Desde las agrupaciones Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), se convoca a los productores y las productoras del sector agropecuario del país, con el objetivo de visualizar la lucha por políticas de desarrollo agropecuario dignas.
La marcha nacional será el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00 a.m., saldrá del parque frente a la Iglesia de la Merced, continuando por la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia.
Para más información puede comunicarse al 2553-0776.
Diversas organizaciones del Sector Agropecuario, como Upanacional, la UPIAV, la UNAG, la Corporación Hortícola, el Foro Nacional de Cooperativas y otras Asociaciones de productores y centros agrícolas, están convocando en representación de los productores agropecuarios del país a la marcha nacional en apoyo al Sector Agropecuario el 29 de marzo próximo, por una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo productivo y social y la soberanía alimentaria costarricenses.
En enero de este año durante la presentación de la política agrícola 2023-2032, miembros del sector agropecuario le exigieron al Poder Ejecutivo una mayor atención de sus necesidades para reactivar su actividad económica. En esa ocasión cámaras productivas, cooperativas agrícolas y agricultores independientes solicitaron al Gobierno su apoyo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, mayor acceso al financiamiento, apoyo para la investigación y desarrollo y asistencia técnica para mejorar su competitividad. (CRhoy 26-1-2023)
Y es que la actividad agropecuaria ha venido en una caída constante en los últimos años, que según el Indice de Actividad Agropecuaria(IMAGRO) a diciembre del 2022, presentó caída del -2.1 interanual, atribuible en buena medida a la caída del -9.8% en la producción agrícola y en menor medida en la pecuaria con el 0.6% y en la exportación con un 1%.(CNAA,comunicados,2022)
Previamente la variación interanual había sido del -3,5% entre junio 2021 y junio del 2022, según datos del Índice Mensual de Actividad Económica.
En ese momento, el Presidente del Banco Central señaló que “la mayor afectación se presentó en productos exportables como banano y piña dadas las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. La producción de productos exportables se redujo 8%, la mayor caída desde julio de 2015”.
Por su parte el Presidente de la Unión Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses reconoció que “este ha sido un año muy difícil para el productor agrícola ya que los insumos están afectando nuestros costos de producción pero también, subieron los servicios públicos como electricidad, combustibles y el agua”.(LaRepublica.net,18-8-2022)
Hay que recordar que en el año 2019 la Alianza Nacional Agropecuaria(ANA) que incluía también a la Cámara de Agricultura y Agroindustria, (que ahora no va a participar), elaboró un planteamiento al Gobierno, que incluía entre otras solicitudes, la introducción de los pequeños y medianos productores en las cadenas de comercialización, la aplicación de los instrumentos legítimos de defensa comercial, la disminución del impuesto único de los combustibles, la reducción de las tarifas eléctricas y portuarias y el aseguramiento de los productores ante la CCSS, aduciendo poca voluntad política del Gobierno para atender las dificultades de la producción de alimentos.
Debido a lo anterior, la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, no debiera ser una marcha más, como las que han realizado las organizaciones del sector a lo largo de varias décadas, si no debiera convertirse en un movimiento permanente en demanda de políticas que reviertan el deterioro del sector y el desmantelamiento de la institucionalidad sectorial pública.
Porque la problemática del sector y en particular la del sector de la pequeña y mediana producción alimentaria para el mercado interno, no es coyuntural, ni provocada por la pandemia o por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
La problemática de este sector tiene un carácter estructural, responde como se ha mencionado en artículos anteriores, a que el sector dejó de ser un sector económico estratégico desde la década de los 80, con excepción de la agroexportación y a que la producción interna de alimentos ha sido considerada una actividad marginal para los sucesivos Gobiernos.
Desde entonces existe una transformación pendiente de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, que el Gobierno actual dominado por los importadores, con sus decretos para reformar el Ministerio de Agricultura, para promover la ruta del Arroz o la aprobación del proyecto para la importación de nuevas moléculas de insumos agropecuarios, no pretende apoyar o favorecer.
Es oportuno dimensionar que el sector agropecuario, genera el 15% del PIB ampliado, el 40% de las exportaciones, el 11% del empleo a nivel nacional y el 29% del empleo en las zonas rurales y que dedica más de 1,5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias(480 mil a cultivos agrícolas y 1,1 mills. a pecuario),(cnaacr.com), no puede ser atendido con improvisación o con acciones parciales.
La actividad agropecuaria, agroindustrial y pesquera, es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico, los bajos rendimientos, la escasa rentabilidad, los problemas de precios y de mercados, la inestabilidad en la producción de alimentos, al que ahora se suma la amenaza de la incorporación a la Alianza del Pacífico y la apertura al comercio con países que disponen de una mayor competitividad agrícola.
No es posible olvidar que los pequeños y medianos productores han sido golpeados por muchas situaciones en los últimos años, han sufrido caída de los mercados nacional e internacional, el aumento de los precios de los insumos y combustibles, la crisis económica generada por el covid-19 y los desastres naturales y aún así, los productores han continuado generando el alimento de toda la población.
Como lo mencionó en su momento el exministro Alvarado de Agricultura, la producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, (Alterdescr.octubre,2020)
A su vez la FAO ha reiterado que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
(San José, 21 de noviembre). Un bloque de seis organizaciones agropecuarias se ha unido para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre el agricultor costarricense, en caso de que el Presidente de la República don Rodrigo Chaves formalice la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
Los líderes de los agricultores advirtieron, que unirse a la Alianza del Pacífico sin garantizar el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles, empujará a un precipicio a todo el sector agropecuario nacional.
Así lo denunciaron representantes de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG); Corporación Hortícola Nacional (CHN); Frente Agroindustrial Cooperativo (FAC). Junto a ellos: la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV); Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL); y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Unirse a la Alianza del Pacífico, sin que se garantice el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles negociados en los respectivos Tratados de Libre Comercio, vigentes con cada uno de tales países, representa un riesgo real y enorme para la existencia y el sostenimiento de la producción agropecuaria”, advirtió el presidente de la CNAA, Rigoberto Vega.
Estas agrupaciones insistieron en que esta entrega incondicional y desprecio para el agro nacional, que produce la canasta básica, no bajará los precios de los alimentos a los consumidores, porque “las ganancias se las dejarían los importadores e intermediarios”.
Lo que “quieren es hacer negocio trayendo productos de afuera, desplazando a nuestros agricultores, sin importarles la seguridad alimentaria”, arguyó Guido Vargas, Secretario General de UPANACIONAL.
Otro impacto de la eventual integración a la Alianza del Pacífico sería el “empobrecimiento y descapitalización de los agricultores, por los altos costos de materias primas y fertilizantes”, señaló Gustavo Elizondo, representante del FAC.
Vale señalar que el 20% de los ciudadanos más pobres, destinan hasta el 80% de su ingreso para comprar comida; sin aranceles para los productos agropecuarios, quedarán desprotegidos ante oligopolios de importadores, que controlan la venta de los productos perecederos, causando estancamiento social y económico.
“Apoyar la producción nacional es un deber del estado costarricense” -señaló Jaime Rojas, Secretario General de UPIAV- “y no nos vengan con el cuento de una agenda de acompañamiento, a cambio de eliminar las exclusiones.”
Para José Oviedo, Secretario General de UNAG: “el debilitamiento de la producción nacional, nos hace vulnerables, y coloca la seguridad alimentaria de nuestro país, en serio riesgo.”
La Alianza del Pacífico inició hace diez años, está formada por México, Perú, Colombia y Chile; a ellos quiere unirse don Rodrigo Chaves.
“Unirnos a este bloque, no garantiza que podamos exportar más productos a esos países, que tienen verdaderos sistemas de protección a los agricultores”, enfatizó Aura Martínez, Presidenta de la Corporación Hortícola.
Édgar Mata Ramírez, a cargo del viceministerio técnico de Agricultura y Ganadería renunció a su cargo.
En una carta dirigida este 8 de setiembre a la ministra Laura Bonilla Coto expresa: «En estos cuatro meses de trabajo este servidor no logró entender su forma de ‘gerenciar’ el sector agropecuario ni de apoyar a las personas productoras razón de ser de este ministerio».
En la nota Édgar Mata Ramírez agrega: «El respeto, la responsabilidad y la confianza son valores que deben primar en un equipo de trabajo y cuando estos no existen, se hace necesario separar los caminos… «.
Compartimos la carta que fue remitida a la redacción de SURCOS.
La participación de la Ministra de Agricultura y Ganadería en la presentación del programa de trabajo del Sector Agropecuario en el Colegio de Agrónomos efectuada este viernes 26 de agosto, permite visualizar su perfil como funcionaria a cargo de este Ministerio y las características que podría tener su gestión al frente del MAG. Con el propósito de ser fiel a sus argumentos se reproducen textualmente parte de sus intervenciones durante la presentación.
En la presentación de la Ministra, se destacaron sus rasgos egocéntricos y arrogantes, de empresaria exportadora, que en su posición Gerencial, ve la participación subsidiaria de los técnicos (Agrónomos) en un equipo de trabajo que estará a su servicio (no al del Ministerio), rasgos evidenciados por el continuo uso de la primera persona (yo) y de la frase “es sumamente importante”, poniendo en evidencia un estilo de dirección centralizado y vertical de planificar y tomar decisiones.
Ya en la introducción misma de la actividad, la ministra de Agricultura muestra su autosuficiencia y su visión utilitarista del papel del Colegio de Agrónomos al agradecer “la oportunidad que me da el Colegio de presentar el programa de trabajo para el sector agropecuario 2022-26, porque considero que tenemos que trabajar articulados, yo voy a ocupar del apoyo de todos Ustedes, ustedes son muy técnicos y estoy totalmente abierta a la ayuda que me puedan dar, aquí hay 80 años, de historia, de conocimiento y es sumamente importante que trabajemos articuladamente desde el Colegio y el Ministerio de agricultura”.
Ese perfil de “outsider” que llega al Ministerio por petición del Presidente, se reafirma al hablar de su origen y trayectoria en la actividad agrícola, cuando expresa “para los que no me conocen quiero decirles que yo en la sangre llevo la agricultura, vengo de una familia de zona rural, que con mi padre siempre nos dedicamos a la agricultura, he pasado de tomates, apio, gallinas, vendimos huevos, hasta que finalmente empezamos con el tema de chayote, yuca, malanga, jengibre, he tratado con papaya, luego también el valor agregado, que es sumamente importante, tengo 16 años en la Cámara de Exportadores y 9 de ellos liderando la Cámara”.
A partir de esa referencia a su origen y trayectoria, es que comienza a hacerse presente el sesgo empresarial y exportador, de su visión de la problemática del sector agropecuario, del papel preponderante de la agroexportación, el único motor que arrancó y que es el que genera las divisas y la riqueza; el otro es la agricultura nacional relegada a la producción de alimentos, que considera necesaria (porque es la comida) y que por el que dice pretende luchar.
En ese sentido argumenta “veo a la agricultura como dos motores, un motor que arrancó que es el sector agroexportador, también tenemos una agricultura que es la agricultura nacional, que ahí es donde deben estar todas nuestras fuerzas y la lucha por esos pequeños agricultores, pero también sin descuidar al agroexportador, porque creo que tenemos unas tierras benditas, tenemos los dos océanos y lo más importante es que tenemos una excelente imagen en el exterior, que vendemos productos de calidad, que hemos trabajado certificaciones, hemos avanzado mucho con ese tema”.
Dado este panorama, agrega, “veo muchas posibilidades y mucho futuro, lo que tenemos que hacer es que producir, producir y producir para generar empleo y por supuesto generar alimento, digo que el Ministerio tiene que ser uno de los más importantes, cada tres horas nos da hambre y quienes damos la comida somos todos los agricultores del país, tengo un gran compromiso de ver como le subimos el nivel que el Ministerio tenga la importancia que se merece, podemos tener el mejor metro, el 5G pero con hambre a uno le dan unas chichas, cuando uno tiene hambre de ahí la importancia».
En otra de sus intervenciones, la Ministra deja claro su perfil estrictamente gerencial y el lugar que tendrá su equipo de trabajo, al decir que en “estos 100 días he llegado al Ministerio a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es Gerenciar, gerenciar empresas, porque para eso tengo a los técnicos y a mi equipo y eso es lo que hecho a través de la cámara de exportadores y la empresa B y C y Bajo cero, lo primero que hice fue trabajar con planificación estratégica en un trabajo en equipo articulado, hemos escogido 5 ejes estratégicos para el plan del sector agropecuario 2022-26, que son: productividad, producción sostenible, comercialización seguridad alimentaria y nutricional y el fortalecimiento de la institucionalidad y también dos ejes transversales, que son la inclusión y el financiamiento.
Luego entrando propiamente en la presentación de las orientaciones del programa de trabajo que realizará el Ministerio, se extraña la ausencia de evaluación y diagnóstico de la situación del sector y sobre el quehacer de la institución en los períodos anteriores y sobre todo la ausencia de SEPSA en la formulación de los ejes de trabajo y los lineamientos del programa, generando por el contrario dudas y controversias sobre el enfoque de cada uno de ellos y si éstos constituyen una verdadera política sectorial agropecuaria.
En la exposición de los ejes y objetivos específicos del programa, destaca la particular perspectiva que tiene sobre cada uno de ellos y los aspectos en que enfatiza para avanzar en su ejecución, como en el eje de productividad, la importancia del registro de agroquímicos sin mayor referencia al tema de la tecnología agropecuaria y la exigencia de una extensión agrícola moderna, pero con escasos recursos humanos y financieros.
Dice la Ministra, “en el eje de productividad, de las primeras metas que tenemos es la extensión agropecuaria, necesitamos una extensión agropecuaria moderna, pero principalmente una extensión agropecuaria que llegue a ayudar a los productores y no que llegue a ponerles trabas, hay limitación de personal y de financiamiento pero con eso tenemos que trabajar, he estado acostumbrada a trabajar sin plata”.
Uno de los temas prioritarios “es la simplificación de trámites, vamos a digitalizar, estamos trabajando con el IICA y le hemos solicitado aplicaciones para que sea más accesible al agricultor, el segundo tema es el registro de agroquímicos, que estoy liderando personalmente y ya se trabajó un decreto para optar por el registro de ingredientes activos mediante el reconocimiento de los países miembros de la OCDE, es una necesidad prioritaria, en estos momentos es indispensable con lo que estamos sufriendo con los altos precios de las moléculas y este país requiere de nuevas moléculas”.
Al respecto, llama la atención la visión sobre la producción sostenible, en la que como indica no sólo es importante la parte ambiental y en el que sus actividades parecen estar restringidas a la producción orgánica y de bioinsumos, sin profundizar en el uso sostenible de los recursos suelo, agua y recursos de la finca, frente a la dependencia de insumos químicos importados y prácticas productivas fijadoras de CO2, que no favorecen la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, a pesar de que se amplíen los programas Nama’s a otros actividades.
Argumenta la ministra, “Cuando hablamos de producción sostenible, no solo hablamos de la parte ambiental, sino también de la parte económica y social, ya se trabajó en la ruta orgánica, que Costa Rica tiene una gran oportunidad, ya se hizo el lanzamiento, estamos trabajando en el tema de producción de bioinsumos, ya se comenzó con las capacitaciones en las oficinas regionales y tenemos como meta hacer 86 capacitaciones y 148 biofábricas, esa es nuestra meta en lo que se refiere a productos sostenibles, otras de las metas son el aumento del valor agregado y la trazabilidad de productos agropecuarios y comentarles de los Nama’s, darles el seguimiento a los ya implementados que queremos hacer a nivel nacional y tenemos cuatro en proceso, dentro de esos hay mucho interés por incluir la piña y también la caña”.
Con respecto al eje de comercialización, es válida la preocupación por el funcionamiento del Cenada como centro mayorista de acopio y formador de precios para el comercio de productos agrícolas, pero es fundamental la participación de los productores en su gestión y el fortalecimiento de los otros canales de comercialización como las ferias del agricultor, las mercados regionales y la intervención del programa de Abastecimiento institucional (PAI), como mecanismos de comercio para incrementar la participación de los productores y para reducir el papel de la intermediación agrícola.
La ausencia de esos temas se observa al abordar la importancia de las instituciones del sector en el tema de canalizar la oferta y la demanda de productos, ya que nuevamente la referencia es a la posibilidad de mejorar la oferta de productos para exportación y el papel que podría tener PROCOMER en esa labor y no en el mejoramiento de los canales de comercialización interna.
Apunta, “Otro de los ejes es la comercialización, ahí hay un grave problema, ese es otro de los temas que estoy liderando, lo que estamos haciendo es hacer una transparencia en la formación de precios, ordenar la casa que es el Cenada, siempre se ha dado una queja del margen de intermediación y estamos definiendo si vamos a utilizar subasta o mesas electrónicas, porque afecta a las ferias y a los precios que llegan a los consumidores; en la transparencia en el PIMA, van a estar disponibles los precios en la página de esa institución y ahí va estar el boletín disponible, también es importante el reacomodo de los dispositivos de entrada, hemos reducido que la plaza sean solo 8 horas, estamos en estudio para ver la factibilidad económica”.
También dice es “importante la capacidad institucional para canalizar la oferta y la demanda, esto es nuevo en el Ministerio hemos contratado un economista agrícola, que nos haga estudios de las necesidades de la industria principalmente y hacer la conexión con los productores, el ejemplo más clásico es del plátano, hay 6 industrias que ocupan plátano en el país y muchas veces no hay plátano y a veces si hay, esa persona debe hacer ese clic entre la oferta y la demanda y no perder mercados por quedarle mal al cliente internacional y también vamos a trabajar la diversificación de la oferta”.
Sin embargo, lo más inquietante de la presentación del programa es la visión (o la ausencia de ella) sobre la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), cuya intervención se limita a la revisión y modificación del Plan nacional de la SAN y la nula referencia a la perspectiva del Ministerio y las demás instituciones del sector sobre el tema y mucho menos retomar el proyecto de ley sobre seguridad y soberanía alimentaria, existente en la legislatura anterior y considerado estratégico por los actores de la SAN.
Al respecto la ministra expone, “Sumamente importante este tema, por lo que está viviendo el mundo, en relación con este tema hay un Plan de SAN del sector agropecuario, pesquero y rural 2021-25 que se está revisando y se está modificando y vamos a presentarlo para el mes de octubre, este es uno de los temas fuertes que va a trabajar esta administración por lo que está pasando el mundo entero”.
Con similares dudas se plantea el eje sobre el fortalecimiento institucional del sector, dada la afirmación sobre la pérdida de Rectoría del MAG, que no considera los esfuerzos de los gobiernos anteriores por fortalecer la rectoría y lograr una mayor articulación y coordinación, que tal vez haya resultado insuficiente, pero debe ser valorado como punto de partida y también las dudas sobre la intervención de MIDEPLAN (dejando prácticamente fuera a SEPSA) en el proceso de articulación institucional. También resulta cuestionable que la solución al problema de desarticulación institucional esté en la formulación de un proyecto de ley para mejorar las competencias y maximizar los recursos, cuyas causas se deben principalmente a la conformación del sector en varias instituciones con leyes constitutivas diversas y al papel que se le ha asignado a la institucionalidad del sector en la economía y el Estado costarricense desde la década de los 80.
La ministra manifiesta la importancia del Fortalecimiento institucional, ya que “se ha perdido la rectoría en el sector, son varias instituciones y eso es muy grande, vamos a trabajarlo, queremos dialogar y consensuarlo, contamos con ustedes, estamos trabajando con MIDEPLAN para mejorar esa articulación y próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para mejorar las competencias del sector agropecuario y articular la planificación para la maximización de los recursos”.
Por su parte, los ejes transversales de Inclusión y Financiamiento aparecen como meros apéndices y tímidos acercamientos a la problemática de la participación de los jóvenes y de la mujer en los procesos productivos agropecuarios y en los espacios rurales, cuya exclusión en las actividades y en el acceso a los recursos como la tierra y los activos, no se resuelven con un programa de capacitación. Señala sobre el financiamiento, que su participación en la junta Directiva de la Banca de Desarrollo puede ser muy positiva, aunque se desconoce si podría conducir a una reforma a este sistema para crear un fondo de crédito agropecuario.
Con el propósito de poner en perspectiva la presentación del programa de trabajo para el sector agropecuario, vale la pena confrontar lineamientos de este programa con la posición de actores y grupos involucrados en el desarrollo del sector agropecuario en los últimos años, como por ejemplo la posición del Exministro Arauz sobre los cambios necesarios en el mismo, cuando señala “una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”.
Agrega el Exministro, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022).
Igualmente es oportuno confrontar el programa, con los planteamientos efectuados por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.
En su propuesta, incluyen además fortalecer la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria. (Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.).
La presentación del programa presentado por la Ministra, deja la sensación de un ejercicio de la planificación agropecuaria apresurado y que de constituirse en la política agropecuaria para el período, tendrá probablemente un sesgo hacia la agroexportación y la empresariedad ligada a ésta, en tanto que la pequeña producción familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno tendrán una atención parcial y subsidiaria, mientras que la prioridad de la acción institucional será la productividad y la eficiencia de las actividades no tradicionales y en menor medida la comercialización (sobre todo la que se dirige al mercado externo).
Una referencia contundente respecto a la posición de la Ministra es cuando afirma que “yo creo en las políticas públicas del país, porque provengo de la política Volver a la tierra, cuando pasamos de los productos tradicionales a los productos no tradicionales y siempre me he quejado porque una vez lo hicimos, fuimos exitosos, sabemos hacerlo y no lo volvimos a hacer; cuando PROCOMER sacó el programa Descubre me identifiqué montones porque siento que es el equivalente (a aquel programa), eran 10 productos y ahora incluimos el aguacate, tenemos 11 productos, vamos a trabajar desde el Ministerio muy articuladamente con PROCOMER que es quién conoce los mercados, tiene para hacer inteligencia comercial, tiene fondos disponibles para que nos ayude para hacer más variedad de productos a la hora de comercializar”.
De acuerdo a lo anterior, poca o limitada atención tendrá avanzar hacia una agricultura más sostenible, con agregación de valor y seguridad alimentaria y nutricional, a las que sólo se atribuyen acciones puntuales, que al igual que en el fortalecimiento institucional, estará supeditado a la formulación e implementación de un plan, un proyecto de ley o la intervención de otros entes como MIDEPLAN.
Quedará para el análisis de los productores y las organizaciones del sector agropecuario si el tipo de planificación sectorial realizado es apropiado para resolver los problemas del sector y si será pertinente gerenciar el Ministerio de Agricultura, como gerenciar empresas exportadoras.
Actualmente en la corriente legislativa de Costa Rica, se encuentra en camino de discusión el proyecto de ley n.° 22.709 “Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria”. La cual presenta omisiones importantes en torno a la gestión adecuada del agua.
A partir del Informe de la Contraloría General de la República DFOE-SOS-0109, retomamos algunas de las observaciones que señala este documento, y que nos permite identificar las tensiones que representa la promoción de esta iniciativa.
El proyecto de ley carece de un enfoque integral, dado que presenta un desbalance muy marcado en favor del uso agrícola, omitiendo la necesidad de presentar estudios que permitan determinar y asegurar la no afectaciones de los demás usos del agua, especialmente en torno al Derecho Humano al agua.
Por esta razón, queremos compartirles esta infografía para invitarles a reflexionar sobre algunas dimensiones claves de la ley, y que nos permita discutir la pertinencia de estos abordajes, identificar los privilegios que promueve la ley y quienes son los sectores más vulnerabilizados si esta ley fuera aplicada.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha divulgado el documento Hitos del Sector Agropecuario, Administración 2018-2022, en la que presentan los resultados de la gestión del Ministro Alvarado y su equipo en ese período.
La primera observación al documento se refiere a su nombre, ya que el concepto de hito, refiere a “acontecimientos significativos que marcan momentos importantes en un proceso histórico” (diccionario de la LE), por lo que habría que determinar si las acciones realizadas por las instituciones del sector agropecuario en efecto marcan momentos relevantes en la historia reciente de ese sector.
Probablemente sería más adecuado mencionar que las acciones en el documento, corresponden más como se expresa en la misma presentación, a “logros alcanzados como resultado de la acción integral (…) de las instituciones del sector ”(MAG,Hitos del Sector Agropecuario,mayo, 2022,p.5).
Lo anterior es fundamental establecerlo, ya que como lo indicamos en un artículo anterior, los gobiernos cumplen con gestionar el sector y ejecutan acciones en varias áreas de la actividad agropecuaria que poco se diferencian de una Administración de otra. De ahí que al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que éste requiere.(alterdescr,abril,2022)
Entre las acciones ejecutadas, de inversión en infraestructura agropecuaria, de comercialización y valor agregado, agricultura inteligente y tecnología para generación de datos, innovación y transferencia de tecnología, acceso a recursos: tierra y crédito y apoyo a las metas de la agenda agro-ambiental, habría que analizar no sólo si se constituye algún hito, si no si se logra un avance sustantivo que supere lo realizado en períodos anteriores.
Ya que las acciones de impacto en la protección fitosanitaria, en la calidad de las semillas para el sector, en la política de género y en oportunidades para el crecimiento del sector pesquero y acuícola, responden principalmente a las actividades tradicionales de todos los gobiernos en la gestión del sector.
Decíamos en un artículo anterior, que es fundamental identificar los grandes retos y las grandes transformaciones pendientes en el sector, a nivel tecnológico, comercial, financiero, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, de apoyo a los micro y pequeños agricultores familiares y el mayor de los desafíos, el impulso de una agricultura más sostenible e inclusiva.(alterdescr,abril 2022)
Afirmábamos apoyados en lo expresado por el exministro Felipe Arauz, en un reciente foro de la UCR, que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agro productivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”
Agregaba el exministro que “tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria”, aspecto que resulta crucial en un momento como el actual de aumento en los precios de los agroquímicos debido a la guerra en Ucrania.
En ese sentido es importante valorar el aporte de la gestión anterior, hacia la reducción del uso de insumos importados (uno de los más altos en el continente americano) y en procura de la generación y el uso de insumos locales más baratos y menos contaminantes. Arauz apuntaba que “debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, y minimizar los impactos ambientales.”(semanariouniversidad.com,19-4-2022)
Así mismo, en el citado artículo se sugería valorar los resultados de la gestión a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, en el grupo de Políticas agrícolas los cuales propusieron establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, reorientación del INTA hacia esa labor y promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático. como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible.
Sin embargo, es bueno destacar que el aspecto de tecnologías para la adaptación y mitigación del cambio climático, si representa uno de los avances de la gestión Alvarado (a pesar de que no fue mencionado en el documento Hitos), ya que se han divulgado los logros de la Estrategia nacional de Ganadería baja en carbono y el proyecto NAMA Ganadería con la inclusión de más de 1000 fincas(comunicado del Gobierno de la República,11-9-2020)
Por su parte el ámbito de inversión en infraestructura agropecuaria en riego, drenaje, comercialización y valor agregado, es probablemente uno de los mayores logros de la Administración Alvarado, en buena medida con la intervención del INDER, entidad que en noviembre del 2021 había informado que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.(alterdescr,noviembre 2021)
No obstante, el ámbito de menor avance relativo a los grandes retos del sector, se refiere al mejoramiento del sistema de comercialización de productos agropecuarios, que en la propuesta del grupo de Política incluía la reestructuración y modernización del CENADA, de las ferias del agricultor y del programa de Abastecimiento Institucional, la creación de un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo y de un sistema de seguro agrícola(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)
En definitiva, se podría concluir que la gestión de la Administración Alvarado en el sector agropecuario, presenta no solo logros parciales aún distantes de las grandes transformaciones necesarias, si no que es aventurado e inexacto afirmar que se trata de hitos en la ejecución de políticas agropecuarias y en el desarrollo del sector.
Este 21 de abril del 2022, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hicieron un balance y una rendición de cuentas de la gestión de la administración Alvarado Quesada en el sector agropecuario.
Al igual que en gobiernos anteriores, al final de la gestión de esta Administración, se enumeran avances puntuales en algunos ámbitos del sector agropecuario que si bien son positivos, no trascienden hacia las grandes transformaciones que requiere el sector, en buena medida porque desde hace más de 3 décadas el sector dejó de ser prioridad en la política pública y el desarrollo económico del país, más allá del sector agroexportador que tiene su propia dinámica económica y empresarial.
Los sucesivos gobiernos cumplen con gestionar el sector, dejando de lado las soluciones tecnológicas, comerciales, financieras, de agregación de valor, de aseguramiento de la producción, de disponibilidad de los recursos tierra y agua, de seguridad alimentaria, de organización y desarrollo de la empresariedad, del empleo y la valorización de la actividad de los micro y pequeños agricultores familiares que son los que producen los alimentos y conservan la biodiversidad vegetal.
En el informe de rendición de cuentas del Gobierno, se señalan aspectos como que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) destacó la publicación del decreto de fondo N° 43.469. para el registro de plaguicidas, aunque se reconoció la necesidad de llevar el proceso a internet.
El Instituto Nacional de Innovación y Transformación en Tecnología Agropecuaria (INTA) destacó la reciente creación de nuevas variedades de papa y yuca, que permiten incrementar la producción y entrar a nuevos mercados mundiales debido a las características del producto.
El Programa Integral de Mercados Agropecuarios (PIMA) recordó que es necesario avanzar en la modernización de los servicios que ofrece el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), también muy ligado a dar el paso en el mundo digital.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) destacó dentro de sus logros el establecimiento de la metodología para definir la cantidad anual de licencias que se otorgarán para la pesca de atún en el Pacífico de Costa Rica.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) mencionó que del 2018 al 2022 el número de productores que suplen de frutas y vegetales al sector público subió de 238 a 394.
También frente a la alta demanda de asistencia de las fincas que hay en todo el país, el área de Extensión agrícola ha llevado tecnología de punta a los territorios rurales.
Otro de los elementos que se destacó fue la inversión en infraestructura para evitar inundaciones en zona de producción agrícola, pues en las regiones Caribe y Brunca se invirtieron ¢3.469 millones para dicho fin y en las regiones Central, Central Occidente, Chorotega y Pacífico Central todavía se ejecutan trabajos por ¢2.339 millones.
Además, el MAG reconoce que la implementación del plan para desarrollar la producción de aguacate en el país es una de las tareas que queda pendiente para la próxima administración, así como la digitalización del proceso para registrar plaguicidas en Costa Rica. (ElObservador.cr,21-4-2022).
Para valorar los alcances de la gestión del Gobierno actual en el sector, es oportuno remitirnos al programa de Gobierno 2018-2022 del PAC para el sector agropecuario y pesquero, en donde se pueden visualizar acciones estratégicas para promover un cambio en el sector, que en el transcurso de la Administración Alvarado se desdibujaron o su aporte fue insuficiente para acometer las grandes transformaciones del sector.
Entre esas acciones, se encuentran propuestas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible, con prácticas ecosostenibles, difusión de la producción orgánica y producción con menor uso de agroquímicos y menos contaminación de los recursos naturales.
– “Políticas de Producción Sostenibles y Ecoamigables. Diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible y ecoamigable, de tal forma que se estimule el desarrollo de la producción con técnicas dirigidas al menor uso de agroquímicos y con mayores componentes orgánicos que busquen la menor contaminación del recurso natural (tierra, ríos, aire, mar), el producto, la persona productora y la persona consumidora.
– Prácticas Ecosostenibles. Promover las prácticas agropecuarias tendientes a transformar la producción convencional en producción ecosostenible y que sea difundible a todo el sector,
– Promoción de la Producción Orgánica urbana y rural. Impulsar la agricultura orgánica, aprovechando el marco legal existente así como los mercados de consumidores que procuran estos productos.
– Control de uso de agroquímicos. Dar mayor seguimiento al uso de agroquímicos, tal que no solo se revisen y actualicen las moléculas disponibles en el mercado, sino por medio de los agentes extensionistas, se logre dar seguimiento a las aplicaciones que se realizan en los campos.”
Propuestas para la consolidación de la producción sostenible y adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático para reducir las emisiones y las pérdidas.
– “Producción Sostenible y adaptada al Cambio Climático. Introducción de esquemas de producción bajos en emisiones que incorporen la gestión de riesgo y la adaptación para reducir las pérdidas asociadas al cambio climático y aumentar la productividad”.
Propuestas dirigidas a fortalecer la comercialización agroalimentaria para el mercado interno, impulso de mecanismos alternativos de comercio, diferenciación de productos, certificaciones de origen y ampliación del programa de abastecimiento institucional.
– “Comercialización de la producción agrícola. Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala: ferias del agricultor, central mayorista y mercados regionales; mediante nuevas plataformas de comercialización como subastas, sello de producto nacional,
– Diferenciación de la Producción Nacional. Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad, como denominaciones de origen o indicaciones geográficas.
– Aseguramiento de Mercado Interno Agropecuario. Expansión del Programa de Abastecimiento Institucional se fortalecerá a los sectores productivos agropecuarios y se generarán políticas orientadas al aseguramiento del mercado interno al tiempo que se lleva eficiencia a los que proveen los productos y los servicios”.
Propuestas para el Impulso de los procesos de agroindustria y agregación de valor de la producción agropecuaria y pesquera en pequeña y gran escala.
– “Producción y Procesos de mayor Valor Agregado. Integración de los productores a la agroindustria y a los procesos de transformación del sector agroproductivo y pesquero”.
Propuestas para el apoyo a la agricultura familiar, su sistema de producción y sus recursos, así como al desarrollo de la empresariedad y el mejoramiento de su capacidad de gestión productiva y comercial.
– “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva familiar, artesanal y autóctona. Implementar una estrategia de extensión agropecuaria y rescate de especies nativas, orientada al suministro, investigación y desarrollo de productos en sistemas de producción familiar, comunal, artesanal y autóctona;
Formación Empresarial y Emprendedurismo. Diseñar un plan de formación cuyo objetivo sea la dotación de capacidades de los productores en la visión empresarial y ante todo, el estímulo del espíritu emprendedor que le motive a enfrentar los problemas de forma proactiva, de tal forma que pueda adaptarse al cambio constante de los mercados”.(PAC 2018, Creer y Crear la Costa Rica del siglo XXI, págs.45-50)
Con el propósito de efectuar un balance más amplio de los alcances de la gestión de la Administración 2018-2022 en el sector agropecuario, es posible confrontar las acciones ejecutadas con la perspectiva de la transformación productiva del sector referida en la participación del exMinistro de Agricultura, Felipe Arauz, en el reciente foro del Instituto de Investigaciones Agrícolas de la UCR, al reconocer que la Agricultura requiere una transformación hacia sistemas de producción más sostenibles, mediante “soluciones que tengan el potencial de generar una transformación de nuestra agricultura, un cambio que haga los sistemas agroproductivos más sustentables, más justos y más cercanos a una verdadera seguridad alimentaria”
Agrega, “Tenemos dependencia de importaciones de insumos importados para la producción agrícola y también pecuaria. Debemos promover la producción local de lo que sea agronómicamente posible, reduciendo la cantidad de insumos importados para su producción.”. Lo que se busca es optimizar el uso de insumos, aumentar la productividad, aumentar las ganancias y minimizar los impactos ambientales.” (Semanario Universidad.com,19-4-2022)
Dicho balance, puede valorarse también a la luz de los planteamientos realizados en el 2014 por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos al Fortalecimiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, cuando propusieron como esenciales para la transformación del sector agropecuario hacia una producción más sostenible e incluyente, establecer centros regionales de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático.
Igualmente impulsar la agroindustria, la agregación de valor y la calidad de los productos agroalimentarios, mejorar el sistema de comercialización de estos productos, lo que incluía la reestructuración y modernización del CENADA, las ferias del agricultor y el programa de Abastecimiento Institucional, crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños y medianos productores con recursos de la Banca para el Desarrollo, así como un sistema de seguro agrícola y gestión del riesgo agrícola y aprobar la ley marco de Seguridad y soberanía alimentaria.(Grupo de Políticas agrícolas, 2014,12 p.)
De acuerdo a dichos planteamientos, es evidente que los logros y avances del sector agropecuario señalados en el informe de resultados de la Administración Alvarado, resultan ser parciales, de limitada incidencia y aún distantes de las grandes transformaciones que demanda el sector.
La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos.
Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios.
Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas.
Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas.
Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.
El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia.
Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.
Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias.
El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.
Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.
Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.
El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.
