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Etiqueta: sector agropecuario

La Política para el Sector Agropecuario 2023-2032: propuestas insuficientes y escasas soluciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.

En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)

Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.

Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.

Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.

Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.

La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.

Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.

En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.

“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.

“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.

La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.

No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.

Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.

Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.

Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales.  Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.

Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.

La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales.   La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.

Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1.   (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”

El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años

Entre los principales desafíos del sector se plantean:

-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.

-Aumento de la competitividad y productividad.

-Producción sostenible y adaptación del cambio climático

-Tecnificación agroproductiva.

-Estímulo a una comercialización eficiente.

-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales

En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.

Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.

Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.

La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.

El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.

El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos.  En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.

El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.

Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.

El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)

De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.  

En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.

Organizaciones agropecuarias unen fuerzas contra amenaza de Alianza del Pacífico

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Comunicado de prensa

(San José, 21 de noviembre). Un bloque de seis organizaciones agropecuarias se ha unido para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre el agricultor costarricense, en caso de que el Presidente de la República don Rodrigo Chaves formalice la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. 

Los líderes de los agricultores advirtieron, que unirse a la Alianza del Pacífico sin garantizar el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles, empujará a un precipicio a todo el sector agropecuario nacional. 

Así lo denunciaron representantes de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG); Corporación Hortícola Nacional (CHN); Frente Agroindustrial Cooperativo (FAC). Junto a ellos: la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV); Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL); y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Unirse a la Alianza del Pacífico, sin que se garantice el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles negociados en los respectivos Tratados de Libre Comercio, vigentes con cada uno de tales países, representa un riesgo real y enorme para la existencia y el sostenimiento de la producción agropecuaria”, advirtió el presidente de la CNAA, Rigoberto Vega. 

Estas agrupaciones insistieron en que esta entrega incondicional y desprecio para el agro nacional, que produce la canasta básica, no bajará los precios de los alimentos a los consumidores, porque “las ganancias se las dejarían los importadores e intermediarios”.

Lo que “quieren es hacer negocio trayendo productos de afuera, desplazando a nuestros agricultores, sin importarles la seguridad alimentaria”, arguyó Guido Vargas, Secretario General de UPANACIONAL.

Otro impacto de la eventual integración a la Alianza del Pacífico sería el “empobrecimiento y descapitalización de los agricultores, por los altos costos de materias primas y fertilizantes”, señaló Gustavo Elizondo, representante del FAC. 

Vale señalar que el 20% de los ciudadanos más pobres, destinan hasta el 80% de su ingreso para comprar comida; sin aranceles para los productos agropecuarios, quedarán desprotegidos ante oligopolios de importadores, que controlan la venta de los productos perecederos, causando estancamiento social y económico. 

“Apoyar la producción nacional es un deber del estado costarricense” -señaló Jaime Rojas, Secretario General de UPIAV- “y no nos vengan con el cuento de una agenda de acompañamiento, a cambio de eliminar las exclusiones.” 

Para José Oviedo, Secretario General de UNAG: “el debilitamiento de la producción nacional, nos hace vulnerables, y coloca la seguridad alimentaria de nuestro país, en serio riesgo.”

La Alianza del Pacífico inició hace diez años, está formada por México, Perú, Colombia y Chile; a ellos quiere unirse don Rodrigo Chaves.

“Unirnos a este bloque, no garantiza que podamos exportar más productos a esos países, que tienen verdaderos sistemas de protección a los agricultores”, enfatizó Aura Martínez, Presidenta de la Corporación Hortícola.

Renuncia viceministro del MAG

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Édgar Mata Ramírez, a cargo del viceministerio técnico de Agricultura y Ganadería renunció a su cargo.

En una carta dirigida este 8 de setiembre a la ministra Laura Bonilla Coto expresa: «En estos cuatro meses de trabajo este servidor no logró entender su forma de ‘gerenciar’ el sector agropecuario ni de apoyar a las personas productoras razón de ser de este ministerio».

En la nota Édgar Mata Ramírez agrega: «El respeto, la responsabilidad y la confianza son valores que deben primar en un equipo de trabajo y cuando estos no existen, se hace necesario separar los caminos… «.

Compartimos la carta que fue remitida a la redacción de SURCOS.

DVM-EMR-021-2022-Laura-Bonilla-CotoDescarga

La presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario por parte de la Ministra de Agricultura: entre el sesgo exportador y otras controversias

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German Masís Morales

La participación de la Ministra de Agricultura y Ganadería en la presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario en el Colegio de Agrónomos efectuada este viernes 26 de agosto, permite visualizar su perfil como funcionaria a cargo de este Ministerio y las características que podría tener su gestión al frente del MAG.  Con el propósito de ser fiel a sus argumentos se reproducen textualmente parte de sus intervenciones durante la presentación.

En la presentación de la Ministra, se destacaron sus rasgos egocéntricos y arrogantes, de empresaria exportadora, que en su posición Gerencial, ve la participación subsidiaria de los técnicos (Agrónomos) en un equipo de trabajo que estará a su servicio (no al del Ministerio), rasgos evidenciados por el continuo uso de la primera persona (yo) y de la frase “es sumamente importante”, poniendo en evidencia un estilo de dirección centralizado y vertical de planificar y tomar decisiones.

Ya en la introducción misma de la actividad, la ministra de Agricultura muestra su autosuficiencia y su visión utilitarista del papel del Colegio de Agrónomos al agradecer “la oportunidad que me da el Colegio de presentar el programa de trabajo para el sector agropecuario 2022-26, porque considero que tenemos que trabajar articulados, yo voy a ocupar del apoyo de todos Ustedes, ustedes son muy técnicos y estoy totalmente abierta a la ayuda que me puedan dar, aquí hay 80 años, de historia, de conocimiento y es sumamente importante que trabajemos articuladamente desde el Colegio y el Ministerio de agricultura”.

Ese perfil de “outsider” que llega al Ministerio por petición del Presidente, se reafirma al hablar de su origen y trayectoria en la actividad agrícola, cuando expresa “para los que no me conocen quiero decirles que yo en la sangre llevo la agricultura, vengo de una familia de zona rural, que con mi padre siempre nos dedicamos a la agricultura, he pasado de tomates, apio, gallinas, vendimos huevos, hasta que finalmente empezamos con el tema de chayote, yuca, malanga, jengibre, he tratado con papaya, luego también el valor agregado, que es sumamente importante, tengo 16 años en la Cámara de Exportadores y 9 de ellos liderando la Cámara”.

A partir de esa referencia a su origen y trayectoria, es que comienza a hacerse presente el sesgo empresarial y exportador, de su visión de la problemática del sector agropecuario, del papel preponderante de la agroexportación, el único motor que arrancó y que es el que genera las divisas y la riqueza; el otro es la agricultura nacional relegada a la producción de alimentos, que considera necesaria (porque es la comida) y que por el que dice pretende luchar.

En ese sentido argumenta “veo a la agricultura como dos motores, un motor que arrancó que es el sector agroexportador, también tenemos una agricultura que es la agricultura nacional, que ahí es donde deben estar todas nuestras fuerzas y la lucha por esos pequeños agricultores, pero también sin descuidar al agroexportador, porque creo que tenemos unas tierras benditas, tenemos los dos océanos y lo más importante es que tenemos una excelente imagen en el exterior, que vendemos productos de calidad, que hemos trabajado certificaciones, hemos avanzado mucho con ese tema”.

Dado este panorama, agrega,  “veo muchas posibilidades y mucho futuro, lo que tenemos que hacer es que producir, producir y producir para generar empleo y por supuesto generar alimento, digo que el Ministerio tiene que ser uno de los más importantes, cada tres horas nos da hambre y quienes damos la comida somos todos los agricultores del país, tengo un gran compromiso de ver como le subimos el nivel que el Ministerio tenga la importancia que se merece, podemos tener el mejor metro, el 5G pero con hambre a uno le dan unas chichas, cuando uno tiene hambre de ahí la importancia».

En otra de sus intervenciones, la Ministra deja claro su perfil estrictamente gerencial y el lugar que tendrá su equipo de trabajo, al decir que en “estos 100 días he llegado al Ministerio a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es Gerenciar, gerenciar empresas, porque para eso tengo a los técnicos y a mi equipo y eso es lo que hecho a través de la cámara de exportadores y la empresa B y C y Bajo cero, lo primero que hice fue trabajar con planificación estratégica en un trabajo en equipo articulado, hemos escogido 5 ejes estratégicos para el plan del sector agropecuario 2022-26, que son: productividad, producción sostenible, comercialización seguridad alimentaria y nutricional  y el fortalecimiento de la institucionalidad y también dos ejes transversales, que son la inclusión y el financiamiento.

Luego entrando propiamente en la presentación de las orientaciones del programa de trabajo que realizará el Ministerio, se extraña la ausencia de evaluación y diagnóstico de la situación del sector y sobre el quehacer de la institución en los períodos anteriores y sobre todo la ausencia de SEPSA en la formulación de los ejes de trabajo y los lineamientos del programa, generando por el contrario dudas y controversias sobre el enfoque de cada uno de ellos y si éstos constituyen una verdadera política sectorial agropecuaria.

En la exposición de los ejes y objetivos específicos del programa, destaca la particular perspectiva que tiene sobre cada uno de ellos y los aspectos en que enfatiza para avanzar en su ejecución, como en el eje de productividad, la importancia del registro de agroquímicos sin mayor referencia al tema de la tecnología agropecuaria y la exigencia de una extensión agrícola moderna, pero con escasos recursos humanos y financieros.

Dice la Ministra, “en el eje de productividad, de las primeras metas que tenemos es la extensión agropecuaria, necesitamos una extensión agropecuaria moderna, pero principalmente una extensión agropecuaria que llegue a ayudar a los productores y no que llegue a ponerles trabas, hay limitación de personal y de financiamiento pero con eso tenemos que trabajar, he estado acostumbrada a trabajar sin plata”.

Uno de los temas prioritarios “es la simplificación de trámites, vamos a digitalizar, estamos trabajando con el IICA y le hemos solicitado aplicaciones para que sea más accesible al agricultor, el segundo tema es el registro de agroquímicos, que estoy liderando personalmente y ya se trabajó un decreto para optar por el registro de ingredientes activos mediante el reconocimiento de los países miembros de la OCDE, es una necesidad prioritaria, en estos momentos es indispensable con lo que estamos sufriendo con los altos precios de las moléculas y este país requiere de nuevas moléculas”.

Al respecto, llama la atención la visión sobre la producción sostenible, en la que como indica no sólo es importante la parte ambiental y en el que sus actividades parecen estar restringidas a la producción orgánica y de bioinsumos, sin profundizar en el uso sostenible de los recursos suelo, agua y recursos de la finca, frente a la dependencia de insumos químicos importados y prácticas productivas fijadoras de CO2, que no favorecen la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, a pesar de que se amplíen los programas Nama’s a otros actividades.

Argumenta la ministra, “Cuando hablamos de producción sostenible, no solo hablamos de la parte ambiental, sino también de la parte económica y social, ya se trabajó en la ruta orgánica, que Costa Rica tiene una gran oportunidad, ya se hizo el lanzamiento, estamos trabajando en el tema de producción de bioinsumos, ya se comenzó con las capacitaciones en las oficinas regionales y tenemos como meta hacer 86 capacitaciones y 148 biofábricas, esa es nuestra meta en lo que se refiere a productos sostenibles, otras de las metas son el aumento del valor agregado y la trazabilidad de productos agropecuarios y comentarles de los Nama’s, darles el seguimiento a los ya implementados que queremos hacer a nivel nacional y tenemos cuatro en proceso, dentro de esos hay mucho interés por incluir la piña y también la caña”.

Con respecto al eje de comercialización, es válida la preocupación por el funcionamiento del Cenada como centro mayorista de acopio y formador de precios para el comercio de productos agrícolas, pero es fundamental la participación de los productores en su gestión y el fortalecimiento de los otros canales de comercialización como las ferias del agricultor, las mercados regionales y la intervención del programa de Abastecimiento institucional (PAI), como mecanismos de comercio para incrementar la participación de los productores y para reducir el papel de la intermediación agrícola.

La ausencia de esos temas se observa al abordar la importancia de las instituciones del sector en el tema de canalizar la oferta y la demanda de productos, ya que nuevamente la referencia es a la posibilidad de mejorar la oferta de productos para exportación y el papel que podría tener PROCOMER en esa labor y no en el mejoramiento de los canales de comercialización interna.

Apunta, “Otro de los ejes es la comercialización, ahí hay un grave problema, ese es otro de los temas que estoy liderando, lo que estamos haciendo es hacer una transparencia en la formación de precios, ordenar la casa que es el Cenada, siempre se ha dado una queja del margen de intermediación y estamos definiendo si vamos a utilizar subasta o mesas electrónicas, porque afecta a las ferias y a los precios que llegan a los consumidores; en la transparencia en el PIMA, van a estar disponibles los precios en la página de esa institución y ahí va estar el boletín disponible, también es importante el reacomodo de los dispositivos de entrada, hemos reducido que la plaza sean solo 8 horas, estamos en estudio para ver la factibilidad económica”.

También dice es “importante la capacidad institucional para canalizar la oferta y la demanda, esto es nuevo en el Ministerio hemos contratado un economista agrícola, que nos haga estudios de las necesidades de la industria principalmente y hacer la conexión con los productores, el ejemplo más clásico es del plátano, hay 6 industrias que ocupan plátano en el país y muchas veces no hay plátano y a veces si hay, esa persona debe hacer ese clic entre la oferta y la demanda y no perder mercados por quedarle mal al cliente internacional y también vamos a trabajar la diversificación de la oferta”.

Sin embargo, lo más inquietante de la presentación del programa es la visión (o la ausencia de ella) sobre la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), cuya intervención se limita a la revisión y modificación del Plan nacional de la SAN y la nula referencia a la perspectiva del Ministerio y las demás instituciones del sector sobre el tema y mucho menos retomar el proyecto de ley sobre seguridad y soberanía alimentaria, existente en la legislatura anterior y considerado estratégico por los actores de la SAN.

Al respecto la ministra expone, “Sumamente importante este tema, por lo que está viviendo el mundo, en relación con este tema hay un Plan de SAN del sector agropecuario, pesquero y rural 2021-25 que se está revisando y se está modificando y vamos a presentarlo para el mes de octubre, este es uno de los temas fuertes que va a trabajar esta administración por lo que está pasando el mundo entero”.

Con similares dudas se plantea el eje sobre el fortalecimiento institucional del sector, dada la afirmación sobre la pérdida de Rectoría del MAG, que no considera los esfuerzos de los gobiernos anteriores por fortalecer la rectoría y lograr una mayor articulación y coordinación, que tal vez haya resultado insuficiente, pero debe ser valorado como punto de partida y también las dudas sobre la intervención de MIDEPLAN (dejando prácticamente fuera a SEPSA) en el proceso de articulación institucional.  También resulta cuestionable que la solución al problema de desarticulación institucional esté en la formulación de un proyecto de ley para mejorar las competencias y maximizar los recursos, cuyas causas se deben principalmente a la conformación del sector en varias instituciones con leyes constitutivas diversas y al papel que se le ha asignado a la institucionalidad del sector en la economía y el Estado costarricense desde la década de los 80.

La ministra manifiesta la importancia del Fortalecimiento institucional, ya que “se ha perdido la rectoría en el sector, son varias instituciones y eso es muy grande, vamos a trabajarlo, queremos dialogar y consensuarlo, contamos con ustedes, estamos trabajando con MIDEPLAN para mejorar esa articulación y próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para mejorar las competencias del sector agropecuario y articular la planificación para la maximización de los recursos”.

Por su parte, los ejes transversales de Inclusión y Financiamiento aparecen como meros apéndices y tímidos acercamientos a la problemática de la participación de los jóvenes y de la mujer en los procesos productivos agropecuarios y en los espacios rurales, cuya exclusión en las actividades y en el acceso a los recursos como la tierra y los activos, no se resuelven con un programa de capacitación. Señala sobre el financiamiento, que su participación en la junta Directiva de la Banca de Desarrollo puede ser muy positiva, aunque se desconoce si podría conducir a una reforma a este sistema para crear un fondo de crédito agropecuario.

Con el propósito de poner en perspectiva la presentación del programa de trabajo para el sector agropecuario, vale la pena confrontar lineamientos de este programa con la posición de actores y grupos involucrados en el desarrollo del sector agropecuario en los últimos años, como por ejemplo la posición del Exministro Arauz sobre los cambios necesarios en el mismo, cuando señala “una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”.

Agrega el Exministro, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”.  Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022).

Igualmente es oportuno confrontar el programa, con los planteamientos efectuados por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.

En su propuesta, incluyen además fortalecer la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria. (Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.).

La presentación del programa presentado por la Ministra, deja la sensación de un ejercicio de la planificación agropecuaria apresurado y que de constituirse en la política agropecuaria para el período, tendrá probablemente un sesgo hacia la agroexportación y la empresariedad ligada a ésta, en tanto que la pequeña producción familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno tendrán una atención parcial y subsidiaria, mientras que la prioridad de la acción institucional será la productividad y la eficiencia de las actividades no tradicionales y en menor medida la comercialización (sobre todo la que se dirige al mercado externo).

Una referencia contundente respecto a la posición de la Ministra es cuando afirma que “yo creo en las políticas públicas del país, porque provengo de la política Volver a la tierra, cuando pasamos de los productos tradicionales a los productos no tradicionales y siempre me he quejado porque una vez lo hicimos, fuimos exitosos, sabemos hacerlo y no lo volvimos a hacer; cuando PROCOMER sacó el programa Descubre me identifiqué montones porque siento que es el equivalente (a aquel programa), eran 10 productos y ahora incluimos el aguacate, tenemos 11 productos, vamos a trabajar desde el Ministerio muy articuladamente con PROCOMER que es quién conoce los mercados, tiene para hacer inteligencia comercial, tiene fondos disponibles para que nos ayude para hacer más variedad de productos a la hora de comercializar”.

De acuerdo a lo anterior, poca o limitada atención tendrá avanzar hacia una agricultura más sostenible, con agregación de valor y seguridad alimentaria y nutricional, a las que sólo se atribuyen acciones puntuales, que al igual que en el fortalecimiento institucional, estará supeditado a la formulación e implementación de un plan, un proyecto de ley o la intervención de otros entes como MIDEPLAN.

Quedará para el análisis de los productores y las organizaciones del sector agropecuario si el tipo de planificación sectorial realizado es apropiado para resolver los problemas del sector y si será pertinente gerenciar el Ministerio de Agricultura, como gerenciar empresas exportadoras.

¿Legalizar el saqueo? Amnistía para pozos y concesiones de agua: Al respecto del Proyecto de ley n.° 22.709

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

Actualmente en la corriente legislativa de Costa Rica, se encuentra en camino de discusión el proyecto de ley n.° 22.709 “Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria”. La cual presenta omisiones importantes en torno a la gestión adecuada del agua.

A partir del Informe de la Contraloría General de la República DFOE-SOS-0109, retomamos algunas de las observaciones que señala este documento, y que nos permite identificar las tensiones que representa la promoción de esta iniciativa.

El proyecto de ley carece de un enfoque integral, dado que presenta un desbalance muy marcado en favor del uso agrícola, omitiendo la necesidad de presentar estudios que permitan determinar y asegurar la no afectaciones de los demás usos del agua, especialmente en torno al Derecho Humano al agua.

Por esta razón, queremos compartirles esta infografía para invitarles a reflexionar sobre algunas dimensiones claves de la ley, y que nos permita discutir la pertinencia de estos abordajes, identificar los privilegios que promueve la ley y quienes son los sectores más vulnerabilizados si esta ley fuera aplicada.

Pueden descargar el documento de la CGR aquí.

¿Es posible hablar de hitos en la gestión gubernamental del sector agropecuario?

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.

La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.

Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).

Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)

Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.

Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.

Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)

Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.

En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)

Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.

Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)

Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)

No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.

La Gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, avances puntuales y de limitada incidencia sobre las grandes transformaciones del sector

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Este 21 de abril del 2022, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron un balance y una rendición de cuentas de la gestión de la administración Alvarado Quesada en el sector agropecuario.

Al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión de esta Administración, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que requiere el sector, en buena medida porque desde hace más de 3 décadas el sector dejó de ser prioridad en la política pública y el desarrollo económico del país, más allá del sector agroexportador que tiene su propia dinámica económica y empresarial.

Los sucesivos gobiernos cumplen con gestionar el sector, dejando de lado las soluciones tecnológicas, comerciales, financieras, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, del empleo y la valorización de la actividad de los micro y pequeños agricultores familiares que son los que producen los alimentos y conservan la biodiversidad vegetal.

En el informe de rendición de cuentas del Gobierno, se señalan aspectos como que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacó la publicación del decreto de fondo N° 43.469. para el registro de plaguicidas, aunque se reconoció la necesidad de llevar el proceso a internet.

El Instituto Nacional de Innovación y Transformación en Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la reciente creación de nuevas variedades de papa y yuca, que permiten incrementar la producción y entrar a nuevos mercados mundiales debido a las características del producto.                                                                                                 

El Programa Integral de Mercados Agropecuarios (PIMA) recordó que es necesario avanzar en la modernización de los servicios que ofrece el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), también muy ligado a dar el paso en el mundo digital.

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) destacó dentro de sus logros el establecimiento de la metodología para definir la cantidad anual de licencias que se otorgarán para la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica.

El Consejo Nacional de Producción (CNP) mencionó que del 2018 al 2022 el número de productores que suplen de frutas y vegetales al sector público subió de 238 a 394.

También frente a la alta demanda de asistencia de las fincas que hay en todo el país, el área de Extensión agrícola ha llevado tecnología de punta a los territorios rurales.

Otro de los elementos que se destacó fue la inversión en infraestructura para evitar inundaciones en zona de producción agrícola, pues en las regiones Caribe y Brunca se invirtieron ¢3.469 millones para dicho fin y en las regiones Central, Central Occidente, Chorotega y Pacífico Central todavía se ejecutan trabajos por ¢2.339 millones.

Además, el MAG reconoce que la implementación del plan para desarrollar la producción de aguacate en el país es una de las tareas que queda pendiente para la próxima administración, así como la digitalización del proceso para registrar plaguicidas en Costa Rica. (ElObservador.cr,21-4-2022).

Para valorar los alcances de la gestión del Gobierno actual en el sector, es oportuno remitirnos al programa de Gobierno 2018-2022 del PAC para el sector agropecuario y pesquero, en donde se pueden visualizar acciones estratégicas para promover un cambio en el sector, que en el transcurso de la Administración Alvarado se desdibujaron o su aporte fue insuficiente para acometer las grandes transformaciones del sector.

Entre esas acciones, se encuentran propuestas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible, con prácticas ecosostenibles, difusión de la producción orgánica y producción con menor uso de agroquímicos y menos contaminación de los recursos naturales. 

– “Políticas de Producción Sostenibles y Ecoamigables. Diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y ecoamigable, de tal forma que se estimule el desarrollo de la producción con técnicas dirigidas al menor uso de agroquímicos y con mayores componentes orgánicos que busquen la menor contaminación del recurso natural (tierra, ríos, aire, mar), el producto, la persona productora y la persona consumidora.

– Prácticas Ecosostenibles.  Promover las prácticas agropecuarias tendientes a transformar la producción convencional en producción ecosostenible y que sea difundible a todo el sector,

– Promoción de la Producción Orgánica urbana y rural.  Impulsar la agricultura orgánica, aprovechando el marco legal existente así como los mercados de consumidores que procuran estos productos.

– Control de uso de agroquímicos.  Dar mayor seguimiento al uso de agroquímicos, tal que no solo se revisen y actualicen las moléculas disponibles en el mercado, sino por medio de los agentes extensionistas, se logre dar seguimiento a las aplicaciones que se realizan en los campos.”

Propuestas para la consolidación de la producción sostenible y adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático para reducir las emisiones y las pérdidas.

– “Producción Sostenible y adaptada al Cambio Climático.  Introducción de esquemas de producción bajos en emisiones que incorporen la gestión de riesgo y la adaptación para reducir las pérdidas asociadas al cambio climático y aumentar la productividad”.

Propuestas dirigidas a fortalecer la comercialización agroalimentaria para el mercado interno, impulso de mecanismos alternativos de comercio, diferenciación de productos, certificaciones de origen y ampliación del programa de abastecimiento institucional.

– “Comercialización de la producción agrícola.  Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala: ferias del agricultor, central mayorista y mercados regionales; mediante nuevas plataformas de comercialización como subastas, sello de producto nacional,

– Diferenciación de la Producción Nacional.  Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

– Aseguramiento de Mercado Interno Agropecuario.  Expansión del Programa de Abastecimiento Institucional se fortalecerá a los sectores productivos agropecuarios y se generarán políticas orientadas al aseguramiento del mercado interno al tiempo que se lleva eficiencia a los que proveen los productos y los servicios”.

Propuestas para el Impulso de los procesos de agroindustria y agregación de valor de la producción agropecuaria y pesquera en pequeña y gran escala.

– “Producción y Procesos de mayor Valor Agregado.  Integración de los productores a la agroindustria y a los procesos de transformación del sector agroproductivo y pesquero”.

Propuestas para el apoyo a la agricultura familiar, su sistema de producción y sus recursos, así como al desarrollo de la empresariedad y el mejoramiento de su capacidad de gestión productiva y comercial.

– “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva familiar, artesanal y autóctona.  Implementar una estrategia de extensión agropecuaria y rescate de especies nativas, orientada al suministro, investigación y desarrollo de productos en sistemas de producción familiar, comunal, artesanal y autóctona;

Formación Empresarial y Emprendedurismo.  Diseñar un plan de formación cuyo objetivo sea la dotación de capacidades de los productores en la visión empresarial y ante todo, el estímulo del espíritu emprendedor que le motive a enfrentar los problemas de forma proactiva, de tal forma que pueda adaptarse al cambio constante de los mercados”.(PAC 2018, Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI, págs.45-50)

Con el propósito de efectuar un balance más amplio de los alcances de la gestión de la Administración 2018-2022 en el sector agropecuario, es posible confrontar las acciones ejecutadas con la perspectiva de la transformación productiva del sector referida en la participación del exMinistro de Agricultura, Felipe Arauz, en el reciente foro del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la UCR, al reconocer que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”

Agrega, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”.  Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022)

Dicho balance, puede valorarse también a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.

Igualmente impulsar la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, lo que incluía la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria.(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)

De acuerdo a dichos planteamientos, es evidente que los logros y avances del sector agropecuario señalados en el informe de resultados de la Administración Alvarado, resultan ser parciales, de limitada incidencia y aún distantes de las grandes transformaciones que demanda el sector.

 

Imagen ilustrativa: UCR.

Malas noticias para el sector agropecuario, para los consumidores de productos agrícolas y los que siguen tomando agua contaminada con residuos de plaguicidas

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Compartido con SURCOS por Bloque Verde

La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos. 

Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios. 

Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas. 

Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas. 

Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.

El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia. 

Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.

Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias. 

El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios  y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.

Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.

Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.

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Fuente: distintaslatitudes.net

El conversatorio electoral sobre el sector agropecuario: una valoración de propuestas y compromisos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

German Masís

La semana anterior se realizó un conversatorio con los candidatos a la Presidencia, organizado por la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), conformada por la Unión de pequeños y medianos productores agropecuarios (UPANACIONAL), la Unión de productores de actividades varias (UPIAV), el Frente agroindustrial cooperativo y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.

En la presentación del conversatorio, los dirigentes de las organizaciones señalaron que sus organizaciones agrícolas representan 500 mil empleos directos y el 38% de las exportaciones nacionales y que el sector ha construido las raíces de nuestra nación, pero también son parte del presente y futuro de Costa Rica. Indicaron que ANA es una alianza de organizaciones que producen para el mundo con eficiencia, entrando con productos a las más prestigiosas bodegas del mundo, con productos como raíces tubérculos, granos básicos, follajes, las cadenas cárnicas y lácteas, por lo que son los dos motores del desarrollo, el de las exportaciones y el de la seguridad alimentaria nacional, con alimentos que inciden en la economía costarricense y del mundo.

En la actividad participaron los candidatos Welmer Ramos del partido Acción Ciudadana, Rodrigo Cháves del partido Social Democrático, José María Figueres del partido Liberación Nacional, José María Villalta del partido Frente Amplio, no participaron los candidatos Fabricio Alvarado del partido Nueva República y Lineth Saborío del partido Social Cristiana, declinaron hacerlo.

Se realizaron 13 preguntas sobre los principales retos y ejes temáticos que enfrenta el sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero, entre ellas, sobre los principios rectores de una política agrícola, agroindustrial, pesquera, acuícola y los compromisos específicos de cada candidato con el sector, sobre las propuestas para mejorar la estructura institucional del sector agropecuario, para mejorar el sistema de investigación y de transferencia de tecnología, para lograr mejores condiciones de acceso al crédito, para la defensa comercial de los productores nacionales frente al comercio desleal, la posición respecto al ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, a la participación en el acuerdo de Escazú, frente a la presión de los ambientalistas y sobre el régimen de excepción para la contratación de mano de obra migrante.

Welmer Ramos, expresó que el sector ha sido la base para crear la sociedad costarricense y el que aporta más empleos en las áreas que más se ocupan y donde la gente tiene menor escolaridad, el agro es el que ha proveído la riqueza necesaria para educar al pueblo e industrializar este país.

Con respecto al acceso al crédito, se manifestó favorable a aumentar el crédito al sector agropecuario y tomará decisiones para que los bancos del estado vuelvan a ser bancos de desarrollo, ya que actualmente la banca para el desarrollo lo más dispone del 2% del crédito productivo y eso no alcanza, se necesita para el sector un 50% del crédito total que tienen los bancos del estado, pero para eso hay que hacer cambios también en las tasas de interés que tienden a ser abusivas pues según él los productores terminan trabajando para quienes les presta el dinero y no trabajar para ellos mismos, pero además afirmó que va a hacer otras cosas en los seguros agropecuarios que tienen que ser generalizados para bajar el riesgo en medio del cambio climático, que también bajará el riesgo para prestar recursos y eso va a permitir más acceso al crédito, menores tasas y más competitividad para el sector.

En el tema de la defensa comercial de la producción nacional, Welmer dijo no sólo comprometerse sino que ya lo ha hecho, cuando fue ministro de Economía, poniendo las salvaguardias en caña, en arroz, frente a la importación de aguacate, además de haber propuesto un proyecto de ley para la defensa comercial y fortalecer los mecanismos frente a las prácticas desleales de comercio que están afectando al productor costarricense, como pasa en el comercio ilegal de papa, cebolla y sandía a precios muy bajos, afirmó que la defensa comercial debe ser efectiva porque el agro está siendo afectado por la competencia desleal de otros países.

Sobre el apoyo al proyecto para el registro e inscripción de agroquímicos y medicamentos veterinarios necesarios contra plagas y enfermedades, Welmer se manifestó totalmente de acuerdo con este proyecto, porque Costa Rica se ha venido privando de tener los agroquímicos necesarios de última generación para bajar costos y permitir más competencia en los mercados, pero también para defender la salud y la biodiversidad de productos que son muy agresivos y contaminantes.

También estuvo de acuerdo en apoyar el régimen de excepcionalidad para la contratación de mano de obra migrante para atender la producción agropecuaria nacional. Debido a que Welmer se retiró a mitad del conversatorio, no respondió las preguntas sobre los principios rectores de las políticas agrícolas, sobre el mejoramiento de la institucionalidad del sector, el sistema de transferencia de tecnología y su posición respecto al ingreso a la Alianza del Pacífico, el acuerdo de Escazú y la presión de los ambientalistas.

José María Villalta, manifestó que está convencido de la necesidad de fortalecer el sector agropecuario, promover una política integral de soberanía alimentaria y en darle más valor a la producción agropecuaria y que las crisis internacionales nos reafirman el error de abandonar la tierra y la producción local y la necesidad de reactivar la producción agropecuaria.

Según Villalta entre los principios de una política para el sector, está la defensa de nuestra soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, porque CR no puede dejar de producir una buena parte de los alimentos que consume, la necesidad de fortalecer la producción para el mercado interno, de impulsar la producción agroecológica e incentivar la producción orgánica y que es posible la compatibilidad y sinergia entre la producción agropecuaria y la conservación del ambiente y los recursos naturales, con la participación de las comunidades y el diálogo con todos los sectores productivos para construir las políticas que requiere el sector y bajo un concepto de desarrollo territorial integral que resuelva las desigualdades que tienen a muchas regiones de este país abandonadas y olvidadas.

Con respecto a la estructura institucional del sector, Villalta, expresó estar de acuerdo en que hay que hacer cambios profundos en la estructura institucional del sector agropecuario para fortalecer la rectoría del MAG, pero no solo a lo interno del sector agropecuario si no también en la relación con otros ministerios, como con el Comex en las negociaciones comerciales en las que se han desconocido las necesidades del sector agropecuario. Mencionó también la importancia de una cirugía mayor a las instituciones del sector, con el propósito de eliminar las juntas directivas inoperantes y la intervención de otras instituciones como el Cenada, además de evitar traslapes o desfases como el que existe entre el MAG y el INDER, ya que aunque el MAG es el rector, debido a que las competencias del INDER son mucho más amplias y van más allá de los agropecuario hacia el desarrollo rural, debiera haber una política de desarrollo rural que sea dirigida desde la rectoría, evitar el desmantelamiento del CNP que proponen algunos candidatos y por el contrario redireccionar el CNP y fortalecer el PAI para que funcione mejor pero también para que las organizaciones agropecuarias de las regiones tengan la prioridad en la venta de productos y no se filtren los intermediarios.

Así mismo Villalta, estableció la necesidad de priorizar y fortalecer todos los programas para transferencia de tecnología y dar valor agregado a la producción, que implica crear centros de valor agregado como los que se han venido desarrollando en distintas regiones del país y fortalecer el INTA, mejorar la articulación del INTA y el MAG con las universidades y con entidades internacionales de transferencia de tecnología, cosas que no se están haciendo.

En el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas mejoradas, el candidato señaló estar de acuerdo con este proyecto, que busca mejorar los procesos de inscripción de nuevos productos, pero también aplicar de forma eficiente los mecanismos regulatorios atendiendo la salud humana y la protección del medioambiente por los problemas generados por uso intensivo de agroquímicos. El acceso a moléculas mejoradas debe ir hacia el aumento de la competitividad del sector agropecuario, pero se debe tener cuidado con en el tema de homologación de los estudios de productos a partir de estudios hechos en otros países y la necesidad de adecuarlos a la realidad costarricense.

Sobre el acceso al crédito, Villalta, se propuso aumentar el acceso de los productores agropecuarios, primero nombrando en las juntas directivas a personas comprometidas con la producción nacional y el desarrollo agropecuario, luego fortaleciendo la banca de desarrollo que no está funcionando, poner a disposición recursos ociosos que tiene la banca para el desarrollo y destinarlos a crédito efectivo, flexibilizar los requisitos que impone el Conasiff para que pueda acceder al crédito el sector agropecuario que no está accediendo a él, echar a andar el fondo de avales y en el mediano pensar en la creación de un verdadero banco de desarrollo agropecuario, transformando uno de los bancos del Estado para que pueda realmente liberarse de las restricciones que se le impusieron en los 90, este tema es estratégico para el desarrollo local y el desarrollo rural.

En cuanto a la defensa comercial de la producción nacional, Villalta se comprometió al fortalecimiento de esta labor con personal competente y con la convicción de aplicar la normativa y la reforma de nuestra legislación para impulsar mecanismos de defensa comercial, mantener las salvaguardias para el sector azucarero y aplicar otras medidas similares para que nuestra producción no siga enfrentando la competencia desleal, pero también para combatir las prácticas de grupos de importadores e intermediarios que perjudican a nuestros productores y a los consumidores, dijo que ahí sólo está ganando un pequeño grupo de importadores y hay normativa de promoción de la competencia que no se está aplicando, fortalecer los mecanismos de comercialización directa de productos agropecuarios, desde el nivel de las ferias, el PAI, transformar el Cenada, para que sean las organizaciones de productores las que se beneficien.

Villalta, expresó su posición contraria al ingreso de CR a la Alianza del Pacífico, porque ya CR tiene niveles de apertura comercial muy altos, existen una inmensa cantidad de tratados comerciales, tenemos casi todos los sectores de la producción abiertos al comercio, no al libre comercio porque no hay libre comercio, entonces en una negociación como la de la AP que entregaríamos, que nos falta por negociar preguntó?, prácticamente son los agricultores, que serían el pato de la fiesta de esa negociación, productos sensibles para nuestra soberanía alimentaria. Argumentó que lo que tenemos que hacer es mejorar la administración de los tratados existentes, mejorar la competitividad del sector, mejorar el valor agregado de la producción para aprovechar oportunidades comerciales que no estamos aprovechando, antes de hablar de nuevos tratados.

Por otro parte, Villalta, manifestó su apoyo al acuerdo de Escazú, aunque reconoció que durante su discusión no se hizo la consulta con todos los sectores y que algunos términos del convenio son confusos y han generado dudas que pueden aclararse. Dijo que le gustaría convencer a los sectores que la incorporación el acuerdo de Escazú es importante, que las cosas que ahí se plantean CR ya las tiene incorporadas en su marco legal, según él ese acuerdo obliga a otros países que son competidores directos nuestros a elevar sus estándares de protección ambiental en países que no los tienen y que va a equiparar la cancha para CR, por lo que es estratégico y no aprobarlo más bien generaría una señal equivocada que el país está retrocediendo en lo que nos hemos comprometido hacer, sin embargo, reiteró que tenemos que interponer el diálogo para avanzar en este tema.

Villalta, se mostró convencido de que no debe existir enfrentamiento e incompatibilidad entre la producción y la conservación del ambiente y los recursos naturales, dijo que necesitamos conservar el ambiente, los ecosistemas para poder seguir produciendo y poder seguir viviendo y que la producción en agropecuaria del país tiene un inmenso potencial de desarrollo de llegar a nuevos mercados, pero debe ser más ecológica y más sostenible y generar mayor valor agregado Un ejemplo es la protección de las fuentes de agua, que se puede utilizar para las distintas actividades productivas, que se necesita para riego, para la producción agropecuaria y el turismo, con la participación de las comunidades y de los sectores productivos.

En lo relativo a perfeccionar y mejorar el régimen de excepción para el ingreso de trabajadores migrantes a laborar en las actividades agrícolas, expresó su apoyo al proyecto, en el marco de los derechos humanos y laborales, pero no sólo para los trabajadores migrantes si no en el general para los trabajadores del campo.

En sus conclusiones, Villalta, reiteró la necesidad de un gobierno que escuche al sector productivo, que tome en cuenta sus necesidades y que promueva y defienda nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Estableció que la realidad es que CR si sigue siendo un país agropecuario, hay regiones abandonadas y empobrecidas que tienen un potencial inmenso de desarrollo a través del sector agropecuario, de la actividad acuícola, de la pesca, otro sector con graves problemas y desordenes institucionales; que el sector agropecuario no es uno, que hay distintos subsectores en distintas actividades y distintas regiones, y que no se va a poder resolver ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el desempleo, sino hay una política agropecuaria robusta que garantice el acceso al crédito, que ponga a funcionar las distintas instituciones alineadas en los territorios atendiendo las necesidades, que articule y promueva el cambio tecnológico y la mejora de la producción para adaptarse al cambio climático y para dar el valor agregado a nuestra producción, mejorar la capacitación, la transferencia de tecnología, el acompañamiento, atender el grave problema de comercialización frente a los monopolios que impiden que los productores puedan tener precios justos y todo eso se puede hacer con el diálogo y atendiendo las necesidades de organizaciones como la ANA

En su participación, José María Figueres afirmó que el sector agropecuario es una de las propuestas principales de su programa de gobierno, en el programa específico para la reactivación de la economía y el rescate del empleo que es el programa 911, en el que el sector agropecuario es uno de los 6 ejes importantes. La propuesta del sector es parte de una política de crecimiento económico del 5 y el 6%, donde el reforzamiento del sector agropecuario es uno de los pilares, ya que se requiere de la incorporación de todos los sectores nacionales y que encendamos todos los motores, porque solo con ese crecimiento se podrá resolver el reto de las 500 mil personas que no tiene trabajo.

Sobre los principios de una política agropecuaria Figueres, leyó los 7 principios que un equipo de expertos en el sector agropecuario elaboró luego de en una amplia consulta nacional:

-la articulación interministerial e interinstitucional -la carencia de asistencia técnica -la falta de tecnología para mejorar la productividad -facilidades crediticias -Fortalecer la participación de los productores en las cadenas de valor -Fortalecer la organización de productores para mejorar su gestión -Proveernos la seguridad alimentaria y nutricional

En lo que respecta a la estructura institucional del sector, Figueres expresó que no es solamente en el sector agropecuario que la rectoría no se ve, que existe en todo el gobierno y por eso la necesidad de avanzar con experiencia y con buenos equipos de trabajo para que empecemos a reactivar la economía y rescatemos a este país. Dijo que el MAG hoy es un archipiélago de islas, que es imposible la rectoría porque cada una de las instituciones se descentralizaron, cada una con una junta directiva, un departamento legal, etc., así es imposible coordinar política pública, se debe ir a un MAG que sea el rector donde el ministro asuma la responsabilidad, que responda por lo que el ministro ordena y decide dentro de las instituciones del sector agropecuario.

Para Figueres, crecer con más valor agregado en la próxima década, supone organizar la investigación y la transferencia de tecnología y aumentar el 0.5% del PIB que se invierte en investigación y transferencia de tecnología, para lo que hay dos oportunidades, primero vincular mucho más al sector agropecuario a la investigación y la transferencia de tecnología en los centros donde se da y en las universidades y que los centros de investigación hagan lo que se necesita en el sector productivo y segundo, replantear un empréstito para el sector agropecuario con el fondo verde de Corea, en donde un componente importante tendría que ser investigación y transferencia de tecnología.

Con respecto al proyecto para el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas mejoradas, manifestó estar convencido que tenemos que evolucionar hacia que las moléculas, los agroquímicos que estén aprobados en USA y Europa entren sin ninguna restricción y dejemos los alcances de esta ley para los productos que no son aprobados en esas dos regiones, lo que necesitamos es simplificar, bajar costos, poner a producir este país.

En cuanto al acceso al crédito, de acuerdo a Figueres a los bancos y sobre todo a los bancos del Estado se los olvidó financiar la producción, no sólo con el sector agropecuario, si no con todos los sectores productivos, según él la cartera crediticia agrícola, agroindustria, industria y turismo no llega al 15%,mientras la cartera de consumo personal al 20%, dijo que para qué bancos del Estado en esa situación y mencionó que los miembros de las juntas directivas van a cambiar en mayo y van a financiar crédito a la producción, porque uno de los motores de crecimiento es la banca del Estado.

Sobre la protección de la producción nacional, se comprometió a que por primera vez van a administrar los tratados de libre comercio y si tuviéramos otras oportunidades de tratados deberíamos aprovecharlas porque es ensanchar las oportunidades, pero debemos administrarlos que es algo que no hemos hecho y que otros países lo hacen muy bien, la cantidad de barreras no arancelarias que se le ponen a nuestros productos en muchos mercados es una clara muestra de que muchos países están utilizando eso a su favor y en contra de nuestras exportaciones y debemos administrar las barreras no arancelarias, dijo si al fortalecimiento de la defensa comercial del MEIC y a empezar a administrar los tratados de libre comercio como corresponde.

Figueres, afirmó que la Alianza del Pacífico es una embarcación que ya zarpó y que no tenemos ninguna posibilidad de montarnos a bordo, pero si existiera esa oportunidad estaría de acuerdo en participar en el tanto que ANA nos diga que eso nos conviene, por ejemplo si se logra una negociación de adherencia a la AP buscando los mercados en Asia que queremos buscar, ahí talvez pero así como está no, según el otro lado de la moneda es cómo trabajamos juntos aprovechando Comex y Procomer para lograr acceso a mercados adicionales a los que hoy en día estamos exportando la variedad de productos que tenemos en el sector agropecuario

Su posición sobre el acuerdo de Escazú es que para CR este es un tema superado, que en su gobierno, se firmó el acuerdo de Kioto, la convención de biodiversidad, la convención internacional de cambio climático, elevamos a rango constitucional el medioambiente e impulsamos el pago de servicios ambientales, preguntó qué más nos van a pedir, cuáles de los países signatarios del acuerdo de Escazú han hecho tanto por el medioambiente cómo hemos hecho en CR, primero que se pongan al día ellos y después podemos ver en qué los podemos acompañar.

Con relación a las presiones de sectores ambientalistas, Figueres manifestó ser un defensor y un proponente del medioambiente y ahora representa la oportunidad de equiparnos contra el cambio climático y por la preservación del océano que es el ecosistema más importante que nos provee el 50% del oxígeno en el planeta, dijo que siempre ha visto en el medioambiente una oportunidad económica y ahí es donde tenemos que centrarnos, por ejemplo los parques nacionales son el pulmón que nos atrae el turismo, el pago de los servicios ambientales que impulsamos es el que nos da la cobertura boscosa que hay hoy en día, en esa dirección se debe ir a un gobierno que sea amigable con el sector productivo y ve una extraordinaria oportunidad de plantear un préstamo al fondo verde de Corea dirigido al sector agropecuario para hacerlo resistente al cambio climático, eso implica tecnología para mejorar en la producción del sector.

Finalmente, Figueres estuvo de acuerdo con aprobar el régimen de excepción a la mano de obra migrante, para apoyar la producción estacional de algunos productos.

En sus conclusiones Figueres afirmó que el país vive una emergencia no declarada, que venimos de una década de crecimiento de un 3%, escuálida, que cuando salió de su gobierno crecíamos al 7% y el sector agropecuario crecía al 8%, a eso es a lo que tenemos que volver, aprovechando las condiciones del mundo de hoy que brinda oportunidades como el avance del cambio climático y el decrecimiento de los subsidios en muchos países productores, se ofrece una extraordinaria oportunidad de mejorar el ejercicio económico del sector agropecuario donde están involucradas 500 mil personas y 5 millones de dólares en exportaciones. Este sector da para mucho más, trabajemos juntos, expresó

Rodrigo Chaves, planteó que no puede haber reactivación económica, si no hay reactivación del sector agroalimentario, que la actividad agropecuaria es una ventaja comparativa que ha tenido este país e indicó que la producción agropecuaria la empezaron a abandonar en los años 90, la dejaron sin el acompañamiento para competir en las nuevas condiciones de apertura comercial.

Entre los principios de una política agrícola mencionó que hay una lista larga de cosas que el sector puede beneficiarse, pero lo más importante es sacarla del olvido y dejar de verlos como un sector residual donde hay productores muy grandes e influyentes y el resto que han sido abandonados, primero vamos a nombrar a un ministro de agricultura que verdaderamente sepa y lo mismo con las cabezas de las instituciones autónomas, vamos a crear una organización del sector donde haya responsabilidad, a crear un verdadero sistema de banca de desarrollo, un verdadero sistema de inversión para el sector, vamos a ayudarles con la infraestructura para poder comercializar, reducir los costos de logística, vamos a iniciar una ofensiva comercial en China, donde haya en la embajada gente que esté haciendo negocios para los agricultores.

Con respecto a la estructura institucional Rodrigo mencionó que estuvo en el actual gabinete y con respecto al sector agropecuario, lo que daba la impresión es como una escuela de chiquitos de Montesori, cada chiquito hace lo que le da la gana, no hay dirección, no la ha habido por muchos gobiernos, acabo de mencionar el INTA y esa diversidad de instituciones en la que el MAG y el MINAE no se ponen de acuerdo, en la que el CNP y los productores y las escuelas no se ponen de acuerdo, hace falta liderazgo, porque cada institución está jalando por su lado, yo no he visto rectoría en el MAG por varias administraciones, hace falta una verdadera política de estado para el sector agropecuario.

En lo relativo a la transferencia de tecnología señaló que ese es o debería ser uno de los bienes fundamentales del Estado, porque favorece las economías de escala, ya que no es lo mismo que un agricultor de papa en la zona norte de Cartago se ponga a investigar sobre semillas no tiene ningún sentido, pero hay una descoordinación absoluta del INTA, del MAG, del INDER, del CNP, porque no hay una política nacional agropecuaria, ni la ha habido por varios gobiernos, lo que hay que hacer es reacomodar para que el MAG vuelva a tomar esa función fundamental de asistencia técnica, de transferencia de tecnología y de apoyo en otras áreas no sólo en la parte tecnológica, la parte de mercadeo, subir en la cadena de valor agregado, pasar de agro a industria.

Sobre el registro e inscripción de insumos agropecuarios y moléculas Rodrigo, manifestó su acuerdo al proyecto y expresó que el equivalente a no permitirles a los agricultores traer tecnología nueva en 22 años es como decirles a las empresas que no traigan computadoras, primero porque les estando haciendo comprar tecnologías viejas que son menos productivos, más caros y dañinos para el ambiente y la salud, por algo Bagaces tiene las tasas de cáncer en los riñones y Cartago las tasas de cáncer estomacal, es inaceptable, sabemos quiénes se benefician y eso hay que cambiarlo, hay que permitirle al sector agropecuario competir, porque los pusieron a competir con el mundo sin embargo les amarraron las manos en el crédito, en la tecnología, en la importación de material genético mejorado.

En el acceso al crédito, manifestó que no se puede hacer una transformación estructural de un sector, sin que haya acceso a capital de inversión, el sistema banca de desarrollo, no es ni sistema, ni es banca, es una casa de empeño de propiedades, de desarrollo no tiene nada. Los agricultores están endeudándose en dólares con tasas enormes y tienen un desbalance financiero y una exposición enorme a los riesgos de tipo de cambio, hay que arreglar las tortas que se jalaron en los años 90 porque los dejaron sin los instrumentos para competir, quiere que compitan con igualdad de condiciones con los grandes productores agrícolas del mundo.

También estuvo de acuerdo Rodrigo, en poner a profesionales de alto perfil en la protección comercial, dijo que sobre la defensa comercial se compromete en los casos que haya legitimidad, como el doping, como barreras no arancelarias que otros países pongan a la importación de nuestros productos en los mercados, con fortaleza y valentía para eso existe la Organización Mundial del Comercio, aunque a nivel interno los agricultores de la zona norte de Cartago se someten a una estructura totalmente anticompetitiva que los empobrece en el Cenada, ya no hay subastas, en la formación de precios hay un grupo que incluye extranjeros decidiendo cuanto van a pagar por la zanahoria y la cebolla y dicen es el precio que nosotros acordamos y el MAG y el MEIC felices durmiendo el sueño de los justos.

En cuando a la incorporación a la Alianza del Pacífico, Rodrigo respondió que la AP no le interesa, porque comerciar con países parecidos como Colombia, Perú y otros de AL no nos da gran ventaja, lo que tenemos que entender es que el crecimiento mundial del consumo de comida está ocurriendo en el este de Asia, China, este país nos compraría toda la producción de cerdo y ganado que le podamos enviar y no estamos haciéndolo, eso es lo que tiene sentido.

Sobre las presiones de los ambientalistas Rodrigo expresó que eso es una barbaridad, la irracionalidad de algunos funcionarios públicos, ya ni siquiera de los grupos extremos ambientalistas ha llegado a niveles irracionales, dijo creer en la sostenibilidad del ambiente, no en la destrucción del recurso de la tierra y el ambiente, pero que una cosa es la racionalidad en la protección del ambiente y otra cosa es el fanatismo.

Rodrigo, manifestó estar en contra del acuerdo de Escazú, pues según él el objetivo de las políticas públicas es maximizar el bienestar de los costarricenses y este acuerdo no añade nada positivo porque la parte buena del acuerdo ya la tenemos incluso hasta rango constitucional, la parte mala es que con las normas del acuerdo de Escazú se entraría en un sistema de ingobernabilidad absoluto en la inversión agropecuaria, forestal, turística, porque nunca falta alguien con iniciativa que diga no estoy de acuerdo , esto no tiene que ver con la protección del ambiente, el ambiente es un activo nacional, un bien común que hay que proteger, sin embargo existe una falsa dicotomía entre el ambiente y la productividad y el acuerdo de Escazú es un movimiento de grupos internacionales que tienen una agenda diferente a los intereses de CR.

También estuvo de acuerdo con el régimen de excepción de la mano de obra migrante, ya que es indispensable para el sector, aunque es importante asegurarse quién asume el costo de los servicios que reciben los migrantes.

A nivel de conclusiones, Rodrigo afirmó que la actividad agropecuaria es una parte fundamental del aparato productivo del país, y un motor de crecimiento que hasta ahora no le han echado gasolina y más bien lo han dejado sin mantenimiento. No puede haber un sector agroalimentario exitoso en un país fallido y CR está cerca de un abismo si no cambiamos la dirección, lo mismo le está pasando al sector agropecuario y si no aguanta en lo económico, no va a aguantar en lo social, hay que reformar el sector, sólo en pesca nos están robando 2.400 millones de dólares al año, sólo estamos sacando menos del 10% de la cuota de atún y se la están llevando, pero todos los cambios generan ganadores y perdedores, tenemos que hacer cambios para que la mayoría de los agricultores sean ganadores.

Acerca de las respuestas de los candidatos a las consultas de la organización y los planteamientos de los partidos sobre la situación del sector agropecuario, es importante tratar de establecer si existe una adecuada comprensión de los problemas estructurales del sector agroalimentario, si está presente una visión y un análisis integral del sector, si se considera la heterogeneidad y diversidad de las actividades y sectores y se incluye la perspectiva del desarrollo rural territorial.

También es fundamental establecer si las orientaciones y propuestas apuntan a las grandes transformaciones pendientes del sector, en la formulación de las políticas, en la modificación de la estructura institucional, en el desarrollo tecnológico y la innovación, en la participación de los actores en alternativas de comercio más incluyentes y sobre todo si se visualiza un avance hacia una agricultura más sostenible y equitativa y más resiliente al cambio climático; la validez de las respuestas está asociada a la profundidad de los cambios.

El agro y el mercado interno en la estrategia de desarrollo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

A pesar del énfasis dado a la producción de ensamblaje, la vocación agraria del país se mantuvo en la estructura productiva. La producción agrícola, la agroindustria y la ganadería atienden una parte importante de la demanda agregada que se produce en la economía. El 13% de la demanda es generada por el mercado interno y el mercado externo es producido por este segmento productivo. (Esquivel, F.,2021, p.115)

German Masís Morales

El libro recientemente publicado por el economista Francisco Esquivel, denominado “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense: macroeconomía de un modelo desequilibrado”, muestra con claridad el papel del sector agrícola y del mercado interno en las sucesivas etapas del crecimiento económico del país, conocidas como las etapas del proceso exportador.

El libro del investigador Esquivel, revela muy bien la participación o exclusión de la producción agrícola en particular la que era dirigida al mercado interno en las diferentes etapas, su aporte al desarrollo productivo, la relación con las importaciones del país, su importancia en la generación de encadenamientos productivos y su papel en una eventual IV etapa como parte del proceso de gestión de ventajas competitivas hacia un desarrollo más equilibrado.

La controversia y la falsa disyuntiva entre ambos sectores, como lo plantea el autor, inicia en la etapa II, en la que “asumiendo que en esta etapa había sido un período gobernado por la expansión del mercado interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que debía olvidarse el papel del mercado interno y volver a la esencia de una economía pequeña que debía ser la exportación.

(Por el contrario, afirma), existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que permitió un mejor desarrollo nacional y una etapa de inclusión social. (Esta etapa dice) generó más desarrollo productivo, superando la obsoleta visión oligárquica de la ventaja exclusiva del proceso exportador.

Lo adecuado era plantearse cómo revitalizar el proceso exportador para mantener y ampliar lo alcanzado en la etapa II, mediante la reconstitución del mercado interno, sobre una base de eficiencia económica y una profundización de los mecanismos de inclusión. Pero se hizo lo contrario, la falacia del dogma liberal-conservador permitía desacreditar el papel del mercado interno, como el causante de la crisis, llamando a maximizar la exportación, (con lo que) se tendrían los ingresos para comprar “lo necesario”, que no debe producirse en el país porque resulta ineficiente”. (Esquivel, F.,2021, p.80)

Ante la crisis de inicios de la década de los 80, fue necesario empezar a definir una nueva estrategia de desarrollo que va a tomar la forma de un desarrollo orientado hacia el exterior; las exportaciones son el centro de la nueva estrategia de desarrollo.

A nivel del sector agropecuario, la transformación se materializa en la llamada “Agricultura de Cambio”, que consiste en la diversificación y complementación de la estructura productiva tradicional, con la incorporación de nuevos cultivos no tradicionales para exportación. (Cambronero y Monge, Universidad Nacional, 1992, p.201)

De esta manera, “se generó la etapa III del proceso exportador, en la que la estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reorganización de la industria y en una nueva participación de la agricultura. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. (…), la industria y la agricultura se reorganizaron para atender nuevos nichos de mercados que ofrecía el mercado mundial.

Mientras, la parte del sector agrícola que producía para el mercado local fue atacada sistemáticamente, por lo que varios productos experimentaron reducciones significativas. Por esta razón, el sector agrícola continuó perdiendo importancia relativa en el total de la producción.

La estrategia que impulsó la etapa III no tenía interés en la producción para el mercado local. Lo que se buscaba era el crecimiento basado en la exportación, sin importar los efectos desestimulantes sobre amplios sectores productivos nacionales, en particular las pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista microeconómico, el perdedor fue el empresario que producía para el mercado local, dado que no existió una estrategia de reconversión productiva”. (Esquivel, F.,2021, p.97)

Una de las medidas de política implementadas junto al impulso de la exportación agrícola no tradicional, fue el desestimulo a la producción de granos básicos, expresada en la reducción de los programas de investigación, transferencia y asistencia técnica y la disminución del crédito a esa actividad.

De manera deliberada, se realizó el desmantelamiento paulatino de la infraestructura institucional de los entes que habían apoyado al productor nacional, entre cuyas instituciones estaban el CNP, el MAG y el IDA. (Masís, G., revista Ambientico N°176, 2008).

Durante esta III etapa, la producción exportadora había crecido más rápido que la producción para el mercado local, sin embargo su crecimiento sólo llegó a alcanzar un máximo del 30% en las exportaciones en el período entre 1992 y el 2019, lo que se explica según el texto, “porque el sector agrícola, aunque exportó nunca fue una prioridad de la estrategia de crecimiento, que si lo fue la expansión industrial para exportación desarrollada como un nuevo proceso de ensamblaje, cuyos casos más representativos han sido la producción de componentes para la tecnología de la información, la producción de equipo médico, sectores que generan crecimiento y empleo, pero reducido al ámbito cercano a su producción; no generan encadenamientos relevantes hacia el conjunto de la estructura productiva.

Las actividades de ensamblaje, por la dificultad de lograr en el país un abastecimiento amplio de materias primas e insumos, han producido una dependencia de las materias primas, los insumos y los servicios importados hasta en un 38% (2017); como consecuencia de esta dependencia de las importaciones, las industrias de ensamblaje generan la menor cantidad de encadenamientos siendo uno de los factores más importantes de la aceleración de las importaciones en esta etapa.

En tanto, el segmento más dinámico de la agricultura y la agroindustria es el menos dependiente de las importaciones, ya que solo el 8% de su valor corresponde de insumos traídos del exterior; por eso se convierte en el área productiva que produce más encadenamientos. En este segmento se encuentran la producción de diversos tipos de carne, así como la producción de café y azúcar; se trata de procesos productivos que compran la mayor parte de sus materias primas e insumos adentro de la economía, por lo que necesitan un nivel bajo de importaciones (Esquivel, F., p.88).

De manera similar, el resto de la agricultura y la agroindustria, así como la ganadería, adquieren mucho de sus materias primas a lo interno de la economía, pero necesitan un nivel un tanto más elevado de importaciones, llegando a adquirir el 17% de su valor en importaciones”.

Por su parte, observando la capacidad de generación de encadenamientos de los principales sectores productivos y utilizando un multiplicador (cuantos colones adicionales se generan por cada 100 colones producidos), se confirma que “los mejores encadenamientos se producen en la agricultura y la agroindustria, generando 104 colones adicionales.

Mientras las nuevas actividades impulsadas por la etapa III muestran una capacidad limitada de generación de encadenamientos, con un multiplicador de 20, esto se debe a que se trata de un ensamblaje altamente dependiente de las importaciones de materia prima”. (Esquivel, F, p.120).

Frente a las limitaciones estructurales de la III etapa del proceso exportador, el documento propone una IV Etapa, fundamentada en los siguientes elementos:

  1. “Costa Rica debe superar los problemas de desarticulación de las cadenas productivas con el aparato productivo interno y que disminuyan las importaciones, impulsando una estrategia exportadora basada en áreas productivas con capacidad de generar encadenamientos relevantes.
  2. La optimización del crecimiento necesita combinar los estímulos a la exportación y a la expansión del mercado interno; con esto se producirá un proceso de expansión en donde el mercado externo crezca en armonía con el mercado interno. En ese sentido, la producción local debería ser generada con estándares de eficiencia y de calidad mundial.
  3. En un enfoque alternativo, la necesidad de participar activamente en el comercio internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en el avance tecnológico y en la inclusión social. En esta estrategia se trata de un proceso gradual y selectivo, que posibilite un proceso de preparación de permita el cambio de las empresas y de su entorno sectorial y nacional. (Esquivel, F., p.194).
  4. “Es indispensable que la apertura de la economía se haga de tal modo que no involucre la destrucción de la capacidad instalada existente y que permita una efectiva reconversión de las actividades productivas. En un enfoque de reconversión productiva, la ventaja competitiva se construye mediante un proceso de preparación, con el que se busca resolver los rezagos de una estructura productiva heterogénea y aprovechando las condiciones naturales y la experiencia productiva del país.
  5. La estrategia impulsaría un modelo productivo que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial que tiene el país para generar encadenamientos productivos, utilizando los recursos naturales, la biodiversidad, la mano de obra y la experiencia productiva de las diferentes regiones. En ese sentido la prioridad la tendrían sectores como la agroindustria, el turismo que genera encadenamientos y la producción de servicios de alto valor.” (Esquivel, F., p.199)

En la década de los 90, varios economistas centroamericanos prepararon propuestas para impulsar el desarrollo de la región con base en la agroindustria, la actividad pesquera y la producción forestal. La articulación sinérgica entre agricultura e industria se planteaba como el camino idóneo para lograr procesos acumulativos de valorización de la producción que sea crecientemente competitiva en el marco regional e internacional;

La estructura productiva polivalente se componía de cadenas productivas capaces de fabricar bienes diversos de manera simultánea y alterna; una capacidad agroindustrial de múltiples salidas en sus cadenas productivas que formarían una red integrada transversalmente, la abundancia de su fuerza de trabajo y una diversificación productiva de bienes finales e intermedios, fundamentalmente a partir de su estructura productiva agroindustrial. (Esquivel, F., p.204).

En el caso de Costa Rica, la propuesta de desarrollo agroindustrial elaborada tenía como prioridades los productos lácteos, la producción de dulce y otros derivados de la caña de azúcar, el beneficio del café y el cacao en pequeña escala, la elaboración de bocadillos y frutas deshidratadas, desarrollo de productos a base de yuca y el procesamiento de especias, dentro de un proceso de incorporación de tecnología e innovación, dirigido a elevar la calidad y competitividad de los productos agroindustriales en los mercados locales y regionales. (Masís,G.,1993,p.63).

En el planteamiento de Esquivel para la IV Etapa, el sector exportador crecería de manera armónica con la producción para el mercado local; (propone) “se logre una nueva articulación de lo externo con lo interno y pueda generarse un período de crecimiento donde la expansión del mercado externo esté en armonía con la expansión del mercado interno. (Esquivel, F., p.210).

La idea del desarrollo complementario de los sectores externo e interno y del impulso de los “dos motores” de la economía, ha sido mencionada por organizaciones de productores e investigadores de las Universidades, sin embargo, ha tenido poca acogida entre los grupos políticos del país, en su mayoría indiferentes al potencial del agro y la agroindustria, pero matriculados con la atracción de inversión extranjera directa hacia la industria de ensamblaje y de servicios tecnológicos.