el mercado de trabajo.

Por contrario, nuestro país sigue aferrado, como mono en medio de un vendaval, a las políticas de austeridad, que han sido un rotundo fracaso.

Solo los fundamentalistas, a estas alturas, se atreven a sostenerlas.

La Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y la Iglesia Católica se oponen a la jornada de 12 horas

Vladimir de la Cruz

Continúa en la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley N.º 24. 290 sobre las jornadas esclavista de trabajo de 12 horas diarias, llamada jornada 4-3, que se denomina “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales, para casos que sean excepcionales y muy calificados”.

Se sigue sin precisar cuáles son los casos “determinados, excepcionales y muy calificados” que necesitan empresarialmente esta jornada de 12 horas diarias.

El día de ayer, el Director Ejecutivo de la Unión de Cámaras reconoció, en periódicos, que la economía costarricense, que se basa en el régimen de trabajo de ocho horas diarias, viene generando empleos, principalmente en todos los sectores orientados hacia la economía internacional, que es donde algunos sectores, que quieren establecer la jornada de 12 horas, señalan más se necesita esa jornada esclavista.

El Director Ejecutivo, igualmente, señaló que la aprobación de las jornadas de 12 horas podrían ser un estímulo para la competencia en algunos sectores de la economía nacional, sin precisar cuáles son esos sectores. Por ningún lado quieren o pueden señalar verdaderamente cuáles empresas necesitan la jornada laboral de doce horas. ¿Por qué no quieren señalarlas o precisarlas?

También reconoció que hay cerca de 200.000 personas desempleadas, “más las que han salido del mercado laboral por múltiples razones”. A lo que habría que agregar el altísimo componente de los que laboran el en sector informal de la economía, que llega casi al millón de personas.

Se dice por quienes defienden la jornada de 12 horas que los trabajadores tendrán más tiempo para estudiar y capacitarse, porque dispondrán de tres días de descanso seguidos. Eso tampoco es cierto.

No hay políticas públicas de ningún tipo, ni por el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional de Aprendizaje, de ofrecer esas posibilidades de estudio. El Ministerio de Educación Pública ha visto reducir su presupuesto anual. En este gobierno de Rodrigo Chaves hay un ataque devastador sobre toda la educación pública. No solo no se le da el porcentual constitucional a la Educación pública y a las universidades, sino que se han eliminado, para los niños y jóvenes, en edad escolar y colegial, las becas de estudios, los comedores estudiantiles y los subsidios para el transporte de estudiantes, lo que ha contribuido a expulsar, en la práctica, a miles de niños y jóvenes del proceso educativo, agregados a los más de 100.000 que expulsó la pandemia, sin que se hayan recuperado para la educación.

Además, los colegios nocturnos no están operando. Escuelas nocturnas tampoco. En correspondencia con lo que se pide de las jornadas de 12 horas, no se anuncia, para los trabajadores, que esas escuelas y colegios nocturnos, o diurnos, para los fines de semana, por lo menos, sábados y domingos, puedan operar o estar abiertos.

No hay ningún interés de facilitar posibilidades se superación por el estudio para los trabajadores formales, como no la hay para los desempleados o los trabajadores de la informalidad.

Lo que realmente se quiere, por parte del gobierno del Jaguar, es llevar a la población laboral a los niveles más bajos de capacitación, para que por ese camino solo puedan aspirar a los salarios más bajos que se puedan pagar, aumentando en ese sentido la explotación de los trabajadores, y lanzarlos a competir, a ellos, por esos salarios más bajos, incluso en posibilidad de contratarlos por salario más bajos que los mínimos, como se hace en algunas empresas, por la vía de “contratos laborales”, y no por la inserción de ellos en las planillas, sujetas a control de la CCSS y del Ministerio de trabajo. El sistema de “contratos” se está “generalizando” en algunas empresas. Los sindicatos deberían ponerle atención a esto.

Todo esto es parte de lo que en el Proyecto de Ley de las 12 horas se contempla como “racionalización de costos”.

La Secretaría Técnica, que asesora al Consejo de Salud Ocupacional recomendó, desde hace varios meses, que esta jornada no se establezca. En el documento de la Secretaría Técnica se señala que el Proyecto de Ley de las 12 horas de trabajo continuo no reconoce el “tiempo dedicado al trabajo”, que es el lapso que invierte el trabajador para el desplazamiento de su casa al centro de labores y viceversa; así como tampoco se reconocen licencias, actividades de capacitación, interrupciones involuntarias al trabajo, entre otros aspectos.

La jornada esclavista de las 12 horas solo reconoce “el tiempo efectivo de trabajo”, como variable para justificar la reforma que se quiere imponer, tal y como se pretende en la propuesta que se está discutiendo.

La jornada de trabajo de 12 horas, la Secretaría Técnica, reconoce que esa jornada limita los lapsos mínimos necesarios para que el trabajador, como ser humano, recupere su energía, tenga calidad del sueño, y pueda conciliar su vida social y el trabajo, y tenga espacios básicos de ocio y recreación.

La exposición y sometimiento a la jornada de doce horas de trabajo predispone a enfermedades, a “patologías crónicas, músculo esqueléticas y de salud mental, en la posibilidad de manifestar conductas y hábitos poco saludables, tales como el tabaquismo, dieta desequilibrada, el consumo de alcohol y el sedentarismo, además de un posible aumento en probabilidad de sufrir accidentes”, como se afirma en ese informe de la Secretaría Técnica.

También se reconoce que una intensificación de la jornada disminuye el desempeño y eficiencia en el trabajo, posibilita errores en el cumplimiento de los sistemas de seguridad laboral, aumenta los síntomas de fatiga, disminución del estado de alerta y acortamiento del periodo dedicado al sueño a cuatro horas o menos.

El Proyecto de Ley de la jornada esclavista contraviene una serie de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Y para el sector empresarial, que se dice social cristiano, que se inspira en su vinculación afectiva, anímica, vital, con la Iglesia Católica, principalmente, y que hacen alarde algunos empresarios, que recuerdan con “nostalgia” las Reformas Sociales de 1943, apoyadas e impulsadas por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el Dr. Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, digo con nostalgia porque son reformas que se han venido perdiendo y ya casi no se tienen. De su práctica empresarial solo tienen el recuerdo cariñoso de aquellas reformas sociales.

El empresariado que se reconoce como socialcristiano, que ojalá no sea solo de palabra, debería revisar, estudiar y asimilar las Encíclicas papales la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti. Les recomiendo, además, el Código Social de Malinas de 1927, donde se defienden los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la organización sindical, a la huelga y a la jornada de trabajo de ocho horas, banderas que asumió la Iglesia desde 1891.

El Proyecto de Ley N.º 24.290 sobre las jornada esclavista de trabajo de 12 horas diarias lo está impulsando en la Asamblea Legislativa principalmente el gobierno del Jaguar, sus felinos diputados, y la fracción parlamentaria del partido Unidad Social Cristiana, que discute en su seno si eliminan lo de “cristiana”, porque ya no tiene nada ver con ellos esa denominación.

Recientemente, la Iglesia Católica de Costa Rica, por medio de la Conferencia Episcopal, que reúne a todos sus Obispos, se pronunció en contra de este Proyecto de Ley y del establecimiento de la jornada de trabajo de 12 horas.

La Iglesia Católica considera que estas jornadas afectarán la vida familiar, las dinámicas sociales y de las comunidades, la comunicación y convivencia al interior de las familias, el tiempo de convivencia conyugal, el tiempo de los trabajadores con sus hijos. Para la Iglesia Católica el tiempo de familia también se vería comprometido y disminuido.

Señala la Iglesia Católica que se obstaculizan las tareas de cuido, como se carece de ellas, para los dependientes de las familias, y se despersonaliza la atención de menores y de su atención en el propio hogar.

Los Obispos también señalan que el Proyecto de Ley no garantiza la invulnerabilidad para la exclusión laboral de personas. La Iglesia también reconoce que la jornada de 12 horas afectará la salud física y mental de los trabajadores.

La Iglesia Católica categóricamente afirmó que pueden reforzar un modelo de crecimiento económico que resulte exclusive e inequitativo, pronunciándose por la generación de empleo decente.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El empleo, los salarios y los alimentos en Honduras

Por Marlin Oscar Ávila

En Honduras, según datos oficiales el 60% del producto interno bruto (PIB) es generado por las micro, medianas y pequeñas empresas (MIPIMES). Lo que no sabemos es si éstas están pagando los salarios adecuados a las leyes nacionales y a los convenios internacionales, honrando los derechos laborales del trabajador.

No lo sabemos porque las instituciones académicas, ni el gobierno, realizan investigaciones y, menos supervisiones oficiales, para garantizar que al menos se esté pagando el salario mínimo. Este salario, estimado en base a 30 productos de la canasta básica familiar, incluye: pan y cereales, carnes, pescado y mariscos; lácteos y huevos, aceites y grasas; frutas, legumbres y hortalizas; azúcar, mermelada, miel, jarabes, y chocolate; agua mineral, refrescos y jugos. Los montos establecidos van desde L.725.99 (US$29.39) a L1,406,05 (US$56.99) mensuales, dependiendo de la actividad económica que se realice dentro de las once categorías definidas oficialmente. La tabla de salarios mínimos acordada va desde las actividades agrícolas, silvicultura, caza y pesca hasta servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza. Por “salario mínimo” de hecho, debe entenderse un salario máximo, puesto que la patronal no está dispuesta a pagar más de eso, pero sí menos. Sin embargo, sí en este momento tomamos esa lista de productos y visitamos un mercado en la ciudad, no lograríamos llevar a casa los alimentos para cinco miembros de la familia, ni para quince días.

Los trabajadores asalariados para lograr ese pago mínimo vienen a ser quienes, al no tener organización sindical, ni suficiente supervisión del gobierno existe una mayor explotación del trabajador. Afuera de las industrias textiles o maquiladoras, donde sus sindicatos han logrado firmar contratos colectivos, incluso en las industrias cementeras, embotellaras y las agroindustriales para la exportación, donde también se tienen contratos colectivos, a excepción de los trabajadores en las plantaciones hortícolas, como existe en el Valle de Comayagua, la fuerza laboral en las MIPIMES, vienen a ser quienes, al no existir organización sindical ni suficiente supervisión del gobierno, hay una mayor explotación del trabajador.

Desde luego, en la época actual, se da el llamado trabajo en línea. Es decir, el trabajo que se realiza desde una computadora, de manera virtual. Es una forma moderna de hacer que una o varias personas trabajen por metas y objetivos, o sea a destajo. Esto se inició en la industria maquiladoras, donde se han experimentado una variedad de formas de explotación, entre ellas los horarios laborales de dos días no y tres sí, ir a la fábrica, o tres y tres, cuatro y tres, etc., las invenciones para que la patronal pague menos han sido diversas. El servicio de transporte de personas como son el denominado UBER, ha sido una de las formas más actuales de contratación en línea, donde el empleado no tiene más derecho que un porcentaje de la tarifa establecida por la empresa, cuya sede está en Estados Unidos de Norte América, ofreciendo al pasajero cierta seguridad personal mediante el uso de un GPS. Se dan otros contratos de trabajo en línea por empresas y compañías cuya sede está en otro país de adonde está el empleado. Este puede trabajar muchas horas diarias, sin cobrar las horas extras ni otros de los derechos a los cuales debe tener acceso de acuerdo al código de trabajo y los convenios internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta consiente de esa situación, pero no hace nada para resolver el problema, es otro de los motivos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) está siendo fuertemente criticada.

Con el avance tecnológico vienen profundizándose las formas de explotación y el desempleo. Estamos en una carrera donde la inteligencia artificial y la robótica está afectando a los países menos desarrollados. Se está profundizando los niveles y escalas de la pobreza y la desnutrición. Las instituciones educativas están desactualizadas, los jóvenes buscan opciones para mejorar su calidad de vida, las grandes empresas tratan de evadir impuestos del Estado y la clase política quiere seguir con su tradicional sistema de enriquecimiento ilícito e impune.

Esto ocurre mientras los productores agrícolas se las ingenian para extraer los alimentos de las tierras nacionales, luego de una fuerte sequía, los comerciantes buscan abastecer el mercado de alimentos importándolos para lograr una renta mayor, el poder Ejecutivo se debilita al perder a uno de sus principales ministros: Rodolfo Pastor de María y así seguiremos sin cumplir ningún plan de desarrollo soberano.

14 de junio de 2024

La lucha salarial en la UNED continúa

Comunicado

El próximo lunes 13 de mayo a las 2:00 p.m., el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED), junto con las asociaciones gremiales AFAUNED, APROFUNED y UNEDPRO, convocan a la segunda concentración de las personas trabajadoras de la universidad en el marco de la cuarta reunión de negociación salarial. Nos mantenemos firmes en:

  1. El derecho al reconocimiento del ajuste salarial por costo de vida pendiente desde el año 2020 y su pago retroactivo, derecho ampliamente fundamentado ante la rectoría y las autoridades de la universidad.
  2. El pago de esta deuda al funcionariado a partir de julio del 2024 para todas las personas trabajadoras de la UNED sin distinción.
  3. La definición de una política para actualizar las bases salariales de la UNED, en todos los estratos laborales y la búsqueda de la equiparación con otras universidades públicas.
  4. Un mecanismo de ajuste salarial automático por costo de vida a partir del 2025.

En la tercera reunión de negociación, llevada a cabo el lunes 6 de mayo, la rectoría volvió a presentar una propuesta que no contempla el ajuste por costo de vida que se adeuda desde el año 2020, ni su pago retroactivo.

La propuesta de la rectoría excluiría del ajuste salarial a una importante cantidad de personas funcionarias de la UNED sin una fundamentación dentro del marco de la autonomía universitaria.

El próximo 13 de mayo, las personas trabajadoras de la universidad vuelven a luchar con una segunda concentración denunciando la demagogia del rector y el incumplimiento histórico en materia salarial en la UNED.

¡Salarios justos para compensar el costo de vida y la desigualdad creciente en el país!

1º de mayo y congelamiento salvaje de los salarios

Manuel Hernández

Una de las consignas recurrentes de la efeméride de hoy, fue la eliminación de la política de congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos.

Esta política se instrumentalizó en la Ley de Ajuste Fiscal, N*9635 y la Ley Frankenstein, N*10159, mal llamada Ley Marco de Empleo Público.

El congelamiento de las remuneraciones se constituyó en una política de Estado, una herramienta de política fiscal, impuesta por OCDE, FMI, BM.

Esta política y las leyes que la sostienen, son manifiestamente contrarias a nuestro derruido ordenamiento jurídico.

1.- En primer lugar, violenta instrumentos internacionales de DDHH.

Entre otros instrumentos, esa política de austeridad vulnera el Convenio N* 98 OIT, acerca de la Libertad Sindical y negociación colectiva.

Este convenio está ratificado por CR, que, por tanto, tiene un rango normativo superior a aquellas ignominiosas leyes ordinarias que mantienen estancados los salarios.

2.-Es necesario destacar que los órganos de control de OIT han determinado, de manera reiterada, que las restricciones legislativas de la negociación colectiva de los salarios, en el marco de una política de estabilización económica, cuando se justifican, deben ser excepcionales, absolutamente necesarias, limitarse a lo estrictamente necesario, las cuales no pueden exceder un periodo razonable.

Los pronunciamientos determinan que un periodo de congelamiento de 3 años, puede ser un plazo demasiado largo.

En la Suiza Centroamericana, esas restricciones ya tienen más de cinco años, que no es menor cosa la grosera devaluación que han sufrido las remuneraciones en este excesivo período.

Ya es un sacrificio que se ha vuelto inasumible.

3.- Además, los pronunciamientos determinaron que esas restricciones, cuando se justifican, deben acompañarse de garantías adecuadas que protejan el nivel de vida de los trabajadores.

Por contrario, el nivel de vida de los trabajadores del país, en dicho periodo, ha experimentado una caída libre, sin ningún tipo de garantía de mitigación, un salto al vacío.

4.- No es menos importante señalar que ya existe un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical/OIT (1985), precisamente contra el Gobierno de CR, que preceptuó que la política de restricción de negociación salarial y ajuste de salarios quebranta el C. 98 OIT.

Es decir, ya existe una “condena” internacional contra el Estado de CR, que data del siglo pasado; la cual, por cierto, nadie recuerda.

5.- No se puede tampoco olvidar que existe un precedente muy importante de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el congelamiento de las remuneraciones solo puede ser temporal, por un plazo definido, claramente determinado.

Esta posición del Tribunal Constitucional la comparte la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser simpatizante de los sindicatos.

6.- Por último, pero no menos importante, la Opinión Consultiva de CORTE IDH 27-21, que ya cumple 3 años, concluyó que los Estados, en contexto de crisis fiscal, deben privilegiar la negociación colectiva, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios de los funcionarios públicos; leyes de corte draconiano, como las que se impusieron en la tristemente célebre Administración Alvarado Quesada.

Valga resaltar que un recientísimo pronunciamiento de la abogacía del mismo Estado, la PGR, definió que esa opinión consultiva es vinculante y que todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a aplicarla.

Entonces emerge aquella pregunta que se hacía Lenin a principio de 1901: ¿Qué hacer?

¡Nos sobra mucho mes al final del sueldo!

No hay que esperar que los ángeles suenen la trompeta, anunciando el retorno glorioso del Jesús Cristo, que nadie sabe el día, ni la hora, para que cese, de una vez por todas, esa política extrema de devaluación salarial.

Existen poderosos recursos legales, nacionales e internacionales, para quebrar esa política de contención salarial, que en nada contribuirá a la reactivación económica, y por contrario, agudizará y profundizará aún más la crisis.

Proclama de la ANEP en el 75 aniversario de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:

  • Un salario mínimo digno para los trabajadores del sector privado y el fin del congelamiento salarial para los empleados públicos.
  • Mejoras en las pensiones y seguridad social.
  • Defensa de las empresas e instituciones públicas frente a intentos de privatización. 
  • Fortalecimiento de los derechos laborales como la negociación colectiva y convenios laborales.
  • Políticas públicas para combatir la exclusión social y económica, especialmente de los jóvenes y desempleados.
  • Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.  

La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.