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Etiqueta: sector empresarial

DIPROVID ofrecerá un espacio para vincular a centros e institutos de investigación de la UCR con el sector socioproductivo y cultural nacional

El 14 de mayo de 8:30 am a 1:00 pm tendremos en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica: «Click para Innovar», un espacio de encuentro de los distintos sectores socioproductivos y culturales, con centros y unidades académicas de la UCR.

La Unidad de Escalamiento y Asociatividad para el Desarrollo (Crece) de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo (Diprovid) de la Universidad de Costa Rica (UCR) organiza el encuentro “Click para Innovar: Creando sinergias con el ecosistema socioproductivo y cultural” 2024, con el objetivo de conectar la universidad con las necesidades del sector productivo y cultural del país. Dirigido al sector socioproductivo y cultural, el evento se llevará a cabo el 14 de abril en el Aula Magna de la Ciudad de la Investigación, Sede Rodrigo Facio, ofreciendo la oportunidad de colaborar con los centros e institutos de investigación de la UCR en proyectos de innovación y emprendimiento.

Click para Innovar busca fortalecer los vínculos entre procesos de investigación universitaria y el sector empresarial, fomentando la colaboración en proyectos de innovación tecnológica. Este impulso surge de la necesidad de vincular el conocimiento universitario con el sector socioproductivo y cultural, abarcando no sólo empresas, sino también iniciativas sociales, ONG y el ámbito cultural en general. La meta es abrir espacios de colaboración donde la sociedad civil pueda interactuar con los centros e institutos de investigación de la UCR para encontrar soluciones a problemas específicos.

El evento del 14 de mayo contará con la participación de diversos actores del sector socioproductivo y cultural, quienes podrán interactuar con investigadores y conocer las actividades desarrolladas por la universidad en áreas como sociedad y tecnología, ambiente y energía, y creatividad y cultura. Estas áreas temáticas están alineadas con los focos de innovación identificados por la Diprovid, y se espera la participación de entre 20 y 25 centros e institutos de investigación de la UCR relacionados con estas áreas.

La coordinadora de Crece destaca la importancia de estos espacios de vinculación externa para la Universidad de Costa Rica, enfatizando su compromiso de ofrecer soluciones a la sociedad. Además, subraya la labor continua de Crece y la UCR en el seguimiento y acompañamiento de las necesidades planteadas por los sectores empresariales y de emprendedores, más allá del evento. Las personas interesadas en participar pueden conocer más detalles e inscribirse siguiendo este enlace: https://diprovid.ucr.ac.cr/click-para-innovar/

Pronunciamiento sobre el tema de la Enfermedad Renal Crónica de Origen no Tradicional (ERCnt) – ANC

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
Comisión de Salud Global

Desde hace varias décadas se desarrolla en Guanacaste una grave epidemia de enfermedad renal que afecta principalmente a personas trabajadoras que realizan actividades de intensa actividad física en ambientes con altas temperaturas. Este problema también es frecuente en otros países de Centroamérica y se conoce como Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnt) o Nefropatía Mesoamericana. El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) considera la ERCnt una de las prioridades de salud pública en la región.

La ERCnt inicialmente se detectó en trabajadores de campo de la caña de azúcar, pero también se ha observado en trabajadores de otros cultivos agrícolas, construcción, minas, fabricación de ladrillos, camaroneras y pesca, entre otros. Por la naturaleza del trabajo y las condiciones en que se realiza, esta enfermedad afecta principalmente, pero no de forma exclusiva, a hombres jóvenes. Las estadísticas de mortalidad por ERCnt en el período 2000-2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que, en ciertas regiones de Guanacaste, la mortalidad fue 16 veces más alta para hombres y 4 veces más alta para mujeres en edades entre 30-59 años comparada con regiones fuera de Guanacaste.

El exceso de calor, o estrés térmico, que se genera en esas actividades laborales produce hipertermia corporal (aumento de la temperatura interna) y deshidratación, con cambios metabólicos severos que dañan los riñones. Estas lesiones renales agudas repetidas, con el tiempo, llevan a la enfermedad renal crónica y finalmente al fallo renal que requiere tratamientos especializados de diálisis o trasplante renal. La posibilidad de un trasplante de riñones no es generalmente una opción para estos pacientes, quienes fallecen con mucha frecuencia siendo jóvenes.

La gran cantidad de personas afectadas por ERCnt en Guanacaste hizo necesario que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) construyera unas modernas instalaciones en el Hospital Enrique Baltodano Briceño, de Liberia, para atender estos casos. Sin embargo, los casos nuevos siguen desbordando los servicios y los fallecimientos continúan. Esta situación se ve agravada por la condición socioeconómica de la mayoría de estos trabajadores, a menudo personas migrantes sin un trabajo estable y con acceso limitado a servicios de salud.

No obstante, existe la posibilidad de prevención. Programas de Descanso-Sombra-Hidratación-Higiene (DSHH) que evitan la exposición laboral prolongada al sol y el estrés térmico, con descansos frecuentes en la sombra, la reducción de las jornadas laborales y una adecuada hidratación, han demostrado ser capaces de prevenir en gran medida el desarrollo de daño renal. La introducción de DSHH en un ingenio en Nicaragua redujo la incidencia de nuevas lesiones renales durante una zafra de 27% a 6% en cortadores de la caña y con mejoras continuas en años posteriores se logró reducir al 1%. Además, los casos de enfermedad renal aguda en los trabajadores de campo atendidos en el hospital se redujeron en más de un 80% entre 2018 y 2022 como consecuencia de estas intervenciones.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica ha emitido recomendaciones para la implementación de medidas preventivas en los lugares de trabajo, pero estas deben implementarse de forma correcta y consistente. Su eficacia y su sostenibilidad deben ser evaluadas en las empresas de diferentes industrias donde ocurre exposición a estrés térmico, de manera concomitante con los ajustes correspondientes en las prácticas laborales. También se requiere diseñar programas que lleguen a los trabajadores del sector informal que conforman una alta proporción de la fuerza laboral en riesgo.

Es posible que otros factores contribuyan al desarrollo de esta enfermedad, incluyendo el uso de ciertos medicamentos, la ingesta de bebidas azucaradas y diferentes agentes tóxicos (plaguicidas, metales pesados, sílice). La Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica desarrollan un amplio proyecto de investigación en la región, en colaboración con varias organizaciones regionales e internacionales, para definir mejor la interacción de los diferentes factores y buscar opciones preventivas adicionales con base en este conocimiento. Sin embargo, aunque es posible que otros factores contribuyan en el desarrollo de esta enfermedad, es urgente prevenir el estrés térmico como factor causal clave, con las medidas de prevención de DSHH que han demostrado ser efectivas.

La Academia Nacional de Ciencias expresa su profunda preocupación por la persistencia de esta epidemia silenciosa y exhorta a los empresarios industriales agrícolas, de la construcción y de otros sectores pertinentes, así como al Ministerio de Salud, la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros, las municipalidades y otros gobiernos y organizaciones locales a establecer medidas urgentes para la prevención de esta enfermedad laboral que continúa teniendo graves consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país.

Nota: La Academia Nacional de Ciencias organizó un foro sobre este tema, efectuado en el Hospital Enrique Baltodano Briceño de la CCSS en Liberia el 1 de marzo del 2024. El video de este foro puede verse en el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias:

Comunicado por: José María Gutiérrez G., Academia Nacional de Ciencias.

NO SE DEBEN ENTREGAR DERECHOS

Martín Rodríguez E.

La estrategia del Gobierno del sector empresarial es, sentar a la mesa a «todos» los actores sociales para legitimar un atropello más a los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

NADA HA SIDO GRATIS, ningún derecho alcanzado, ni en la seguridad social, laboral o económica, ha sido un regalo, ni del gobierno, ni de los empresarios.

TODO, absolutamente todo, ha sido ganado en las calles, con un pueblo en lucha para mejorar sus condiciones laborales y económicas y las de su familia. Para poder tener casa, educación, alimento y vestido para sus hijos e hijas.

LA CLASE TRABAJADORA de los años 1920´s, 40s, 50´s, 60´s y 70´s, lucharon en las calles, fueron golpeados, encarcelados y asesinados por la policía para poder obtener el derecho a la jornada de 8 horas, las garantías sociales, la salud, la educación, el agua, la electricidad, la vivienda y el Código de Trabajo.

HOY PERDEMOS TODO, hipotecando lo más preciado, el futuro de jóvenes, niños y niñas, que vivirán lo que a inicios del Siglo 19 se vivía, la esclavitud laboral, el hambre y la miseria.

MIENTRAS en muchos países europeos han reducido la jornada laboral de 48 a 35, 32 y hasta 29 horas semanales, en Costa Rica pretenden esclavizarnos.

SI PERMITIMOS este nuevo ataque contra la jornada laboral de 8 horas, preparemos a los jóvenes a vivir en esclavitud.

EN LA ENCRUCIJADA, solo queda un único camino, y estamos legando a ella. Como en una calle ciega, amenazados por delincuentes, solo queda organizarse y luchar.

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, y todo el pueblo costarricense, se enfrenta a la decisión más determinante de la historia de este Siglo, ASUMIR CON VALENTÍA y enfrentar a la narcomafia políticoempresarial que pretende robarse TODO y llevarnos a más desempleo, pobreza y miseria.

DOS COSAS PODEMOS HEREDAR a nuestros hijos e hijas, la actitud valiente en lucha por sus derechos o la claudicación y esclavitud ante un régimen mafioso que opera desde el poder político.

1 de junio de 2022

Pañitos tibios y voracidad empresarial

Marcos Chinchilla Montes

Voces muy calificadas han venido insistiendo desde hace meses que las medidas del gobierno resultaban insuficientes para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, dos importantes ventanas de oportunidades para tener medianamente controlado el virus se desaprovecharon en los meses de diciembre y a finales de marzo, bajo el argumento de estimular la economía y el empleo, pero donde lo que realmente ha privado son los intereses económicos del sector empresarial.

Lo que parecía un manejo de la pandemia orientado por la ciencia y el compromiso con la salud, muy pronto sufrió una apabullante zancadilla cuando el empresariado golpeó la mesa, solicitó ser parte de la gestión de la crisis e incorporó sus criterios en el manejo de la pandemia. A esto se sumó la intransigencia de los diputados opositores al gobierno para apoyar económicamente a los sectores sociales más afectados por la crisis, y al mismo gobierno que no quiso asumir los costos políticos de insistir en la concreción de una suerte de renta básica universal.

Después de ese momento, era presumible que tarde o temprano el aumento de casos finalmente podría convertirse en una situación caótica que catapultara el colapso del sistema hospitalario.

En su afán por atraer turismo extranjero en plena pandemia, el gobierno no solo prescindió de solicitarle a los viajeros las pruebas PCR, sino que también les dio una limitada relevancia a las cepas más contagiosas de Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; en su momento, el Ministro de Salud afirmó que tarde o temprano arribarían esas cepas al país, y que se necesitaba mantener el “equilibrio” entre salud y empleo. En otras palabras, dejamos abiertas las puertas de la casa de par en par, entraron y ni saludaron.

Envalentonado con la caída en la cantidad de personas contagiadas, el gobierno aumentó el aforo en diversos locales, y las restricciones a la movilidad se fueron flexibilizando; excelente caldo de cultivo para dar la falsa sensación de que estábamos superando la pandemia y que volvíamos a la normalidad.

En ese contexto, justo en estos días nos enteramos que durante cinco semanas el Ministerio de Educación Pública fue totalmente incapaz para recopilar información sobre población docente, estudiantil y administrativa contagiada por el COVID-19. En esa línea, ese mismo ministerio reportó que durante las últimas tres semanas 378 personas habían dado positivo por COVID-19 en sus instalaciones. Las autoridades educativas no reconocen su fracaso, y más bien han mostrado estar más interesadas en mantener la presencialidad a toda costa, que en garantizar la salud y el derecho la educación recurriendo a la formación virtual de sus estudiantes.

El gobierno se ha escudado en la responsabilidad de cada persona para reducir los contagios; desconociendo que una crisis de envergadura nacional -que incluso desde hace mucho tiempo se convirtió en una sindemia- requiere de una vigorosa intervención pública, sin descuidar ningún flanco, menos el relacionado con las Ciencias Sociales y el comportamiento societal. Es cierto que muchas personas se cuidan, e igualmente es cierto que otras personas niegan o no le prestan la debida atención la pandemia; pero no se puede dejar de lado que el gobierno y el empresariado han construido un mensaje de normalidad que poco tiene que ver con la realidad, sentando así condiciones para el desarrollo de un proceso de negación y relajamiento social en el que Feierstein destaca “una tendencia de menguar, e incluso ignorar, el riesgo de lo acontecido”.

Luis Rosero Bixby, demógrafo y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica fue enfático en afirmar que la tasa R de reproducción del contagio ha venido creciendo de forma preocupante, y que al día de hoy se sitúa en 1.28, prevé que de no tomarse las medidas necesarias de manera acelerada, nos estaremos enfrentando en cosa de pocas semanas a un perfecto tsunami, con más de 3000 personas contagiadas por día y un sistema hospitalario incapaz de atender la demanda creciente por servicios médicos. Ese no ha sido su único vaticinio durante estos meses, aunque parece que las autoridades no suelen prestarle mucha atención.

Y ante el tsunami que se avecina, un pañito tibio del gobierno: reinstalación de la restricción vehicular los fines de semana; casi como una curita tapando una puñalada en la yugular.

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.

El mundo unilateral de la UCCAEP

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

  1. lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
  2. mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
  3. amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
  4. reforzar las medidas de seguridad,
  5. readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
  6. un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
  7. reducir las tarifas eléctricas para la producción,
  8. mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
  9. permitir la exploración y explotación del gas natural,
  10. avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
  11. privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
  12. poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
  13. transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
  14. y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

  1. la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
  2. “medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
  3. la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
  4. aplicación “estricta” de la regla fiscal,
  5. reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
  6. mayores controles a las universidades públicas,
  7. reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
  8. erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
  9. una ley de empleo público,
  10. frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
  11. atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
  12. una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
  13. rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Enseñanzas de un paro e ir a un plebiscito

Carlos Meneses Reyes

Sobre que deja un paro de los propietarios

Luego de cuarenta y seis días de paro, el sector empresarial de los transportadores de toda clase de carga por carretera, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional en veinticinco aspectos puntuales, de esencial interés económico, del que salieron bien librados y en el que las consecuencias de efectos nocivos para la sociedad civil colombiana no admite conmiseración alguna. Primó el efecto del grupo de poder o de presión económico de un sector del actual establecimiento. El tal paro de camioneros lo fue de propietarios monopólicos y de pequeños propietarios de camiones transportadores. Como tal no fue un paro contra el modelo neoliberal y sí con la presencia de las banderas negras en su conducción. A los dueños de ese medio de producción capitalista se les denomina transportadores, empresarios. Los mismos, acolitados por el respaldo de la extrema derecha, mantuvieron a proporción de la ciudadanía colombiana en ascuas, frente al fenómeno de desabastecimiento de artículos de primera necesidad o pan coger. Para el logro de sus pretensiones cuentan con el personal asalariado sentado al volante de cada camión. El gran ignorado y siempre utilizado como carne de cañón. Durante la protesta del paro de dueños de camiones se ventiló el ensañamiento de la multinacional de transporte de mercancías por carretera, marítima y fluvial, la suiza Impala, de ejercicio y control sobre el destino del manejo de ese emporio de riqueza nacional. Sobre esto, es el Estado colombiano un mero espectador; como resultado de las políticas neoliberales, aplicación a ultranza de la privatización y multiplicación de los tratados de libre comercio firmados a ton ni son, bajo la férula de los planes intervencionistas e invasores del ejercicio de la guerra en Colombia.

Pareciere que la mediática dictatorial en Colombia, disfrutare de la danza de cifras multibillonarias de pérdidas sufridas al país. La indolencia por la no recaudación de ingresos públicos y de paso el fariseísmo pretencioso de alusión a la falta de leche, de legumbres, granos o carnes. Ocultando la escena de damnificados. No dando claridad política y conceptual a las masas; desconociendo la tragedia de los trabajadores como asalariados del volante, durante esos días de cese de actividad laboral y las consecuencias- para ellos- de los días venideros. Esto demuestra la ciega visión de un modelo económico instaurado solo en beneficio de los gremios de presión económica, en la identificación de un gobierno esencialmente antipopular como el que rige.

Verdaderamente da grima abordar los puntos del Acuerdo para el cese del paro de los camioneros. Resumidos en veinticinco aspectos para garantizar, esquemas de renovación del parque automotor (sin alusión, ni erradicación, al manejo corrupto de la chatarrización); cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca (ah, gobernalidad); ajustes limitados en tarifas de peajes, inequitativamente para el grupo de presión y no para el grueso de la ciudadanía colombiana; ajustes en los manuales de señalización y prevención del uso de llantas lisas(¡sorprendente!); alta consejería para la competitividad, costos de carga, movilización por rutas criticas; análisis de las actuales facturas cambiarias. Dentro de esa gazapera, le ponen ocupación a la ministra Clara de Trabajo, según lo cual el Ministerio de Trabajo elaborará un programa de prevención y promoción de las normas laborales con el fin de consolidar y mejorar la formalización del gremio (¡?). No menciona al conductor asalariado y en gremio están es los empresarios capitalistas. Ponen a competir a la ministra Clara con Vargas Lleras, para desarrollar un programa de vivienda para pequeños propietarios de camiones y conductores (no juega asimetría ni competencia alguna). Que la inclusión de peligrosidad y alto riesgo y en el sistema pensional para el conductor será responsabilidad del Ministerio de Trabajo, sin ningún ton ni son, como si ello no fuera propio de su naturaleza; así como agregarle responsabilidad al Ministerio de Trabajo, para que junto con la DIAN, analicen los contenidos y efectos de las actuales facturas cambiarias, que como es conocido son títulos valores de los que el asalariado conductor no se beneficia el modo alguno por la plusvalía de la mercancía transportada.

Solo tres de las Acuerdos aluden al conductor, sin mencionarlo como asalariado y ellos sin ningún respaldo de eficacia. Cómo, si estamos en un modelo y gobierno neoliberal. Cómo, si el tal paro fue de los dueños del capital inversionista privado y no de los trabajadores del volante para quienes solo la perspectiva de la Construcción de una Nueva Colombia, garantizará el que al menos logren la fundación y conformación de sindicatos de base y de industria del transporte, con la seguridad que no serán asesinados en su intento.

Y ahora la preparación para la participación en el plebiscito

El valorado hecho político de la insurgencia de las Farc-ep de aceptar la decisión que sobre la suerte del Plebiscito tomara la Corte Constitucional, redunda en beneficio para el logro del fin último de la terminación del conflicto armado interno en Colombia. La izquierda revolucionaria en Colombia tiene claro el derrotero a seguir en consolidar la aplicación e implementación del Acuerdo General con que concluya la labor de la Mesa de La Habana. Opuestos, por principio, al ejercicio de la eficacia plena del ejercicio electoral en el modelo de participación de democrática indirecta vigente en el país colombiano, la convocatoria a un plebiscito por el sí o por el no, en torno a aprobar e implementar lo acordado en La Habana, concentra la tipicidad del próximo evento electoral en Colombia. Absurdo el decir de la extrema derecha uribeña de ser ilegal el mencionado plebiscito, gozando de la egida protectora del fallo de constitucionalidad. Las condiciones nacionales e internacionales están dadas. En concreto la izquierda revolucionaria alienta la participación por el Sí.

Pero ni tanto que alumbre al santo. El punto 2 de Conversaciones acerca de garantías para el ejercicio de la política por parte de la izquierda en Colombia, está por conocerse. Entiéndase que las garantías no son solo un estatuto para el ejercicio de la oposición, ni para la participación de las farc-ep y otras insurgencias en el plano electoral. Incluye en especial a los movimientos de izquierda que contengan en sus programas partidarios el cambio estructural del actual sistema de cosas. Que propugnen por la consecuencia política de modelos alternativos, no solo al neo liberalismo sino al capitalismo como tal. Pero como efecto práctico a las garantías negadas para la participación amplia de la izquierda revolucionaria y socialista, en el maremágnum de la participación electoral, apunta a contar con instrumentos eficaces de participación. Ello hace parte de la autonomía política. Anida una equivoca concepción en cuanto a las llamadas cuotas electorales como si fuera migajas de regalos o concesiones. Que si no sacan tantos representantes en las próximas elecciones de mitaca, pues tendrían tantas curules provisionalmente. Tamaña desfachatez e irrespeto al soberano elector. Tamaña trampa. La participación de la izquierda en el caudal electoral en Colombia estará condicionada a la derogación del actual sistema electoral vigente, corrupto, atípico; no solo en el ejercicio del sufragio directo y universal y de escrutar o conteo de los votos; cómo en la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Expo IQ 2016 mostró ingenio de jóvenes estudiantes

Proyectos de Ingeniería Química proponen ideas novedosas

Otto Salas Murillo,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Expo IQ 2016
Una de las temáticas en las que buscan aportar las y los jóvenes de Ingeniería Química es el desarrollo de combustibles alterativos, tal es el caso de Javier Moya Bejarano y Marco Liyao Chen quienes trabajaron en un proyecto de construcción de un bioreactor para generación de bioetanol que se alimenta de los desechos de la piña, naranja y banano (foto Laura Rodríguez).

Desde biodiesel obtenido a partir de la bozorola del café, hasta una alerta de fugas de gas, esto y más se dio a conocer en la segunda edición de la Expo IQ, una propuesta que busca generar espacios para la documentación y divulgación de proyectos, así como para el intercambio de conocimiento y aprendizaje entre estudiantes, docentes y el sector empresarial del país.

La Expo IQ 2016 se realizó el miércoles 6 de julio en el segundo piso del edificio de la Facultad de Ingeniería, en donde las y los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Química expusieron algunos de los trabajos que han elaborado principalmente en los cursos de laboratorio.

La idea es que el esfuerzo que realizan estos futuros ingenieros e ingenieras no se quede sólo dentro de las paredes de las aulas, sino que sean presentados ante un público conformado por expertos de otras disciplinas de la ingeniería y representantes de sectores productivos quienes se puedan ver beneficiados por las ideas propuestas y surjan alianzas que sumen al desarrollo de la sociedad.

La Expo IQ 2016 se realizó el miércoles 6 de julio en el segundo piso del edificio de la Facultad de Ingeniería, en donde las y los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de Ingeniería Química expusieron algunos de los trabajos que han elaborado principalmente en los cursos de laboratorio.

Video: https://youtu.be/paKpwta5jZw

 

Expo IQ 2016b
Una de las presentaciones más novedosas fue la titulada Parámetros de calidad de dos tipos de cerveza artesanal, iniciativa que busca poder aportar al conocimiento de las y los productores nacionales en el desarrollo de este tipo de bebidas y así mejorar la calidad del producto (foto Laura Rodríguez).

Expo IQ 2016c
Vivian Hernández Alvarado participó en la elaboración del proyecto denominado Diseño de un sistema de alerta de fugas de gas, el cual basa su funcionamiento en un software libre de muy fácil manipulación, por lo que lo puede utilizar cualquier persona (foto Laura Rodríguez).

Expo IQ 2016d
El proyecto Obtención de biodiesel a partir de la bozorola de café expuso algunas conclusiones importantes, como por ejemplo que debido al bajo rendimiento en la extracción del aceite de la bosorola recomiendan utilizar grandes cantidades de este desecho y demostraron que se debe eliminar toda la humedad posible para evitar la saponificación o aparición de jabón en el proceso (foto Laura Rodríguez).

Expo IQ 2016e
Los proyectos de laboratorio de la carrera de Ingeniería Química permiten a las y los estudiantes poner en práctica los conocimientos que adquieren en los cursos teóricos, y son ellas y ellos mismos quienes proponen los temas de estudio, como el que presentaron Alexa Quirós Porras (der.) y Stefano Fiore Álvarez sobre Evaluación del tratamiento de aguas residuales (foto Laura Rodríguez).

Expo IQ 2016f
A pesar de que la electrónica y el uso de software no son áreas en las que se pensaría que una o un ingeniero químico podría interesarse, en la Expo IQ 2016 quedó demostrado que la formación integral de estos jóvenes va más allá y tienen acceso al conocimiento de otras ingenierías para aplicarlas en sus trabajos (foto Laura Rodríguez).

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Costa Rica y los alcances de Mossack Fonseca

En medio de una discusión en el legislativo para sacar una ley sobre fraude fiscal, el escándalo de los #panamapapers ha demostrado cuán grande puede llegar a ser la red de offshore en el país centroamericano.

Jorge Coronado*

 

El entramado de bufetes de abogados, empresarios y políticos involucrados:

Al igual que en el resto del planeta, los Panamapapers han evidenciado en Costa Rica la práctica utilizada por sectores políticos, económicos y empresariales para evadir y eludir el pago de impuestos en el país.

Para tal fin, han contado con el apoyo de 34 bufetes de abogados costarricenses, que se han encargado de gestionar la apertura de 800 compañías offshore, de las cuales 362 son de capital mayoritariamente costarricense, el resto son de capitales extranjeros que operan en el país o capital mixto.

El principal bufete que empezó la relación con Mossack desde 1998 es Gonzalo Fajardo y Asociados, el dueño del bufete ha sido Director de Tributación Directa, Ministro de Economía y Diputado Nacional. Ha abierto más de 100 sociedades en paraísos fiscales propiedad de costarricenses.

Es de destacar que los principales bufetes de abogados del país, integrados por políticos, exministros, exdiputados, etc, están involucrados en el escándalo de panamapapers, ni uno solo de los bufetes más grandes del país, está fuera del escándalo, y en promedio es una relación con el bufete panameño de más de quince años, en los que todos los bufetes han estado gestionando la apertura de empresas offshore.

Los principales sectores empresariales involucrados tienen que ver con sectores exportadores de banano, piña, caña de azúcar, empresas vinculadas a Zonas Francas (en donde no pagan impuestos), sector turístico, sector inmobiliario, y el sector de la construcción de infraestructura, entre otros.

Tienen en común que son grandes sectores empresariales nacionales, con socios extranjeros, con los cuáles desarrollan millonarios negocios. Es de anotar, que en general, son sectores que ya gozan de “privilegios” fiscales como estímulos al sector exportador, y aun así, deciden recurrir a la estructura elusiva de las sociedades offshore en paraísos fiscales, para disminuir su ya escasa contribución tributaria en el país.

Finalmente a nivel de dirigentes políticos, tenemos a representantes de los principales partidos políticos de la derecha neoliberal involucrados. El padre del Fonseca (principal socio del bufete panameño) es costarricense con familiares que han sido ministros y políticos, una familiar de él es quien abre una sucursal en Costa Rica del bufete Mossack/Fonseca y esa persona termina siendo ministra de transportes durante el 2006/2009.

En el listado aparecen banqueros, miembros de Junta Directivas de Bancos Estatales, diputados, ex ministros de Hacienda, de Economía, de Salud, de Transporte, la familia Jiménez dueña del principal periódico del país La Nación, una exprimera dama de la república, embajadores incluido el anterior embajador ante Naciones Unidas e incluso dos ex Directores de Tributación Directa (Administración Tributaria del país).

Panamapapers y la oposición al registro de beneficiarios finales:

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre Fraude Fiscal, que contempla por primera vez legislación para el conocimiento por parte de la administración tributaria de los beneficiarios efectivos o finales. A la fecha sólo con orden judicial puede la AT conocer cuáles son los beneficiarios finales de una sociedad costarricense.

La oposición ha sido fuertísima por parte de la Unión Costarricense de la Empresa Privada (UCCAEP) y de políticos de los principales partidos neoliberales, muchos de esos políticos hoy aparecen en los panamapapers. El argumento es que tener de conocimiento de la administración tributaria el registro de beneficiarios atenta contra la libertad de empresa.

Esta propuesta del registro de beneficiarios finales no se impulsa tanto como una iniciativa por transparentar el régimen tributario costarricense, sino como una exigencia planteada por la OCDE en el proceso de solicitud de ingreso que lleva adelante Costa Rica.

Un efecto adicional en Costa Rica de los panamapapers, es que va a dejar a los opositores (políticos y empresarios) del registro de beneficiarios finales sin argumentos para seguir oponiéndose. Los panamapapers sacan a la luz pública el entramado opaco establecido entre bufetes de abogados, empresarios, dueños de capitales privados y políticos, con el fin de evadir y eludir impuestos en el país. Con el registro de beneficiarios finales, vamos a poder conocer en detalle cómo se articula ese mundo subterráneo creado utilizando los portillos legales que el sistema permite, a fin de estafar a nuestros estados nacionales.

*Jorge Coronado es analista costarricense de políticas económicas internacionales. Copresidente de Latindadd y miembro de la Alianza Social Continental.

 

Tomado de http://www.economiacritica.com/2016/04/11/costa-y-los-alcances-de-mossack-fonseca/

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