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Etiqueta: salarios

La UCR no aplicará aumento salarial en el 2020 y trasladará esos recursos al sistema de becas estudiantiles

Esta medida es producto de las acciones dirigidas a mitigar el impacto económico en áreas sensibles de las finanzas de la institución

La Universidad de Costa Rica continúa elaborando y aplicando estrategias para paliar el impacto económico derivado de la pandemia por el COVID-19. Foto Laura Rodríguez.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este martes 30 de junio la resolución R-171-2020 en la que anuncia que no se otorgará el ajuste salarial por incremento del costo de vida a las funcionarias y funcionarios de la institución.

Asimismo, dictaminó que los recursos destinados para dicho concepto ahora serán inyectados al sistema de becas de atención socioeconómica y así fortalecer ese apartado dentro de las finanzas de la Universidad.

En la Sede Rodrigo Facio un total de 23 295 estudiantes reciben alguna de las cinco categorías en que se divide el sistema de becas de la UCR, o sea, un 53,8 % de su población estudiantil en el primer semestre del 2019, y de esa cifra el 80 % (19 000 estudiantes) reciben una beca 4 o 5. En las sedes regionales, más del 80 % de los estudiantes tienen beca.

La decisión emitida por la Rectoría responde a las decisiones que han tenido que tomar las autoridades universitarias para garantizar la subsistencia económica de la UCR, en medio del impacto negativo que tiene sobre las finanzas de las instituciones estatales la pandemia por el COVID-19.

Dentro de los considerandos que apuntó la Rectoría para tomar esta decisión se citan que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) definió que la inflación acumulada para el mes de mayo del 2020 es negativa (-0,22 %) y que los pronósticos de ese mismo indicador se mantendrán a la baja; inclusive, el BCCR vaticina que los próximos dos años la inflación se ubicará por debajo de la meta trazada por su Junta Directiva.

Sin embargo, si el BCCR determina que al concluir el 2020 se da un porcentaje de inflación acumulada positivo, la UCR reconocerá ese monto como un aumento salarial debido al costo de vida para el 2021.

Finalmente, esta resolución firmada por el rector Dr. Carlos Araya Leandro, declara que esta administración considera fundamental que la UCR disponga de los recursos económicos necesarios para garantizar la atención de la población más vulnerable de la comunidad universitaria.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

Chiquita despidió ilegalmente. Jueza ordena reinstalación de sindicalistas ilegalmente despedidos

Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.

Giorgio Trucchi

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras1.

Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.

Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal2 y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).

Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.

También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.

Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.

La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.

La responsabilidad social de Chiquita Brands

La empresa procedió a despedir a todo el mundo, incluyendo a las personas protegidas por el fuero sindical, violentando así los procedimientos de ley.

La juez simplemente revisó lo que había pasado y no pudo hacer otra cosa que reconocer que fue un despido ilegal”, dijo a La Rel, Alejandro Ulloa, apoderado legal de los demandantes.

El abogado manifestó que Chiquita presentará un recurso de casación.

“Lo mismo hizo en el caso de otra sentencia que favoreció a una trabajadora que fue despedida en estado de embarazo.

Ahora los magistrados de segunda instancia deberán analizar estos casos y decidir si confirmar o no la sentencia de primera instancia”, explicó Ulloa.

El apoderado legal de los miembros de la junta directiva del Sintracobal ilegalmente despedidos consideró esta sentencia como muy importante.

“Es un primer paso que sienta un precedente fundamental. En este sentido no sólo es importante por el caso de Sintracobal, sino para la protección de la libertad sindical en Costa Rica.

No puede ser que los tribunales consientan que, en un lugar en donde existe un sindicato y un convenio colectivo, una empresa simplemente cierre la actividad, despida a todo el mundo, y se libere así de la obligación de respetar leyes y convenios internacionales”, concluyó Ulloa.

 

Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA.

Enviado a SURCOS por Maikol Hernández.

CR. El gran negocio de contratar extranjeros

Abelardo Morales-Gamboa

Dice la señora de CADEXCO que en sus empresas y las demás del sector agroexportador, todos sus trabajadores están asegurados. Por testimonio de varios trabajadores y trabajadoras que inclusive yo he recogido durante años en mi trabajo de campo y lo que publican recientemente algunos medios de comunicación (no todos), los salarios que se les paga en muchas empresas son muy bajos e, inclusive, por debajo del salario mínimo. Pero existe un enorme porcentaje de trabajadores que son contratados sin ningún derecho, ni siquiera el pago del seguro social en muchas empresas agrícolas de todo el país.

Esa es la razón por la cual a esas empresas llegan masivamente trabajadores extranjeros y muy pocos costarricenses.

Entonces si es que se les pagara el seguro social, la contribución de esas empresas es mínima debido a que entre más bajo sea el salario, menor es el porcentaje que pagan los patronos.

Entonces, ahora que está de moda lavarse las manos, algunos empresarios aprovechan la oportunidad. Ellos y algunos políticos a su servicio, culpan del desorden migratorio al Gobierno, a la fuerza pública, al Ministro Salas y a Román Macaya; pero el transporte ilegal y la contratación ilítica de migrantes irregulares es un gran negocio. Eso les permite a ciertas empresas competir, no a partir de mejores rendimientos de la productividad, sino a través de estafar a los trabajadores y estafar al Estado y, de paso, estafarnos a todos nosotros.

 

*Imagen: SINART

A situaciones extremas ¿falacias extremas en cuanto a pensiones del Magisterio?

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Nos informa el director un matutino que, como situación extrema, la Caja del Seguro suspendió la concesión de nuevas “pensiones” del “régimen no contributivo” por falta de fondos. Empezamos por corregir: no existen “pensiones” no contributivas; lo que se otorga, desde un punto de vista técnico, son subsidios para personas en necesidad.

El columnista contrasta esa noticia con los “excesos” de los regímenes de “pensiones de privilegio”. No sabemos, porque no nos lo dice, qué son pensiones de privilegio, pero con el apelativo basta, crea animadversión e inquina. Esta vez son las “pensiones de privilegio”, en otras ocasiones podrían ser los salarios en el sector público, tal vez los salarios de los profesores universitarios (aunque irónicamente se les aplauda cuando contribuyen en la presente pandemia). Eso sí, establecer contraste con los verdaderos privilegiados de este país, con los grandes capitales, tan grandes que han sido reseñados en la revista Forbes, está fuera de toda consideración. Es prohibido, más que tabú. De igual manera, es anatema mencionar la desigualdad causada por el capitalismo neoliberal criollo, que ya hace que nuestro país ocupe un lugar, ahora sí, “de privilegio”, entre los más desiguales de la región.

Menciona el periodista que para “nivelar el terreno” los diputados impusieron contribuciones solidarias a las pensiones del Magisterio (de 2.2 millones en adelante) y judiciales (2.6 millones en adelante). ¿Pero cómo explicar que no supieran los diputados que los jubilados del Magisterio, con pensiones por encima de su tope legal, han sido tasados desde 1997 con una contribución “especial, solidaria y redistributiva” (art 71, ley 7531), que alcanza hasta el 69% sobre excesos para las jubilaciones más elevadas y las ciñe en su mayoría al tope en cuestión? ¿O es que consideran original imponer contribuciones solidarias sobre contribuciones solidarias? El ridículo es tal, que ni siquiera se dieron cuenta los diputados ni los periodistas de que, aprobado el último gravamen, tasaban más a las pensiones medias y bajas y terminaban favoreciendo a las más elevadas.

Como el periodista implícitamente aprueba aplicar la aplanadora para “nivelar” el terreno de pensiones, tal vez debamos instruirlo en cuanto a que esos regímenes especiales y diferentes del IVM CCSS operan dentro de un bloque de legalidad, el cual incluso ha superado el tamiz constitucional. La cita del voto 846-92 de la Sala IV es lapidaria: Considera la Sala que, si el fin primordial del constituyente fue mantener los seguros sociales para fortalecer la seguridad social, no hay razón para cuestionar la existencia de pluralidad de regímenes. Se parte de que el constituyente pretendió un mínimo de protección a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que en un futuro se regulara sobre nuevos sistemas de seguridad social…” Al existir diferentes regímenes, es lógico que cada uno tenga sus propias reglas y criterios legales para el otorgamiento del derecho constitucional a la jubilación y a la pensión, sin que por ello pueda siquiera pensarse que tal coexistencia sea inconstitucional”.

La diferencia más clara entre el régimen del Magisterio y el IVM CCSS está en su porcentaje de cotización. Hace 62 años, los docentes cotizaban 5% mensual, mientras que los del IVM no han llegado al 5% al día de hoy, cuando los docentes cotizan entre 8% y 16%. No es lícito entonces hacer nivelación entre lo que no es comparable, pero debemos recordar que en el matutino, ferviente propulsor de la uniformidad en pensiones, pero no en fortunas, se ha editorializado que el tope de jubilaciones debe ser el mismo del IVM, ¡sin importar cuánto haya cotizado el beneficiario! Menudo sentido de la justicia…

El pilar de la argumentación del periodista es que debe existir igualdad entre las prestaciones de diferentes regímenes, lo que ya demostramos no es válido, incluso desde la perspectiva constitucional. Además, propone una serie de afirmaciones sin prueba alguna, que resultan lamentablemente falaces.

Que nuestras jubilaciones, entre otras, no están actuarialmente justificadas. Le resultaría útil dar un vistazo a su propio matutino, con fecha 27 de mayo de 2005, pág. 32 A, en la que el actuario Lic. Guillermo Fernández demuestra que las pensiones del Magisterio se han pagado, y con creces. Que el Estado desviara nuestras cotizaciones y las suyas propias a gasto ordinario es cosa totalmente distinta, y es gracias a esa irresponsabilidad que nuestras pensiones se cargan al presupuesto, con todo y garantía estatal de su pago, por aquello de las dudas (art. 115, ley 7531). Pero con los vientos legislativos que corren, parece que la garantía, la palabra del Estado, no vale mayor cosa.

Que habría que objetar que las prestaciones de los regímenes especiales de pensiones no estén sujetas a los límites del IVM. Quiere entonces el periodista que, aunque el Magisterio cotizó a lo largo de las décadas hasta 6 veces más que los adscritos al IVM, las prestaciones sean las mismas. ¿Qué tipo de sortilegio legal podría justificar tal despropósito?

Que los fondos públicos se otorgan con demasiada generosidad, que el Estado da ventajas extraordinarias y beneficios exorbitantes a sus funcionarios. Bueno, si Ud. es un trabajador privado que no recibe siquiera el salario mínimo, como sucede con un porcentaje importante en ese sector, tal vez pueda parecerle así. Pero los hechos simplemente contradicen la supuesta munificencia estatal en cuanto a jubilaciones. Las del Magisterio han venido a la baja durante los últimos 29 años, del 100% del mejor salario de los últimos 5 años laborados, a un 60% del salario de referencia, dependiendo de la ley que ampara al jubilado. Y que conste que nos referimos a montos nominales sin incluir las 5 deducciones aplicadas a las jubilaciones del Magisterio (cotización regular, solidaria, renta, enfermedad y, créalo o no, ¡maternidad!, así como seguro de vida).

Afirma repetidamente el periodista que las pensiones se otorgan usando fondos públicos para quienes no cotizaron. Lo que no provee son las pruebas ni las estadísticas al respecto.

Finalmente, yerra aparatosamente cuando dice que la situación extrema es que los fondos obtenidos por los gravámenes no llegan a los destinatarios no contributivos en razón de acción interpuesta por “34” jubilados. Aun dejando de lado que no son 34 sino varios cientos (algo que sus periodistas investigativos deben saber de sobra), es sorprendente que desconozca que las contribuciones impuestas a las jubilaciones no pueden tener otro destino que el propio fondo jubilatorio. Al respecto, le haría bien prestar atención al artículo 73 constitucional respecto de los fondos de los seguros sociales: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación …” y al voto 5236-99 de la Sala Constitucional: “…esa cotización que el legislador ha establecido por ley, tenga como única finalidad la de nutrir el fondo de seguridad social; es decir, el aporte … está concebido, únicamente, para favorecer el régimen de los contribuyentes obligados.” En otras palabras, no se vale, hablando de jubilaciones, desvestir un santo para vestir otro.

Y para coronar la letanía de inexactitudes, nos sentencia que “Debemos aprovechar para educarnos de forma que nunca más incurramos en semejantes iniquidades”. Definitivamente, educación sí hace falta, pero para que se pueda debatir con hechos, estadísticas y argumentos serios y de peso, no como se hace en este caso, con base en subjetividades que estigmatizan a los jubilados en el imaginario popular, al tiempo que, como se apuntó previamente, obvian e invisibilizan a los verdaderos privilegiados y sus capitales; suena a un ejemplo más de la antigua estrategia de “divide y vencerás”: divide al pueblo y vence el gran capital.

 

Imagen ilustrativa.

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

La preocupante pasividad del Banco Central ante la crisis

Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid-19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen: https://www.portafolio.co/economia/la-oit-alerta-sobre-aumento-del-desempleo-mundial-en-2020-537263

La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia

“Todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. (Z. Bauman)

Un ejercicio comparado Argentina-Costa Rica

Manuel Hernández

A título únicamente ilustrativo, por muchas razones, me seduce comparar las medidas laborales de emergencia, que en tiempos de pandemia, adoptaron dos gobiernos de América Latina: la Nación de Argentina y nuestro infaltable sistema democrático.

En parte, una de las razones es que, como sabemos, cuando asumió recientemente la Casa Rosada Alberto Fernández, Argentina estaba y sigue estando en una situación económica y financiera muy seria, mucho más grave –como decía Benedetti- que la situación de nuestro país, cuando irrumpió esta virulenta e interminable pandemia.

Pues bien, sin más introducción, paso a comparar, de manera muy breve, las medidas laborales de emergencia y temporales adoptadas por ambos Gobiernos:

1.- El Gobierno de la Nación de Argentina le aseguró a todos los trabajadores y trabajadoras la percepción íntegra de los salarios.

Nuestro vernáculo gobierno impulsó un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, hasta un 75% de las horas por semana y en consecuencia, proporcionalmente la rebaja de los salarios.

Este proyecto, mediante una vía ultra rápida, es hoy una exultante ley de la Republica.

2.- El de Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo.

El criollo promovió frenéticamente la suspensión de los contratos de trabajo y promulgó una normativa reglamentaria que licencia, también por la vía ultra rápida, la autorización de la suspensión de los contratos y la reducción de la jornada de trabajo, sin la menor intervención de los trabajadores afectados, cuyas resoluciones ministeriales se editan como rotativos de periódicos.

Al hilo de estas licenciosas resoluciones de la Inspección de Trabajo, que irónicamente le corresponde velar por los derechos de los trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos, tienen en cuarentena el hambre confinada en sus estómagos y además, a más de 71.000 se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

Además, como si lo anterior no fuera poco, están por resolverse más de 700 solicitudes patronales pendientes, de acuerdo con el último corte oficial, al 20 de abril, de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de MTSS.

La suspensión de los contratos de trabajo, por un plazo de tres meses, que se puede prorrogar por otro período igual, que veremos hasta donde va a extenderse más esta medida gubernativa, en realidad, en la práctica, configuran despidos encubiertos, que despojan a las y los trabajadores de un derecho fundamental, esencial; es decir, todo un fraude de ley que se cohonestó.

 3.– El gobierno de Argentina prohibió los despidos, salvo los disciplinarios, como lo hicieron también, vale acotar, los gobiernos de Italia y después España.

Por contrario, el gobierno más pura vida, no estableció ninguna medida que limite los despidos de las y los trabajadores, a los cuales se les dio luz verde, que son miles las personas que perdieron su empleo.

En resumen, tenemos, por una parte, un gobierno que apostó por resguardar a las y los trabajadores, proteger el empleo y el salario, y por otra parte, un gobierno de unidad neoliberal, manejado por un sindicato, si por un sindicato, pero un sindicato patronal, que apostó exclusivamente por los espurios intereses del empresariado.

El problema, entonces, ya no es solo cómo se distribuye la riqueza, sino además, parafraseando a Ulrich Beck, cómo políticamente se distribuyen los riesgos y los daños sociales y económicos de la pandemia.

No son daños colaterales, como por ahí afirman algunos, son daños estructurales inherentes a un modelo fundado en la explotación de la clase trabajadora.

En tiempos del Coronavirus: una radiografía perversa

Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto de pandemia.
(Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Para un sector de la clase política actual, La Nación, Canal 7 y los ideólogos de la privatización, el pensionado del Magisterio Nacional es un “pensionado de lujo”. Es decir, un privilegiado y hasta un descarado que no tiene vergüenza de aprovecharse de obtener beneficios, para los que no ha cotizado, a costa de los impuestos que paga el pueblo. Es el enemigo número uno del pueblo y uno de los principales causantes y responsables de la crisis fiscal que padece el país.

Esta radiografía perversa, odiosa y mentirosa no ha logrado convencer a un pueblo inteligente que sabe que quienes así opinan son “lobos vestidos con piel de ovejas”. Los ricos que hoy se visten de pobres, siendo los principales responsables de tener al país en el noveno lugar de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial del 2016.

Las razones de su riqueza mal habida sobran. Unos desfalcan bancos, como en el caso del ex presidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), el señor Samuel Yankelewitz, juzgado y condenado por deudas de 37 millones de dólares. Otros, como los empresarios del ALDESA, con el señor Javier Chaves a la cabeza -y esposo de la ex coordinadora del equipo económico del actual gobierno, la señora Edna Camacho, hoy premiada con un alto puesto internacional-, amasando y derrochando capitales a costa de los ahorros de pequeños y medianos inversores. Y otros, utilizando puestos políticos para obtener dividendos personales o para sus allegados, tales como el banquero y ex vicepresidente del gobierno liberacionista de doña Laura Chinchilla, el señor Luis Libermann, el gran cabildero del sector financiero, que gestionó para lucrar bajos impuestos de renta con intereses del 8% mientras los asalariados pagaban entre 15 y 30%, además deducir intereses de préstamos obtenidos en bancos del exterior, entre muchos otros beneficios, según lo denunció el expresidente del Banco Central, el señor Jorge Guardia. Por su parte, el ex canciller de la República, también liberacionista, el señor Fernando Naranjo, quien usufructuó de verdaderos privilegios como gerente del Banco Nacional, con un salario superior a los 19 millones de colones mensuales, a los que se suman dividendos anuales millonarios.

Sumen a la lista a los grandes empresarios que declaran cero ganancias al fisco, mientras explotan a sus trabajadores con salarios casi de hambre, que el actual ministro sin “cartera” y representante ante el sector empresarial, André Garnier Kruse, los considera demasiado elevados. Y entre ellos, otro banquero, el señor Leonel Baruch del BCT, que declara cero ganancias mientras presta casi 10.000 millones de colones a la mayoría de los principales partidos políticos de la contienda pasada, lucrando con la deuda política que pagamos todos los costarricenses, sobre los que deduce los intereses y se gana los cupones del bono. Y también patrocina a Canal 7 con el programa “Ayer y hoy en la Historia” de don Ignacio Santos.

Con qué cara se atreven estos señores y sus defensores, como doña Pilar Cisneros, entre otros, a lanzar ataques contra pensionados del Magisterio que apenas alcanzan a ser parte de una debilitada clase media, después de haber servido al país por 35 o 40 años, y en muchos casos continuar sirviendo, de manera voluntaria, después de pensionados; asimismo, haber cotizado hasta 6 tantos más que los cotizantes de la Caja, además de pagar puntualmente todos los meses de todos los años de servicio el impuesto de la renta como asalariados y pensionados, sin utilizar subterfugios para eludir esa responsabilidad ética y patriótica como mandar la plata a los paraísos fiscales. Además, continúan, después de pensionados, pagando las altas cuotas como si fueran asalariados y no pensionados, como una contribución solidaria para que las nuevas generaciones puedan llegar a disfrutar de una pensión digna. Asimismo, quienes sobrepasan el salario de un catedrático universitario, hacen un aporte solidario adicional que lleva a que las deducciones oscilen entre un 40% y un 55% de su salario bruto. Eso es SOLIDARIDAD, doble o triple. ¿A cuál asalariado de los que devengan salarios más altos del sector público o privado se le deduce más del 50%?

¿Quién en su sano juicio y con los pies puestos en la tierra firme del derecho y de la ética puede catalogar a un trabajador de la educación costarricense como “pensionado de lujo”? Se trata de personas que han sabido sacrificar una suma muy alta de su salario, y ahorrar lo suficiente para vivir una vejez digna. ¿Cuál aprovechamiento o descaro? Trabajo, trabajo honrado y ahorro, ahorro…Previsión con visión de futuro y solidaridad.

Esa perversa radiografía solo cabe en la mente de personas de mala fe, inducidas por el odio y la mentira a utilizar las armas más innobles de la manipulación y la violencia simbólica, para agredir a los trabajadores y pensionados del sector público, y hacer que el pueblo vea para otro lado. Buscan continuar presentándose como mansas ovejas, hoy vestidos como defensores de los pobres para hundir a los mismos pobres y a la clase media trabajadora y siempre solidaria.

Por dicha, tenemos trabajadores públicos y privados solidarios que, junto con un remanente de empresarios y políticos honestos y honrados, al igual que nuestros campesinos, han sabido ganarse el pan con el sudor de la frente, y por su nobleza y solidaridad este país ha logrado ubicarse en los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, Asimismo, en salud, seguridad social y educación ocupar un sitial de privilegio a nivel mundial.

 Este país, ejemplo en el mundo en esos aspectos, lamentablemente, es el mismo que ocupa el vergonzante octavo lugar entre los más desiguales del mundo, debido, en gran medida, a la mezquindad de los grandes evasores y elusores de impuestos del sector empresarial y financiero, así como a una clase política rentista y electoralista, que perdió la brújula de gobernar para el bien común.

Imagen: http://clif.in/2018/08/26/evasion-y-elusion-fiscal-hacen-de-america-latina-la-region-mas-desigual-del-mundo/