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Etiqueta: sector agropecuario

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La pretendida venta de FANAL: un verdadero despropósito

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería

Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.

Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.

Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.

Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.

La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.

Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.

Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.

Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES

UCR: Sector agro requerirá dos años para recuperarse

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Región Chorotega, Pacífico Central y Región Brunca sufrieron pérdidas por ¢22,7 mil millones de colones tras el paso del huracán Nate
UCR Sector agro requerira dos anos para recuperarse
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) contabiliza pérdidas a raíz del paso de Nate en 577 hectáreas, distribuidas sobre todo en fincas de banano y plátano de Palmar Sur, dos cultivos que representan fuentes de empleo en esa zona (foto cortesía Piosa-UCR).

Las pérdidas de miles de hectáreas de cultivos y animales de producción ocasionadas por la tormenta tropical Nate dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las zonas agrícolas en prácticamente todas las regiones del país, desde la Región Chorotega y Pacífico Central hasta la Región Brunca.

Sembradíos completos de arroz que estaban para cosechar se inundaron y se perdieron, decenas de agricultores no pudieron sacar los productos de sus fincas, miles de aves fueron arrasadas y los estanques de acuicultura quedaron inservibles; estos son solo algunos de los daños que ocasionó Nate en las zonas agrícolas con pérdidas inmediatas para los productores y sus familias.

A dos meses de la emergencia todavía no han terminado de contabilizarse todas las pérdidas del sector agrícola a nivel nacional, según expresa el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Araúz Cavallini. Sin embargo, para el jerarca es claro que este evento ha sido devastador: “yo creo que nunca hemos visto algo parecido a esto”, afirma tras describir la situación que enfrenta el sector.

Pero los efectos de Nate sobre la agricultura continuarán manifestándose en los próximos meses e incluso los pequeños y grandes productores de cultivos como la papaya o el banano sufrirán las consecuencias hasta dos años después. La capacidad de recuperación dependerá de los ciclos de producción de cada cultivo, explica Fernando Vásquez Solís, agrónomo del Instituto de Investigaciones Agronómicas (IIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Efectos

El meteorólogo del IIA, Álvaro Brenes Vargas, quien se dedica a la vigilancia del clima con el propósito de informar a los agricultores sobre condiciones meteorológicas adversas, asegura que aunque han existido fenómenos de mayor intensidad, lo que hizo más peligroso a Nate fue la condición previa de saturación de suelos, caudales aumentados en los ríos y una respuesta tardía de los organismos nacionales.

Ante la naturaleza del fenómeno era inevitable que los efectos inmediatos desde el punto de vista agrícola fueran muy importantes, principalmente el deterioro de los cultivos y pastos en producción.

A esto se suma además las pérdidas de animales. Según el Servicio Nacional de Salud Animal, l85 000 animales de producción (vacas, cerdos, caballos y gallinas) quedaron en situación de vulnerabilidad, así como 15000 perros y gatos.

La tormenta también tuvo efectos indirectos que se observan en la disminución de la calidad de los productos agrícolas, así como en su disponibilidad en cantidad en el mercado debido a la contaminación y enfermedades que producen los hongos y bacterias patógenas, lo que provoca un impacto en la producción del sector agropecuario a mediano y largo plazo.

Mitigar el impacto

Invertir en infraestructura y en prácticas de conservación de suelos en zonas agrícolas e implementar un sistema de información climática para los agricultores y sistemas de alerta temprana son fundamentales para mitigar el impacto de futuros eventos hidrometeorológicos en el sector primario, opinan los expertos de la UCR.

UCR Sector agro requerira dos anos para recuperarse2
Según el Servicio Nacional de Salud Animal, 185 000 animales de producción quedaron en situación de vulnerabilidad después de la tormenta Nate (foto Senasa).

Una de las prioridades debe ser construir infraestructura y desarrollar prácticas que conlleven a la conservación del suelo, particularmente en áreas de laderas como coberturas, barreras vivas y muertas o siembra en contorno.

En zonas bajas es necesario construir o rehabilitar sistemas de drenaje como los construidos por la Compañía Bananera en las fincas de Palmar y en la zona sur del país, que permitían canalizar de forma adecuada el exceso de lluvias.

Cada productor además debe tener una estrategia planificada de lo que ocurre con el agua que caerá en su finca y cuál es el rumbo que tomará según la disposición de los cultivos. Esto puede ayudar a prever los caudales potenciales y esperables que se unirán al agua de una región y cuánto se logrará infiltrar, explica Henríquez.

Otro aspecto fundamental que debe fortalecerse en el país es la generación y disponibilidad de información relevante para los agricultores como datos sobre clima, análisis de suelos y plantas, caracterización de fincas y rutas de acceso e información de mercados.

Esta estrategia debe acompañarse con la capacitación de los agricultores y agricultoras para garantizar que tengan acceso a las diferentes tecnologías de la información disponibles en forma rápida y sencilla, por ejemplo a través del teléfono móvil.

Proteger a los animales

Realizar un análisis previo de riesgos también resulta indispensable en las fincas dedicadas a la producción de bovinos, cerdos, aves u otros animales, detalla Juan Ignacio Herrera, investigador de la Escuela de Zootecnia de la UCR y miembro del Comité Asesor Técnico para Protección de Animales en Desastres de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Se recomienda que cada productor identifique las zonas de elevación en su finca donde se puedan contener los animales durante el evento, que se revise que tengan acceso hacia estas zonas y agua de bebida disponible. Además, es conveniente que se planifiquen posibles áreas de pasturas o nuevas instalaciones.

Como medida preventiva se debe mantener en todo momento una reserva alimenticia para mínimo tres días o una semana, que pueda mantener en condiciones de buena salud a los animales.

Los expertos también sugieren planificar escenarios potenciales de afectación a nivel regional, identificar las zonas de fragilidad de las cuencas, reconocer los niveles críticos de los ríos y activar un sistema de alerta temprana, como parte de las medidas que contribuirían a mitigar el impacto de un evento como Nate en el sector productivo nacional.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR pondrá a disposición de agricultores plataforma virtual

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este lunes se inaugura edificio de la Unidad de Conocimiento Agrolimentario, UCAGRO

UCR pondrá a disposición de agricultores plataforma virtual
El nuevo edificio de 2 700 m2, será la sede del Instituto de Investigaciones Agrícolas, UCAGRO y la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias (foto Rafael León).

 

Rocío Marín González

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Como si de una ventana hacia el conocimiento se tratara, este lunes 24 de noviembre la Universidad de Costa Rica (UCR) inaugura el edificio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (UCAGRO),que brindará acompañamiento virtual en diversas disciplinas al sector productivo agropecuario del país.

Según lo explicó el Dr. Víctor Jiménez García, director del Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) que coordinará la UCAGRO, mediante una plataforma virtual amigable y con diversos recursos audiovisuales, que iniciará funciones a inicios del 2015, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias pondrá a disposición de productores, organizaciones sociales y no gubernamentales, sector gobierno y cooperativas, una serie de informaciones que coadyuven a la toma de decisiones en sus diversas actividades.

Con la experiencia acumulada por más de 100 académicos en las unidades de investigación y fincas experimentales de la Facultad, se ayudará inicialmente a las y los agricultores en aspectos fundamentales como son clima, tipos de suelos y vegetación. “Para ello se trabaja en la construcción de mapas interactivos, donde el agricultor con un solo “clic” podrá conocer si ese año en su región habrá más o menos lluvia, el tipo de suelo que tiene su localidad y las malezas que puede afectar sus cultivos, por ejemplo”.

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La plataforma UCAGRO, construida por el Centro de Informática de la Institución, será muy intuitiva de forma que los agricultores no requieran de un curso para navegar en ella (foto archivo ODI).

Jiménez agregó que para lograr esa interactividad y llegar a los usuarios con un lenguaje sencillo y claro, UCAGRO cuenta con una comunicadora que subirá la información de forma atractiva usando textos, imágenes, videos, grabaciones, etc.

Otro objetivo del proyecto es que los productores tengan acceso directo a las y los especialistas de la Facultad. “Los colegas que trabajan en patología, protección de cultivos, enfermedades, plagas, etc., pondrán a disposición de los usuarios lo que ellos llaman clínica de diagnóstico, de forma que un agricultor pueda subir con su celular la foto de un cultivo y que si con la imagen es suficiente, le puedan dar un diagnóstico, o solicitarle muestras para hacerle una inspección más detallada. Se trata de que las personas no tengan que trasladarse físicamente a la Facultad, sino que desde su finca o su comunidad puedan hacer sus consultas”.

Por lo demás el proyecto también enriquecerá otros aspectos como son la docencia, porque los profesores podrán tener en línea los libros de texto de sus cursos y actualizarlos cada semestre, los estudiantes contarán con un mayor bagaje de información interactiva, fundamental para las generaciones más jóvenes, y se podrá atender a los profesionales graduados que podrán actualizar sus conocimientos a través de la plataforma.“Se está pensando en cursos en línea para esta población, de tal forma que los colegas puedan disfrutar de educación continua sin tener que desplazarse hasta la Universidad”dijo el Dr. Jiménez.

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El sitio web: www.ucagro.ucr.ac.cr proporcionará acceso a mapas interactivos sobre condiciones climáticas, suelos y vegetación, entre otros (foto archivo ODI).

Además de la UCAGRO, el nuevo edificio de 2 700m2, ubicado al costado norte del edificio principal de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, albergará un auditorio para 100 personas, salas de estudio y salas multimedia lo que permitirá la organización de actividades presenciales cuando se considere oportuno.“Se quiere invitar a grupos de agricultores, de cooperativistas, de organizaciones, para que vengan a charlas, conferencias, cursos cortos, etc.”.

Asimismo, será la sede de la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias que juntará en el primer piso del inmueble, todo el bagaje bibliográfico que tiene la Universidad en la materia.“En el lugar estarán las colecciones de libros del SIBDI, que ya se han trasladado y otros materiales que hasta ahora han estado en el CITA, sobre tecnología de alimentos, en el Centro de Investigaciones Agrícolas, principalmente de ciencias del suelo, y otras bibliotecas menores”.Adicionalmente, se construyó un invernadero para labores de docencia e investigación de la Facultad.

Este edificio es el segundo megaproyecto de la Universidad finalizado hasta el momento, mediante el esquema del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR). El Contrato de Fideicomiso UCR / BCR 2011 firmado el 27 de abril del 2011, y refrendado por la Contraloría General de la República el 15 de julio del 2011,contempla la construcción de otros edificios que suman un monto aproximado de $150 millones, que se ejecutarán a través de diferentes estrategias de financiamiento.

Al respecto, Mario Rivera Turcios, Gerente General del BCR indicó que la inauguración de este segundo edificio es una demostración más de que la figura del fideicomiso es un instrumento financiero viable que permite  el  desarrollo de obra pública. La obra fue ejecutada por Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. (EDIFICAR).

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Sindicatos hacen diagnóstico del sector agropecuario

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

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Un conjunto de organizaciones sindicales del sector agropecuario realizaron un diagnóstico y formularon propuestas para aportar el desarrollo de este eje clave del desarrollo nacional.

Integrados en el Foro de Estudio Social y Económico para el Sector Agropecuario (FESESA), las organizaciones definieron objetivos para ese esfuerzo; desarrollaron un diagnóstico en la implementación de las políticas del gobierno en el sector; emitieron criterio acerca de la implementación de las nuevas políticas; evaluaron tanto políticas como las instituciones y presupuestos; avanzaron en un enfoque acerca de la integración sectorial; y expusieron consideraciones en relación con los resultados de la gestión institucional.

En una nota circulada por Albino Vargas, secretario general de ANEP, se dice que “el documento fue construido desde la perspectiva socio-sindical de las agrupaciones del personal del servicio público que labora para este sector”.

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Las organizaciones participantes son: Unión de Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (UTAMAG-MINAE), Seccional de la ANEP en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANEP-MAG), Sindicato del Consejo Nacional de Producción (SINCONAPRO), Seccional de la ANEP en el Programa Institucional de Mercadeo Agropecuario (ANEP-PIMA), Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), Seccional de la ANEP en la Estación Experimental del MAG-Los Diamantes (ANEP-MAG-Diamantes), Seccional de la ANEP en el Instituto de Desarrollo Rural (ANEP-INDER), y Sindicato de Trabajadores del Sector Público Agropecuario (SITRASPA).

“Ante la circunstancia de los primeros 100 días del gobierno que encabeza el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, el FESESA advierte que “es ineludible definir el norte para el desarrollo agropecuario nacional”, señala la nota firmada por Albino Vargas y enviada a SURCOS.

Para conocer el documento puede seguir este vínculo: Diagnóstico del sector agropecuario

 

Información enviada a SURCOS Digital por Albino Vargas Barrantes.

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